Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Con Asiento en Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación articulado por la parte actora a fs. 267/270, revocar el pronunciamiento de grado de fs. 252/259 en cuanto ha sido materia de agravio y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. Luis Jorge Colángelo, condenando a la Municipalidad de Tandil a abonarle la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 5.442,50), con más los intereses a calcularse desde el día 28-08-2006 y hasta su efectivo pago, liquidados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días vigente en los distintos períodos de aplicación (doct. S.C.B.A. causa B. 58.220 “Butti”, sent. del 27-XII-2006). El importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, deberá abonarse dentro de los sesenta (60) días de quedar aquélla firme (art. 163 Const. pcial.).
2Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.).
3Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación articulado por el accionante a fs. 291, contra la regulación de honorarios practicada en la causa a favor de la Dra. Valeria M. Di Maggio Maccallini (cfr. doct. cit.).
4Difiérese la regulación de honorarios por las labores ante esta alzada para su oportunidad (art. 51 del Dec. ley 8904/77).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 04 días del mes de octubre del año dos mil doce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-3173-AZ1 “COLANGELO, LUIS JORGE c. MUNICIPALIDAD DE TANDIL s. DAÑOS Y PERJUICIOS”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora, Sardo y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Azul dictó sentencia en las presentes actuaciones rechazando la demanda de daños y perjuicios promovida por el Sr. Luis Jorge Colángelo contra la Municipalidad de Tandil. Asimismo, impuso las costas en el orden causado y reguló los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora –Dra. Valeria M. Di Maggio Maccallini- en la suma de pesos ochocientos dieciséis con treinta y siete centavos ($ 816,37), con más el aporte de ley; en relación a la retribución de los letrados del Municipio demandado, ordenó que previamente formulen manifestación respecto de lo dispuesto por el art. 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades [v. fs. 252/259].
II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 267/270 –replicado por la demandada a fs. 274/276- [cfr. Res. de fs. 306/308] y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia [fs. 308 punto 3.] –providencia que se encuentra firme-, corresponde votar las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 267/270?
2. En caso afirmativo, ¿Corresponde declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 291 por la Dra. Valeria M. Di Maggio Maccallini -en representación de su mandante- contra la regulación de honorarios profesionales obrante en la causa?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Al expresar los motivos que lo llevaron a rechazar la demanda incoada por el actor Luis Jorge Colángelo contra la Municipalidad de Tandil, el a quo –luego de rememorar los presupuestos básicos de la acción entablada [v. fs. 254/255]- sostuvo que el accionante no había logrado probar el daño alegado, valorando –en apoyo de su reflexión- las respuestas brindadas a la prueba confesional producida a fs. 221/222, que –a su modo de ver- colisionan con la pretensión resarcitoria esgrimida en el presente.
Y si bien destacó que la valoración de dicha prueba debía ser efectuada con criterio restrictivo, no encontró en la declaración del absolvente indicio alguno que importe un quiebre del sentido integral de lo allí expuesto, así como tampoco observó vacilaciones en sus expresiones, advirtiendo que sus afirmaciones fueron claras, contundentes y recayeron sobre hechos controvertidos fundamentales, por lo que – sostuvo- el contenido de lo manifestado conlleva la confirmación de los hechos de conocimiento personal, desfavorables a quien los emitió, según el alcance estatuido por el art. 421 del C.P.C.C.
Expresó que dicha circunstancia constituía un límite a la hora de sentenciar, en tanto la confesión expresa resultaba vinculante para el juzgador, a la luz de los restantes elementos de prueba obrantes en la causa. A modo de conclusión, destacó que las respuestas brindadas por el accionante a las posicioines que le fueron puestas, resultaban contrarias al comportamiento anterior que asumiera tanto en sede administrativa como en el proceso de marras, lo que enmarcaba dicha situación en la doctrina de los actos propios.
En este sentido, explicó que si el Sr. Colángelo admitió que el Municipio accionado le extendió un certificado de libre deuda sobre el inmueble sito en calle Martín Fierro N° 106 de la ciudad de Tandil, que se encontraba eximido de pagar la deuda reclamada por Tandil Redes sobre dicho bien, que abonó incorrectamente la suma que ahora requiere, que solo fue intimado extrajudicialmente, que no existió ejecución en su contra por tal concepto y que pagó a Tandil Redes la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con cincuenta centavos ($ 5.442,50), dicha conducta colisiona con la “actitud litigiosa” asumida en el presente pleito y con el objeto del juicio.
Por otra parte, no advirtió elemento de prueba alguno que le permitiera inferir que el actor se había visto privado de vigorizar su posición de que el inmueble se hallaba sin deuda, lo que se complementa con los informes emitidos por los Juzgados en lo Civil y Comercial de Tandil, que dan cuenta de la inexistencia de ejecución en curso iniciada ante dichos estrados por Tandil Redes contra el aquí demandante. Apreció –además- que el actor no había aportado ninguna otra probanza en apoyo de su postura, ni había presentado su alegato sobre la prueba obrante en la causa.
Con todo, al no encontrar acreditada la existencia del daño invocado –presupuesto esencial y primario de la obligación de reparar-, concluyó que no correspondía acordar la indemnización pretendida.
2. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de grado, expresando sus agravios a fs. 267/270. En primer lugar, critica que el juez de la instancia hubiera considerado improbado el daño alegado por su parte. Manifiesta que el daño cierto y concreto se origina por haber omitido la Comuna informar la deuda que recaía sobre el inmueble la que, por tratarse de una obligación propter rem, fue transferida a su parte al adquirir el inmueble, obligándolo a abonar la suma adeudada cuando, de haber informado oportunamente la misma, el escribano actuante hubiera retenido el dinero para su cancelación del precio a percibir por el vendedor.
Sumado a ello, agrega, su parte carece de acciones legales para repetir la suma pagada del anterior propietario, con lo cual, ante el rechazo de la demanda, queda totalmente indefenso.
Considera que se encuentran presentes la totalidad de los presupuestos básicos para la procedencia de la acción, indicando que: i) la antijuridicidad se halla probada con los propios dichos de la demandada, quien asumió su obrar negligente, al emitir un certificado sin consignar la deuda existente; ii) el daño o perjuicio en el patrimonio del deudor se configura por la erogación efectuada por su parte, al no haberse retenido la deuda al momento de la escritura, por no haber sido informada por la Comuna; iii) imputabilidad material del obrar negligente al Municipio y, iv) relación de causalidad entre la omisión y el perjuicio sufrido. Refiere, finalmente, que si bien su parte canceló la deuda antes de que se le iniciara la acción judicial, por tratarse la misma de un título ejecutivo se vio obligado a su pago, siendo la única excepción que hubiera podido oponer ante el juicio, la de pago total documentado.
3. Materializando su derecho a réplica se presenta a fs. 274/276 la parte accionada.
Luego de sostener que la apelación deducida no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia atacada, descalifica los argumentos introducidos por la contraparte en su pieza recursiva, defendiendo –en lo sustancial- lo resuelto por el juez de grado.
II. El recurso merece estima.
1. En el sub examine el actor persigue que se condene a la Municipalidad de Tandil a resarcir el daño patrimonial que dice haber sufrido como consecuencia de haberse expedido un certificado de libre deuda municipal respecto del inmueble identificado catastralmente como Circ. I, Secc. B, Quinta 34, Mz. 34b, Parcela 22, Partida (103) 62.681-4, que adquiriera del Sr. Rubén Horacio Franchino mediante operación formalizada con fecha 05-04-2005 por escritura pública número setenta y uno, pasada ante registro del Notario Alejandro Agustín Zubiaurre.
Funda su reclamo en que, de haber cumplido la Administración municipal con su obligación de informar oportunamente la deuda que recaía sobre el mencionado inmueble, derivada de la ampliación de la red de cloacas por parte de la empresa Tandil Redes, el monto adeudado por tal concepto hubiera sido retenido por el escribano actuante en el mismo acto de la escrituración, evitando así que su parte tuviera que abonar posteriormente la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con cincuenta centavos ($ 5.442,50), ante el reclamo extrajudicial efectuado por la firma mencionada, cuyo pago –según denuncia- formalizó bajo protesto a fin de sortear el inicio de una inminente ejecución judicial [v. escrito de demanda, fs. 19/22]. En sentencia, el a quo se inclinó por rechazar la demanda incoada por no encontrar acreditado en la especie el daño invocado por el accionante. Para así decidirlo, apreció que las respuestas brindadas por el Sr. Colángelo en oportunidad de absolver posiciones no importaban sino el reconocimiento de ciertos hechos desfavorables para su posición argumental (vgr. que el Municipio le había extendido un certificado de libre deuda sobre el inmueble adquirido, que su parte se encontraba eximida de pagar la deuda reclamada por Tandil Redes sobre dicho bien, que abonó incorrectamente la suma que ahora reclama, que sólo fue intimado en forma extrajudicial, que no existió ejecución en su contra por los conceptos mencionados y que efectivizó el pago a Tandil Redes de la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con cincuenta centavos -$ 5.442,50-), lo que –además- resultaba incompatible con la conducta desplegada por aquél tanto en sede administrativa como en este proceso judicial.
A su vez, consideró que los informes emanados de los Juzgados en lo Civil y Comercial con asiento en Tandil daban cuenta de la inexistencia de ejecución iniciada por la empresa Tandil Redes contra el accionante, lo que resultaba desfavorable para el interés del demandante, en tanto impedía –ante la carencia de otros elementos de prueba- tener por verificado uno de los presupuestos esenciales para la procedencia de la pretensión articulada (vgr. el perjuicio patrimonial cierto y subsistente al tiempo del reclamo), motivando la desestimación del resarcimiento reclamado [v. fs. 252/259].
Asumiendo una postura contraria, el accionante sostiene los siguientes agravios, a saber: i) que –a diferencia de lo manifestado por el a quo- el daño se origina por la omisión de la Comuna de informar la deuda que pesaba sobre el inmueble, lo que lo obligó a abonar la suma reclamada por Tandil Redes; ii) que tratándose de una obligación propter rem su parte carece de acciones legales para repetir el importe pagado del anterior propietario del bien; iii) que se verifican en la especie la totalidad de los presupuestos de procedencia de la pretensión articulada (antijuridicidad, existencia de un perjuicio en el patrimonio del deudor, imputabilidad material al Estado y relación de causalidad);
iv) que el daño no resulta atribuible a su parte, toda vez que, siendo inminente la iniciación de una ejecución judicial en su contra (cfr. declaración testimonial de la Dra. Campané), se vio constreñido a cancelar de antemano la deuda reclamada extrajudicialmente por la empresa [v. memorial de agravios de fs. 267/270].
De esta forma delineados, adelanto que las críticas blandidas por el apelante tendrán acogida favorable.
2. Adentrándome, entonces, a la solución de la cuestión planteada, estimo apropiado repasar los siguientes antecedentes relevantes para la resolución de la presente causa:
(i). Con fecha 18-03-2005 el notario Alejandro Agustín Zubiaurre, en cumplimiento de lo normado por el art. 1 del decreto ley 7438/68, presentó a la Municipalidad de Tandil el formulario de solicitud de certificación de deudas respecto del inmueble de titularidad del Sr. Rubén Horacio Franchino, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 34b, Parcela 22, Partida (103) 62.681-1, a efectos de verificar uno de los recaudos necesarios para autorizar la correspondiente operación de venta al Sr. Luis Jorge Colángelo y su cónyuge Mabel Roxana Costa [v. fs. 6]. (ii). Dentro del plazo fijado por aquella norma (art. 4), el Director de Rentas y Finanzas municipal expidió una certificación liberada de deuda al 31-03-2005, dando cuenta de la inexistencia de afectación alguna relacionada con dicho inmueble por impuestos, tasas, derechos, construcciones de cercas, aceras y pavimentos, contribuciones de mejoras, otros servicios prestados y recargos o multas [v. fs. 6]. (iii). Cumplimentado dicho requisito legal, el escribano autorizante formalizó mediante escritura N° 71 (fechada el 05-04-2005) la operación de venta del referido inmueble (situado en calle Rosser al 1300), el que –según se denunciafue transferido al Sr. Colángelo con todos los impuestos, tasas y contribuciones al día [v. fs. 19 vta.].
(iv). Transcurrido casi un año de concretada dicha transferencia, el accionante fue intimado por la firma Tandil Redes a abonar una deuda en concepto de ampliación de la red de cloacas ejecutada por dicha empresa sobre calle Rosser al 1300 y que afectaba al inmueble en cuestión, la que resultaba ser de fecha anterior a la de la escritura traslativa de dominio [v. respuesta a la tercera pregunta de la declaración testimonial de la Dra. Nora M. Campané, fs. 203 vta.]. El importe total adeudado al 31-08-2006 ascendía a la suma de pesos seis mil cuarenta y siete con cinco centavos ($ 6.047,05), el que se vería reducido a la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con cincuenta centavos ($ 5.442,50) por pago al contado, según así surge de la liquidación obrante a fs. 9.
(v). Recibida dicha intimación, el notario Miguel Ángel Zubiaurre puso en conocimiento del Secretario del Municipio de Tandil (Dr. Juan Pablo Frolik) la situación de referencia, solicitando la adopción de una solución que impidiera la ejecución y el consecuente pago de la deuda reclamada al Sr. Colángelo, en tanto su afectación a la empresa Tandil Redes no había sido consignada por la Comuna al expedir el certificado de deuda correspondiente [v. nota N° 4154 de fecha 07-04-2006, fs. 27].
Ello motivó al Secretario municipal a requerir del Secretario de Planeamiento y Obras Públicas un informe sobre el estado en que se encontraba el expediente por el que tramitara la extensión de la red de cloacas construida por la firma aludida sobre calle Rosser al 1300, especialmente en lo que refería a la aprobación de liquidaciones y certificados de deuda expedidos de conformidad con lo dispuesto por los arts. 45 y 46 de la Ordenanza N° 1772/73 [v. fs. 34, 18-04- 2006]. Dicho informe fue producido con fecha 16-05-2006 [v. fs. 36], dando lugar a una serie de actuaciones administrativas posteriores, cuya reseña no reviste mayor utilidad a los fines del presente [v. fs. 38/42].
(vi). Con fecha 07-07-2006 el Sr. Luis J. Colángelo remitió una carta documento a la Comuna de Tandil requiriendo la liberación total –en el plazo de quince (15) días- de la deuda que le fuera reclamada por Tandil Redes, dejando aclarado que de no cumplirse ello procedería a abonar dicho crédito, reservándose el derecho de repetición, así como también el de demandar al Municipio y al anterior propietario del bien por los daños y perjuicios sufridos [v. fs. 13/14 y fs. 43, recibida en Mesa de Entradas y Salidas el día 10-07- 2006].
(vii). El día 28-08-2006, ante la falta de respuesta a dicha misiva, el Sr. Colángelo se dirigió –acompañado por el escribano Zubiaurre- a la oficina de la letrada apoderada de la empresa Tandil Redes (Dra. Nora Marcela Campané) donde procedió a hacer efectivo el pago de la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con cincuenta centavos ($ 5.442,50), correspondientes a capital, intereses, honorarios y aportes profesionales, formalizando dicho pago “bajo protesto”, según así surge del acta notarial declarativa N° 234 de fecha 28-08-2006 [v. fs. 10/12] y del recibo de fs. 15.
(viii). Por su parte, el Municipio, tras haber recabado algunos informes [v. fs. 70, 73/74], detectó que se hallaba plenamente vigente el certificado de deuda emitido con fecha 28-07-1995, el cual daba cuenta de la deuda que el inmueble situado en calle Rosser N° 1300 de la ciudad de Tandil (atribuido al Sr. Franchino) mantenía con la empresa Tandil Redes como consecuencia de las obras de ampliación de la red cloacal, construidas de conformidad con la Ordenanza Municipal N° 1772/73 y modif., y cuyo monto ascendía a la suma de pesos novecientos noventa y siete con ochenta centavos ($ 997,80) [v. certificado de deuda de fs. 37 e informe de la Dirección de Obras Sanitarias de fs. 73]. (ix). Con fecha 15-09-2006 la letrada apoderada del Sr. Colángelo compareció ante el Municipio con un pedido de pronto despacho, en virtud del tiempo transcurrido desde la primera presentación efectuada [de fecha 06-04-2006] y por haber expirado el plazo establecido en la carta documento remitida por su mandante, sin haber obtenido respuesta alguna [v. fs. 76].
(x). El Sr. Secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Tandil remitió el expediente administrativo al Director de Rentas a fin de que practicara una liquidación para negociar el pago con la empresa Tandil Redes del importe adeudado por el Municipio, en tanto –recalcó- “… la no afectación a la obra de cloacas en el inmueble catastrado como Circ. I, Sec. B, Mz. 34b, parcela 22, responde a un error de la comuna…” [v. fs. 79, 17-10-2006].
(xi). A fs. 80/90 se expidieron las distintas áreas del Municipio respecto del monto adeudado por el inmueble de calle Rosser al 1300 por la obra de infraestructura llevada a cabo por la empresa Tandil Redes, siendo el importe resultante de la liquidación practicada la suma total de pesos cuatro mil setecientos setenta y uno con setenta y ocho centavos ($ 4.771,78).
3. Me he permitido describir con algún detalle los antecedentes relevantes de la causa, a efectos de brindar adecuada respuesta a la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada. Para ello, me apartaré del esquema lógico seguido en el fallo de la instancia y por razones prácticas – atendiendo a las conclusiones que más adelante habré de desarrollar en torno a la presencia de un daño cierto e indemnizable- principiaré por identificar si se encuentra configurado en la especie un accionar antijurídico de la comuna de Tandil, susceptible de ser calificado como falta de servicio, requisito ineludible para responsabilizar al Estado municipal en los términos del art. 1112 del Código Civil. Con tal propósito, cabe recordar que el Decreto ley N° 7438/68 (sancionado el 24-10-1968) establece que, a solicitud de los escribanos que vayan a autorizar escrituras públicas de transferencia de inmuebles o constitución de derechos reales sobre ellos, las Municipalidades deberán expedir una certificación de las deudas existentes relacionadas con el inmueble (art. 1), de acuerdo a las pautas contenidas en dicha norma (art. 1 y ss.).
En ese orden, el referido ordenamiento legal instituye que el informe municipal contendrá la deuda detallada por año, hasta el de la expedición inclusive, con especificación de las afectaciones por impuestos, tasas, derechos, construcciones de cercas, aceras y pavimentos, contribución de mejoras, todo otro servicio prestado y los recargos o multas que pudieran corresponder (art. 1, primer párrafo), sin incluir en dicha certificación las multas por otras faltas, contravenciones o infracciones ajenas al inmueble y previstas en las ordenanzas vigentes (art. 1, segundo párrafo).
A su vez, la norma estipula –en lo que aquí interesaque el escribano presentará su solicitud por duplicado, consignando los datos de individualización catastral del inmueble, en los formularios uniformes de uso obligatorio para todos los municipios (art. 2), debiendo producir la Comuna el pertinente informe en el término de diez (10) días hábiles (art. 4), para lo cual percibirá por todo concepto una suma que se fijará anualmente (art. 3).
Meritando el contenido de las normas transcriptas a la luz de los antecedentes reseñados supra [v. punto 2], queda claro entonces –tal como argumenta el recurrente en su memorial de fs. 267/270- que habiendo presentado el notario Zubiaurre una solicitud de certificación de deudas respecto del inmueble identificado catastralmente como Circ. I, Sec. B, Manz. 34-b, Parcela 22 del Partido de Tandil a los efectos de autorizar su venta al Sr. Colángelo, la Administración municipal debió dar cumplimiento a las precisas instrucciones que le imponía la norma, expidiendo la respectiva certificación de deuda en la que se consignara la afectación que recaía sobre dicha propiedad –en el caso, por la obra de ampliación de cloacas ejecutada por la empresa Tandil Redes sobre calle Rosser al 1300 de Tandil-.
De haber satisfecho regularmente su cometido, el Municipio hubiera informado en tiempo oportuno -esto es, antes del otorgamiento del acto escriturario- sobre la existencia del certificado expedido en virtud de la Ordenanza Municipal N° 1772/73 [cfr. fs. 37], dando cuenta de la deuda -por obras de ampliación de red de cloacas correspondiente al inmueble allí identificado- que Rubén Franchino o “quien fuere propietario o poseedor a título de dueño” debería afrontar [v. último apartado del certificado de deuda, fs. 37 vta.]. Ello hubiese permitido al escribano actuante anoticiar de su existencia al comprador y, en su caso, efectuar la retención de la suma que se adeudare a la fecha de la escrituración, de conformidad con lo prescripto por el art. 51 de la aludida Ordenanza (argto. arts. 35 inc. 13° de la ley 9020 y 1 y 6 del decr. ley 7438/68).
Mas nada de ello aconteció, en tanto el escribano no pudo cumplir adecuadamente con el cometido que la ley le encomendaba, debido a que –tal como lo reconoce el propio Municipio [v. contestación de demanda, fs. 136 vta./137]- se incurrió en un error al expedir el certificado correspondiente, omitiendo consignar allí la deuda que pesaba sobre el inmueble a adquirir.
En tal contexto, es preciso recordar aquella doctrina de la Corte Federal de la que dimana que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare por incumplimiento o su ejecución irregular (cfr. argto. doct. C.S.J.N. Fallos 182:5; 307:821; 315:1892; 317:1921; 322:1393). Ello con sustento –claro está- en la idea objetiva de falta de servicio normada por el artículo 1112 (cfr. C.S.J.N. Fallos 306:2030).
Así entonces, los antecedentes de la causa resultan demostrativos de la irregular prestación del servicio a cargo del Municipio (cfr. argto. doct. C.S.J.N. Fallos 321:1776; 325:1277), al configurarse en la especie un defectuoso cumplimiento de una actividad u operación realizada para el desenvolvimiento de sus fines (argto. art. 1112 del Código Civil; argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 94.457 “García”, sent. del 03-V-2006 y esta Alzada causa C-2252-BB1 “Demasi”, sent. del 09-VI-2011).
4. Sentada la conclusión que antecede, me adentraré ahora en el análisis de otro de los presupuestos exigidos para que se concrete la responsabilidad del Estado (el de la existencia de un daño cierto), principiando por recordar que –tal como quedara reseñado en el apartado 1. del presente- el magistrado de la instancia decidió rechazar la pretensión articulada por el Sr. Colángelo, teniendo por no probado el daño invocado con sustento en: i) que las respuestas brindadas por el actor en oportunidad de absolver posiciones importaban el reconocimiento de ciertos hechos desfavorables para su posición argumental y colisionaban con la conducta desplegada tanto en sede administrativa como judicial; y ii) que –a diferencia de lo sostenido en la demanda- no existía ejecución iniciada por la empresa Tandil Redes contra el accionante (cfr. informes de los Juzgados en lo Civil y Comercial).
Empero, un detenido análisis de las constancias de la causa me conduce a una conclusión completamente opuesta a la acuñada por el juzgador de grado en el pronunciamiento en crisis. Veamos.
a. Surge de la reseña efectuada supra [v. apartado 2.] que el Sr. Colángelo fue intimado extrajudicialmente por la empresa Tandil Redes a abonar una suma de dinero en concepto de deuda por obras de ampliación de la red de cloacas que recaía sobre el inmueble de su propiedad, ubicado en calle Rosser al 1300 [v. escrito de contestación de demanda, fs. 136 vta./137].
A su vez, se encuentra fuera de discusión en el sub lite que previo a proceder a la cancelación del importe reclamado, el accionante intentó infructuosamente que la Comuna se hiciera cargo de su problema y le brindara una solución que lo liberase de tener que afrontar dicha deuda, sobre todo teniendo en cuenta que, al momento de escriturar la operación de venta, el escribano actuante había contado con un certificado de libre deuda expedido por aquélla.
En este sentido, resultan por demás elocuentes tanto la nota presentada por el notario Zubiaurre al Municipio [v. supra apartado 2., inciso “v”], como la carta documento remitida tres meses después por el accionante, mediante la cual exhortó a la Comuna a liberarlo totalmente –en el plazo de quince (15) días- de la deuda en cuestión, dejando expresamente aclarado que de no cumplirse ello procedería a abonar dicho crédito y, ulteriormente, a demandar a la Comuna y al anterior propietario del bien por los daños y perjuicios sufridos [v. fs. 13/14 y fs. 43, supra apartado 2., inciso “vi”].
Y pese a que durante la tramitación del expediente administrativo iniciado por el Municipio, éste terminó reconociendo que la deuda perseguida por Tandil Redes existía y que debía ser la Comuna quien afrontara su pago (por haber incurrido en un error al expedir el certificado correspondiente) [v. supra apartado 2., inciso “x”], omitió comunicar dicha circunstancia al requirente a efectos de despejar su desconcierto y evitar así que –tal como lo había anticipado [v. carta documento, fs. 13/14]- procediera a abonar a la empresa el importe que le había sido reclamado. De allí que, al no recibir respuesta a sus requerimientos y desconociendo que el Municipio había decidido asumir la liquidación de la deuda que afectaba a su inmueble, el Sr. Colángelo se dispuso a afrontar el pago (bajo protesto) del importe que la firma Tandil Redes le reclamaba extrajudicialmente [v. respuesta a la tercera pregunta de la declaración testimonial de la doctora Nora M. Campané, apoderada de la firma Tandil redes, fs. 203], en razón de habérselo colocado en la situación de tener que asumir como propias responsabilidades derivadas del incumplimiento ajeno.
Es que, si bien resulta exacto lo afirmado por el a quo en torno a la inexistencia de ejecución en curso iniciada contra el demandante por la empresa Tandil Redes [v. fs. 257 vta.], no es menos cierto que –ante la falta de respuesta a sus reclamos por parte de la Comuna- el demandante se enfrentaba ante el perturbador aprieto de tener que afrontar el pago de lo que no era debido por su parte, como un modo de impedir que se promoviera el juicio ejecutivo que, tal como lo reconoce la propia letrada apoderada de la firma acreedora, se encontraba en ciernes [v. respuesta a la sexta pregunta de la declaración testimonial de fs. 203 y fs. 32] (argto. doct. esta Alzada causa G-7-MP2 “Antonio Barillari S.A.”, sent. del 20-XI-2008).
b. Frente al escenario descripto, debo señalar que –a diferencia de lo sostenido por el a quo- existen sobrados elementos en la causa que demuestran que el actor sufrió un concreto desmedro económico en su patrimonio, como consecuencia de haber afrontado el pago de un crédito que, reconocido como debido por el propio Municipio, fue satisfecho cabalmente por aquél (argto. arts. 725, 726, 727 del Código Civil).
Desde tal mirador, percibo un claro desenfoque en el sentido atribuido por el juez de grado a las respuestas brindadas por el actor en su absolución de posiciones, pues lejos de perjudicarlo, coadyuvan –junto con los otros elementos de prueba obrantes en la causa- a formar convicción positiva de los hechos expuestos en la demanda y que, a la luz de las consideraciones vertidas supra, sirven de sustento a la pretensión esgrimida.
Cabe recordar aquí que la confesional debe ser apreciada en su correlación con el resto de las probanzas y atendiendo –primordialmente- a las circunstancias de la causa (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 83.216 “Cencosud”, sent. de 10-IX- 2003), pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad jurídica material (doct. S.C.B.A. causas Ac. 86.304 “Alba”, sent. del 27-X-2004; Ac. 94.515 “Monserrat”, sent. de 12-IV- 2006; C. 92176 “Quintana”, sent. de 13-VIII-2008; C. 98.536 “Saladino”, sent. del 17-XII-2008; y esta Alzada causa C- 1323-DO1 “Duhalde”, sent. del 15-IX-2009).
Por ello, entrañando el daño emergente un menoscabo que se experimenta en el patrimonio (privación o egreso de valores patrimoniales), -equivalente, en el caso, al monto que tuvo que afrontar el Sr. Colángelo para saldar la deuda [v. recibo de fs. 15]- mal podría desconocerse su configuración en la especie, puesto que razonar de un modo diverso, implicaría –en el sub lite- un enriquecimiento sin causa por parte de la demandada (argto. art. 784 del Código Civil y su nota), que no resulta dable convalidar.
5. Por último, resta analizar si se encuentra plenamente configurada la existencia de un adecuado nexo de causalidad entre la falta de servicio y el daño (arg. art. 906 y ccds. del Cód. Civil), en tanto la presencia de este presupuesto constituye uno de los pilares centrales sobre los que descansa y se asienta toda la teoría de la responsabilidad (doct. esta Cámara causas C-2198-BB1 “Suris”, sent. del 21- VI-2011 y C-2721-MP1 “Castiglioni”, sent. del 14-VIII-2012). Para establecer la causa de un hecho dañoso es necesario hacer un juicio de probabilidad, determinando si aquél se hallaba en efectiva conexión causal con el obrar antijurídico; o sea, que el efecto dañoso es el que debía normalmente resultar de la acción u omisión antijurídica, según el curso natural y ordinario de las cosas (conf. art. 901 del Cód. Civil). El vínculo de causalidad, pues, exige una relación adecuada entre la acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (doct. S.C.B.A. en las causas C. 101.032 “Sandoval”, sent. de 18-II- 2009; C. 98.961 “Gasparoni”, sent. del 18-V-2011).
La doctrina de la causalidad adecuada tiene expresa recepción en nuestro ordenamiento jurídico (cfr. art. 906 y ccds. del Código Civil). Sus postulados llaman a practicar – ex post- un examen de carácter objetivo, que se cimienta sobre la base de la apreciación de la regularidad de las consecuencias, sopesando lo que acostumbra suceder en la vida misma (doct. S.C.B.A. en la causa C. 101.224 “Dillon”, sent. del 26-VIII-2009). Obviamente que se trata de un juicio estructurado bajo un manto de regularidad estadística, que no puede más que contentarse con una fuerte o suficiente dosis de probabilidad (doct. S.C.B.A. causa C. 97.827 “L., C.”, sent. del 9-VI-2010).
En otras palabras, corresponderá a los jueces preguntarse –en abstracto y a la luz de los hechos de la causa- si la acción u omisión del presunto agente era por sí misma apta para ocasionar el daño, según el curso ordinario de las cosas (es decir, en un alto grado de probabilidad). Si se contesta afirmativamente de acuerdo con la experiencia diaria de la vida, se declarará que la acción u omisión era adecuada para producir el daño, el que será entonces imputable objetivamente al demandado. Si se contesta que no, faltará pues la relación causal, aunque considerado el caso en concreto tuviera que admitirse que dicha conducta fue también una condición sine qua non del daño, ya que de haber faltado no se habría producido o al menos no de ese modo. La causa es, entonces, una condición; pero no cualquier condición, sino una de la que pueda predicarse una probabilidad calificada de haber desencadenado el resultado. Causa y condición tienen entonces una relación de género a especie. La condición es el género, la causa una especie de ella, muy particular y calificada y con alta eficacia para desencadenar el resultado (conf. López Mesa, M. J. “El mito de la causalidad adecuada”, La Ley 2008 B-, 861; arg. doct. S.C.B.A. en la causa C. 100.638 “Pifferi”, sent. del 18-II- 2009).
Llevando dichas pautas valorativas al caso en examen, he de concluir razonable y prudentemente que la defectuosa expedición del informe exigido por el art. 1 del Decreto ley 7438/68 por parte del Municipio, al no consignar allí la deuda que afectaba al inmueble (irregular prestación del servicio a su cargo), tuvo –junto con la falta de respuesta oportuna a los requerimientos del actor- una incidencia determinante y causalmente adecuada en la producción del menoscabo sufrido por el Sr. Colángelo en su patrimonio.
6. Resta aclarar –finalmente- que en atención al nuevo resultado del pleito, no se han pasado por alto las defensas y reparos con los que la demandada resistió -en la instancia de grado- la pretensión articulada en el presente, por lo que doy por cumplimentados aquellos postulados superiores que – ante este tipo de supuestos- tornan operativa la figura de la llamada adhesión implícita a la apelación (argto. doct. S.C.B.A. causas C. 98.059 “Passadore de Mónaco”, sent. de 7- V-2008; C. 101.860 “Calió”, sent. de 11-III-2009; C. 99.315 “Greco”, sent. de 25-II-2009; esta Cámara causas V-1117-BB1 “Cortés”, sent. de 21-V-2009; C-2476-MP1 “Alvarez”, sent. de 29-XII-2011; C-2202-MP2 “Martijena”, sent. del 12-IV-2012).
III. Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte actora a fs. 267/270, revocar el pronunciamiento de grado de fs. 252/259 en cuanto ha sido materia de agravio y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. Luis Jorge Colángelo, condenando a la Municipalidad de Tandil a abonar la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 5.442,50), con más los intereses a calcularse desde el día 28-08-2006 [fecha en que el actor efectivizara el pago de lo adeudado a Tandil Redes] y hasta su efectivo pago, liquidados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días vigente en los distintos períodos de aplicación (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 58.220 “Butti”, sent. del 27-XII-2006).
El importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, debería abonarse dentro de los sesenta (60) días de quedar aquélla firme (art. 163 Const. pcial.). Las costas de ambas instancias correspondería distribuirlas en el orden causado (arts. 51 inc. 1° y 77 inc. 1° del C.P.C.A.; art. 274 del C.P.C.C.).
Atento el nuevo resultado del pleito y conforme lo dispuesto por el art. 274 del C.P.C.C., correspondería dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado [punto 3.a) de la parte dispositiva, fs. 259/vta.], debiendo diferirse la estimación de los honorarios en favor de la Dra. Valeria M. Di Maggio Maccallini para su debida oportunidad (art. 51 del Dec. ley 8904/77).
Con el alcance señalado, voto a la primera cuestión planteada por la afirmativa.
La señora Juez doctora Sardo, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la primera cuestión planteada también por la afirmativa. A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1.a. El magistrado de grado reguló en su pronunciamiento de fs. 252/259 los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora –Dra. Valeria M. Di Maggio Maccallini- en la suma de pesos OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 816,37) con más el adicional de ley, dejando aclarado que tomaba como base regulatoria el monto de la demanda rechazada ($ 5.442,50) en la escala del 15% del arancel (conf. arts. 15, 16, 21, 22, 23 segunda parte, 44 inc. “a” del Dec. ley 8904/77).
b. A fs. 291 se presentó la Dra. Valeria M. Di Maggio Maccallini y, actuando en representación de su mandante, dedujo recurso de apelación contra la regulación de estipendios contenida en la sentencia de fs. 252/259 por considerarlos elevados.
II. En el contexto antes reseñado, la respuesta afirmativa se impone.
Es que, a tenor de la solución propuesta al responder el primer interrogante planteado -en la que se dejan sin efecto los honorarios regulados en el pronunciamiento de grado y se supedita su correcta estimación a las resultas de la liquidación que, oportunamente, habrá de practicarse en la instancia de origen (art. 51 del dec. ley 8.904)-, no cabe sino concluir que el tratamiento del embate dirigido a cuestionar el monto de los honorarios regulados a fs. 252/259 –hoy revocados-, por considerarlos altos, ha devenido abstracto (cfr. doct. esta Cámara en la causa A-1637-BB0 “Fernández”, sent. de 23-II-2010).
Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (cfr. doct. causas Ac. 82.248, sent. de 23-IV-2003; Ac. 85.553, sent. de 31-III-2004, entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, donde el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. B. 61.703, sent. de 14-II- 2000; esta Alzada en las causas A-524-DO0 “Porretti”, sent. de 22-IV-2008; V-359-AZ1 “Tur”, sent. del 11-IX-2008; A-1314- MP0 “Norando”, sent. de 5-V-2009; M-512-BB1 “Institución Salesiana San Francisco Javier”, sent. de 27-VIII-2009 y C- 1346-MP1 “Gregoraschuk”, res. de 11-XI-2009). Y es ese interés el que juzgo desaparecido en la especie a tenor de lo dispuesto respecto de los emolumentos regulados en la instancia al dar respuesta a la primera cuestión que se planteara en el presente Acuerdo (cfr. doct. esta Cámara causas A-1806-AZ0 “Sosa Borderes”, sent. de 13-V-2010 y C- 2174-DO1 “Manolitsis”, sent. del 29-V-2012).
III. Prestando atención, entonces, a la advertencia inveterada de la casación provincial, he de proponer a mis colegas declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación articulado por el actor a fs. 291 (cfr. argto. doct. esta Cámara causas A-1235-MP0 “Club Atlético Peñarol”, sent. de 8–I-2009).
Voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa. La señora Juez doctora Sardo, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli no suscribe la presente sentencia por hallarse en uso de licencia.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger el recurso de apelación articulado por la parte actora a fs. 267/270, revocar el pronunciamiento de grado de fs. 252/259 en cuanto ha sido materia de agravio y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. Luis Jorge Colángelo, condenando a la Municipalidad de Tandil a abonarle la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 5.442,50), con más los intereses a calcularse desde el día 28-08-2006 y hasta su efectivo pago, liquidados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días vigente en los distintos períodos de aplicación (doct. S.C.B.A. causa B. 58.220 “Butti”, sent. del 27-XII-2006). El importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, deberá abonarse dentro de los sesenta (60) días de quedar aquélla firme (art. 163 Const. pcial.).
2. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.).
3. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación articulado por el accionante a fs. 291, contra la regulación de honorarios practicada en la causa a favor de la Dra. Valeria M. Di Maggio Maccallini (cfr. doct. cit.).
4. Difiérese la regulación de honorarios por las labores ante esta alzada para su oportunidad (art. 51 del Dec. ley 8904/77).
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría, devuélvanse las actuaciones al juzgado de origen. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Adriana M. Sardo – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia