Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 6532
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación incoado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, confirmar el fallo de grado en cuanto fue materia de agravio. Imponer las costas de alzada a la accionada vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t.o. ley 14.437-).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (art. 31 y 51 del decreto ley 8904).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 28 días del mes de junio del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C- 6532-MP2 “JONGEWAARD DE BOER VERONICA JUDITH c. INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s. PRETENSION INDEMNIZATORIA – EMPLEO PUBLICO”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. En lo que aquí interesa, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Depto. Judicial Mar del Plata dictó sentencia, hizo lugar a la demanda promovida por Verónica Judith Jongewaard de Boer contra el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos impugnados y condenó a este último a pagar la suma de pesos diecisiete mil trescientos setenta y siete con veintisiete centavos ($ 17.377,27) en concepto de daños y perjuicios, con más intereses. Impuso las costas del proceso a la demandada vencida (art. 51 inc. 1° C.P.C.A., texto según ley 14.437) y difirió la regulación de los honorarios de los letrados que intervinieron en la causa hasta la oportunidad que señala el art. 51 del decreto ley 8904/77 [v. fs. 1191/1199].
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la acccionada a fs. 1202/1204 y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia (cfr. fs. 1212, proveído de fecha 19-4-2016, ap. 2° y 3°), corresponde plantear la siguiente
¿Es fundado el recurso de la accionada?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El a quo dictó sentencia, con el alcance especificado en los antecedentes de este voto.
1.1. Antes de ingresar en el desarrollo de los fundamentos que sostienen su decisión, el juez de grado llevó a cabo algunas aclaraciones que -a modo de vestíbulo- nos introducen en la cuestión relativa a la extinción de un vínculo de empleo público de carácter temporario.
En primer lugar advirtió que la pretensión actoral debe ser analizada a partir de la línea jurisprudencial trazada por los pronunciamientos recaídos en las causas “Ramos” (Fallos 333:311) y “Cerigliano” (Fallos 334:398) de la C.S.J.N., donde se ha reconocido el derecho a una indemnización -con base en las garantías contra el despido arbitrario que emerge del art. 14 bis de la Constitución Nacional- ante el uso desviado de las figuras de empleo temporal o transitorio por parte de la autoridad administrativa.
En segundo lugar remarcó –en consonancia con las conclusiones a las que arribó esta Alzada en la causa C-5843- DO1 “Martínez”, sent. del 27-08-2015- que si utilización irreflexiva de la figura del empleo temporario deriva en la abrupta decisión de poner fin a una prestación -que transcurría de manera más o menos regular y continua-, se está frente a un caso de despido arbitrario, el cual debe gozar de protección constitucional y que podrá dar lugar a una indemnización -cuando la ruptura del vínculo frustre una legítima expectativa de permanencia en él-, pero no provocará la reinstalación del agente, puesto que el mero paso del tiempo no tiene entidad para mutar la naturaleza del vínculo que se ve incidida por lo dispuesto en el acto de designación.
1.2. Seguidamente, trazó el camino a recorrer –a la luz del fallo de esta Alzada antes indicado- y puntualizó: (i) que la faena consistente en determinar si la Administración incurrió en la aplicación desviada o irrazonable de la norma que autoriza a contratar personal sin estabilidad –más precisamente en planta temporaria-, reclama un análisis particularizado que debe darse caso por caso, para lo cual si bien no gobiernan pautas rígidas de interpretación, debe llevarse a cabo un escrutinio minucioso del material probatorio rendido; (ii) que siendo el aspecto temporal solo uno de los elementos a tener en cuenta al momento de realizar la tarea señalada en el punto anterior, cabe tener presente que en tanto no se trate de limitaciones autoimpuestas por la Administración o bien que surjan del propio texto positivo que autoriza la contratación, no existe a priori un umbral o límite de tiempo traspuesto a partir del cual quepa concluir sin más que la relación de empleo temporario se extendió más allá de lo razonable; (iii) que en relación a la carga de la prueba respecto de los extremos que cada parte debe acreditar, basta con que el actor pruebe que de su parte hubo una prestación continua, ininterrumpida e invariable de la misma labor por un espacio de tiempo más o menos prolongado, con base a lo cual -por vía de las reglas de la experienciacorresponda presumir la utilización inapropiada de la figura de excepción; (iv) que probado lo anterior, pesa sobre la espalda de la Administración desvirtuar dicha presunción, demostrando –mediante un sólido aporte argumental y probatorio- que el proceder público fue razonable y que existían necesidades excepcionales que justificaron prolongar, por fuera de lo normal, la extensión del vínculo bajo la figura del empleo temporario.
1.3. Asimismo, y a los efectos de juzgar la responsabilidad del Estado en supuestos como el debatido en el sub lite, advierte que en los precedentes de la Corte Federal supra mencionados no se prescinde de la necesidad que estén presentes la antijuridicidad y el daño como presupuestos para que el Estado responda por su actividad ilegítima.
Desde tal mirador, arguye que la antijuridicidad se delinea a partir de un doble prisma de observación: i) el que atiende a la situación previa a la finalización del vínculo y ii) el que reposa sobre la decisión que dio lugar al cese. Así, afirma que el primero viene dado por la utilización desviada o disfuncional de figuras jurídicas propias del empleo temporal –a las que cabe acudir para casos excepcionales- que encubra vínculos que en los hechos tienen características propias del empleo permanente (conf. “Ramos”, consid. 4° y 5°), mientras que en el segundo aspecto, la decisión de poner fin al vínculo debe mostrarse arbitraria a la luz de los hechos antecedentes que daban real forma al vínculo, y su demostración viene dada por la aptitud del contexto precedente para generar una legítima expectativa de continuidad al trabajador que quedó trunca (conf. “Ramos”, consid. 6°; “Cerigliano”, consid. 7°), siendo que dicha decisión puede demostrarse arbitraria tanto cuando el vínculo se ve interrumpido antes de su finalización –como ocurrió en “Ramos”- o una vez agotado el período de vigencia del vínculo temporal correspondiente, decide que no exista una nueva designación –como parece haber sucedido en “Cerigliano”-. En cuanto al daño material como presupuesto de responsabilidad ante un caso de despido arbitrario, señala que viene implícito, por cuanto las razonables expectativas de continuidad que pueda exhibir el agente son la base del perjuicio invocable y –en general- lo que justifica la indemnización.
Por último, adelanta que la reparación de los perjuicios materiales no se satisface solo con el pago de la indemnización pecuniaria -que se ha establecido como primera consecuencia para hacer efectiva la protección contra el despido arbitrario y fijada a partir de la aplicación analógica de reglas jurídicas previstas para otros supuestos- , sino que también puede abarcar otros rubros que expresen perjuicios cuyo acaecimiento le sea adjudicado a la conducta estatal, como podría ser, eventualmente, el daño moral.
1.4. Con piso de marcha en lo antes expuesto, el juez de grado ingresó al análisis del caso.
1.4.1. Destacó, inicialmente, que la actora logra acreditar que por más de tres años, estuvo desempeñando labores para el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en el ámbito del Teatro Auditorium y bajo la figura de personal de “Sala y Escenario”, por tanto ajena a la estabilidad propia de la planta de empleo permanente.
Manifestó que llama la atención el plazo durante el cual se extendió el vínculo, pues considera que el personal de “Sala y Escenario” luce ceñido a una concreta y determinada demanda de servicios a prestarse por empleados que –bajo un vínculo precario prima facie justificado en la contingenciaponen su fuerza de trabajo a la órdenes de la Administración para atender demandas concretas, ello al punto tal que –según indica- la liquidación de las tareas debe efectuarse por ensayo, función o jornada de trabajo, con base a categorías que parecen atender a funciones bastante específicas (conf. el art. 26 de la ley 12.268 y su Anexo III).
En línea con lo anterior, agregó que los recibos de haberes acompañados por la actora no aportan mayor detalle sobre las circunstancias objetivas que harían procedente su contratación mes a mes durante tan prolongado período de tiempo, por cuanto en la mayoría de ellos se aprecia liquidado –como crédito- un solo ítem del cual no se desprende siquiera la cantidad de módulos liquidados y, menos aún, la concreta necesidad a la que obedeció la demanda de servicios de la Sra. Jongewaard.
Sin desmedro de lo anterior, resaltó que conforme se desprende de la prueba testimonial rendida a fs. 100/100 vta., 102/103 y 104/105, la accionante desplegó tareas en forma diaria, continua e ininterrumpida, circunstancia que - según sostiene- aleja la posibilidad de subsumir dicha realidad en una figura jurídica que resiste la idea de prestación permanente de servicios por un plazo semejante. Para más, afirmó que de la prueba antes mencionada, de lo dicho por la demandada al prescindir de sus servicios y la nota remitida al titular del Juzgado de Faltas Municipales (cfr. fs. 8 y 12), surge que las tareas desplegadas por la actora lucen prima facie alejadas de las responsabilidades relativas a los cargos que forman parte del personal de “Sala y Escenario”, en tanto la Sra. Jongewaard prestaba asesoramiento jurídico.
1.4.2. Desde tal atalaya, el magistrado de la instancia construyó una presunción a través de la cual afirma que en el sub lite existió un uso inapropiado de una figura de empleo temporario que lleva a descartar lo transitorio y eventual de los servicios de la actora. Asimismo, advierte en este punto, que los argumentos traídos por la demandada consistieron en meros laconismos y generalidades que sumado a su orfandad probatoria no permiten enervar la presunción precedente, ello incluso –según alega- estando la accionada en mejor posición para probar las objetivas razones que confluyeron mes a mes para requerir los servicios de la Sra. Jongewaard.
En suma, concluyó que el tiempo durante el cual se extendió el vínculo entre actora y demandada resultó suficiente para generar en la primera legítimas expectativas de permanencia en el empleo, las cuales quedaron truncas ante el intempestivo final que la Administración puso a ello mediante una respuesta que “…no sólo deja al desnudo el descalce que existía entre las formas y la realidad, sino que también luce vacua de razonabilidad pues, si hasta allí la actora afectaba su saber profesional para el cumplimiento de sus labores, debió explicitar adecuadamente las causas de por qué eso ya no era necesario…”.
1.5. A partir de todo lo dicho, el a quo colige la antijuridicidad de la conducta administrativa, lo cual a su entender compromete su responsabilidad y justifica el pago de una indemnización en favor de la actora.
1.5.1. En cuanto a la respuesta material que instrumenta la protección antes mencionada e invocando los lineamientos sentados por esta Alzada en la causa C-2206-AZ1 “Acosta”, sent. del 02-VIII-2011, consideró que la norma de derecho público y administrativo local a la cual cabe recurrir – analógicamente- para recomponer debidamente los detrimentos sufridos es el art. 30 inc. “b” de la ley 10.430, que prevé una indemnización para aquellos casos en que se produzca el cese de los agentes por supresión de su cargo, fijando la misma en un mes de sueldo por cada año de servicios o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año.
Así es que determinó que la mejor remuneración percibida por la accionante en el último año es la correspondiente al mes de febrero de 2009 por $ 2.459,09 y en consecuencia – siguiendo las pautas marcadas por la norma antes indicada- le reconoció una indemnización por el perjuicio material producido cuyo monto asciende a la suma de $7.377,27.
1.5.2. Respecto al rubro daño moral, recordó que se justifica su acogimiento cuando la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las meras molestias o preocupaciones tolerables y precisó además que su cuantificación no se encuentra sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación de las repercusiones negativas del suceso, quedando supeditada la fijación del monto a la adecuada discrecionalidad del sentenciante.
En ese andar, adujo que si bien es cierto que esta Alzada ha desestimado -en casos con aristas similares al presente- el rubro bajo análisis, por considerar que el daño moral no era presumible con la sola acción antijurídica, no menos cierto es que, implícitamente, reconoció la posibilidad de perseguir su reparación (cfr. esta Alzada, causa C-2952- DO1 “Monges”, sent. del 5-XII-2012).
Con ello en miras, el juez de grado se apartó – respetuosamente- del temperamento de este Tribunal respecto a la imposibilidad de presumir la existencia del daño moral y si bien advirtió que la jurisprudencia no es pacífica en este tópico, consideró que para estos supuestos su configuración se da ante el solo hecho de la acción antijurídica, recayendo en la parte contraria la carga de desvirtuar dicha presunción.
En orden a apuntalar la solución que predica, señala que nuestro Máximo Tribunal Provincial, reconoció recientemente – por mayoría- en la causa A 70.814, “Altamira”, sent. del 3- IX-2014 que el daño moral deber ser presumido ante casos en los que se anulen cesantías legítimas.
Aclaró que dicha presunción no se produce como correlato del derecho a la estabilidad que puede verse frustrado ante una decisión que –contraria a derecho- pone fin al vínculo resguardado con tal garantía, sino que ella tiene lugar ante los padecimientos espirituales que cabe presumir ante la pérdida del empleo con causa en un acto ilegítimo, pues no cabe duda que la separación provoca en el damnificado intranquilidad y sufrimientos.
Consecuentemente, entendió que en supuestos como el de autos no habría razón alguna para trazar distingos y apartarse de los lineamientos antes indicados, toda vez que lo que se cuestiona es lo arbitrario e ilegítimo de la decisión de no continuar un vínculo que, más allá del formal ropaje que pretendiera darle la Administración, tenía visos de permanencia y aptitud para generar en el agente una legítima expectativa de permanencia, si no fuera por el accionar estatal reprochado.
Así, sobre la base de los argumentos antes desarrollados, juzgó prudente acoger la indemnización en concepto de daño moral y fijar su cuantía en $10.000,00.
1.6. Con todo, el iudex de la instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la parte demandada al pago de la suma total de $17.377,27 en favor de la actora, con más los intereses que conforme la tasa que pague el Banco de la Provincia en los depósitos a treinta (30) días, vigente en los distintos períodos de aplicación, desde el día 1-10-2009 –fecha a partir de la cual el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos prescindió de los servicios de la Sra. Jongewaard- hasta el día de su efectivo pago.
Finalmente y atendiendo a la decisión que adoptó, impuso las costas a la parte accionada en su condición de vencida (art. 51 inc. 1° C.P.C.A., texto según ley 14.437).
2. En su escrito de apelación (de fs. 1202/1204), el Instituto demandado esgrime –en lo sustancial- los siguientes agravios contra el fallo de la instancia:
2.1. Critica, inicialmente, que el a quo desconozca los términos legales de la relación contractual que la uniera con la hoy actora.
2.1.1. La apelante refiere que la Sra. Jongewaard estuvo vinculada con el Teatro Auditorium durante el plazo de 3 años -hasta su cese con fecha 30-09-2009- a través de un contrato temporario como personal de “Sala y Escenario”, en los términos de los arts. 6, 23, 25 y concordantes de la ley 12.268 y art. 111 subsiguientes y concordantes de la ley 10.430. En razón de ello, alega –apoyándose en jurisprudencia que entiende aplicable al caso- que los agentes temporarios se hallan incorporados a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación.
2.1.2. Asimismo, remarca que la circunstancia de que la actora prestara funciones diferentes a las propias del personal de “Sala y Escenario”, no modifica la relación jurídica que la ligó a la Administración. Sin perjuicio de lo anterior, advierte que de la prueba producida surge que las funciones alegadas estaban directamente vinculadas a las actividades de “Sala y Escenario” -de tal modo que resultarían acordes a la designación en planta temporaria- no pudiendo afirmarse que se haya valido impropiamente de la figura jurídica del empleo temporario. Así, manifiesta que “…resulta claro que la actora prestaba funciones profesionales en su calidad de abogada, tal como lo requiere la norma, y vinculada directamente a la actividad artística del Teatro Auditorium, en la modalidad Sala y Escenario…”.
2.2. Continuando con su embate –aunque desde otra perspectiva- cuestiona que el magistrado de la instancia haya aplicado la jurisprudencia de la C.S.J.N. y de este Tribunal –citados supra y referentes a la extinción de un vínculo en el marco del empleo público temporario- en tanto, según entiende, no guardan identidad con el sub lite.
Empero, propugna que se aplique la solución a la esta Alzada arribó en la causa C-4936-BB1 “Ordoñez”, sent. del 19- 08-2014, precedente que la recurrente considera “idéntico”.
2.3. Por otro lado, se agravia del reconocimiento de la indemnización que porta el pronunciamiento de grado.
2.3.1. Con cita de doctrina del más Alto Tribunal de la Nación, indica que “…no procede el otorgamiento de reparaciones que no encuentren fundamento en perjuicios efectivamente probados en la causa…”.
2.3.2. Se duele también del mecanismo utilizado para la determinación del monto reclamado en concepto de daño material, por cuanto considera que el art. 30 inc. b) de la ley 10.430 está referido a situación de disponibilidad del personal de Planta Permanente y, consecuentemente, aduce que de ninguna forma puede utilizarse para calcular la indemnización a abonar.
2.3.3. De igual modo, se queja del acogimiento de la indemnización por daño moral, pues según afirma “…la actora, conocía y aceptó la temporalidad del vínculo que mantenía con la administración, y de ello –máxime su condición de abogadaninguna afectación espiritual puede sostenerse en las condiciones dadas…”. Atado a lo anterior y apoyándose en diversos pronunciamientos de la S.C.B.A., la recurrente recuerda, por un lado, que la Corte provincial ha denegado expresamente la indemnización por daño moral en caso de personal de planta temporaria cesado y, por otro, alega que – a diferencia de lo que ocurre con el daño material- la alteración disvaliosa del bienestar psicofísico del individuo debe presentar cierta magnitud para ser reconocido como perjuicio moral.
2.4. Por último, ataca la fecha a partir de la cual el a quo reconoce intereses a la condena recaída en autos, en razón de que considera que la obligación de pago de la suma establecida como indemnización surge a partir de su reconocimiento en la sentencia y no desde la fecha de cese de la actora.
Solicita, así, el acogimiento de su recurso de apelación y la consiguiente revocación del fallo atacado.
3. La parte actora contesta el memorial recursivo a fs. 1207/1208, solicitando que la sentencia apelada sea confirmada.
II. Responderé negativamente al interrogante planteado.
1.1. No está en tela de juicio la potestad con que cuenta la Administración para incorporar agentes que no integren los cuadros estables de la organización, ante necesidades transitorias o eventuales que no puedan cubrirse por el personal de planta permanente, siempre que los requisitos y condiciones a las que sean sometidos resulten, por su objetividad y razonabilidad, una excepción admisible a la regla de la estabilidad, que fluye del art. 14 bis de nuestra Carta Fundamental (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 330:1989).
A la luz de los agravios esgrimidos, lo que corresponde decidir en autos es si, durante la vinculación de la accionante como agente de la planta temporaria –más precisamente en su carácter de personal de “Sala y Escenario” del Teatro Auditorium en el que se desempeñó por espacio de tres años cumpliendo tareas de asesoramiento jurídico-, su empleadora respetó tales márgenes de actuación legítima o si, por el contrario, incurrió en conductas pasibles de revelar ya sea el abuso, el desborde o cuanto menos la inapropiada utilización de estas figuras excepcionales de vinculación de empleo público.
Lo antes dicho me lleva a descartar, desde ahora, el agravio identificado en este voto como apartado “I.2.1.1.”, a través del cual la apelante reprocha que el pronunciamiento de grado desconoce los términos legales de la relación contractual que la uniera con la hoy actora. Debo disentir con dicha afirmación, por cuanto ninguna duda queda que el a quo identificó correctamente la naturaleza temporaria del vínculo –cfr. el art. 6 de la ley 12.268- al concluir que “…la actora logra acreditar que por más de tres años, estuvo desempeñando labores para el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires aquí demandado, en el Teatro Auditorium, formalmente bajo la figura de personal de Sala y Escenario, por tanto ajena a la planta de empleo permanente y con estabilidad…” (v. fs. 1196 punto “3”). Sin perjuicio de ello, si bien es cierto –como advierte la recurrente- que conforme la doctrina de la S.C.B.A. los agentes temporarios se hallan incorporados a un régimen de excepción no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación, no menos cierto es que dicho principio no puede representar un valladar infranqueable que impida indagar si existió -en el caso- una utilización abusiva o inapropiada de dicha figura, en línea a lo adelantado supra.
1.2. La moderna jurisprudencia es proclive a reconocer un derecho indemnizatorio a aquellos agentes públicos que son víctimas del manejo irreflexivo de la figura del empleo temporario y que, al cabo de una prestación más o menos regular y continua, pierden su fuente de trabajo a raíz de la abrupta decisión de la autoridad de extinguir el vínculo. Lo que se indemniza, generalmente, en estos casos, es la frustración de la legítima expectativa de permanencia en el empleo que, por las particularidades en que se desenvolvió la relación, pudieron forjar los agentes durante el tiempo que revistaron al servicio de la repartición estatal. Se trata de una genuina protección contra el despido arbitrario, que goza de expresa protección constitucional (art. 14 bis de la Constitución Nacional y su doct.).
Tales son los lineamientos principales de la doctrina que el Máximo Tribunal Federal sentó en la causa “Ramos” (doct. C.S.J.N. Fallos 333:311, sent. de 6-4-2010) y consolidó en precedentes más recientes como “Cerigliano” (Fallos 334:398, sent. del 19-4-2011), entre otros (doct. Fallos 335:440; 335:729). La Suprema Corte de Justicia provincial, asimismo, practicó su lectura sobre la materia y se manifestó en contra de la utilización indiscriminada del empleo temporario, por resultar incompatible con la exigencia de buena fe que debe guiar la actuación del Estado con sus agentes en el marco de una contratación administrativa (cfr. S.C.B.A. causa A. 69.913 “Villafañe”, sent. del 13-XI-2012). Bajo dicho esquema interpretativo supo reconocer en ciertos casos una indemnización por el cese del personal temporario (cfr. causas A. 69.913 "Villafañe", citada; B. 64.315 “Carrizo”, sent. del 13-XI-2012; A. 71.045 “Colombo”, sent. del 16-VII-2014; B. 62.793 “Maza Vergara”, sent. del 29-X- 2014; A. 70.896 “Martínez”, sent. del 20-V-2015) mas, en otros, repelió la reparación solicitada, por entender que las particularidades de la litis no permitían sostener que la autoridad empleadora hubiera incurrido en una aplicación irrazonable o desviada de las normas que autorizaban a contratar personal sin estabilidad (cfr. causas B. 64.068 “Acerbo”, sent. del 26-XII-2012; B. 65.699 "Pace”, sent. de 11-III-2013 y B. 56.755 "Coronel Román”, sent. de 22-III- 2013).
1.3. Este Tribunal también cuenta con un nutrido repertorio de antecedentes en la materia. Luego de recoger los aires de la nueva corriente jurisprudencial (en la causa C-2206-AZ1 “Acosta”, sent. del 2-VIII-2011), la alzada fue escenario de los más variados debates sobre el particular. Muchos se resolvieron en sentido favorable al agente temporario que había sido repentinamente privado de su fuente de trabajo, pues mediaban elementos de peso para apuntalar la condena patrimonial del organismo empleador por el uso inadecuado de la figura de la vinculación temporaria, en consonancia con la opinión pregonada desde las altas esferas de la organización de justicia (cfr. doct. causas C-2206-AZ1 “Acosta”, citada; C-2483-MP1 “Suárez”, sent. del 6-IX-2011; C-2753-MP1 “De Giacomi”, sent. de 1-XI-2011; C-2803-MP1 “Retenaga”, sent. del 20-XII-2011; C-2802-MP1 “Bacciadone”, sent. del 7-II-2012; C-2788-MP1 “Gosela”, sent. del 7-II- 2012; C-2804-MP1 “Moggio”, sent. del 14-II-2012; C-3146-DO1 “Choren”, sent. del 7-IX-2012; C-3184-BB1 “Meder”, sent. del 20-XI-2012; C-2789-MP1 “Cocconi”, sent. del 29-XI-2011; C- 3430-DO1 “Postogna”, sent. del 4-IV-2013; C-3210-DO1 “Romero”, sent. del 2-VII-2013; C-3975-BB1 “Couat”, sent. de 19-IX-2013; C-4432-MP2 “Sosa”, sent. de 20-III-2014; C-4571- DO1 “Madero”, sent. del 22-IV-2014; C-4873-AZ1 “Rocha”, sent. del 13-II-2015; C-5334-DO1 “Duran”, sent. del 17-III-2015; C- 5646-BB1 “Rey Saravia”, sent. del 12-V-2015; C-4439-DO1 “Arrigo”, sent. del 12-V-2015; C-5661-MP2 “Villarroel”, sent. del 14-V-2015; C-5108-DO1 “Testti”, sent. del 25-VI-2015). Otros, en cambio, no siguieron la misma suerte y fracasaron en el intento de obtener una indemnización a raíz del cese de la relación de empleo temporario, por no haber patentizado ilegitimidad en el obrar estatal, presupuesto de base sobre el que se erigía el reconocimiento pretendido (cfr. doct. causas C-2886-BB1 “Hours”, sent. del 20-III-2012; C-2872-BB1 “Leitao”, sent. del 20-III-2012; C-1511-DO1 “Gómez”, sent. del 30-X-2012; C-3538-DO1 “Giannini”, sent. del 4-VI-2013; C-3676-AZ1 “Villegas”, sent. del 7-XI-2013; C- 4936-BB1 “Ordoñez”, sent. del 19-VIII-2014; C-6314-DO1 “Di Caprio”, sent. del 19-04-2016).
1.4. En fin, los Máximos Tribunales de Justicia y esta alzada han marcado un rumbo preciso en la materia, a través de una saga de precedentes que, sin establecer pautas rígidas de interpretación, transmiten un mensaje claro y decididamente encaminado a poner un límite al abuso o la arbitrariedad en la contratación de personal temporario. Bajo dichas directrices, será función de los jueces de inferior grado efectuar un minucioso escrutinio del material probatorio y de las circunstancias que rodearon a cada caso, para verificar –a la postre- si aquellas desautorizan la forma en que el régimen excepcional fue aplicado al agente (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 334:398 cit., consid. 5° y 8°; cfr. doct. esta Cámara causa C-2206-AZ1 “Acosta”, cit.). Tal es el patrón de entendimiento que se ha seguido en todos y cada uno de los casos –supra referenciados- que fueron sometidos a la revisión de esta Cámara de Apelación.
2. Con tales premisas como norte, debo también señalar, ante todo, que si bien la duración del vínculo constituye uno de los elementos relevantes para juzgar la legitimidad del actuar del Estado en el campo de las contrataciones sin estabilidad, en su ponderación no puede primar un celoso rigorismo, que atente contra la realización misma del fin tuitivo que brota de la calificada doctrina judicial. Así pues, en tanto no se trate de limitaciones autoimpuestas (arg. doct. esta Cámara C-2483-MP1 “Suárez”, cit.) o que surjan de un texto positivo (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 333:311 cit.), no existe a priori un umbral o límite de tiempo traspuesto el cual quepa considerar –sin más- que la relación de empleo transitorio se extendió más allá de lo razonable y, del mismo modo, sería imprudente establecer de antemano la franja de tolerancia temporal dentro del cual la accionada pudiera manejarse con absoluto arbitrio en la contratación de agentes sin estabilidad.
Se trata, en rigor, de situaciones de hecho y prueba que han de dilucidarse en función de las particularidades de cada caso, máxime cuando el factor tiempo –como tiene dicho nuestro Superior Tribunal- no es el único indicador a sopesar sino uno -gravitante, reitero- entre los restantes condicionamientos a los que se sujetó la prestación de servicios (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 65.699 “Pace”, cit., del voto del doctor Pettigiani que hizo mayoría).
Quede claro que lo que está vedado es el uso por demás inadecuado de la figura -objetivamente apreciada a la luz del régimen aplicable-, o bien, lo que sería más grave, el desvío de poder en la autoridad con el fin de encubrir designaciones permanentes bajo la forma de un mandato por tiempo determinado. Ahora bien, la determinación de cuándo ha mediado o no un obrar contrario a derecho en el terreno que nos ocupa, constituye una cuestión circunstancial y casuística que no puede quedar atada –por regla- a ecuaciones pétreas.
2.1. Además, la falta de mayores precisiones en punto a las particularidades de la relación o el contexto en el que fue instrumentada no puede, en principio, erigirse en un infranqueable valladar para el agente precarizado que acude a la jurisdicción en resguardo de sus derechos (argto. art. 39 de la Constitución Provincial).
En mi opinión, basta con que se acredite la prestación continua, ininterrumpida e invariable de una misma labor y por un espacio de tiempo más o menos prolongado para, cuanto menos, entrever posibles anomalías e irregularidades en el proceder administrativo (arg. arts. 375, 384 de C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.). Tales indicios relevantes constituirían, a la luz de las máximas de la experiencia, suficiente sustrato para erigir una presunción fundada de que ha mediado una utilización inapropiada de la figura excepcional (arts. 163 inc. 5°, 384 y ccds. del C.P.C.C.). Dicha reconstrucción fáctica no podría ser sorteada con una mera alegación dogmática como la que se formula en el memorial (cfr. fs. 1202/1204), sino que se requiere un sólido aporte probatorio y argumental, capaz de persuadir a la judicatura sobre la razonabilidad del actuar público. La carga de la prueba de este extremo recae sobre el sujeto demandado, no solo por tratarse de un hecho extintivo de la pretensión (arg. doct. esta Cámara causa C-4432-MP2 “Sosa”, cit.), sino porque es la Administración quien se encuentra en mejor situación de demostrar que existían necesidades excepcionales que justificaban prolongar, por fuera de lo normal, la extensión del vínculo bajo la figura del empleo temporario (art. 375 C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.).
2.2. Llevando tales lineamientos al caso de marras y cumpliendo con el estricto escrutinio que se requiere en la materia, puedo concluir que la solución propuesta para el caso por el a quo se ajusta a los parámetros legales y jurisprudenciales que resultan de aplicación (arts. 6, 23, 25 y ccds. de la ley 12.268, vigente durante el período en que se desenvolvió el vínculo).
En tal sentido, debo rechazar aquella parcela del embate que fuera identificada supra como apartado “I.2.2.”. Así, es menester aclarar que los precedentes “Ramos” y “Cirigliano” se trataron de valoraciones pergeñadas por la Corte Nacional en el estricto contexto de aquellas causas, por lo que –a diferencia de lo que pretende la apelante- la ausencia de alguno de los ingredientes de hecho o de derecho allí tenidos en cuenta no podría servir de justificativo para descartar – de plano- su aplicación a otros casos parangonables en los que pudiera advertirse –precisamente- el apartamiento notorio de la esencia de estas contrataciones excepcionales. Antes bien, por el contrario, entiendo que la labor de la Corte debería servir de patrón hermenéutico de utilidad para detectar –en el futuro y si bien no alterando su nortenuevos supuestos fácticos en los cuales se aprecie un uso por demás inadecuado de los modos excepcionales de vinculación de empleo público [a tenor de las notas normativas de cada régimen de contratación], o se tengan por acreditado abusos o arbitrariedades en el obrar del poder administrador (doct. esta Alzada causa C-2206- AZ1 “Acosta”, citada).
Sentado lo anterior, cabe señalar que en el sub examine no existe controversia alguna respecto a la duración temporal y los términos formales bajo los cuales se desarrolló el vínculo de empleo público que uniera a la actora con la demandada, pues arriba firme a esta alzada el hecho de que Verónica J. Jongewaard de Boer revistó como personal temporario del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, habiendo cumplido siempre labores para el Teatro Auditorium de esta ciudad como personal de “Sala y Escenario”. Dicho vínculo se extendió ininterrumpidamente desde el mes de junio de 2006 hasta el mes de septiembre de 2009, siendo el 1° de octubre del 2009 la fecha a partir de la cual la accionada prescinde de los servicios de la actora “…por no disponer de tareas acorde a su profesión…” (cfr. nota N° 489/09 -suscripta por el Director del Teatro Auditórium- la cual fue exhibida por la Sra. Miriam Rojas – quién dijo ser Jefa de Personal- en el marco de una diligencia de constatación llevada a cabo con intervención de escribano público y cuya acta fue acompañada por la accionante a fs. 7/9).
Respecto a la extensión del plazo, a la luz de la figura formal bajo la cual fue subsumido el vínculo, no puedo más que compartir la concreta observación que puso de resalto el juez de grado, por cuanto pareciera que el lapso –continuo e ininterrumpido- de 3 años de prestación de servicios bajo la figura de personal de “Sala y Escenario”, no resulta apropiado ni guarda relación con una figura de excepción que solo tiene razón de ser en una concreta y determinada demanda de servicios temporarios, estrictamente vinculados a un ensayo, función o jornada de trabajo, en el marco de la actividad artística propia de un teatro. Refuerza tal postura, no solo las categorías específicas de las que da cuenta la Planilla Anexa 3 de la ley 12.268 (como por ejemplo: acomodador, portero, camarinero, guardarropía, boletero, bailarín solista, bailarín de fila, pianista de coro, actor, asistente de relaciones públicas, etc.), sino también la forma en que según el art. 25 de dicha norma debe llevarse a cabo la liquidación de los salarios de aquel personal, más precisamente indica que les “…corresponde como única retribución por jornada laboral, ensayo o función la suma que resulte de aplicar la cantidad de módulos y el valor respectivo que fije el Poder Ejecutivo…”.
Desde tal mirador, acierta el a quo cuando advierte que los recibos de sueldo acompañados por la actora no aportan mayor detalle sobre las circunstancias objetivas que justificarían la contratación ininterrumpida de la actora, mes tras mes, durante un período de tiempo relativamente extenso. De dichos recibos no es posible extraer ni la cantidad de módulos liquidados ni la concreta necesidad que dio origen a la contratación de la actora (v. fs. 26/46). En relación a este punto, sin duda la defensa de la accionada se asentó sobre meras generalidades y, a la postre, la prueba por ella aportada resultó nula, pues no solo no adjuntó constancia alguna del primigenio acto de designación sino que tampoco acompañó el legajo personal correspondiente a la Sra. Jongewaard, a pesar que le fue requerido expresamente mediante oficios a fs. 126, 1166 y 1175. Frente a estos requerimientos, solo se limitó a responder –en lo que aquí interesa- que “…la Delegación de Personal de este instituto, informa que no obran antecedentes de la Sra. Jongewaard de Boer, y aclara que el personal que reviste bajo la modalidad de “Sala y Escenario” no posee legajo personal en dicha Delegación…” (v. fs. 130) y en el mismo sentido agregó que “…esta Delegación no confecciona legajos del personal que se desempeña bajo la modalidad ‘Sala y Escenario´…no posee acto administrativo de designación ni de cese, ya que es convocado por jornada laboral, ensayo o función…por lo tanto, al efecto de abonarle la jornada laboral, ensayo o función, el Área Liquidación de Haberes le otorga un número de legajo…” (v. fs. 1167 y 1176).
Entonces, ante la imposibilidad de conocer cuál fue el evento inusual o la coyuntura administrativa que habrían justificado la prolongación del vínculo temporario por más de tres (3) años, la presunción contraria que pesa sobre el Instituto demandado debe mantenerse con todo su vigor. Ensombrece aún más el panorama relevado, la índole de las tareas desplegadas por la accionante, por cuanto –como bien remarca el a quo- lucen prima facie alejadas de las responsabilidades de las categorías específicas que forman parte del personal de “Sala y Escenario”. De esta manera considero que debe ser desestimado aquel agravio blandido por la recurrente e identificado más arriba como apartado “I.2.1.2”, a través del cual arguye que las funciones alegadas estaban directamente vinculadas a las actividades de Sala y Escenario, de tal modo que resultarían acordes a la designación en planta temporaria. Es que la prueba aportada me convence de lo contrario, en razón de que surge indubitable que la Sra. Jongewaard prestaba –en su carácter de abogada- tareas relacionadas al asesoramiento jurídico para el Teatro Auditorium (v. testimoniales a fs. 100/vta, 102/103 y 104/105; acta de constatación de fs. 7/9 y nota de fs. 12) y tal circunstancia –ante la ausencia total de razones objetivas que justifiquen la contratación ininterrumpida de la actora por un período de más de tres (3) años- permite presumir una utilización irrazonable o cuanto menos inadecuada de una figura de excepción que, como su nombre lo indica, se vincula estrictamente con aquellas tareas que eventualmente demande la actividad artística del teatro a través de la Sala y el Escenario (expresamente previstas en la Planilla Anexa III de la ley 12.268).
2.3. Tal estado de cosas me permite concluir que las tareas llevadas a cabo por la actora carecían de la transitoriedad y eventualidad que supone el régimen de excepción (conf. arts. 6 inc. 2), 25 y Planilla Anexa III de la ley 12.268), en tanto la tendencia de la accionada a obrar de dicho modo no aparece siquiera abastecida por un mínimo de razonabilidad (art. 28 Const. Nac.), ni obran pruebas concluyentes en la causa que apuntalen una realidad excepcional que no hubiera podido mitigarse por el personal afectado a la planta con estabilidad (art. 14 bis de la Constitución Nacional; arg. art. 39 de la Constitución Provincial).
Las circunstancias de la litis ponen de relieve que la accionada se ha valido impropiamente de una figura jurídica solamente autorizada por la ley para cubrir necesidades coyunturales (arg. doct. S.C.B.A. causa B, 51.133 “Picaro”, sent. del 03-III-2010), tergiversándola, para generar un vínculo de empleo bajo la apariencia de un nombramiento por tiempo determinado (conf. doct. C.S.J.N. Fallos 333:311, cit., consid. 5° del voto mayoritario).
Con todo, no ha de merecer recibo el agravio identificado en este voto como apartado “I.2.3.1”, por cuanto puede decirse válidamente que el comportamiento del Instituto demandado tuvo aptitud para generar en la actora una legítima expectativa de permanencia que merece la protección que la Carta Magna otorga al trabajador contra el despido arbitrario, de todo lo cual se colige que en la especie se ha acometido con antijuridicidad, comprometiendo la responsabilidad de la Administración frente al agente y justificando, así, la procedencia de la indemnización (art. 14 bis de la Constitución Nacional).
3. En lo que concierne estrictamente a la determinación de la reparación económica, cabe rechazar el restante agravio que trae el apelante (v. supra apartado “I.2.3.2”), para quien la normativa de la que se valió el juez de grado para establecer el quantum indemnizatorio no resultaría aplicable a los agentes de la planta temporaria.
Mal puede la recurrente repudiar la aplicación que el fallo hizo del art. 30 inc. b) de la ley 10.430, arguyendo con total liviandad que aquel precepto deviene inaplicable al sub lite por referirse a la situación de disponibilidad de los agentes de la planta permanente. La accionada pasa por alto que la solución de dicha norma no viene dada de manera directa, sino a los fines de suplir un vacío legal, ejercicio que luce respetuoso de las pautas de valoración previstas por la Constitución Provincial (art. 171), desde que nunca podría haberse dejado de dirimir la disputa bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes (cfr. doct. esta Cámara causa C-2483-MP1 “Suárez”, cit.).
De allí que quepa desechar el agravio articulado, máxime cuando se trata del precepto legal al que nuestro Máximo Tribunal Provincial –por imperio de la analogía- acudió para mensurar el resarcimiento por extinción injustificada de la relación de empleo público temporario, tomando como norte, a su vez, las enseñanzas sentadas por el Alto Cuerpo Federal in re “Cerigliano” (doct. cit.), en el que se dijo que el modo de resarcir los perjuicios causados debe encontrarse en el ámbito del derecho público y administrativo, añadiendo que la finalidad reparadora de la indemnización exige de los jueces un riguroso apego a pautas razonables que garanticen el principio de suficiencia (consid. 8°, seg. párrafo). Tales exigencias, en el caso, quedan a resguardo acudiendo a las previsiones del art. 30 inc. b) del Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública aplicable al caso - ley 11.430- (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 62.793 “Maza”, y causa B. 64.315 “Carrizo”, citadas).
Bajo dichas circunstancias, el planteo esgrimido no puede tener acogida.
4. Idéntica suerte adversa merece el agravio a través de del cual la recurrente critica el acogimiento de la indemnización por daño moral a la que hizo lugar el sentenciante de grado.
En tal sentido, me propongo distinguir liminarmente –a la luz de los pronunciamientos judiciales que mencionaré a continuación- aquellas situaciones de hecho y derecho que podrían incidir en la procedencia de la reparación del daño moral ante la ruptura de un vínculo de empleo público temporario, para luego, subsumiendo los antecedentes del caso en el universo adecuado, poder demostrar la sensatez de lo resuelto por el magistrado de primera instancia en relación al actora. Así, vislumbro dos grandes escenarios. Veamos:
4.1. Ante la utilización desviada de figuras jurídicas propias del empleo transitorio y cuando la extinción de dicha relación sea producto del vencimiento del último plazo de designación vigente, entiendo que solo se justifica una indemnización que repare –conforme lo extensamente desarrollado supra y bajo las pautas de evaluación allí sentadas- el daño material producido por la frustración de las legítimas expectativas de permanencia en el empleo de quien era agente (conf. C.S.J.N. causas “Ramos” y “Cerigliano”, citadas).
4.2. Frente al aprovechamiento disfuncional de una figura de excepción -como la descripta en el punto anteriorpero obedeciendo la extinción del vínculo de empleo público temporario a un accionar administrativo que genera: (i) una inmotivada ruptura ante tempus de la unión transitoria existente entre el agente y la Administración; o bien (ii) un ocaso abrupto e injustificado de una relación temporal no sujeta expresamente a plazo de vigencia alguno [v.g., a destajo, eventuales, entre otros posibles supuestos], corresponde hacer lugar no solo a la indemnización por daño material prevista en los precedentes de la Corte Nacional “Ramos” y “Cerigliano”, sino también acoger la reparación del daño moral provocado por la intranquilidad y los sufrimientos padecidos por el agente estatal que se ha visto repentinamente desvinculado por fuera de los expresos o implícitos términos temporales en los que se desarrolló hasta ese momento su prestación. Tal circunstancia –según lo decidido recientemente por la mayoría de los ministros de nuestro Máximo Tribunal Provincial- ha de tenerse por demostrada por el solo hecho de la repentina desvinculación [daño in re ipsa], y es el responsable de ésta a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad del daño moral (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 62.488 “Ubertalli”, sent. del 18-V-2016; esta Cámara causa C-3176-AZ1 “Coccia”, sent. del 20-XII-2012).
Desde tal atalaya y sopesando las particularidades propias del sub examine, considero que corresponde subsumir el caso dentro del segundo universo antes descripto, en razón de que la relación que uniera a la Sra. Jongewaard con el Instituto demandado no se encontraba sujeta a plazo contractual alguno y el inmotivado –y consecuentemente irregular- acto administrativo dictado para separarla de sus funciones habituales, a más de implicar la violación a derechos constitucionales esenciales, constituye sin dudas un agravio susceptible de lesionar seriamente sus sentimientos. Recuerdo que ello queda patentizado en la insuficiencia de los motivos aducidos por la accionada en la nota N° 489/09, mediante la cual prescindió -a partir del 1° de octubre del 2009- de los servicios de la actora “…por no disponer de tareas acorde a su profesión…” (v. acta notarial a fs. 7/9). Por las razones brindadas, propongo confirmar la medida indemnizatoria en concepto de daño moral fijada por el a quo y, consecuentemente, desestimar la queja propiciada por la demandada.
5. Por último, corresponde rechazar el cuestionamiento de la accionada, en punto a la fecha a partir de la cual deben computarse los intereses de la indemnización fijada en el pronunciamiento de grado.
A tal fin, cabe tener presente que es el acto antijurídico, el que marca el comienzo de la obligación de responder, más precisamente la fecha a partir de la cual se dispuso la extinción irregular del vínculo de empleo público temporario. De tal manera, con independencia de la fecha de la sentencia que da fuerza legal a dicha obligación, los intereses por la indemnización recaída en la instancia deben correr desde ese momento, pues allí es donde se concretó el despido arbitrario y consecuentemente se produjo el evento dañoso que, en el sub lite, se pretende reparar (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 97.868 “González”, sent. del 18-V-2011, esta Cámara causa C-2206-AZ1 “Acosta”, citada)
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación intentado por el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, confirmar el fallo apelado en cuanto fue materia de agravio. Las costas de alzada deberían imponerse a la demandada, dada su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t.o. ley 14.437-).
Doy mi voto por la negativa El señor Juez doctor Mora, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada también por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, dicta la siguiente
1. Rechazar el recurso de apelación incoado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, confirmar el fallo de grado en cuanto fue materia de agravio. Imponer las costas de alzada a la accionada vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t.o. ley 14.437-).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (art. 31 y 51 del decreto ley 8904).
Regístrese, Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional de origen. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia