Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Con Asiento en Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación del Fisco provincial, revocando totalmente la sentencia apelada –y la consecuente regulación de honorarios de fs. 63-, mandando llevar adelante la ejecución contra MIGUEL ANGEL SEIJO por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 10.172,20) reclamada en la demanda [conf. Título Ejecutivo N° 250.663, obrante a fs. 8], con más los intereses fijados por el art. 95 del Código Fiscal (t.o. 2004) y con imposición de costas de ambas instancias al ejecutado vencido (arts. 68 y 556 del C.P.C.C.; 25 ley 13.406).
2Como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior, declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación de fs. 68.
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 Decreto ley 8904/77).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 06 días del mes de setiembre del año dos mil doce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa P-3188-MP2 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. SEIJO MIGUEL ANGEL s. APREMIO PROVINCIAL”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli, Mora y Sardo, y considerando los siguientes:
I. El 06-02-2012 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia, hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado, rechazó en todos sus términos el presente apremio, fijó las costas al Fisco vencido y reguló honorarios a la letrada Marta E. Ibañez Airaldi, letrada patrocinante del demandado [fs. 45/47].
II. El Fisco provincial se notificó del pronunciamiento el 8-02-2012 [cfr. cédula fs. 48]. Seguidamente el 17-02-2012 el apoderado fiscal interpuso recurso de apelación contra la sentencia así como contra la regulación de honorarios al considerar altos los estipendios fijados [fs. 50/54]. El 22-02-2012 el magistrado tuvo por interpuesto el recurso de apelación en tiempo y forma, lo concedió y ordenó correr traslado de sus fundamentos a la contraria por el término de cinco (5) días [cfr. fs. 55].
III. El accionado fue notificado el 03-04-2012 [cfr. cédula fs. 56], presentando la réplica del memorial de agravios el 11-04-2012 [v. fs. 57/58].
El 20-04-2012 el a quo tuvo a la presentación por realizada en tiempo y forma, disponiendo –en consecuencia- la elevación de las actuaciones a esta Alzada [v. fs. 60].
IV. Recibido el expediente en este Tribunal [v. fs. 60 vta.] fue devuelto a la instancia para que se procediera a la regulación de honorarios de la doctora María Belén Mollo por su actuación como letrada patrocinante del demandado [fs. 61], lo que originó el dictado de una resolución por el juez de grado modificando la regulación de honorarios estipulados a favor de la doctora Marta E. Ibañez Airaldi a fs. 47 y fijando los estipendios correspondientes a la doctora María Belén Mollo.
V. Notificado el Fisco de la nueva resolución regulatoria el 21-05-2012, su apoderado articula recurso de apelación el 30-05-2012 agraviándose por lo elevado y desproporcionado del estipendio fijado en conjunto a las señaladas profesionales.
VI. El 4-06-2012, el juez de grado tuvo por interpuesto el recurso de apelación en tiempo y forma y lo concedió en los términos del art. 57 del Decreto ley 8904/77.
VII. Elevadas nuevamente las actuaciones a esta Alzada y puestos los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad y en su caso, para Sentencia [v. fs. 69], corresponde plantear las siguientes
¿Es fundado el recurso de apelación de fs. 50/54?
En caso afirmativo, ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso articulado contra la regulación de honorarios de fs. 63? A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. 1. En el marco de una ejecución fiscal por Impuesto Automotor adeudado por el dominio BCT 725, el magistrado de grado hizo lugar a la defensa articulada por el ejecutado - quien, apuntalado en la denuncia de venta que presentara ante el Registro de la Propiedad Automotor Seccional en 1998 y en los términos del art. 27 del Decreto ley 6582/58, sostuvo no ser el sujeto pasivo de la gabela-, sentenciando que el apremiado había cumplido con la exigencia legal vigente al momento de desprenderse del rodado (con la que se anoticiaba tal circunstancia), por lo que no podía exigírsele un requisito adicional no previsto normativamente a tal fecha [como sería la denuncia de venta incorporada al Código Fiscal por ley 13.244 y reglamentada recién en el año 2005]. Para así fallar tuvo en cuenta la documental acompañada por el ejecutado, de la cual extrajo que el apremiado había formulado la denuncia de venta del art. 27 del Decreto ley 6582/58 el 18-12-1998, y de allí concluyó que aquél carecía de legitimación pasiva para que se le reclamasen los períodos 01, 02 y 03 del 2001 y 01 del 2002 consignados en el título de fs. 8.
2. En un preciso enfoque recursivo, el apoderado fiscal cuestiona el pronunciamiento de grado desde tres ángulos, a saber:
(a) Una errónea ponderación de la prueba por el juez de la instancia, al considerar documentación cuya autenticidad material e ideológica fue negada por el Fisco en su responde a la oposición formulada por el ejecutado y sobre la cual no medió actividad probatoria del deudor fiscal para contrarrestar la señalada impugnación;
(b) De resultar procedente su primer agravio, de él extrae el segundo cuestionamiento señalando que el a quo ha fallado adentrándose en la causa de la obligación por cuanto sin prueba alguna, de manera oficiosa y sin fundamento válido, ha imputado defectos al procedimiento de emisión del título al sostener que el Fisco bien pudo requerir información al Registro de la Propiedad Automotor o que el apremiado no tuvo negligencia alguna ya que al formular la denuncia de venta dejaba de ser obligado tributario; (c) Finalizando, denuncia una errónea interpretación legislativa. En esta parcela recuerda, de un lado, que el art. 27 del Decreto ley 6582/58 solo contempla la denuncia de venta registral como modo de eximirse el vendedor del rodado de responsabilidad civil por los posibles daños que pudiera ocasionar el vehículo enajenado, mas nada regula respecto de la responsabilidad tributaria que nace del dominio respectivo. Del otro, remarca que el juez de grado olvida la específica regulación contenida en el art. 30 inciso b) del Código Fiscal (t.o. 2004) que impone al propietario registral del automotor el deber formal de comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a la extinción de hechos imponibles.
De lo anterior, el recurrente formalmente critica el fallo al haber brindado al art. 27 del Decreto ley 6582/58 un alcance que no posee para las circunstancias ventiladas en la causa y al haber soslayado los lineamientos que el propio Código Fiscal contiene en su art. 30 inciso b), rememorando en esta parcela doctrina sentada por la esta Alzada en el precedente “Schulten”.
Solicita, en consecuencia, la revocación del fallo de grado.
3. El ejecutado replica el memorial de apelación de la contraria, sosteniendo con argumentos y jurisprudencia que considera atinente, la autenticidad del documento de denuncia de venta acompañado en original a estos autos. Refuta que el juez de grado haya incursionado en la causa de la obligación y, consecuentemente, requiere la confirmación del fallo de grado.
II. El recurso prospera.
Me adentro en la faena revisora que compete a esta Alzada tratando en primer lugar el último de los agravios del recurrente, por cuanto considero que resulta dirimente para poner en crisis el pronunciamiento atacado.
1. La construcción argumental que porta el fallo en el considerando 4.3), con apariencia de ropaje jurídico, adolece de dogmatismo censurable.
Si bien acierta el juzgador de grado en considerar inaplicable al caso previsiones normativas cuya vigencia es posterior a los períodos del gravamen ejecutados, el reproche a su razonamiento radica –de un lado- en la extensión temporal que brinda al art. 27 Decreto ley 6528/58 y –del otro- en la nula consideración de una específica norma fiscal cuya aplicación al caso no admite dudas [art. 29 inciso b) del Código Fiscal t.o. 1996, vigente a la fecha de la denuncia de venta de la que pretende valerse el apremiado, cuyo texto se reproduce en igual artículo e inciso del t.o. 1999, en el art. 30 inciso b) del t.o. 2004 y en el art. 34 inciso b) del t.o. 2011]. Veamos.
a. El art. 27 del Decreto ley 6582/58 regula la denuncia de tradición de vehículos automotores como medio de liberación de responsabilidad civil del titular registral enajenante hasta tanto se proceda a la inscripción de la nueva titularidad dominial. Tal objetivo del precepto se desprende de su propio texto, en el cual se regulan las particulares consecuencias que se derivan de la formulación de la denuncia.
Sin perjuicio de ello –y en lo que podría resultar de interés para la resolución de la apelación-, el legislador nacional incorporó por Ley 25.232 un último párrafo al mentado articulo que estatuye lo siguiente: “… los registros seccionales del lugar de radicación del vehículo notificarán a las distintas reparticiones oficiales provinciales y/o municipales la denuncia de la tradición del automotor, a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, etc.) desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al titular transmitente”.
Aunque una lectura apresurada del artículo pudiera llevar a la convalidación del fallo de grado, el examen detenido de la cuestión permite entrever que dicha norma entró en vigencia (y por lo tanto rige para el futuro) con fecha 23-12-1999, esto es, más de un año después de la fecha de la denuncia de venta de la que pretende valerse el excepcionante para contrarrestar la presente ejecución. Así, al momento en el que –según se denuncia- el titular registral del dominio BCT 725 hiciera la tradición del rodado, el legislador nacional no había conferido a la “denuncia de venta” del art. 27 del Decreto ley 6582/58 incidencia tributaria alguna, lo que luego sí otorgó a partir del texto incorporado por la Ley 25.232.
Haber inadvertido esta particular circunstancia temporal es lo que descalifica el pronunciamiento del inferior al predicar dogmáticamente la aplicación de una norma, cuyo texto vigente al momento del acaecimiento del hecho al que le reconoce gravitación el a quo (denuncia de venta), no estaba llamada a reglar –como bien lo remarcara el apoderado fiscalninguna consecuencia tributaria para quien seguía reportando como titular registral del automotor.
En nada cambia tal conclusión la cita que porta el fallo de grado del precedente de esta Alzada P-1992-DO1 “El Ultimo Querandí” (sent. de 20-VIII-2010), por cuanto el régimen jurídico allí analizado y las circunstancias fácticas ponderadas difieren sustancialmente de lo abordado en este litigio.
b. Aunque lo anterior resulta suficiente para sellar la revocación del fallo de grado, también acierta el apoderado fiscal en criticar la sentencia por haberse inaplicado en la especie lo preceptuado por el art. 30 inciso b) del Código Fiscal –t.o. 2004-.
Dicho precepto –cuyo texto es una reiteración del contenido en el art. 29 inciso b) del Código Fiscal, t.o. 1996, vigente al momento de practicarse la tradición del vehículo según la denuncia de venta a la que se refiere el ejecutado- establece que los contribuyentes deberán comunicar a la entidad recaudatoria dentro de las quince (15) días de verificado, cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a hechos imponibles o modificar o extinguir los existentes.
A tenor de tan prístino deber en cabeza del sujeto pasivo del tributo, el juzgador del apremio puede inducir que mientras un contribuyente -dado de alta como obligado al pago de un determinado impuesto- sigue realizando el hecho imponible sindicado para la gabela mientras no comunique fehacientemente al ente recaudador circunstancias que extingan su condición de deudor tributario (arg. doct. esta Cámara causa P-1886-BB1 “Volpe”, sent. de 04-05-2010). Y si bien es cierto que en la interpretación de las leyes impositivas debe atenerse, entre otros elementos de juicio, a la verdadera naturaleza del hecho imponible y a la situación real de base a fin de lograr la necesaria prevalencia de la razón del derecho, aprehendiendo la verdad jurídica objetiva (C.S.J.N., Fallos 315:1284), no lo es menos que la aplicación del principio de la "realidad económica" - sea a favor o en contra del contribuyente- no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales que regulan concretamente la relación tributaria (C.S.J.N., Fallos 319:3208) y que –como en el caso- imponen el deber que pesa sobre los contribuyentes de denunciar los hechos modificatorios de la obligación tributaria (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 314:1376; 316:1190; 325:645; doct. esta Cámara causa P-1124-BB1 “Fisco c. Mazzuchelli”, sent. de 16- IV-2009, entre otras).
Desde tal mirador, no se advierte que en la especie el ejecutado hubiera dado cumplimiento al deber formal de denunciar ante el ente recaudador el cambio de circunstancias que pudieran haber extinguido su situación de deudor tributario del Impuesto Automotor por el dominio BCT 725. Y tal inactividad informativa se prolonga hasta el 14-03-2002, fecha que a tenor de la documental de fs. 21 el rodado se incribió a nombre de un nuevo titular y con radicación en una jurisdicción (Provincia de Misiones) a la que no alcanza la potestad tributaria bonaerense. Por tanto, los períodos del Impuesto Automotor adeudados, que originaron el título de fs. 8, son plenamente exigibles al ejecutado por corresponder a las cuotas 01/2001, 02/2001, 03/2001 y 01/2002.
2. Llevando la razón el apoderado fiscal en el aspecto sustancial de la contienda, lo que apuntala suficientemente la revocación del fallo de grado, el tratamiento de los restantes agravios blandidos en el escrito de fs. 50/54 deviene inoficioso (doct. esta Cámara causa C-2856-BB1 “Banco de la Provincia de Buenos Aires”, sent. de 05-VI-2012 y sus citas).
III. Con todo, por las razones hasta aquí volcadas, he de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación del Fisco provincial, revocando totalmente la sentencia apelada –y la consecuente regulación de honorarios de fs. 63- , mandando llevar adelante la ejecución contra MIGUEL ANGEL SEIJO por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 10.172,20) reclamada en la demanda [conf. Título Ejecutivo N° 250.663, obrante a fs. 8], con más los intereses fijados por el art. 95 del Código Fiscal (t.o. 2004) y con imposición de costas de ambas instancias al ejecutado vencido (arts. 68 y 556 del C.P.C.C.; 25 ley 13.406).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctor Mora y doctora Sardo, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, votan también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Luego de la observación formulada por la Presidencia de esta Cámara a fs. 61 y de conformidad con el resultado del pleito fijado en la sentencia de fs. 45/47, el a quo dictó resolución a fs. 63 modificando la regulación de honorarios estipulados a favor de la doctora Marta E. Ibañez Airaldi a fs. 47 y fijando los estipendios correspondientes a la doctora María Belén Mollo.
2. Notificado el Fisco de la nueva resolución regulatoria el 21-05-2012, su apoderado articula recurso de apelación el 30-05-2012 agraviándose por lo elevado y desproporcionado del estipendio fijado en conjunto a las señaladas profesionales.
II. De conformidad con el resultado de la votación a la primera cuestión planteada, habré de responder afirmativamente al interrogante formulado en segundo lugar. Teniendo en cuenta que la solución allí propiciada deja sin efecto las regulaciones de honorarios profesionales practicadas a fs. 63 de conformidad con la sentencia revocada, deviene abstracto el tratamiento del recurso de apelación deducido en su contra por el apoderado fiscal a fs. 68 [cfr. doct. esta Cámara causa C-3003-MP1 “Viñas”, sent. de 17-V-2012 y sus citas).
Tiene dicho este Tribunal, con sustento en doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, que no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas, ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, donde el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse aquélla (cfr. doct. este Tribunal, causa C-2262-BB1 “Muñoz”, sent. de 12-IV-2011 y sus citadas). Así, en la especie, habiéndose resuelto -al dar respuesta a la primera cuestión- dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 63, he de juzgar desaparecido el interés del recurrente en obtener un pronunciamiento de esta alzada que modifique tales estipendios.
III. Con todo, propongo al Acuerdo declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación de fs. 68.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctor Mora y doctora Sardo, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli votan a la cuestión por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente
1. Hacer lugar al recurso de apelación del Fisco provincial, revocando totalmente la sentencia apelada –y la consecuente regulación de honorarios de fs. 63-, mandando llevar adelante la ejecución contra MIGUEL ANGEL SEIJO por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 10.172,20) reclamada en la demanda [conf. Título Ejecutivo N° 250.663, obrante a fs. 8], con más los intereses fijados por el art. 95 del Código Fiscal (t.o. 2004) y con imposición de costas de ambas instancias al ejecutado vencido (arts. 68 y 556 del C.P.C.C.; 25 ley 13.406).
2. Como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior, declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación de fs. 68.
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 Decreto ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – Adriana M. Sardo – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia