Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 4950
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar –por las razones dadas y en las condiciones descriptas- la competencia de esta Cámara para entender en el recurso de apelación articulado por la Comuna a fs. 30/31 vta. contra la sentencia emanada del Juzgado en lo Correccional N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca recaída a fs. 23/24 vta., imprimirle el trámite ritual reglado por los arts. 55 a 59 del C.P.C.A. (ley 12.008, t.o. ley 13.101) y declarar su admisibilidad formal (art. 58 inc. 2° C.P.C.A.).
2Rechazar el recurso de apelación articulado por la Comuna a fs. 30/31 vta. y confirmar -por los fundamentos antes expuestos- el pronunciamiento recurrido. Las costas de la segunda instancia se imponen al Municipio en su objetiva calidad de vencido (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., texto según ley 14.437).
3Diferir la regulación de honorarios por los trabajos profesionales ante esta alzada para su oportunidad (art. 31 decreto ley 8904/77).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 09 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-4950-BB0 “PALLOTTI MARCELO ALBERTO s. APELACION FALTA MUNICIPAL (Causa N° 46/13 – N° 899)”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. La titular del Juzgado en lo Correccional N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca revocó el pronunciamiento dictado por el Juez de Faltas y consecuentemente, absolvió a Marcelo Alberto Pallotti, en relación con la conducta que se le reprochaba como violatoria del art. 48 inciso “X” de la Ley 24.449 [cfr. fs. 23/24 vta.].
II. El 17-03-2014 se notificó al Municipio el citado fallo [cfr. fs. 27/28] y el 21-03-2014 se cumplió igual recaudo en relación con el sancionado [cfr. fs. 29].
III. El 26-03-2014 el Municipio interpuso recurso de apelación fundado contra el citado pronunciamiento [cfr. fs. 30/31 vta.].
La Municipalidad introduce –prima facie- agravio federal alegando afectación a las garantías constitucionales y menoscabo a su derecho de propiedad, de debido proceso y defensa en juicio.
IV. A fs. 32, el a quo dispuso conceder vista de sus fundamentos al sancionado por el plazo de cinco (5) días.
V. El día 07-04-2014 fue notificado el infraccionado del traslado ordenado a fs. 32 [cfr. fs. 34] y con fecha 15- 04-2014 lo replicó [cfr. fs. 35].
VI. Luego, a fs. 36/37, la sentenciante de grado –en lo que aquí interesa- concedió el embate intentado y mandó elevar las presentes actuaciones a este Tribunal.
VII. Las actuaciones fueron recibidas en esta Alzada [cfr. fs. 37 in fine], se ordenó el pase de los autos al Acuerdo para resolver sobre la admisibilidad del recurso deducido y en su caso para sentencia [cfr. fs. 38], consecuentemente, corresponde plantear las siguientes:
1. ¿Resulta admisible el recurso de apelación intentado?
En caso afirmativo, 2. ¿Es fundado el citado embate?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. El artículo 40 de la ley 13.927 -por remisión del segundo párrafo del art. 54 del Decreto ley 8.751/77- habilita el control jurisdiccional de las resoluciones que se dicten por los Jueces de Faltas en materia de tránsito -en el marco de la competencia que les ha sido asignada por el art. 32 de dicho ordenamiento- mediante la interposición de un recurso que denomina “de apelación” por ante el juez en lo Correccional en turno de la jurisdicción respectiva. Consecuente y coherentemente con lo anterior, el legislador provincial atribuyó a los Jueces en lo Correccional el conocimiento en carácter originario y de alzada respecto de las faltas municipales (cfr. art. 24 inciso 3º ley 11.922 -t.o. ley 13.183-) y –asimismo- excluyó de la competencia contencioso administrativa “las impugnaciones … que se deduzcan en contra de actos sancionatorios dispuestos en el ejercicio de la policía administrativa … sujetas al control del órgano judicial previsto por … el art. 24 inciso 3) de la ley 11.922” (conf. art. 2 inc. 1° del C.P.C.A.).
II.1. Si bien de lo transcripto no se presentarían mayores inconvenientes interpretativos, la cuestión a dilucidar en esta causa dista de encontrarse alcanzada por las normas reseñadas.
Es que aquí no se debe definir el órgano judicial competente para conocer y resolver la impugnación judicial del acto administrativo que determinó la presencia de una falta municipal e impuso la consecuente sanción, sino que se debe ahora escudriñar y establecer cuál sería el órgano jurisdiccional que estaría llamado a revisar lo juzgado por la primera intervención de la justicia en el caso. Y en tal parcela, el legislador poco o nada ha definido.
De un lado, ni el Decreto ley 8.751/77 ni la ley 13.927 han reglado una vía recursiva contra lo sentenciado por el Juez en lo Correccional cuando interviene en la revisión de lo resuelto por las autoridades de Faltas municipales. Y de otro, aún recurriendo a la aplicación supletoria del Código Procesal Penal -tal como lo estatuye el artículo 60 del Régimen de Faltas Municipales o el art. 49 de la ley 13.927- no puede determinarse con precisión si tal pronunciamiento es uno de los que admiten apelación (cfr. arts. 421 -t.o ley 13.943- y 439 -t.o. ley 13.812- del C.P.P.), y -por ende- si el órgano jurisdiccional a que se refiere el art. 21 del C.P.P. es competente de conformidad al inciso 1º de tal precepto -t.o. ley 13.943-. Como bien lo ha señalado la doctora Kogan en su voto “… la remisión supletoria que el art. 60 del dec. ley 8751/77 hace a las normas del Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de las faltas municipales, no significa considerar que la atribución de competencias que asigna la ley subsidiaria, ni los remedios que ella contiene en su propio ámbito de aplicación, deben extenderse automáticamente al procedimiento que la toma como referencia para las cuestiones de trámite que no aparecen reguladas en detalle…” (cfr. S.C.B.A. causas P. 91.887, sent. de 4-XI-2009 –del voto de la doctora Kogan-; P. 95.219, sent. de 03-III-2010 –del voto de la doctora Kogan-).
Para más, la propia Suprema Corte de Justicia provincial, luego de la reforma efectuada por la ley 13.812 al C.P.P. en lo atinente a la competencia del Tribunal de Casación Penal, ha descartado que pueda considerarse a ese órgano del fuero penal como la instancia revisora en materia correccional y contravencional (cfr. doct. S.C.B.A. causas P. 91.887, sent. de 4-XI-2009 –del voto de la mayoría-; P. 95.219, sent. de 03-III-2010 –del voto de la mayoría-) que habilite el camino del posterior recurso extraordinario, si así se lo intentara.
Entonces, en una primera aproximación a la problemática, cabe preguntarse si ante la ausencia de un precepto expreso que estatuya un recurso de apelación contra el pronunciamiento de un órgano jurisdiccional de primera instancia, corresponde a la judicatura habilitar la vía recursiva no reglada.
2. Cabe señalar, en lo que hace a la apertura del vestíbulo de la apelación, que si bien esta Cámara abordó la constitucionalidad de regímenes procesales que no prevén una doble instancia jurisdiccional -demandas directas y recurso directo ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo provincial- (cfr. causas G-134-MP1 “Ortega”, sent. de 16-IX-2008; D-867 “Martín”, sent. del 8-XI-2008; D- 1047-BB “Jarque”, sent. de 25-VI-2009; D-1725-DO “Gonzalves”, sent. de 21-V-2010; D-2085-MP “Sibechi”, sent. de 28-IX-2010; entre otras), no es menos cierto que las razones brindadas en aquellos precedentes para juzgar una ausencia de apartamiento de la exigencia procesal de la “doble instancia revisora” [exigida en el art. 8, inciso 2º, apartado h) de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el art. 14 apartado 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos –por conducto del art. 75, inciso 22° de la Constitución Nacional- de jerarquía constitucional], también son predicables respecto del sendero procesal de revisión judicial contenido en el art. 54 del Decreto ley 8.751/77.
Ya desde la causa “Giroldi” (Fallos 318:514), la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculó tal garantía a las exigencias rituales del proceso penal, aclarando luego que el derecho de recurrir ante un tribunal superior se halla supeditado a la existencia de un fallo final dictado contra persona “inculpada de delito” o “declarada culpable de delito”, por lo que resultan ajenas al ámbito de aplicación de tal garantía la revisión de infracciones administrativas (cfr. Fallos 323:1787; 325:2711). Y si bien más recientemente en la causa M.1771. XL “Marchal, Juan s/apelación” (sent. del 10-04-2007), la disidencia de los doctores Fayt y Zaffaroni pareciera otorgar una lectura de mayor amplitud a la garantía reseñada, no es menos cierto que hasta la fecha, el Alto Tribunal Federal no ha modificado la doctrina que emana de los fallos previamente citados, lo que ha sido expresamente afirmado por la Casación provincial en las causas P. 86.954, "M. ,J. s.
Recurso de casación" (sent. de 25-II-2009) y P. 104.009, "Churros Manolo S.R.L. (sent. de 19-II-2014). Entonces, en la visión de esta Cámara, cuando el legislador no ha garantido una segunda instancia jurisdiccional en aquellas áreas que quedan al margen del art. 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos, la judicatura únicamente puede construir un sendero recursivo si alguna de las partes ha requerido el abordaje de cuestiones federales. Si por la naturaleza del debate, entonces, éste resultara susceptible de tratamiento por la vía excepcional del art. 14 de la ley 48, es menester su previo juzgamiento por parte del más Alto Tribunal de Justicia de la provincia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional y de tal suerte, en aquellos supuestos, ni la legislación ni los jueces locales puede vedar el acceso de los litigantes a esa instancia superior (cfr.
C.S.J.N. in re L. 423 XLIII “Tierno Juan Carlos c. La Arena S.A. s/acción de amparo”, sent. de 15-03- 2011, por remisión al dictamen de la Procuración General con sus citas), por lo que el paso por la segunda instancia deviene imprescindible para suscitar la casación provincial por conducto del art. 161 inciso 3º, apartado a) de la Constitución provincial (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa Ac. 101.238 “Telefónica de Argentina S.A., res. del 5-XII-2007). Esa y no otra es la doctrina mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia provincial en la materia.
Con todo, en los casos de juzgamiento de actos administrativos emanados de las autoridades municipales de faltas únicamente se deberá garantizar el tránsito por la alzada de apelación cuando la cuestión federal haya sido oportunamente y suficientemente introducida y a ella deba abocarse la jurisdicción de alzada para resolver el caso (cfr. doct. esta Alzada en las causas C-3049-BB0 “Such”, res. de 10-IV-2012; C-3282-BB0 “Tamburini”, res. de 3-VII-2012).
III. Habilitado así el camino recursivo, como segundo interrogante debe responderse si este es el órgano jurisdiccional competente para expedirse –o no- en la causa.
1. La competencia de las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo -para intervenir como tribunal de alzada- viene reconocida por el legislador a través del art. 2 de la ley 12.074 en las causas previstas en el art. 166, último párrafo, de la Constitución de la Provincia, con el alcance establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo.
A modo de principio puede afirmarse entonces que, de conformidad con lo preceptuado por el art. 2 de la ley 12.074, tales órganos jurisdiccionales serán la alzada natural de todas aquellas causas en las que sean competentes los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo, según las materias explícitas o implícitamente consignadas en el art. 2 del C.P.C.A. Mal podría –empero- construirse una regla absoluta a la inversa; habrá casos en los cuales las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo sí serán competentes en alzada en materias en las que los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo no lo sean. Sendos ejemplos alcanzan para clarificar este aserto.
De un lado, el propio art. 2 de la ley 12.074 le otorga a las Cámaras de Apelaciones de este fuero una competencia más amplia que a los juzgados en lo contencioso administrativo en materia de ejecuciones tributarias. Mientras que a las primeras, el legislador les ha reconocido competencia para actuar como alzada en “las ejecuciones de créditos fiscales de naturaleza tributaria” -sin ninguna clase de diferenciación-, a los segundos únicamente les ha reconocido competencia para entender en las causas relacionadas con la ejecución de tributos provinciales (cfr. art. 2, inciso 8° del C.P.C.A.). Es por ello que la ley 13.435 previó como alzada de los juzgados del “Fuero de Ejecuciones Tributarias” a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo (sea dicho que tal régimen de apelación nunca se puso en práctica, como bien se sostuviera por esta Cámara en las causas P-352-MP1 “Contreras” y P-353-MP1 “Amoroso”, ambas con sent. del 17-IV-2008, entre muchas otras).
Del otro, el art. 19 de la añeja ley de amparo 7166 al igual que el actual art. 17 bis de la ley 13.928 -incorporado por ley 14.192- reconoce como Tribunal de alzada a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo -aunque el órgano jurisdiccional de primera instancia que haya sentenciado no hubiese sido un juzgado en lo contencioso administrativo- en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el derecho administrativo. Como reiteradamente recordara esta Cámara, tales preceptos fueron sancionados por el legislador para armonizar la competencia de esta alzada en materia de amparo con los parámetros fijados por la cláusula constitucional del quinto párrafo del art. 166 (cfr. esta Cámara causas A-1146-MP0 “Onis”, sent. del 26-II-2009; A-944- BBO “Ausili”, sent. de 03-IX-2009; A-1219-MP0 “Palavecino”, sent. del 22-X-2009; A-1572-MPO “Paparella”, sent. del 09-II- 2010; A-1752-NE0 “Willemen S.A.”, sent. del 21-V-2010; A- 2081-DO0 “Instituto Médico General Belgrano”, sent. del 09- IX-2010, entre muchas otras).
Y en el especial tema analizado, hemos encontrado alcanzadas por la cláusula del art. 166, quinto párrafo de la Constitución provincial, acciones de amparo donde se cuestionaban sanciones impuestas por Jueces de Faltas Municipales (cfr. doct. causas A-1882- MP0 “Cursi”, sent. de 1-VI-2010; A-1911-MP0 “Mármol”, sent. de 3-VI-2010).
En suma, derivándose su competencia del propio artículo 166, último párrafo, de la Constitución de la Provincia, será factible reconocer intervención de alzada a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo -por fuera de una expresa determinación legal- en todas aquellas áreas que encuadren en lo que el constituyente definió como actos u omisiones en ejercicio de funciones administrativas, siempre que el propio constituyente -no el legislador- no haya separado, permanente o temporalmente, para otros fueros el juzgamiento de casos que, aunque factibles de ser alcanzados por el redil del art. 166, quinto párrafo, entendió conveniente reservarlos al conocimiento y resolución de otros magistrados (v.gr. arts. 172 segundo párrafo y 216 de la Constitución provincial para las faltas y contravenciones provinciales).
2. Desde tal atalaya constitucional, mediando -como se expresara- laguna normativa sobre el órgano jurisdiccional llamado a intervenir en supuestos como el de autos, solo cabrá aceptar la competencia si lo que está llamado a juzgarse en segunda instancia es una sentencia de grado que se haya expedido acerca de una actuación municipal llevada a cabo en ejercicio de funciones administrativas.
En la especie, el a quo se expidió en torno a una resolución (sentencia) sancionatoria del Juzgado de Faltas dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca.
De tal forma, se está en presencia de una actuación emanada de un órgano administrativo en ejercicio de función administrativa, aunque con ribetes cuasijurisdiccionales. Como bien recordara esta Cámara -con cita del precedente de la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa I. 2214 “Di Mantova” (sent. del 16-II-2005)- resulta erróneo equiparar la decisión del Juzgado de Faltas a la actuación de un órgano jurisdiccional por cuanto dichas reparticiones públicas no integran el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y las funciones que ejercen y el grado de independencia con que el legislador las ha dotado, no alteran su calidad de órganos administrativos municipales (cfr. S.C.B.A. causa B. 72.697 “Inostroza”, sent. de 09-X-2013; cfr. esta Cámara causa A-609-MP0 “Caram”, sent. de 11-VI- 2009). Para más, el Máximo Tribunal provincial ha reconocido expresamente que los Jueces de Faltas municipales ejercen función administrativa (cfr. S.C.B.A. causa B. 62.266 “Andrenacci”, sent. del 8-VII-2008, del voto de la mayoría). Refuerza el criterio expuesto, el precedente de la Suprema Corte provincial sentado en la causa B. 69.811 "Municipalidad de General Pueyrredon c. Schiavo Antonio Lorenzo s. Materia a categorizar. Conflicto de Competencia Art. 7º Inc. 1º Ley 12.008” (res. del 8-X-2008), en el que se consideró como caso originado en el ejercicio de la función administrativa a la acción promovida por uno de los sujetos enumerados en los artículos 166 de la Constitución de la Provincia y 2 inciso 7º de la ley 12.008 –texto según ley 13.101-, con la finalidad de ejecutar una decisión adoptada en el marco de un procedimiento de faltas que debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público, aunque deba acudirse, para su solución, al método de integración analógica. Si allí se remitió la causa a un Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, con más razón aquí debería ser la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo quien conociera y resolviera sobre una pretensión recursiva con la que se pretende la revocación del pronunciamiento del a quo en el se efectuó la revisión judicial del acto administrativo emanado del Juez de Faltas Municipal mediante el cual se había impuesto a un particular una sanción.
Y en nada cambia lo precedentemente expuesto lo previsto en el art. 166 segundo párrafo de la Constitución provincial, por cuanto hasta la fecha el legislador no ha actuado la facultad que le confiriera allí el constituyente y, además, nada impediría que optara –para supuestos de apelación contra pronunciamientos del juez de grado como el aquí examinado- por consagrar a la alzada del fuero en lo contencioso administrativo como la segunda instancia especializada en materia de faltas municipales si se atuviera a la doctrina del Máximo Tribunal de Justicia provincial reseñada en los párrafos inmediatamente antecedentes.
3. A tenor de lo expuesto, configurándose en la especie un supuesto aprehendido por la competencia estatuida por el art. 166, párrafo 5º de la Constitución provincial, la jurisdicción de esta Cámara de Apelaciones que de ella se desprende por imperio del art. 2º de la ley 12.074, desplaza la asignación genérica –de ninguna manera referida al tema analizado- contenida en el art. 21 inciso 1º del C.P.P. Procede, así, declarar la competencia de esta Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo para entender en el recurso interpuesto.
IV. En suma, habiendo determinado la competencia de esta Alzada y establecido los especiales recaudos formales que, en estos casos, debe contener el recurso de apelación, resta fijar el régimen procesal de Alzada que correspondería aplicarle a este expediente así como a todos aquellos que encuadren en lo definido en los apartados anteriores. Además, del mismo modo en que se resolviera para los recursos directos reglados por el art. 74 de la ley 12.008 (t.o. ley 13.325) [cfr. doct. esta Cámara causas G-134-MP1 “Ortega”; D-867 “Martín”, D-1047-BB “Jarque” antes citadas, entre otras] corresponde a esta Alzada determinar el ritual aplicable para estos supuestos particulares de apelación, con la mira puesta en la materia comprometida, en el derecho de defensa de las partes, en la garantía del debido proceso y en la tutela judicial continua y efectiva. Desde tales atalayas, el régimen ritual que mejor satisface tales exigencias es el reglado en los arts. 55 a 59 de la ley 12.008 -t.o. ley 13.101- (esta Cámara causa Q-2448-MP0 “González”, res. del 14-04-2011).
V. En torno a la admisibilidad del embate intentado por la Comuna, corresponde señalar que el recurso interpuesto con fecha 26-03-2014 [cfr. fs. 30/31 vta.] resulta formalmente procedente en tanto fue deducido contra la sentencia dictada por la Juez en lo Correccional N° 4 del Depto. Judicial Bahía Blanca, recaída a fs. 23/24 vta.; por quien es parte legitimada en el juicio; por ante el juzgado de origen y dentro del plazo reglado y acompañada de argumentación, con expreso desarrollo de cuestión federal, más allá de su pertinencia, lo que no corresponde aquí evaluar (arts. 55 y 56 del C.P.C.A.).
VI. En consecuencia, habré de proponer al Acuerdo, declarar la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Juez en lo Correccional N° 4 del Depto. Judicial Bahía Blanca, recaída a fs. 23/24 vta. Con el alcance indicado, voto a la primera cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, adhiere a la solución propuesta, votando también a la primera cuestión planteada por la afirmativa. A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. La sentenciante recordó, inicialmente, que la falta enrostrada al presunto infractor consistía en haber circulado el día 23-02-2012 –aproximadamente a las 17:39 hs.- haciendo uso de un sistema de comunicación manual continua (teléfono celular) en la ubicación indicada en el acta de comprobación.
Refiriéndose al procedimiento administrativo antecedente, relevó que la presunta falta habría acontecido el día 23-02-2012, que el día 10-10-2012 el Juez de Faltas decidió ordenar la citación a audiencia de descargo al infraccionado y que de tal decisión fue anoticiado el sancionado el día 23-10-2012.
Transcribió a continuación la norma que -en su visiónse encontraba llamada a regir el presente caso, la que -en lo pertinente- indica que, constatada la falta, “… se notificará la infracción al causante (…), notificación [que] será despachada dentro de los sesenta (60) días hábiles de la comisión de la infracción…” (art. 35 inc. “g” de la ley 13.927).
Entendió que es la efectiva notificación del presunto infractor lo que debe acontecer dentro de dicho plazo, en tanto -de excederlo- no solo se vulneraría la mentada norma sino también el derecho de defensa del infraccionado, ya que por el transcurso del tiempo se vería dificultada o imposibilitada su capacidad de realizar una adecuada defensa y ofrecer la prueba que creyera corresponder.
Sostuvo, desde tal perspectiva, que la complejidad y cantidad de tareas que involucra al Juez de Faltas no justifica exceder el citado plazo legal cuando ello se traduce en un perjuicio para el administrado.
Confrontando lo anterior con lo ocurrido en la presente causa, juzgó que se había incumplido con el deber legal previsto en el art. 35 inc. “g” de la Ley 13.927 en tanto entre la fecha de la presunta falta cometida y su efectiva notificación al supuesto infractor, transcurrieron más de seis meses. Consecuentemente, decidió revocar el pronunciamiento del Juez de Faltas y absolver al sancionado administrativamente.
2. La Comuna se agravia del pronunciamiento dictado por la juez a quo.
En su memoria, coincide en la aplicación al caso del precepto legal indicado por la sentenciante, empero propone una interpretación distinta a la formulada en el grado. En efecto, en su visión, el plazo bajo análisis tiene – por única finalidad- otorgar al contraventor la posibilidad de abonar con descuento mediante el pago voluntario. Postula que no otro sentido se desprende de la ley, menos aún que aquél resulte perentorio y que, con ello, implique por sí el archivo de la causa o la caducidad de pleno derecho de la potestad sancionatoria.
Para concluir, y en lo que aquí interesa reseñar, denuncia que el fallo recurrido afecta el derecho de propiedad de su mandante a percibir las sumas establecidas en concepto de multas, requiriendo se recepte su embate y se revoque el fallo recurrido.
audiencia fijada, el funcionario municipal se pronunció sancionando al particular.
Se comprueba así que en el presente caso el Juez de Faltas omitió cumplir con aquel inicial emplazamiento que consiste en anoticiar al infractor de la falta que se le atribuye –agregando copia del acta de comprobación- y haciéndole saber –además- del derecho que le asiste de acogerse al beneficio de pago voluntario.
2.a. Anteriormente ha tenido oportunidad esta Cámara de señalar en la causa C-3253-AZ1 “Pardini” (sent. de 07-IX- 2012), que para la preparación de la voluntad de la Administración es dable exigir que el órgano estatal observe de manera precisa y armoniosa todos aquellos trámites legalmente impuestos. Así, el procedimiento que debe seguirse con anterioridad a la emisión del acto estatal constituye un elemento esencial cuyo desapego posee entidad como para predicar la nulidad del acto consecuente.
Tal conceptualización del “procedimiento” como elemento esencial del acto administrativo engloba al debido proceso adjetivo como la reglamentación de naturaleza procesal administrativa de la garantía constitucional de defensa consagrada en los arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la local (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 61.558 “Galesio”, sent. de 6-VII-2005).
Sin desconocer que en el procedimiento administrativo el particular asume el carácter de colaborador, cogestionando el interés público con la Administración, en casos como el traído a conocimiento de esta Alzada, el administrado se encuentra ante la eventualidad de sufrir o padecer derivaciones gravosas sobre la esfera de sus derechos –en la especie la aplicación de una sanción de multa-, comprometiéndose –en consecuencia- el derecho de defensa. De tal modo, la garantía del debido proceso legal adjetivo comprende: 1) el derecho a ser oído, que presupone: (i) el leal conocimiento de las actuaciones administrativas [lo que en el caso se traduciría con el anoticiamiento del inicio del procedimiento de faltas y el contenido del acta de infracción en el que se apuntala]; (ii) la posibilidad de exponer las razones y alegaciones antes y después del dictado del pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa; (iii) el derecho a ser juzgado por un funcionario imparcial; (iv) la facultad de impugnar en sede administrativa y judicial los pronunciamientos administrativos; (v) hacerse patrocinar por profesionales del derecho (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 65.254 “Yovovich”, sent. de 31-VIII-2007); 2) el derecho a ofrecer y producir pruebas, el cual conlleva: (i) el derecho a que toda prueba razonablemente propuesta sea producida; (ii) que la producción de la prueba sea realizada antes de que se adopte decisión sobre el fondo de la cuestión en examen; (iii) el derecho a controlar la totalidad de las pruebas producidas (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 60.956 “Armengot”, sent. de 23-V-2007), y finalmente, 3) el derecho a una decisión fundada, en la que lo resuelto debe meritar los principales argumentos y cuestiones planteadas (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 65.207 “Suarez Acosta”, sent. de 12- XI-2003), a la vez que la observancia y debido cuidado hacia los recaudos técnicos que aseguren una suficiente fundamentación de lo que se decide (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 64.413 “Club Estudiantes de La Plata”, sent. de 4-IX- 2002).
b. Bajo tal prisma de análisis, carece de toda consistencia la razón blandida por la Comuna accionada en cuanto asevera que el incumplimiento del trámite previsto en el art. 35 inc. “g” –primer párrafo- de la Ley 13.927 carece, en la especie, de entidad para tener por inválida la decisión posterior adoptada contra el sancionado.
Respondiendo a tal agravio, cuya suerte negativa adelantara, remarco que en el contexto de la ley provincial de tránsito, el artículo citado en el párrafo anterior establece -comprobada la falta y labrada el acta respectivala obligatoriedad de poner en conocimiento del presunto infractor la falta que se le atribuye “… enviando la copia del acta labrada y haciéndole saber derecho de acogerse al beneficio de pago voluntario (…) dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles de la comisión de la infracción…”. Analizando el trámite procedimental omitido, observo – de un lado- que aquel persigue salvaguardar el derecho de defensa del infraccionado haciéndole entrega –apenas iniciado el procedimiento administrativo- de una copia del acta de comprobación de la falta que se le enrostra y, de otro, percibo que el plazo señalado para cumplir dicha obligación denota la férrea voluntad del legislador de asegurar inmediatez entre la comisión de la falta y su conocimiento por parte del sancionado. Se trata, en definitiva, de un mandato normativo expreso y específico que impone a la Administración la efectiva comunicación de la falta que se le reprocha al pretenso contraventor –en un lapso de tiempo cierto y determinado- (cfr. art. 35 inc. “g” –primer párrafo in fine- de la Ley 13.927) como condición de validez del acto que –dictado luego de cumplir con los restantes pasos reglados- disponga la aplicación de una sanción administrativa.
De tal manera, la inobservancia por parte de la autoridad administrativa del especial iter procedimental exigido como condición ineludible para aplicar una sanción administrativa luce comprobada. Y en tanto la falencia estructural detectada quebranta –en la especie- el derecho del actor a conocer en un tiempo cierto y determinado la iniciación de un procedimiento administrativo que persigue sancionarlo, recaudo expresamente exigido por la normativa, estimo que –a diferencia de lo aseverado por el Municipio- el defecto excede el plano meramente formal, adquiriendo ribetes propios de un vicio grave y, como tal, lesivo de las garantías mínimas que caben exigir en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar derechos (cfr. doct. C.S.J.N. in re L.216.XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c. BCRA – Resol. 169/05”, sent. de 26-06-2012).
Con lo anterior en mira, queda descartado –entoncesque la norma bajo análisis se limite únicamente a hacer conocer al presunto infractor acerca de la posibilidad de acogerse al beneficio de pago voluntario, como lo postulara la Comuna. En suma, la inobservancia por parte de la Administración del mandato normativo expreso y específico exigido en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio reglado por la ley 13.927, posee entidad suficiente para comportar un vicio procedimental de naturaleza esencial, lesivo de los arts. 15 de la Constitución provincial y 18 de la Federal, que afecta la validez del acto administrativo impugnado.
III. Con todo, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación articulado por la Comuna a fs. 30/31 vta. y confirmar -por los fundamentos antes expuestos- el pronunciamiento recurrido. Las costas de Alzada deberían imponerse al Municipio en su objetiva calidad de vencido (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., texto según ley 14.437). Con el alcance indicado, voto a la cuestión planteada por la negativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Declarar –por las razones dadas y en las condiciones descriptas- la competencia de esta Cámara para entender en el recurso de apelación articulado por la Comuna a fs. 30/31 vta. contra la sentencia emanada del Juzgado en lo Correccional N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca recaída a fs. 23/24 vta., imprimirle el trámite ritual reglado por los arts. 55 a 59 del C.P.C.A. (ley 12.008, t.o. ley 13.101) y declarar su admisibilidad formal (art. 58 inc.
2° C.P.C.A.).
2. Rechazar el recurso de apelación articulado por la Comuna a fs. 30/31 vta. y confirmar -por los fundamentos antes expuestos- el pronunciamiento recurrido. Las costas de la segunda instancia se imponen al Municipio en su objetiva calidad de vencido (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., texto según ley 14.437).
3. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos profesionales ante esta alzada para su oportunidad (art. 31 decreto ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia