Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 5188
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la admisibilidad formal del recurso de apelación de fs. 293/294 contra la resolución interlocutoria de fs. 290 [art. 55 inciso 2°, apartado c) del C.P.C.A. -en tanto lo resuelto afecta el cumplimiento del fallo-, arts. 150 y 161 del C.P.C.C., aplicable a la especie por conducto del art. 77 inciso 1° del C.P.C.A.].
2Rechazar el recurso de apelación articulado por el actor, confirmando la resolución interlocutoria de fs. 290 en lo que fuera materia de agravios [art. 63 del C.P.C.A.]. Las costas del presente incidente se imponen por su orden, en atención a que el vencido litiga a partir de una relación de empleo público que lo vincula con la Administración ejecutada [art. 51 inciso 2° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437], difiriéndose la regulación de honorarios de alzada para su oportunidad [art. 31 decreto ley 8904/77].
3Rechazar los recursos de apelación de fs. 272/273 y 274, confirmando la resolución de regulación de honorarios de fs. 267.
4Por economía procesal, estese a la regulación de honorarios por los trabajos profesionales llevados a cabo en alzada con anterioridad al proceso de ejecución de sentencia que por acto separado se practica.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 03 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-5188-BB1 “MALISIA FEDERICO ERNESTO c. MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA s. PRETENSION DE RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DERECHOS", con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. En lo que interesa a los fines de la intervención de esta Alzada, luego de la sentencia definitiva recaída en autos [confirmada por esta Cámara -por mayoría- según surge de fs. 238/256], el juez de grado dictó resolución interlocutoria el 18-V-2016 haciendo lugar al pedido de la demandada de prorrogar el plazo para el cumplimiento del mandato contenido en el fallo de la causa, desoyendo la oposición que al respecto formulara la parte actora [cfr. fs. 290]. Así, otorgó a la Municipalidad de Bahía Blanca un plazo de sesenta (60) días a fin de que resuelva el sumario administrativo iniciado contra el agente Malisia dictando el correspondiente acto administrativo.
II. A fs. 293/294 el actor manifiesta disconformidad con lo resuelto por el magistrado de la instancia, articulando recurso de reposición con apelación en subsidio. Desestimado el primero de los remedios a fs. 295, concedido el segundo con traslado de sus fundamentos a la contraria, quien lo replicó a fs. 297/299 y elevadas luego las actuaciones, por Presidencia de este Tribunal se pasaron los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del remedio, y en su caso, para sentencia [fs. 304], por lo que corresponde plantear las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible el recurso intentado por la parte actora a fs. 293/294?
En caso afirmativo, 2. ¿Resulta fundado?
Resuelto ello, 3. ¿Qué temperamento corresponde adoptar respecto de las apelaciones articuladas a fs. 272/273 y 274 contra la regulación de honorarios practicada por el a quo a fs. 267? A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
A los fines de responder el interrogante que abre el Acuerdo, recuerdo que la presente causa se halla transitando el estadio de ejecución de sentencia, desde que el fallo definitivo de instancia -confirmado por esta Alzada oportunamente- fue consentido por la Comuna demandada [cfr. cédula de fs. 257 y actuaciones procesales posteriores; cfr. art. 63 inciso 1° del C.P.C.A.].
Siendo ello así, toda cuestión atinente al plazo de cumplimiento de la manda contenida en sentencia da lugar a una incidencia cuya resolución sería encuadrable en el tipo reglado en el art. 161 del C.P.C.C. [cfr. doct. esta Cámara causa Q-5601-BB1 "Pedersen", res. de 14-IV-2015], y atacable por recurso de apelación según lo estatuido por el art. 55 inciso 2°, apartado c) del C.P.C.A. -en tanto lo resuelto afecte el cumplimiento del fallo-, siempre que no se verifique la exclusión prevista en el art. 150 del C.P.C.C. - aplicable a la especie por conducto del art. 77, inciso 1° del C.P.C.A.-.
A tenor de lo dicho, el remedio de apelación en subsidio articulado por el actor deviene formalmente admisible por cuanto [i] ha sido articulado por el afectado por la resolución interlocutoria dictada mediando sustanciación, [ii] quien apela contestó el traslado conferido respecto del pedido de la contraria que fue acogido por la resolución apelada; [iii] lo hizo en el plazo reglado para el recurso de reposición, al que se le adicionó en subsidio la apelación y [iv] con fundamentación, más allá de su pertinencia que aquí no cabe aún evaluar.
Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo declarar admisible el remedio articulado a fs. 293/294. Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli y con igual alcance, vota la primera cuestión planteada por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Para una mejor comprensión del asunto sometido a decisión de esta Alzada, a continuación se repasará el derrotero de la causa en aquellos actos procesales que resultan relevantes para la solución del presente remedio de apelación.
1.1.1. A fs. 160/170 el juez de grado dictó sentencia, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el agente Malisia y declaró la nulidad de la Resolución N° 4-668-10. Consecuentemente con ello, condenó luego a la Municipalidad demandada a que dentro del plazo de sesenta (60) días de quedar firme la sentencia -con cita del art. 163 de la Constitución provincial- dicte un nuevo acto administrativo - precedido de un procedimiento en el que se respete adecuadamente el derecho de defensa del actor- bajo apercibimiento de dar por decaído su derecho a ejercer la potestad disciplinaria. Asimismo, ordenó la inmediata reincorporación del agente a su puesto de trabajo.
1.1.2. Apelada la sentencia por el Municipio condenado, esta Alzada -por mayoría- confirmó el pronunciamiento de grado, particularmente en cuanto al reenvío a sede administrativa para el dictado de un nuevo acto que pusiera fin al sumario, con el debido resguardo del procedimiento en pos de asegurar la correcta defensa del inculpado [cfr. fs. 238/256].
1.1.3. Consentida la sentencia de alzada por parte del apelante perdidoso, el expediente fue devuelto a la instancia de grado, en donde se activó el cumplimiento de algunas de las mandas contenidas en el fallo de primera instancia [cfr. fs. 261, 264, 265 relativos a la temática de la reincorporación del agente].
1.1.4. A fs. 271, el 19-02-2016, la Municipalidad accionada, por apoderado, se presenta ante el Juez de grado poniendo en conocimiento que el agente Malisia, en el expediente sumarial, presentó descargo el 16-02-2016 ofreciendo diversos medios probatorios [testimonial, pericial médica, informativas, etc.], circunstancia que colisionaba – en su visión- con la exigüidad de los plazos fijados por el a quo para que la Administración dicte nuevo acto administrativo en el trámite disciplinario "precedido de un procedimiento en el que se respete acabadamente el derecho de defensa del actor". Con ello en miras, solicitó se prorrogue el plazo conferido "tomando en cuenta la multiplicidad de prueba solicitada por el actor", y se pidió que especialmente se advirtiera que el expediente administrativo en el que se debía sustanciar la continuidad del sumario se encontró hasta el día 11-12-2015 en la sede del Juzgado.
1.1.5. De tal presentación, el a quo corrió traslado a la parte actora [cfr. fs. 278 y cédula de fs. 279].
1.1.6. A fs. 289/289 vta. el actor contesta la vista que le fuera concedida. Alega, en contraposición al pedido de la accionada, que: (i) la Municipalidad persigue lisa y llanamente modificar los términos de la sentencia, por cuanto el pedido apunta contra el punto II de la parte resolutiva del fallo de fecha 15-05-2014 y ello no fue oportunamente atacado por recurso de apelación, lo que torna consentida esa parte del pronunciamiento; (ii) lo pretendido es procesalmente improcedente, desde que luego del dictado de la sentencia, el a quo pierde toda competencia respecto del objeto del juicio, no estando habilitado para sustituir o modificar sus términos, pauta fijada en el art. 166 del C.P.C.C., precepto que tampoco contiene una excepción en la que permita abarcar la situación denunciada por la demandada. Con todo, solicita el rechazo del pedido, con costas.
1.1.7. El juez de grado, por resolución de fs. 290, luego de ponderar -de un lado- la expresa manda contenida en la sentencia de seguirse procedimiento sumarial en el que se respete acabadamente el derecho de defensa del actor, y -del otro- la apertura a prueba del sumario por un término de 15 días hábiles, juzgó pertinente conferir la prórroga solicitada en el entendimiento que la prolongación del plazo no afectaba el derecho de defensa de las partes.
1.2. Siendo éste el escenario procesal que debe ser analizado para resolver la apelación en subsidio, seguidamente he de relatar cuáles son los agravios traídos en alzada por el actor perdidoso en la incidencia.
En el escrito de fs. 293/294, el accionante se queja porque el juez de grado, en la resolución interlocutoria atacada, no ha siquiera evaluado los motivos por los cuales oportunamente planteó la improcedencia del pedido de prórroga, escenario que violenta lo prescripto por el art. 161 inciso 2 del C.P.C.C., al no tratar una cuestión blandida por la parte. Con ello en miras, reitera su previa presentación, en una transcripción literal, peticionando que sea esta Alzada la que trate esos fundamentos, de no acogerse la revocatoria articulada.
2. La Municipalidad replica los agravios esgrimidos por el actor. Luego de poner de resalto la fecha en la que contó en su poder el expediente administrativo sumarial y los pasos procedimentales que se dieron luego para reactivar el trámite resguardando el derecho de defensa del agente, recordó que efectuó su presentación de pedido de prórroga "ante la inminencia del plazo otorgado en sentencia" y frente a la variedad de prueba solicitada por el sumariado. Seguidamente, anoticia a esta Alzada sobre los pasos posteriores del sumario, remarcando que al 10-06-2016 ya se había elevado a la Junta de Disciplina para su resolución final [cfr. fs. 297/299]. Por ello, solicita el rechazo de la apelación articulada por el actor.
II. El recurso no es de recibo.
1. Desechando un defecto de postulación en el remedio tratado [reiteración de idénticos fundamentos que los expuestos ante el juez de grado] frente al absoluto silencio guardado por el a quo en torno a la improcedencia procesal blandida por el actor frente al pedido de prórroga del plazo de cumplimiento de sentencia, he de responder los agravios con la mira puesta en lo reglado por el art. 63 del C.P.C.A.
1.1. El legislador provincial ha estructurado la ejecución de sentencia en el proceso contencioso administrativo a partir de una serie de pasos reglados y con la mira puesta en el art. 163 de la Constitución provincial. Así, como primer estadio frente a una sentencia consentida, el juez debe intimar su cumplimiento dentro del término fijado en el pronunciamiento, pudiendo adoptar de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en ejercicio la atribución que le confiere el art. 163 de la Constitución provincial. Recién vencido el plazo previsto en el art. 163 de la Constitución provincial, sin que la autoridad requerida objetase su ejecución ni diese cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional, el legislador habilitó a la parte vencedora en el juicio para pedir que aquél [el juez] mande cumplir directamente lo dispuesto en la sentencia, quien ordenará a la autoridad el cumplimiento de la sentencia determinando concretamente.
El esquema precedentemente reseñado permite identificar una serie de escenarios en la etapa de ejecución de sentencia, con consecuencias procesales diversas para la Administración vencida y para el administrado vencedor, dependiendo de cómo jueguen cada una de ellas y el propio sentenciante en este segmento del derrotero procesal de la causa.
Así, podrían identificarse los siguientes supuestos:
1.1.1. Fijación de una manda a cumplir dentro de los sesenta días previstos en el art. 163 de la Constitución provincial y accionar oficioso del juez de grado durante dicho plazo en pos de reasegurar el cabal acatamiento de la condena. En tal caso, vencido el plazo otorgado sin que se hubiere materializado lo ordenado en sentencia, se dispara la consecuencia prevista en el art. 63 inciso 4° del C.P.C.A., amén de todo efecto derivado del mandato jurisdiccional, como podría ser la efectividad de un apercibimiento contenido en su texto [en términos iguales o similares que el obrante en la sentencia de instancia aquí analizada], lo cual requiere de una declaración expresa del juez de la ejecución que patentice la desobediencia.
1.1.2. Fijación de una manda a cumplir dentro de los sesenta días previstos en el art. 163 de la Constitución provincial, nula actividad oficiosa del juez de grado durante dicho plazo en pos de reasegurar el cabal acatamiento de la condena y luego del vencimiento del término otorgado, presentación de objeciones a la ejecución por parte de la Administración condenada. En este caso, se despliega un procedimiento incidental, con la debida bilateralidad, en el cual el juez de la ejecución abordará las objeciones de la condenada. Si rechaza las objeciones, debe declarar expresamente el incumplimiento de la condena, activándose la consecuencia prevista en el art. 63 inciso 4° del C.P.C.A., amén de todo efecto derivado del mandato jurisdiccional, como podría ser la efectividad de un apercibimiento contenido en su texto [en términos iguales o similares que el obrante en la sentencia de instancia aquí analizada]. Si, en cambio, les hace lugar total o parcialmente a las observaciones de la vencida, el magistrado está compelido a determinar concretamente lo que aquella deba hacer y el modo y plazo en que deba realizarlo, sin que ello importe habilitar al magistrado a introducir modificaciones sustanciales en los términos del primigenio pronunciamiento por fuera de ciertas modulaciones en las modalidades de acatamiento de la condena [arg. doct. art. 509 in fine del C.P.C.C.].
1.1.3. Fijación de una manda a cumplir dentro de los sesenta días previstos en el art. 163 de la Constitución provincial, nula actividad oficiosa del juez de grado durante dicho plazo en pos de reasegurar el cabal acatamiento de la condena y luego del vencimiento del término otorgado, inexistencia de objeciones de la condenada a la ejecución de lo incumplido, con el consecuente pedido de la actora vencedora que se mande cumplir directamente lo dispuesto en la sentencia. En este escenario, sin necesidad de bilateralización de la presentación de la vencedora, el juez de instancia deberá decretar el incumplimiento al mandato jurisdiccional, fijar lo que la Administración deba hacer en consecuencia y el plazo para llevarlo a cabo, sin perjuicio de activar lo conducente para hacer valer lo previsto en el art. 63 inciso 4° del C.P.C.A., así como de formalizar todo efecto derivado de la condena, como podría ser la efectividad de un apercibimiento contenido en su texto [en términos iguales o similares que el obrante en la sentencia de instancia aquí analizada].
1.1.4. Fijación de una manda a cumplir dentro de los sesenta días previstos en el art. 163 de la Constitución provincial, nula actividad oficiosa del juez de grado durante dicho plazo en pos de reasegurar el cabal acatamiento de la condena y luego del vencimiento del término otorgado, inexistencia de objeciones de la condenada a la ejecución de lo incumplido y ausencia de pedido de la actora vencedora que se mande cumplir directamente lo dispuesto en la sentencia. Frente a dicho cuadro, el cumplimiento extemporáneo de lo ordenado en sentencia por parte de la demandada, no le acarrea ninguna consecuencia directa perjudicial, tal como fuera resaltado por esta Alzada en la causa C-4452-BB1 "Pedersen" [sent. de 02-II-2016, en los términos señalados en el apartado I.3 del voto que concitó adhesión].
1.1.5. Por fuera de los escenarios delineados, las partes litigantes siempre cuentan con la prerrogativa que habilitan los arts. 155 y 157 primera parte del C.P.C.C. mediando acuerdo entre ellas, aún en etapa de cumplimiento de sentencia [cfr. doct. esta Cámara causa Q-5602-BB1 “Pedersen” citada].
1.2. Como puede extraerse de lo precedentemente reseñado, según sea el modo y tiempo de la intervención del juez, de la vencida o de la gananciosa durante el proceso de ejecución de sentencia, el resultado procesal difiere, al terciar un complejo sistema de contrapesos, bloqueos, preclusión y/o actividad oficiosa, siempre con la mira puesta en la efectividad del contenido del mandato judicial. El régimen de ejecución de sentencia del rito contencioso administrativo patentizado supra desarticula la estrecha mirada del apelante plasmada en su memorial de agravios. Aun cuando la sentencia de mérito contenga modalidades de ejecución de la condena, el propio legislador admite en ciertos supuestos el retoque oficioso por el juez de grado o la modulación al modo de acatamiento frente a objeciones de la condenada. En todo caso, el cuestionamiento de la parte actora habrá que tamizarlo no ya desde aquellos ceñidos argumentos sino ponderando si se ha verificado en la causa alguno de los escenarios descriptos precedentemente, para -desde allí- juzgar si el juez de grado estaba habilitado no solo para resolver lo plasmado en la interlocutoria de fs. 290, sino también el alcance con el cual se expidiera. A tal faena me aboco en lo que sigue.
2. Posando la mirada en el relato efectuado en el apartado I.1. precedente, formo convicción sobre la configuración en la especie del supuesto descripto en el apartado II.1.1.2. de este voto.
Observo, de un lado, que la sentencia de fs. 160/170 contiene –entre otros puntos- una manda expresa direccionada a la Municipalidad perdidosa, a saber, dictar un nuevo acto administrativo [en el trámite sumarial], precedido de un procedimiento en el que se respete acabadamente el derecho de defensa del actor. Por el otro, el juez de grado otorgó a la perdidosa el plazo previsto en el art. 163 de la Constitución provincial para llevar a cabo tal actividad, período que fenecía a los sesenta [60] días de quedar firme la sentencia de esta Alzada que, por mayoría, confirmó el fallo de grado. Por otro lado, advierto que durante todo ese lapso temporal, el juez de grado no adoptó ninguna medida oficiosa en pos de asegurar el cumplimiento de la sentencia dentro del plazo otorgado y que, a su vencimiento, la accionada expuso una objeción a un aspecto de la modalidad fijada para su acatamiento, esto es, el plazo dentro del cual debía acometer la actuación administrativa fijada en sentencia, dando razones en soporte de su expreso pedido de prórroga fundado en la profusa prueba ofrecida por el agente sumariado en el marco del trámite disciplinario, de producción indispensable para asegurar “un procedimiento en el que se respete adecuadamente el derecho de defensa del actor”. Finalmente, pondero que el a quo acompañó el razonamiento de la condenada, acogiendo sus implícitas objeciones al otorgar una prórroga de plazo para finalizar la actuación sumarial siempre preservando aquella manda de preservar un procedimiento disciplinario en que se respetara el derecho de defensa del actor. Así, el juez de la ejecución, luego de haber impreso el trámite incidental pertinente con la debida bilateralidad, acogió fundadamente el planteo de la vencida y determinó concretamente el plazo dentro del cual la Administración debía concluir la manda fijada en la sentencia de condena, sin haber introducido modificaciones sustanciales en los términos del primigenio pronunciamiento por fuera de esa específica modulación en las modalidades de acatamiento de la sentencia.
Como puede apreciarse, el expeditivo accionar de la Municipalidad condenada, al filo del vencimiento del plazo fijado en la sentencia de fs. 160/170, impidió que se habilitara el escenario descripto en el apartado II.1.1.3. precedente, ya que al traer argumentos atendibles [a tenor de la realidad sumarial que motivara este pleito] sobre la exigüidad del término de cumplimiento otrora fijado, bloqueó luego de transcurrido el plazo del art. 163 de la Constitución provincial, cualquier actividad procesal de la actora encaminada a obtener una ejecución compulsiva de la condena que la beneficiaba, incluida la efectivización del apercibimiento contenido en el pronunciamiento de la instancia.
Con todo, lo acontecido en el presente estadio de ejecución de sentencia se ajusta a derecho y, valorando lo decidido desde la pauta de razonabilidad, tampoco puede formularse un reproche a la acotada prórroga otorgada por el a quo, más cuando se aprecia que tal extensión temporal no ha sido prima facie utilizada abusivamente por la condenada de verificarse el escenario procedimental del que da cuenta el escrito de fs. 297/299.
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación articulado por el actor, confirmando la resolución interlocutoria de fs. 290 en lo que fuera materia de agravios. Las costas del presente incidente se deberían imponer por su orden, en atención a que el vencido litiga a partir de una relación de empleo público que lo vincula con la Administración ejecutada [art. 51 inciso 2° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los esbozados por el señor Juez doctor Riccitelli vota la segunda cuestión planteada por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Respondiendo a un expreso planteo del abogado del actor formulado a fs. 266, el a quo procedió a regular honorarios profesionales por trabajos de instancia, para lo cual caracterizó al asunto debatido como no susceptible de apreciación pecuniaria, con cita del art. 44 2° párrafo del decreto ley 8904/77.
Con ello en miras, fijó los honorarios del letrado apoderado del actor doctor Martín Miguel Percaz en la suma de PESOS DIECISIETE MIL [$ 17.000,00] con más el adicional de ley. 2. Los estipendios fijados fueron apelados tanto por el letrado beneficiario –por considerarlos bajos, no acordes con el importante beneficio obtenido por el actor de lograr su reincorporación y descuidados del largo período consumido en una actuación profesional direccionada en pos de lograr tal resultado-, como por la demandada condenada en costas –por altos-.
3. No resultando controvertida la decisión de considerar al presente asunto no susceptible de apreciación pecuniaria [por fuera del posible reproche que cabría efectuar en este punto a lo resuelto, en atención al concreto diferimiento que efectúa la sentencia de grado en torno al tratamiento de la pretensión de pago de salarios caídos, cfr. fs. 169 vta.], atendiendo al desarrollo del proceso y a su resultado, según las pautas fijadas por el art. 16 del decreto ley 8904/77 y teniendo presente el rol de apoderado del profesional beneficiario, juzgo que la suma acordada en carácter de estipendio por sus trabajos de primera instancia, representativa de aproximadamente 39 JUS [valor al tiempo de la regulación según Acuerdo S.C.B.A. N° 3823/2016], luce ajustada a derecho.
Por lo expuesto, propongo confirmar la regulación de honorarios practicada en el grado, con el consecuente rechazo de los remedios articulados en su contra.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Mora, por iguales fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli vota en idéntico sentido.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Declarar la admisibilidad formal del recurso de apelación de fs. 293/294 contra la resolución interlocutoria de fs. 290 [art. 55 inciso 2°, apartado c) del C.P.C.A. -en tanto lo resuelto afecta el cumplimiento del fallo-, arts. 150 y 161 del C.P.C.C., aplicable a la especie por conducto del art. 77 inciso 1° del C.P.C.A.].
2. Rechazar el recurso de apelación articulado por el actor, confirmando la resolución interlocutoria de fs. 290 en lo que fuera materia de agravios [art. 63 del C.P.C.A.]. Las costas del presente incidente se imponen por su orden, en atención a que el vencido litiga a partir de una relación de empleo público que lo vincula con la Administración ejecutada [art. 51 inciso 2° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437], difiriéndose la regulación de honorarios de alzada para su oportunidad [art. 31 decreto ley 8904/77].
3. Rechazar los recursos de apelación de fs. 272/273 y 274, confirmando la resolución de regulación de honorarios de fs. 267.
4. Por economía procesal, estese a la regulación de honorarios por los trabajos profesionales llevados a cabo en alzada con anterioridad al proceso de ejecución de sentencia que por acto separado se practica.
Regístrese y notifíquese. Fecho, por Secretaría devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia