Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredon a fs. 67/71 y, en consecuencia, revocar la resolución cautelar dictada por el a quo a fs. 58/60. Las costas de ambas instancias se imponen al actor vencido (cfr. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437).
2Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad [art. 31 decreto ley 8904/77].
En la ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C- 4249-MP1 “MASTAKAS ARIEL MAXIMILIANO c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s. PRETENSIÓN ANULATORIA – OTROS JUICIOS”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Sardo, Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata dispuso, a título cautelar, suspender la realización de la Consulta Popular para la creación de la Policía Municipal que fuera dispuesta mediante Dto. N° 856/2013 para celebrarse el día 9-06-2013.
II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad formal del recurso de apelación deducido a fs. 67/71 por la parte accionada –replicado por el accionante a fs. 75/82- [cfr. Res. de fs. 86/87], los autos fueron puestos al Acuerdo para Sentencia -providencia que se encuentra firme y consentida-.
III. Asumiendo el señor Juez doctor Riccitelli el primer lugar en la votación de conformidad con la certificación que obra en la foja precedente, corresponde plantear la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. A fs. 58/60, con fecha 7-06-2013, el a quo dictó pronunciamiento ordenando, en los términos de los arts. 22, 25 y cdtes. del C.P.C.A. y 204 del C.P.C.C., la “suspensión de la realización de la Consulta Popular para la Creación de la Policía Municipal prevista para el día 9 de junio de 2013”.
Delimitando el contorno sobre el cual efectuaría el examen de admisibilidad del pedimento cautelar, y luego de excluir de toda ponderación las alegaciones vertidas por el actor vinculadas a la denunciada “ilegitimidad de las facultades que el Proyecto de Policía Comunal le asigna a la fuerza”, el a quo focalizó el análisis solo respecto de los cuestionamientos direccionados a poner en crisis la actuación desplegada por la Junta Electoral creada por el Dto. Nº 856/13.
Enfocando el análisis a partir de los denunciados incumplimientos por parte de la Junta Electoral de las etapas y actos establecidos en el Anexo V del Dto. N° 856/13, sostuvo que los dichos de la Defensora del Pueblo –Sra. Beatriz Arza- en la audiencia celebrada el día 7-06-2013 –en la que tomara intervención en su carácter de integrante de la Junta Electoral-, en tanto traducen el expreso reconocimiento del incumplimiento de “la exigencia normativa contenida en el artículo 7 del anexo V”, patentizan la inobservancia de las formas fijadas por la reglamentación para el funcionamiento del organismo creado ad hoc. Tal incumplimiento –ahondó- no puede reputarse subsanado por la “mera referencia a los días y horas de reunión de los que da cuenta el acta que obra a fs. 23”.
Por otro lado, agregó que las declaraciones de la Sra. Beatriz Arza permitían tener por incumplidas “otras obligaciones impuestas … por el reglamento electoral previsto en el anexo V”. Así, tuvo por inobservada la exigencia que, impuesta por el art. 24 del citado anexo, requería la oficialización de boletas con una antelación a veinte (20) días corridos a la fecha de celebración del acto eleccionario.
Asimismo, y continuando con la valoración de las manifestaciones vertidas en la audiencia de fs. 56/57, advirtió la presencia de “datos reveladores del aparente incumplimiento de la Junta Electoral de otros pasos previos exigidos por la normativa” tales como que, a menos de 48 horas de la celebración del acto comicial, aún no se habían designado las autoridades de la totalidad de las mesas, eventualidad que, además de la incertidumbre que genera respecto del desarrollo del procedimiento de consulta, resulta objetable a la luz del artículo 16 del anexo V del Dto. N° 856/13.
Lo anterior, sumado a que –según lo expuesto por la entonces Defensora del Pueblo- los padrones recién se mandaron a imprimir el día 5-06-2013 y se entregaron a los partidos políticos en “CD” el día inmediato posterior y que tampoco se encontrarían designadas y distribuidas la totalidad de las mesas de votación, resulta demostrativo – además de la violación del mandato dispuesto en el art. 14 del anexo V del Dto. N° 856/13-, de las “graves circunstancias” que tales incumplimientos ocasionarían sobre el normal desarrollo del acto eleccionario.
Con todo, concluyó que el incumplimiento por parte de la Junta Electoral de los recaudos previstos en el Dto. N° 856/13 permitían tener por configurado el recaudo de la verosimilitud del derecho.
Para ponderar el recaudo del periculum in mora, recordó que los mecanismos de democracia semidirecta tienen como particular trascendencia que recogen y valoran el parecer de los ciudadanos. Y es justamente esa “trascendencia” la que exige -en visión del magistrado- que el procedimiento destinado a obtener la opinión del electorado transite por un camino despejado de toda objeción. De tal modo -ahondó el sentenciante- es dable exigir que el proceso electoral observe un cronograma detallado de manera tal que tanto autoridades como electores “sepan cuáles son los lineamientos que deben seguir”. En la especie, el juez observó que la premura con que la autoridad municipal estructuró la consulta, y que inclusive se traduce en la propia imposibilidad del Municipio de “cumplir los exiguos plazos que impuso”, permiten concluir que de llevarse a cabo el acto comicial en la fecha prevista (09-06-2013) se ponga en “riesgo cierto la posibilidad de lograr la auténtica expresión de la ciudadanía”. Por tales motivos, tuvo por acreditado el recaudo del peligro en la demora.
Concluyendo su análisis, consideró que la suspensión del acto eleccionario se direcciona a preservar no solo el interés particular comprometido en autos, sino que también apunta a proteger el interés público, circunstancia que abastece el restante recaudo al que se refiere el artículo 22 inciso 3° del C.P.C.A.
Por último, agregó que el estado avanzado del proceso electoral actuaba como una nota que validaba –frente a las irregularidades detectadas- la suspensión de la consulta, todo ello sin perjuicio que, una vez subsanados tales defectos, la autoridad comunal pueda avanzar con el proceso eleccionario fijando una nueva fecha para llevar a cabo la convocatoria a la ciudadanía.
2. Cuestionando el mandato cautelar dispuesto en el grado se alza la Comuna accionada a fs. 67/71 esgrimiendo su crítica desde diversas vertientes.
Primeramente, y con cita de doctrina de este Tribunal en la causa A-4156-MP0 “Scarimbolo” (sentencia de fecha 06-06- 2013), expone que la condición de ciudadano contribuyente invocada por el accionante –Dr. A. M. Mastakas- para excitar la jurisdicción carece, en la especie, de entidad para tener por configurada la existencia de un caso o controversia; ello es así, en tanto –allende siquiera haber acreditado el actor su condición de contribuyente al fisco local- no existe constancia alguna que permita inferir la existencia de un agravio particular o diferenciado respecto de la situación en que se encontrarían los restantes ciudadanos llamados a intervenir en la consulta.
En segundo término, postula que el pronunciamiento de grado violenta el principio de congruencia pues el a quo, desentendiéndose de las razones esgrimidas por el Municipio en ocasión de evacuar el informe requerido en los términos del art. 23 inc. 1 del C.P.C.A., decidió a indagar a la entonces Defensora del Pueblo, para luego dictar un pronunciamiento que excede los planteos efectuados por la parte accionante.
En concreto, entiende que las preguntas que efectuara el juzgador a la otrora integrante de la Junta Electoral –Dra. Beatriz Arza- traducen un exceso de las “facultades inquisitorias del iudex” y con ello, la afectación de la garantía de congruencia puesto que, sin que fuera requerido por la parte actora, se introdujeron cuestiones vinculadas a: (i) la participación del suplente del Colegio de Abogados; (ii) la participación del Secretario de Gobierno; (iii) el lugar del escrutinio y; (iv) el formato de los padrones, extremos todos estos que –según esgrime- rebalsan el planteo formulado por el actor.
El tercero de los agravios postula la existencia de un desenfoque entre la pretensión principal (anulación por ilegitimidad del Dto. N° 856/13) y la medida cautelar efectivamente dispuesta (suspensión del acto eleccionario a celebrarse el día 9-06-2013).
Abasteciendo su razonar, expone que el inferior se ha desentendido de la existencia –o no- de vicios en el acto estatal impugnado, focalizando su esfuerzo analítico sobre cuestiones ajenas al caso de marras tal como resulta ser el funcionamiento de la Junta Electoral.
Clausurando su crítica, arguye que con su proceder el magistrado de grado se inmiscuye de modo impropio en la vida política de la ciudad, desconociendo “la cantidad de encuentros, charlas, actos y debates que se han sucedido en las últimas semanas”, así como “la trascendencia que la consulta tenía en los medios periodísticos y en el conjunto de la ciudadanía”, todo lo cual –concluye- torna elocuente el grave compromiso que la medida dispuesta proyecta sobre el interés de la comunidad en la materialización del acto eleccionario.
Por último expone que, sin perjuicio de que la medida cautelar frustró la posibilidad de celebrar la consulta popular en la fecha estipulada por la reglamentación (esto es, el día 09-06-2013), la cuestión dista de haberse tornado abstracta. Por el contrario, entiende que el asunto “destila actualidad” y solicita a este Tribunal se revoque, en todos sus términos, el fallo de grado.
3. Materializando su réplica, a fs. 75/82 se presenta la parte actora y, avalando en lo sustancial lo resuelto en la instancia, solicita se confirme el fallo de fs. 58/60.
II.1. Previamente a abordar cualquier otra cuestión, corresponde desentrañar si el tratamiento de la presente apelación ha caído en abstracto.
No puedo pasar por alto que mediante el remedio articulado por la Comuna se persigue que esta Cámara revoque la resolución del magistrado de grado que ordenó, como medida cautelar, la suspensión de la realización de la Consulta Popular para la Creación de la Policía Municipal, convocada para el 9-06-2013.
Dicha orden cautelar, a tenor del particular objetivo que perseguía, agotó sus propios efectos luego de trascurrido el día 9-06-2013 ya que el electorado marplatense no pudo concurrir a expresar su opinión sobre el motivo que diera lugar al llamado a Consulta Popular.
Así, a la fecha en que el Municipio apelara [cfr. cargo fs. 71 vta, fecha 13-06-2013], esta Cámara ya no estaba en condiciones objetivas de revertir el posible agravio que le ocasionara el pronunciamiento del magistrado de grado. Mucho antes que el expediente llegara a la Alzada, la controversia que se generara a partir de la apelación del decreto cautelar, en cuanto a su razón o sinrazón, había quedado saldada por la imposibilidad de hacer caer la orden jurisdiccional de suspensión en tiempo oportuno.
De tal modo, impropio resultaría –al presente- emitir un pronunciamiento con aquel único objetivo, por cuanto ello sería emitir una opinión en abstracto. Es que, si bien los jueces no pueden dejar de juzgar las cuestiones que se someten a su decisión (art. 15, Cód. Civ.; doct. art. 171, Constitución de la Provincia), ello no los habilita para evacuar consultas ni para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el "caso" que se ha sometido a su decisión (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 69.134, "Intendente Municipal de La Plata", sent. del 23-VII-2008; B. 63.874 "Municipalidad de Vicente López", sent. de 27-XI-2013).
2. Sin desconocer el lineamiento jurisprudencial sentado por nuestro Superior Tribunal provincial, mal no viene recordar [como lo hiciera esta Cámara en las causas C-1841- DO1 "Denot" (sent. de 13-VII-2010), A-1938-DO0 “Acevedo” (sent. de 12-IV-2011) y A-2863-BB0 "Leniz" (sent. de 2-II- 2012, por mayoría)] que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo la opinión de la Subprocuradora Fiscal, ha forjado ciertas excepciones a la teoría de las cuestiones abstractas a fin de que la judicatura pueda desarrollar su rol en los casos en que sea necesario dejar sentada una interpretación jurisdiccional esclarecedora sobre institutos regidos por la Constitución. Entre tales supuestos ha englobado a las cuestiones traídas ante sus estrados y que son “capable of repetition, but evading review” (siguiendo la terminología de la Suprema Corte de Justicia Americana) [cfr. C.S.J.N. in re A.1021-XLIII “A., M. B. y otro c. E. N. Ministerio de Planificación Dto. 118/06 (ST) s. Amparo ley 16.986”, sent. del 1-06-2010, por remisión al Dictamen de la Subprocuradora Fiscal].
La excepción a las cuestiones abstractas que conlleva la doctrina “capable of repetition, yet evading review” se aplica: (i) cuando el desarrollo temporal de la acción es tan corto en el tiempo que no permite un completo debate jurisdiccional antes de que el hecho que la motiva haya cesado y (ii) siempre que exista una razonable expectativa de que cualquiera de las partes puedan verse involucradas en un proceso similar en el futuro [cfr. United States Supreme Court, First Nat'l Bank of Boston v. Bellotti, 435 U.S. 765, 774 [1978]. Y ha sido en cuestiones relativas a convocatorias electorales o a consultas populares en las que esta doctrina excepcional frecuentemente ha sido aplicada [cfr. United States Court of Appeals, Ninth Circuit, American Civil Liberties Union of Nevada v. Lomax, 12-08-2006, en www.findlaw.com], pues se ha reconocido que la corta duración de los procedimientos electorales impiden que el proceso jurisdiccional abierto alcance el debate en grado de apelación o ante la Suprema Corte de Justicia antes de que el hecho que motivara la acción se extinga con el trascurso del tiempo.
3. En la especie nos encontramos frente a uno de esos particulares supuestos en los que la excepcional doctrina acuñada en el derecho procesal americano -y admitida en nuestro ordenamiento por el Supremo Tribunal federal- resulta de aplicación para sortear el valladar de la cuestión devenida abstracta.
Obsérvese que el proceso iniciado el 3-06-2013 [esto es, tan solo cinco (5) días hábiles antes de la fecha de convocatoria al electorado], contiene una pretensión anulatoria contra actos administrativos del alcance general, a la que le resulta aplicable el rito ordinario contenido en la ley 12.008, t.o. ley 13.101, con plazos procesales que holgadamente exceden tan siquiera para encauzar el litigio, aquel exiguo lapso que medió entre la presentación de la acción y el decreto cautelar que luego fuera apelado. Tan escaso fue el tiempo que:
(i) a fs. 15, apartado 4), el juez de grado requirió el informe exigido por el art. 23 inciso 1° del C.P.C.A., acortando el plazo para su respuesta a 24 horas, en vez de los cinco (5) días máximos que habilita el ordenamiento procesal aplicado;
(ii) a pesar de haber solicitado las actuaciones administrativas vinculadas con el dictado del Decreto N° 856/13 -cfr. apartado 5, proveído de fs. 15-, el a quo no llegó tan siquiera a practicar el examen preliminar del art. 31 inciso 1° del C.P.C.A. para juzgar si la pretensión reúne los requisitos de admisibilidad;
(iii) la medida cautelar fue decretada un día después de recibir el Juzgado la información requerida por conducto del art. 23 inciso 1° del C.P.C.A. y el mismo día en que el sentenciante convocara y llevara a cabo una audiencia con la Presidente a la Junta Electoral [cfr. fs. 51/57].
Esta carrera "contra reloj" pone en evidencia que escenarios procesales como el presente bien pueden repetirse en el futuro: una pretensión articulada con escasos días de anticipación a una convocatoria electoral o consulta popular, puede aniquilar el llamado a las urnas sin que tan siquiera se haya evaluado su viabilidad formal -menos aún la sustancial-, con solo articular conjuntamente un pedimento cautelar de suspensión del acto y no dejando chances para un debate ante las restantes instancias jurisdiccionales habilitadas.
La mera probabilidad de que ello nuevamente acontezca, sumado al recomendable mandato para que la Justicia acompañe y no obstaculice la participación ciudadana en los mecanismos de democracia semidirecta, justifican en la especie asumir la jurisdicción apelada y revisar el pronunciamiento de grado, no ya desde la satisfacción del mero interés de la recurrente en obtener una revocación de una orden judicial que ya agotó su objeto, sino como modo de saldar un asunto que no ha perdido actualidad, a tenor de las notas particulares que caracterizaron el proceso y de la específica materia constitucional y legal comprometida, como se verá seguidamente.
Bajo tales condiciones, abordaré los agravios de la apelante, no sin antes censurar la desidia del Municipio, el que bien pudo articular su recurso de apelación inmediatamente después de conocido el fallo que lo agravia y solicitar a esta Alzada, frente a la urgencia del caso y el interés que ahora tardíamente invoca, la habilitación de día y hora para el tratamiento del remedio.
III. El recurso prospera.
1. Por segunda vez debo censurar un pronunciamiento cautelar emitido por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Depto. Jdcial. Mar del Plata cuando advierto que la tutela precautoria decretada luce desprovista de todo nexo que la enlace con los derechos e intereses que presumiblemente pudieran reconocérsele al accionante. Antaño lo hice en la causa C-2820-MP1 "Asociación Amigos de la Terminal MDP y otros " [sent. de 20-XII-2011] y hogaño en la presente. Habré de ceñirme al desarrollo jurisprudencial que volcara en aquel precedente, para luego subsumir en él las circunstancias del presente litigio.
a. Si bien es cierto que la verosimilitud en el derecho puede determinarse a partir de la patencia de vicios graves en el acto administrativo cuya ejecutoriedad se solicita cautelarmente se suspenda, no lo es menos que para que ello ocurra primero se debe indagar qué grado de vinculación [según cual sea su pretensión principal] une al interesado por la medida tutelar con el acto que se intenta suspender. Esta es una regla básica de examen que debe practicarse frente a cualquier pedimento cautelar y responde a las notas de instrumentalidad [cfr. doct. Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Dto. Jcial. La Plata, Sala I in re “Pinturerias García S.A.”, sent. de 22-09-2009] y accesoriedad de toda tutela precautoria (cfr. doct. S.C.B.A. causa I. 71.017 “Necochea Entretenimientos S.A.”, res. de 23- XI-2011). De lo contrario, se estaría habilitando por vía precautoria una especie de “acción popular” indirecta mediante la cual cualquier individuo, sin una mínima conexidad de su pretensión con el acto atacado, podría no solo obtener su suspensión alegando irregularidades manifiestas sino -más grave aún- inhibir la presunción de legitimidad del accionar estatal, poniendo en crisis el funcionamiento de la Administración, sin siquiera haber articulado una acción que permitiera vislumbrar, aunque fuera prima facie, un interés tutelado por el ordenamiento. Recuérdese que la procedencia de una medida precautoria depende de su adecuación al fin perseguido por el peticionante en su demanda [cfr. doct. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Dto. Jcial. Mar del Plata, Sala II in re “Martinata”, sent. de 23-09-2003], esto es, de una suficiente compatibilidad de medio a fin entre la cautelar y el objeto del proceso [cfr. doct. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Dto. Jcial. Mar del Plata, Sala II in re “Tacchino”, sent. de 11-07-2002] para -de tal modopreservar la efectividad de la futura sentencia [cfr. doct. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Dto. Jcial. Mar del Plata, Sala II in re “SADAIC”, sent. de 23-08-2001] y evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien la solicita [cfr doct. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Dto. Jcial. San Nicolás in re “Di Stefano”, sent. de 13-12-2005].
Es por ello que este Tribunal ha puesto énfasis en el carácter eminentemente accesorio de las cautelares (doct. esta Cámara causa A-1262-MP0 “Dopchiz”, sent. del 19-III- 2009), reconociendo que éstas carecen de autonomía y que no constituyen un fin en sí mismas (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 306:506; cfr. doct. esta Cámara causa V-617-BB1 “Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen-Co”, sent. del 16-X-2008), en virtud del nexo de instrumentalidad que las liga a un proceso principal cuyo contenido y naturaleza condicionan, consecuentemente, la procedencia, mantenimiento y eventuales variaciones de aquéllas (argto. doct. esta Cámara causa A- 1712-DO0 “Giorgio”, sent. de 2-IX-2010), debiendo mediar entre el resguardo requerido y la acción que tiende a hacer valer la pretensión fondal una clara línea de congruencia pues, si ella no existe, no corresponde otorgarlas (cfr. doct. esta Cámara causas C-2278-BB1 “Gioventu”, sent. de 05- V-2011; C-2316-MP1 “Paseo de las Toscas”, sent. de 03-VI- 2011).
b. El presente proceso fue incoado por Ariel Maximiliano Mastakas, abogado, en su propio derecho, invocando como causal de legitimación procesal el carácter de contribuyente de obligaciones permanentes y periódicas con el Fisco Municipal, lo que lo llevó a entender que sería sujeto pasivo del adicional tributario del 16% que planteaba la Consulta Popular como aporte para el financiamiento de la Policía Municipal.
Como objeto de la acción plantea la nulidad del Decreto emanado del Intendente del Partido de General Pueyrredon N° 856/2013 por el cual se convoca a los habitantes residentes del Municipio para que de manera voluntaria expresen su opinión en torno a la creación de una Policía Municipal mediante un procedimiento que se denomina "Consulta Popular para la Creación de la Policía Municipal". Impugnó los Anexos II -lineamientos funcionales y organizacionales de la policía municipal-, V -Reglamento Electoral- y VI -Junta Electoral-, todos del mentado decreto, denunciando respecto de los dos últimos una serie de irregularidades en el procedimiento seguido para la convocatoria.
Luego y sin explicitar la presencia de los recaudos que hacen a su viabilidad, solicitó medida cautelar de suspensión de los efectos del decreto impugnado "hasta tanto se resuelva sobre el fondo de las cuestiones planteadas, y a los fines de evitar los perjuicios relacionados con la falta de claridad y transparencia en el proceso electoral previsto para el día 9 de junio".
Como únicos elementos documentales acompañados figura una constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y una licencia de conducir emitida por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires [cfr. 2/3].
c. Con tales escasos elementos de convicción resulta harto difícil encontrar las condiciones para que prospere una cautelar como la decretada en la instancia.
En efecto, a tenor del desarrollo jurisprudencial anterior, para que una medida cautelar sea viable debe existir como condición insustituible un "caso" o "controversia", esto es un conflicto entre partes encontradas en el cual -por lo menos- una de ellas alegue un perjuicio o daño concreto, particularizado, actual o inminente que le afecte un interés jurídico directo, imputable al accionar de su contraria y cuyo remedio pueda ser obtenido mediante la acción intentada [cfr. United States Supreme Court of Justice, Clapper v. Amnesty International USA, sent. de 26- 02-2013].
Así, la primera vinculación que debe examinar cualquier juez a la hora de evaluar pedimentos cautelares es si, ante todo, la cuestión llevada a sus estrados constituye un "caso" en los términos supra descripto; si la respuesta a su cuestionamiento es negativa, ninguna tutela precautoria debe ser decretada so pena de estar garantizando un determinado estatus jurisdiccional a quien no cuenta con una mínima conexidad de su pretensión con el acto atacado o con las notas propias de la acción intentada.
Algunos podrán decir que el mero juicio provisional que se desarrolla en la etapa cautelar habilita a saltear el estudio sobre la presencia o ausencia de un "caso" o "controversia" y postergarlo para una ulterior oportunidad. Empero, ello es imposible en nuestro ordenamiento constitucional: sin este último condimento ninguna labor jurisdiccional puede ejercerse, según los términos empleados por nuestras normas fundamentales [arts. 116 y 117, Constitución nacional; 2, ley 27; ley 48; 161, 163, 166, 172 y 174, Const. prov.; doct. S.C.B.A. causa B. 63.874 "Municipalidad de Vicente López", sent. de 27-XI-2013]. Con todo, sin "caso" o "controversia" no hay cautelar posible.
Y si se tiene en cuenta que para nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, no basta para demostrar la existencia de un interés "especial", "directo", "inmediato", "concreto" o "sustancial" que permita tener por configurado un "caso contencioso", el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes cuando no se ha justificado un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos [cfr. Fallos 327:2512; 331:2287; 331:1354], entonces, la pretensión que se ventila en el presente proceso -a tenor de la legitimación invocada y las particulares deficiencias que se le imputan al acto atacadono solo resulta difícil de encuadrar en aquel recaudo que habilita la actuación jurisdiccional [cfr. doct. esta Cámara causa A-4156-MP0 “Scarimbolo”, sent. de 06-IV-2013] sino que además, luce por demás endeble para apuntalar un remedio cautelar como el que, a la postre, decretara el juez de grado.
Me convence todavía más del desatino que plasma el pronunciamiento apelado, las propias razones que brinda el juzgador para encontrar configurada la verosimilitud del derecho como elemento para la procedencia del remedio cautelar. Mal podría trazarse un interés del señor Mastakas diverso al "general en que se cumplan la Constitución y las leyes" en los defectos que el juez de grado le enrostra al procedimiento de organización de la Junta Electoral formada para intervenir en la Consulta Popular, en los incumplimientos que advierte respecto de las etapas, actos y obligaciones que, en torno al funcionamiento de la mentada Junta Electoral, fueron regulados en el Reglamento Electoral, anexo del decreto impugnado.
En suma, el juez impropiamente habilitó por vía precautoria una especie de “acción popular” indirecta mediante la cual un individuo, sin haber demostrado un perjuicio o daño concreto, particularizado, actual o inminente que le afecte un interés jurídico directo, obtuvo la suspensión de efectos del acto atacado, inhibiendo fuera de todo "caso" o "controversia" la presunción de legitimidad del accionar estatal y obstaculizando la participación ciudadana en el mecanismo de democracia semidirecta al que se lo convocaba en forma voluntaria.
2. Con todo, lleva la razón la apelante cuando denuncia una flagrante violación al principio de congruencia. No hay peor ni más censurable extralimitación de un juez que aquella actuación que importa ejercer sus poderes constitucionales sin que medie "caso" o "controversia", pues más que desoír los concretos planteos de quienes llegan hasta sus estrados, aquel exceso patentiza su propia autoría material del conflicto, renunciando a su posición de tercero imparcial. Esto aconteció en la presente contienda y se extendió hasta nuestros días. Por ello, lejos de volverse abstracto el tratamiento del recurso articulado por el Municipio, la cuestión mantuvo actualidad por estar indirectamente cuestionado un accionar judicial alejado del principio republicano plasmado en nuestras Constituciones nacional y provincial.
III. Por los precedentes fundamentos, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredon a fs. 67/71 y, en consecuencia, revocar la resolución cautelar dictada por el a quo a fs. 58/60. Las costas de ambas instancias deberían imponerse al actor vencido (cfr. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437).
Voto, consecuentemente, por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada por la afirmativa.
La doctora Sardo no suscribe la presente sentencia por haber presentado su renuncia al cargo, efectiva al 01-02- 2014.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredon a fs. 67/71 y, en consecuencia, revocar la resolución cautelar dictada por el a quo a fs. 58/60. Las costas de ambas instancias se imponen al actor vencido (cfr. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437).
2. Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad [art. 31 decreto ley 8904/77]. Regístrese, notifíquese y devuélvanse por Secretaría las actuaciones al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia