Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar íntegramente el recurso de apelación deducido a fs. 250/260 y, consecuentemente, confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la demanda articulada por la actora, Mirian Lorena Fernández, contra la Municipalidad de Castelli. Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento la materia involucrada en la presente litis (art. 51 inc. 2º del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-.
2Declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 311 contra la regulación de honorarios practicada al Contador Oficial José María Landeta y desestimar, en lo restante, las apelaciones de honorarios efectuadas, confirmando así las regulaciones de estipendios profesionales practicadas a los Dres. Héctor Aníbal Zamora, Mariano Nicolás Palacios y Fernando Darío Pereyra, en su calidad de letrados patrocinantes de la actora, en las sumas de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.666,66), UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 1.280,00) Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO ($ 4.053,34), respectivamente (equivalente a un total de 25 jus).
3Por los trabajos de alzada, estése a la regulación de honorarios que por separado se efectúa.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 10 días del mes de diciembre de dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-5906-DO1 “FERNANDEZ, MIRIAN LORENA c. MUNICIPALIDAD DE CASTELLI s. PRETENSION ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Dpto. Judicial Dolores desestimó la pretensión anulatoria e indemnizatoria planteada por Mirian Lorena Fernández contra la Municipalidad de Castelli y confirmó el Decreto N° 560/2011 del 12-12-2011 que dejó sin efecto su designación en planta permanente dispuesta por decreto municipal 208/2011. Impuso las costas en el orden causado, en atención a la naturaleza del reclamo (ley 12.200 y art. 51 del C.P.C.A. -texto según ley 14.437- y reguló honorarios a los profesionales intervinientes en autos [v. fs. 250/260].
II. Declarada la admisibilidad formal de los recursos de apelación interpuestos respectivamente por la actora a fs. 271/279 –replicado a fs. 300/302- y por la demandada a fs. 311 y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. res. de fs. 333/335 pto. 3] –providencia que se encuentra firme-, corresponde plantear las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 271/279?
En su caso, 2. ¿Es fundado el recurso de apelación articulado a fs. 311?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. A fs. 470/506 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores dictó sentencia desestimando la demanda promovida por Mirian Lorena Fernández contra la Municipalidad de Castelli con el objeto de obtener: i) la anulación del Decreto N° 560/2011; ii) la reincorporación en el cargo que ostentaba con anterioridad al cese; y iii) el importe de los haberes dejados de percibir desde la fecha de cese.
Para así decidir tuvo por acreditado que: i) la actora trabajó como personal destajista desde el mes de enero de 2008 a febrero de 2010 y como personal temporario desde abril de 2010 hasta abril de 2011 y que mediante decreto municipal 208/2011 fue designada en planta permanente como personal administrativo III, Coeficiente 256, Categoría XII, desde el 01-05-2011; ii) con fecha 10-12-2011 se dictó el decreto municipal 530/2011 que ordenó dejar sin efecto –entre otrosel acto de designación de la actora en la planta permanente de la Comuna, por no haber adquirido la estabilidad prevista en el art. 7 de la ley 11.757; iii) el 12-12-2011 se dictó el decreto municipal 560/2011 que dio de baja efectivamente a la actora de la planta permanente del municipio; y iv) que mediante carta documento del 19-12-2009 se le notificó a Fernández el dictado de los decretos N° 530/11 y 560/11. A partir de tales probados extremos, enmarcó la contienda en las previsiones del art. 7 de la ley 11.757 y – con sustento en abundante doctrina sobre dicha norma, que transcribió- concluyó que el lapso por el que se encontraba atravesando la designación en planta permanente de la actora, permitía a la autoridad comunal revocar la designación, en atención a que no había transcurrido aún el año que prevé la norma para que el agente adquiera su estabilidad. De tal intelección, desprendió también la innecesariedad de sumario previo entendiendo -con todo- que el accionar de la Municipalidad no fue sino la exteriorización de la “oposición fundada” a la que refiere el art. 7 ya citado, ejercida en el plazo normativamente previsto.
A tenor de las consideraciones antedichas, rechazó también la pretensión indemnizatoria anexada a la nulidad del decreto impugnado.
2. La actora apela el pronunciamiento. Estima que el a quo ha efectuado demasiadas consideraciones generales sin abocarse a revisar la situación particular de autos. Remarca, en ese sentido, que el decreto municipal N° 208/11 que designó a la actora en planta permanente tuvo en cuenta las siguientes circunstancias: i) la anterior labor de la actora en la plata temporaria; ii) que la designación no se contraponía a la Ordenanza N° 6/10 de congelamiento de ingresos; y iii) que quienes intervinieron en el dictado del decreto de designación fueron quienes, más tarde, dictaron un decreto arbitrario dejando sin efecto la anterior decisión. En relación al período de prueba previsto por el art. 7 de la ley 11.757, interpreta que el dies a quo no puede considerarse desde la designación en planta permanente, sino que debe remontarse a su designación para cumplir funciones como administrativa III, momento desde el cual superó holgadamente el período de provisionalidad de 12 meses. En punto a la oposición fundada, estima que tal mecanismo no estuvo ejercido en el decreto de cese, pues – aduna- la decisión del Sr. Intendente Municipal de Castelli, al fundar el cese solo en razones de “reordenamiento”, viola la garantía de estabilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional. Así es que imputa al acto ausencia de motivación en este sentido, con transcripción de un fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Dpto. Judicial La Plata.
3. La demandada da réplica a la expresión de agravios, propiciando la revocación de la sentencia.
II. El recurso no es de recibo.
1. De conformidad a lo expuesto en el relato precedente, la cuestión a dilucidar en el presente caso consiste en determinar si el decreto municipal N° 560/2011 que dio de baja a la actora de su cargo en planta permanente resulta –o no- legítimo, en atención a la naturaleza del vínculo que unía a las partes.
Los fundamentos que el a quo brindó a la hora de pronunciarse por la legitimidad del acto impugnado se apontocaron, en esencia, en los siguientes pilares: i) que el Decreto impugnado exteriorizó el ejercicio de una prerrogativa legalmente reconocida a la Administración Comunal (art. 7 de la ley 11.757); ii) que la revocación de la designación fue dispuesta dentro del período de provisionalidad previsto por el art. 7 citado; iii) que dicho plazo comenzó a correr desde que la actora fue designada en la planta permanente del Municipio por decreto municipal N° 208/2011 y que no se había producido su incorporación definitiva en los términos del art. 15 de la ley 11.757; y iv) que teniendo en cuenta el reordenamiento administrativo, el congelamiento de vacantes y la provisionalidad en que se hallaban los actores, la oposición fundada resultó legítima. En su crítica a la sentencia dictada, la recurrente apunta: i) que el a quo no tuvo en cuenta los antecedentes que originaron el dictado del decreto municipal N° 208/2011 que la colocó en la planta permanente de la Comuna accionada;
ii) que el período de provisionalidad que contempla el art. 7 de la ley 11.757 debe remontarse al momento en que la actora fue designada como Administrativa III; y iii) que la oposición fundada no estuvo suficientemente ejercida frente al derecho a la estabilidad que la amparaba.
2. Circunscripta la cuestión litigiosa debatida en autos, habré de abocarme a dar respuesta a los planteos recursivos traídos a esta instancia, no sin antes dejar sentado que no han sido materia de controversia los siguientes hechos verificados en autos: i) que la Sra. Mirian Lorena Fernández fue designada en la planta permanente de la Comuna a partir del 01-05-2011, mediante decreto N° 208/2011 de fecha 27-05-2011, en el cargo de Auxiliar Administrativo III, Coeficiente 256, Categoría XII, Legajo 559 [cfr. fs. 15 de autos]; y ii) que al tiempo de disponerse su cese mediante decretos municipales N° 530/2011 y 560/2011 de fechas 10-12- 2011 y 12-12-2011 [v. fs. 13 y 14 de autos] -notificado a la actora el mismo 12-12-2011 [conf. fs. 14 vta.]-, habían transcurrido poco más de siete meses de la designación. Sentado lo que antecede conviene repasar que el art. 7 de la ley 11.757 –norma bajo cuya vigencia se desarrolló la relación de empleo público analizada- dispone: “Todo nombramiento es provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad. Este derecho se adquiere a los doce (12) meses de no mediar, previamente, oposición fundada debidamente notificada por autoridad competente…”.
Frente al marco normativo precisado, es dable recordar que durante el período de provisionalidad la ruptura del vínculo de empleo público puede disponerse legítimamente; ello es así, como contracara del ejercicio de la facultad legalmente reconocida al Departamento Ejecutivo de disponer nombramientos (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 51.947 “Pascuas”, sent. de 27-IV-1993) aunque, claro está, tal prerrogativa deberá –para reputársela legítima- ser ejecutada dentro de un marco de razonabilidad necesaria como condición de validez de los actos de los poderes del Estado (esta Cámara causa G-661-DO1 “Brown”, sent. del 10-III-2009). Es que, durante el período de prueba reglado por la ley 11.757, el vínculo entre el agente y la Administración pervive en una situación de precariedad o provisionalidad, habilitando ello el ejercicio de la potestad revocatoria de la Administración que, en el específico territorio analizado, exige de una adecuada y sustentable fundamentación (cfr. doct. C.S.J.N. in re S. 2488 L. XLI “Schnaiderman Ernesto Horacio c/ Estado Nacional – Secretaría de Cultura y Educación de la Presidencia de la Nación (Recurso de Hecho), sent. de 8-IV-2008 –del dictamen del Procurador General-; esta Cámara, causa G-1118-BB1 “Gelatti”, sent. del 11-XI- 2009).
Observando lo acontecido en autos advierto que transcurridos poco más de siete meses desde su nombramiento en la planta permanente, el Departamento Ejecutivo dispuso mediante decretos municipales N° 530/2011 –del 10-12-2011 y 560/2011 –del 12-12-2011- la revocación de la designación de la agente Mirian Lorena Fernández brindando para así proceder una serie de razones que, en prieta síntesis, consistieron en: i) el reordenamiento de la planta administrativa de la Municipalidad de Castelli; ii) el pedido por parte del Concejo Delibertante del cumplimiento de la Ordenanza N° 06/2010, que estableció el congelamiento del ingreso de personal a la planta permanente o temporaria; y iii) la provisionalidad por la que encontraba transitando tanto la actora como los restantes agentes involucrados en el primero de los actos citados.
Los considerandos vertidos en el acto en crisis descartan, de plano, aquel reproche de la actora sobre la falta de razones que justifiquen la revocación del acto de designación en planta permanente. Es que, los motivos expresados en los actos mencionados -de claro basamento legal- lucen válidos y suficientes en el sub examine para sustentar la validez del acto revocatorio, todos ellos ponderados bajo la circunstancia determinante de que la Sra. Fernández, si bien había sido designada en la planta permanente de personal municipal, aún no gozaba del derecho a la estabilidad en el cargo por no haber transcurrido el plazo reglado por el art. 7 de la ley 11.757 (cfr. doct. esta Cámara causa G-1118-BB1 “Gelatti”, citada).
En el citado contexto, la razón esgrimida por la actora –quien procura poner en crisis la oposición fundada en los términos del art. 7 del la ley 11.757-, importaría vaciar de contenido la prerrogativa de la Administración para decidir sobre la permanencia del agente que ha nombrado (cfr. doct. S.C.B.A. B. 51.566 “De Santis”, sent. de 29-II-2000), más cuando la oposición a la continuidad de la relación de empleo público puede versar tanto sobre cuestiones vinculadas a la idoneidad del agente como en razones de servicio -en el más amplio sentido-, o de conveniencia de la Administración (cfr. doct. S.C.B.A. B. 50.032 “Gallego”, sent. de 28-VIII-1990; esta Cámara, causa C-3417-DO1 “Quintela”, sent. del 24-VI- 2014).
Y en nada modifica tal conclusión la previa existencia de una relación de empleo público en la planta temporaria – tal como la que esgrime la demandante- por cuanto ese vínculo anterior no resulta basamento suficiente para pretender luego consolidar una relación con estabilidad (doct. S.C.B.A. causas Ac. 56.876 “Torres”, sent. de 26-XI-1999; B. 61.215 “Zocchi”, sent. de 1-III-2006). A todo evento, y tan solo bajo particularísimas circunstancias se permite reconocer un derecho a ser indemnizado frente a la ruptura intempestiva del vínculo (cfr. doct. C.S.J.N. in re R.354.XLIV “Ramos, José Luis c. Estado Nacional (Ministerio de Defensa – A.R.A.) s. Indemnización por Despido”, sent. de 06-04-2010; esta Cámara causas C-1307-BB1 “Pisani”, sent. de 28-IV-2010; C- 2040-DO1 “Sposaro”, sent. de 22-XII-2010), mas tal extremo no puede ser abordado en la especie por cuanto, ello no fue elemento en la composición de la litis.
En suma, si el tiempo en que un sujeto se desempeñó como personal temporario no puede computarse a fin de determinar si ha trascurrido el período de prueba de una posterior designación en planta permanente, entonces cabe concluir que a la fecha del dictado de los decretos N° 530/2011 y 560/2011 aún no se había producido la incorporación definitiva de la actora al cargo en los términos del art. 15 de la ley 11.757, en tanto no había transcurrido el período de prueba de los doce (12) meses estipulado en el art. 7 de la ley 11.757 como condición temporal para adquirir la estabilidad en el empleo (art. 14 inc. “a” ley 11.757), plazo computado desde que se dictara el acto de designación de la agente a la planta de personal permanente (esto es, 27-05-2011).
Así los decretos N° 530/2011 y 560/2011 traducen el ejercicio legítimo de la facultad de revocación en sede administrativa de un acto que -a la fecha del dictado de la medida cuestionada (diciembre de 2011)- reconocía a la agente únicamente una posición de precariedad derivada de un vínculo esencialmente extinguible en los términos del art. 7 de la ley 11.757, más cuando las restantes razones brindadas para proceder de tal modo declaradas por la Administración mediante decretos N° 530/2011 y 560/2011 distan de erigirse como viciadas de patente irrazonabilidad.
Con todo, no cabe sino descartar la ilegitimidad de la decisión de la Administración de revocar de oficio y en el marco de lo normado por el art. 7 de la ley 11.757 el acto anterior de designación de la actora, pues tal accionar no es sino la contracara del ejercicio de la facultad de nombrar a sus agentes (cfr. doctr. S.C.B.A. causa B. 50.864 “Rodríguez”, sent. del 29-VIII-1995; esta Cámara causa C- 2476-MP1 “Alvarez”, sent. de 29-XII-2011).
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo desestimar íntegramente el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 250/260 y, consecuentemente, confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la demanda articulada por la Sra. Mirian Lorena Fernández contra la Municipalidad de Castelli. Las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado, en atención a la naturaleza del derecho en disputa (art. 51 inc. 2º del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
En consecuencia, voto a la primera cuestión planteada por la negativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
Habré de adherir a los fundamentos y solución volcados en el voto del colega ponente.
Solo me permito agregar que, recientemente, la Suprema Corte de Justicia ha tenido oportunidad de delinear una clara postura jurisprudencial en la materia en la causa B. 61.903 “Piccoto” [sent. de 05-III-2014, por mayoría]. Allí se dijo que una recta interpretación del art. 7 de la ley 11.757 permite afirmar que la voluntad del legislador ha sido otorgar a la Administración una herramienta eficaz que prevenga la posibilidad de que el agente, una vez incorporado con estabilidad, resulte disfuncional para los cuadros administrativos, sea por su falta de idoneidad comprobada durante el período de prueba -la que, obviamente, debe ser demostrada en forma objetiva en el acto que dispone el cese-, sea por su manifiesta incompatibilidad con las necesidades del servicio determinada aun ulteriormente a la designación. Y allí también que se remarcó que al no haber adquirido estabilidad en el empleo -por la vigencia del período de prueba-, nada obsta que la designación del agente sea reconsiderada por conducto del art. 7 de la ley 11.757, con fundamento en las necesidades del servicio, siempre con el límite de no incurrir en ilegitimidad, extremo que se verifica cuando, vgr., se demuestra que no ha mediado el motivo determinante invocado por la autoridad (art. 108 de la Ord. Gral. 267/80 y doct. causa B. 62.241, "Zarlenga", sent. de 27-XII-2002) o que ella ha desviado el fin previsto por las normas actuadas (art. 103 de la Ord. Gral. 267/80; doct. causa B. 52.891, "De Olazábal", sent. de 15-XI-2006), circunstancias que conforme la reiterada jurisprudencia del Máximo Tribunal, conllevarían la invalidez de la decisión administrativa.
A tenor de tal doctrina, observo que en la especie el decreto N° 530/11 emitido por el Intendente que asumiera ese mismo día, brinda como fundamentos para hacer cesar la designación en planta permanente de la actora, los siguientes: (i) el reordenamiento de la planta administrativa de la Municipalidad; (ii) el pedido del Departamento Deliberativo, cursado mediante Resolución N° 12/11 por el cual se insta al Intendente Municipal a cumplir con el art. 4 de la Ordenanza N° 06/2010 por el que se dispuso el congelamiento del ingreso de personal en todas sus categorías de Planta Permanente y Temporaria; (iii) el no transcurso del plazo fijado en el art. 7 de la ley 11.757.
Por tanto, en la especie resulta ajustada a derecho la extinción de la designación de la actora en Planta Permanente, echando mano a la prerrogativa reconocida por el art. 7 de la ley 11.757, desde que median sobrados fundamentos para la adopción de la medida enjuiciada, más si se advierte que el decreto 208/11 –en el que apuntala su derecho la actora- fue dictado por el ex. Intendente municipal en abierta desobediencia a lo reglado en el art. 4 de la Ordenanza 06/2010.
Con todo, doy también mi voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1.1. Contra el auto regulatorio obrante a fs. 260/vta. el Dr. Fernando Darío Pereyra, invocando los beneficios previstos en el art. 48 del C.P.C.C. apeló el 12-05-2015, por elevadas todas las regulaciones de honorarios practicadas en autos [v. fs. 311].
1.2. Dicha presentación fue proveída por el juzgado intrviniente el que, con fecha 15-05-2015 concedió el recurso de apelación, empero hizo saber al profesional que la gestión debería ser ratificada en el plazo de sesenta (60) días hábiles, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 48 del C.P.C.C.
2. Posteriormente, la actora, por su propio derecho y con patrocinio letrado, articuló recurso de apelación contra las regulaciones de honorarios practicadas a los profesionales y peritos intervinientes en autos por estimarlas elevadas [v. fs. 317].
3. En proveimiento a esta última presentación el inferior dispuso: “Fs. 317: Atento lo expuesto por la parte actora y en virtud que con fecha 15 de mayo de 2015 la actora se notificó en forma espontánea de la regulación de honorarios practicada en autos e interpuso recurso de apelación respecto de la regulación inherente a los Dres. Zamora y Pereyra, hágase saber a la accionante que la apelación quedó consumada en dicha presentación y, en consecuencia, no ha lugar a la nueva apelación requerida” [v. fs. 320].
La decisión del juez de la instancia de tener por “consumadas” las apelaciones contra los estipendios regulados a fs. 260/vta. se presentó como improcedente en orden al estado de las actuaciones. Es que, el recurso de apelación articulado por el Dr. Fernando Darío Pereyra, articulado el 12-05-2015, invocando los beneficios del art. 48 del C.P.C.C., pendía de la temporánea presentación de los poderes o ratificación por parte de la interesada de la actuación desplegada por el gestor. Y debe entenderse que el remedio articulado por la actora en segundo término -idéntico al primigenio- importó la confirmación de aquella presentación del 12-05-2015 en la que cuestionó por altos la totalidad de los honorarios profesionales fijados judicialmente.
II.1. Efectuada tal aclaración, corresponde abocarse entonces al tratamiento del recurso de apelación deducido a fs. 311 contra la totalidad de los estipendios profesionales regulados a fs.260/vta..
En tal faena, recuerdo que el a quo reguló honorarios del siguiente modo: los del Dr. Héctor Aníbal Zamora, Mariano Nicolás Palacios y Fernando Darío Pereyra, letrados patrocinantes de la parte actora, en la suma total de pesos ocho mil ($ 8.000,=), de los cuales dos mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y seis ($ 2.666,66) corresponden al Dr. Zamora; un mil doscientos ochenta ($ 1.280,=) para el Dr. Palacios y cuatro mil cincuenta y tres con treinta y cuatro ($4.053,34) para el Dr. Pereyra, en todos los casos con más los aportes del ley (arts. 1, 2, 4, 13, 14, 16, 21, 23, 28, 44, 51, 54 y 57 del decreto ley 8904/77).
Asimismo, fijó los honorarios del Perito Contador José María Landeta en la suma de pesos un mil novecientos veinte ($ 1.920,=)
2. Contra dicho pronunciamiento la parte actora – obligada al pago- articuló recurso de apelación por estimar elevados todos los estipendios fijados [v. fs. 311].
III.1. Como cuestión liminar, cabe decir que el recurso deducido contra el auto que fija honorarios a un profesional de las Ciencias Económicas [no comprendido en los alcances del Decreto ley 8904/77], a falta de una ley especial que regule tal remedio, debe seguir los carriles de la ley procesal civil y comercial, observándose lo dispuesto por el Libro I, Título IV, Capítulo IV (arts. 242 y sgtes. del C.P.C.C.; esta Cámara causa R-1130-MP2 “Irastorza”, res. del 17-02-2009).
Tal cuerpo normativo indica, para el caso sub examine, que los recursos deben concederse en relación (art. 243 – segundo párrafo- del C.P.C.C.) y con efecto suspensivo (art. 243 –tercer párrafo- del mismo cuerpo normativo), agregando – luego- que el apelante deberá fundar el recurso dentro de los cinco (5) días de notificada la providencia que lo acuerda y previendo, a modo de sanción, que si no se presentare el memorial –dentro del mentado plazo- el juez de primera instancia declarará desierto el recurso (art. 246 del C.P.C.C.).
Cabe a su vez destacar, que la decisión del a quo de conceder los embates intentados no vincula al Tribunal de Alzada, porque éste se encuentra facultado para examinar todo lo relativo a su concesión, si quien lo dedujo es parte o tiene interés en su interposición, si ha sido deducido en término y si ha sido fundamentado -entre otros conceptos-, pues se trata de cuestiones en las que está comprometido el orden público por referirse a la jurisdicción y competencia funcional de la Cámara, sin encontrarse obligada ni por la voluntad de las partes, ni por las resoluciones del juez de primer grado, por más que se encuentren consentidas (cfr. Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala I, in re "Prato", res. del 16-07-96; esta Cámara causa P-352-MP1 “Contreras” sent. del 17-IV-2008, entre muchas otras).
Ante tal marco, se verifica en la especie que la actora recurrente se limitó a interponer recurso de apelación contra la regulación de honorarios practicada a fs. 260 vta. – apartado 4- manifestando que consideraban tales estipendios “…altos…”, sin que –oportunamente- hubiera cumplido con el requisito legal de fundamentar sus planteos argumentando con precisión el yerro que pretende endilgar al sentenciante en su fijación.
Tal omisión acarrea la aplicación de la sanción legalmente establecida, esto es, la deserción del recurso de apelación intentado a fs. 311 –respecto los estipendios regulados a favor del Perito Contador Oficial José María Landeta-, lo que así debe declararse.
2. A fin de ejercer la tarea revisora respecto de los honorarios fijados a favor de los letrados intervinientes en las presentes actuaciones, corresponde determinar tanto lo atinente a la escala dentro de la cual debe fijarse el estipendio profesional, así como lo relativo a la base regulatoria sobre la cual ha de proyectarse la alícuota que resulte aplicable en el sub examine.
2.1. En lo que respecta a la base regulatoria que dará sustento al honorario correspondiente, pudiendo estimarse al sub examine -a los efectos arancelarios- como un proceso no susceptible de apreciación pecuniaria, debe estarse a las previsiones de la norma en cuanto establece que en todos los casos en que los asuntos no fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior veinticinco (25) jus o diez (10) jus, según se trate del ejercicio de acciones contencioso administrativas o de actuaciones administrativas respectivamente. Asimismo, deben meritarse las pautas brindadas por los arts. 13 –letrados que patrocinan a una misma parte, 14 –carácter en que actúa el abogado-, resultado obtenido, complejidad y novedad de la cuestión, entre otros parámetros-, ambos preceptos del referido cuerpo legal.
2.2. Precisados los parámetros a la luz de los cuales se debe ponderar la labor desplegada por los letrados intervinientes en autos y cuya regulación fuera puesta en crisis –por considerarla alta- por la actora, no puede perderse de vista que las regulaciones de honorarios practicadas a los Dres. Héctor Aníbal Zamora, Mariano Nicolás Palacios y Fernando Darío Pereyra, en su calidad de letrados patrocinantes de la actora, en las sumas de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.666,66), UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 1.280) Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS($ 4.053,34), respectivamente, han sido fijadas –en su conjunto- en un equivalente a 25 jus [cfr. art. 1° del Acuerdo S.C.B.A. Nº 3.740 del 11-II-2015], resultando así determinadas en el mínimo legal previsto en el art. 44 -segundo párrafo- del Decreto ley 8.904/77 [cfr. argto. doct. esta Cámara causas C- 2608-MP2 “Sanabria”, res. del 14-II-2012; C-4170-MP2 “Colegio de Magistrados Depto. Judicial Mar del Plata”, res. del 07- VIII-2013]. Desde tal mirador, cabe concluir que dichos estipendios resultan insusceptibles de reducción por este Tribunal, por lo que la apelación deducida –a fs. 311- con tal propósito deviene manifiestamente improcedente y por ello debe ser desestimada, recomendando a la apelante evitar –en lo sucesivo- el innecesario dispendio jurisdiccional generado al instar la intervención de esta Alzada cuando los honorarios apelados por altos resultan fijados en el mínimo que corresponde por imperativo legal o por debajo de él [cfr. art. 44 –segundo párrafo- y ccdtes. del Dec. ley 8.904/77; doct. esta Cámara causas C-3292-MP2 “Torreiro”, sent. del 07- III-2013; C-4537-MP1 “Argemar S.R.L”, res. del 17-XII-2013; entre otras].
IV. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 311 contra la regulación de honorarios practicada al Contador Oficial José María Landeta y desestimar, en lo restante, las apelaciones de honorarios articuladas contra los estipendios profesionales determinados a favor de los Dres. Zamora, Palacios y Pereyra.
Voto a la segunda cuestión planteada por la negativa. El señor Juez doctor Riccitelli, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la segunda cuestión planteada por la negativa. De conformidad a los votos precedentes, la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Desestimar íntegramente el recurso de apelación deducido a fs. 250/260 y, consecuentemente, confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la demanda articulada por la actora, Mirian Lorena Fernández, contra la Municipalidad de Castelli. Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento la materia involucrada en la presente litis (art. 51 inc. 2º del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-.
2. Declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 311 contra la regulación de honorarios practicada al Contador Oficial José María Landeta y desestimar, en lo restante, las apelaciones de honorarios efectuadas, confirmando así las regulaciones de estipendios profesionales practicadas a los Dres. Héctor Aníbal Zamora, Mariano Nicolás Palacios y Fernando Darío Pereyra, en su calidad de letrados patrocinantes de la actora, en las sumas de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.666,66), UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 1.280,00) Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO ($ 4.053,34), respectivamente (equivalente a un total de 25 jus).
3. Por los trabajos de alzada, estése a la regulación de honorarios que por separado se efectúa.
Regístrese. Notifíquese por Secretaría y, cumplido lo anterior, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia