Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 3181
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación articulado por FIAT AUTO ARGENTINA S.A. a fs. 284/290, revocar totalmente el pronunciamiento apelado y, consecuentemente, hacer lugar a la demanda instada por la parte actora declarando la nulidad del punto 2 del acto administrativo emanado del Juez de Faltas N° 4 del Partido de General Pueyrredon fechado el 7-12-2010, que en copia certificada se encuentra agregado a fs. 171/181, al encontrarse afectado en sus elementos objeto y motivación (arts. 5, 10 bis y 40 Ley N° 24.240, doct. citada; arts. 103 segundo párrafo y 108 de la Ord. Gral. 267/80). Las costas de ambas instancias se imponen a la Municipalidad vencida [art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437]. Readecuar la regulación de honorarios de conformidad con el nuevo resultado del pleito [art. 274 del C.P.C.C., aplicable por conducto del art. 77 inciso 1° del C.P.C.A.], tomando como base regulatoria el monto de la multa consignado en el acto administrativo que se anula [$ 60.000,00], y fijar como honorarios por trabajos de instancia del letrado apoderado de la actora gananciosa doctor Gerónimo Granel la suma de Pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS [$ 10.800,00] con más los aportes de ley e I.V.A. si correspondiente [arts. 1, 9, 10, 13, 16, 21, 22, 28, 44 apartado a), 51 y 54 decreto ley 8904/77; arts. 12 inciso a) y 16 ley 6716; ley 23.349 y modif.], sin que corresponda hacer lo propio con respecto a los letrados de la demandada [art. 203 L.O.M.]. …
En la ciudad de Mar del Plata, a los 23 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-3181-MP2 “FIAT AUTO ARGENTINA S.A. c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s. PRETENSION ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El 26-08-2014, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia y rechazó la demanda incoada por la sociedad actora por la que perseguía la anulación de la resolución de fecha 7-12-2010 dictada por el Juez de Faltas N° 4 del Partido de General Pueyrredon. Impuso las costas a la actora en su carácter de vencida y, por acto separado, reguló honorarios a los profesionales intervinientes [cfr. fs. 273/278 y 279].
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación deducido por la actora a fs. 284/290 (fs. 300, prov. de 28-10-2014), y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde plantear las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso articulado por la parte actora contra la sentencia definitiva?
En su caso, 2. ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso de apelación incoado en su propio derecho por el letrado apoderado de la actora, respecto de la regulación de sus estipendios profesionales practicada a fs. 279?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. En atención a la pretensión anulatoria articulada por la sociedad actora contra el acto de fecha 7-12-2010 emanado del Juez de Faltas N° 4 del Partido de General Pueyrredon y dictado en el marco de la Ley Nacional N° 24.240 y la provincial N° 13.133, el sentenciante de grado liminarmente puntualizó que:
(i) el litigio rondaba en torno a una operatoria comercial compuesta, en la que intervienen una multiplicidad de sujetos [concesionario y fabricante-importador del vehículo] en pos de posibilitar la adquisición de un rodado por parte de un consumidor;
(ii) solo Fiat Auto Argentina S.A. [fabricante] participaba en este proceso al igual que lo había hecho en sede administrativa;
(iii) la precedente circunstancia resulta relevante por cuanto, al no cuestionarse en autos la responsabilidad solidaria de todos aquellos sujetos que intervienen en la cadena de comercialización según el art. 40 de la Ley 24.240, los hechos imputados al concesionario debilitan la postura de la parte actora.
Seguidamente, y adentrándose a evaluar la presencia o no de los vicios que se le imputan al acto sancionatorio, concluyó sobre la ausencia de irregularidad alguna: (a) en torno al elemento causa [ya que la actora denuncia como falsos y errados los antecedentes tenidos en cuenta por el Juez de Faltas para sancionarla]. En esta parcela remarcó, de un lado, los múltiples defectos que portaba la unidad [evidentemente originados en la línea de producción] y la actitud evasiva de la empresa a la sustitución del vehículo defectuoso por otro tal como lo pidió la consumidora. Del otro, sopesando los desperfectos estructurales del automotor según las constancias de autos, entendió que estaba probado el peligro para la salud e integridad física de la compradora -con desapego por el deber de seguridad exigido por el art. 5 de la Ley-, así como también quedaba acreditado un obrar del fabricante reñido con la buena fe por cuanto "nadie compra un vehículo 0 km. para que este viva en el servicio técnico", ya que todo fabricante o concesionario "ofrece sus productos bajo la premisa que los desperfectos serán excepcionales y, en tal caso, inmediatamente solucionados". Lo acontecido en el caso, según constataba de la prueba incorporada a la causa, era demostrativo de que lo excepcional se convirtió en regla. Por fuera de ello, desechó el argumento de la fabricante en torno a la pretendida limitación de su responsabilidad ["prestar el servicio de garantía por defectos del rodado"], ya que por fuera de su real intervención en la cadena de comercialización, ella era solidariamente responsable por los daños ocasionados al consumidor en cualquier instancia de ese tracto, más cuando no fue probada en autos la causal de exoneración prevista en el art. 40 de la Ley 24.240; (b) en lo referido al elemento objeto [ya que la sancionada argumentaba que la autoridad municipal se extralimitó por fuera de lo que la norma exige al fabricante], juzgó que el funcionario de Faltas actuó dentro del bloque de legalidad aplicable al caso, no solo en cuanto a su competencia para emitir el acto sancionatorio sino también en cuanto a los preceptos que rigen los hechos analizados.
Con todo, rechazó la demanda impetrada, con costas a la vencida.
2. La empresa sancionada apela el pronunciamiento desfavorable.
Cuestiona el fallo de grado, alegando los siguientes agravios:
(i) resulta erróneo imputar a su parte por los múltiples defectos que portaba la unidad, porque el vehículo se encontraba amparado por la Garantía de Fábrica que impone "asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos", obligación que la sociedad cumplió en todo momento; tampoco es correcto sostener -como lo hace el a quo- que la empresa haya tenido un comportamiento negligente, imprudente o descuidado, pues -entiende- en autos ha quedado probado lo contrario, esto es, una conducta cuidadosa, tomando todos los recaudos necesarios para la reparación del automóvil y poniendo a disposición de la consumidora el Servicio Técnico Oficial Fiat en todo momento;
(ii) es equivocado el juicio de valor que en torno al vicio en el elemento "causa" efectúa el sentenciante, ya que su única obligación primaria como fabricante [otorgar la garantía por los productos fabricados] fue cumplida y llevada a cabo por la empresa sancionada, respetando sus términos, suministrando piezas, partes y repuestos necesarios para la reparación y correcto funcionamiento del rodado, circunstancias que se encuentran demostradas en el expte. adm. incorporado como prueba a la causa. En su opinión, no pesaba sobre su espalda la obligación de "sustitución de la unidad", cuya omisión le reprocha caprichosa y absurdamente el juez de grado;
(iii) es igualmente desacertado que se haya tenido por probada una violación al deber de seguridad [ya que no se ha acreditado que los desperfectos del automotor hayan puesto en peligro la vida o la integridad física de la compradora durante los ocho meses y 3812 km. en que fue rodado el vehículo antes del desperfecto] o al deber de obrar de buena fe [en tanto, el bien adquirido ha sido fabricado por la más calificada mano de obra, respondiendo a los lineamientos técnicos de la industria automotriz y dotado de la garantía por los defectos o vicios del producto, cobertura honrada en tiempo y forma por la empresa luego de la denuncia de la consumidora;
(iv) se yerra también cuando en el fallo -primeramentese da por cierto un incumplimiento a la obligación prescripta por el art. 10 bis de la Ley 24.240, ya que sobre el fabricante solo pesaban las obligaciones de los arts. 11 y 12 del mentado régimen, las que fueron cumplidas por la sancionada como quedara probado en autos y -luego- se aplica el régimen de responsabilidad solidaria del art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando -según doctrina de la S.C.B.A. que cita-, la responsabilidad del fabricante no vendedor directo del producto al usuario es de naturaleza aquiliana, por los que los daños sufridos como consecuencia del accionar del vendedor no le pueden ser imputados. En suma, peticiona la revocación del fallo de grado, reservando el caso federal para el supuesto en que no se haga lugar a su planteo recursivo.
3. La demandada, mediante escrito de fs. 293/297, replica los agravios de su contraria, avalando el razonamiento seguido por el juez de grado y solicitando la confirmación del fallo apelado, con costas.
II. El recurso es de recibo.
1. Como tiene dicho la Suprema Corte de Justicia provincial, el contrato de concesión da origen a dos tipos de vinculaciones: de un lado, una relación entre los otorgantes del contrato -concedente y concesionario-, regida en principio por la autonomía y respeto a la voluntad expresada en el convenio y, del otro, un vínculo entre el concesionario y sus clientes, respecto del cual el concedente -en principio- resulta ajeno, no respondiendo por los incumplimientos en que pudiera haber incurrido el concesionario, ya que no es éste su mandatario. En lo que atañe al vínculo entre concedente-concesionario la eventual responsabilidad entre las partes es de naturaleza contractual, teniendo por marco referente el contenido de la propia convención. Mas no participa de igual carácter la responsabilidad del concedente frente a los clientes, por cuanto aquél resulta un tercero ajeno a lo convenido con el concesionario (art. 1195 del Cód. Civil), quien, en principio, no puede verse perjudicado por la conducta asumida por este último. La circunstancia de que los fabricantes -o, en su caso, los importadores- de automotores seleccionen a sus concesionarias y la existencia de un vínculo contractual entre ellos no autoriza a condenar al concedente si no ha mediado una conducta antijurídica le sea imputable [cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 93.038 "García", sent. de 13-VI- 2007; C. 105.173 "Bonacalga", sent. de 02-V-2013, por mayoría; C. 116.878 "Iarritu", sent. de 18-VI-2014]. Teniendo en cuenta las precedentes notas sentadas por la doctrina del Superior Tribunal provincial, en esta particular materia habrá de estarse a los concretos hechos o conductas denunciados por los consumidores para delinear, en cada caso, los deberes infringidos por el concedente [fabricante o importador] y por el concesionario [comercializador del rodado], por cuanto no cabe asimilar - recurriendo al régimen reglado en el art. 40 de la Ley N° 24.240- la responsabilidad del fabricante por la calidad del producto con la del concesionario por la desatención a las condiciones de comercialización, dado que aquella norma es de aplicación al primero frente a vicios, defectos o riesgos de los bienes comercializados y cuando la garantía legal y el servicio técnico contemplados en los arts. 11 y 12 del referido ordenamiento son desoídos [cfr. doct. S.C.B.A. supra citada].
2. En el presente litigio se ventila la impugnación de la empresa FIAT AUTO ARGENTINA S.A. -en su condición de fabricante- de una multa que se le impusiera por el Juez de Faltas N° 4 del Partido de General Pueyrredon, en el marco de una actuación administrativa formada como consecuencia de la denuncia presentada por María Alejandra Pastor de Calarco ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor [OMIC] en la que da cuenta de una serie de defectos en el vehículo que adquiriera en una concesionaria de la sociedad aquí actora.
Del acto del Juez de Faltas impugnado puede desprenderse [en la parcela que relata los hechos denunciados] que la consumidora posa su crítica en aquellos vicios del producto, aunque también en el trato recibido por parte de los denunciados [fabricante y concesionario], al sentirse estafada en su buena fe [cfr. fs. 172/172 vta.]. Y también de la mentada resolución surge que los hechos motivo de la denuncia con más la prueba colectada, le permitió al funcionario municipal de faltas establecer que ambas sociedades denunciadas vulneraron el derecho de la consumidora, en lo regido por los arts. 5, 10 bis y 37, bajo el régimen de responsabilidad solidaria del art. 40, preceptos todos ellos de la Ley N° 24.240 [cfr. 175 vta./176].
a. Con relación al deber de seguridad [protección al consumidor, art. 5 de la ley], el funcionario municipal lo consideró quebrantado por la sociedad actora en una construcción argumental rayana con el dogmatismo.
Respondiendo afirmativamente al interrogante que se formulara al respecto e invirtiendo impropiamente la carga de la prueba mediante un estándar por demás laxo ["en ningún momento … las empresas imputadas han demostrado extremos que permitan acreditar que han realizado todas las medidas que pudieran garantizar condiciones de seguridad conforme los parámetros exigidos por la ley"], rechazó la defensa esgrimida por la fabricante [ausencia de pruebas en las actuaciones administrativas respecto de daño alguno en la salud y la integridad física de la consumidora denunciante] mediante una retahíla de afirmaciones que emparentan la afectación a la seguridad personal del consumidor con el mero hecho de un daño sufrido por el bien adquirido o frente a la sola presencia de desperfectos de funcionamiento o constitución del rodado [cfr. fs. 176/177]. Ninguna mención a circunstancias concretas, alegadas y probadas por la denunciante, sobre el riesgo cierto o la lesión a su seguridad física, se formula empero en el acto administrativo enjuiciado ni tampoco en la sentencia de primera instancia al abordarse esta problemática, por fuera de la solitaria alusión al cambio de la caja de dirección del automóvil que el a quo ponderara para apuntalar la sanción en este segmento.
Acompañaré a la apelante en su crítica. Tiene dicho esta Cámara en la causa C-4234-AZ1 "Rutas al Sur S.A." [sent. de 19-XII-2013] que allende la concurrencia de un perjuicio material, lo cierto es que de no hallarse debidamente configurado el ilícito administrativo reprochado –poner en riesgo con peligro cierto la salud y seguridad del consumidor o usuario-, el acto administrativo sancionador asentado sobre tal premisa es irregular y pasible de anulación judicial por estar afectado en sus elementos objeto y motivación (art. 5 Ley N° 24.240 y 103 segundo párrafo y 108 de la Ord. gral. 267/80). El deber objetivo de seguridad que pesa sobre el fabricante se halla desvinculado de la existencia o no de un “daño material en el automotor”; saber diferenciar estos diversos universos permite trazar la correlativa división entre el territorio propio del derecho de daños y aquel específico del derecho del consumo, cuyo objetivo en trámites como el aquí analizado no es la reparación económica del perjuicio material sufrido sino desalentar las conductas perniciosas del proveedor o prestador que afectan la seguridad personal en el goce del bien o del servicio por parte del usuario.
Por ello, sin prueba efectiva sobre circunstancias suficientemente demostrativas de desprotección de la salud o integridad física del consumidor, mal puede juzgarse presente una violación al deber instituido por el art. 5 de la Ley 24.240 sobre la base de "una sensación de inseguridad al usar el auto", en los términos denunciados en el escrito que dio inicio al trámite administrativo que culminara con el acto aquí enjuiciado [cfr. fs. 34 y 172]. Lo anterior no importa una exigencia caprichosa ni alejada del rito procedimental en trámites como el que se examinan en la especie. Bien pudo la denunciante ofrecer prueba pericial mecánica -obsérvese que una similar le fue admitida a la fabricante a fs. 133- para ilustrar al funcionario administrativo sobre cómo alguno, algunos o todos los desperfectos que motivaron las intervenciones sobre el vehículo de las que da cuenta el informe de fs. 149/150, gravitaron en la conformación de un riesgo cierto para su seguridad física al conducir y circular con el rodado adquirido.
Nada de ello, empero, se encuentra patentizado en las actuaciones que precedieron al dictado del acto administrativo sancionador, por lo que la imputación de quebrantamiento del deber instituido por el art. 5 de la Ley 24.240 formulado por el Juez de Faltas municipal es producto de un razonamiento administrativo dogmático, sin anclaje técnico ni fáctico que lo descalifica, tornando irregular el ejercicio de la prerrogativa sancionatoria nacida para tutelar el derecho del consumo.
b. También resulta atendible la crítica que formula la apelante respecto de la imputación que se le hace en torno a lo prescripto por el art. 10 bis de la Ley 24.240.
No puedo pasar por alto liminarmente que es el propio acto administrativo impugnado el que reconoce que el reseñado precepto "no contiene un deber para el proveedor … sino que prescribe la variedad de opciones con las que cuenta el denunciante en caso de verificarse un incumplimiento de la oferta" [cfr. fs. 177].
Con ello presente, me cuesta derivar de tal norma un deber que, incumplido por el fabricante, la haga pasible de una sanción administrativa por su quebrantamiento. Aunque para el asombro, tanto el funcionario administrativo ["¿tuvo realmente el consumidor acceso a la variedad de opciones prescriptas por la norma en cuestión?"- cfr. fs. 177] como el propio juzgador de grado ["los múltiples defectos que portaba la unidad imponían una conducta que cortara de cuajo con el problema y le entregara al consumidor un rodado O km y no un persistente dolor de cabeza" -cfr. fs. 277] reputan incumplido el mentado artículo y justifican con ello la imposición de la penalidad.
Para más, el Juez de Faltas apuntala primordialmente su imputación en el rechazo a la solicitud de la compradora de reemplazar la unidad por otra que reuniera las condiciones ofrecidas al momento de la compra, sin tan siquiera explicar por qué tal requerimiento debía ser satisfecho por la fabricante si -de un lado- dicha opción no está contemplada en el art. 10 bis de la Ley 24.240 [repárese que su inciso b) prevé la aceptación de otro producto equivalente -lo que implica oferta de la contraparte-, no la posibilidad de demandar la entrega de aquel] y -del otro- la norma está direccionada más a reglar la relación comprador - vendedor [en el caso, concesionario] en la que la fabricante, de acuerdo a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia provincial citada al inicio de este apartado, no solo aparece ajena, sino que además en la causa el funcionario administrativo expresamente reconoce que el vehículo fue reparado [cfr. fs. 177] y se puede constatar que tales intervenciones se llevaron a cabo en el marco de la garantía de fábrica, a puro costo y cargo de la aquí demandada [cfr. informe fs. 151/152], con acabado respeto de lo prescripto por los arts. 11 y 12 de la Ley 24.240.
Así, lleva la razón la apelante sobre la irregularidad que porta el acto administrativo enjuiciado al imputarle el incumplimiento de una norma que ningún deber estatuye como exigible a su parte.
3. A tenor de lo anterior y descartada en la especie la configuración de un supuesto de solidaridad en los términos del art. 40 de la Ley 24.240 -conforme la doctrina de la Suprema Corte de Justicia provincial citada al inicio de este apartado, cuestión que también conformó el listado de agravios de la recurrente-, no cabe otra solución que postular la anulación del punto 2 del acto administrativo emanado del Juez de Faltas N° 4 del Partido de General Pueyrredon fechado el 7-12-2010, que en copia certificada se encuentra agregado a fs. 171/181, al encontrarse afectado en sus elementos objeto y motivación (arts. 5, 10 bis y 40 Ley N° 24.240, doct. citada; arts 103 segundo párrafo y 108 de la Ord. Gral. 267/80).
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo acoger el recurso de apelación articulado por FIAT AUTO ARGENTINA S.A. a fs. 284/290, revocar totalmente el pronunciamiento apelado y, consecuentemente, hacer lugar a la demanda instada por la parte actora declarando la nulidad del punto 2 del acto administrativo emanado del Juez de Faltas N° 4 del Partido de General Pueyrredon fechado el 7-12-2010, que en copia certificada se encuentra agregado a fs. 171/181, al encontrarse afectado en sus elementos objeto y motivación (arts. 5, 10 bis y 40 Ley N° 24.240, doct. citada; arts 103 segundo párrafo y 108 de la Ord. Gral. 267/80). Las costas de ambas instancias deberían correr por cuenta de la Municipalidad vencida [art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437] y readecuarse la regulación de honorarios de conformidad con el nuevo resultado del pleito [art. 274 del C.P.C.C., aplicable por conducto del art. 77 inciso 1° del C.P.C.A.]. Así, tomando como base regulatoria el monto de la multa consignado en el acto administrativo que se anula [$ 60.000,00], deberían regularse los honorarios por trabajos de instancia del letrado apoderado de la actora gananciosa doctor Gerónimo Granel en Pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS [$ 10.800,00] con más los aportes de ley e I.V.A. si correspondiente [arts. 1, 9, 10, 13, 16, 21, 22, 28, 44 apartado a), 51 y 54 decreto ley 8904/77; arts. 12 inciso a) y 16 ley 6716; ley 23.349 y modif.], sin que corresponda hacer lo propio con respecto a los letrados de la demandada [art. 203 L.O.M.].
Con tal alcance, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los dados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la primera cuestión planteada también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. El apoderado de la parte actora, por derecho propio, apeló por bajos los honorarios que le fueran regulados por el a quo en la resolución obrante a fs. 279.
II. En atención al resultado obtenido al votarse la primera cuestión planteada, el tratamiento del presente recurso ha devenido abstracto.
Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (cfr. doct. causas Ac. 82.248, sent. de 23-IV-2003; Ac. 85.553, sent. de 31-III-2004, entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. B. 61.703, sent. del 14-II-2000; esta Alzada causa C-3460-DO1 “D ́ Anna”, sent. de 21-IX-2013 y sus citas). Desde tal mirador y en atención al resultado votado en la primera cuestión, juzgo que ha desaparecido en la especie el interés que detentaba el letrado apelante al recurrir, ya que por conducto de la prerrogativa estatuida por el art. 274 del C.P.C.C. sus honorarios han sido readecuados –en más- en atención al nuevo resultado del pleito.
Así, corresponde declarar abstracto el tratamiento del presente recurso.
En consecuencia, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los dados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger el recurso de apelación articulado por FIAT AUTO ARGENTINA S.A. a fs. 284/290, revocar totalmente el pronunciamiento apelado y, consecuentemente, hacer lugar a la demanda instada por la parte actora declarando la nulidad del punto 2 del acto administrativo emanado del Juez de Faltas N° 4 del Partido de General Pueyrredon fechado el 7-12-2010, que en copia certificada se encuentra agregado a fs. 171/181, al encontrarse afectado en sus elementos objeto y motivación (arts. 5, 10 bis y 40 Ley N° 24.240, doct. citada; arts. 103 segundo párrafo y 108 de la Ord. Gral. 267/80). Las costas de ambas instancias se imponen a la Municipalidad vencida [art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437]. Readecuar la regulación de honorarios de conformidad con el nuevo resultado del pleito [art. 274 del C.P.C.C., aplicable por conducto del art. 77 inciso 1° del C.P.C.A.], tomando como base regulatoria el monto de la multa consignado en el acto administrativo que se anula [$ 60.000,00], y fijar como honorarios por trabajos de instancia del letrado apoderado de la actora gananciosa doctor Gerónimo Granel la suma de Pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS [$ 10.800,00] con más los aportes de ley e I.V.A. si correspondiente [arts. 1, 9, 10, 13, 16, 21, 22, 28, 44 apartado a), 51 y 54 decreto ley 8904/77; arts. 12 inciso a) y 16 ley 6716; ley 23.349 y modif.], sin que corresponda hacer lo propio con respecto a los letrados de la demandada [art. 203 L.O.M.].
2. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación articulado, por su propio derecho, por el apoderado de la parte actora contra la regulación de honorarios que se practicara a fs. 279.
3. Por los trabajos de alzada, estese a la regulación de honorarios que por separado se practica.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia