Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativa Mar del Plata.responsabilidad del Estado Por Omisión
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación incoado por la actora, revocar el fallo de grado y, consecuentemente, condenar a las demandadas (Gerónimo Rizzo S.A. y Municipio de Gral.
Pueyrredon) con el alcance expresado en el punto III) del voto que concitó adhesión a la primera cuestión planteada. Imponer las costas de alzada a las accionadas vencidas (cfr. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t. ley 14.437).
2Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado y, consecuentemente, diferir la determinación de estipendios profesionales por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (arts. 31 y 51 del decreto ley 8904).
3Como consecuencia de lo anterior, declarar abstracto el tratamiento de los recursos de apelación deducidos a fs. 918/919, 920, 974, 977 y 979.
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-6336-MP1 “CASTAÑO, NORMA BEATRIZ Y OT. c. MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON Y OT. s. PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Depto. Judicial Mar del Plata rechazó la demanda indemnizatoria interpuesta por Norma Beatriz Castaño y Oscar Ramón Bazán contra el Municipio de General Pueyrredon y la firma Gerónimo Rizzo S.A. Distribuyó las costas en el orden causado (conf. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –según ley 13.101-) y reguló honorarios a los profesionales actuantes (cfr. fs. 900/910, sent. del 29-4-2015).
II. Declarada la admisibilidad formal de los recursos de apelación interpuestos por el Municipio demandado a fs. 918/919 y la parte actora a fs. 925/950 contra la sentencia de mérito, teniendo en cuenta asimismo las apelaciones interpuestas a fs. 920, 974, 977 y 979 contra las regulaciones de honorarios (cfr. fs. 990, prov. del 2-2-2016) y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde plantear y votar las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso deducido por la parte actora contra la sentencia de fondo?
En caso afirmativo, 2. ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso de apelación incoado por el Municipio contra la imposición de costas que porta el fallo de grado y el de los embates de similar índole deducidos a fs. 920, 974, 977 y 979 contra las regulaciones de honorarios practicadas por el a quo?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El a quo rechazó la demanda interpuesta por Norma Beatriz Castaño y Oscar Ramón Bazán contra el Municipio de General Pueyrredon y la firma Gerónimo Rizzo S.A., con el fin de obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del deceso de su hijo (Sergio Ariel Bazán), ocurrido el 11-12-2004.
Puso de resalto, en primer lugar, que no existía controversia en punto a que el hijo de los actores había fallecido de asfixia por inmersión en el espejo de agua existente en el predio privado ubicado en la Avenida Mario Bravo y Calle Pehuajó (ex 150) de la ciudad de Mar del Plata, perteneciente a la codemandada Gerónimo Rizzo S.A. Agregó que el debate giraba en torno a las circunstancias en las que se había producido dicho evento fatal.
Luego de valorar la prueba, juzgó que el hecho de la víctima había sido la causa determinante del infortunio, interrumpiendo totalmente el nexo de causalidad. Señaló que la apuntada circunstancia liberaba de toda responsabilidad a los demandados, más allá del factor de atribución que se invocara para imputar a uno y otro sujeto.
Para arribar a tal conclusión, se basó fundamentalmente en el acta de inspección ocular elaborada por los funcionarios de la Dirección de Bomberos, quienes –en el marco de la Investigación Penal Preparatoria N° 184.173- constataron que en el acceso al lugar había dos tranqueras de madera; un cartel de aproximadamente 1,20 mts. de ancho por 0,80 mts. de alto con fondo blanco y una inscripción en letras de color rojo con la inscripción “Prohibido Pasar Propiedad Privada”; un segundo cartel de madera de color amarillo con la leyenda “Prohibido Pasar”; una construcción con indicios de habitabilidad emplazada dentro del lote; y alambrado de púas perimetral en casi toda la extensión del predio, salvo en los límites de la cantera con la calle Pehuajó, donde se detectó una porción faltante del cerramiento.
Añadió, en la misma línea, que los testigos propuestos por la demandada G. Rizzo S.A. (Somoza, López, Cansobre, Murias y Vighi) eran contestes en cuanto al hecho de que el predio tenía solo una entrada donde estaban las tranqueras y la casa del cuidador, que el establecimiento estaba alambrado, y que siempre existieron carteles que prohibían el paso, respaldando, así, la información consignada en la causa penal, que finalmente fue archivada por no constatarse la existencia de delito, sin perjuicio de la existencia de otro tipo de responsabilidades. Dicho ello destacó que, a la luz de la contundencia que surgía de las mencionadas actuaciones, las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte actora resultaban totalmente secundarias para verificar lo atinente a la causa de la muerte. Amén de ello, analizó individualmente cada uno de los testimonios y los desmereció como elementos de convicción idóneos. En especial, puso de resalto que los testigos Coronel y Chávez –quienes se hallaban con Bazán el día del accidentehabían reconocido que ingresaron a la cantera por la parte trasera del predio para evitar la casa que estaba ubicada en el frente de la propiedad. Juzgó que “esa voluntaria decisión de evitar la casa del cuidador”, revelaba “un comportamiento furtivo por parte de quienes… no ignoraban que se trataba de propiedad privada y se ocultaban del control dispuesto por los dueños, para colarse en el lugar”. Concluyó, pues, que el hijo de los actores y sus amigos eran conscientes de que estaban ingresando a una propiedad privada contra la voluntad de su dueño o evadiendo el control dispuesto a tal fin. Añadió que la ausencia de alambrado perimetral en algunos sectores no constituía un elemento que pudiera ser valorado en contra de los demandados, sino que –antes bien- se trataba de una circunstancia que no hacía más que poner de relieve la clandestinidad en el proceder de la víctima, quien se infiltró en el predio de propiedad privada, aprovechándose de los resquicios existente en la parte trasera del inmueble.
Apuntó que Sergio A. Bazán tenía 16 años de edad a la fecha de su deceso, siendo un menor adulto que –según manifestaron sus padres en la demandaestaba terminando los estudios secundarios, con el proyecto de cursar educación universitaria. En tales circunstancias, señaló que “el nombrado no pudo desconocer que ingresaba en un predio de propiedad privada (y, por ende, de acceso vedado al público) y, para más, con la finalidad de nadar en ese lugar no apto ni habilitado para ello”. Resaltó, en fin, que su conducta temeraria había sido el desencadenante exclusivo del hecho dañoso.
2. La parte actora deduce recurso de apelación contra el fallo de grado y funda a fs. 925/950. Manifiesta, ante todo, que el a quo no valoró adecuadamente el informe del Departamento de Bomberos obrante en la causa penal N° 184.173, pues sus afirmaciones no se compadecen en modo alguno con lo que surge del texto del acta, donde se consigna que solo había alambrado de púas en algunos sectores, mientras que en otros el predio era de “libre acceso”.
Aduce, además, que el oficial de bomberos solamente recorrió el sector donde se encuentra la entrada principal del predio y sus inmediaciones, no surgiendo que haya constatado el “sector trasero de la cantera donde se encuentra la laguna por donde los testigos presenciales Coronel y Chávez declararon que ingresaron el día del hecho junto a Bazán”.
Sostiene que los carteles que alertaban de la prohibición de paso fueron colocados por la demandada Gerónimo Rizzo S.A. después del hecho. Agrega que el juez de grado omitió valorar las fotografías obrantes en la causa penal, de las que no surge la existencia de dichos elementos.
Como sea, pone de manifiesto que en la parte trasera del predio –por la que ingresó el joven, situada a no menos de 500 metros de la entrada principal- nunca existió un cartel o señal indicativa, pues dicho sector lisa y llanamente era un “campo travieso de libre acceso”. Refiere que ello surge de las fotografías acompañadas por su parte en el escrito de demanda (fs. 117/133), reconocidas por los testigos Coronel (fs. 686), Chávez (fs. 688) y Somoza (fs. 708), López (710) y Vighi (fs. 722), “como fiel representación del estado de la Cantera”. Destaca, también, la declaración del testigo Pérez –por entonces concejal del Municipio-, quien reconoció que los accidentes en la cantera eran reiterados y de público y notorio conocimiento.
Indica, a renglón seguido, que el magistrado efectuó una valoración fragmentada de los dichos de Coronel y Chávez (testigos presenciales), tergiversando sus dichos, ya que solamente consideró la parte de cada declaración que abonaba la premisa de que la víctima era consciente de que ingresaba a una propiedad privada contra la voluntad de su dueño, ignorando, por ejemplo, que dichos sujetos hicieron mérito del “estado real de abandono y la inexistencia de toda medida de contención en la cava”, de la ausencia de alambrado perimetral en casi todo el predio, de la falta de carteles, y de la frecuencia con que la gente del barrio iba al lugar a pasar los días de calor.
Pone en entredicho la idoneidad de los testigos ofrecidos por Gerónimo Rizzo S.A., quienes se hallarían comprendidos en las generales de la ley, por tener vinculación directa con la empresa. No obstante ello, destaca ciertos pasajes de dichas declaraciones, en las que se haría mérito del estado de deterioro del predio donde tuvo lugar el hecho fatal.
Efectúa, por lo demás, un detallado repaso de todos los elementos de prueba ignorados por el juez de grado de los que surgiría, a su modo de ver, que el predio no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. Afirma que todas las medidas de prevención fueron adoptadas con posterioridad al hecho, careciendo de aptitud para eximir al propietario de responsabilidad.
Postula que la codemandada Gerónimo Rizzo S.A. debe responder de conformidad con el factor de atribución riesgo creado del art. 1113 del Código Civil (t.a.), en razón de su condición de dueño o guardián de la cosa riesgosa donde tuvo lugar el hecho fatal. Aduce que la empresa no adoptó medidas adecuadas, pese a estar en pleno conocimiento de la peligrosidad de la cava y de las diversas muertes que ocurrieron en el lugar con anterioridad al hecho de marras.
Dice que la Municipalidad codemandada también debe responder como consecuencia del deficiente ejercicio del poder de policía y control, en relación a un predio donde supo funcionar una actividad minera de extracción de roca que se hallaba sometida a sus regulaciones (art. 1112 del Código Civil –t.a.-).
Apunta, con todo, que no existió hecho alguno de la víctima pasible de interrumpir el nexo de causalidad, pues la responsabilidad reposa –por lo dicho- exclusivamente en cabeza de los demandados. Peticiona que se haga lugar a la apelación intentada, que se revoque la sentencia impugnada y, oportunamente, que se decrete la responsabilidad de los demandados, acogiendo la demanda en todos sus términos. Hace reserva del Caso Federal.
3. El municipio demandado contesta el traslado del memorial a fs. 954/960 y solicita su rechazo. La codemandada Gerónimo Rizzo S.A., por apoderado, hace lo propio a fs. 961/966, en similar sentido.
II. El recurso es de parcial recibo.
1.1. Ante todo, corresponde tener presente que los actores procuran obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos a raíz del fallecimiento de su hijo, Sergio Ariel Bazán, quien murió por asfixia al sumergirse en el espejo de agua existente en el predio emplazado en las inmediaciones de la calle Mario Bravo y Pehuajó (ex 150) de esta ciudad, el día 11-12-2004.
Dirigieron su acción, por un lado, contra la firma Gerónimo Rizzo S.A., propietaria del inmueble, con sustento en el factor de atribución objetivo del art. 1113 segundo párrafo –segunda parte- del Código Civil (t.a.), en razón del carácter riesgoso que cabría predicar respecto del escenario donde tuvo lugar el accidente fatal (laguna formada por acumulación de aguas en la cava donde funcionaba una cantera). Asimismo, plantearon la responsabilidad de la Municipalidad de General Pueyrredon con fundamento en el factor de atribución objetivo del art. 1112 del Código Civil (-t.a.- v.gr. falta de servicio), atento la omisión ilegítima en que habría incurrido en el ejercicio del poder de policía local, consistente en no haber controlado las condiciones de seguridad en que se encontraba el predio luego de que finalizara la actividad de extracción de minerales, sujeta a su regulación (cfr. demanda de fs. 14/15 y ulteriores ampliaciones de fs. 152/164, 315 y 325/327).
1.2. El juez de grado, al dictar sentencia, juzgó que la participación de la víctima había sido la causa excluyente y determinante del suceso fatal, excluyendo cualquier nexo causal que pudiera mediar entre el obrar o posición de los demandados y el trágico desenlace.
A su modo de ver, la conducta “irreflexiva” y “temeraria” del joven Bazán (quien no podía ignorar que ingresaba en un predio de propiedad privada, vedado al público, y con la intención de nadar en un lugar no apto ni habilitado para dicho fin), tornaba “intrascendente” la discusión atinente a la peligrosidad del lugar donde ocurrió el hecho, o el debate concerniente a las omisiones que se endilgaban a la Comuna (cfr. fs. 907/908, considerando 11).
Como puede observarse, la sentencia apelada solo se detiene en la imprudencia de la víctima para descartar –de plano- toda responsabilidad del dueño de la cosa y del sujeto estatal, prescindiendo de efectuar un análisis integral de la problemática, a la luz de los presupuestos que rigen la responsabilidad de los demandados, según las normas y principios aplicables a uno y otro supuesto. Ello me lleva a descalificar el proceder del magistrado, quien no solo omitió el análisis razonado de cuestiones conducentes para la solución de la contienda (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 308:2625), sino que –además, y tal lo habré de demostrarvaloró fragmentadamente los elementos de convicción, arribando a conclusiones que difieren diametralmente de aquellas que surgen de apreciar armónicamente las constancias probatorias, según los principios de la sana crítica racional (arg. 384 del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.).
El adecuado tratamiento del caso impone, pues, en primer término, efectuar una reconstrucción de los antecedentes fácticos que motivan el presente reclamo judicial, con el fin de precisar con la mayor claridad posible cuáles fueron las circunstancias que rodearon el deceso del hijo de los apelantes. Solo después de cumplida la antedicha labor podrán deslindarse las responsabilidades que se imputan en el caso y, eventualmente, determinarse si el hecho de la víctima tuvo –o no- alguna cuota de participación en el evento de marras.
2. Hecha la introducción, comienzo por señalar que Sergio Ariel Bazán, hijo de Norma B. Castaño y Oscar R. Bazán, falleció el día 11 de diciembre de 2004 a la edad de dieciséis años, al ahogarse en el espejo de agua que existía en el predio de la empresa codemandada (Gerónimo Rizzo S.A.), sito en esta ciudad de Mar del Plata. Había acudido al lugar en horas de la tarde junto con otros amigos del barrio, quienes habían decidido refrescarse en las aguas de la mencionada cava. El joven se sumergió y repentinamente desapareció de la superficie; cuando fue rescatado por personal de Bomberos, ya se encontraba sin vida. Desde el punto de vista médico, la causa del deceso fue catalogada “asfixia por inmersión en agua dulce” (cfr. certificado de defunción –fs. 11-; informe de autopsia, practicado en la IPP N° 184.173 -fs. 310 de autos-).
A su vez, tengo por cierto que el inmueble de la demandada –popularmente conocido como “Cantera Rizzo”- abarcaba ocho parcelas designadas catastralmente con los números 134, 135 (ubicada en calle Pehuajó –Ex 150 o Camino Viejo a Miramarentre Avenida Mario Bravo y Catriel), 136 (ubicada en Av. Mario Bravo entre Udine y Rau), 137 (sita en Avenida Mario Bravo entre Rau y Chávez), 141, 142 (sita en Pehuajó entre Avenida Mario Bravo y Catriel), 143 y 144 (ambas situadas en calle Catriel entre Pehuajó y Antártida Argentina). Allí funcionó una explotación de extracción de piedra y minerales, industria que llevó a cabo la firma demandada y que había cesado varios años antes del suceso de marras (cfr. cédulas catastrales de fs. 496/501; imagen con ubicación parcelaria de fs. 502; actas notariales de fs. 487/489 y fs. 491/493; informe del Depto. de Actividades Económicas del Municipio –fs. 765-). El predio contaba con un ingreso principal (por la intersección de las calles Mario Bravo y Pehuajó), al que se accedía a través del paso de dos tranqueras de madera; en sus inmediaciones se emplazaba una vivienda en precario estado de conservación, en la que habitaba un casero (Sr. Rubén Alfredo Cansobre). En dicho paso también había dos carteles que contenían la inscripción “Peligro Prohibido Pasar Propiedad Privada” (cfr. informe de la Jefatura de Bomberos, Zona IV de Mar del Plata, labrado en fecha 30-3-2005 en el marco de la Investigación Penal Preparatoria N° 184.173, fs. 292/293 de autos).
El inmueble tenía una superficie total de cincuenta (50) hectáreas y si bien su perímetro se hallaba cercado en el sector más próximo a la vivienda, en las parcelas más alejadas no había alambrados ni tranqueras, ya sea porque nunca existieron, o bien porque “se los habían robado” (cfr. declaración testimonial de Rubén Cansobre, prestada a fs. 716/717 de autos).
Aproximadamente a quinientos metros de la entrada del predio se encontraba un espejo de agua originado a consecuencia de las sucesivas excavaciones, la acumulación de agua de lluvias y el ascenso de la napa freática (cfr. informe de Gerencia de Servicios de Obras Sanitarias Soc. Estado de fecha 11-7-2005 –fs. 22 del expediente administrativo N° 942-6-1/2005, agregado sin acumular). De fisonomía irregular, la “laguna” tenía una extensión aproximada de cuatrocientos (400) metros por doscientos (200) metros, una profundidad promedio de dieciocho (18) metros (cfr. informe de Gerencia de Servicios de O.S.S.E., de fecha 3-2-2005 –fs. 27, expte. cit.-) y se encontraba circundada por acantilados cuyas alturas rondaban entre los cinco (5) y los veinticinco (25) metros. El agua era de color verdoso, característico del agua estancada y tenía vegetación –juncos-, en algunos sectores (cfr. informe de la Jefatura de Bomberos, citado; declaración del testigo Cansobre, citada).
3.1. Sobre dicha base fáctica, los padres del joven fallecido buscan –como he anticipadoresponsabilizar a la empresa propietaria del fundo, por tratarse de una cosa riesgosa en los términos del art. 1113 del Código Civil (t.a.) –norma vigente al momento del hecho y aplicable al caso, conf. art. 7 C.C.C.-, no solo por la peligrosidad intrínseca que presentaría un espejo de agua de las proporciones descriptas, sino por el estado de precariedad y abandono en que se encontraba el fundo y la ausencia de medidas efectivas de prevención, circunstancias que habrían agudizado el riesgo que entrañaba la cantera cubierta de agua.
Corresponde recordar que, en los casos de responsabilidad objetiva fundada en el riesgo creado, es carga de quien reclama la indemnización acreditar: el daño causado, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa, y la relación causal entre el daño sufrido y el riesgo o vicio de la cosa (cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 95.142 “Esquivel”, sent. del 21-V-2008; C. 115.158 “C., Y. B.”, sent. del 30-X-2013). La presencia de los dos primeros requisitos no se encuentra discutida en el caso de marras; media, en cambio, divergencia respecto de la configuración de los restantes presupuestos de la responsabilidad.
3.2. Llamado, entonces, a pronunciarme sobre los tópicos en debate, y más allá de los empeñosos argumentos que la empresa demandada adujo en defensa de su posición (v. contestación de demanda de fs. 559/581), no puedo sino formar convicción en punto a que los mencionados extremos se encuentran suficientemente acreditados en el caso que nos convoca. Existen, pues, sobradas evidencias que abonan la tesis de los actores, en cuanto al carácter riesgoso de la cava de agua que existía en el predio de la demandada, el estado de abandono general que presentaba el inmueble, la existencia de siniestros previos en dicho lugar y por similares causas, y la ausencia de medidas de prevención y seguridad aptas para mitigar los peligros existentes.
Estos son los principales elementos de juicio que apuntalan mi parecer:
3.2.1. La nota dirigida por el Director de Niñez y Juventud del Municipio de Gral. Pueyrredon a la Secretaría de Desarrollo Social, en la que –a pocos días de ocurrido el hecho de marras (el 12-1-2005)- advertía sobre “el altísimo riesgo” que representaba el lugar “para los jóvenes de las barriadas cercanas que allí concurren a bañarse… y para toda la comunidad de Mar del Plata”, “habiendo cobrado ya gran cantidad de víctimas de asfixia por inmersión”. El funcionario solicitó la intervención de las autoridades pertinentes, a fin de que se adoptaran las medidas necesarias para “impedir la entrada de personas al lugar”, tales como “cercar el predio, vigilancia privada o policial permanente, multas a los propietarios” (cfr. fs. 1 y ss. del expediente administrativo N° 942-6-1/2005 caratulado “Presencia de Menores en Predio Cantera Rizzo” –agregado sin acumular a la causa).
3.2.2. El informe de fecha 7-1-2005 elaborado por el Jefe de División del Cuerpo de Prevención Municipal (en el que se basaba el dictamen reseñado en el punto anterior), quien constituido en el predio objeto de autos “y luego de golpear insistentemente sin ser atendido por ninguna persona”, decidió recorrer el perímetro de la cantera por uno de sus laterales y constató la presencia de “jóvenes, aparentemente menores de edad y de diferentes edades, bañándose en el… espejo de agua”, uno de los cuales le expresó que “desde los siete años concurría al lugar”. Así, el funcionario actuante aconsejó “tratar de ubicar al titular del predio con el fin que se haga cargo del mismo ya sea con un sereno que allí vigile como así también el correspondiente alambrado del perímetro” (cfr. informe obrante a fs. 4 del expte. cit.). Esa no fue la única intervención del Cuerpo de Prevención, ya que a los pocos días realizó una nueva visita al lugar, en donde observó “la presencia, en distintos grupos, de 15 menores de edad, quienes se encontraban pescando y nadando” (cfr. informe del 16-1-2005, fs. 8 expte. cit.).
3.2.3. Las apreciaciones realizadas en el lugar por la Gerencia de Obras Sanitarias con el fin de evaluar la factibilidad del desagote de la Cantera; en su primer informe (del 3-2-2005), el aludido órgano destaca que “todo el sector del predio privado de la cantera se encuentra en un estado de abandono total, en la entrada al lugar existe una vivienda que es ocupada por un cuidador pero todo está en un estado precario…, sin llave en su tranquera, con construcciones destruidas, instalaciones abandonadas…, los alambrados y cerramientos ya no existen en algunos sectores, pero sí los carteles indicando peligro” y prohibición de paso a propiedad privada. Se agrega que “el estado de todo el predio en general es de abandono, lo cual también genera que el ingreso no tenga control”, para concluir que “no es factible ejecutar ningún trabajo si la condición actual de abandono del lugar no es revertida, pues es necesario vigilancia y orden en el sector para evitar el ingreso de gente a la cava” (cfr. fs. 27 del expte. adm. cit.). El segundo de los informes –labrado meses más tarde- volvió a poner énfasis en el “estado de abandono del lugar”, el cual constituía el punto de partida para que el “predio privado sea utilizado para distintos fines, con los peligros que dicho espejo de agua y las barrancas de piedra generan” (cfr. fs. 22 expte. cit., informe del 11-7-2005).
3.2.4. La intervención que tomó el Director General de la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio en fecha 21-1-2005, en la que instó la citación e intimación “con carácter urgente” del propietario de la cantera, “a los fines de que proporcione medidas urgentes que tiendan a limitar los riesgos que produce la actual situación del predio” (cfr. fs. 10 del expte. cit.).
3.2.5. La inspección efectuada por la Jefatura de Bomberos IV (supra citada), en la que se hace referencia al estado de abandono general que presentaba el predio, resaltando el faltante de alambrado en algunos sectores de su perímetro (cfr. fs. 292/293 de estos autos).
3.2.6. La nota elevada –con fecha 30/3/2005- por el Capitán de la aludida Jefatura de Bomberos Zona IV al Sr. Intendente Municipal de Gral. Pueyrredon, en la que hace mención a las “48 víctimas fatales” que ya se había cobrado el predio denominado “Cantera Rizzo” (cfr. fs. 1 y ss. del expediente administrativo N° 4598-5-1/2005 caratulado “Oficio Judicial Urgente Muerte p. Inmersión Bazán, Sergio”, acollarado a estos autos).
3.2.7. Los informes periodísticos publicados con posterioridad al hecho en los diarios de la ciudad, en los que se aborda el tema de la peligrosidad de la cava y la trágica estadística de siniestros ocurridos en el lugar (v.gr. “Canteras Rizzo, una trampa mortal”, Diario La Capital de Mar del Plata, del 27/1/2005 –fs. 134-; “Pedirán un patrullero para que los chicos no se bañen en la Cantera Rizzo”, Diario El Atlántico de Mar del Plata, del 24-12-2004 –cfr. fs. 137-; “La cava de la muerte”, Diario A Quemarropa, del 30-12-2004 –fs. 138-; “Se ahogó un menor en la cantera de Rizzo”, Diario La Capital de Mar del Plata, fs. 173, entre otras.).
3.2.8. La investigación que llevó a cabo la Defensoría del Pueblo de este Partido a raíz de la denuncia radicada el 28-12-2004 por el hermano de la víctima, y que dio origen a la Actuación N° 1801 (cfr. fs. 172 de autos). Por dicho carril se procuró obtener una pronta y definitiva solución al problema de la Cantera Rizzo, “ya que varios han sido los hechos lamentables acaecidos por el libre acceso a ese lugar” (cfr. nota del Defensor del Pueblo del 18-9-2006, fs. 227/228 de autos). Durante el trámite, se intimó al propietario para “que proceda al cercado perimetral y señalización del lugar”, con el fin de que cesara el ingreso de personas a la cava (cfr. informe del Director de Gestión Ambiental del Municipio, de fecha 19-7-2005 –fs. 216 de autos). También se produjo un informe técnico en relación a la cantera, “que hace más de 30 años está inactiva y donde han habido accidentes, algunos con consecuencias de muerte” (cfr. informe de Licenciado en Gestión Ambiental, del 17-8-2008 –fs. 253 de autos-).
3.2.9. La inspección realizada el 16-5-2005 por la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, en la que se “verificó que la denominada Cantera Rizzo… no se halla protegida con cerco perimetral” (cfr. fs. 7/8 del expte. adm. 4598-5-1/2005, supra citado).
3.2.10. La ordenanza Municipal N° 16.734/2005, cuya sanción fue impulsada a raíz de los hechos ocurridos en el predio de la codemandada Rizzo S.A. (cfr. fs. 143 de autos). La norma impuso a quienes –como la demandada- realizaban actividades de extracción de roca y minerales en el ámbito del Partido, la obligatoriedad de proceder al cercado del perímetro donde se llevaba a cabo la industria, una vez culminada, interrumpida o suspendida la actividad (sancionada el 23-3-2005 y promulgada el 6-4-2005).
La norma procuró brindar solución a una problemática preexistente y de larga data, tal como se hizo constar en la exposición de motivos que acompañaba al respectivo proyecto. Allí, los concejales que impulsaron la ordenanza hicieron referencia a “la existencia en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, de numerosas canteras, cavas… cuya actividad principal ha sido la extracción de minerales del suelo” y que actualmente “han cesado”; “que estos establecimientos abandonados constituyen un serio peligro para la seguridad de la población”, razón por la cual “es necesario… proceder a la sanción de una Ordenanza que cubra este vacío y permita brindar mayores y mejores condiciones de seguridad al entorno social y natural” (véase nota de elevación de fecha 17-3-2005, obrante a fs. 207 de autos; ver además declaración testimonial del Sr. Norberto W. Pérez, entonces concejal del bloque de la Unión Cívica Radical y quien se atribuyó la autoría del mencionado proyecto de ordenanza –cfr. fs. 684/685-).
3.2.11. Las declaraciones prestadas en autos por los testigos Juan Ignacio Coronel y Darío Raúl Chávez, quienes acompañaban a la víctima el día del episodio fatal. Ambos son coincidentes en cuanto afirman que ingresaban al predio por la parte trasera -y bajaban a la laguna a través de los escalones de piedra que se habían formado en los acantilados-, donde no existía alambrado perimetral, estaba todo abierto, y no había carteles de ningún tipo.
El primero de los declarantes dijo que el espejo de agua era fácilmente accesible, ya que “toda la gente del barrio iba, tanto chicos como grandes. Era como ir a una pileta, era el único medio para pasar el calor. Se entraba sin problema, era todo libre”. Interrogado acerca de la naturaleza privada del inmueble, adujo “como estaba todo abandonado, yo no sé si es privado o no” (cfr. fs. 686/687). A su turno, el testigo Chávez agregó que “todo el mundo” ingresaba por el sector trasero de la cantera, pues no había necesidad de sortear ningún obstáculo, “se entraba sin que nada lo impidiera”. Añadió que desconocía que el predio tenía dueño, “porque como estaba todo abandonado, no había cartel ni nada” (fs. 688/689).
3.2.12. Las fotografías aéreas acompañadas por la actora (y reconocidas por los testigos mencionados supra como propias del lugar de los hechos), permiten apreciar la vasta extensión territorial que poseía el predio de la demandada (que prácticamente presentaba las características de un descampado), las dimensiones de su espejo de agua y la ausencia, a primera vista, de elementos demarcatorios del perímetro de la propiedad (cfr. fs. 117/131 de autos).
3.2.13. La deposición del testigo Cansobre quien, como se anticipó, habitaba en la morada situada en el frente del predio y oficiaba –o intentaba hacerlo- de único casero para toda la extensión del predio. El testigo habló de las dificultades que tenía a diario para contener a los grupos que bajaban a bañarse en las aguas de la cantera –“allí estaba únicamente yo”-, quienes haciendo caso omiso a sus indicaciones “entraban igual, por las buenas o por las malas”. Agregó que “entraba mucha gente”, “según de que barrio vengan entran por un lado o por el otro, los del barrio Las Heras entraban por Pehuajó y los de la villa donde está la empresa de colectivos, que venían por Mario Bravo entraban por atrás” (cfr. fs. 716/178 de estos autos).
3.3.1. Los elementos reseñados, sopesados en su conjunto, son prueba suficiente del carácter eminentemente riesgoso que presentaba el espejo de agua situado en el inmueble de la codemandada, quien hizo poco y nada para mitigar la situación descripta, y evitar la reiteración de sucesos lamentables como el que en el año 2004 se cobró la vida del joven Bazán, hecho que a esa altura de los acontecimientos resultaba claramente previsible (arg. arts. 901, 902, 1113 segundo párrafo y ccds. del Código Civil –t.a.-; art. 384 y ccds. del C.P.C.C.).
Tal conclusión se mantiene invariable aun frente a aquellos indicios aislados que sugieren que -al momento del hecho- existían en las proximidades de la cava carteles alertando sobre los peligros existentes y la prohibición de baño (cfr. acta de constatación notarial y fotografías, realizada a requerimiento de la firma Gerónimo Rizzo S.A. el 20-1-2005 –fs. 487/489-), por oposición a los restantes medios de prueba que, como se dijo, descartan tal hipótesis rotundamente.
Es que, en las circunstancias del caso, ingresar en tal discusión resultaría irrelevante. Aun si se admitiera que en el lugar del deceso existían dichos elementos indicadores, su sola presencia no bastaba –a mi modo de ver- para neutralizar la peligrosidad existente en el predio y evitar el ingreso de terceras personas ni, por ende, para liberar a la empresa propietaria de toda responsabilidad, quien durante un largo tiempo supo aprovechar y servirse de las riquezas minerales del establecimiento, para luego, finalizada la explotación, y sin tomar mayores precauciones, abandonarlo a su suerte.
En fin, a la luz de los antecedentes reseñados en el punto anterior (“3.2.”), está claro que dichas medidas –si efectivamente existieron como se alega en la contestación de demanda (cfr. fs. 564 y vta.)- tampoco resultaban idóneas para alterar el cuadro de situación descripto.
A la empresa no le bastaba con colocar un par de carteles y dejar un casero al cuidado de toda la heredad –a quien, como se expuso, la situación lo desbordaba-, si su intención era quedar a resguardo de eventuales reclamaciones por situaciones dañosas ocurridas: (i) en un predio de grandes dimensiones situado en la periferia de la ciudad de Mar del Plata, donde antaño funcionó una cantera y en el que existía una enorme fosa cubierta de agua cuya peligrosidad ha sido debidamente patentizada; (ii) que presentaba visibles signos de abandono por parte de su dueño, quien allí había ejercido -años atrásuna actividad industrial de extracción de roca; (iii) al que se podía acceder fácilmente sin necesidad de sortear mayores obstáculos ni ejercer fuerza sobre las cosas; (iv) que a diario era concurrido por cantidad de personas de distintas edades –mayormente jóvenes menores de edad-, pertenecientes a los sectores más humildes de la sociedad; (v) cuya utilización como balneario alternativo y lugar de recreación se había tornado costumbre en los vecinos de los barrios cercanos, situación que –hasta la muerte de Bazán- fue tolerada por el propietario del inmueble y las autoridades locales, o cuanto menos no fue resistida con la intensidad y la seriedad que las circunstancias del caso ameritaban; (vi) que registraba un historial de sucesos trágicos similares al que aquí se trata, de personas que habían perdido la vida tras sumergirse en las peligrosas aguas de la cava.
3.3.2. Todo lo expuesto demuestra que el espejo de agua en el que falleció el hijo de los actores era portador de un riesgo que se vio potenciado por las características del lugar y la ausencia de las medidas de prevención y seguridad que las circunstancias de tiempo, modo y lugar tornaban aconsejables, escenario que, desde la perspectiva de la causalidad adecuada, bien puede ser apreciado como causa adecuada del daño (art. 901 y ccds. del Cód. Civil –t.a.-), sin perjuicio de la existencia de concausas, cuestión a la que me referiré más adelante.
No es que el dueño del predio tuviera la obligación de implementar un arsenal de mecanismos de seguridad para hacer de su propiedad una fortaleza inexpugnable. Ello importaría imponerle un elevadísimo estándar de actuación que desbordaría los límites de lo razonable, máxime cuando en el caso –como se verá- existen responsabilidades compartidas, tanto del titular del predio como de las autoridades municipales, quienes incurrieron en omisión el ejercicio de sus deberes de policía y control.
Me refiero, antes bien, a la adopción de medidas concretas y posibles, dentro de lo que constituía la actividad normal de la empresa. Por caso, la conducta que observó la propia firma con posterioridad al hecho no vino más que a demostrar que garantizar la seguridad del predio no constituía, en rigor, un imperativo de imposible cumplimiento. Para patentizar lo dicho, valga traer a colación la nota que el apoderado de la sociedad envió el 21-2-2005 al Sr. Intendente Municipal, en la que expresaba: “nos dirigimos a Ud. a fin de informarle que desde el día 9-2-2005 nuestra empresa ha contratado Servicio de Vigilancia Privada, con la expresa instrucción de no permitir que quienes invaden el predio se bañen en el espejo de agua, y con el fin de minimizar el riesgo de nuevos accidentes. A pesar de las dificultades en persuadir en forma pacífica a los intrusos que no es permitido bañarse por el peligro que ello implica, el cometido se está cumpliendo a entera satisfacción. La vigilancia se cumple con personal no armado y con comunicación con la policía, para solicitar su intervención en caso de ser necesario” (cfr. fs. 17 del expte. administrativo N° 942-6-1/2005, el subrayado me pertenece).
De ello se sigue, sin mayor esfuerzo, que existían herramientas asequibles con las cuales neutralizar los riesgos existentes, mientras se pensaba en una solución definitiva para el problema (v.gr. vaciado o rellenado de la cava, cerramiento definitivo del predio, entre otras alternativas igualmente aptas). Lamentablemente, su implementación no fue sino tardía e inoportuna en lo que al caso respecta, cuando el evento dañoso ya estaba consumado.
3.3.3. Con todo, cabe señalar que el uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño previsto en la última parte del art. 1113 del Código Civil (t.a.) a la que hizo referencia la demandada en su responde (cfr. fs. 559/581) y el juez de grado en su fallo, debe ser interpretado de manera restrictiva para no convertirse en una razón que impida el cumplimiento efectivo del deber de reparar. Y, en ese sentido, es absurda la conclusión que conduce a la eximición de responsabilidad por considerar que la víctima y sus amigos ingresaron a la laguna contra la voluntad de su dueño sin considerar que, en la realidad de los hechos, ese uso fue largamente conocido por la propietaria del predio en el que se encontraba emplazada la cava, de manera tal que el conocimiento que el fallecido pudiera haber tenido acerca de su titularidad no implicaba la prohibición efectiva de acceso al lugar (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa C. 93.665 “B., L. D. V.”, sent. del 17-6-2009; del voto de la mayoría). La responsabilidad civil de la firma Gerónimo Rizzo S.A. debe, consecuentemente, ser decretada por este Tribunal.
4. Resuelta la primera cuestión, cabe abordar ahora lo concerniente a la omisión ilegítima del Municipio en el ejercicio de sus deberes de control, cuya responsabilidad, como he anticipado, y aunque en menor porcentaje de incidencia causal, se encuentra debidamente acreditada en autos.
4.1. En lo que interesa a la solución del debate, cabe recordar que en el complejo ámbito de la responsabilidad estatal por sus comportamientos de abstención, nuestros Altos Tribunales han sabido reconocer y distinguir distintos tipos de situaciones, en las que la intensidad del deber de obrar del Estado no gravita con la misma fuerza, sino que ha de variar según los casos (cfr. doct. esta Cámara causa C-2255-MP2 “Solvifer S.A.”, sent. del 15-III-2011 –y sus citas-).
Por fuera de los supuestos de omisiones a mandatos positivos y determinados, suelen presentarse situaciones en las que el Estado –como ocurre en autos- no se halla frente a una regla de derecho expresa, positiva o razonablemente implícita de actuación, sino que se encuentra más bien obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. Tales omisiones se presentan mayormente en el ejercicio de la policía administrativa, en la que los deberes que se imponen a la Administración no conducen automáticamente a instituirla en una suerte de asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier perjuicio o daño ocasionado por la conducta ilícita –activa u omisiva- de terceros por quienes, en principio, no está obligada a responder (cfr. arg. doct. esta Cámara causa C-2274-DO1 “Irazusta”, sent. del 27-IX-2011).
Es que cuando el Estado regula las actividades privadas, imponiéndoles a las personas que las llevan a cabo determinados deberes, la extensión hasta la cual ella supervisa y controla el cumplimiento de estos últimos depende -salvo disposición en contrario- de una variedad de circunstancias tales como lo son el grado de control practicable, la previsibilidad o regularidad del suceso que se trata de prevenir, el número de agentes y fondos presupuestarios y las prioridades fijadas de manera reglada o discrecional para la asignación de los medios disponibles, donde el campo de actuación estatal no se identifica con una garantía absoluta de privar de todo daño a los ciudadanos derivado de la acción u omisión de terceros (doct. C.S.J.N. Fallos 329:2088; 332:2328 -por remisión al Dictamen de la Procuración General-; cfr. doct. S.C.B.A. en causa C. 98.541 “Espíndola”, sent. de 10-IX-2008; cfr. doct. esta Cámara causa C-2721-MP1 “Castiglioni”, sent. del 14-VIII-2012).
Entonces, si bien es cierto que el ejercicio del genérico poder de policía que compete al Estado no constituye, en principio, título suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento ajeno a su intervención directa y en el cual ninguno de sus órganos ha tomado parte (arg. doct. S.C.B.A. causa A. 71.956 “Carrizo”, sent. del 6-IV-2016; doct. C.S.J.N. Fallos 339:854), no lo es menos que tal criterio ha de ser matizado, por ejemplo, cuando mediare desatención irregular en el actuar jurídicamente exigible a la autoridad pública o si se acreditare que ésta tenía cabal conocimiento de la existencia de concretas situaciones o hechos ilícitos dotados de clara potencialidad dañosa y, no obstante, descuidó la adopción de mínimos recaudos para prevenirlos o evitarlos (cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 93.859 “Mansilla”, sent. del 14-XI-2007; C. 105.374 “Vega”, sent. del 22-XII-2010; cfr. arg. doct. esta Cámara en causa C-6398-BB1 “Cejas”, sent. del 21-X-2016).
Así pues, si la obligación del servicio de policía y seguridad se satisface con aplicar la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar (doct. C.S.J.N. Fallos 336:1642), la verificación de alguna de las situaciones de excepción mencionadas precedentemente denota, lógicamente, la infracción al estándar mínimo de actuación que era esperable en el contexto del caso.
4.2. Este último escenario es el que se presenta en el caso sometido a decisión de esta alzada.
A mi juicio, el Municipio codemandado no puede permanecer ajeno al reproche, pues los antecedentes de la causa han demostrado con patencia que la situación de la “Cantera Rizzo” constituía una problemática de larga data y “de público conocimiento” (tal como lo reconoció textualmente el ex concejal Walter Pérez en audiencia de fs. 684/685). Más allá de las responsabilidades primarias que –como vimos- pesan sobre el propietario del inmueble, el nefasto historial de víctimas que registraba el lugar requería de parte de las autoridades otro tipo de intervención. La dimensión social del asunto trascendía los límites de lo estrictamente privado, en tanto estaban en juego intereses cuantitativa y cualitativamente relevantes (por caso, la vida de los vecinos que a diario concurrían a la cava), que obligaban a la Administración a salir de su letargo y a adoptar un rol activo en la prevención siniestros, desplegando un mayor control sobre el establecimiento privado en situación de abandono en el que había funcionado una actividad industrial que estuvo sujeta a la regulación y a los permisos municipales, y a raíz de la cual la accionada –para más- percibió un tributo en concepto de "Derecho de Explotación de Canteras, Extracción de Arena, Cascajo, Pedregullo y demás minerales” (cfr. Ordenanza 6364, arts. 1°, 2°, 3°, 12 y ccds.).
Todas las acciones del Municipio en relación al predio de marras (v. intimaciones al titular del bien a adecuar las medidas de seguridad, pedidos de informes, realización de estudios técnicos por intermedio de O.S.S.E. para evaluar la factibilidad del drenaje del agua, sanción de la Ordenanza 16.734/2005, celebración de un contrato de comodato con el propietario para proceder al tapado de la cava mediante el acopio de material de relleno, proveniente de obras, movimientos de suelo y bacheo, entre otros –cfr. fs. 246/249 de autos; véase también considerando 3.2. supra-) son posteriores al hecho y fueron adoptadas -precisamente- a raíz de la importante repercusión mediática que tuvo la muerte del joven Bazán, y en lo que mucho tuvo que ver la denodada gestión de su hermano (Jorge G. Heredia), quien peregrinó por más de una oficina pública con el fin de una solución al problema, “para que no haya otra víctima, la número 49” (cfr. exposición del Sr. Heredia en la Banca Abierta del H. Concejo Deliberante, en sesión del 23-12-2004 –cfr. fs. 280/282 y ccds. de autos-).
La tardía intervención de la autoridad municipal no hace más que patentizar la absoluta pasividad en que se encontraba con anterioridad a la producción del hecho de marras, evento que bien pudo haberse evitado si tales acciones llegaban en tiempo oportuno. Al amparo de las circunstancias descriptas, la falta de servicio por omisión del Municipio demandado se encuentra configurada en la especie, como así también la existencia de un adecuado nexo de causalidad entre ella y el suceso lesivo (arg. art. 906 y ccds. del Cód. Civil –t.a.-).
5. En suma, tanto el carácter riesgoso que presentaba el espejo de agua situado en el predio de la codemandada Gerónimo Rizzo S.A –potenciado, reitero, por la ausencia de las razonables medidas de seguridad que las circunstancias del caso le imponían adoptar-, como la inacción y desidia del Municipio en el ejercicio de sus deberes de policía y control –a pesar de conocer largamente los reiterados siniestros ocurridos en el lugartuvieron una incidencia determinante y causalmente adecuada en la producción del lamentable resultado dañoso.
Resuelto ello, me encuentro en condiciones de referirme a la conducta de la víctima (art. 1113 del Código Civil –t.a.-) que, a mi modo de ver, ha tenido cierta incidencia –aunque meramente parcialen la producción del resultado dañoso, en una contribución mucho menor a la que es dable atribuir a los demandados. Es evidente que el comportamiento del joven fallecido no resultó ajeno a la producción de su propia muerte que, sin dudas, no se hubiese concretado de no haberse introducido en las aguas de la peligrosa cava. Empero, su aporte causal ha sido mucho menor al que pesa sobre los demandados, pues si bien se observa una omisión de la víctima en el cuidado de su propia seguridad, no puedo dejar de sopesar que se trataba de un adolescente tentado en la travesura, que sin ninguna maldad ingresó en un páramo privado y al que la gente de la zona acudía con asiduidad, para encontrar frescura en accesibles aguas, en las que trágicamente ocurrió su fallecimiento (arg. arts. 901, 902, 1112, 1113, y ccds. del Código Civil –t.a.-).
Con todo, y toda vez que no resulta posible atribuir responsabilidad si no se establece cuál ha sido el grado de participación y contribución causal al hecho (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 98.039 “Guzmán”, sent. del 18-III-2009), considero que en la producción del evento resulta atinado atribuir un 50% de responsabilidad a la empresa Gerónimo Rizzo S.A. propietaria del predio riesgoso en que ocurrió el hecho fatal, un 30% al Municipio de General Pueyrredon, por la abstención ilegítima en el cumplimiento de sus potestades de control, y el restante 20% al hecho de la víctima, por las razones antes expresadas.
Entiendo que tales porcentajes resultan apropiados, teniendo en cuenta la mayor incidencia causal que pesa sobre el propietario del establecimiento, quien estaba en una relación directa con la cosa riesgosa, se había servido útilmente de ella, conocía más que nadie los peligros y antecedentes del lugar, y no obstante no había adoptado las medidas razonables que se encontraban a su alcance para mitigar los riesgos existentes. En ese contexto se engarza –aunque con un protagonismo levemente menor- la omisión municipal en el ejercicio del poder de policía, por no haber activado oportunamente el control que era esperable en el caso, y tolerado que el propietario de la cantera se mantuviera durante muchos años en la más absoluta pasividad, mientras los siniestros acaecían día a día, una y otra vez (arg. art. 192 y ccds. de la Constitución provincial; art. 1112 del Código Civil –t.a.-). Por último, el hecho de la propia víctima, a quien no se le puede atribuir más intervención causal que la arriba indicada. Para que el daño se produjera fue necesaria, en definitiva, la conjunción de los mencionados factores.
6. Esclarecido lo que antecede, corresponde analizar, ahora, la pertinencia de los rubros indemnizatorios peticionados por los padres del difunto (fs. 159/163), que a su turno fueron resistidos por las demandadas, en sus respectivas contestaciones (cfr. fs. 352/363 y fs. 559/581). La postulación de los ponentes se encamina, sintéticamente, a obtener el resarcimiento de los siguientes ítems: (i) daño moral sufrido por la muerte de su hijo (que estiman en la suma de pesos trescientos cincuenta mil -$ 350.000,00- para cada uno de los progenitores); (ii) recomposición de la pérdida de chance o “valor vida”, representada por la expectativa cierta de que el joven contribuiría económicamente a su sostén durante los años de ancianidad (parcial que tasan en la suma de pesos ciento ochenta mil -$ 180.000,00- para la Sra. Castaño y en la suma de pesos ciento veinte mil -$ 120.000,00- para el Sr. Bazán-); (iii) daño “psicológico”, que vinculan con las afecciones psíquicas y el tratamiento profesional que deberán recibir a raíz del trauma derivado del hecho (que fijan en la suma de pesos cien mil -$ 100.000,00- para cada padre). En todos los casos, añaden los respectivos intereses por mora.
Anticipo que el resarcimiento de los mentados rubros ha de tener acogida, aunque con el alcance que seguidamente paso a exponer.
6.1. El daño moral es la privación o merma de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre como son la paz, la libertad, la tranquilidad, el honor y los más sagrados afectos. Tal rubro indemnizatorio tiende a resarcir el detrimento o lesión en los sentimientos y en las íntimas afecciones de una persona. Tiene lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellas o, en general, cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica. Se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las preocupaciones tolerables (cfr. doct. esta Cámara en causas C-2387-MP2 “Castellanos”, sent. de 7-VI-2011; C-5304-NE1 “Steffen”, sent. del 20-XI-2014).
Desde este mirador, no existen dudas de que la desaparición temprana, súbita, traumática y completamente evitable del joven Sergio Ariel Bazán importó, para sus padres, el sufrimiento de un profundo tormento espiritual, que difícilmente puedan superar (arg. doct. S.C.B.A. causa L. 91.884 “Arzamendía Rolón”, sent. del 18-VIII-2010). Al decir de nuestro Máximo Tribunal, la dolorosa repercusión que importa la pérdida de un hijo no es sino una de las mayores causas de aflicción sentimental que puede padecer una persona en su vida (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 332:2842). Por ello y sin desconocer la vertiente doctrinal que proclama, aceptablemente, la improcedencia como regla de una prueba in re ipsa del daño moral (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 102.151 “Fernández”, sent. del 12-VIII-2009), no puedo sino tenerlo por configurado en la especie respecto de Norma Beatriz Castaño y Oscar Ramón Bazán, padres del joven fallecido (arg. doct. esta Cámara en las causas C-2134-AZ1 “Barrena”, sent. de 19-X-2010; C-2506-DO1 “Olguín de Fontana”, sent. del 22-V-2012).
Partiendo de lo anterior, cabe ahora resaltar que la suma que en concepto de daño moral se determine no se encuentra sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación de las repercusiones negativas del suceso, encontrándose de tal modo supeditado su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciador (arg. doct. S.C.B.A. causas B. 56.525 “M., A.”, sent. de 13-II-2008; B. 51.992 “P., A.”, sent. del 7-V-2008; B. 51.148 “C., H. L.”, sent. de 18-VI-2008). Por no ser susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del damnificado, proporcionándole una suma de dinero justa que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida (doct. C.S.J.N. Fallos 323:1779), pues no puede perderse de vista que la indemnización por agravio moral no es punitiva sino resarcitoria, debiendo por ello atenderse a la relación de causalidad más que a la culpabilidad (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.751 “G., Y”, sent. de 18-VII-2007; arg. doct. esta Cámara causa C-1624-DO1 “Ferrari”, sent. del 13-IV-2010).
Con la mirada puesta en tales parámetros interpretativos, ponderando la totalidad de las circunstancias del caso, la gravedad y la índole de los padecimientos causados por el hecho lesivo, la irreversibilidad de la pérdida sufrida, la prolongación temporal de los efectos del daño y la innegable repercusión del evento en los distintos ámbitos de la vida de los accionantes, juzgo de toda razonabilidad, prudencia y mesura fijar –en concepto de daño moral- la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00) para cada uno de ellos (arg. arts. 163 y 165 del C.P.C.C.; arts. 49, 50, 77 y ccds. del C.P.C.A.; arg. doct. esta Cámara causa C-6732-BB1 “Peláez”, sent. del 3-XI-2016). A la referida cantidad, deberán añadirse los intereses por mora a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días –vigente en los distintos períodos de aplicación y calculados de conformidad a la doctrina sentada por el Alto Tribunal en la causa B. 62.488 “Ubertalli”, sent. de 18-V-2016, por mayoría-, contados desde la fecha del hecho (11-12-2004) y hasta el efectivo pago (cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 100.774 “Ponce”, sent. de 21-X-2009 –por mayoría-; C. 100.228 “Ferreira de Zeppa”, sent. de 16-XII-2009; C. 118.680 "E. d. V., M. Á", sent. de 15-VII-2015).
6.2. En cuanto segundo rubro reclamado, cabe destacar que la supresión de una vida, a más del desgarramiento que produce en el mundo afectivo, puede ocasionar indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental. Lo que se mide en signos económicos no es la pérdida de la vida humana que ha cesado, en tanto por sí misma carece de valor pecuniario, sino los perjuicios económicos que sufren los familiares en sus patrimonios, detrimentos que pueden ser actuales, o bien, significar la privación de ayuda futura, en otras palabras, entendida ésta en términos de una pérdida de chance para subvenir sus necesidades (doct. S.C.B.A. causas Ac. 51.706 “Santillán”, sent. de 27-IX-1994 y Ac. 52.947 “Scasserra”, sent. de 7-III-1995). Habrá que meritar, pues, las consecuencias económicas que puede aparejar la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 331:2271, por remisión al dictamen de la Proc. Gral.).
En el particular caso del fallecimiento de un hijo joven que aún no había dejado el hogar de sus padres, lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponde a la razonable esperanza, con contenido económico, que constituye para una familia la vida de un hijo muerto a consecuencia de un hecho ilícito; esa indemnización cabe, si no a título de lucro cesante, por lo menos como pérdida de una oportunidad de que en el futuro, de vivir el hijo, se hubiera concretado en una ayuda o sostén económico para sus padres. Esa pérdida de posibilidad es un daño futuro que bien puede calificarse de cierto y no eventual (cfr. doct. S.C.B.A. en las causas Ac. 83.961 “Domínguez”, sent. del 01-IV-2004 y C. 92.796 “Maidana”, sent. del 04-V-2011 –del voto del doctor Soria-).
En ese orden de ideas, lo que se suele llamar elípticamente “valor vida” no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran o serían destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía, o que en la segunda hipótesis fuera razonablemente a producir (doct. C.S.J.N. Fallos 316:912; 317:728, 1006 y 1921; 318:2002; 320:536; 322:1393; 323:3614; 324:1253 y 2972; 325:1156). Vale precisar, ahora bien, que para fijar la indemnización por el valor vida es menester computar las circunstancias particulares tanto de la víctima como de los damnificados: edad, grado de parentesco, composición del grupo familiar, profesión, ingresos, posición económica y social, expectativa de vida, entre otros aspectos (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 310:2103: 317:1006; 324:2972; 325:1277).
A estos fines cabe considerar que al momento de su muerte Sergio Ariel Bazán tenía tan sólo dieciséis (16) años de edad y cursaba el tercer ciclo de la Educación General Básica –equivalente a la escuela primaria- en la E.G.B. de adultos N° 703 del Distrito General Pueyrredon, sita en la calle Castex 2142 de Mar del Plata (cfr. informe de fs. 774). Que vivía con sus padres (Oscar Ramón Bazán –quien actualmente tiene 66 años- y Norma Beatriz Castaño –con 59 años al presente-), en el seno de una familia numerosa y un hogar muy humilde, con muchas dificultades económicas y sociales (cfr. declaraciones testimoniales de fs. 780/782). Tanto uno como otro progenitor presentan discapacidades de tipo permanente (cfr. certificados de discapacidad de fs. 144/145), como asimismo múltiples patologías y problemas clínicos que dificultan su vida (v.gr. insuficiencia cardíaca, hipercolesterolemia, dificultad para movilizarse –en el caso de Bazán-; diabetes insulina dependiente, antecedentes de accidente cerebro vascular, hipercolesterolemia, gota, insuficiencia cardíaca, obesidad –en el caso de Castaño-; cfr. pericia de fs. 732/746). Ambos padres solo cursaron educación primaria. El Sr. Bazán tenía algunos trabajos como vendedor ambulante, mientras que su mujer no realizaba actividad laboral alguna, producto de sus patologías invalidantes. Ambos perciben una pensión por discapacidad (cfr. res. de fs. 851/852, por la que se concedió el beneficio de litigar sin gastos solicitado por los demandantes).
Aunque no obran en la especie mayores elementos, tal sustrato probatorio me permite proyectar, no obstante, una prudente estimación del ítem bajo análisis, tomando, como norte, las pautas del entendimiento humano a las que debe ceñirse todo pronunciamiento judicial (arg. art. 384 del C.P.C.C.). Consecuentemente, considero prudente y razonable justipreciar la pérdida de chance por la muerte de Sergio Ariel Bazán en la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000,00) para la Sra. Castaño y en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000,00) para el Sr. Bazán (argto. arts. 165, 384 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 C.P.C.A.; arg. arts. 1079, 1084 y 1085 del Cód. Civil –t.a.-; doct. C.S.J.N. Fallos 329:4944; arg. doct. esta Cámara causa C-6520-NE1 “Acosta”, sent. del 3-XI-2016). Ello con más sus respectivos intereses, a calcularse de conformidad con las pautas sentadas en el punto anterior.
6.3. Los recurrentes persiguen, finalmente, la indemnización del daño psicológico, que estaría dado por los tratamientos profesionales que deberán recibir a consecuencia del trauma que les deparó el hecho luctuoso.
Los perjuicios indemnizables por daño psíquico tienen sustanciales diferencias respecto del daño moral, las que van desde su origen (en un caso de tipo patológico y en el otro no), hasta la entidad del mal sufrido (material en uno, inmaterial en el otro), con la consecuente proyección de efectos dentro del ámbito jurídico procesal en materia probatoria, puesto que el daño psíquico requiere en todos los casos de pruebas extrínsecas que así lo demuestren, mientras que el detrimento moral, en ocasiones, puede tenerse probado in re ipsa (cfr. doct. S.C.B.A. causas Ac. 69.476 “Cordero”, sent. de 9-V-2001; L. 87.342 “Lemos”, sent. de 20-6-2007). Se requiere, pues, de elementos suficientes que permitan diagnosticar la presencia de un cuadro psicopatológico (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 329:2688).
Según la pericia obrante en autos, los actores sufrieron –en diferente medida- un trastorno psíquico como consecuencia de la muerte de su hijo, que justifica la compensación de las erogaciones necesarias para tratar dicho desequilibrio (cfr. fs. 732/746, dictamen del Dr. Claudio Jorge Guascone, Médico Especialista en Pisquiatría y Psicología Médica, Mat. Pcial. N° 15.075; véase también contestaciones de fs. 819 y fs. 849/850 a los pedidos de explicaciones cursados).
En la opinión del experto, ambos progenitores necesitan someterse a tratamiento profesional: (i) la Sra. Castaño, debe realizar tratamiento psiquiátrico y psicológico por un tiempo estimado de tres (3) años, a razón de una (1) consulta psiquiátrica mensual y una (1) sesión de terapia psicológica semanal. Los costos estimativos de tales consultas son de pesos ciento cincuenta ($ 150,00) cada una, según los valores que surgen del dictamen. La indicación de tratamiento, aclaró el experto, no solo abarca el estado derivado de la muerte de su hijo (duelo patológico), sino que se torna necesaria a fin de abordar cuestiones no tratadas que tienen que ver con su estado psicopatológico previo y la concurrencia multicausal.
Estas circunstancias serán tenidas en consideración a la hora de fijar el importe final del resarcimiento por el rubro en análisis, a fin de no hacer cargar a las accionadas con consecuencias que no guarden un adecuado nexo de causalidad con los hechos del caso (arg. doct. esta Cámara causa C-2300-MP1 “Meneses”, sent. del 2-VIII-2011); (ii) el Sr. Bazán, por su parte, tiene indicación de psicoterapia individual de tipo focalizado (por cuestiones estrictamente vinculadas al hecho de autos), con la frecuencia de un (1) encuentro semanal, y por un tiempo estimado entre tres (3) y seis (6) meses, a un valor promedio de la sesión de pesos ciento cincuenta ($ 150,00). En cuanto a los supuestos gastos en que los actores habrían incurrido para su atención pasada, el Sr.
Bazán reconoció expresamente que no realizó tratamiento especializado (fs. 745 vta.). En cambio, si bien su esposa adujo que realizó psicoterapia, no existen constancias documentales que lo avalen fehacientemente (en cuanto a las características, tiempos, sumas abonadas, profesionales intervinientes –cfr. fs. 745-), de modo que tal interregno no puede ser sopesado a la hora de cuantificar el rubro en cuestión. Soy de la opinión que los gastos relativos a honorarios médicos deben ser probados por quien busque obtener una compensación, al tratarse de cuestiones de hecho que no escapan a la regla general impuesta por las normas adjetivas (art. 375 del C.P.C.C.; art. 77 C.P.C.A.). Y aunque reconozco que, en ocasiones, no sería aconsejable predicar un excesivo rigorismo formal en la apreciación de dichos extremos y/o exigir una prueba absoluta de dificultosa consecución, tal franquicia únicamente podría ser autorizada en supuestos excepcionales, ya que cuando se reclama una cierta cantidad por gastos médicos, lo razonable es pensar que alguna documentación debió conservar quien, diligentemente, llevó a cabo las erogaciones (doct. esta Cámara causa C-2145-MP2 “Nazario Montañana”, sent. del 10-V-2011).
Por las razones brindadas, estimo prudente y razonable fijar por todo concepto: (i) la suma de pesos trece mil quinientos ($ 13.500,00) para la Sra. Castaño; (ii) la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400,00) para el Sr. Bazán. Dichas sumas devengarán intereses cuyo cálculo deberá efectuarse de conformidad con las pautas sentadas en los puntos precedentes.
6.4. Con todo, quede aclarado que los importes de condena fijados en este fallo habrán de ser percibidos en un 80% por los accionantes, de consuno con los porcentajes de atribución causal asignados en el considerando “5” precedente, habida cuenta la cuota de participación que, en el evento dañoso, tuvo el hecho de la víctima.
Asimismo, con cada uno de los argumentos esbozados en los apartados precedentes se ha dado acabada atención a las defensas de las codemandadas victoriosas en primera instancia, eb cumplimiento a la regla procesal de la apelación adhesiva [cfr. doct. esta Cámara causas V-1117-BB1 “Cortés”, sent. del 21-V-2009; C-1323-DO1 “Duhalde”, sent. del 15-IX-2009; C-2001-AZ1 “Cablevisión S.A.”, sent. del 30-IX-2010; P-2350-MP1 “Fava”, sent. del 18-III-2011; P-3278-MP1 “Angelicola”, sent. de 16-VIII-2012].
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los accionantes, revocar el pronunciamiento impugnado y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda entablada con el siguiente alcance: (i) condenar por el hecho enjuiciado a los demandados (Gerónimo Rizzo S.A. y Municipalidad de Gral. Pueyrredon), en la proporciones indicadas en el considerando II.5. y II.6.4. del presente voto, al pago de los rubros indemnizatorios especificados en los considerandos II.6.1., II.6.2. y II.6.3., con más los intereses a calcularse de conformidad con las pautas sentadas en de dichos acápites; (ii) atento el nuevo resultado del pleito, las facultades conferidas por el art. 274 del C.P.C.C. y los vencimientos parciales y mutuos constatados, imponer las costas de primera instancia en la siguiente proporción: a la codemandada Gerónimo Rizzo S.A. en un 50%, al Municipio codemandado en un 30% y a los accionantes en el 20% restante (cfr. arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.P.C.A.; arts. 68, 71 y ccds. del C.P.C.C.); (iii) como derivación de lo anterior, dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en el fallo de grado (cfr. arts. 31, 51 y ccds. de la ley 8904); (iv) imponer las costas de alzada a las accionadas vencidas, por haber resistido –sin éxito- el memorial de agravios incoado por la parte actora, que dio lugar a la solución que aquí se propone. El importe resultante de la liquidación que con tales pautas se practique, debería ser abonado dentro de los sesenta (60) días de quedar aquélla firme (conf. arg. art. 163 de la Constitución Provincial).
Con el alcance indicado, doy mi voto a la cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la primera cuestión planteada también por la afirmativa. A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. Atento el modo en que se ha resuelto la precedente cuestión, entiendo que el tratamiento de los embates deducidos a fs. 918/919, 920, 974, 977 y 979 ha devenido abstracto, en tanto se dirigían a cuestionar o bien el modo de imposición de costas que portaba el fallo de grado o bien la regulación de honorarios por los trabajos de instancia, aspectos que –como se vio- fueron modificados o lisa y llanamente dejados sin efecto, haciendo desaparecer el interés que, originariamente, movilizó su interposición.
Voto a la cuestión planteada por la afirmativa. El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la segunda cuestión planteada también por la afirmativa. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación incoado por la actora, revocar el fallo de grado y, consecuentemente, condenar a las demandadas (Gerónimo Rizzo S.A. y Municipio de Gral.
Pueyrredon) con el alcance expresado en el punto III) del voto que concitó adhesión a la primera cuestión planteada. Imponer las costas de alzada a las accionadas vencidas (cfr. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t. ley 14.437).
2. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado y, consecuentemente, diferir la determinación de estipendios profesionales por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (arts. 31 y 51 del decreto ley 8904).
3. Como consecuencia de lo anterior, declarar abstracto el tratamiento de los recursos de apelación deducidos a fs. 918/919, 920, 974, 977 y 979.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
ROBERTO DANIEL MORA
Juez de Cámara VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELIO HORACIO RICCITELLI Juez de Cámara PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Fin de la sentencia