Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 2835
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte demandada a fs. 1065/1078, revocar el pronunciamiento de grado y, consecuentemente, rechazar la demanda promovida por Josefina Laura Herrera Vegas contra la Municipalidad de Balcarce (argto. art. 12 inc. 4° del C.P.C.A. y doct. cit.). Atento el nuevo resultado del pleito y de conformidad a lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C. –aplicable al rito contencioso administrativo por conducto del art. 77 del C.P.C.A.- las costas de ambas instancias se imponen a la actora, en su condición objetiva de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
2Consecuentemente con el resultado plasmado en el punto anterior, readecuar los honorarios determinados en la instancia, fijando por las tareas realizadas en el grado los estipendios profesionales correspondientes al Dr. Eduardo Fresco –apoderado de la actora- en la suma de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00) y a los letrados apoderados de la Municipalidad de Balcarce -Dres. José Alberto Cortes y Melina Capozzi- en las cantidades de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 7.900,00) y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00), respectivamente, en todos los casos con más los aportes de ley e I.V.A. si correspondiere (arts. 1, 10, 13, 14, 16, 44 –segundo párrafo- , 54 y cdtes. del dto. ley 8904/77; arts. 12 inc. “a”, 14, 16 y cdtes. de la ley 6716; Ac. S.C.B.A. N° 3740 del 11-II- 2015). …
En la ciudad de Mar del Plata, a los 04 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-2835-MP2 “HERRERA VEGAS, JOSEFINA LAURA c. MUNICIPALIDAD DE BALCARCE s. PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA – OTROS JUICIOS”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia en la que hizo lugar parcialmente a la pretensión declarativa de certeza articulada por la parte actora e invalidó por inconstitucional el art. 215 inc. “a” de la Ordenanza Fiscal 25/11 del Municipio de Balcarce. Asimismo, impuso las costas del proceso a la accionada, atento su condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.) y –por auto separado- reguló los honorarios profesionales del letrado interviniente por la parte actora –Dr. Eduardo Fresco- en la suma de pesos nueve mil trescientos ($ 9.300,00) con más los aportes de ley y, en caso de corresponder, el porcentual asignado para el I.V.A. (argto. arts. 9, 10, 14, 15, 16 y 44 segundo párrafo, 51 y 54 del decreto ley 8904/77 y 2 inc. “a” y 16 de la ley 6.716) y del perito agrimensor –Ing. Mario Oscar Deluca- en la suma de pesos dos mil seiscientos ($ 2.600,00) [v. fs. 1050/1056 y 1057, respectivamente, ambos del 30-03-2015].
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 1065/1078 y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia [fs. 1103], corresponde plantear las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 1065/1078?
En caso afirmativo, 2. ¿Deviene abstracto el tratamiento de los recursos de apelación deducidos por la parte actora y por el Dr. Eduardo Fresco –en su propio derecho- contra la regulación de honorarios practicada a favor del mentado profesional a fs. 1057?
3. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto contra la regulación de honorarios del perito Mario Oscar Deluca?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El a quo dictó sentencia por la que declaró la inconstitucionalidad del art. 215 inc. “a” de la Ordenanza Fiscal 25/11 del Municipio de Balcarce.
Al abordar la cuestión, el juez de la instancia observó –liminarmente- que la actora había introducido dos controversias que operarían de modo subsidiario. La primera de ellas, vinculada con la pretensión de que se la excluya del ámbito de aplicación de la tasa de conservación, reparación y mejoramiento de la red vial rural del partido de Balcarce, atendiendo a la falta de contraprestación por parte del Municipio que justifique su cobro; la segunda, y cuyo análisis sólo se encontraría habilitado frente al rechazo de la primera, consistente en un ataque a la proporcionalidad de dicho gravamen y a la consecuente pretensión de que sea reducido a niveles compatibles con el marco constitucional. Luego de traer a colación las normas disputadas en autos (arts. 214, 215, 216 y 217 de la Ordenanza Fiscal 25/11), expuso su parecer acerca de la importancia de dilucidar las cuestiones vinculadas con el emplazamiento físico del inmueble de la actora y su conexión con caminos rurales. Respecto de lo primero, tras ponderar la prueba producida en autos (en especial, la documental acompañada con la demanda y la pericia oficial de agrimensura realizada en autos por el Ing. Civil Deluca), observó que cuatro de las parcelas de la actora se sitúan en el Partido de Tandil, mientras que las quince restantes se ubican en el Partido de Balcarce, siendo todas ellas contiguas e integrantes del establecimiento “Los Nogales”.
En lo que refiere a la conexión de dicha heredad con los caminos rurales, repasó las manifestaciones efectuadas por el experto en su dictamen, quien abordó la cuestión enumerando los caminos como “I”, “II, “III” y “V” y cuyas explicaciones fueron transcriptas por el a quo en el considerando I, punto 3, apartado “c”, fs. 1053 vta. Sentado ello, se abocó a determinar si existía –o no- un conflicto constitucional ante el reclamo de la comuna demandada a la actora respecto de la tasa cuestionada en autos. A tal fin, luego de dejar sentado cual es la línea jurisprudencial imperante en la doctrina del Máximo Tribunal Nacional respecto del tema (v.gr. Fallos 312:1575; 332:1503; 335:1987) y de tener por cierto el hecho de que la demandada presta el servicio en el resto del Municipio, observó que la cuestión a dilucidar –y sobre la que discurren las posiciones contrapuestas de las partes- se presenta en la modalidad de la prestación del servicio. Y ello es así por cuanto, mientras la actora postula que debe inexorablemente existir una conexión de su heredad con la red vial previa al cobro de la tasa, la Comuna resta toda trascendencia a esa circunstancia, presuponiendo que –de todos modos- la actora hace uso de la red vial rural municipal para alguna de sus actividades globales y colocando el foco del asunto en la prestación del servicio global en relación a todo el partido y no en el acceso al predio del contribuyente.
A fin de resolver la cuestión planteada, repasó la doctrina acuñada por la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa B. 48.379 “Fernández Garay” (sent. del 28-XII- 1982) –invocada por la accionada en apoyo de su posiciónpara concluir que lo allí resuelto difiere de la situación en la que se encuentra el establecimiento “Los Nogales”. En este sentido, sostuvo que la pericia resulta contundente al afirmar que el campo mencionado se conecta con la red vial principal (las rutas provinciales 29 o 74) a través de un camino rural que se desarrolla exclusivamente en el Partido de Tandil, razón que lo lleva a afirmar que el uso efectivo o potencial de la red vial rural del Partido de Balcarce resulta mediatizado, en tanto coloca a la actora en igual situación que cualquier otro ciudadano, derrumbando cualquier presunción de uso necesario.
A partir de lo expuesto, y a al no encontrar presente en el sub lite la “concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”, concluyó que para la actora y su inmueble ubicado en el partido de Balcarce, el art. 215 inc. “a” de la Ordenanza Fiscal 25/11 resulta inconstitucional por violar el art. 17 de la Carta Magna y, como tal, inaplicable a su respecto.
En lo que se refiere a las restantes normas impugnadas de la mentada Ordenanza Fiscal consideró que, a partir de la invalidación del art. 215 inc. “a” que excluye a la actora del ámbito del tributo, la declaración de su inconstitucionalidad resultaba innecesaria.
2. La parte demandada deduce recurso de apelación fundado a fs. 1065/1078, en el que plantea su crítica al pronunciamiento de la instancia.
En primer lugar, pone de relieve que el comportamiento asumido por la actora en el juicio revela un inocultable quebrantamiento de la “doctrina de los actos propios”, en la medida que resulta contrario a la conducta jurídicamente relevante y eficaz observada desde el inicio de las actuaciones administrativas y durante todo su desarrollo, así como también durante todo el proceso judicial.
Plantea que la primera contradicción se verifica en el objeto de la pretensión actora, en tanto los dos pedidos que articula –uno de los cuales procura la declaración de inconstitucionalidad de ciertas normas de la Ordenanza Fiscal 25/11 y, el otro, se dirige a atacar la proporcionalidad del gravamen reclamado- se contraponen y se anulan entre sí. A su vez, predica la presencia de una notoria contradicción en el hecho de que la actora se hubiera comportado como contribuyente al exigir en sede administrativa una serie de prestaciones (como mejoras, apertura de calles, la construcción de un puente) y abonado la tasa respectiva, para más luego, al incoar la presente acción, procurar que no se la considere como contribuyente y solicitar la declaración de inconstitucionalidad del art. 215 de la Ordenanza Fiscal.
Refiere, además, que la propia actora reconoció en la nota presentada ante el Municipio que existen caminos dentro del Partido de Balcarce que conectan con su heredad, por lo que mal pudo alegar lo contrario en su demanda, así como tampoco pudo argüir que se vio imposibilitada de extraer la cosecha de maíz del campo por no tener un camino para ingresar a su heredad, cuando por algún lado entró las maquinarias y todo lo necesario para su siembra y cultivo. Todas estas conductas voluntarias importan –a su modo de ver- una renuncia de su parte a cuestionar su carácter de contribuyente, en tanto “...no puede admitirse que una persona aduzca uno u otro status para beneficiarse de exenciones tributarias, porque ello viola claramente la doctrina de los actos propios...” [v. “PRIMER AGRAVIO”, fs. 1066/1069].
En segundo término, asevera que el sentenciante de grado incurre en una contradicción que lo lleva a una conclusión equivocada en tanto –de un lado- afirma que no existen calles que comuniquen el inmueble de la actora con la red vial del Partido de Balcarce [v. octavo párrafo del primer resultando] y –del otro- alega que los dos primeros caminos a que alude el perito son caminos vecinales ubicados en el Partido de Balcarce, con conexión con “Los Nogales” [v. considerando I, punto 3, apartado “c” y “SEGUNDO AGRAVIO”, fs. 1069 y vta.]. Seguidamente, y como tercer agravio, considera que –en el caso de autos- no se han cumplimentado los requisitos de procedencia de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, en tanto la accionante omitió demostrar acabadamente de qué manera la norma cuestionada resulta contraria a la Constitución, ni cuál es el precepto constitucional concreto y específico que se estima violado, de modo que –a su juicioal declarar el a quo la inconstitucionalidad del art. 215 inc. “a” de la Ordenanza Fiscal 25/11 sorteando tales recaudos, incurrió en una violación del principio de congruencia que vulnera su derecho de defensa en juicio [v. “TERCER AGRAVIO”, fs. 1069 vta./1070 vta.].
En otro orden, plantea que el juez de la instancia interpretó erróneamente el informe pericial efectuado por el perito Ingeniero Civil Deluca, extrayendo conclusiones que no se desprenden de su contenido.
Así, considera que al estimar el a quo que el único camino existente es el que conecta el campo “Los Nogales” con la red vial del Partido de Tandil, confunde “el acceso por Tandil” con el uso exclusivo de la “red vial del Partido de Tandil”, extremos que son diferentes entre sí, máxime cuando –tal como lo sostuviera el perito al aludir a los caminos I y II- se advierte que existen caminos que se conectan con el campo “Los Nogales” y que pertenecen a la red vial del Partido de Balcarce.
Postula que el hecho de que tales caminos no estuvieran transitables al momento de emitir el dictamen pericial no sólo resulta una cuestión ajena al tema debatido en autos, en tanto la cuestión gira en torno a si hay caminos que se conectan con la heredad en cuestión y que pertenezcan a la red vial del partido de Balcarce, sino –además- revelan que el servicio público es prestado en la red vial del partido de Balcarce.
Critica al sentenciante de grado por haber interpretado erróneamente lo afirmado por el perito respecto del camino IV, en tanto del plano acompañado con el dictamen se desprende que dicho camino se desarrolla exclusivamente en el partido de Balcarce –al ser una continuación del camino III-, teniendo una parte extremadamente corta que se encuentra en el partido de Tandil y que no es sino la vía de ingreso al campo “Los Nogales”. Aclara que el hecho de que la heredad “...tenga una vía de acceso por Tandil no implica que todo el camino se desarrolle por Tandil...” [v. fs. 1072 vta.]. Agrega que yerra el a quo al equiparar a la actora con cualquier otro ciudadano que en algún momento puede transitar por la red vial del partido de Balcarce, confundiendo “vía de ingreso” con “presunción de no uso de la red vial de Balcarce”, cuando –a su modo de ver- el hecho de que el campo tenga un ingreso por Tandil no implica que no se utilice aquella red vial, máxime cuando el campo está próximo a la localidad de Napaleofú que pertenece al partido de Balcarce. A partir de lo expuesto, considera que debe presumirse – contrariamente a lo sostenido por el juez de grado- que hay un uso necesario de la red vial rural de Balcarce por parte de la actora, en tanto ésta no cumplió con la carga de acreditar por qué razón no utiliza los caminos que sí existen en dicho Partido ni cual es el recorrido que efectúa para entrar a su heredad.
Aclara, además, que de las constancias de la causa no surge que su parte no preste el servicio público en la red vial de modo efectivo, concreto y individualizado, ello en tanto la prueba pericial no estuvo dirigida a constatar esa circunstancia ni tampoco la calidad del servicio fue objeto de cuestionamiento en estos autos.
Insiste con la aplicación al caso del precedente de la Suprema Corte de Justicia provincial caratulado B. 48.379 “Fernández Garay”, sent. del 28-XII-1982, explicando que conforme a dicha doctrina, cuando lo que se discute es la causa de un gravamen municipal por arreglo y conservación de caminos rurales, el actor debe demostrar que la Comuna no prestó el servicio en absoluto en toda la red vial y no limitarse a la demostración de la no prestación adecuada en el camino de acceso a su predio.
Postula que el a quo no reparó en que la actora utilizaba un camino del partido de Balcarce con anterioridad a la compra de las parcelas en el partido de Tandil en el año 2001, pues resulta ilógico sostener que hubiera comprado en el año 1979 un campo que se ubica en su totalidad exclusivamente en aquél partido pero que no pudo ingresar al mismo hasta el año 2001 en el que adquirió las parcelas ubicadas en Tandil [v. “CUARTO AGRAVIO”, fs. 1070 vta./1075 vta.].
Como último agravio, plantea una contradicción en el fallo de grado, que –a su juicio- se verifica en la falta de declaración de inconstitucionalidad del art. 216 de la Ordenanza Fiscal 25/11, cuando ésta es la norma que determina la base imponible que el a quo considera inconstitucional y que, al mantenerse, alcanza a la actora a los fines del tributo. Asimismo, aduce que mal pudo declararse la inconstitucionalidad del art. 215 de la Ordenanza Fiscal 25/11 cuando el servicio de conservación, reparación y mantenimiento de la red vial se presta en el Partido de Balcarce.
Como corolario de todo lo expuesto, concluye que la utilización de los caminos comunales, cuyo arreglo y conformación comprenden el servicio prestado por la Comuna, deben ser retribuidos por los propietarios que –como la aquí accionante- utilicen normalmente dichos caminos para el tránsito hacia sus fundos, aunque no linden directamente con esos caminos comunales. Lo contrario, aclara, importaría colocar a la actora en una situación de privilegio que lesiona el principio de igualdad ante la ley. Solicita, con todo, se revoque la sentencia impugnada y se desestime la demanda incoada en su contra.
3. La parte actora replica el memorial de agravios mediante su presentación de fs. 1085/1092 y, avalando lo decidido por el juez de grado, solicita el rechazo del embate articulado por el Municipio de Balcarce.
II. El recurso merece prosperar.
1. Dentro de los primeros cuestionamientos efectuados en su memorial de agravios, el apelante incluye dos agravios de estricto contenido formal, los que –anticipo- no logran conmover lo decidido en la instancia de grado. Veamos cada uno de ellos.
1.1. En primer término, plantea una supuesta infracción a la doctrina de los actos propios en que habría incurrido la parte actora, en la medida en que: (i) se reconoció como contribuyente de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal al exigir en sede administrativa la apertura de un camino que le permitiera ingresar a su heredad por el partido de Balcarce, pero luego articula la presente acción negando su condición de sujeto pasivo del gravamen, pretendiendo que se la exima de su pago; (ii) el objeto de su demanda encierra dos pretensiones distintas e incompatibles entre sí ya que, por un lado, procura que se la excluya del ámbito de la referida tasa en función de la ausencia de contraprestación por parte de la Comuna que justifique su cobro y, a la vez, ataca la proporcionalidad de dicho gravamen, pretendiendo su reducción.
No habré de dar auspicio a esta primera parcela de impugnaciones.
1.2. Recuerdo que, de consuno con la doctrina de los actos propios, cuadra desestimar las pretensiones contradictorias con la conducta pasada del pretensor, toda vez que la citada doctrina promueve el cumplimiento del deber de coherencia del comportamiento jurídicamente relevante (argto. doct. S.C.B.A. causas B. 56.703 "Juncal", sent. del 2-IV-2000; B. 56.704 “Agremiación Médica Platense”, sent. del 11-IV-2012; B. 52.154 “Huayqui S.A. de Construcciones”, sent. del 28-X-2015), ello por cuanto a nadie debe permitírsele -en principio- hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando interpretada objetivamente según la ley, los usos o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho cuando hacerlo contraría tales parámetros (conf. B. 56.694 "Tissot", sent. del 18-V-2005; B. 52.366 "Calix S.A.", sent. del 12-IV-2006; B. 55.901 “Empresa Tandil S.A.C.I.C.F.”, sent. del 17-III-2010 y B. 56.704 “Agremiación Médica Platense”, sent. del 11-IV-2012). Examinados los antecedentes del caso al abrigo de los parámetros sentados, advierto que la accionante articula su demanda procurando –de modo principal- superar el estado de perplejidad que le genera la pretensión de cobro, de parte del Municipio de Balcarce, de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal prevista en el Título II, Capítulo 15 de la Ordenanza Fiscal 25/11 (arts. 214 y sgtes.) cuando considera que, a pesar de los múltiples reclamos incoados al efecto, su propiedad rural no se encuentra comunicada con la red de caminos del referido Partido.
En tal contexto pretensional, la postura que despliega la actora en esta litis en modo alguno se contrapone con la posición asumida en sede administrativa al solicitar la apertura de un camino que le permita ingresar a su predio por el Partido de Balcarce [v. presentación de fecha 28-08-2008 dirigida al Sr. Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Balcarce, fs. 31/34], en tanto ambos reclamos se hayan sustentados en la alegada inexistencia de un camino que conecte su propiedad con la red vial del Partido de Balcarce y sobre el cual se presten los servicios que se procura retribuir con la tasa antes referenciada. Tampoco merece reproche alguno el modo en que la actora diseñó el objeto de su demanda, pues –tal como aduce la accionante en su réplica de agravios- nada impide que como titular de un inmueble acuda a la instancia jurisdiccional con el propósito de esclarecer lo que concibe como un “estado de incertidumbre” en torno a su situación particular frente al erario municipal y, de modo subsidiario, incluya un planteo que –más allá de su procedencia o no- fue concebido solo para el caso en que se produjera el rechazo de aquél y que se halla vinculado con la alegada ausencia de proporcionalidad e irrazonabilidad de la gabela referida. Lo expuesto basta para desechar la primera crítica enarbolada por la accionada, contenida en el capítulo titulado “Primer agravio” del recurso de apelación de fs. 1065/1078.
1.3. Idéntico temperamento corresponde adoptar respecto del segundo argumento formal introducido por la recurrente en su pieza recursiva [v. “Segundo agravio”, fs. 1069 y vta.], en cuya virtud ensaya la presencia de una supuesta contradicción entre los considerandos del fallo de grado que –a su modo de ver- habría llevado al a quo a una equivocada resolución de la disputa.
A poco que se repare en aquellas partes del pronunciamiento que la apelante transcribe en sustento de tal planteo, se advierte que no ha hecho más que contraponer uno de los argumentos blandidos por la accionante en su escrito de demandada –y que fuera relevado por el a quo en los resultandos de su sentencia, vinculado con la alegada ausencia de calles que comuniquen su inmueble con la red vial del Partido de Balcarce-, con otras consideraciones vertidas en su desarrollo argumental en torno a este punto, consistente en la reproducción de las explicaciones aportadas por el perito actuante respecto de existencia de caminos rurales conectados con “Los Nogales”.
Siendo ello así, juzgo que la contradicción que invoca el apelante respecto de los considerandos del fallo en crisis resulta a todas luces infundada.
2. Descartado lo anterior, y ya posicionándome en el concreto examen del agravio direccionado a socavar las razones vertidas por el a quo para acoger la demanda [v. “Cuarto agravio”, fs. 1070 vta./1075 vta.], adelanto que el reproche de la accionada logra conmover lo resuelto en la instancia de grado.
El pilar argumental sustancial sobre el que se apoya la recurrente para considerar que la actora se encuentra alcanzada en su calidad de sujeto pasivo de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal reside en que, más allá de lo argüido por el a quo respecto a que la vía de ingreso a su campo se ubica en el Partido de Tandil, lo cierto es que ésta resulta ser una continuación de un camino que pertenece a la red vial del partido de Balcarce (enumerado por el perito como camino III), cuyo tránsito y utilización es dable presumir para alcanzar el camino de acceso al predio.
Postula, así, que el magistrado de la instancia ha desinterpretado las conclusiones del perito actuante en la causa, confundiendo “...una VIA DE INGRESO al campo por la parte de Tandil con la acreditación del uso exclusivo de la red vial de Tandil...” [v. fs. 1071 vta.], a lo que agrega que el hecho de que el campo denominado “Los Nogales” “...tenga una vía de acceso por Tandil no implica que todo el camino se desarrolle por Tandil...” [v. fs. 1072 vta.].
2.1. A fin de decidir el planteo articulado comenzaré por recordar que la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien tiene una estructura jurídica análoga a la del impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general (Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332:1503; entre otros) y que al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:2; 251:222; 259:413; 312:1575; 329:792; Q. 20. XLVII “Quilpe S.A.”, sent. del 9-X-2012, entre muchos otros; doct. esta Alzada causa C-4299-BB1 “Capaccioni”, sent. del 13-V-2014).
La tasa cuestionada en autos fue creada por el Municipio del Partido de Balcarce en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades (arts. 192 incs. 5° y 6° y 193 de la Carta provincial; 226 incs. 6 y 31 y 227 del decreto ley N° 6769/58; S.C.B.A. causas B. 59.516 “Bank Boston NA”, sent. del 18-XII-2002; B. 61.397 “Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos”, sent. del 8- VII-2008), encontrándose normada en los artículos 214 y ss. de la Ordenanza Fiscal 25/11 que, en lo que aquí interesa, prescribe: “Por la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales municipales se abonarán los importes que al efecto se establezcan” (v. art. 214 de la Ordenanza referida, fs. 85). A su vez, la norma incluye entre los contribuyentes de tal tributo, a los titulares de los inmuebles (excepto los nudos propietarios), a los usufructuarios y a los poseedores a título de dueño, conforme los alcances que determine la reglamentación (art. 215 de la Ordenanza Fiscal, fs. 86).
2.2. Sentado ello, y luego de efectuar un detenido análisis de las constancias obrantes en la causa, no puedo más que coincidir con el apelante en que –a diferencia de lo postulado por el juez a quo- la actora no podría eximirse del pago de la tasa retributiva cuando el camino que utiliza para acceder a su predio si bien está localizado en el Partido de Tandil, se encuentra directamente conectado con un camino de la red vial municipal del Partido de Balcarce que, al estar comunicado con la red vial provincial, bien puede utilizar para llegar a su propiedad, y cuyo servicios de mejoramiento y conservación tiende a retribuir la tasa aquí cuestionada. Repárese que, al responder el punto sobre el que estaba llamado a expedirse, el perito Ingeniero Civil Mario Oscar Deluca explicó –en lo que aquí interesa- que el camino IV, sale del campo “Los Nogales” y conduce, en dirección noroeste, hacia el camino vecinal que viene de la ruta provincial 74 y llega hasta la ruta provincial 29, denominado por el experto como camino III [v. fs. 905 y plano adjunto, fs. 903] A su vez, en su respuesta al pedido de explicaciones, el mentado profesional explicitó que el camino III corre paralelo al campo de la actora y que sólo se puede acceder a él a través del camino IV que pasa frente al fundo, agregando que “...[l]a distancia a recorrer por el camino IV hasta llegar al camino III; saliendo del campo por el único camino en condiciones de circular (Parcela 292 b) es de aproximadamente 5 kilómetros. El camino III... hacia la izquierda conduce a la R.P. N° 74 y hacia la derecha conduce a la R.P. N° 29...” [v. fs. 914 vta., el subrayado me pertenece].
Cotejando dicha información con lo que surge del plano agregado a fs. 903 se advierte que si bien resulta exacto que se ingresa al campo de la actora por el camino denominado IV ubicado en el partido de Tandil, lo cierto es que ninguna duda cabe respecto a que, hacia el noroeste, dicho camino únicamente empalma con el camino III que se extiende no sólo en el territorio de aquel partido, sino que también se prolonga –en su mayor longitud- por el partido de Balcarce. Ello proporciona a la actora la posibilidad de que, a través de ese camino rural municipal, su fundo se conecte –por el trayecto más corto- con una de las rutas que integran la red vial provincial (esto es, la R.P. N° 29), transitando parcialmente por caminos situados en el Partido de Balcarce [v. informe elaborado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Balcarce, fs. 1024/1025]. En este orden de ideas, siendo que no se encuentra en tela de juicio en el sub lite que la Comuna de Balcarce se encuentra prestando servicios de mantención y conservación de aquella parte del camino III que integra su red vial municipal [v. fs. 94 vta., 936] y que, tal como quedara expuesto supra, para llegar al camino de acceso a su predio la actora, si no utiliza, bien puede utilizar ese camino emplazado en el partido de Balcarce que conecta con la red vial provincial, no puedo más que concluir que, a su respecto, no se presenta una situación excluyente de la obligación de tributar la tasa cuestionada.
Es que, teniendo en cuenta la traza de los caminos lindantes y cercanos al predio de la actora analizados supra, no es lógico suponer –como lo hace el juez de la instanciaque para acceder a su campo la propietaria del inmueble sólo haga uso de la red vial rural perteneciente al Partido de Tandil y no utilice –ni pueda llegar a utilizar- aquel camino que, integrando la red vial municipal de Balcarce, se ubica paralelo a su propiedad y se conecta directamente con la única vía de ingreso a su establecimiento rural.
Lo dicho, además, pone al descubierto que no resulta exacto lo afirmado por la actora en demanda para eximirse del pago de la tasa en cuestión en cuanto alega que “...no existe camino rural que conecte [su] propiedad con el Partido de Balcarce...” [v. fs. 94 vta.], cuando las constancias de la causa demuestran la inmediata vinculación que su establecimiento rural posee con la red vial municipal de Balcarce y, a través de ésta, con la ruta provincial N° 29, circunstancia que atenta contra la pretensión de tributar exclusivamente respecto del camino de dominio público comunal lindante con la porción del campo de la actora sito en el Partido de Tandil.
Quede claro, entonces, que la única posibilidad que posee un fundo rural de no ser alcanzado por tasas de mantenimiento y conservación de caminos vecinales –similares a la analizada en este pleito- radica en la cabal y suficiente demostración por parte interesada de que el acceso principal, exclusivo y directo al inmueble tiene lugar desde ruta nacional o provincial. Por el contrario, en todos aquellos casos en que el uso efectivo o potencial de caminos bajo mantenimiento y conservación municipal, permita vincular cualquier acceso a una parcela rural con la red troncal vial nacional y/o provincial, el pago de tasas como la aquí analizada podrá ser reclamado, no cuestionada y/o probada la efectiva prestación de las faenas de manutención y preservación de la red municipal, por parte de la Comuna que se dice acreedora de la gabela.
A tenor de lo expuesto, juzgo que cabría revocar la sentencia de grado en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 215 inc. “a” de la Ordenanza Fiscal 25/11, deviniendo inoficioso el tratamiento las restantes críticas blandidas por la accionada en su pieza recursiva [v. “Tercer Agravio”, fs. 1069 vta./1070 vta. y “Quinto Agravio”, fs. 1075 vta./1078] (argto. doct. esta Alzada causas C-2172-DO1 “Pietropaolo”, sent. del 13-X-2011 y C-4564-BB1 “Pessi”, sent. del 28-IV-2015).
3. Sentado lo anterior y a fin de dar cumplimiento a los postulados de la figura de la adhesión implícita a la apelación (argto. doct. S.C.B.A. causas C. 98.059 “Passadore de Mónaco”, sent. de 7-V-2008; C. 101.860 “Calió”, sent. de 11-III-2009; C. 99.315 “Greco”, sent. de 25-II-2009; esta Cámara causas V-1117-BB1 “Cortés”, sent. de 21-V-2009; C- 2476-MP1 “Álvarez”, sent. de 29-XII-2011; C-2202-MP2 “Martijena”, sent. del 12-IV-2012; C-4234-BB1 “Rutas al Sur S.A.”, sent. de 19-XII-2013; C.4567-BB1 “Swiss Medical S.A.”, sent. de 11-II-2014; C-4597-AZ1 “Pagano”, sent. del 06-III- 2014; C-3246-BB1 “Álvarez”, sent. del 20-X-2015), corresponde abordar –en lo que sigue- aquel planteo efectuado de modo subsidiario por la parte actora y en virtud del cual denuncia que la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal importa una afrenta a principios constitucionales vigentes en materia tributaria, en tanto –a su modo de ver- su monto resulta “irrazonable” y no guarda una adecuada proporción con el costo del servicio, lo que tergiversa su naturaleza jurídica para transformarla en un impuesto, al resultar establecida en función de la capacidad contributiva del sujeto alcanzado (esto es, atendiendo a la mayor o menor cantidad de hectáreas que posee su propiedad) [v. capítulo VI, punto 6.3.3., fs. 95 vta./96].
Principiaré por recordar que, en lo que refiere a la especial imposición que aquí nos compete –tasa-, el Cimero Tribunal Federal ha considerado equitativo y aceptable que, para fijar la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos, se tome en cuenta no solo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente sino también a la capacidad tributaria de éstos (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 192:139), ello, a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del servicio público (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 321:1888 y esta Alzada causa C- 4814-DO1 “ANPA S.R.L.”, sent. del 07-X-2014).
Por su parte, nuestro Superior Tribunal provincial ha resuelto en reiteradas oportunidades que la sola razón de medirse en base a la cantidad de tierra propiedad del contribuyente no transforma a la tasa en un impuesto, desde que ambos tributos se diferencian en cuanto al presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigirlo: la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado en el caso de la tasa, y el hallarse en una de las situaciones consideradas por la ley como hecho imponible, en el caso del impuesto (cfr. causas I. 1541 “Bernal de Palacio”, sent. del 29-XII-1998; I. 1588 “Amacri S.A.”, sent. del 07-III-2001).
En el caso, resulta indudable que el gravamen en cuestión halla su fundamento –como quedara expuesto supra- en la prestación de un servicio: el de conservación, reparación y mejorado de la red vial, teniendo en consideración el número de hectáreas pertenecientes al contribuyente (argto. art. 216 de la Ordenanza Fiscal 25/11), es decir, la capacidad contributiva del obligado, criterio que, como se dijo, es aceptado por la jurisprudencia actual (argto. causa I. 1541 “Bernal de Palacio”, citada).
Por otro lado, tampoco puede predicarse la ilegitimidad de la tasa en razón de que el monto a pagar no coincida exactamente con el costo del servicio, toda vez que la Suprema Corte de Justicia Provincial ha dicho que no existe norma constitucional o legal que obligue a que las tasas exhiban proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto del gravamen, ya que mediante lo que se percibe no debe atenderse únicamente a los gastos de las oficinas que lo prestan, debido a que tanto la existencia de éstas como el cumplimiento de sus fines dependen de la total organización municipal, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una medida cuya determinación es cuestión propia de la política financiera (conf. doct. causas I. 1273, "Torres y Liva S.A.", sent. del 18-IV-1989; B. 51.937, "Empresa Nobleza Picardo S.A.I.C. y F.", sent. del 28-XI-1995; entre otras), salvo demostrada irrazonabilidad o patente y abusiva desproporción.
Basta lo dicho para descartar los planteos constitucionales genéricamente articulados.
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte demandada a fs. 1065/1078, revocar el pronunciamiento de grado y, consecuentemente, rechazar la demanda promovida por Josefina Laura Herrera Vegas contra la Municipalidad de Balcarce (argto. art. 12 inc. 4° del C.P.C.A. y doct. cit.). Atento el nuevo resultado del pleito y de conformidad a lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C. –aplicable al rito contencioso administrativo por conducto del art. 77 del C.P.C.A.- las costas de ambas instancias deberían imponerse a la actora, en su condición objetiva de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
Asimismo, deberían readecuarse los honorarios profesionales de los abogados intervinientes por labores efectuadas en primera instancia (arts. 274 del C.P.C.C. y 77 del C.P.C.A.). En consecuencia, se fija por las tareas realizadas en el grado los estipendios profesionales correspondientes al Dr. Eduardo Fresco –apoderado de la actora- en la suma de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00) y a los letrados apoderados de la Municipalidad de Balcarce -Dres. José Alberto Cortes y Melina Capozzi- en las cantidades de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 7.900,00) y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00), respectivamente, en todos los casos con más los aportes de ley e I.V.A. si correspondiere (arts. 1, 10, 13, 14, 16, 44 –segundo párrafo-, 54 y cdtes. del dto. ley 8904/77; arts. 12 inc. “a”, 14, 16 y cdtes. de la ley 6716; Ac. S.C.B.A. N° 3740 del 11-II-2015), dejándose sin efecto la regulación practicada en la instancia respecto del letrado apoderado de la parte actora.
Con el alcance indicado, a la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la primera cuestión planteada también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. A fs. 1057 el magistrado de grado reguló los honorarios del letrado interviniente por la parte actora, Dr. Eduardo Fresco en la suma de pesos NUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 9.300,=), con más el adicional de ley (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 44 -segundo párrafo-, 51 y 54 del dec. ley 8904/77; art. 2 inc. “a” y 16 de la ley 6716).
2. A fs. 1062 el Dr. Eduardo Fresco interpuso –en nombre de su representada- recurso de apelación en los términos del art. 57 del decreto ley N° 8904/77 por considerar alta la regulación de honorarios practicada a su respecto.
En la misma pieza recursiva, el mentado profesional –por derecho propio- apeló por bajos los estipendios que se le fijaran en el auto de fs. 1057.
II. A tenor de la revocación del pronunciamiento que se decidiera al votar la primera cuestión planteada y consecuentemente, de la readecuación efectuada en relación a los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, el tratamiento de las apelaciones articuladas a fs. 1062 contra los emolumentos fijados en la instancia, se ha tornado abstracta (cfr. doct. esta Cámara causas A-1637-BB0 “Fernández”, sent. de 23-II-2010; C-3461-DO1 “Viotti”; sent. del 11-IV-2013).
Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (cfr. doct. causas Ac. 82.248, sent. de 23-IV-2003; Ac. 85.553, sent. de 31-III-2004, entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. B. 61.703, sent. del 14-II-2000; esta Alzada causa C-3460-DO1 “D´anna”, sent. de 21-IX-2013 y sus citas), lo que no acontece en la especie a tenor de lo decidido al votarse la primera cuestión.
En consecuencia, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la segunda cuestión planteada también por la afirmativa. A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Mediante pronunciamiento agregado a fs. 1057, el juez a quo justipreció la tarea pericial de agrimensura desplegada por el Ingeniero Civil Mario Oscar Deluca, fijando sus emolumentos en la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.600,00), atendiendo al mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, así como su relación con el emolumento fijado al letrado de la parte actora [v. párrafo segundo].
2. El profesional beneficiario dedujo recurso de apelación contra los estipendios regulados a su favor, agraviándose por considerarlos bajos [v. fs. 1063] y apontocando su impugnación en la aseveración de que los emolumentos en cuestión resultan escasos a la luz de “la magnitud de la base regulatoria y la importancia de la pericia realizada” [v. fs. 1095].
II.1. A fin de ejercer la tarea revisora respecto de los emolumentos fijados en favor del perito interviniente en la causa, corresponde recordar que los honorarios por la labor pericial deben adecuarse, a más del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, a los estipendios que han sido fijados a los restantes profesionales intervinientes en la causa, proceder que no configura infracción alguna a las garantías superiores de propiedad e igualdad ante la ley (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 49.967 “La Jirafa Azul S.A.”, res. del 19-VI-1991; L. 46.986 "Abella”, sent. del 17–III- 1992; B. 49.297 “Ingenieros Costamagna”, res. del 10-XII- 1992; B. 49.638 “Freidemberg”, res. del 15-XII-1992; cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial Mar del Plata, Sala I in re “Lopetegui”, res. del 28-7-2005).
Así, la judicatura debe armonizar la preeminencia de las pautas mencionadas a fin de obtener una retribución que, a la par de justa, resguarde debidamente el derecho de propiedad del beneficiario y del obligado al pago y no consagre un monto totalmente distorsionado con la tarea cumplida que, en definitiva, es lo que se debe retribuir (art. 17 Const. Nac.; doct. Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial Depto. Judicial La Plata, Sala III in re “Dorado”, sent. del 16-11-1995; “Vidaurre”, sent. del 29-VII-2004; “Mercuri”, sent. del 10-11-2005 y esta Alzada causas R-1130-MP2 “Irastorza”, sent. del 03-VII-2009; C-1930-BB1 “Bottazzi”, sent. de 15-IX-2011; C-1394-MP2 “Blanco”, res. del 12-IV- 2012; C-4854-MP1 “Gayoso”, res. del 01-VII-2014 –y sus citas- ; entre otras).
2. Desde tal plataforma, teniendo en cuenta las pautas jurisprudenciales reseñadas, las normas arancelarias propias de la profesión de ingeniero (cfr. arts. 5, 8, 22 y ccdtes. del decreto N° 6964/1965) y atendiendo a la labor desarrollada por el perito en estos autos (cfr. fs. 904/905 y 914), aparece ajustada a derecho la estimación practicada por el a quo a fs. 1057 segundo párrafo (cfr. doct. esta Cámara causas C-3441-MP2 “Camardella”, sent. del 18-XII-2012 y C- 4604-MP2 “Lucero de Baudot”, res. del 12-VIII-2014). Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 1063 por el perito Ing. Mario Oscar Deluca, confirmando los estipendios regulados en la instancia a su favor en la cantidad de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.600,00) (cfr. arts. 5, 8, 22 y ccdtes. del decreto N° 6964/1965 y doc. citada).
Voto la tercera cuestión planteada por la negativa. El señor Juez doctor Riccitelli por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la tercera cuestión planteada por la negativa. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte demandada a fs. 1065/1078, revocar el pronunciamiento de grado y, consecuentemente, rechazar la demanda promovida por Josefina Laura Herrera Vegas contra la Municipalidad de Balcarce (argto. art. 12 inc. 4° del C.P.C.A. y doct. cit.). Atento el nuevo resultado del pleito y de conformidad a lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C. –aplicable al rito contencioso administrativo por conducto del art. 77 del C.P.C.A.- las costas de ambas instancias se imponen a la actora, en su condición objetiva de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
2. Consecuentemente con el resultado plasmado en el punto anterior, readecuar los honorarios determinados en la instancia, fijando por las tareas realizadas en el grado los estipendios profesionales correspondientes al Dr. Eduardo Fresco –apoderado de la actora- en la suma de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00) y a los letrados apoderados de la Municipalidad de Balcarce -Dres. José Alberto Cortes y Melina Capozzi- en las cantidades de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 7.900,00) y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00), respectivamente, en todos los casos con más los aportes de ley e I.V.A. si correspondiere (arts. 1, 10, 13, 14, 16, 44 –segundo párrafo- , 54 y cdtes. del dto. ley 8904/77; arts. 12 inc. “a”, 14, 16 y cdtes. de la ley 6716; Ac. S.C.B.A. N° 3740 del 11-II- 2015). Asimismo, se deja sin efecto la regulación practicada en la instancia respecto del letrado apoderado de la parte actora.
3. Declarar abstracto el tratamiento de los recursos de apelación articulados a fs. 1062 en los términos del art. 57 del decreto ley N° 8904/77 tanto por la parte actora como por el Dr. Eduardo Fresco en su propio derecho.
4. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el perito Ing. Mario Oscar Deluca a fs. 1063 –por estimar bajos los honorarios fijados a su respecto- y, en consecuencia, confirmar los estipendios regulados en la instancia a su favor en la cantidad de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.600,00) (cfr. argto. arts. 5, 8, 22 y ccdtes. del decreto N° 6964/1965 y doct. citada).
5. Por los trabajos realizados ante esta Alzada estése a la regulación practicada por separado.
Regístrese y notifíquese por Secretaría. Fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia