Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 5746
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el fallo de grado apelado en cuanto fue materia de agravio. Imponer las costas de alzada a la recurrente, atento su objetiva calidad de vencida (cfr. arts. 25 de la ley 13.406 y 68 del C.P.C.C.).
2Rechazar la apelación articulada contra el auto regulatorio de honorarios de fs. 111.
3Por los trabajos de segunda instancia, estese a la regulación de honorarios que por auto separado se efectúa.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 09 días del mes de junio del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa P- 5746-MP2 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. MARISQUERIA SANTA RITA S.R.L. s. APREMIO PROVINCIAL”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia con el siguiente alcance: (i) hizo lugar a la excepción de plazo concedido incoada por la ejecutada y, en consecuencia, rechazó íntegramente la ejecución fiscal promovida por la actora; (ii) ordenó el levantamiento de las medidas cautelares trabadas en autos; (iii) impuso las costas del juicio al Fisco vencido; (iv) reguló honorarios profesionales en auto separado (cfr. fs. 107/110, sent. del 19-2-2015 y fs. 111, auto regulatorio dictado en la misma fecha).
II. Mediante presentación de fs. 120/124 (de fecha 10-3- 2015), el Fisco Provincial dedujo, en tiempo y forma, recurso de apelación fundado contra el mentado fallo –cuestionando la solución de fondo y la regulación de honorarios practicada a favor de la letrada de la actora-, el que fue concedido a fs. 127 (providencia del 12-3-2015), y bilateralizado con la contraparte, quien presentó réplica a fs. 131/134 (27-3-2015).
III. Recibida la causa en este Tribunal el día 10-4-2015 (fs. 136), declarada la admisibilidad del recurso, y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia (cfr. fs. 137, prov. del 16-4-2015), corresponde plantear las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso interpuesto por la actora contra la sentencia que acogió la excepción de plazo concedido?
Resuelto ello, 2. ¿Es fundada la apelación de la actora contra la regulación de honorarios de fs. 111?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. El magistrado de grado dictó sentencia, con el alcance expresado precedentemente.
Para así decidir puso de resalto, liminarmente, que: (i) el Fisco Provincial había promovido el presente juicio de apremio con fecha 26-02-2014, reclamando el pago de los anticipos 01 a 03 del año 2013 -Impuesto a los Ingresos Brutos-, adeudados por la demandada (Título Ejecutivo N° 608.587); (ii) que la contribuyente, con fecha 13-03-2014, había incluido la deuda reclamada en autos en un plan de pagos, emitido por vía web, del que daba cuenta la copia glosada a fs. 19, que dicho instrumento había sido receptado por el sitio digital de la Agencia de Recaudación, mediante Resolución N° 7/69322365886; (iii) que la primer cuota del plan había sido abonada el día 01-04-2014 y, en función de ello, se opuso al progreso de la acción la excepción de plazo concedido por acto administrativo documentado, el 14-05-2014; (iv) que, posteriormente, la accionada había adjuntado al expediente las constancias de pago correspondientes a las cuotas 2 y 3 del plan de regularización, dando cuenta de la cancelación definitiva de la acreencia fiscal.
Sentado ello expresó -en respuesta a la negativa que al respecto blandía el Fisco- que la prueba obrante permitía apreciar que la deuda reclamada en autos había sido efectivamente incluida en el plan de pagos, conforme surgía de la información brindada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires en la contestación de fs. 96. Acreditada la existencia del plan de regularización, apuntó que resultaba forzoso dar por cierta, a su vez, la existencia y autenticidad de la Resolución N° 7/69322365886; ello en virtud del peculiar sistema informático implementado por A.R.B.A., en el que tras la presentación –vía web– del contribuyente, automáticamente se generaba un acto administrativo, como el indicado.
Además subrayó que en el marco de este juicio de apremio no podía debatirse la legitimidad del acto que había receptado el plan de pagos. Y admitiendo que la Administración tributaria contaba con amplias atribuciones para rechazar el plan propuesto por el contribuyente y fulminar (incluso de oficio) todo acto administrativo irregular (art. 113, Dec. Ley 7647/70), resultaba palmario que no lo había hecho en el presente caso.
Asimismo, y en cuanto a la conducta ulterior de la actora, puntualizó que ésta había percibido y aceptado los pagos del mencionado plan por intermedio del sistema “SAM 2000”, propio del A.R.B.A. (v. fs. 76/80). Agregó, para más, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires había afirmado en autos que dichas operaciones eran auténticas.
Con ello presente, expresó que mientras el plan no se encontrara rechazado, resultaba idóneo para fundar la excepción de plazo concedido y documentado. De su lado, refirió que resultaba irrelevante que el título ejecutivo se encontrara emitido o no a la fecha de otorgamiento del plazo, pues ninguna norma limitaba la defensa en tal sentido. Concluyó, con todo, que la defensa resultaba procedente y debía ser acogida, ya que las constancias de autos demostraban la correspondencia de los pagos efectuados por el contribuyente con el plan de pagos -espera- oportunamente otorgado por el acreedor.
II. Disconforme, el apoderado fiscal deduce recurso de apelación y fundamenta a fs. 120/124.
Sostiene que la excepción de plazo concedido solo resulta procedente cuando, con anterioridad al inicio del apremio, el contribuyente se acogió a una moratoria, plan de pagos o similar. Aduce que, en el caso, tal situación no se presenta, pues la demandada ingresó -vía web- a un supuesto plan de pagos con posterioridad a la promoción de la presente ejecución y abonó la primer cuota recién en fecha 1-4-2014 (cfr. fs. 121 ap. III).
Postula que la demandada tenía pleno conocimiento de la existencia del juicio de apremio y trató por todos los medios de evadirlo a través de la web, cuando ya se había movilizado todo el aparato judicial” (cfr. fs. 123). Concluye que, de acogerse la excepción, se estaría privando de eficacia a un título ejecutivo plenamente hábil, a través de un mecanismo impropio a tal fin.
Cuestiona, por otra parte, la validez de la Resolución N° 7/69322365886, la que a su juicio, no constituye “acto administrativo”, ni sería apta para exteriorizar la voluntad del Fisco de conceder un plazo a la contribuyente. Aduce que los formularios de acogimiento deben contener una serie de recaudos, de los que carece el mentado instrumento que se obtiene a través del sitio de Internet. Agrega que dichos recaudos surgen de la Resolución B 61/04 (arts. 4, 8), cuyas partes pertinentes transcribe en apoyo de su postura. Aduce, en síntesis, que si bien es posible acogerse a un plan de regularización en el marco de una ejecución fiscal, para ello debe seguirse el derrotero legal que marca la mentada normativa, ausente en la especie.
Con todo, aduce que el acuerdo de pago invocado por la excepcionante resulta ser posterior al inicio del juicio, lo que consecuentemente demuestra que se trata de un pago parcial, también extemporáneo e inhábil para fundar excepciones (art. 168 del Código Fiscal). Agrega que, en estos casos, corresponde tener por acreditados los pagos en virtud del principio de buena fe procesal, y tomarlos a cuenta de la deuda total, la que oportunamente debe ser liquidada y ajustada a derecho, con costas a los demandados quienes no comunicaron el pago o lo hicieron extemporáneamente (art. 142 del Cód. Fiscal).
Por ello solicita el rechazo de la excepción y que se declare que el pago no es cancelatorio, manteniéndose las cautelares trabadas hasta tanto no se desinterese definitivamente al Fisco Provincial.
Por último, y para el hipotético caso de que se confirmase la sentencia de grado, apela por altos los honorarios regulados a la letrada de la parte actora. Hace reserva de la Cuestión Federal.
III. La accionada contesta el memorial a fs. 131/134, solicitando su rechazo, a la luz de los argumentos que allí expone, en defensa de la sentencia de la instancia, que estima ajustada a derecho.
IV. El recurso no es de recibo.
1. El recurso de la parte actora apunta a la revocación del fallo que acogió la excepción de plazo concedido articulada por la accionada, en los términos del art. 9 inc. “f” de la ley 13.406.
El apoderado fiscal construye su estrategia impugnativa en base a los siguientes argumentos: (i) plantea –en primer orden- la invalidez del plan de pagos al que se acogió la contribuyente a través del sitio web de la entidad recaudadora, ya que dicho mecanismo virtual no cumpliría –a su juicio- con los recaudos mínimos de validez que exige la reglamentación del A.R.B.A. ni, por tanto, podría ser concebido como una genuina manifestación de voluntad del acreedor en otorgar un plazo para el cumplimiento de la acreencia tributaria; (ii) aduce –por otro lado- que la moratoria a la que se adhirió la accionada resultó inoportuna, pues al haberse celebrado con posterioridad al inicio del apremio, resulta inhábil para fundar la excepción de plazo concedido, ameritando el rechazo de la excepción y la condenación en costas de la ejecutada, en los términos del art. 168 del Código Fiscal (anterior art. 142 en t.o. 2004); y (iii) hace referencia –finalmente- al carácter parcial y no cancelatorio de los pagos que realizó la actora, los que –a todo evento- deben ser tomados como pagos a cuenta de la deuda total.
A mi modo de ver, dichos embates no son aptos para conmover la solución fundada a la que arribó el a quo, cuyo razonamiento en modo alguno es puesto en crisis, debido, fundamentalmente, a la deficiencia recursiva en que incurre el Fisco actor.
2. Así, en cuanto al primero de los tópicos de debate - identificado en el punto 1.(i) precedente-, el recurrente se vale de argumentos y manifestaciones que lucen incompatibles entre sí, circunstancia que le resta toda seriedad a su planteo que, por tal motivo, he de rechazar (art. 260 del CPCC; art. 25 de la ley 13.406).
De un lado, se opone categóricamente a que el plan de pagos al que accedió el contribuyente pueda ser entendido como el otorgamiento -por la autoridad tributaria- de una espera o prórroga para el pago de las obligaciones fiscales, negando incluso su validez como tal, al punto de desconocer su autenticidad como actuación imputable a una repartición pública en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, y en una marcada contradicción, por otro lado, reconoce como lícitos los pagos que el contribuyente materializó, precisamente, en cumplimiento del mencionado plan y que no son sino un producto derivado de su existencia. Para que no queden dudas sobre la conexión existente entre el plan de pagos y las erogaciones realizadas en tal sentido por el ejecutado, me remito al comprobante de pago glosado a fs. 76/77, en el que se consigna la leyenda “SAM 2000 … Arba … Ingresos Brutos … Plan de Pagos Prejudicial … Cuotas … Válido como comprobante de pago”.
Tal modo de acometer contra el fallo resulta inválido por nutrirse de un razonamiento inconsistente, inhábil para sostener la apelación. Además, ello no deja de evidenciar una deslealtad procesal del presentante, quien pese a existir informes de la propia A.R.B.A. que respaldan la autenticidad del plan de pagos emitido -a instancias del contribuyentemediante el sistema online implementado por la propia entidad tributaria, persiste a esta altura del proceso en su actitud pertinaz, de desconocer la realidad material puesta en evidenciada en el expediente (cfr. comprobante del “Plan de Pagos emitido vía WEB” -fs. 19-, e informe elaborado por la Subgerencia de Coordinación Regional Mar del Plata, Relatoría Legal y Administrativa, de A.R.B.A. -cfr. fs. 93/96). Con todo, se observa en la especie que la autoridad ingresó a sus arcas -sin objeciones- las cuotas que el contribuyente abonó en cumplimiento del mentado acuerdo de pago (cfr. comprobantes de pago de fs. 76/81, informe de A.R.B.A. -fs. 96-, informe del Banco de la Provincia de Bs. As. -fs. 103-); tal conducta, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, resulta incompatible con la actitud asumida en este juicio, de restar trascendencia al instrumento que - con el objeto de paralizar el curso de la ejecución- invocaba el ejecutado en su defensa (arg. doct. S.C.B.A. en la causa C. 99.800 “Fisco de la Provincia de Bs. As. c. Servicios y Calidad S.A. s. Apremio”, sent. del 8-VIII-2012, del voto de la mayoría).
3. En cuanto al planteo de la actora reseñado en el punto 1.(ii) anterior, no se discute que el plan de pagos al que accedió el contribuyente (el 13-3-2014 –cfr. fs. 19-) resulta de fecha posterior al inicio del apremio, el que fue promovido el 26-2-2014, como puede constatarse, pocos días antes de la suscripción del mentado instrumento online (cfr. cargo fechador obrante a fs. 7 vta.). Ahora bien, no es menos cierto que, pese a contar desde el 6-3-2014 con un proveído del juez de grado que ordenaba librar el mandamiento de intimación de pago y embargo (cfr. auto de fs. 9), el Fisco accionante nunca procedió a efectivizar la traba de la litis, quedando dicha diligencia pendiente de producción. Fue en tal contexto que el contribuyente Marisquería Santa Rita S.R.L. se presentó espontáneamente ante el juez del apremio, denunciando la existencia de la moratoria, acreditando el primero de sus pagos y planteando, así, la excepción de plazo concedido prevista en el art. 9 inc. “f” de la ley 13.406 (cfr. fs. 22/26, pres. del 14-5-2014).
Frente al particular derrotero del caso, considero que la queja del recurrente no puede ser atendida. Se encuentra acreditado que tanto la concesión del plazo por la autoridad tributaria (en la especie, a través de la suscripción de un plan de pagos web) como el consiguiente pago de la primera de sus cuotas, son de fecha anterior a la traba de la litis, circunstancia relevante que en el sub lite amerita el acogimiento de la excepción, por fuera de las críticas que la accionante pueda levantar en punto al momento en que se instrumentó el acuerdo, las que en el contexto señalado carecen de virtualidad (arg. doct. S.C.B.A. en la causa C. 99.800 “Fisco de la Provincia de Bs. As. c. Servicios y Calidad S.A. s. Apremio”, citada).
En autos, reitero, no solo no medió diligenciamiento del mandamiento, sino que –además- el Fisco actor ya había percibido la primera de las cuotas del plan de pagos con anterioridad a que el contribuyente compareciera voluntariamente a los estrados judiciales, a fin de denunciar formalmente su existencia ante el magistrado de la ejecución (cfr. recibo de pago bancario obrante a fs. 76/77, de fecha 1- 4-2014). No puede, entonces, cuestionarse la razonable decisión del a quo, de atender la defensa planteada y rechazar los reparos blandidos por quien no podía desconocer dicha objetiva realidad.
4. No puedo dejar de puntualizar que los desajustes operativos en que pueda haber incurrido el Fisco en el reclamo de las deudas tributarias, en modo alguno pueden perjudicar ni trasladarse al contribuyente (arg. doct. esta Cámara en la causa C-2387-MP2 “Castellanos”, sent. del 7-VI-2011), quien no se adhirió sino a una de las alternativas que el ente recaudador le brindaba -en el caso vía web- para la cancelación de sus obligaciones.
El obrar de la acreedora luce encauzado a través de dos líneas de conducta que resultan poco coherentes entre sí: una de ellas, se exterioriza a través de la actividad procesal que se perfila encaminada a obtener el cobro judicial de la deuda; la otra, se pone de manifiesto en la actitud extraprocesal de la Agencia de Recaudación, que aun con posterioridad al inicio del apremio, facilitó a su deudora el acceso a un plan de pagos otorgándole facilidades para la cancelación de su obligación, al margen del trámite judicial ya instado (argto. doct. esta Cámara causa P-1703-MP1 “Productos Farmacéuticos Fidex S.A.”, sent. de 11-III-2010). Y tal estado de dualidad y confusión no terminó sino de acentuarse cuando, hecho valer en juicio el mentado plan de pagos por el contribuyente, éste fue lisa y llanamente desconocido en su existencia, por la misma autoridad estatal que posibilitó su instrumentación y que, hasta entonces, venía receptando los pagos realizados mediante dicho mecanismo (fs. 76/81).
Con todo, y si –como afirma la actora- existe un trámite específico para la regularización de deudas que ya se encuentran “en juicio” –y que sería distinto a aquel que se ofrece en el sitio web de A.R.B.A. (cfr. fs. 96)-, tal circunstancia también resulta irrelevante en el presente caso, pues, como se vio, fue la propia autoridad fiscal quien posibilitó la suscripción del mencionado plan y venía aceptando los pagos hechos en consecuencia, sin poner en tela de juicio la regularidad de dicho procedimiento, hasta que finalmente se suscitó el debate en sede judicial.
5. Por otro lado, la actora plantea -a todo evento- que los pagos ingresados por el ejecutado -tanto antes como durante el trámite del apremio- resultarían parciales y no cancelatorios, razón por la cual la ejecución debería seguir su curso, por los saldos impagos (agravio descripto en el pto. 1.(iii) supra).
Su aislada afirmación, a mi juicio, no constituye más que una mera disconformidad, que en modo alguno resulta suficiente para conmover el razonamiento del juez de grado, quien, para disponer el rechazo de la ejecución, valoró especialmente: (i) la correspondencia de los conceptos incluidos en el plan de pagos con los reclamados en autos (cfr. fs. 5, 19), (ii) el pago de la totalidad de las cuotas por parte del contribuyente (fs. 76/81), (iii) la autenticidad del instrumento en el que consta la moratoria y de los comprobantes de pago agregados en autos (fs. 96, 103), entre otros elementos de juicio. De allí que la mera oposición del recurrente no constituya una crítica concreta y razonada del pronunciamiento impugnado, debiendo ser desestimada sin más (arg. art. 260 y ccds. del C.P.C.C.; art. 25 de la ley 13.406).
6. Por último, la solicitud de que las costas de la excepción incoada sean soportadas por el ejecutado en los términos del art. 142 del Código Fiscal (actual art. 168), tampoco resulta atendible.
Tiene dicho esta Cámara que en el proceso de apremio rige el principio general de costas al vencido (arts. 68, 69, 556 y ccds. del C.P.C.C., según el caso de aplicación directa o por conducto del art. 25 de la ley 13.406), que reposa sobre la idea de que quien hace necesaria la intervención del órgano jurisdiccional por su conducta –acción u omisión- debe soportar el pago de los gastos causídicos que la contraparte ha debido realizar en defensa de sus derechos. A su vez, la aplicación de aquel principio de la derrota en materia de costas supone contradicción o contienda y, asimismo, una decisión acorde de las cuestiones controvertidas que necesariamente determinará las calidades de vencedor y perdidoso en el pleito o en el incidente, en proporción al éxito o fracaso de los respectivos planteos (cfr. doct. esta Cámara causas P-2914-BB1 “Scattoni”, sent. del 29-II-2012 y sus citas; P-5135-MP1 “Pascal”, sent. del 19-VIII-2014). Bajo tales lineamientos, entiendo que los argumentos del Fisco no logran contrarrestar la imposición de costas que le cabe en su condición de vencido, pues, habiendo resistido sin éxito –y en ambas instancias- la defensa presentada por el contribuyente, debe ineludiblemente cargar con los gastos derivados de dicha actuación judicial adversa.
Fue el ente recaudador el que con su conducta suscitó el contradictorio, ya que ante la presentación espontánea del contribuyente denunciando la existencia del plan de pagos y la consecuente espera otorgada por la Administración, ésta en todo momento planteó contradicción, dando paso a una dilatada instancia de debate que bien podría haberse evitado. Con todo, y si bien el principio de costas al vencido no constituye una regla pétrea, ya que admite adecuación cuando circunstancias excepcionales tornen inequitativa e irrazonable su aplicación (cfr. doct. esta Alzada causa P-3474-NE1 “Ramón”, sent. de 10-X-2012), juzgo que el comportamiento procesal desplegado por el Fisco no autoriza a tener por configurada en la especie la aludida excepción a la regla rectora. Quizás otra hubiera sido la suerte del caso en cuanto al reparto de los gastos, si en lugar de desconocer la existencia del plan de pagos, el accionante admitía su incorporación y la de los pagos efectuados en consecuencia, desistiendo del proceso sin dar lugar al caso o controversia judicial. Mas tal hipotético escenario dista, abiertamente, del verificado en la especie.
Para concluir, he de rechazar la aplicabilidad del art. 142 del Código Fiscal que con tanta generalidad propicia el apelante, pues, como tiene dicho esta alzada, dicha previsión se encuentra prevista –en principio- para aquellos casos en que el contribuyente opone al progreso del juicio de apremio la excepción de pago, lo cual no acontece en el sub lite, en el que la defensa blandida ha sido otra (art. 9 inc. “f” de la ley 13.406; art. 142 del Cód. Fiscal –t.o. 2004-, art. 168 –en t.o. 2011-; arg. doct. esta Cámara causa P-368-AZ1 “Ruiz”, sent. del 17-IX-2009).
V. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo rechazar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar el fallo de grado apelado en cuanto fue materia de agravio. Las costas de alzada se deberían imponer a la recurrente, atento su objetiva calidad de vencida (cfr. arts. 25 de la ley 13.406 y 68 del C.P.C.C.).
Voto a la cuestión planteada por la negativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la primera cuestión planteada también por la negativa. A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. El juez de grado procedió a regular honorarios profesionales por las labores cumplidas en la instancia (res. del 19-2-2015). Así, tomando como base el monto de la demanda desestimada ($ 75.659,30), reguló los honorarios de la letrada apoderada de la parte demandada (Dra. Alicia Pía Paola Vespa) en la suma de pesos doce mil cien ($ 12.100.-), con más los aportes de ley y el porcentaje del I.V.A., de así corresponder (cfr. fs. 111; conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 34, 51 y 54 del dec. ley 8904; art. 22 de la ley 13.406 y ccds.).
II. En su memorial de apelación, el Fisco actor apela la mencionada regulación, por reputarla elevada (cfr. fs. 124 y vta., apartado VI).
III. A fin de incursionar en la tarea revisora, debo ponderar –liminarmente- que el litigio culminó con el total acogimiento de la excepción de plazo concedido planteada por la ejecutada y que, frente a la desestimación de la pretensión fiscal, ha sido acertada la decisión del a quo de tomar como base regulatoria el monto de la demanda rechazada (art. art. 23 decreto ley 8904/77; arg. art. 25 de la ley 13.406; arg. doct. esta Cámara causa P-1499-MP2 “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, res. Del 24-IX-2009).
Bajo esas directivas legales, deberá justipreciarse la regulación de honorarios apelada teniendo en cuenta la escala que fija el art. 22 de la ley 13.406 que oscila entre el 6 y el 18 por ciento del monto del pleito. Al mismo tiempo, corresponde considerar las pautas que brindan los arts. 14 – calidad de apoderado de la letrada- y 16 –monto del asunto, resultado obtenido, complejidad y novedad de la cuestión, tiempo empleado en la solución del litigio, entre otros parámetros- del decreto ley 8.904/77.
Desde tal mirador, debe valorarse la labor desplegada por la abogada de la ejecutada, como así también que el Fisco resultó vencido por haberse acogido la excepción planteada, que las costas fueron impuestas a este último y que la accionada tuvo éxito, a su vez, en su petición de levantamiento de las medidas cautelares trabadas. Bajo tales pautas de análisis, cabe considerar que la valoración efectuada por el órgano inferior respecto de los trabajos realizados por la doctora Vespa y el consecuente monto de honorarios reconocidos a su favor, lucen ajustados a derecho (arts. 22 de la ley 13.406; 1, 10, 14, 16, 23 -segunda parte-, 57 y ccds. del decreto ley 8.904/77; arts. 12 y 14 de la ley 6.716).
IV. Con estos alcances, respecto de la segunda cuestión, propongo al acuerdo desestimar la apelación intentada por el apoderado fiscal y confirmar el auto regulatorio atacado. Doy mi voto por la negativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la segunda cuestión planteada también por la negativa. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el fallo de grado apelado en cuanto fue materia de agravio. Imponer las costas de alzada a la recurrente, atento su objetiva calidad de vencida (cfr. arts. 25 de la ley 13.406 y 68 del C.P.C.C.).
2. Rechazar la apelación articulada contra el auto regulatorio de honorarios de fs. 111.
3. Por los trabajos de segunda instancia, estese a la regulación de honorarios que por auto separado se efectúa. Regístrese, notifíquese y devuélvanse por Secretaría las actuaciones al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia