Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Con Asiento en San Nicolás
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada; - 2º Revocar la resolución apelada por las razones expuestas en los considerandos; - 3º Imponer costas de ambas instancia por su orden (artículo 51 CCA).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (artículo 51, decreto ley n° 8904/77).
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a 1 día del mes de junio de 2012, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, integrada por los Dres. Cristina Yolanda Valdez (quien se encuentra en uso de licencia), Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger, se reúne en Acuerdo Extraordinario para dictar sentencia definitiva en los autos "GOROSITO HECTOR EDUARDOC/ MUNICIPALIDAD DE LINCOLN S/PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO“, en trámite bajo el nº 1324-2012.
Según el sorteo efectuado se estableció el siguiente orden de votación: Dres. Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger.
I. Con fecha 1° de diciembre de 2011 se expide el Sr. Juez de Grado respecto de la admisibilidad formal de la pretensión interpuesta, la que define como "acción de restablecimiento de derecho con accesoria indemnizatoria, contra los decretos municipales nros. 580/11 y 1706/10". Recuerda los antecedentes de autos; refiriendo que el actor -tras la notificación del Decreto n° 580/11- el día 19 de mayo de 2011 solicitó la extracción de fotocopias sin que la Comuna demandada se pronunciara al respecto, configurándose -según la parte- el silencio del artículo 18 inciso a CCA.
Explica, con relación a las constancias obrantes, que -por Decreto n° 1307/10- el actor fue designado por la Municipalidad de Lincoln como personal temporario mensualizado para la Delegación de Martinez de Hoz (función de regador); que fue dispuesta su baja en tal designación, y que le habría sido notificada en presencia de los testigos Marcelo Itati y Pablo Savoohez, con fecha 17 de agosto del mismo año. Expone que el día 9 de marzo de 2011 el actor envía telegrama a la demandada, el cual resulta objeto de un dictamen por parte de la Subsecretaría Legal y Técnica y motivando, a su vez, al acto administrativo de la Comuna n° 580/11, que fuera notificado al -hoyactor con fecha 16 de marzo de 2011.
Explica que, con motivo del telegrama referido, la demandada trató expresamente los agravios de Gorosito, tal como si fuera un remedio recursivo, y decidió ratificar en todos sus términos lo resuelto en el acto administrativo n° 1706/10.
Considera que, de tal manera, la Administración ha dispensado - en esa oportunidad- de la carga de recurrir en tiempo hábil, puesto que ha valorado la conducta de Gorosito, para reconducirla como recurso, y se ha referido motivadamente a sus argumentos, sin imponer el rechazo liso y llano por no haber sido deducida en tiempo oportuno.
En consecuencia, entiende que -si la Administración, pese al vencimiento de los plazos, trató al telegrama como remedio recursivo- tal actitud informalista no puede ahora ser desconocida, ya que la regla in dubio pro actione -resalta-, como principio rector en la materia contencioso administrativa, implica que -en materia de impugnación de actos administrativos, y estando en juego la posibilidad de acceso a la justicia- deban preservarse los derechos del administrado, interpretando en su favor las dudas que hubiere respecto al consentimiento de las resoluciones que lo agravian (con cita de SCBA, fallos: B 59260 S 3-12- 2003, SCBA B 59399 S 20-6-2007, entre otros).
Concluye que, desde la notificación del acto administravo n° 580/11 [que agota la vía -notificado el día 16 de marzo de 2011-] hasta el momento en que fuera deducida la acción -el día 19 de septiembre de 2011-, dados los días inhábiles establecidos por la SCBA en los Acuerdos n° 222/11, 230/11, 241/11, 257/11, 266/11, 267/11 y 268/11) no había operado el plazo que fija el artículo 18 CCA.
Por ello, declara la pretensión interpuesta como formalmente admisible.
II. Recurso de Apelación A fs. 121 se presenta la demandada e interpone recurso de apelación contra la decisión que antecede, manifestando los agravios que se sintetizan.
Cuestiona que el sentenciante considerase que el telegrama colacionado (que se agrega a fs. 2 de las actuaciones administrativas) revista el carácter de un recurso administrativo en contra de algún acto dictado por la Municipalidad, no identificado.
Agrega a ello que, en su caso, tal impugnación recursiva, fue interpuesta siete (7) meses después, fuera de los plazos legales que para este tipo de recursos prevé la normativa vigente, invocando la Ley n° 11.757 y la ordenanza general n° 267.
Entiende que informalismo no significa anarquía recursiva, en el sentido que cualquier manifestación de voluntad del administrado, más allá de la presunción pro actione que se le pretenda dar, implique un recurso, sin que éste deba reunir algún requisito formal o sustancial. En conclusión, sostiene que no existe una clara voluntad del actor de impugnar el Decreto n° 1706/10 que dispuso su baja como empleado municipal, con referencia al telegrama remitido, en el cual nunca se nombró tal acto administrativo.
Por otra parte, plantea que se configura falta de legitimación activa recursiva de la contraparte, no correspondiendo que se le otorgue (a la presentación ya aludida) entidad recursiva, cuando el demandante carece de legitimación para recurrir, ya que, desde el día 11/8/2010, se encontraba fuera de la planta de personal de la Municipalidad de Lincoln. También indica que le causa agravio que el a quo, mediando un criterio subjetivo, pueda deducir que la Administración Comunal ha dispensado a la actor la carga de recurrir en tiempo hábil y que el mismo Estado haya valorado alguna conducta del mismo, reconduciendo como Recurso la presentación de fs. 2, a partir del dictamen de fs. 12/13, y del Decreto n° 580/11 (refiriendo a las fs. 14/16).
Entiende que -aún en el caso hipotético que la documental resultara un recurso administrativo- carece del requisito esencial de contener y manifestar de manera clara la voluntad de disconformarse con algún acto o hecho administrativo, en tiempo oportuno.
Resalta que la demanda ha sido promovida fuera de plazo, excediéndose el término que exige el artículo 18 CCA, ya que -entre el 17/8/2010 al 19/9/2011- existe un lapso que excede los noventa (90) días exigido por esa norma.
Requiere se haga lugar a su pedido de inadmisibilidad de la pretensión, con costas a la actora.
III. Contestación del memorial deducida, con costas.
V. La Comuna da cuenta del procedimiento (presentado mediante el escrito de fs. 90), acompañando copia del expediente administrativo n° 4065-0026/11, (fs. 60 y ss), comenzadas el 11/03/11 [aclarando que la numeración entre paréntesis corresponde a las del procedimiento]: - 1. fs. 61 (fs. 1), con fecha 10/3/11 la Subsecretaría Legal y Técnica remite el telegrama enviado por el ahora actor Gorosito; - 2. fs. 62 (fs. 2) obra copia del telegrama (con matasellos del 9/3/11) enviado por Gorosito al Municipio; en síntesis, allí señala que reclamó tareas al Delegado de Martínez de Hoz, que recibió negativas verbales e inmotivadas, que se considera empleado municipal; y que intimaba tanto la reincorporación como los salarios caídos; también dejaba constancia que no fue intimado ni notificado fehacientemente de sanción, apertura de sumario y que no tuvo derecho a descargo; y denunciaba persecución y discriminación; - 3. fs. 63 (fs. 3), con fecha 11/3/11 se remite el reclamo a la Subsecretaría Legal y Técnica para que emitiera dictamen; - 4. fs. 64 (fs. 4) obra copia del Decreto n° 1307/10 (de fecha 29/6/2010), en cuyo artículo 1 se indica la nómina que se designaba como Personal Temporario Mensualizado (con invocación de los artículos 12 inciso a, 92 y 98 del EPM), entre los cuales figura el actor de autos; - 5. fs. 69 (fs. 9) obra un Memorando remitido por el Delegado Municipal a Oficina Personal, en el que señala “a partir del día de hoy dejo sin empleo a… por faltas reiteradas, por no cumplir órdenes, por irse a la casa sin permiso en horario de trabajo y por llevarse una garrafa llena del corralón y negársela al Delegado” y, al pié, en manuscrita, figura: “recibido 9/8/10" y una firma, cuya aclaración indica "Héctor R.
Gorosito - 16.192.503”; - 6. fs. 70 (fs. 10) obra copia del Decreto n° 1706/10, por el cual el Departamento Ejecutivo dispone la baja del ahora actor, a partir del 06/08/2010, tomando en consideración el aludido Memorando; - 7. fs. 71 (fs. 11) obra cédula (fecha de libramiento del 12/8/10 y firmada por Director General de Personal); - 8. fs. 72 (sin numeración, coligiéndose que sería la fs. 12 vta.), obra una notificación del aludido Decreto [interviniendo y firmando el Delegado Municipal y dos (2) testigos, sin firma Gorosito], practicada el 17 de agosto de 2010 en “Calle Manuel García”; - 9. fs. 73 (fs. 12), obra el dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica (fechado el 11/3/11), en el cual repasa el tipo de vínculo que la Comuna mantenía con Gorosito, alude al Memorandum y al Decreto n° 1706/10, plantea la mendacidad de Gorosito por afirmar que no ha existido acto administrativo, cuando -en realidad- existe, y fue notificado: “no habiendo sido impugnado, en tiempo y forma, adquiriendo, por ende, la firmeza jurídica consecuente” (fs. 74); prosigue, rechazando que el actor Gorosito no estuviera enterado de las imputaciones, en tanto firmó el Memorandum y las consintió; y sostiene que debe rechazarse el reclamo enviado mediante el telegrama, correspondiendo también ratificar el Decreto n° 1706/10; - 10. fs. 77 (fs. 14), con fecha 14/3/11 se emite el Decreto n° 580/11, el cual contiene una reseña -de similar tenor a lo expresado en el dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica-, y expresándose: “tal acto administrativo fue debidamente notificado, a través de Cédula, encontrándose firme y consentido, en razón de ho haber sido impugnado de manera temporánea" (fs. 14 in fine), prosiguiendo con atribuir mendacidad del ahora actor (fs. 15) y concluyendo en el rechazo del telegrama y en la ratifica del Decreto 580/11; - 11. fs. 80 (fs. 17); se encuentra una Carta Documento remitida por el Apoderado Comunal (y a cargo de la Subsecretaría Legal y Técnica) al ahora actor (fechada el 15/3/11 y con matasellos del 16/3/11) por el cual le comunica el rechaza del telegrama, indicando: “niego que mi mandante deba emitir acto administrativo alguno, más allá de los dictados y notificados a Ud. hasta el momento” y también expresando: “siempre tuvo la posibilidad de interponer los Recursos Administrativos correspondientes, tanto respecto del Memorandum del 06/02/2010, como del Decreto N° 1706/2010 y nunca ejerció tal prerrogativa, con lo cual, mal puede a esta altura pretender impugnar actos administrativos que se encuentren firmes y consentidos”; - 12. fs. 81/84 (fs. 18/19) obra la notificación del Decreto n° 580/11, con fecha 16/3/11, en el domicilio de "Rivadavia y 12 de Octubre", y con firma de Gorosito; - 13. fs. 86/87 (fs. 21) obra una cédula en la que se transcribe el contenido de la Carta Documento antes aludida (suscripta por la Subsecretaría Legal y Técnica), diligenciada con fecha 28/3/11 en “planta urbana” de Martínez de Hoz, y firmada por el actor.
VI. Otra documental obrante en autos Del repaso de las actuaciones procesales, también tenemos (además de originales y/o copias de las piezas aludidas en el apartado anterior) una nota del actor, ingresada en el Municipio demandado con fecha 19/05/2011, en la cual solicita la entrega de "la documentación citada infra (...) conforme fuere así puesto de manifiesto en las únicas dos cédulas fechadas el 15 de marzo de 2011 y 21 de marzo de 2011 (...) y ello a fin de tener certeza respecto a mi situación jurídica"; la copia de la documentación era el memorandum "supuestamente firmado por el suscripto", el Decreto n° 1706/2010, y "la supuesta notificación del decreto municipal n° 1706/2010".
VII. Lo expresado en la pretensión actoral y su ampliación A fs. 29/48 obra el escrito actoral en el que postula sus pretensiones.
En el apartado "2.- OBJETO..." señala que pretende la "Anulación por ilegitimidad del decreto municipal n° 580/11", la "Anulación por ilegitimidad del decreto municipal n° 1706/06, a consecuencia del anterior"; pide también el "Restablecimiento en el mismo cargo y función", el "reconocimiento de la antigüedad en el empleo...", el "reconocimiento del derecho a estabilidad en el vínculo de empleo público...", la "Indemnización por daño moral (...)", la "indemnización por salarios caídos (...)" y las "Diferencias salariales por antigüedad no abonada...".
En el apartado "4.- ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN" (fs. 29 vta.) se explaya el apoderado actoral respecto de los fundamentos sobre dicha temática.
Comienza por señalar que habría quedado agotada la vía con el vencimiento del plazo para que el Municipio hiciera entrega de la documentación requerida el 19/05/2011; empero, añade que el uso del potencial se debe a que, a todo evento, "...el plazo de caducidad en realidad aún no comenzó. Ello ocurrirá una vez que mi mandante tenga en su poder todos los antecedentes del decreto 1706/10..." y cita fallo. Corrido que fue el traslado de la documentación acompañada por la Comuna (fs. 91), el apoderado actoral lo contesta, ampliando demanda.
Expone (fs. 92 y vta.) sus cuestionamientos a la conducta comunal, señalando que ha sido motivada con "la intencionalidad manifiesta de: 1) pretender documentar ciertos hechos que son a todas luces falsos, mentirosos, (...) y ) asimismo pretende atribuirle cierta entidad jurídica para conseguir luego la finalidad buscada, o sea la desvinculación de Gorosito".
Prosigue su responde, negando que el Delegado Municipal "hubiere anoticiado del contenido de tal memorandum a mi patrocinado, o que el mismo se hubiere notificado, consentido o reconocido en manera alguna tales imputaciones; asimismo, niego, rechazo y desconozco por falso que el delegado se hubiere presentado personalmente en el domicilio de Gorosito o entrevistado en alguna manera notificándole su baja como empleado público dando lectura de la supuesta cédula (...), que le entregase un ejemplar de igual tenor, y que Gorosito se hubiere negado a firmar tal comunicación y que todo lo cual pasare en presencia de dos testigos" (fs. 92 vta.).
VIII. Pretensión de la Comuna A fs. 116 el apoderado comunal solicita se declare la Inadmisibilidad de la Pretensión, por haber sido interpuesta fuera del plazo legal.
Con citas de fallos, e invocación del artículo 18 del CCA, sostiene que la pretensión indemnizatoria, y la anulatoria, se dirigen contra el Decreto n° 1706/10, que "fue debidamente notificado a través de la Cédula que obra a fs. 11 y vta., encontrándose (...), al momento del inicio de la demanda, firme y consentido, pues no fue impugnado por Recurso Administrativo alguno" (fs. 116 vta.), continuando con una breve reseña de lo actuado. También se opone a la admisibilidad para el supuesto que el plazo de caducidad se contase desde la notificación del Decreto n° 580/11 (fs. 117).
Expone que las notificaciones al actor, en sede administrativa, se realizaron de conformidad con el decreto ley n° 7647/70.
Itera que, al momento de interponerse la pretensión contencioso administrativa, el plazo legal se encontraba vencido (fs. 118).
IX. Expuestos los antecedentes de la causa, la Cámara estableció la siguiente cuestión a resolver: - ¿Es ajustada a derecho la decisión apelada?
A la cuestión, el Juez Dr. Cebey dijo: - A. Considero que en autos, y en ello coinciden el recurrente y el Juez de Grado, lo procedimental detenta importancia central, puesto que -según se interprete y pondere las actuaciones ante la Comuna- se estaría sellando la suerte del recurso y, ergo, de la admisibilidad de la pretensión actoral.
B. En el caso en examen, el Municipio sostiene que se ha presentado la demanda una vez vencido el plazo previsto en el artículo 18 del CCA, puesto que considera -aún previendo dos (2) supuestosque el cómputo comienza o bien con la notificación del Decreto n° 1706/10 (por el cual el Departamento Ejecutivo dispuso la baja del ahora actor como empleado municipal, quien venía revistando en el Plantel Temporario mensualizado, según los términos del último Decreto de designación), o bien [y a modo eventual, según se desprende de su planteo de fs. 117, apartado I)] con la notificación del Decreto n° 580/11 (por el cual el Intendente Municipal rechaza el reclamo que instrumentara el actor mediante Telegrama Ley n° 23.789).
C. El a quo, en cambio, considera que el cómputo debe principiar tras la notificación del Decreto n° 580/11 (añadiendo las suspensiones de plazos dispuestas por la SCBA), y en virtud de la conducta procedimental de la Comuna.
Efectivamente, el Juez de Grado ha ponderado que el Municipio “trató expresamente los agravios de Gorosito como si fuera un remedio recursivo, y decidió ratificar en todos sus términos lo resuelto en el acto administrativo nro. 1706/10” (fs. 119 vta.), prosiguiendo: “De esta manera, no puedo ignorar que la Administración ha dispensado en esta oportunidad de la carga de recurrir en tiempo hábil, puesto que ha valorado la conducta de Gorosito para reconducirla como recurso y se ha referido motivadamente a sus argumentos, sin imponer el rechazo liso y llano por ho haber sido deducida en tiempo oportuno”; concluyendo: “Y esta actitud de la Administración, encuentra su respaldo en doctrina del más alto Tribunal Provincial, en cuanto afirma que ‘Si bien es cierto que la aplicación del principio de formalismo moderado reconoce limitaciones, particularmente en materia recursiva (cg. Art. 74 de la OG 267/80) resulta incuestionable que cuando se trata de ponderar la voluntad de controvertir la decisión administrativa por parte del destinatario de sus efectos, parece razonable abrir paso a la dispensa formal, en vez de favorecer el temperamento más riguroso’ (SCBA B 56695, 17-12-2003)”.
Por ello, sostiene: “Ésa fue, sin duda, la conducta asumida por la Administración. En razón de ello, ahora, se encuentra imposibilitada de controvertir sus propios actos….”.
Continúa el Juez de grado: “En consecuencia, si la Administración pese al vencimiento de los plazos trató al telegrama como recurso, esta válida actitud gobernada por el principio informalista no puede ahora ser desconocida…”.
D. Iterada la reseña, debo señalar que considero procedente el recurso comunal, por lo que expondré seguidamente.
El argumental medular del a quo es que el Municipio, ante la intimación epistolar de Gorosito, dispensó el plazo ya vencido y que el ahora actor hubo tenido para recurrir el Decreto n° 1706/10, le otorgó al reclamo un tratamiento recursivo y lo desestimó, pero sin proceder al rechazo liso y llano por extemporáneo.
La Comuna sostiene, por el contrario, que el rechazo (materializado por el Decreto n° 508/11) fue del reclamo, mas no de un recurso.
El actor, a la hora de responder el escrito apelatorio, se dedica a cuestionar (en esta oportunidad, in extenso) la notificación del Decreto n° 1706/10.
De lo que vengo resumiendo, va surgiendo que el análisis del Juez de grado se ciñe a la dispensa del plazo para recurrir, la que -a su vez- la extrae de su interpretación de la conducta procedimental de la Comuna, y no dedicándole demasiada ponderación a lo actuado previamente en el procedimiento, sobre todo si la compara con el posterior planteo actoral.
De modo liminar, considero que el reclamo de Gorosito (mediante Telegrama Ley n° 23.789) no es, propiamente, un recurso administrativo, en tanto no solamente se desprende que se basa en una suerte de incertidumbre respecto de su situación de empleo, sino que no se dirige a cuestionar, en mayor o menor medida, un acto administrativo, o alguna decisión de la Comuna; máxime el tenor de los términos de la misiva con matasellos del 09/03/11 [ver su resumen en Antecedentes, apartado V. 2., refiriendo a fs. 62 de autos (fs. 2 del expediente administrativo)].
Disiento con el criterio de la anterior instancia, por cuanto -en los considerandos del Decreto n° 580/11, por el cual la Comuna rechaza los reclamos del ahora actor- se evidencia que el Intendente Municipal (en consonancia con la Subsecretaría Legal y Técnica, en su dictamen previo) sostuvo que el acto administrativo por el cual se diera la baja del agente (el Decreto n° 176/10) había sido notificado, y se encontraba firme y consentido, sin que se hubiera interpuesto recurso administrativo alguno en su contra.
Itero, no encuentro extremos -en el Decreto n° 580/11- que permitan entender que el reclamo de Gorosito fuera tomado como un recurso, que la Administración le hubiere asignado tal significado. Para que así lo hubiere entendido el Municipio, debió haberse dictaminado y resuelto, vgr., del modo que refieren los antecedentes en la causa B. 57.167, "Lemos, María Angélica contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa", del 12 de agosto de 2009, de la SCBA; esto es, “Precisa que, transcurridos casi dos años desde que dicho acto fue puesto en conocimiento de la accionante, ésta se presentó pidiendo la adecuación de la prestación conforme el mejor cargo desempeñado -aquello que había sido objeto de decisión en la resolución precedente-; ante lo cual, el organismo demandado interpretó que se trataba de un recurso de revocatoria y resolvió desestimarlo por considerarlo extemporáneo”.
Cabe resaltar que la misiva de Gorosito desplegó una serie de reclamaciones, pero que permiten concluir sobre la ausencia de intención de la reclamante de controvertir los fundamentos del acto por el cual se dispuso su baja.
Evoco lo decidido por la SCBA, en sentencia del 29 de octubre de 1991 en la causa B. 52.955 caratulada “Salas, Osvaldo Aníbal contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Demanda contencioso administrativa”, en donde se expresó: - “Si bien es cierto que en el procedimiento administrativo rige el principio del ‘formalismo moderado’ que en pro de la verdad material y de la legalidad objetiva permite salvar los defectos en que puedan incurrir los administrados (conc. entre muchas, doct causas B. 48.387 en D.J.B.A., t. 120, p.185; B. 47.969, D.J.B.A., t 123, p. 273; B. 48.137, D.J.B.A., t. 126, p. 249; B. 49.007, ‘Córdoba Iramain’, sent. 29XI88), el mismo no puede constituirse en un principio desnaturalizador e irrestricto que, contrariando su propia finalidad autorice a los interesados a desconocer las formas esenciales del procedimiento, máxime en el ámbito específico de los recursos en tanto implican un medio de impugnación de los actos para obtener su revocación y, eventualmente, habilitar la revisión judicial (conf. causas B. 48.137, B. 49.007 cit.; B. 52.395 ‘Merlo’, 12XII89; B. 51.884, ‘Corvalán’, 26III91).
Las consideraciones precedentes tornan aplicable al caso la doctrina del Tribunal que expresa que la interposición fuera de término de los recursos ante la autoridad de la que emanó el acto impugnado hace que éste adquiera firmeza en la espera que le es propia y resulte irrevisible en consecuencia en esta instancia (doct art. 14, C.P.C.A.; ‘Acuerdos y Sentencias’, 1969-191; 1974III828 y 941; causa B. 47.676, en D.J.B.A., t. 109, p. 31; B. 48.194, ‘Lacunza’, res. 7VIII79; B. 48.514, en D.J.B.A., t. 121, p. 230; B. 48.936, ‘Grillo’, 7IX82; B. 49.315, ‘Litardo’, 30VI87; B. 48.837, ‘Issell de Falto’, 6XII88; B. 52.083, ‘Haramboure’, res. 15VIII89; B. 51.463, ‘Pennino’, 28VIII90 -entre muchas-); doctrina que se inspira en los principios que rigen la materia y que son recogidos en las normas generales (en el caso dec. ley 7647), que acuerdan al plazo para la interposición de los recursos el carácter de forma ineludible cuyo vencimiento produce el efecto de irrevisibilidad y firmeza al que he aludido (conc. doct. cit.; Fiorini, Bartolomé: ‘Derecho Administrativo’, t. II - p. 518; Estola, Héctor: ‘Tratado General de Procedimiento Administrativo’, p. 210/211.
Esta conclusión no resulta enervada por el tratamiento dado al recurso por los organismos legales que dictaminaron con anterioridad al acto denegatorio del mismo. Ello toda vez que el aludido análisis se efectuó sobre la base de lo dispuesto por el art. 74 del dec. ley 7647 - circunstancia que, obviamente significó reconocer la extemporaneidad del recurso intentado- pero la resolución administrativa en modo alguno analizó o decidió el fondo de la cuestión sobre dicha base sino que se limitó a declarar su improcedencia por extemporáneo, de modo que no puede generar el derecho a replantear la cuestión en esta instancia”. Tampoco encuentro que se hubiesen configurado elementos fácticos o jurídicos que permitan disminuir el temperamento que surge del fallo citado respecto de los plazos procedimentales y la vía recursiva en dicha sede.
Ahora bien, creo hallar los motivos por los cuales la Comuna se expide, a las reclamaciones epistolares del actor, de un modo “excesivo” en sus fundamentos (ponderando lo que expresa el a quo en el decisorio en crisis); si el Municipio hubiese entendido que Gorosito interponía un “recurso administrativo”, le habría bastado con expresarse del modo que surge en el dictamen y en el acto, esto es, indicando -en el articulado resolutorio- la frase que estuviere en consonancia con los considerandos, en los que se plasmó que Gorosito “siempre tuvo la posibilidad de interponer los Recursos Administrativos correspondientes, tanto respecto del Memorandum del 06/02/2010, como del Decreto N° 1706/2010 y nunca ejerció tal prerrogativa, con lo cual, mal puede a esta altura pretender impugnar actos administrativos que se encuentren firmes y consentidos”.
La extensión y las temáticas del dictamen -y del acto emitido por el Departamento Ejecutivo- evidencian que se respondía a las reclamaciones expuestas por Gorosito en su Telegrama Ley n° 23.789, y no a un recurso administrativo (o a una presentación que, con base en el informalismo moderado, era considerada como tal). Cabe añadir que, de haberse circunscripto la Comuna a proceder al rechazo del reclamo, con base exclusivamente en que resultaba extemporáneo, otra serie de cuestiones habrían quedado, en cierto modo, sin ponderar (más allá que tuviesen algún grado de vinculación o nexo con la relación de empleo público).
Una arista que estimo también debemos ponderar es lo relativo al Decreto n° 1706/10, a su notificación, y a la conducta procedimental y procesal de la actora, puesto que, en autos, ha venido pretendiendo la anulación de dicho acto por, entre otras consideraciones, no haber contado con sus constancias, lo que derivaría en que el plazo de caducidad no habría principiado, máxime por cuanto sostiene que no resultaría válida la notificación del Decreto referido.
De modo liminar, debo señalar que no percibo razones que lleven a aniquilar la notificación realizada, ni tampoco sus efectos propios, máxime cuando los cuestionamientos expresados por Gorosito en el proceso no han apuntado -más allá de alegar- a probar lo que sostiene respecto de la invalidez del acto notificatorio, a lo que se añade la ausencia de un despliegue -en sede procedimental- acorde con lo que posteriormente comenzó a expresar.
Esa actitud impide que podamos avanzar hacia su antecedente, el Decreto n° 1706/11; y por ello, también queda disminuida la argumentación actoral vinculada con no haber recibido las copias reclamadas ante la Comuna, en tanto -una vez agregadas las actuaciones en el proceso- tampoco desplegó suficientemente las razones (que aparecen al contestar el memorial de la apelante) ni peticionó o promovió una actividad probatoria tendiente a aniquilar la validez de la notificación.
A modo de síntesis de lo que vengo exponiendo, no comparto que la Comuna dispensara el plazo vencido para recurrir (ni que tampoco diere tratamiento de recurso administrativo a las reclamaciones de la epístola de Gorosito) ni que -por ende- la Administración se haya colocado en posición de analizar nuevamente la situación (ya consolidada en su esfera a la época del Telegrama n° 23.789), y que, haciéndolo, se inclinara por rechazar un pedimento anulatorio del Decreto n° 1706/10.
Por ende, considero que debemos hacer lugar al recurso comunal y revocar el decisorio atacado, decidiendo -por ende- admitir el planteo de inadmisibilidad de la acción contencioso administrativa interpuesta por la Municipalidad de Lincoln.
ASÍ VOTO.
El Juez Dr. Schreginger dijo: - Que, por similares consideraciones que las expresadas por el Dr. Cebey, VOTO en igual sentido.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara Resuelve:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada; - 2º Revocar la resolución apelada por las razones expuestas en los considerandos; - 3º Imponer costas de ambas instancia por su orden (artículo 51 CCA).
4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (artículo 51, decreto ley n° 8904/77).
Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvanse.
DAMIÁN NICOLÁS CEBEY MARCELO JOSÉ SCHREGINGER ANTE MÍ:
Fin de la sentencia