Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Anular el pronunciamiento de fs. 276/279 (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 55 inc. 4° y 77 del C.P.C.A.; 163 incs. 4° y 6° del C.P.C.C. y demás doct. cit.).
2Hacer lugar a la demanda impetrada por Miguel Ángel Fonseca, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonar en concepto de “daño emergente” la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550,00) y por el rubro “pérdida de chance” la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 11.500,94), a las que se le adicionarán intereses a la tasa pasiva que pague el banco oficial para cada período de aplicación desde el día 19-08-2008 y hasta su efectivo pago y las que deberán ser canceladas dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la liquidación a practicarse en la instancia de conformidad con lo que aquí se propone (art. 163 Const. Prov.).
3Las costas de la instancia de grado se imponen a la accionada por su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., t. según ley 14.437), mientras que las de Alzada se imponen por su orden al no mediar contradicción.
4Diferir la regulación de honorarios por los trabajos efectuados ante este Tribunal para su oportunidad (arts. 31 y 51 decreto ley 9804/77).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-4116-BB1 “FONSECA MIGUEL ANGEL c. MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS s. PRETENSION INDEMNIZATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora, Sardo y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. A fs. 276/279, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con fecha 08-02-2013, dictó sentencia, rechazó la demanda interpuesta e impuso las costas por su orden, postergando la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad procesal propicia.
II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto a fs. 282/305 por el actor [cfr. res. de fs. 312/313] y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia –providencia que se encuentra firme-, corresponde votar las siguientes:
1. ¿Corresponde anular la sentencia de fs. 276/279? En caso afirmativo, 2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Al exponer las razones que lo llevaron a rechazar la presente acción, el a quo comenzó por recordar que la reparación que se pretendía en autos no derivaba de la multa impuesta al actor a través de la Resolución N° 112 en el marco del expediente administrativo N° 2569-6228/03, sino de la falta de devolución de los animales de su propiedad secuestrados por la Administración provincial con motivo de la infracción constatada.
Destacó que de las copias certificadas del referido expediente administrativo y, en especial, de los considerandos de la Resolución N° 112, no surgía la existencia de animales secuestrados pendientes de devolución en el marco de dichas actuaciones.
En ese andar, resaltó que si bien las probanzas recabadas daban cuenta de que con fecha 21-08-2003 fueron secuestrados cuarenta y seis (46) animales lanares, no se hallaba controvertido el hecho de que el actor procedió a retirar sin previo aviso dichos semovientes.
Sentado ello, puso de relieve que a través de una nota fechada el 08-07-2008 el actor solicitó a la Dirección Provincial de Ganadería la devolución de los animales oportunamente secuestrados, atento haber oblado la multa que le fuera aplicada en razón de la invasión que dicho ganado hiciera en un campo contiguo al suyo.
Seguidamente declamó que la Administración respondió dicha misiva, comunicando al Sr. Fonseca que los animales interdictos en el año 2003 habían muerto en su totalidad, surgiendo del Acta de Comprobación e Imputación Serie A N° 0039626 que los semovientes entregados al Sr. Moreschi en carácter de depositario -según el acta N° 19434- habían perecido por problemas de sequía y falta de pasturas. Contemplando tal panorama, el juzgador indicó que si bien del expediente administrativo N° 2569-6228/03 no surgía la existencia de animales secuestrados, cabía analizar si los semovientes cuyo secuestro y entrega al Sr. Moreschi en carácter de depositario documentaba el acta N° 19434 eran –o no- propiedad del actor, a fin de dilucidar si era posible –o no- asignar responsabilidad a la demandada por la extinción del ganado.
Acometiendo tal tarea, elucidó que del material de convicción recabado en autos no surgía “...cuáles fueron los trámites efectuados en relación a los animales secuestrados...” a los que se refería el acta N° 19434 [cfr. fs. 278 in fine y vta.].
A continuación rememoró que la actora intentaba trasladar la presunción de propiedad que la beneficiaba respecto de los animales secuestrados en el marco del expediente administrativo N° 2569-6228/03, a los semovientes cuyo secuestro evidenciaba el acta N° 19434.
Frente a tal planteo, el a quo explicitó que no mediaban en la especie probanzas que evidenciaran razonablemente que los animales secuestrados en el marco del expediente administrativo N° 2569-6228/03 –recuperados por el actor por sus propios medios- eran los mismos que aquellos cuya incautación evidenciaba el acta N° 19434.
Explicó que de acuerdo al Código Rural era obligatorio para todos los propietarios señalar su ganado menor antes de cumplir los seis (6) meses de edad, rigiendo en caso de omisión lo normado por el art. 2412 del Código Civil. Asimismo, destacó que la codificación rural preveía la obligatoriedad del registro de las señales empleadas por los propietarios de ganado para su marcación y que el derecho sobre la marca o señal se probaba con el boleto expedido por el organismo competente o, en su defecto, por las constancias de sus registros.
Llevando tales lineamientos al caso de marras, el magistrado de la instancia anterior manifestó que el actor no había siquiera alegado que sus animales se hallaran señalados o marcados, ni tampoco ofreció probanzas hábiles para demostrar la propiedad del ganado cuyo secuestro patentizaba el acta N° 19434, en tanto dicha carga adjetiva no resultaba adecuadamente abastecida por las declaraciones testimoniales rendidas en autos.
Con todo, aseveró que el material de convicción colectado no autorizaba a tener por acreditado que los animales secuestrados en el marco del expediente administrativo N° 2569-6228/03 eran los mismos a los que hacía referencia el acta N° 19434, ni mucho menos que estos últimos fueran propiedad del accionante, motivo por el cual no cabía tener por demostrado que el Sr. Fonseca fuera el propietario de los semovientes cuya falta de restitución motivara el inicio de la presente causa correspondiendo, por ende, rechazar la acción incoada.
2. De una detenida lectura del memorial de agravios de fs. 282/305 advierto que la crítica allí vertida por el actor reconoce dos (2) ejes centrales, a saber:
a. La nulidad del fallo en crisis. Predica que la sentencia recaída en autos resulta inválida, en tanto el a quo trasgredió el principio de congruencia al rechazar la demanda ventilada, atendiendo a una defensa que no fue oportunamente planteada por la accionada.
Por esta senda, explica que mal pudo el a quo rechazar la presente acción con sustento en la falta de pruebas que den cuenta de que los animales que la Administración omitió restituirle eran de su propiedad, cuando la demandada no sólo prescindió de desconocer tal circunstancia sino que, para más, la reconoció expresamente.
En consonancia con la crítica reseñada, recuerda que la cuestión atinente a la propiedad del ganado cuya falta de devolución motivó el inicio de las presentes actuaciones no integra el thema decidendum, máxime cuando la Administración reconoció, al contestar demanda, que los mentados semovientes eran de su propiedad.
Con todo, requiere la nulidad de la sentencia por reputarla extra petita.
b. La efectiva acreditación del derecho de propiedad que le corresponde sobre el ganado cuyo resarcimiento reclama. Liminarmente, pone de relieve que mal puede discutirse si los animales cuyo secuestro se documentó a través del acta 19434 eran o no de su propiedad, en tanto constituye un hecho expresamente reconocido por la accionada.
Asimismo, expresa que la actividad desplegada por la demandada en sede administrativa autoriza válidamente a tener por corroborado que los lanares que aduce le fueron secuestrados y no restituidos eran de su propiedad, pues al solicitarle la devolución de los mentados animales la Administración le comunicó que el ganado en cuestión fue entregado al Sr. Moreschi según acta N° 19434 en carácter de depositario, reconociendo de tal forma que dichos bienes le pertenecían.
Rememora que el propio a quo omitió incluir entre los hechos litigiosos sobre los que versaría la prueba, el dominio del aludido ganado.
Por otra parte, considera que, aún de sopesarse que la demandada puso en duda que los animales cuya ausencia de restitución constituye el fundamento de la presente acción resultaran de su propiedad, aquella incumplió con la carga de demostrar que éstos no le pertenecían, en tanto era quien se encontraba en mejor posición para acreditar dicho hecho negativo.
Para más, afirma que se encuentra probado en autos que los animales cuyo secuestro evidencia el acta N° 19434 eran de su propiedad, en tanto, de acuerdo a lo normado por el Código Rural y el Código Civil, de reputarse que los lanares en cuestión no se hallaban marcados o señalados su propiedad corresponde al poseedor, calidad que afirma detentar en torno de dichos bienes muebles en tanto se comporta a su respecto con animus domini.
Enlazado con lo anterior, pregona el hecho de haber promovido la presente demanda a los efectos de que le sean indemnizados los perjuicios que le irrogó la falta de restitución de los referenciados semovientes, lo que constituye una clara manifestación de voluntad de dominio sobre los bienes en cuestión.
Asevera que el a quo incurrió en un error al juzgar que los testigos que depusieron en autos no bastaban para demostrar que los mentados animales eran de su propiedad, toda vez que no fueron ofrecidos a tales efectos, sino únicamente a fin de acreditar que éstos fueron consumidos por su depositario, circunstancia de la que dieron cuenta cabalmente a través de sus declaraciones.
Agrega que mal puede hacérsele cargar con las consecuencias disvaliosas de la falta de identificación en el acta N° 19434 del propietario de los animales secuestrados, cuando tal irregularidad es totalmente imputable a la Administración.
Finalmente, solicita la revocación de la sentencia en crisis, el acogimiento de la acción ventilada en autos y la imposición de las costas a la demandada.
II. Brindaré respuesta afirmativa al primer interrogante planteado.
1. He de acompañar la posición auspiciada por el impugnante, en tanto se advierten en la especie motivos plausibles que imponen descalificar el temperamento adoptado por el juez de grado, quien, en lugar de abocarse al análisis de los concretos planteos y defensas ensayados por las partes, se inmiscuyó indebidamente en el conocimiento de cuestiones y tópicos ajenos al debate, proceder oficioso que perjudicó seriamente la situación procesal del accionante (arg. doct. esta Cámara causa A-1822-BB0 “Galán”, sent. del 13-V-2010).
En efecto, la Provincia demandada en ningún momento negó que los animales entregados al Sr. Moreschi según acta N° 19434 hubieran pertenecido al Sr. Fonseca, sino que –antes bien- reconoció expresamente en cabeza del actor la propiedad de tales semovientes, refiriéndose a las obligaciones que pesaban sobre él (arts. 1127 y ccdtes. del Código Civil, 15, 19, 112 y 148 del Código Rural) y sosteniendo, en definitiva, que no mediaron incumplimientos de su parte en el procedimiento llevado a cabo ante la constatación de “animales invasores” en el establecimiento rural vecino, siendo el reclamante quien había faltado a los deberes a su cargo (arts. 158 y ss. del Decreto ley 10081/83 y 1 y ss. del Decreto ley 8785/77, fs. 48/53 del escrito de responde). Mal pudo entonces apuntalarse el rechazo de la demanda en una defensa que no había sido esgrimida por quien tenía la carga y plena libertad de hacerlo de la mejor manera posible, en resguardo de sus propios intereses. En definitiva, si obraban -o no- en los presentes autos elementos probatorios que permitiesen tener por acreditado que los animales secuestrados según Acta de comprobación e imputación Serie B N° 19434 eran de propiedad de Miguel Ángel Fonseca, constituía un tópico cuyo conocimiento estaba vedado al juez de la instancia.
Siendo ello así, concluyo que el a quo ha rebasado las fronteras impuestas por el principio de congruencia, al extralimitarse en el conocimiento de cuestiones que, conforme el modo como quedara perfeccionada la relación jurídico procesal, habían arribado incontrovertidas al momento de sentenciar (argto. doct. art. 163 inc. 6° del C.P.C.C.; art. 77 y ccds. del C.P.C.A.).
La propia composición de la litis constreñía al dictado de un pronunciamiento ajustado al conocimiento exclusivo de aquellas cuestiones puntuales que enmarcaban la contienda, siendo ése y no otro el plexo sobre el que debía expedirse y fallar el magistrado de la instancia. Dicho de otro modo, la operatividad del mentado postulado adjetivo, de linaje constitucional, le impedía expedirse sobre peticiones o defensas no introducidas por los contendientes (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 329:4372, 3517, 349; entre otros y esta Alzada causa C-2382-MP2 “Finan Travel Mar del Plata S.A. y otros”, sent. del 25-X-2011).
En idéntico sentido, nuestra Casación Provincial ha sabido señalar que la desestimación del reclamo sobre la base de oposiciones no articuladas es manifiestamente conculcatoria de la regla procesal de la congruencia, receptada expresamente por el art. 163 del C.P.C.C. (cfr. doct. S.C.B.A. causa L. 57.360 “Gaillard”, sent. del 21-V- 1996), que impone a los magistrados ejercer su competencia decisoria con la extensión de los agravios y planteos expresados por las partes (doct. S.C.B.A. causa A. 68.808 “Maidana”, sent. del 20-VI-2007). No se trata más que de resguardar el derecho de defensa de quien, ante la introducción por la judicatura de una cuestión ajena al debate, ha quedado sumido en la completa indefensión (argto. doct. S.C.B.A. causa C. 99.072 “Melgarejo”, sent. del 10-IX- 2008; argto. art. 18 Const. Nac.).
Así, el defecto de la sentencia impugnada puesto de relieve por el quejoso patentiza la inobservancia del a quo frente a los requisitos de validez que el mentado art. 163 del C.P.C.C. impone a toda sentencia definitiva de primera instancia, por lo que dicho planteo merecería ser estimado como fundamento del recurso de nulidad que, de conformidad con lo normado por el art. 55 inc. 4° del C.P.C.A., se encuentra comprendido en el de apelación (argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.402, sent. del 08-III-2007; esta Cámara causa C-3206-DO1 “Pedelini” sent. del 13-XII-2012; C-3495-DO1 “Ferrari”, sent. del 21-V-2013; C-4103-BB1 “Araya”, sent. del 12-XI-2013). Desde allí y en la medida en que -a tenor de los fundamentos expuestos supra- ha quedado demostrada la existencia del vicio alegado por el recurrente, estimo que esta Alzada se encuentra habilitada para disponer la anulación del acto jurisdiccional en crisis.
III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo acoger el recurso ínsito de nulidad que porta la apelación deducida por la parte actora a fs. 282/305 y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de fs. 276/279 (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 55 inc. 4° y 77 del C.P.C.A.; 163 incs. 4° y 6° del C.P.C.C.).
Voto la primera cuestión planteada por la afirmativa. El señor Juez doctor Riccitelli, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la primera cuestión planteada por la afirmativa. A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Tal como ha quedado resuelto el primer interrogante, corresponde ahora adentrarse al concreto pedido que porta la pieza postulatoria obrante a fs. 18/28 esto es, la pretensión que, articulada contra la Provincia de Buenos Aires, se direcciona a obtener un pronunciamiento jurisdiccional que reconozca al actor (Sr. Miguel Ángel Fonseca) el derecho a percibir una indemnización por los perjuicios sufridos con motivo de la pérdida de los animales que, por haber invadido el establecimiento rural “Los Médanos”, fueran secuestrados preventivamente por la Dirección Provincial de Ganadería del Ministerio de Asuntos Agrarios.
Tal faena deriva del deber de los Tribunales ad quem - declarada que sea la nulidad del pronunciamiento de grado- de expedirse sobre todas las cuestiones de fondo que quedaron sometidas a su conocimiento (cfr. doct. S.C.B.A. causas Ac. 49.681 “De Leo”, sent. del 2-XI-1993; Ac. 79.404 “Romero”, sent. del 8-IX-2004 –con especial referencia al voto del Dr. Soria-; C.105.186 “Fisco Nacional AFIP-DGI s/ Incidente de revisión en autos: Angel Lallo S.A. Concurso preventivo”, sent. de. 9-XII-2010), cuando ello le fuere posible por contar con los elementos relevantes para resolver y expresamente así se lo solicitara el recurrente en los términos del art. 273 del C.P.C.C. y siempre que no haya mediado prematuridad en el fallo de grado (cfr. doct. esta Cámara causa C-2453-DO1 “Arenera Zárate S.A.”, sent. de 15- XI-2011), incompetencia en razón de la materia (cfr. doct. esta Cámara causa C-2756-NEO “La Tomasita”, res. de 06-X- 2011) o los defectos nulificantes de la sentencia de instancia no oscurezcan de tal grado el thema decidendum que puedan llevar a la Alzada a violentar los límites de su jurisdicción apelada, con menoscabo del principio de bilateralidad (cfr. doct. esta Cámara causa P-2874-MP1 “Mut”, sent. de 29-XI-2011).
Tomando en cuenta entonces la línea jurisprudencial trazada por el Cimero Tribunal y, contando con los elementos de juicio imprescindibles para resolver la petición formulada por el actor [v. escrito postulatorio de fs. 18/28; contestación de demanda de fs. 46/56 e inexistencia de medios probatorios pendientes de producción (v. fs. 251)], a tal faena me abocaré en los párrafos siguientes, en los que habré de determinar: (i) si residía –o no- en cabeza de la accionada el deber de custodiar y conservar el ganado incautado con la adopción de la medida preventiva; (ii) si verificada tal cuestión, medió en la especie un incumplimiento imputable a la contraria, producto de su omisión o descuido; (iii) en su caso, si la omisión estatal ha sido la causa adecuada de los daños que dice haber sufrido el accionante en los bienes de su propiedad, o si –tal como lo plantea la demandada- la conducta de la víctima, en cuanto demoró en remitir al Ministerio de Asuntos Agrarios la documentación que acreditaba el pago de la multa impuesta mediante Resolución N° 112 del 26-09-2006, enerva la responsabilidad estatal y compromete la suya propia en la producción del hecho dañoso; (iv) si cabe reconocer los rubros indemnizatorios reclamados y, en su caso, su cuantificación.
2. Adentrándome, entonces, a la solución de la cuestión planteada, estimo apropiado delinear la plataforma fáctica que, a la luz de los escritos postulatorios y de las constancias obrantes en el sub examine, considero relevante para la resolución de la presente causa: (i) con fecha 20-08- 2003 la señora Elina María Clausen de Elfi (propietaria del predio rural denominado “Los Médanos”) efectúa una denuncia en el Destacamento policial de Algarrobo (Villarino), en la que manifiesta que desde hace un par de años los animales lanares de propiedad de Miguel Ángel Fonseca –dueño del campo lindero- invaden y devastan su propiedad, consumiendo el pasto y la avena allí sembrada y dañando sus alambrados [v. fs. 7 y 145]; (ii) a raíz de dicha denuncia se inician actuaciones contravencionales por infracción al art. 158 de la ley 10.081 [v. fs. 146] y, constatada por la autoridad policial la circunstancia declarada [v. diligencia practicada con fecha 21-08-2003, fs. 10 y 147], se hace entrega a la Sra.
Clausen de Elfi –en carácter de depositaria- la cantidad de cuarenta y seis (46) animales lanares invasores [v. fs. 8 y 148]. Ese mismo día (21-08-2003) comparece ante el Destacamento policial el Sr. Hugo Ernesto Palmieri (empleado de la depositaria) y declara que los semovientes fueron retirados sin aviso por el Sr. Fonseca, quien los dirigió hacia su campo [v. fs. 9 y 149]; (iii) elevadas las actuaciones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires [v. fs. 150], se forma el expediente administrativo n° 2569-6228/03 y se notifica al Sr. Miguel Ángel Fonseca el auto de imputación dictado el 15 de diciembre de 2004 por supuesta infracción al art. 158 del Decreto ley 10081/83 (Código Rural) [v. fs. 155, cédula del 18-01-2005]; (iv) desestimada la presentación efectuada por el imputado [v. fs. 157], el Subsecretario de Control Alimentario y Uso de los Recursos Naturales y Pesqueros resuelve sancionar al Sr.
Fonseca con multa de pesos tres mil ($ 3.000) por haber infringido el art. 158 de la Ley 10.081, disponiendo que ésta debería ser abonada - mediante transferencia bancaria- dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación de dicha resolución y remitirse el comprobante original a la Dirección Provincial de Gestión Agroalimentaria y de los Recursos Naturales [v. Resolución n° 112 del 26-09-2006, fs. 162]; (v) notificado el infractor con fecha 25-06-2007 [v. fs. 169], procede al pago de la multa impuesta mediante depósito bancario del día 29- 06-2007 [v. fs. 171], enviando el comprobante respectivo a la Dirección pertinente [v. fs. 176 y el sello fechador del 03- 07-2007]; (vi) una vez acreditado el pago por la Administración provincial, se ordena el archivo de las actuaciones [v. fs. 177/179]; (vii) con fecha 08-07-2008 el Sr.
Fonseca se presenta en el expediente administrativo solicitando la devolución de los animales oportunamente secuestrados, alegando haber cumplimentado el pago de la multa correspondiente [fs. 173]. Ello motiva la intervención de la Dirección de Contralor Agropecuario, Forestal y Agroalimentario quien se constituye en el domicilio particular del Sr. Héctor Moreschi para corroborar el estado de los animales que le fueran entregados según Acta N° 19434 de fecha 10-09-2003, dejando constancia que, según sus dichos, tales semovientes murieron por problemas de sequía y falta de pasto, conforme resulta de las denuncias policiales que acompaña [v. Acta de comprobación e imputación Serie A N° 0039626 del 19-08-2008, fs. 184/188]; (viii) el 02-09-2008 la Dirección actuante notifica al Sr.
Fonseca del deceso de los animales que fueran interdictados en el año 2003 [v. fs. 189].
Más allá de las perplejidades que emergen del derrotero procedimental reseñado precedentemente -en particular de los puntos (vii) y (viii)-, tengo para mí que podrían distinguirse dos oportunidades en las que, constatando la presencia de animales invasores de propiedad del Sr. Fonseca en el establecimiento rural “Los Médanos”, los funcionarios actuantes procedieron a su secuestro preventivo y posterior entrega a un depositario legal designado.
La primera de tales intervenciones se produjo a partir de la denuncia efectuada por la Sra. Clausen de Elfi con fecha 20-08-2003, ocasión en la que se incautaron cuarenta y seis (46) semovientes pertenecientes al actor, por presunta infracción al art. 158 del Código Rural. Tales animales fueron dejados en depósito a la nombrada en su carácter de propietaria de la finca rural invadida, aunque –como quedara dicho supra- habrían sido retirados por el propio Fonseca el día 21-08-2003, circunstancia ésta reconocida por el actor [v. fs. 20, 4° párrafo].
Como consecuencia de dicha actuación, el Ministerio accionado dio inicio al expediente administrativo n° 2569- 6228/03 y luego de sustanciar el sumario, dictó una resolución en la que condenó al Sr. Fonseca a la pena de multa, por haber infringido el art. 158 del Código Rural (Resolución N° 112 del 26-09-2006).
La segunda intervención de la autoridad administrativa se desprende del contenido del Acta de Comprobación e Imputación N° 19434 que obra a fs. 185 que, aunque no del todo legible, permite advertir que con fecha 10-09-2003 la Dirección de Ganadería del Ministerio de Asuntos Agrarios provincial se constituyó nuevamente en el establecimiento “Los Médanos” y procedió a cargar en un camión cincuenta y cinco (55) lanares adultos y veinticuatro (24) corderos para trasladarlos al predio rural “La Tota” (propiedad del Sr. Víctor O. Kroneberger). Se dejó constancia en la referida acta que murieron cinco (5) lanares adultos y un (1) corderito y que los animales seguirían interdictados hasta tanto lo determine la Dirección de Ganadería, instituyéndose al Sr. Héctor Moreschi (presidente del Club Juventud Unida de Algarrobo) como depositario legal de los mismos.
Sin perjuicio de ello, no surge de los presentes autos constancia alguna que evidencie que, respecto de este segundo grupo de elementos secuestrados preventivamente, se hubiera impreso trámite administrativo alguno, o que se hubiera imputado al Sr. Fonseca infracción alguna por tal causa, ni – mucho menos- dictado resolución condenatoria en su contra por transgresión a la normativa rural, máxime cuando de los considerandos de la Resolución N° 112 -dictada en el expte. admin. n° 2569-6228/03- no puede inferirse que también se hubiera pretendido sancionar al infractor por esta segunda invasión de sus animales al campo vecino.
Tal enfoque fáctico, además, se encontraría justificado en el informe elaborado en autos por la propia Dirección de Instrucción del Ministerio de Asuntos Agrarios quien, a requerimiento de la Fiscalía de Estado, manifiesta que no obra en dicha dependencia constancia alguna del trámite administrativo impreso al Acta de Comprobación e Imputación N° 19434, así como que ciertas actuaciones que fueron agregadas al expediente n° 2569-6228/03 (vgr. las Actas n° 0039626 y 19434 y las exposiciones civiles efectuadas por Héctor Raúl Moreschi los días 28-10-2003, 07-01-2004 y 03-02- 2005) no corresponden a dicho sumario y deberían ser desglosadas [v. fs. 194/195, en particular los puntos 2 y 6]. Así las cosas, más allá de la equivocada presentación efectuada por el actor en el expediente administrativo n° 2569-6228/03, en la que solicitó la devolución de los animales secuestrados con sustento en haber abonado la multa que le fuera impuesta, y la confusión generada en la propia Administración a partir de dicha petición en torno a la situación de los animales retenidos en el marco de dicho trámite sumarial, lo cierto es que el accionante exclusivamente direcciona su demanda a obtener un resarcimiento económico por la pérdida de los lanares que fueran secuestrados según Acta de comprobación e imputación Serie B N° 19434 (del 10-09-2003) y entregados oportunamente al Sr. Héctor Moreschi en calidad de depositario legal. De modo que, efectuada la descripción del escenario fáctico que enmarca la contienda, me abocaré en lo que sigue al tratamiento de los puntos controversiales fijados supra en el acápite 1.
3.(a). El actor pretende endilgar a la Provincia demandada la responsabilidad por la pérdida de la hacienda lanar secuestrada y entregada al Sr. Moreschi en calidad de depositario legal, sosteniendo -en líneas generales- que pesaba sobre aquélla la obligación de preservar los elementos incautados para ser restituidos oportunamente a su dueño [v. fs. 20 vta./23].
Adelanto que habré de acompañar la postura del reclamante.
Para así sostenerlo, principiaré por señalar que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, los hechos, actos y bienes de la actividad rural se encuentran regulados por el Decreto ley 10081/83 (Código Rural) (v. art. 1°) y que, en lo que aquí interesa, estipula el procedimiento que habrá de seguirse cuando el propietario u ocupante de un predio rural encontrare animales ajenos dentro de su establecimiento (arts. 158 y ss.).
A su vez, el Decreto ley 8785/77 (Ley de Faltas Agrarias), que resulta de aplicación ante las faltas o transgresiones a las normas del Código Rural de la Provincia y demás reglamentaciones y regímenes especiales (art. 1°), consagra en su artículo 2° que el Ministerio de Asuntos Agrarios por intermedio de sus organismos competentes, y las Municipalidades, en aquellas funciones y servicios municipalizados en virtud de lo dispuesto por el Decreto ley 9347, serán la autoridad de aplicación de esa ley. Dicha autoridad será quien designe agentes públicos, investidos de poder de policía preventivo y represivo, a fin de hacer cumplir las normas del Código Rural y su reglamentación, promoviendo las acciones pertinentes por ante la autoridad administrativa competente (arts. 12 y 13). Es en ejercicio de ese poder de policía que los funcionarios actuantes pueden limitar los derechos individuales con miras a la satisfacción del bien común (argto. doc. S.C.B.A., causas I. 1983 “Copetro S.A.”, sent. del 20-III-2002; I. 2257 ”Rabuffetti”, sent. del 6-V-2009) y, en tal marco, se halla reglada –a través del art. 13 Decreto ley 8785/77- la facultad de secuestrar los elementos comprobatorios de una infracción a las normas rurales –en el caso, el ganado lanar-.
A partir de la adopción de tal medida legalmente admitida, la Administración sustrae compulsivamente el bien de la esfera de dominio de su titular o poseedor y asume – paralelamente- la obligación de cumplir con una serie de objetivos fijados por la ley que, aunque de modo general e indeterminado, persiguen el deber genérico de proveer a la seguridad general (cfr. argto. doct. C.S.J.N. Fallos 329:2008; Fallos 332:2328; doct. S.C.B.A. causa C. 98.541 “Espíndola”, sent. de 10-IX-2008; ver también S.C.B.A. causas C. 90.664 “Acuña”, sent. del 11-IV-2007 -del voto del doctor Hitters-; C-2185-MP1 “Garnica”, sent. del 15-VII-2011, del voto de la mayoría).
Y es en ese contexto que, al ejercer la prerrogativa de incautación sobre el bien con el que se cometiera la falta punible, la Administración debe velar porque los elementos secuestrados preventivamente se conserven en iguales condiciones a aquellas vigentes al momento de la adopción de la medida preventiva, ello -claro está- en la medida en que las previsiones a adoptar sean compatibles con la disposición de medios razonables (cfr. C.S.J.N. Fallos 330:563). Siguiendo por esta senda de análisis, no puedo sino inferir que resulta inherente a los cometidos de la Administración provincial disponer lo necesario para el adecuado ejercicio de las atribuciones de que se halla investida en el marco de un procedimiento seguido por la transgresión a las leyes agrarias, adoptando –entre otraslas medidas tendientes a la conservación y resguardo de los bienes secuestrados. Ello, claro está, en la medida en que no hubiera optado por designar al propio infractor como depositario de las artes y/o elementos que fueran utilizados para cometer la falta, si las circunstancias del caso así lo aconsejaban (art. 14 del Decreto ley 8785/77, texto según Decreto ley 9571/80).
(b). Dado el modo en que propicio resolver el planteo anterior, corresponde entonces precisar si –en el caso- la accionada ha incumplido –o no- el aludido mandato.
Para ello, cabe recordar aquí que -tal como se señalara supra- el día 10-09-2003 la Dirección de Ganadería del Ministerio de Asuntos Agrarios provincial se constituyó en el establecimiento “Los Médanos” y procedió a cargar en un camión cincuenta y cinco (55) lanares adultos y veinticuatro (24) corderos pertenecientes al Sr. Fonseca para trasladarlos al predio rural “La Tota” (propiedad del Sr. Víctor O. Kroneberger). Se dejó constancia en el acta labrada que murieron cinco (5) lanares adultos y un (1) corderito y que los animales seguirían interdictados hasta tanto lo determinase la Dirección de Ganadería, instituyéndose al Sr. Héctor R. Moreschi (presidente del Club Juventud Unida de Algarrobo) como depositario legal de los semovientes [v. Acta de Comprobación e Imputación N° 19434 que obra a fs. 185]. En ese cuadro fáctico, el deceso de la totalidad de los semovientes incautados en el establecimiento rural “Los Médanos” a consecuencia del ejercicio de una medida de la autoridad adoptada en ejercicio de su poder de policía, da cuenta del deficiente cuidado de ese ganado, en tanto dicha autoridad se hubo desentendido de las diligencias que le eran exigibles para la guarda y conservación de tales animales secuestrados. Ello compromete la responsabilidad del Estado quien, al tiempo que ejerció las potestades jurídicas que el ordenamiento le atribuye (argto. doct. S.C.B.A., causa I. 2254 “Seara”, sent. del 11-III-2009) contrajo la obligación de hacerlo de modo tal de velar por el estado de conservación adecuado de la hacienda.
La Corte Federal, en reiteradas oportunidades ha puesto, con sustento en el artículo 1112 del Código Civil, en cabeza de quien contrae la obligación de prestar una servicio, la carga de hacerlo en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, erigiéndolo como responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 306:2030; 307:821; 315:1892; 330:2748).
De tal modo, mal podría alegarse –para evitar responsabilizar a la accionada- que quien debía velar por el mantenimiento y conservación de los animales secuestrados era el Sr. Héctor Raúl Moreschi en su calidad de depositario designado por la autoridad competente [v. fs. 53 del conteste de demanda], pues la circunstancia de que se hubiere recurrido a un tercero para la materialización de las funciones de custodia y preservación de los elementos secuestrados preventivamente, no relevaban a la Administración provincial de disponer las condiciones en que dicha labor habría de desarrollarse y de controlar su adecuado cumplimiento (argto. doct. Primera Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Dto. Jdial. La Plata, Sala II in re “Aguirrezabal de Zalazar”, sent. del 26-09- 2000; Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial San Nicolás in re “Otto”, sent. del 14-12-2004), tomando –en su caso- las medidas correctivas consiguientes. En este mismo sentido, y siendo que –como se dijo- los funcionarios actuantes tenían dentro de sus atribuciones la posibilidad de designar como depositario al propio infractor (art. 14 de la Ley de Faltas Agrarias), si tal elección no fue adoptada y la Administración escogió a un tercero que no arbitró las medidas necesarias para el cuidado del ganado perteneciente al infractor, no puede eximirse la responsabilidad que concierne a la demandada, exigiéndole al actor que soporte los efectos derivados de aquella medida, cuando no tuvo en ningún momento la disponibilidad material de los bienes perecidos.
Bajo dichos lineamientos, y allende los reproches que pudieran efectuarse en torno al accionar del Sr. Moreschi en su carácter de depositario legal, extraño a este análisis, las particulares circunstancias verificadas en la especie resultan, en mi parecer, suficientes para demostrar la deficiente prestación del servicio a cargo de la demandada, en tanto su conducta omisiva –en el marco de los cometidos que detenta- constituye el estadio preliminar que desembocó en la muerte de la hacienda lanar del accionante (art. 1074 Cod. Civil).
(c). Con lo dicho en el apartado precedente, queda suficientemente verificado en la especie que la omisión estatal ha sido la causa adecuada del suceso dañoso padecido por el actor.
Es que en la tarea de determinar la existencia de nexo causal, nuestro Código Civil recepta -en su art. 906- la teoría de la causalidad adecuada (argto. doctr. Goldemberg Isidoro H. “Indemnización por Daños y Perjuicios”, Ed. Hammurabi, pág. 222), según la cual resulta necesario apreciar si la acción u omisión que se juzga es de ordinario idónea para provocar el daño (argto. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Dpto. Judicial Mar del Plata, Sala III in re “Errobidart”, sent. del 16-03-2012).
Ese examen fáctico ha de ser efectuado suprimiendo mentalmente el curso de los acontecimientos tal como ocurrieron (en concreto) y, a partir de allí, formular un juicio de probabilidad y examinar si una determinada condición –en el sub lite- posee poder eficiente para producir la consecuencia que se examina, de manera que exista una adecuación entre el hecho y el resultado (Revista de Derecho Privado y Comunitario “Accidentes”, Director Alegría, Héctor; Mosset Iturraspe, Jorge; artículo de Matilde Zavala de Gonzalez “Accidentes y Causalidad”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1997, pág. 41 y doct. esta Alzada causas C-2347-NE1 “Juliano”, sent. del 08-V-2012 y C-3206-DO1 “Pedelini”, sent. del 13-XII-2012).
Así, y siguiendo esta mecánica, encuentro que la muerte de los animales pertenecientes al Sr. Fonseca no luce sino como una consecuencia de la omisión por parte de la autoridad administrativa en el resguardo de los bienes secuestrados por una supuesta infracción a las leyes agrarias, sin que concurra en el sub examine –como pretende la demandada- una conducta del demandante con potencialidad para interrumpir dicho nexo causal y desligar al accionado de la responsabilidad que se le atribuye.
Es sabido que el hecho de la víctima o de un tercero susceptible de desplazar la responsabilidad del accionado importa la ejecución de una conducta que intervenga total o parcialmente en la producción del suceso dañoso. El protagonismo como autor material del hecho debe desvincular la relación de causalidad entre el evento nocivo y los daños causados (cfr. doct. S.C.B.A. causa L. 87.748 “D. P., J. L.”, sent. de 12-IX-2007 y esta Alzada causa C-2185-MP1 “Garnica”, citada).
De allí que, frente a la necesaria injerencia en la producción del hecho de quien, a la postre, ha sufrido – directa o indirectamente- el perjuicio, no puedo sino disentir con la construcción que propone la Provincia, quien pretende imputar culpa al Sr. Fonseca por haber demorado casi un año en notificar a la Dirección de Ganadería del pago de la multa impuesta mediante Resolución N° 112/06 [v. fs. 49 del responde de demanda], cuando dicha sanción –como quedara aclarado supra [v. punto 2]- no guarda ninguna relación con el ganado lanar que aquí se reclama, sino que fue impuesta al actor en el expediente administrativo N° 2569-6228/03 seguido en su contra por la infracción ocurrida el día 20-08-2003 cuando cuarenta y seis (46) animales lanares de su propiedad invadieron el establecimiento rural “Los Médanos” (art. 158 del Código Rural).
Por lo demás, y siendo que a partir del momento en que la autoridad, en uso de facultades legalmente conferidas, retuvo los elementos comprobatorios (ganado lanar) de la nueva infracción constatada el día 10-09-2003 sustrayéndolos de la esfera de contralor de su titular, trasladándolos al predio rural “La Tota” y designando como depositario legal de dichos semovientes al Sr. Moreschi, vedó al actor cualquier posibilidad de ejercer actos de disposición sobre tales bienes con potencialidad suficiente para erigirse en conducta susceptible de intervenir en el curso del hecho dañoso. Con todo, la muerte del ganado ovejuno no luce sino como una consecuencia de la omisión por parte de la autoridad estatal de brindar las condiciones apropiadas de seguridad y vigilancia a los efectos interdictados en el ejercicio del poder de policía rural, cabiendo restar toda incidencia exculpante de la responsabilidad estatal al accionar del Sr. Fonseca.
(d). Zanjado el tópico antecedente, me abocaré -en lo que sigue- a analizar si corresponde reconocer al actor los rubros indemnizatorios peticionados y, en su caso, su cuantificación.
De los acápites 5 y 6 del libelo inicial, surge que el actor solicitó que se condene al Estado demandado a resarcir el daño emergente y la chance perdida por el hecho ilícito que motivara el inicio de estas actuaciones.
i. En cuanto al daño emergente, el Sr. Fonseca pretende que se le reconozca el valor de la hacienda perdida (59 ovejas, 2 carneros y 24 corderos), estimando dicho rubro en la suma de pesos trece mil cuatrocientos cincuenta ($ 13.450.-), esto es, a razón de pesos ciento cincuenta ($ 150.-) por cada oveja y cordero y de pesos quinientos ($ 500.-) por cada carnero, con más los intereses –calculados a la tasa activa- desde el día 19-08-2008 y hasta el efectivo pago [v. fs. 23].
Reconoce que a dicho importe debería detraérsele el costo del pastoreo, valuando el precio del arrendamiento de las treinta (30) hectáreas que entiende hubiera necesitado para contener aquellos animales en la suma de pesos noventa ($ 90.-) cada hectárea, lo que arroja un total de pesos dos mil setecientos ($ 2.700.-) por año [v. fs. 23 vta.]. La demanda, por su parte, se opone al monto reclamado por el actor por el concepto examinado, el que considera desmesurado y exorbitante. Sin embargo, no efectúa cuestionamiento alguno respecto de la cantidad total de animales reclamados (vgr. 85 cabezas de ganado lanar) - coincidente con la que surge del Acta N° 19434-, ni del modo en que –según el actor- dicha hacienda se encontraba conformada (2 carneros, 59 ovejas y 24 corderos).
El daño emergente consiste en la privación o destrucción de bienes existentes en el patrimonio del acreedor al momento del evento dañoso o bien en los gastos efectivamente realizados en razón de dicho suceso (cfr. doct. S.C.B.A. en la causa Ac. 79632 “Duvi S.R.L.”, sent. del 19-II-2002 y C. 93.166 “M. , O. A.”, sent. de 07-X-2009, voto de la Dra. Kogan; Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial Dolores in re “Gutiérrez”, sent. de 11- 11-2008; esta Cámara, causa C-1871-MP1 “El Rápido S.A.”, sent. del 23-IX-2010).
De allí que, entrañando el daño emergente un menoscabo que se experimenta en el patrimonio (privación o egreso de valores patrimoniales), estimo aconsejable aceptar como válidos los montos indicados en el informe del Jefe de Establecimientos Rurales y del Director Decano del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur obrante a fs. 242, en tanto se refieren a los valores de plaza vigentes a la fecha de la incautación de los animales reclamados (septiembre del 2003) (argto. doct. esta Alzada causa C-2794-BB1 “Fornasar”, sent. del 12-IV-2012), resultando atinado establecer su importe del siguiente modo: pesos doscientos cincuenta ($ 250,00) por cada carnero; pesos noventa ($ 90,00) por cada oveja y pesos sesenta ($ 60,00) por cada cordero, lo que arroja un total de pesos siete mil doscientos cincuenta ($ 7.250,00) por los 85 animales secuestrados que murieron.
Tal como lo reconoce el Sr. Fonseca en su presentación liminar [v. fs. 23 vta.], a dicha suma debería detraérsele el costo de arrendamiento de la fracción de campo que resultaría necesaria para el desarrollo normal y sustentable de esa cantidad de animales. Para ello se cuenta con el informe técnico del perito médico veterinario Sr. Ignacio Matías Hurtado quien, en su pieza de fs. 222/229, afirma que en la zona de Algarrobo es dable colocar hasta tres (3) ovejas por hectárea de campo y que el costo de la hectárea ascendía a pesos noventa ($ 90,00). Esa estimación resulta coincidente con la efectuada por el actor, por lo que cabe atenerse al monto indicado en la demanda, el que asciende a la suma de total de pesos dos mil setecientos ($ 2.700,00) por las treinta (30) ha. por cada año.
Respecto de la detracción de este concepto, estimo prudente computar únicamente el costo que hubiera generado un (1) año de arrendamiento de dicha fracción de campo, teniendo en cuenta para ello que, transcurrido ese lapso, ya había perecido casi la mitad de los semovientes incautados al Sr. Fonseca [v. exposiciones civiles efectuadas por el Sr. Moreschi, fs. 186/187], no quedando ningún animal con vida al mes de febrero del 2005 (art. 165 del C.P.C.C. y art. 50 inc. 6 del C.P.C.A.).
Contemplando el panorama trazado, corresponde hacer lugar al daño emergente reclamado por el actor, fijándolo entonces en la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CIENCUENTA ($ 4.550,00) (art. 1083 del Código Civil).
ii. En lo que atañe al rubro pérdida de chance el actor al demandar reclama una compensación de pesos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta ($ 41.650,00) por la producción de ovejas y corderos que hubiera obtenido de no haber sido por el proceder irresponsable de la Provincia de Buenos Aires en la custodia de los animales secuestrados. Precisa que hubiera logrado 300 animales grandes a razón de pesos ciento cincuenta ($ 150,00) por cada uno de ellos y 70 corderos pequeños a pesos ciento veinte ($ 120,00) cada uno, calculando el costo de pastoreo de tales animales en la suma de pesos once mil setecientos cincuenta ($ 11.750,00) por el período de tiempo comprendido entre los años 2003 y 2008. A los efectos de tener por configurada la pérdida de una chance deben concurrir en la causa elementos que permitan corroborar la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en cierto (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 63.367 “Cavaliere”, sent. del 14-VII-2010). Es que si bien la pérdida de chance no constituye estrictamente un daño cierto (en la concepción habitual de perjuicios resarcibles), sino más bien un concepto que se sitúa en una zona intermedia entre los daños reales y los imaginarios (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 101.593 “Díaz”, sent. del 14-IV-2010), no lo es menos que si la frustración de la oportunidad denunciada no aparece fundada ni se exhibe con serios visos de razonabilidad, estaremos ante una posibilidad meramente remota, vaga o dudosa, en la que el daño alegado sería meramente hipotético, lo que no da lugar a indemnización (cfr. doct. esta Cámara causas C-2145-MP2 “Nazario Montañana”, sent. de 10-V-2011 y C-3315-MP1 “Noguera”, sent. del 23-X-2012).
En suma, la expresión “pérdida de chance” involucra los casos en los cuales el sujeto afectado podría haber obtenido un provecho, una ganancia o beneficio, o evitar una pérdida, lo que fue impedido o obstaculizado por el hecho antijurídico, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría o no producido (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 91.262 “Delmoro”, sent. de 23-V-2007; esta Cámara causa G-792-MP2 “Urraco”, sent. de 17-II-2009). En la especie, a poco que se examine el informe pericial citado supra, se comprueba que el profesional veterinario entiende prudente estimar “una parición por año por oveja”, cantidad sensiblemente inferior a la computada en demanda (3 pariciones por año por animal, fs. 24) [v. fs. 226] pero coincidente con la del informe de fs. 242. Tal circunstancia representa, a su vez, un mayor costo de mantenimiento de la majada o un mayor porcentaje de mortandad y determina, proporcionalmente, una reducción del monto de arrendamiento debido [v. fs. 226 in fine].
A su vez, el dictamen en cuestión propone un sistema de cálculo que, teniendo en cuenta el índice de mortalidad del treinta por ciento (30%), el porcentaje de reposición del veinte por ciento (20%) anual, las ganancias anuales de la venta de los corderos [cuyo precio rondaba en noviembre de 2008 los $ 88,48 por animal] y el costo de arrendamiento de las hectáreas de campo necesarias para su desarrollo por un valor de pesos noventa ($ 90,00) cada una, arroja un total de 113 cabezas de ganado para el año 2008, lo que hubiera totalizado una ganancia de pesos once mil setecientos noventa y ocho con setenta centavos ($ 11.798,70) [v. respuesta al segundo punto de pericia propuesto por el actor, fs. 226/227].
De todos modos, no puedo dejar de advertir que el cuadro que determina ese valor final -obrante a fs. 227 del informe pericial-, no resulta correcto en tanto se observa un error de cálculo en la columna “total ganancia” derivado de haber sumado –en lugar de restado- la pérdida estimada por el experto para el año 2003 ($ 148,48), lo que debió haber arrojado un resultado total de pesos once mil quinientos con noventa y cuatro centavos ($ 11.500,94).
Con todo entonces, tomando en cuenta este último valor, corresponde fijar el rubro “pérdida de la chance” en la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 11.500,94).
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo acoger la demanda impetrada por Miguel Ángel Fonseca contra la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, por los fundamentos esbozados en el apartado “d” precedente, habré de proponer al Acuerdo que se condene a accionada a abonar en concepto de “daño emergente” la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550,00) y por el rubro “pérdida de chance” la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 11.500,94). A las sumas determinadas se le deberían adicionar intereses a calcularse desde el día 19-08- 2008 –conforme lo solicitara el actor en demanda- y hasta su efectivo pago, liquidados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días vigente en los distintos períodos de aplicación (S.C.B.A. causa B. 58.220 “Butti”, sent. del 27- XII-2006 y argto. doct. esta Cámara causas C-1608-DO1 “Galeano”, sent. del 4-III-2010; C-1394-MP2 “Blanco”, sent. del 30-III-2010 y C-4028-DO1 “Lloret”, sent. del 17-XII- 2013).
El importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, debería abonarse dentro de los sesenta (60) días de quedar aquélla firme (art. 163 Const. Pcial.). Las costas de la instancia de grado deberían imponerse a la accionada por su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., t. según ley 14.437), mientras que las de Alzada deberían imponerse por su orden al no mediar contradicción.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora adhiere a la solución propuesta para el segundo interrogante planteado, votando en igual sentido.
La doctora Sardo no suscribe la presente sentencia por haber presentado su renuncia, efectiva al 01-02-2014. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Anular el pronunciamiento de fs. 276/279 (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 55 inc. 4° y 77 del C.P.C.A.; 163 incs. 4° y 6° del C.P.C.C. y demás doct. cit.).
2. Hacer lugar a la demanda impetrada por Miguel Ángel Fonseca, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonar en concepto de “daño emergente” la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550,00) y por el rubro “pérdida de chance” la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 11.500,94), a las que se le adicionarán intereses a la tasa pasiva que pague el banco oficial para cada período de aplicación desde el día 19-08-2008 y hasta su efectivo pago y las que deberán ser canceladas dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la liquidación a practicarse en la instancia de conformidad con lo que aquí se propone (art. 163 Const. Prov.).
3. Las costas de la instancia de grado se imponen a la accionada por su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., t. según ley 14.437), mientras que las de Alzada se imponen por su orden al no mediar contradicción.
4. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos efectuados ante este Tribunal para su oportunidad (arts. 31 y 51 decreto ley 9804/77).
Regístrese y notifíquese por Secretaría, y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia