Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Con Asiento en San Nicolás
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- 1º Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar el decisorio apelado, por los fundamentos expuestos y en cuanto ha sido materia de agravio; - 2º Imponer las costas de Primera Instancia en el orden causado; - 3° Imponer las costas de esta Alzada a la parte demandada (artículo 68 CPCC); - 4º Volver los autos al Acuerdo para la regulación de honorarios por las tareas ante esta Alzada.
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los 5 días del mes de julio de 2012, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, integrada por los Dres. Cristina Yolanda Valdez, Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger, se reúne en Acuerdo Ordinario para dictar sentencia definitiva en los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VAZQUEZ LUIS ANGEL Y OTRO/A S/ APREMIO PROVINCIAL“, en trámite bajo el nº 1398-2012.
Según el sorteo efectuado se estableció el siguiente orden de votación: Dres. Marcelo José Schreginger, Cristina Yolanda Valdez y Damián Nicolás Cebey.
I. A fs. 8/8 vta. el Fisco interpone demanda de ejecución fiscal contra Luis Ángel Vázquez por la suma de Pesos Once Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con Noventa y Nueve Centavos ($11.442,99) en concepto de Impuesto Inmobiliario.
II. A fs. 24/27 vta. el demandado opone excepción de de inhabilidad de título.
III. A fs. 45/45 vta. se presenta un escrito suscripto por los demandados (con patrocinio letrado) y el letrado de la actora, en el cual dejan constancia que ARBA autoriza el desistimiento del juicio de apremio, acuerdan que las costas sean por su orden, y peticionan que no se regulen honorarios a la letrada del Fisco y hacen saber que la letrada patrocinante de la ejecutada ha percibido los honorarios, glosando constancias de Ingresos Brutos y aportes previsionales por el monto respectivo.
IV. A fs. 60 la apoderada fiscal acompaña los mandamientos diligenciados, el oficio de medida cautelar y la resolución autorizando el desistimiento.
V. A fs. 61 la a quo, previo a resolver, dispone que: "...atento los términos de la presentación de fs. 45/46, teniendo en cuenta el régimen legal imperante en materia de costas y la diversidad con el acordado en el instrumento señalado, cítese al ejecutado a ratificar la firma inserta en dicho acuerdo por el término de cinco (5) días hábiles".
VI. A fs. 65 obra acta dejando constancia de: "Siendo las 11:50 hs. comparece ante éste Juzgado la Sra.Vazzano Rosa Milena, L.C. 2.022.710 y la Dra. Estela Mariel Gambini, T°I F°473 CAZC, abogada patrocinante a los fines de ratificar el acuerdo de pago oportunamente presentado ( fs.45/46), en cumplimiento del Art. 23 de la ley 13406. A tal fin y, toda vez que la ley impone las costas a quien desiste del proceso (art.73 C.P.C.C.), se da lectura de la presentación a fin de que ratifique o rectifique la misma. Acto seguido manifiesta que rectifica el punto III y solicita que sea el Fisco el encargado de soportar las costas del proceso. No siendo para más se dá por finalizado el presente acto, firmando los comparecientes previa lectura y ratificación por ante mí, que doy fe.-"
VII. A fs. 66 obra acta en la que se consigna: "Siendo las 12:00 hs. comparece ante éste Juzgado el Sr.Vázquez Luis Ángel, DNI:4.717.415 y la Dra. Estela Mariel Gambini, T°I F°473 CAZC, abogada patrocinante a los fines de ratificar el acuerdo de pago oportunamente presentado ( fs.45/46), en cumplimiento del Art. 23 de la ley 13406. A tal fin y, toda vez que la ley impone las costas a quien desiste del proceso (art.73 C.P.C.C.), se da lectura de la presentación a fin de que ratifique o rectifique la misma. Acto seguido manifiesta que rectifica el punto III y desea que las costas del proceso sean soportadas por el fisco. No siendo para más se dá por finalizado el presente acto, firmando los comparecientes previa lectura y ratificación por ante mí, que doy fe.-"
VIII. A fs. 70/72 la a quo dicta resolución.
Luego de describir los antecedentes del caso, observa que -si bien, mediante la presentación de fs. 45/46 la apoderada del ejecutante y los ejecutados solicitan la imposición de costas por su orden invocando un acuerdo en tal sentido- entiende que ha quedado expresado en dicha presentación que la forma de terminación del proceso fue por el instituto del desistimiento del proceso en los términos del artículo 304 del C.P.C.C., por lo que tiene por desistido el proceso incoado por la actora.
Respecto de las costas aplicables, compara la presentación conjunta en la que los ejecutados habrían aceptado que las costas fueran impuestas por su orden, con las manifestaciones de dicha parte por la que habrían desdicho lo expuesto en oportunidad de ratificar el acuerdo suscripto en sede judicial (fs. 65 y 66). Con base en ello, la a quo soslaya la manifestación de fs. 45/46 y, ante la falta de ratificación, expresa ajustarse estrictamente al régimen aplicable ante el desistimiento del proceso. En consecuencia, con cita del artículo 25 segundo párrafo de la de la Ley n° 13406 -que establece la aplicación supletoria del C.P.C.C. para todas las situaciones no previstas en la ley- impone costas a cargo del desistente (artículo 73 del CPCC).
IX. A fs. 81/82 el Fisco interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio, agraviándose por la imposición de costas a su parte. Funda su cuestionamiento a la decisión de grado por cuanto considera que fueron impuestas innecesariamente por el desistimiento del proceso, cuando éste ha sido acordado con imposición de costas por su orden.
Destaca que, conforme lo acordado por las partes, surge que se han oblado el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y aportes previsionales y que cada parte le paga a su abogado; que, no habiendo normativa específica, las partes se presentaron expresando lo acordado en el expediente judicial. Señala que la Jueza de Grado se excede con la resolución que (expdte. n° 1275/2011, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Difermo Mirta Noemí s/ Apremio Provincial") o también en sentencia del 21 de mayo de 2012 (expdte. n°1345/2012, "Fisco PBA C/ Romero, Luis Alberto s/ Apremio"), cabe destacar -en forma liminar- que la cuestión a resolver pareciera centrarse en la apelación del Fisco por la imposición de costas a su cargo; aunque, en realidad, la temática a analizar se vincula con la naturaleza y los efectos del acuerdo extrajudicial de fs. 49 y el modo en que culmina resolviendo la a quo.
En las presentes actuaciones, está acreditado que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires solicitó la ejecución de la contribuyente demandada; que ésta se excepcionó; que luego el organismo recaudador autorizó el desistimiento y las partes efectuaron una presentación conjunta ante la a quo.
Debo señalar que -en autos- no estamos ante un debate vinculado con el sujeto que debe cargar las costas ante el desistimiento, sino ante una situación diferente, vinculada con el valor y los efectos que deben tener las presentaciones conjuntas (presentando acuerdos de partes) y la posibilidad de no ratificar lo acordado de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley n° 13406.
Cabe indicar que, salvo que mediaren razones de orden público (que se invoquen y acrediten), las partes -en el tema de costas- tienen amplia libertad para disponerlas.
“Teniendo en cuenta que en el escrito de presentación conjunta, las partes muy claramente dejaron establecido que las costas totales del proceso, en calidad de litisexpensas serían a cargo del esposo; y que la auto regulación final en lo atinente a quien ha de soportar las costas, es una consecuencia del principio dispositivo y del campo operativo de la autonomía de la voluntad, no cabe prescindir del referido acuerdo a los fines de la imposición de las costas (art. 1197, C. Civil; art. 73 ‘in fine’, C.P.C.C.)”; [CC0203 LP, A 41380 RSD-18-91 S 26-2-1991, Juez Pereyra Muñoz (SD); “F., J. M. y otra s/ Divorcio vincular por mutuo”, Mag. Votantes: Pereyra Muñoz - Pera Ocampo].
Y, en un caso asimilable al de autos: “Al haber las partes arribado a un acuerdo en orden al presente proceso, las costas de él derivadas, salvo estipulación expresa de las mismas -que en el caso no existió- deben imponerse por disposición de la ley, en el orden causado (arts. 1197 ’a contrario’ del Cód. Civil; 73 y su doct. del CPCC.)”, [CC0002 SM 34569 RSD- 346-93 S 7-9-1993, Juez Occhiuzzi (SD), “Burlatto, Jorge c/ Samilian, Elisa y ot. s/ Escrituración”, Mag. Votantes: Occhiuzzi - Cabanas – Mares]. Para el caso de desistimiento, el principio general consiste en: “Conforme la segunda parte del art. 73 del CPCC., si el juicio terminase por desistimiento, las costas deben ser soportadas por quien desiste. Este precepto sin embargo y de acuerdo a la norma citada, reconoce excepciones tales como los cambios de legislación o jurisprudencia y el acuerdo de partes en contrario. Supuestos a los que debe añadirse, en el marco del régimen general de costas estatuido por el ordenamiento procesal vigente, la concurrencia de circunstancias objetivas muy fundadas que tornen manifiestamente injusta la aplicación de aquél principio, cuya ponderación el rito autoriza en cada caso al juzgador (segunda parte del art. 68 del CPCC.)”, [CC0002 SM 54039 RSD-476-3 S 6-11-2003, Juez Scarpati (SD), “Consorcio de Propietarios COFAVI VI c/ Dos Santos, Carlos Borromeo s/ Ejecución de pagaré”, Mag. Votantes: Scarpati, Mares, Occhiuzzi], dejando aclarado que el subrayado y negrita me pertenecen. Resulta claro, entonces, que: “Tal como dispone el art. 73 del ritual, en su último párrafo, las partes pueden -en caso de conciliación, transacción y desistimiento- acordar libremente las costas, y no estando comprometido el órden público, corresponde atenerse al convenio celebrado (art. 19 C.N.; art. 1197 C.C.)”; [CC0101 LP 211462 RSD-76-92 S 23-4-1992, Juez Ennis (SD), “G. de S., F. E. c/ R. G. de S., S. I. s/ Divorcio vincular”, Mag. votantes: Ennis, Tenreyro Anaya].
Ahora bien, en autos nos encontramos con un particular modo de tramitación, ya que -en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley n° 13406- la a quo citó a la accionada para que ratificara lo pactado; ésta compareció y ratificó la firma, aunque mutó de la posición que había asumido, y peticionó que las costas fueran a la actora; lo que seguidamente la a quo admitió.
En autos, en consecuencia, advierto que se ha presentado un acuerdo interpartes, y con patrocinio letrado, en el cual se previó que las costas sean impuestas en el orden causado; va de suyo que, cumplida la condición (desistimiento actoral) debía aplicarse el acuerdo respecto de las costas; empero, ello así no fue resuelto, por cuanto se citó a la demandada a ratificar firma del acuerdo, lo que realizó; pero añadió una manifestación (respecto de las costas) que implicó una modificación a lo pactado; y seguidamente se pasó a resolver, admitiéndose parcialmente lo acordado por las partes en la oportunidad de presentarse conjuntamente a fs. 45/ 45 vta..
La Suprema Corte Provincial (con fecha 08/11/2000, causa L.
72.987, “Centurión, Clara contra Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional”) señaló: "Es así que asiste razón al apelante cuando expresa que el tribunal a quo según su actuar desgranó el acuerdo transaccional, al homologar parcialmente el mismo en lo sustancial y tratar el tema regulatorio de los honorarios del mismo en un decisorio posterior, lo que lo hace incurrir en franca violación al art. 834 del Código Civil el cual impide que las diferentes cláusulas que componen la transacción puedan ser divididas.- Consecuentemente, si en la sentencia de fs. 337/338 se homologó el acuerdo de fs. 330 y vta., la misma es comprensiva de la integralidad del instrumento, incluso lo pactado por las partes respecto a la carga y modo de pago de las costas conforme a lo normado por los arts. 833 y 1197 del Código Civil, aplicables también a la especie".
Esto es, en vez de estarse a lo primeramente acordado, se aceptó la manifestación unilateral de la demandada respecto de uno de los temas incorporados expresamente a fs. 45/45 vta. Ahora bien, y evocando: “Dispone claramente el art. 73 del CPC, que en el desistimiento, las costas serán a cargo de quien lo formula, salvo cuando tal actitud respondiera exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia, no dándose en el presente ninguno de tales supuestos. Surge aquí que la actora desistió de la acción deducida contra el demandado, pidiendo se le impusieran costas por su orden y que esta última a su vez, prestó conformidad con dicho desistimiento excepto en lo relativo a las costas, solicitado les fueran impuestas a la contraria. Ello así, no contando la recurrente con la conformidad de la contraparte sino por el contrario con su expresa oposición, la imposición de costas que le efectuara la sentenciante de grado a consecuencia de su desistimiento resulta ajustada a derecho y debe ser confirmada, atento a no tratarse de ninguna de las excepciones contempladas por el art. 73 del CPC que excluyan la aplicación del principio general subyacente de atribuir las costas al vencido que prevé el art. 68 del mismo ordenamiento.”, [CC0001 QL 6918 RSD-79-4 S 30-6-2004, Juez Celesia (SD), “Carranza, Diego c/ Mareco, Guillermina s/ Daños y perjuicios”, Mag. Votantes: Busteros-Celesia-Señaris].
La cuestión, entonces, queda centrada -en este momento del análisis- en la posibilidad de la demandada de modificar su primera presentación (de fs. 45/ 45 vta.), mutando el modo de imposición de costas - de suscribir que fueran en el orden causado, a peticionar se impongan a la actora-.
Cabe señalar que, en autos, la solución que adoptemos debe ser también ponderada desde otra arista, por cuanto se relaciona con un modo anormal de terminación del proceso (desistimiento), el cual -en tanto tal-, una vez producido por el desistente y aceptado por la contraria (cuando ha mediado traslado de la acción y traba de litis), impide tanto su continuación como la promoción de una nueva; y con la singularidad que -como en autosse pactó que las costas serían por su orden.
De aceptarse el cambio de actitud o de manifestación de voluntad de uno de los firmantes (en el caso, la ejecutada), como la condición ya estaba cumplida (desistimiento presentado y aceptado), acuerdos similares al presente podrían dejar de formularse.
Sostengo lo anterior por cuanto, al presentarse un acuerdo -y pese a lo en él pactado, por ejemplo, en cuanto a las costas, como en autos- y mantenerse un decisorio de grado como el que estamos analizando, el desistente no tendría garantías suficientes que lo lleven a desistir, dejando el pacto de ser tal, o requiriendo de una suerte de condiciones recíprocas, contemporáneas y confluyentes de cumplimiento; lo que también alentaría la continuidad de procesos aún a sabiendas de la futura derrota, por cuanto sería indistinta su prosecución (aún con la posibilidad de culminar cargando con las costas), en tanto también podría tener que soportar las costas aún pactándolas por su orden, desistiendo, para luego quedar a la espera que la contraparte por sí modifique, o no, el acuerdo.
Acotando que, como antes refiriera, no aparece invocada ni acreditada la existencia de razones de orden público, en una materia disponible, como son las costas; y que, fundamentalmente, fue consentida por la contraparte en una presentación conjunta.
Cabe notar que, en el caso, no resultaba imprescindible para homologar lo acordado la citación a la demandada [quien actuara con patrocinio letrado al momento de suscribir el acuerdo de fs. 45/ 45 vta.] para “ratificar la firma”, por cuanto el supuesto que lo requiere es otro, cuando el acuerdo extrajudicial (que verse sobre lo señalado en el artículo 23 de la Ley n° 13.406) fuese presentado por el apoderado actoral, y no cuando lo realizan ambas partes, de modo conjunto, y máxime cuando la demandada comparece con patrocinio letrado.
Ahora bien, aún cuando se decidiera -como se hizo- la citación para “ratificar la firma”, la ejecutada tenía vedada la posibilidad de avanzar modificando el acuerdo.
Afirmo lo anterior por cuanto las costas constituyen materia disponible para las partes, y así lo había plasmado en la presentación conjunta y con patrocinio letrado; es más, surge evidente -tal disponibilidaddel segundo párrafo del artículo 73 del CPCC, aplicable por la remisión que manda el artículo 25 de la Ley n° 13.406.
Claro está, y en tanto el desistimiento ya había sido presentado y aceptado (itero, el cual operaba como la condición que, cumplida, generaba el disponible acuerdo de costas por su orden), la demandada se desdijo de lo pactado en la presentación conjunta de fs. 45 y con patrocinio letrado. No encuentro justo, por lo que vengo señalando, que debamos mantener lo resuelto por la a quo, y propugno se revoque el decisorio, imponiendo las costas de Primera Instancia, en el orden causado, atento lo plasmado a fs. 45/ 45 vta. por las partes en su presentación conjunta y actuando la accionada con patrocinio letrado; y las de la Alzada, a la ejecutada, que resulta vencida (artículos 68 CPCC y 25 Ley n° 13.406). Atento que la apelación de la parte actora solicitando la regulación de los honorarios de su parte en el mínimo legal lo fue en subsidio -para el caso en que se confirmara la resolución apelada-, atendiendo al resultado que postulo, no corresponde su tratamiento.
ASÍ VOTO.
La Dra. Valdez dijo: - Por coincidir con los razonamientos expresados, adhiero a la opinión del Dr. Schreginger. ASÍ LO VOTO.
El Juez Dr. Cebey dijo: - Que, por similares consideraciones que las expresadas por el Dr. Schreginger, VOTO en igual sentido.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara RESUELVE: - 1º Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar el decisorio apelado, por los fundamentos expuestos y en cuanto ha sido materia de agravio; - 2º Imponer las costas de Primera Instancia en el orden causado; - 3° Imponer las costas de esta Alzada a la parte demandada (artículo 68 CPCC); - 4º Volver los autos al Acuerdo para la regulación de honorarios por las tareas ante esta Alzada.
Regístrese y notifíquese por Secretaría.
MARCELO JOSÉ SCHREGINGER CRISTINA YOLANDA VALDEZ DAMIÁN NICOLÁS CEBEY ANTE MÍ:
Fin de la sentencia