Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 6428
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación articulado a fs. 391/401 por la parte demandada. En consecuencia, corresponde revocar el pronunciamiento de fs. 371/378 y disponer el íntegro rechazo de la demanda articulada a fs. 155/166 por Sabrina Belén Montiel y Facundo Nicolás Montiel contra la Municipalidad de Necochea. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora por su objetiva condición de vencida en el pleito (cfr. art. 51 del CPCA -t. según ley 14.437-).
2Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 380/385 por Sabrina Belén Montiel y Facundo Nicolás Montiel.
3Diferir la regulación de honorarios de alzada para su oportunidad [arts. 31 y 51 del decreto ley 8904/77].
En la ciudad de Mar del Plata, a los 12 días del mes de julio del año dos mil dieciséis reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C- 6428-NE1 “MONTIEL SABRINA BELEN Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA s. PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Necochea hizo lugar parcialmente a la demanda articulada por Sabrina Belén Montiel y Facundo Nicolás Montiel y condenó a la Municipalidad de Necochea a abonar a los actores en concepto de daño moral la cantidad de $ 200.000 -a distribuir en partes iguales para cada uno de los accionantes- con más intereses a liquidarse de conformidad con la tasa pasiva digital que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días. Impuso las costas a la vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Declarada la admisibilidad formal de los recursos de apelación interpuestos por la Comuna demandada a fs. 391/401 –replicado por la accionante a fs. 409/415- y por la parte actora a fs. 380/385 –replicado por la accionada a fs. 402/407-, y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. auto de fs. 425 pto. 3] –providencia que se encuentra firmecorresponde plantear la siguiente
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Necochea a fs. 391/401?
En caso afirmativo, 2. ¿Corresponde declarar abstracto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 380/385? A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. A fs. 371/378 y fs. 386 el a quo dictó sentencia acogiendo –con el alcance indicado en los antecedentes del fallo- la demanda articulada por Sabrina Belén Montiel y Facundo Nicolás Montiel.
Liminarmente, expuso la necesidad de determinar la mecánica del hecho dañoso que diera lugar al reclamo indemnizatorio efectuado por los hijos de Elsa Brígida García. En tal tarea, con apoyatura en las constancias de la IPP N° 11-00-002575-08 “Elsa Garcia s/ averiguación de causales de muerte” (causa penal que culminara con el archivo de las actuaciones) y los testimonios vertidos en autos verificó que: (i) con fecha 21-04-2008 la Sra. García es internada en el Hospital Municipal José Irurzun de la ciudad de Quequén en razón de una descompensación arterial y hemiplejía, que reducía su movilidad; (ii) entre las 3:00 hs. y las 3:15 hs. de la madrugada del día 30-04-2008, gritos provenientes de la pieza en la que se encontraba internada la Sra. García dieron cuenta de la existencia de un incendio; (iii) con intervención de personal del nosocomio y de los bomberos se produjo la extinción del incendio; (iv) como consecuencia del incendio la Sra. García sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo y se la trasladó al Hospital Ferreyra de la ciudad de Necochea, nosocomio en el que falleció de un paro cardiorespiratorio traumático como consecuencia de las quemaduras.
Precisado lo anterior, se adentró a examinar el deber de resarcir atribuido a la Municipalidad de Necochea recordando –con apoyatura en citas de las Cortes Federal y local- que la responsabilidad estatal quedaba comprometida cuando no se cumplía u observaba de modo regular la prestación del servicio comprometido.
Asimismo, y encuadrando el asunto desde el mirador de la responsabilidad extracontractual, agregó que en materia de salud el Estado posee la obligación de mantener en condiciones adecuadas de servicio a los establecimientos públicos lo que incluye no solo la observancia de las reglas del arte médica en la ejecución del tratamiento médico sino además “…la obligación o deber de seguridad de que el paciente no sufrirá daños durante su estadía en el nosocomio…”.
Dicho ello, verificó que el informe de Bomberos elaborado en la I.P.P. permitía constatar que: (i) la habitación en la que fuera internada la Sra. Garcia era de 3 x 2 metros, sin baño y con un ventanal al fondo; (ii) el siniestro se origina en la zona media – superior de la cama detectándose la existencia de un encendedor carbonizado color verde; (iii) el fuego pudo ser iniciado por el uso del encendedor, su estallido y/o la incandescencia de un elemento tal como un cigarrillo; (iv) el contacto del fuego con un colchón de poliuretano fue el origen del siniestro. A lo anterior agregó que ninguna de las constancias de la causa permitía inferir que la Sra. García tuviera “…antecedentes de intento de suicidio…” o que hubiera manifestado durante su estadía en el nosocomio intención de quitarse la vida, por lo cual cabía presumir que el incendio no había sido intencional o causado para ocasionar su propia muerte.
Por el contrario, observa el juzgador que en poder de la paciente y adentro de la habitación existía un elemento peligroso (encendedor) lo que patentiza la falta de diligencia de las autoridades del establecimiento en controlar el ingreso de esa clase de instrumentos, falencia que se agrava a poco que se verifica que el material del colchón era de poliuretano de alta inflamabilidad.
Con todo entonces, concluyó que el fallecimiento de la Sra. García lo fue como consecuencia de la omisión de las autoridades hospitalarias en resguardar la integridad y seguridad de la paciente, circunstancia que patentiza una falta de regularidad de la actuación por parte del Hospital municipal con entidad suficiente para comprometer la responsabilidad estatal.
Determinado entonces el deber de resarcir del Municipio se adentró a verificar la configuración del perjuicio moral y su cuantificación. En tal tarea, precisó que la naturaleza del suceso autorizaba a tenerlo por configurado respecto de los coaccionantes quienes, en su condición de hijos de la Sra. Garcia, han visto afectadas su esfera de tranquilidad personal. En lo atinente a su cuantificación, recordó que para fijar el quantum no existían fórmulas matemáticas y que, en definitiva, su determinación quedaba sujeta al razonable arbitrio judicial. Siguiendo tales pautas, fijó en concepto de daño moral para Sabrina Belén Montiel la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), y para Facundo Nicolás Montiel la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00); todo ello con más los intereses que surjan de aplicar la tasa pasiva digital que pague en sus depósitos a 30 días el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
2. Contra el citado pronunciamiento se alza el Municipio de Necochea a fs. 391/401.
En primer término postula que los actores –hijos de la Sra. García- han incumplido con las más elementales normas de humanidad, solidaridad y asistencia familiar, desentendiéndose de la suerte de su madre durante la internación. Entiende que sólo los familiares de la Sra. García pudieron haberle proveído los cigarrillos y el encendedor. Y esa conducta desplegada a espaldas de las autoridades del hospital no puede comprometer el deber estatal de resarcir pues fue realizada de modo tal de no ser descubierta a pesar de “…los cuidados y precauciones del personal del Hospital…”.
Explica que si los actores consideraban que la madre estaba mal atendida, bien pudieron haberla trasladado a otro centro de salud o, en su caso, “…se hubiesen quedado por las noches a dormir con su progenitora…”, evitando así el suceso. Con todo entonces, solicita se exima de toda responsabilidad a la Comuna en tanto la exclusiva causa del suceso ha sido la propia conducta de la Sra. García y la de sus hijos quienes –por un lado- han omitido acompañar a su madre y –por el otro- le han proveído los cigarrillos y el encendedor con el que se causara, a espaldas de las autoridades, el siniestro. A todo evento, solicita que se otorgue a las mentadas conductas el carácter de concausa y con una incidencia en la generación del suceso como mínimo “… mayor al noventa por ciento …”.
Asimismo, agrega que el magistrado de grado se confunde al exigir del Hospital Municipal prestaciones propias de un nosocomio privado de altísima "performance" y elevado costo al paciente y que también desenfoca al desconocer que el hospital público solo se dedica a clínica general y no a psiquiatría. En suma, entiende que no ha existido irregular o defectuosa prestación del servicio pues, tratándose de un hospital municipal mal podría exigírsele que hubiera desplegado medidas sólo exigibles a nosocomios especializados en psiquiatría.
Seguidamente, pone en crisis el segmento de fallo de grado que tiene por acreditado el perjuicio moral y su cuantificación. En su crítica arguye que el a quo se ha desentendido de las constancias de autos, en particular la pericia psicológica y de la que se desprende que Sabrina Belén Montiel ha padecido una vida de enfermedades – alcoholismo, drogadicción, tabaquismo- que desde el año 1988 le han generado la necesidad de tratamientos psicológicos. Asimismo, expone que la actora ha sufrido el fallecimiento de su concubino y padre de su hijo meses después de la muerte de la madre por lo que probablemente esta última circunstancia sea la causa de sus afecciones.
En cuanto al restante actor [Facundo Nicolás Montiel] expuso que el informe pericial daba cuenta de una afectación depresiva leve. Tal poquedad de la alteración en la psiquis del actor, sumada a la imposibilidad de conocer si el padecimiento psicológico lo fue por la muerte de la madre o del esposo de su hermana, resta entidad al juicio del inferior, máxime cuando Facundo no tenía relación con su madre a quien no visitó durante su estadía en el hospital municipal. En suma, entiende que “…resulta palmaria la falta de daño psicológico en el actor…”.
Ad eventum, solicita la reducción de las sumas cuantificadas en concepto de daño moral a valores razonables. En otro segmento de su crítica, se alza contra el alcance de la condena en costas que porta el fallo de grado arguyendo que deben ser soportadas por los actores “…en virtud de existir eximentes de responsabilidad: Culpa de la víctima…”. Es que, asevera, la conducta de la Sra. García ha configurado un suicidio premeditado o como mínimo un proceder imprudente. Para el caso que el mentado argumento no conmueva a este Tribunal y se mantenga la condena dispuesta en el grado solicita se tenga en cuenta que la demanda sólo ha prosperado parcialmente, lo que autoriza a imponer las costas en el orden causado.
Finalmente, se queja del segmento del fallo de grado que manda a practicar liquidación aplicando la tasa pasiva digital que aplica el Banco oficial en sus operaciones a treinta días. Explica que con su proceder el a quo se ha apartado de la doctrina legal vigente en la materia y que dispone que los intereses sean liquidados de conformidad con la tasa pasiva tradicional.
3. A fs. 409/415 la parte actora materializa su crítica solicitando el íntegro rechazo de los agravios vertidos por su contraria.
II. El recurso prospera.
Tal lo que se desprende de la reseña precedentemente efectuada, la cuestión que debe ser resuelta liminarmente por este Tribunal consiste en determinar si, en el caso de marras, se encuentra –o no- comprometida la responsabilidad extracontractual del Estado por la defectuosa prestación del servicio de salud que asume brindar un nosocomio público, a la luz del factor de atribución contemplado en el art. 1112 del Código Civil [t.a]. Y ante todo, debo señalar que recurriré a tal codificación y a la jurisprudencia que de ella se ha acuñado en la materia, en tanto tal era la ley vigente al tiempo en que se configuró la supuesta ilicitud cuyos daños son objeto de reparación en el presente proceso [cfr. doct. S.C.B.A. causa A. 70.603 “Rolón”, sent. de 28-X- 2015; esta Cámara causa C-6180-MP1 “Huknik”, sent. de 23-II- 2016].
1. Siendo tal el núcleo del asunto a dirimir, es del caso recordar que corresponde al Estado organizar la prestación del servicio de salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, garantizando a la sociedad el acceso al hospital público y gratuito en general. Tal obligación [con anclaje en la cláusula constitucional contenida en el art. 36 inc. 8 del texto magno provincial] importa poner en práctica un servicio que, aunque si bien no se halla dirigido a garantizar el resultado satisfactorio de la práctica galénica en particular (cfr. doct. S.C.B.A. causa 84.616, “Novoa”, sent. de 3-III-2004), compromete la obligación de llevar a cabo medidas dirigidas a preservar la integridad física del enfermo, evitando accidentes o daños en sus intereses que sean producto de todas aquellas conductas ajenas al alea natural de la prestación, que también integran el complejo vínculo a través del cual se brinda el servicio público, como precondición adecuada para el cumplimiento del fin en función del cual ha sido establecido (cfr. doct.
S.C.B.A. causa C. 97.827 “Leiva”, sent. de 9-VI-2010). En ese contexto, y desde el mirador de la genérica obligación del Estado en materia de salud, corresponde rememorar aquella doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se sostiene que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare por incumplimiento o su ejecución irregular (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 182:5; 307:821; 315:1892; 317:1921; 322:1393), ello con sustento –claro está- en la idea objetiva de falta de servicio (cfr. C.S.J.N. Fallos 306:2030). En idéntico lineamiento, la doctrina del Cimero Tribunal provincial permite aseverar que los establecimientos públicos de salud se encuentran obligados constitucionalmente a organizar el servicio de salud y frente a una deficiencia en el funcionamiento, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función y no a la actuación del profesional o dependiente (argto. doct.
S.C.B.A. causa Ac. 82.843 “A., O. D.”, sent. de 30-III-2005). De tal modo, si el servicio no funcionó, lo hizo mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad estatal frente a una situación objetiva de falta o deficiente servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 79.514 “Castillo”, sent. de 13-VIII- 2004; Ac. 86.949 “Blasco”, sent. de 8-IX-2004; Ac. 86.304 "Alba", sent. de 27-X-2004).
Debe quedar claro, además, que esa obligación tácita de seguridad de naturaleza objetiva que asume el nosocomio público puede referirse a obligaciones de medios o de resultados, según se trate de responsabilidad por actos puramente médicos realizados por su personal profesional, en el primer caso, o si el perjuicio emana de actos extraños a la praxis (cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 77.588 "Sánchez" sent. de 19-II-2002; C. 100.800 "C. d. S.", sent. de 15-IV- 2009; C. 101.294 "R., A. V.", sent. de 15-IV-2009). Así, junto con el deber principal de prestar asistencia médica se erige la genérica obligación de garantizar al paciente que no sufrirá daños con motivo de su atención (argto. cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 111.812 “Molleker de Balsamello”, sent. de 27-VI-2012).
Empero, la pretensión de ser indemnizado por falta de servicio imputable al Estado requiere dar acabado cumplimiento a la carga procesal de individualizar cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular, sin que baste al efecto hacer mera referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 310:2467; 315:2397; 325:798), como en punto a su ilegitimidad (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 317:1233). En definitiva, y como recaudos de orden genérico para la viabilidad del reclamo indemnizatorio invocado con sustento en la irregular prestación del servicio, es carga de quien acciona demostrar (i) la existencia de un daño actual y cierto; (ii) la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio y; (iii) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al órgano estatal (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 318:77; 319:2824; 321:1776; 323:2973; 324:1243).
Además, para que pueda acreditarse la anomalía o irregularidad de la prestación se requiere un juicio, examen o apreciación en concreto que tome en cuenta, la naturaleza del servicio, los medios de que éste dispone, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 321:1174). En consecuencia, el factor de atribución genérico –falta de servicio- deberá ser examinado en función de los elementos antes mencionados, mediante los que será posible aplicar en el caso concreto aquella regla general (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 330:563).
2.1. Delimitada entonces la plataforma doctrinal a partir de la cual habré de materializar el juicio de responsabilidad requerido a este Tribunal, estimo necesario efectuar –sin perjuicio de los mayores ahondamientos que realizaré en los parágrafos siguientes- un breve reseña de las posturas que fueron expuestas por las partes intervinientes en autos tanto al articular la demanda como al materializar su contestación. Veamos:
2.1.1. La parte actora atribuye al Municipio –en su condición de titular del hospital- responsabilidad por el fallecimiento de la Sra. Elsa García ocurrido el 30-04-2008 como consecuencia de las quemaduras en el cuerpo que sufriera en ocasión del incendio que desatara en el hospital público municipal “José Irurzun” mientras se encontraba allí internada. Arguyen los accionantes en su escrito liminar obrante a fs. 155/166 que: (i) con fecha 21-04-2008 la Sra. García ingresa al hospital municipal a fin de ser atendida “…como consecuencia de una traumatismo de tórax y una urgencia hipertensiva…”, disponiéndose su internación para tratamiento y posterior recuperación, asignándosele la habitación n° 3, en el sector de cirugía; (ii) la Sra. García había sufrido un accidente cerebrovascular y necesitaba una tratamiento clínico tendiente a estabilizar la presión arterial para luego iniciar la recuperación física; (iii) la Sra. García se encontraba con un cuadro psiquiátrico estabilizado –por lo que se decide su internación en el hospital municipal- y que tenía antecedentes de tabaquismo, etilismo crónico, epilepsia y depresión; (iv) el día 30-04- 2008, siendo las 3:20 horas se produjo un incendio en la habitación n° 3 que es sofocado con intervención de personal del hospital, policial y de bomberos; (v) trasladada la Sra. García al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, se produce su fallecimiento siendo las 5:30 hs. del día 30-04-2008. En tal contexto fáctico, los accionantes atribuyen responsabilidad al Municipio en tanto titular del centro médico asistencial denunciando “…la falta de vigilancia adecuada de la paciente por parte de los dependientes del municipio demandado, el descuido y la negligencia del personal en este sentido, el no haber tomado los recaudos necesarios a su condición psiquiátrica ni realizado los controles correspondientes…” (v. pto. VII. Responsabilidad de la accionada, escrito de demanda, fs. 161 vta, 2° párrafo).
2.2. La Comuna accionada, en ocasión de contestar la demanda articula su defensa arguyendo que su actuación fue en un todo acorde con las exigencias propias del servicio y que la exclusiva causa del suceso ha sido la conducta de la Sra. García quien, “…o bien por el deliberado y expreso designio suicida…” o, en su caso, por ejecutar “…una conducta irreflexiva y negligente…” (v. fs. 183, 1° párrafo) procedió a iniciar el fuego utilizando un encendedor o un elemento en estado de incandescencia (tal como un cigarrillo). En apoyatura de su parecer, transcribe la pericia efectuada en la IPP N° 11-00-002575-08 caratulada “Averiguación de causales de muerte – García Fernández Elsa”, de trámite por ante la UFI N° 2 del Depto. Judicial Necochea.
2.3. En su pronunciamiento de fs. 371/378 el a quo –con apoyatura en el informe de Bomberos elaborado en la I.P.P. N° 11-00-002575-08 tuvo por acreditado que: (i) la habitación en la que fuera internada la Sra. García era de 3 x 2 metros, sin baño y con un ventanal al fondo; (ii) el siniestro se origina en la zona media–superior de la cama detectándose la existencia de un encendedor carbonizado color verde; (iii) el fuego pudo ser iniciado por el uso del encendedor, su estallido y/o la incandescencia de un elemento tal como un cigarrillo; (iv) el contacto del fuego con un colchón de poliuretano fue el origen del siniestro.
Asimismo, descartó que la Sra. García tuviera “…antecedentes de intento de suicidio…” o que hubiera manifestado durante su estadía en el nosocomio la intención de quitarse la vida, por lo cual cabía presumir que el incendio no había sido intencional.
En ese contexto, y ponderando que adentro de la habitación y en poder de la Sra. García existía un elemento peligroso (encendedor) con entidad para ocasionar el hecho dañoso, consideró acreditado el incumplimiento, inobservancia o falta de diligencia de las autoridades del establecimiento en controlar el ingreso de esa clase de instrumentos, falencia que –agregó- se agrava en el caso de marras a poco que se verifica que el material del colchón era de poliuretano de alta inflamabilidad.
Por tales motivos, concluyó que la muerte de la madre de los accionantes había ocurrido como consecuencia de la omisión de las autoridades hospitalarias en resguardar la integridad y seguridad de la paciente, extremo que patentiza una falta de regularidad de la actuación por parte del Hospital municipal.
3. Con ello en mira, tengo por indubitado que la responsabilidad que se le endilga a la Municipalidad de Necochea parte de afirmar –en palabras de la propia parte actora y en el esquema argumental del a quo- que el nosocomio público municipal, pese a las particulares circunstancias de salud que afectaban a la paciente García, habría omitido cumplir con el “deber de vigilancia” que le venía impuesto y que, de haberse realizado “controles adecuados”, el siniestro que a la postre le produjo extensas quemaduras a la occisa, se hubiera evitado.
Siendo tal la imputación atribuida al Municipio, es necesario ponderar el cúmulo de antecedentes probatorios que obran en autos y de los que extraigo:
3.1. Informe de Bomberos elaborado en la I.P.P. del que se desprende (v. fs. 48/52):
(i) Descripción y ubicación del lugar: “…la habitación en cuestión se halla ubicada en el lateral izquierdo del pasillo … cuyas dimensiones oscilan entre 3 metros de largo por 2,5 metros de ancho, sin baño, con un ventanal en su fondo. En su interior sobre el lado izquierdo se observa una cama de una plaza metálica con restos de colchón, frazadas y sábanas carbonizadas, una silla de madera, una mesa de luz metálica de un cajón y dos estantes que en su parte superior se hallan varios recipientes de gaseosas, agua, shampoo y crema y uno que contiene agua de colonia … en el fondo de la habitación se observa un tubo de oxígeno medicinal color blanco, con su correspondiente válvula, manguera y mascarilla y por último de frente a la cama se encuentra una pequeña mesa donde se observa sobre la misma almohadas, un bolso de ropa y elementos varios…”.
(ii) Afectación del foco ígneo: “…Se puede constatar que el foco ígneo afectó en su totalidad la parte superior de la cama produciéndose por la gran temperatura el resentimiento de los materiales metálicos de la misma, carbonización de una colchón de poliuretano, frazadas y sábanas, derretimiento de recipientes plásticos ubicados sobre la mesa de luz y parte del cableado de la instalación eléctrica por la alta temperatura reinante, carbonización total de las puertas y ventanas con sus respectivos marcos…”.
(iii) Origen y causas del fuego: “…En este punto se trata de establecer el sector donde se originara el foco ígneo y tratar de determinar las causales que dieran inicio al mismo. En cuanto a este caso se procede a examinar diversos elementos que nos puedan acercar a la veracidad de los instantes previos al desarrollo total del incendio, pudiéndose determinar que el siniestro se origina en la zona media – superior de la cama y que procediendo a la remoción de los restos carbonizados del colchón, frazadas y sábanas se constata en la parte media de la misma la existencia de un encendedor carbonizado color verde … que inspeccionando otros indicios que pudieran orientar las causales del incendio, observamos que no se hallan elementos cercanos a la cama como de electricidad, ni tampoco elementos de calefacción a gas u otra índole que presumieran la posibilidad de que el inicio de la combustión se ocasione a raíz de uno de esos artefactos en contacto con elementos de fácil combustión como los descriptos anteriormente, siendo por lo expuesto que en lo que respecta a las causales que dieran origen al presente hecho se establece que el mismo se circunscribe en la parte superior de la cama, mencionándose la hipótesis de la aplicación directa de un elemento de llama abierta como el encendedor o posible estallido del mismo o de un elemento en estado de incandescencia como un cigarrillo, y que en contacto directo con un colchón de poliuretano dio origen al siniestro que nos ocupa, generándose por la combustión de este material un denso humo con generación de ácido cianhídrico. También es de mencionar con respecto al agua de colonia … que la misma se hallaba correctamente tapada y depositada sobre la mesa de luz, pudiendo existir presumiblemente la posibilidad de que este líquido hubiera sido utilizado como un tipo de acelerante, no determinándose la graduación alcohólica del mismo y que en contacto con una llama abierta en forma premeditada o accidental se hubiera ocasionado el inicio del proceso de combustión…”.
3.2. Testimonios prestados en la I.P.P. y en estos autos:
3.2.1. Declaración efectuada a fs. 300/302 por Benita Teresa García, profesional médica pediatra, dependiente de la Municipalidad accionada y hermana de la Sra. Elsa García. De sus dichos se desprende que: (i) fue quien solicitó la internación de su hermana; (ii) el motivo de la internación fue la hipertensión arterial descompensada; (iii) la finalidad de la internación era que se compensara la hipertensión para luego realizar la recuperación de la hemiplejía; (iv) la patología de base de la fallecida era hipertensión arterial descompensada, hemiplejía secundaria, alcoholismo, drogadependencia y epilepsia secundaria a la droga-dependencia; (v) no recuerda la medicación que tomaba su hermana, identificando genéricamente antihipertensivos y antidepresivos; (vi) la paciente no tenía acompañante permanente y que durante la tarde del día 29-04-2008 la hija de Elsa García había ido de visita al nosocomio y la encontró bien y; (vii) si bien nunca encontró a Elsa García fumando durante la internación sabía que su hermana “…tenía los cigarrillos y se los tiré, eso fue el primer día de internación, juntos con el encendedor…” y que desconocía quien le había llevado luego los cigarrillos.
3.2.2. Declaración efectuada en la I.P.P. por Natalia Andrea Benítez –auxiliar de enfermería-. De sus dichos se desprende que: (i) la Sra. García había ingresado al nosocomio por un cuadro de traumatismo de tórax y por hipertensión … pudiendo recordar que la medicación que tomaba era una tranquilizante, más precisamente clonazepan; (ii) que la paciente por lo general se encontraba sola, recibiendo visitas de su hija y de una persona de sexo femenino que dice desconocer y; (iii) el día 29-04-2008 vio a la hija de la Sra. García ingresando a la habitación en la que se alojaba su madre con dos bolsas (v. fs. 115/116).
3.2.3. Declaración efectuada en la I.P.P. por María Florencia Bonazza -enfermera universitaria-. De sus dichos se desprende que: (i) la Sra. García había ingresado al nosocomio por un cuadro de traumatismo de tórax cerrado y por hipertensión y que la medicación que tomaba eran antidepresivos y anticonvulsionantes; (ii) el día 28-04-2008 toma conocimiento que la enfermera del turno de la mañana – Sra. Estela Rodríguez-, percatándose que la Sra. García tenía en su poder un encendedor y un atado de cigarrillos, había procedido a retirar tales elementos y; (iii) el día 29-04- 2008 se le acercó la hija de la Sra. Elsa García quien le pregunta si su madre podía fumar informándosele que ello se encontraba prohibido dentro del nosocomio (v. fs. 117/118).
3.2.4. Declaración efectuada en la I.P.P. por Patricia Silvina González –mucama-. De sus dichos se desprende que: (i) el día 29-04-2008, pudo ver a la hija de Elsa García que ingresaba con dos bolsas de supermercado concurriendo al sector de la habitación de su madre (v. fs. 119/120).
3.2.5. Declaración efectuada por Nancy Liliana Monge – enfermera- a fs. 127/128 de la I.P.P. y a fs. 277/279 de la presente causa. De sus dichos se desprende que: (i) la Sra. Elsa García tomaba medicación psiquiátrica y era muy fumadora; (ii) existe una prohibición de fumar dentro del hospital y cada quince o veinte minutos las enfermeras efectuaban las recorridas del lugar para verificar las condiciones de los enfermos. Agrega que cuando se verifica la presencia de cigarrillos y encendedores se los retira inmediatamente y; (iii) alrededor de las 20 hs. del día 29- 04-2008 ingresó a la habitación de la Sra. Elsa García.
3.2.6. Declaración efectuada por Gloria Jesús Elorriaga –enfermera- a fs. 130/131 de la I.P.P. y a fs. 303/304 de este expediente. De sus dichos se desprende que: (i) el día 29-04-2008 en horario de la noche vio una mujer relativamente joven en la habitación n° 3 del hospital; (ii) durante las noches nadie se quedaba con la Sra. Elsa García; (iii) se encuentra prohibido fumar dentro del hospital y; (iv) si encuentran cigarrilos y encendedores en poder de los pacientes proceden a retirarlos y, en caso de ser posible, revisan las pertenencias de los pacientes en presencia de algún familiar.
3.2.7. Declaración efectuada por Antonio Marascio - enfermero- a fs. 134/135 de la IPP y a fs. 306/307 de este expediente. De sus dichos se desprende que: (i) que se encuentra absolutamente prohibido fumar y beber bebidas alcohólicas dentro del hospital y; (ii) la noche del suceso advirtió la presencia de una persona de sexo femenino en la habitación de la Sra. Elsa García.
3.2.8. Declaración efectuada por Miguel Ángel Bianciotti -chofer del hospital- a fs. 143/144 de la I.P.P. y a fs. 288/289 de esta causa. De sus dichos se desprende que: (i) el día 30-04-2008 fue alertado del incendio que ocurría en la habitación n° 3 del nosocomio tomando el matafuego existente en el lugar y procedió a intentar apagar el fuego. En el lugar se encontraba el Dr. Marcio y un señor de apellido Gago también con un matafuego.
3.2.9. Declaración efectuada por Edith Mabel Medina - enfermera- a fs. 146/147 de la IPP y a fs. 290/291 de esta causa. De sus dichos se desprende que: (i) en el hospital se encontraba prohibido fumar y; (ii) jamás vio a la Sra. Elsa García fumar durante la internación.
3.2.10. Declaración efectuada por Darío Eduardo Gago 275/276. De sus dichos se desprende que: (i) el día 30-04- 2008, encontrándose cumpliendo sus tareas de seguridad en el hospital fue requerido ante la presencia de un incendio en la habitación n° 3 procediendo a tomar un matafuego y sofocar el fuego; (ii) en el lugar se encontraba el ambulanciero y el doctor de guardia y que luego vino la policía y los bomberos.
4. A la luz de los principios jurisprudenciales y de los hechos relatados precedentemente adelanto que, a diferencia de lo que postula el magistrado de grado, no encuentro acreditados en autos los elementos que autorizarían a comprometer la responsabilidad del Municipio accionado en el suceso que, a la postre, desembocara en la muerte de Elsa García.
A modo de introito, remarco que la esencia del servicio público que aquí se examina exige un análisis sobre los alcances prestacionales mucho más preciso y profundo que el que se efectuara en el grado. Repárese que, como pusiera de resalto en el pto. II.1., su prestación por el Estado demanda la adopción de medidas dirigidas a preservar la integridad del enfermo, tanto en lo que se refiere a la ejecución de los actos puramente médicos como respecto de aquellos que, excediendo la actividad de los galenos y demás profesionales del servicio, se vinculan con la atención y estadía del paciente en el nosocomio. Empero, el estándar de satisfacción de ese servicio estatal -organizado en pos cumplir el mandato constitucional en materia de salud- mal podría ser acuñado a partir de la creencia de que quien ingresa para ser atendido en un nosocomio público, cuenta con una garantía absoluta de indemnidad frente a cualquier acontecimiento que ponga en jaque la seguridad de las instalaciones, especialmente cuando no puedan trazarse razonables indicios o conclusiones probatorias sobre el origen estructural de las deficiencias o sobre la presencia de desidia, descuido, negligencia, impericia en la organización, funcionamiento y mantenimiento del establecimiento hospitalario.
Todos aquellos eventos que podrían ser englobados en una especie de "falla en la organización" deben ser siempre tamizados a tenor no solo de lo razonablemente esperable para el tipo de servicio evaluado, sino también a la luz de la finalidad primordial perseguida con la prestación estatal y el marco de la interacción del propio administrado con el accionar del establecimiento público. De lo contrario, bajo el ropaje del quebrantamiento de un difuso y a la vez genérico deber de seguridad, se podrían denunciar y juzgar actuaciones u omisiones estatales como antijurídicas y dañosas echando mano a un idéntico prisma de análisis cuando, más bien, se estaría en presencia de un caleidoscopio de bienes jurídicos, fines normativos vinculados a ellos y herramientas o medios eficaces diversos para cada uno de los escenarios evaluados. Y ello es particularmente predicable en el campo del servicio público de atención médica, en el que - como cabal muestra y contrariamente a lo que el sentido común haría pensar- se ha dado un intenso debate en torno a la configuración y alcance de la responsabilidad por sucesos dañosos derivados de infecciones intrahospitalarias y su vinculación o no con el incumplimiento del deber de seguridad para con el paciente [cfr. S.C.B.A. causa C. 97.827 "Leiva", sent. de 09-VI-2010].
4.1. En el caso de marras, es un hecho indubitado que Elsa García ingresó al hospital municipal el día 21-04-2008 acompañada por familiares, deambulando con dificultad y a fin de ser tratada como consecuencia de un traumatismo en zona toráxica, una emergencia hipertensiva y hemiplejía (v. fs. 225 historia clínica; pto. V. del escrito de demanda de fs. 155/166 y testimonio de la Dra. García -hermana de la actoraa fs. 300/302). También lo es que la paciente tomaba antidepresivos y que: (i) el día 30-04-2008, alrededor de las 3:00 hs., encontrándose internada en la habitación n° 3 del nosocomio, se produjo un incendio que tuvo como foco de inicio el sector medio de la cama en la que descansaba la paciente; (ii) el informe de bomberos realizado en la IPP permite verificar que el fuego fue ocasionado por un encendedor o por un elemento incandescente (cigarrillo) y; (iii) habiéndose sofocado el incendio, y dispuesto el traslado de Elsa García a un nosocomio de mayor complejidad, horas después se produjo su fallecimiento como consecuencia de las quemaduras sufridas.
Una lineal lectura de los hechos, desentendida de los testimonios y de la pericia efectuada en la I.P.P., podría llevarnos a incurrir en el error de construir un reproche para con el servicio de salud público desde el paradigma de la integral seguridad física de la paciente. Empero, a poco que se profundiza y se reconstruye el contexto fáctico en el que se desenvolvió la vinculación de la fallecida y el establecimiento asistencial municipal, se exteriorizan diversas circunstancias que alejan la posibilidad de imputar al Municipio responsabilidad en el suceso ígneo que causara las graves quemaduras a la internada, quien luego fallece como consecuencia directa de esas lesiones.
En la faena acometida, no puede soslayarse que una de las cuestiones centrales que atañen al litigio y sobre la cual los co-accionantes hacen particular hincapié en la demanda, resulta ser la denunciada condición psiquiátrica de la paciente Elsa García, cuadro patológico que -en visión de aquellos- demandaba del hospital municipal la adopción de medidas de seguridad acordes. Un valladar se levanta, sin embargo, sobre este planteo: el ingreso y posterior internación de la occisa en el nosocomio municipal no lo fue como consecuencia de padecimientos de naturaleza psiquiátrica sino a partir de un cuadro descripto como una hemiplejia, un hematoma en el tórax y una hipertensión descompensada. Tal circunstancia no resulta de menor gravitación en la especie: aquí no puede construirse un deber de custodia y vigilancia acentuado como aquel que la Suprema Corte de Justicia provincial encontró resquebrajado en el precedente Ac. 86.304 "Alba" [sent. de 27-X-2004] frente a la prognosis formulada por el médico tratante sobre la peligrosidad del paciente psiquiátrico que protagonizara luego los sucesos evaluados en aquella causa. Menos aún podría delinearse una responsabilidad estatal con aquellas circunstancias del caso previamente identificadas, como para equiparar el deber de seguridad esperable en un establecimiento público de medicina general con aquel otro más exigente y elevado propio de los nosocomios públicos neuro-psiquiátricos, en los cuales existen altas probabilidades de que la gran mayoría de los pacientes allí ingresados se dañen a sí mismos, a terceros y/o a las cosas.
4.2. Por más que con lo anteriormente expuesto el pretenso quiebre en el deber de seguridad -del modo en que lo construyen los coactores y recepta luego el a quo- es de dudosa sustentabilidad para fundar una responsabilidad estatal por falta de servicio en la presente causa, otras probanzas me convencen aún más de cuán alejado se presenta el caso de aquellos parámetros intelectivos reseñados en los puntos precedentes.
Tengo en cuenta que los testimonios relevados en los ptos. 3.2.1., 3.2.3 y 3.2.5 del apartado II de este voto dan cuenta que la paciente Elsa García tenía antecedentes de drogadependencia, alcoholismo y tabaquismo. Con relación a esta última adicción, la testigo Monge asevera que la Sra. García era muy fumadora; en esa línea son los propios actores los que reconocen los problemas de tabaquismo de su madre en el libelo de demanda (v. pto. V. Hechos, fs. 157, 2° párrafo). A su vez, la hermana de la actora (Dra. Benita García, profesional médico dependiente del Municipio demandado) especifica que durante la estadía de su hermana en el hospital la encontró con un paquete de cigarrillos y un encendedor y que, ante tal panorama, procedió a retirárselos y tirarlos y agrega desconocer quién fue el que le "…llevó después cigarrillos…". Asimismo, la enfermera que tratara a la paciente -Sr. María Florencia Bonazza- da cuenta de haber tomado conocimiento que el día 28-04-2008 la enfermera del turno de la mañana –Sra. Estela Rodríguez- había tenido que retirar de manos de la Sra. Elsa García un encendedor y un atado de cigarrillos.
Asimismo, los testimonios relevados en los ptos. 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 y 3.2.9. del apartado II de este voto (prestados por los enfermeros Elorriaga, Marascio, Medina y Monge) me permiten constatar que en el nosocomio municipal rige la absoluta prohibición de fumar y que los rondines de control son efectuados de manera continua y permanente cada 15 o 20 minutos, procediéndose a retirar los elementos prohibidos en poder de los pacientes en caso de hallárselos y que, en casos extremos, se procede a requerir a los familiares autorización para revisar las pertenencias del paciente a fin de evitar situaciones de riesgo.
Finalmente, también son contestes los testigos en afirmar que durante la estadía en el hospital la occisa Elsa García estuvo sola -sin acompañante permanente- y que recibía esporádicamente la visita de su hija y de otra persona de sexo femenino -v. declaración relevada en el apartado II.3.2.2. de este voto-. Y con relación a las visitas de la hija de la Sra. García, la testigo Bonazza -enfermera- da cuenta que el día 29-04-2008 [esto es, en vísperas del incendio] fue consultada por la joven en cuanto a si su madre podía fumar (v. fs. 117/118).
Por último, y reconstruyendo el instante anterior a que ocurriera el suceso ígneo los testimonios se encargan de puntualizar que siendo alrededor de las 20:00 hs. del día 29- 04-2008 la hija de la Sra. García ingresó a la habitación en la que se alojaba su madre con dos bolsas (v. testimonios relevados en el pto. 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. y 3.2.7. del apartado II.).
El examen globalizador de los precedentes elementos de prueba me impiden acompañar el casi dogmático juicio del magistrado de la instancia cuando construye la responsabilidad municipal al imputarle haber omitido adoptar los recaudos necesarios para evitar el incendio. Mal podría llegarse a esa conclusión si se encuentra acreditado que: (i) los dependientes del hospital municipal efectuaban con periodicidad sus tareas de contralor a fin de materializar la prohibición de fumar dentro del hospital, (ii) en tal faena y en dos oportunidades durante la internación de Elsa García se le retiraron elementos similares a los que -en la trágica madrugada del 30-04-2008- con mayor probabilidad ocasionaran el fuego en la habitación (encendedor y cigarrillos); (iii) la paciente, allende su enfermedad psiquiátrica de base, no había sido internada como consecuencia de su patología mental sino a causa de otros padecimientos (hemiplejia y hipertensión descompensada), todo lo cual justificaba plenamente su paso por la sala común de internación del hospital público y sin necesidad de adoptar una custodia y/o vigilancia acentuada más propia de otros escenarios de diagnosis y prognosis.
Para más, el reseñado contexto también patentiza - contrariamente a lo denunciado en demanda y acogido en la instancia- la adopción por las autoridades municipales del establecimiento sanitario de los medios y la ejecución de los mecanismos preventivos razonablemente exigibles para hacer frente al peligro que importaba la posibilidad de que terceros (ya sea en ocasión de visitar o de acompañar a la paciente) pudieran introducir al nosocomio elementos tales como los que en el sub examine probablemente ocasionaran el siniestro [encendedor y cigarrilos]. Si era costumbre y práctica que los dependientes del hospital municipal realizaran las recorridas e inspección de las habitaciones del nosocomio para controlar y, en su caso, retirar aquellos elementos prohibidos que pudieran haber sido ingresados, mal podría esperarse –a diferencia de lo que arguyen los actoresque las autoridades del nosocomio adoptaran como medida de extremo control, la permanente requisa de las pertenencias de los pacientes y de quienes asumen el rol de acompañantes o visitas en el contexto de una internación en sala común. Luce ello no solo irrazonable en el escenario analizado sino también insoportable para la comunidad, pues tal accionar de celo extremo traduciría una severa lesión a las libertades de los mismos ciudadanos a quienes se pretende proteger, máxime cuando el servicio público cuyo funcionamiento aquí se analiza, por su esencia no demanda tamaña intromisión, como bien podría justificarse en el ámbito carcelario, en el de establecimientos neuro-psiquiátricos públicos o cuando conforme las reglamentaciones pertinentes, la Administración asume un expreso deber de vigilancia y custodia sobre las personas y/o los bienes puestos a su resguardo y atención.
5. Por fuera de lo anterior, la prueba rendida en la causa arroja indicios razonables sobre que el evento ígneo bien pudo encontrar su causa más en conductas de la propia paciente García que en un quiebre en el deber de seguridad que se le imputa a la atención médica estatal.
Poso mi atención en los siguientes elementos:
(i) “…el siniestro se origina en la zona media – superior de la cama y que procediendo a la remoción de los restos carbonizados del colchón, frazadas y sábanas se constata en la pare media de la misma la existencia de un encendedor carbonizado color verde…” [pericia efectuada por personal de Bomberos en la IPP N° 11-00-2575-08];
(ii) que inspeccionando otros indicios que pudieran orientar las causales del incendio, observamos que no se hallan elementos cercanos a la cama como de electricidad, ni tampoco elementos de calefacción a gas u otra índole que presumieran la posibilidad de que el inicio de la combustión se ocasione a raíz de uno de esos artefactos en contacto con elementos de fácil combustión como los descriptos anteriormente, siendo por lo expuesto que en lo que respecta a las causales que dieran origen al presente hecho se establece que el mismo se circunscribe en la parte superior de la cama, mencionándose la hipótesis de la aplicación directa de un elemento de llama abierta como el encendedor o posible estallido del mismo o de un elemento en estado de incandescencia como un cigarrillo, y que en contacto directo con un colchón de poliuretano di origen al siniestro que nos ocupa, generándose por la combustión de este material un denso humo con generación de ácido cianhídrico [pericia efectuada por personal de Bomberos en la IPP N° 11-00-2575- 08];
(iii) descartado por los expertos que en la habitación n° 3 del nosocomio el incendio se hubiera ocasionado por vicios o defectos en la instalación eléctrica o en los artefactos de calefacción a gas y concluyendo sobre la mayor probabilidad de que el foco ígneo se hubiera iniciado en la cabecera de la cama y con un encendedor [cuyos restos fueron hallados en el lugar], entonces como hipótesis cierta y altamente probable puede plantearse indiciariamente que el comienzo del incendio resultó exclusivamente atribuible a la paciente García quien, llevada por la necesidad de saciar su adicción al tabaco (circunstancia expresamente reconocida por los actores en el libelo inicial y, en cierta forma, por los testigos), manipuló el mentado encendedor [llegando –o no- a encender el cigarrillo, hipótesis esta última barajada por los peritos] a espaldas de las autoridades del hospital y en plena madrugada (alrededor de las 3:20 hs.).
Recuerdo que el hecho de la víctima susceptible de desplazar [íntegra o parcialmente] la eventual responsabilidad atribuida al accionado importa la ejecución de una conducta que intervenga total o parcialmente en la producción del suceso dañoso [cfr. doct. esta Cámara causas C-2432-MP1 “Pérez González”, sent. del 7-VII-2011; C-4918-MP1 “Caucota”, sent. de 18-IX-2014]. Y si bien en el caso no puede construirse una respuesta totalmente certera sobre el grado de incidencia del accionar de la víctima en el desencadenamiento del incendio, no es menos cierto que median indicios reveladores sobre conductas de la paciente [poseer cigarrillos y encendedor en la habitación en la que estaba internada] que no solo importaban su desapego respecto de las prohibiciones vigentes en el ámbito en el que se encontraba sino que, además, patentizaban cierta cuota de irreflexiva audacia -enraizada en el tabaquismo que padecía- que bien pudo llevarla a ejecutar acciones que, a la sazón, tuvieron consecuencias sobre su propia integridad física.
Lo anterior de ninguna manera debe leerse como asumiendo la existencia de una conducta suicida de la internada. Sin pasar por alto que la Comuna ha argüido que la paciente habría decidido libremente quitarse la vida, no puedo sino poner en entredicho esa hipótesis pues los indicios de la causa me llevan por otro cauce: de la existencia de un lamentable accidente ocurrido a partir de una inconducta de la occisa quien, al manipular un elemento potencialmente dañoso y poseído clandestinamente (ya que en reiteradas oportunidades se le hubo frustrado la tenencia de tal tipo de implementos), dio origen al incendio que terminara con su vida [(argto. doct. arts. 901, 906, 1111 y ccs. del Código Civil (t.a.)].
En nada cambia mi juicio la circunstancia de que el material del colchón que equipaba la cama en la que se iniciara el incendio fuera altamente inflamable –tal como lo hace notar el inferior- pues, allende esa natural cualidad del material, lo cierto es que no existe –o al menos ello no se ha probado en el caso de marras- prohibición alguna acerca de la posibilidad de utilizar esa clase de implementos en los establecimientos públicos asistenciales del tipo involucrado en la causa. Por ello, lejos están las circunstancias de la causa de poder encuadrar, tan siquiera indirectamente, en el contexto fáctico sopesado por la Suprema Corte de Justicia provincial en el precedente citado por el a quo.
6. Con todo, lleva la razón la comuna apelante en la crítica que en esta parcela le formula a la fallo de la instancia. Y a tenor de las conclusiones esbozadas precedentemente, no solo resulta inoficioso abordar los restantes agravios vertidos por la Comuna, sino que además, se ha dado debido tratamiento -cumpliendo con el principio de la apelación adhesiva- a los planteos esgrimidos por la parte actora en ocasión de articular la demanda [cfr. cfr. doct. esta Cámara causas V-1117-BB1 “Cortés”, sent. del 21-V-2009; C-1323-DO1 “Duhalde”, sent. del 15-IX-2009; C-2077-AZ1 “Orellano”, sent. del 14-VI-2011; C-3216-MP2 “Cardinali”, sent. de 16-IV-2013; C-4234-BB1 “Rutas al Sur S.A.”, sent. de 19-XII-2013; C-6301-DO1 “Zalazar”, sent. de 24-V-2016].
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo acoger el recurso de apelación articulado a fs. 391/401 por la parte demandada. En consecuencia, correspondería revocar el pronunciamiento de fs. 371/378 y disponer el íntegro rechazo de la demanda articulada a fs. 155/166 por Sabrina Belén Montiel y Facundo Nicolás Montiel contra la Municipalidad de Necochea. Las costas de ambas instancias se deberían imponer a la parte actora por su objetiva condición de vencida en el pleito (cfr. art. 51 del CPCA -t. según ley 14.437-).
A la primera cuestión planteada doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la primera cuestión planteada también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. La parte actora apela y funda sus agravios a fs. 380/385. Estructura dos agravios diversos. El primero de ellos persigue patentizar la –en su parecer- poquedad de la cuantía reconocida en concepto de daño moral. El restante, procura se ordene liquidar los intereses sobre la suma de condena aplicando la tasa pasiva digital.
II. En atención al alcance con el que se acogió el recurso interpuesto a fs. 391/401 por la Municipalidad de Necochea y que conlleva el íntegro rechazo de la demanda interpuesta a fs. 155/166 por Sabrina Belén Montiel y Facundo Nicolás Montiel contra el citado Municipio –según la votación de la primera cuestión-, el tratamiento del presente recurso ha devenido abstracto.
Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (cfr. doct. causas Ac. 82.248, sent. de 23-IV-2003; Ac. 85.553, sent. de 31-III-2004, entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. B. 61.703, sent. del 14-II-2000; esta Alzada causas C-3460-DO1 “D´anna”, sent. de 21-IX-2013; C-6473-MP2 “Hernandez”, sent. de 17-V-2016). Desde tal mirador y en atención al resultado votado en la primera cuestión, juzgo que ha desaparecido en la especie el interés que ostentaba la parte actora al recurrir ya que, al disponerse el íntegro rechazo de la demanda, mal podría abordarse el tratamiento de agravios direccionados a mejorar una situación que, a tenor de lo resuelto, ha dejado de ser tal. Corresponderá, entonces, declarar abstracto el tratamiento del presente recurso (cfr. doct. esta Cámara causas C-4468-BB0 “Transporte Automotor Plaza SACEI”, sent. de 19-XII-2013; C-5017-NE1 “Aued”, sent. de 19-VIII-2014). En consecuencia, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger el recurso de apelación articulado a fs. 391/401 por la parte demandada. En consecuencia, corresponde revocar el pronunciamiento de fs. 371/378 y disponer el íntegro rechazo de la demanda articulada a fs. 155/166 por Sabrina Belén Montiel y Facundo Nicolás Montiel contra la Municipalidad de Necochea. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora por su objetiva condición de vencida en el pleito (cfr. art. 51 del CPCA -t. según ley 14.437-).
2. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 380/385 por Sabrina Belén Montiel y Facundo Nicolás Montiel.
3. Diferir la regulación de honorarios de alzada para su oportunidad [arts. 31 y 51 del decreto ley 8904/77]. Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia