Abriendo la norma
Cámara de Apelación Contencioso Administrativo de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 91/96 por la parte accionada, confirmando -por las razones jurídicas vertidas, que conllevan la declaración de inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 13.850 y el reconocimiento de que la sociedad actora sigue gozando de la exención dispuesta por la ley 11.518- la solución que porta el pronunciamiento de fs. 80/87. Las costas de esta instancia se imponen a la apelante por su objetiva condición de vencida [art. 51 inc. 1° –texto según ley 14.437, B.O. 8-02-2013-].
2Por los trabajos realizados ante esta alzada estése a la regulación que por separado se efectúa.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 07 días del mes de noviembre del año dos mil trece, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-4228-MP1 “GIORNO S.A. c. PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FISCO PROVINCIAL s. PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli, Mora y Sardo, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia declarando que la sociedad actora mantiene la exención del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos que le fuera otorgada de acuerdo a lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que la Nación y a lo dispuesto por las leyes 11.463 y 11.518. Impuso las costas en el orden causado y reguló honorarios a los profesionales intervinientes en autos [v. fs. 80/87].
II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto a fs. 91/96 por la demandada –replicado por la actora a fs. 98/102- [cfr. Res. de fs. 111/112], y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia –providencia que se encuentra firme-, corresponde votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso interpuesto por la parte accionada a fs. 91/96?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El a quo dictó sentencia acogiendo la demanda impetrada por la firma Giorno S.A. con el alcance indicado en los antecedentes del fallo.
Por fuera de reprochar por extemporáneo el cuestionamiento de la competencia efectuado por la accionada, el a quo sostuvo que la invocación de normas federales en que la demandada apuntalaba su defensa resultaba insuficiente para vedar la posibilidad de la jurisdicción local de conocer en el asunto.
Refiriéndose a la inexistencia de incertidumbre alegada por la demandada y luego de aclarar –haciéndose eco de doctrina en la materia- que tal recaudo no ha sido requerido de modo expreso por el art. 12 inc. 4° del C.P.C.A., explicó que si bien no puede prescindirse por completo de tal requisito, tal extremo debe apreciarse con flexibilidad a la luz de cada cuestión planteada.
Traspolando tales pincipios al caso, concluyó que el asunto sometido a conocimiento de la jurisdicción y que, en definitiva, se circunscribía a determinar la situación jurídica de la firma actora frente al dictado de disposiciones normativas locales que modificaban el esquema delineado por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, no importaba una cuestión de “carácter simplemente consultivo ni una indagación meramente especulativa”.
Precisado lo anterior, y delineando el alcance con que debe ser leído el concepto “incertidumbre” en esta tipología de pretensión explicó que, en la especie, cabía tener por acreditada la falta de certeza en la relación jurídica entre la firma actora y la Provincia de Buenos Aires desde que -más allá de haberse apartado la ley 13.850 de los lineamientos del Pacto Federal- no existía una actuación administrativa que afectara al actor y ante la cual resultara necesario una decisión judicial que, en su caso, la deje sin efecto. Escrutando el plexo legal, señaló que el objetivo del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento fue eliminar los gravámenes locales que provocaban efectos distorsivos en la economía, entre los cuales se contaba –en lo que aquí interesa- el Impuesto a los Ingresos Brutos, asumiendo los signatarios el compromiso de eximir de su pago en forma parcial y progresiva a distintas actividades, abarcando -entre otras- a la producción primaria (pesca) que desarrolla la firma accionante.
Operada la incorporación del Pacto al Derecho interno – mediante la ley 11.463-, la Provincia de Buenos Aires – procurando plasmar la exención tributaria- sancionó las leyes 11.490 y 11.518 fijando las actividades alcanzadas y las condiciones de acceso a los beneficios, mas, con posterioridad a ello, dictó la ley 13.850, suspendiendo las exenciones entonces dispuestas.
Tal medida, unilateralmente tomada por la accionada mediante la sanción de la ley 13.850 y sin que se hubiera formalizado el procedimiento de denuncia del Pacto Federal patentiza –a juicio del magistrado- el avance por parte de la Provincia de Buenos Aires sobre una materia alcanzada por una norma -ley convenio- jerárquicamente superior y que como tal, no pudo modificar o suspender en cuanto a su alcance. Con lo anterior en mira, y recordando que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico consideró que en el caso, los derechos de la firma accionante podían ser reconocidos sin necesidad de tachar por inconstitucional la ley 13.850. En tal sentido, consideró que el principio de jerarquía normativa que fluye del art. 31 de la Const. Nac. autorizaba -sin otro aditamento- a otorgar preponderancia al Pacto Federal por sobre la citada ley 13.850.
Con todo, descartó que mediante la ley 13.850 la Provincia de Buenos Aires hubiera podido suspender o dejar sin efecto la exención tributaria que gozaba la firma actora en razón de la actividad primaria que desarrolla -otorgada por ley 11.518 a partir del 01/07/1994-.
2. De una detenida lectura del escrito recursivo de fs. 91/97 observo que la crítica allí esgrimida por la demandada reconoce tres (3) ejes centrales, a saber:
a. La ausencia de un estado de incertidumbre que justifique la interposición de la presente pretensión. Manifiesta la demandada que la parte actora no desconoce, omite ni ignora que mediante la sanción de una “ley formal” [ley 13.850] se ha delineado con “indudable certeza” el alcance y el contenido de las obligaciones tributarias de la firma accionante, todo lo cual autoriza a descartar la configuración –en la especie- de los recaudos que autorizan interponer la pretensión reglada en el art. 12 inc. 4° del C.P.C.A.
Con cita de doctrina y jurisprudencia, expone que la situación descripta por la accionante dista de importar un contexto de incertidumbre objetiva y suficientemente consistente. Lo anterior, sumado a que resulta condición para la promoción de la pretensión declarativa no contar con otro medio legal para poner término al asunto, patentiza el desacierto de la sentencia de grado en cuanto acogió el reclamo impetrado.
b. En segundo orden de agravios aduce que el citado Convenio constituye un acuerdo interjurisdiccional tendiente a establecer políticas de concertación económica y tributaria que solo generan compromisos entre los Estados signatarios mas sin generar derechos subjetivos en cabeza de los contribuyentes quienes, según aduce, carecen de acción para demandar el cumplimiento del Pacto. Mal entonces –ahondapudo el a quo reconocer a los actores habilitación procesal para exigir el cumplimiento del Pacto Federal.
Seguidamente, argumenta que el magistrado de grado incurre en el yerro de considerar operativo al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado el 12-08-1993. Indica que los compromisos asumidos han sido sucesivamente prorrogados, explicando que si bien se convino que inicialmente se alcanzarían los objetivos allí fijados al 30-06-1995 lo cierto es que tanto las leyes locales como nacionales han prorrogado “el plazo para el cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto Federal”.
c. Por último, agrega que la firma actora no puede pretender mantener cristalizada su situación tributaria anterior al dictado de la ley 13.850 desde que “no existe un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones”.
3. En su réplica al memorial, la actora manifiesta su conformidad frente a lo resuelto en la instancia de origen, controvirtiendo los argumentos ensayados en el escrito recursivo de fs. 91/96 y solicitando, en consecuencia, el rechazo del embate articulado [cfr. fs. 98/102].
II. El recurso no prospera.
1. Primeramente, cabe poner de relieve que la finalidad de la pretensión consagrada en el art. 12 inc. 4° del C.P.C.A. radica en obtener un pronunciamiento jurisdiccional que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidad o alcance de una relación jurídica, en aquellos casos en los que su falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor (argto. doct. S.C.B.A. causa B. 69.418 “Marenda”, res. del 14-V-2008). Siendo así, mal no viene recordar que nuestro digesto define a esta pretensión en términos autónomos, como aquella que tiene por finalidad inmediata obtener una “… declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo…” (conf. art. 12 inc. 4° C.P.C.A.; cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 70.005 “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, res. del 18-II-2009).
Así, además del innegable componente iuspublicista que la define y caracteriza –consecuencia lógica de la naturaleza de la materia controvertible en el proceso administrativo (arg. art. 1 inc. 2°, 4, 12 inc. 4° y ccds. del C.P.C.A.)- la pretensión declarativa se perfila en nuestro régimen como una vía procesal de carácter independiente y principal, que iguala a las demás en rango y posibilidades de utilización. Esta conceptualización, que difiere diametralmente de aquel contorno residual o subsidiario con que ha sido concebida la acción declarativa en la esfera civil (cfr. art. 322 del C.P.C.C.; argto. doct. C.S.J.N. Fallos 305:1715), da muestras claras de la amplitud que ha ofrecido el legislador a quien desee valerse de este sendero para canalizar la tutela de sus derechos en el marco del proceso contencioso administrativo (cfr. doct. esta Cámara causa G-1111-DO1 “Calmejane”, sent. de 23-VI-2009).
2. Bajo tal prisma de análisis, advierto que la accionante, cuestionando la constitucionalidad de la ley 13.850, persigue hacer cesar -por el carril de la acción declarativa de certeza- el estado de incertidumbre que (tal lo que denuncia) se habría generado a partir de la sanción de la mentada normativa por la cual la legislatura local suspendió la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos otrora dispuesto por la ley 11.518 para – entre otras actividades primarias- la de producción pesquera. En concreto, la firma actora pone en crisis el esquema normativo fijado por la ley 13.850 en tanto, según afirma, importa el apartamiento de la Provincia de Buenos Aires respecto de los compromisos que asumiera en ocasión de suscribir el Pacto Federal para el Empleo, la Producción, y el Crecimiento, compromiso que reafirmara al sancionar la ley 11.518 que lleva a la práctica una de las medidas contempladas en el Acuerdo federal.
Examinando -al abrigo de los parámetros sentados- los antecedentes relevados en el punto I. de este voto, adelanto que, aunque con fundamentos jurídicos adicionales a los brindados por el a quo, habré de acompañar la solución que porta el fallo de grado en cuanto dispuso acoger la pretensión articulada por la firma actora en los términos del art. 12 inc. 4° del ordenamiento ritual de la materia. Veamos:
(a) Con fecha 12-08-1993, y persiguiendo la fijación de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías provinciales, la Nación y las provincias suscribieron el Pacto Federal para la Producción, el Empleo y el Crecimiento asumiendo –en lo que aquí resulta de interés- el compromiso de “modificar el Impuesto a los Ingresos Brutos”, disponiendo la exención de – entre otras- las actividades de producción primaria [v. cláusula Primera, pto. 4.a.].
Mediante la ley 11.463 la Provincia de Buenos Aires ratificó el mentado Pacto y, en cumplimiento de los compromisos allí asumidos, sancionó luego la ley 11.518 declarando exentas del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a diversas actividades entre las que se encuentra la que desarrolla la firma actora (circunstancia indubitada en la causa) y que se identifica bajo el Código 1400001 “pesca” [v. art. 1, ley 11.518].
Por último, introduciendo modificaciones al régimen tributario entonces vigente –adoptado con se dijera al abrigo del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento-, la legislatura bonaerense sancionó la ley 13.850, cuyo art. 5 fijó un nuevo esquema en materia de Impuesto a los Ingresos Brutos, suspendiendo la exención otrora dispuesta por el art. 1 de la ley Nº 11.518 en aquellos casos en que los ingresos de las actividades de producción primaria que se desarrollen en establecimientos ubicados en la Provincia de Buenos Aires, superen la suma de pesos sesenta millones ($ 60.000.000,=).
(b) Con lo anterior en mira, no puedo pasar por alto que la firma actora –a diferencia de lo aseverado por la accionada- articula su embate no ya proyectando una situación de incertidumbre acerca del alcance o contenido de la ley 13.850 (esto es, si su actividad se halla o no alcanzada por el nuevo esquema tributario) sino, más bien, procura superar el estado de perplejidad que le genera verse privada de una exención tributaria otrora conferida por la legislatura local en cumplimiento de una norma de jerarquía constitucional superior como resulta ser la que -según afirma en su escrito de demanda- el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.
El propósito de la firma actora no ha sido otro que obtener un pronunciamiento que –a la luz del principio sentado en el art. 31 de la C.N.- dirima en forma definitiva: (i) si –siguiendo la posición asumida por la demandada- debe tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, o (ii) si nada adeuda en tal concepto -como lo sostiene la accionantepor cuanto la Provincia de Buenos Aires ha quebrantado el orden jerárquico constitucional al volver sobre sus pasos en una exención otrora acordada en consonancia con el compromiso asumido en la convención federal aún vigente. Tal resulta ser la duda –suscitada en torno a los alcances de la relación jurídica tributaria que vincula a las partes- cuya elucidación pretende la firma y partir de la cual, dada la incidencia que sobre su situación patrimonial tendría la adopción de una u otra posición, autoriza el tránsito por este cauce procesal.
Valga lo expuesto para repeler el primero de los agravios vertidos por la accionada [v. pto. V.1., recurso de apelación de fs. 91/96] (c) Precisado lo anterior, hago notar que el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento – ratificado por la ley 11.463- comporta por su alcance y contenido la manifestación positiva del llamado federalismo de concertación cuya finalidad no es otra que la de establecer, mediante la participación concurrente del Estado Nacional y las provincias, un programa destinado a adoptar una política uniforme que armonice y posibilite “la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales" (cfr. doct. C.S.J.N.
Fallos 322:1781). Semejante aspiración importa plasmar en los hechos el principio de “hacer un solo país para un solo pueblo”, recogiendo así la vocación de la Constitución Nacional de crear –tal como lo expresara la Corte Federal en Fallos 178:9- “… una unidad no por supresión de las provincias … sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, población y destino de los estados [provinciales] y la creación de un órgano para esa conciliación, para la producción y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la Nación misma…”. El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, así como las demás creaciones del federalismo de concertación, conforman el derecho intrafederal (cfr. doct.
C.S.J.N. Fallos 314:862), y una vez ratificado por las legislaturas locales –circunstancia que, reitero, acaeció mediante la ley 11.463-, se incorporan al derecho público interno de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional: Nación y provincias (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 318:2551; in re C.1781.XXXI “Cámara Argentina de Supermercados y otros c. Provincia de Buenos Aires s. acción declarativa”, sent. de 8-08-1996; 327:1789). Esta gestación institucional ubica a los tratados o leyes convenios celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo específico, cuya categoría singular traduce la imposibilidad de su derogación, modificación o alteración en cuanto a su contenido por parte de cualquiera de los signatarios, salvo –claro está- que alguno de los Estados materializara el procedimiento de denuncia del Convenio (argto. doct.
C.S.J.N. Fallos 324:4226).
(d) Delineada la esencia que cabe asignar al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, cuya incorporación al derecho público bonaerense por la ley 11.463 luce indubitada, no puedo sino arribar a idéntica solución a la predicada por el a quo en cuanto a la colisión de la ley provincial 13.850 con las previsiones de la mentada ley convenio.
Repárese que fue en cumplimiento del compromiso suscripto en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento [en lo que aquí concierne, la cláusula primera, pto. 3 y pto. 4, ap. a)] que la legislatura local sancionó la ley 11.518 en la que, adoptando una política fiscal consecuente con el compromiso libremente asumido, dispuso –sin otros aditamentos- eximir del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, entre otras, a la actividad de producción primaria de pesca.
Habida cuenta de que la Provincia de Buenos Aires mantiene la ligazón –en tanto no ha denunciado el Convenioderivada del referido tratado o ley convenio, mal puede la accionada postular que el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento no la obliga. Consecuentemente, la decisión de la legislatura local de “suspender” mediante la ley 13.850 la vigencia de una exención tributaria que otrora fuera dispuesta por la ley 11.518 -en cumplimiento del compromiso asumido al suscribir el Pacto- frustra sin mayor hesitación el objeto y fin del tratado.
Y si bien no soslayo que la accionada pretende justificar la validez de la ley 13.850 poniendo en crisis la operatividad del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento en razón de haberse dispuesto –mediante leyes locales y nacionales- la prórroga de los plazos para el cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto Federal [v. pto. V.2.a y V.2.b del recurso de apelación de fs. 91/96], descarto que la circunstancia denunciada permita descalificar el razonar del a quo en cuanto postula el carácter operativo y vinculante del Convenio para la Provincia de Buenos Aires en la materia aquí debatida. Remarco que la fecha originalmente dispuesta por el referido Pacto Federal (suscripto el 12-08-1993) para el cumplimiento de las medidas consensuadas (esto es, al 30-06- 1995) fue objeto de sucesivas prórrogas [dispuestas por la Nación mediante Ley N° 24.468 -artículo 5-; Ley N° 24.699 - artículo 1-; Ley N° 25.063 -artículo 11-; Ley N° 25.239 - artículo 17- todas ellas acompañadas por la Provincia de Buenos Aires a través de la sanción de las respectivas normas de adhesión, ley n° 11.646 -artículo 1-; ley n° 11.904 - artículo 34-; ley n° 12.555 -artículos 1 y 2- y ley n° 12.575 -artículo 54-], que se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2005. Al vencimiento de esta última, el Congreso Federal [art. 76, Ley N° 26.078] dispuso una nueva prórroga quinquenal a la que también adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante ley 13.698.
Tal esquema de sucesivas prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, a diferencia de lo aseverado por la accionada, no importa haber puesto en crisis la operatividad y vigencia del Convenio en aquellas parcelas de compromiso que tuvieron oportuna ejecución.
Es que, la adopción de las nuevas pautas temporales además de patentizar el pleno vigor de la normativa intrafederal pone de resalto el interés concreto de los Estados signatarios de alcanzar, a pesar de los años transcurridos desde su celebración, la plena concreción de los objetivos allí asumidos. Y, desde otra atalaya, las sucesivas prórrogas se han materializado con la mira puesta en otorgar nuevos plazos para adoptar las medidas pendientes de instrumentación, más no para burlar, frustrar o desconocer aquellas otras que pudieran haber sido satisfechas antes o durante los períodos de prórroga acordados.
En lo que aquí concierne, la Provincia de Buenos Aires cristalizó en lo normativo uno de los compromisos asumidos en el convenio federal, ya que por la ley 11.518 eximió a la actividad de producción primaria –en la especie, la pesca- de la obligación de tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esta expresa voluntad legislativa provincial es la que desvanece el postulado de la accionada, por cuanto mal puede afirmar que –en la materia analizada- “… las cláusulas del Pacto invocadas por la actora … no resulta[n] operativas…” –v. recurso de apelación, fs. 95, 7° párrafo-. Menos aún, puede la accionada esgrimir que la firma accionante no se encuentra habilitada para “… demandar el cumplimiento de un Pacto del cual no ha sido parte…” [v. escrito de demanda, fs. 59, 4° párrafo y recurso de apelación pto. V.a del recurso de apelación de fs. 91/96]. Es que, por fuera de los múltiples precedentes jurisprudenciales que reconocen standing suficiente a quienes se consideren directamente alcanzados por alguna de las medidas (tributarias o no) dispuestas en leyes Convenio, y que de por si autorizan a descalificar el agravio que empuña la apelante [cfr. C.S.J.N. Fallos 330:530, 332:998, 330:1718, 329:6033 - entre otros-], el desenfoque de la accionada sobre el alcance de la cuestión debatida vuelve a ponerse aquí de manifiesto pues, aquello que la firma actora procura no se ciñe a exigir a la Provincia de Buenos Aires que “cumpla el Pacto” sino que se vierta luminosidad sobre la relación jurídica tributaria que la une con el Fisco provincial –en su condición de prestador de actividades de producción primaria- y que se ha visto empañada por la adopción de una medida fiscal [dispuesta por ley 13.850] que desconoce otra anteriormente dictada [por ley 11.518] para satisfacer, justamente, el compromiso asumido al suscribir el Pacto que, vale reiterarlo, ostenta una jerarquía normativa superior. (e) Idéntica suerte adversa corresponde predicar al restante agravio sobre el cual la accionada estructura la crítica. Me refiero puntualmente a la queja volcada en el pto. V.3. del remedio de apelación en el que la demandada, procurando "convencer a la Alzada respecto de la inatendibilidad de la demanda entablada" postula que la firma actora no tiene derecho alguno a que se mantenga inalterada la exención tributaria entonces dispuesta -v. fs. 95 y 96, 2° y 3° párrafo-.
Aunque comparto la arraigada jurisprudencia que pregona la imposibilidad de invocar la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de leyes, reglamentaciones ni a la inalterabilidad de las mismas (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 325:2600; 333:2222; esta Cámara causa C-2968-BB1 “Grecco”, sent. de 30-VII-2013) no encuentro resquicio alguno que permita siquiera de manera tangencial transportar al caso de marras las consecuencias que fluyen de aquella doctrina. Reitero, el reclamo efectuado por la firma actora transita un cauce diverso al que, sin suerte, intenta circunscribirlo la accionada. Es que, en definitiva, la pretensión articulada no procura mantener inalterado el régimen dispuesto por la ley 11.518 -dictada en cumplimiento de la ley Convenio- sino más bien traduce el concreto cuestionamiento de la constitucionalidad del novel esquema tributario (ley 13.850) respecto del cual, como supra explicitara, no cabe sino predicar su apartamiento de la manda contenida en el art. 31 de la Cons. Nacional al importar un unilateral apartamiento provincial del compromiso asumido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento y otrora cristalizado mediante la sanción – para la materia aquí examinada- por la ley 11.518.
(f) En virtud de lo expuesto en los capítulos precedentes, estimo que corresponde postular la suerte adversa de los agravios vertidos por la parte accionada. Empero, habré de disentir con el esquema de análisis propuesto por el a quo en cuanto, luego de sostener que la ley 13.850 se contrapone al orden jerárquico normativo fijado por el art. 31 de la Const. Nac., resuelve tacharla por ilegítima mas no por inconstitucional.
Es que, sin desconocer que la invalidación constitucional de una norma importa la última ratio del orden jurídico (cfr. doct. C.S.J.N., Fallos 285:322; 300:241 y 1087; 301:962 y 1062; 302:457, 484 y 1149; 307:906; 312:435; 314:407; 326:2692; 327:831, entre otros; esta Cámara causa C- 3104-MP1 "Albert Einstein S.A.", sent. de 4-IV-2013), juzgo que decretar la inaplicación en el caso de la ley 13.850 solo puede ser dispuesta previa declaración de su inconstitucionalidad en tanto se aparta del compromiso asumido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción, y el Crecimiento y con ello, la observancia del orden jerárquico normativo fijado por el art. 31 de la Const. Nacional. Tal resulta, en definitiva, la solución suscripta por la Corte Federal en aquellos casos en los que -como en la especie- se constatara la existencia de disposiciones normativas -jerárquicamente inferiores- frustratorias del objeto y fin del Pacto aquí escrutado (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 322:1781 cit; 322:2624; 329:4176).
III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 91/96 por la parte accionada, confirmando -por las razones jurídicas vertidas, y que conllevan la declaración de inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 13.850 y el reconocimiento de que la sociedad actora sigue gozando de la exención dispuesta por la ley 11.518- la solución que porta el pronunciamiento de fs. 80/87. Las costas de esta instancia se deberían imponer a la apelante por su objetiva condición de vencida [art. 51 inc. 1° –texto según ley 14.437, B.O. 8- 02-2013-].
A la cuestión planteada, doy mi voto por la negativa. Los señores Jueces doctor Mora y doctora Sardo con igual alcance e idénticos fundamentos jurídicos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, votan a la cuestión planteada por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 91/96 por la parte accionada, confirmando -por las razones jurídicas vertidas, que conllevan la declaración de inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 13.850 y el reconocimiento de que la sociedad actora sigue gozando de la exención dispuesta por la ley 11.518- la solución que porta el pronunciamiento de fs. 80/87. Las costas de esta instancia se imponen a la apelante por su objetiva condición de vencida [art. 51 inc. 1° –texto según ley 14.437, B.O. 8-02-2013-].
2. Por los trabajos realizados ante esta alzada estése a la regulación que por separado se efectúa.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – Adriana M. Sardo.- María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia