Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 1695
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de La Costa a fs. 2206/2224, revocar el pronunciamiento de fs. 2159/2197 y, en consecuencia, rechazar íntegramente la demanda interpuesta por la parte accionante a fs. 269/284. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 2° del C.P.C.A. –t. según ley 14.437-).
2Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación articulado a fs. 2202/2205 por los coaccionantes Miguel Ángel De La Vega, Miguel Ángel Leiva, Raúl Rodolfo Maldonado, Alberto Salvador Pérez, Florencio Antonio Roldán y Fabio Alberto Vargas.
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec. Ley 8904/77).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 29 días del mes de mayo del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Extraordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-1695-DO1 “DE LA VEGA MIGUEL ALEJANDRO Y OTROS c.
MUNICIPALIDAD DE LA COSTA s. PRETENSIÓN DE RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DERECHO”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Depto. Judicial Dolores acogió parcialmente la demanda interpuesta por Miguel Ángel De La Vega, Miguel Ángel Leiva, Raúl Rodolfo Maldonado, Alberto Salvador Pérez, Florencio Antonio Roldán y Fabio Alberto Vargas, contra la Municipalidad de La Costa y dispuso: (i) la reinstalación de los agentes en la situación de revista que ostentaban al mes diciembre de 2008 –planta de personal temporario mensualizado-; (ii) el pago de la indemnización de daños y perjuicios requerida como objeto de la demanda, con el alcance y de conformidad a lo determinado en el Considerando 7°. Seguidamente, rechazó las pretensiones anulatorias y los pedidos de inconstitucionalidad relativos a los Dtos. N° 797/2008 y N° 27/2009 y el pedido de reincorporación de los actores como personal de la planta permanente con estabilidad y, para finalizar, declaró inoficioso el tratamiento del reclamo efectuado en forma subsidiaria respecto a la indemnización por despido con más un plus por tutela sindical. Respecto de la demanda interpuesta por Luis Alberto Guzmán y José Luis Espinoza, la rechazó en todos sus términos. Por último, impuso las costas del pleito en el orden causado y difirió la regulación de honorarios.
II. Declarada la admisibilidad formal de los recursos de apelación interpuestos a fs. 2202/2205 por la parte actora – replicado por la Comuna a 2245/2253- y a fs. 2206/2224 por la parte demandada –replicado a fs. 2239/2243 por los accionantes- [cfr. auto de fs. 2270], y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia –providencia que se encuentra firme-, corresponde votar la siguiente:
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto a fs. 2206/2224 por la parte demandada?
En caso afirmativo, 2. ¿Corresponde declarar abstracto el recurso de apelación impetrado por la parte accionante a fs. 2202/2205? A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. A fs. 2159/2197 el a quo dictó sentencia con el alcance indicado en los antecedentes del fallo.
Para así postularlo, y luego de transcribir el voto que concitara mayoría en la causa S.C.B.A. L. 114.887 “Velázquez” (sent. de fecha 16-VIII-2014) que actúa –en su visión- como “guía” para resolver el caso de marras, el magistrado de grado abordó la situación de cada uno de los accionantes.
a. José Luis Espinoza.
Liminarmente, sostuvo que las partes eran contestes en cuanto a que el actor pertenecía a la planta de personal permanente de la Comuna.
Precisado lo anterior, el juez tuvo por acreditado que el Sr. Espinoza no integraba la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Municipalidad de La Costa (SOEM) ni ostentaba la condición de delegado gremial.
Por ello, descartó que se encontrara amparado por la garantía gremial prevista en la Ley N° 23.551.
Dicho ello, y no habiendo el actor cuestionado la materialidad de la falta –inasistencias injustificadasconcluyó que –a tenor de lo dispuesto en los arts. 64 y 65 de la ley 11.757, que autoriza a aplicar la sanción de cesantía frente al “abandono de trabajo” sin necesidad de efectivizar el sumario-, concluyó que los Dtos. N° 27/2009 –cuyo artículo 6° dispusiera la cesantía de Espinoza- y N° 119/2009 – confirmatorio del anterior- resultaban legítimos. Con todo, dispuso el íntegro rechazo de la demanda impetrada por el Sr. José Luis Espinoza.
b. Miguel Alejandro De La Vega.
A fin de evaluar la situación del actor, y analizando las constancias documentales de la causa, el magistrado expuso que aún por fuera de las deficiencias probatorias podía tenerse por cierto que: (i) el ingreso a la Administración de De La Vega ocurrió en la planta de personal temporario en el año 1993; (ii) mediante Dto. N° 526/2002 se designó al actor en planta permanente; (iii) mediante Dto. N° 668/2006 se dispuso la baja del agente desde el 1-11-2006; (iv) mediante Dto. 31/2007 se confirmó la cesantía; (v) los recibos de haberes correspondientes al año 2008 y al mes de enero de 2009 permitían constatar que el agente había reiniciado la relación de empleo como personal de planta transitoria.
En tal contexto sostuvo que al momento de dictarse el Dto. N° 797/2008 (último nombramiento y por el cual se lo designa en la planta temporaria mensualizada hasta el día 31- 12-2008) el actor carecía de estabilidad en los términos del art. 7 de la ley 11.757. Por ello, descartó que correspondiera la reincorporación pretendida.
Desechada la existencia de una relación de empleo estable así como la ilegitimidad de la decisión de la Administración de no renovar el vínculo temporario, el magistrado se adentró a determinar si el agente ostentaba la tutela sindical invocada. En esa tarea, y luego de ponderar (i) que el SOEM había notificado al Depto. Ejecutivo municipal el listado de autoridades al 22-08-2008 (entre los que se encuentra De La Vega) y; (ii) las constancias obrantes en el legajo de personal en las que constan "permisos gremiales” expedidos por el SOEM, tuvo por cierto que el Municipio conocía las tareas sindicales del agente “en distintos días y horarios”. Con todo, constató que al momento de producirse el distrato por el vencimiento contractual dispuesto por el Dto. N° 797/2008 (esto es, el día 31-12-2008), el agente contaba con la tutela sindical en los términos de los arts. 48, 50 y 52 de la Ley N° 23.551.
c. Miguel Ángel Leiva.
Examinando las constancias documentales de la causa tuvo por probado que: (i) el ingreso a la Administración de Leiva ocurrió en la planta de personal temporario en el año 1993; (ii) los recibos de haberes correspondientes al año 2008 y al mes de enero de 2009 permitían constatar que el agente era retribuido en sus tareas bajo la Partida 2-01 correspondiente al personal temporario sin estabilidad. A partir de allí, el a quo sostuvo que al tiempo del Dto. N° 797/2008 (último nombramiento y por el cual se lo designa en la planta temporaria mensualizada hasta el día 31-12-2008), el actor carecía de estabilidad en los términos del art. 7 de la ley 11.757. Por ello, descartó que correspondiera la reinstalación pretendida.
Ausente la relación de empleo estable así como la ilegitimidad de la decisión de la Administración de no renovar el vínculo temporario, el juez se adentró a determinar si el agente ostentaba la tutela sindical invocada. En esa tarea, y luego de ponderar: (i) que el SOEM había notificado al Depto. Ejecutivo municipal el listado de autoridades al 22-08-2008 (entre los que se encuentra Leiva asumiendo el rol de Secretario de Finanzas) y; (ii) las constancias legajo de personal que patentizan que habría realizado actividades gremiales durante el devenir del año 2008, tuvo por cierto que el Municipio tenía “pleno conocimiento de que el agente cumplía funciones sindicales amparadas por la Ley N° 23.551”. Con todo, constató que al momento de producirse el distrato por el vencimiento contractual dispuesto por el Dto. N° 797/2008 (esto es, el día 31-12-2008), el agente contaba con la tutela sindical en los términos de los arts. 48, 50 y 52 de la Ley N° 23.551.
d. Raúl Rodolfo Maldonado.
Analizando las constancias documentales de la causa tuvo por cierto que: (i) el Sr. Maldonado ingresó a la Administración como personal temporario para realizar tareas de higiene en la localidad de San Bernardo; (ii) el propio actor reconoce en las misivas remitidas al Municipio su condición de personal temporario (iii) los recibos de haberes correspondientes al año 2008 permitían constatar que el agente era retribuido en sus tareas bajo la Partida 2-01 correspondiente al personal temporario sin estabilidad; (iv) el Dto. N° 526/2002 incorpora a la planta permanente a otros agentes entre los que no se encuentra el Sr. Maldonado. En tal contexto, y sin perjuicio de reprochar las falencias probatorias incurridas, el magistrado afirmó que al momento de dictarse el Dto. N° 797/2008 (último nombramiento y por el cual se lo designa en la planta temporaria mensualizada hasta el día 31-12-2008) el actor carecía de estabilidad en los términos del art. 7 de la ley 11.757, lo que lo convenció de desestimar la pretensión de reincorporación formulada. Sin relación de empleo estable y sin ilegitimidad de la decisión de la Administración de no renovar el vínculo temporario, el juez se adentró a determinar si el agente ostentaba la tutela sindical invocada. Allí ponderó que (i) que el SOEM había notificado al Depto. Ejecutivo municipal el listado de autoridades al 29-08-2008 (entre los que se encuentra Maldonado asumiendo el rol de Secretario de Organización) y; (ii) las constancias del legajo de personal que patentizan que habría realizado actividades gremiales durante el devenir de los años 2006, 2007 y 2008. Con todo, tuvo por cierto que el Municipio tenía “cabal conocimiento” de que el agente, primero como delegado y luego como Secretario de Organización, cumplía funciones sindicales amparadas por la Ley N° 23.551. Por ello, concluyó que al momento de producirse el distrato por el vencimiento contractual dispuesto por el Dto. N° 797/2008 (esto es, el día 31-12-2008), el agente contaba con la tutela sindical en los términos de los arts. 48, 50 y 52 de la Ley N° 23.551.
e. Alberto Salvador Pérez.
Repasando la actividad probatoria llevada a cabo en la causa, el juez tuvo por cierto que: (i) Pérez ingresó a la Administración como personal temporario en el año 1993; (ii) el actor reconoce en las misivas remitidas al Municipio su condición de personal temporario (iii) los recibos de haberes correspondientes al año 2008 y al mes de enero de 2009 permitían constatar que el agente era retribuido en sus tareas bajo la Partida 2-01 correspondiente al personal temporario sin estabilidad; (iv) si bien el Dto. N° 526/2002 incorpora a la planta permanente a Pérez, la relación de empleo se vio interrumpida por despidos –tal como lo asevera el actor- para luego ser reincorporado en la planta de personal temporario. En tal contexto, el a quo sostuvo que al momento de dictarse el Dto. N° 797/2008 (último nombramiento y por el cual se lo designa en la planta temporaria mensualizada hasta el día 31- 12-2008), el actor carecía de estabilidad en los términos del art. 7 de la ley 11.757, lo que obstaculizaba la reinstalación pretendida.
Sin vínculo de empleo permanente y sin ilegitimidad de la decisión de la Administración de no renovar la designación temporaria (extinguido al 31-12-2008), el sentenciante se adentró a determinar si el agente ostentaba la tutela sindical invocada. En esa tarea, y luego de ponderar (i) que el SOEM había notificado al Depto. Ejecutivo municipal el listado de autoridades al 22-08-2008 (entre los que se encuentra el Sr. Pérez asumiendo el rol de Secretario General) y; (ii) las constancias del legajo de personal que patentizan que habría realizado actividades gremiales durante el devenir de los años 2006 y 2008, tuvo por cierto que el Municipio tenía conocimiento de que el agente cumplía funciones sindicales amparadas por la Ley N° 23.551. Por ello, juzgó que al momento de producirse el distrato por el vencimiento contractual dispuesto por el Dto. N° 797/2008 (esto es, el día 31-12- 2008), el agente contaba con la tutela sindical en los términos de los arts. 48, 50 y 52 de la Ley N° 23.551. f. Florencio Antonio Roldán.
El juez tuvo por probado que: (i) Roldán ingresó a la Administración como personal temporario en el año 1993; (ii) el actor reconoce en las misivas remitidas al Municipio su condición de personal temporario (iii) los recibos de haberes correspondientes al año 2008 y al mes de enero de 2009 permitían constatar que el agente era retribuido en sus tareas bajo la Partida 2-01 correspondiente al personal temporario sin estabilidad. Desde allí, juzgó que al momento de dictarse el Dto. N° 797/2008 (último nombramiento y por el cual se lo designa en la planta temporaria mensualizada hasta el día 31- 12-2008) el actor carecía de estabilidad en los términos del art. 7 de la ley 11.757 y con ello, desestimó la reincorporación pretendida.
Descartada la existencia de un vínculo estable así como la ilegitimidad de la decisión de la Administración de no renovar el vínculo temporario (extinguido al 31-12-2008), analizó si el agente ostentaba la tutela sindical invocada. Para ello, ponderó: (i) que el SOEM había notificado al Depto. Ejecutivo municipal el listado de autoridades al 22-08-2008 (entre los que se encuentra Roldán asumiendo el rol de Secretario de Acción Social) y; (ii) las constancias del legajo de personal que patentizan que habría realizado actividades gremiales durante el devenir del 2008, tuvo por cierto que el Municipio tenía cabal conocimiento de que el agente cumplía funciones sindicales amparadas por la Ley N° 23.551. A tenor de lo relevado, el juez concluyó que al momento de producirse el distrato por el vencimiento contractual dispuesto por el Dto. N° 797/2008 (esto es, el día 31-12-2008), el agente contaba con la tutela sindical en los términos de los arts. 48, 50 y 52 de la Ley N° 23.551. g. Fabio Alberto Vargas.
Analizando las constancias documentales de la causa tuvo por cierto que: (i) Vargas ingresó a la Administración como personal temporario en el año 1993; (ii) los recibos de haberes correspondientes al año 2008 permitían constatar que el agente era retribuido en sus tareas bajo la Partida 2-01 correspondiente al personal temporario sin estabilidad. Desde allí el juez extrajo que al momento de dictarse el Dto. N° 797/2008 (por el cual se lo designa en la planta temporaria hasta el día 31-12-2008) el actor carecía de estabilidad en los términos del art. 7 de la ley 11.757, con lo cual no podía ser reinstalado en el cargo.
Descartada la existencia de un vínculo de empleo con estabilidad así como la ilegitimidad de la decisión de la Administración de no renovar el vínculo temporario, seguidamente el juez se expidió en torno a si el agente ostentaba la tutela sindical invocada. En esa tarea, y luego de ponderar: (i) que el SOEM había notificado al Depto. Ejecutivo municipal el listado de autoridades al 22-08-2008 – entre los que se encuentra el Sr. Vargas asumiendo el rol de Secretario de Capacitación, Cultura y Prensa- y; (ii) las constancias del legajo de personal que patentizan que habría realizado actividades gremiales durante el devenir de los años 2006 y 2008, tuvo por cierto que el Municipio tenía conocimiento de que el agente cumplía funciones sindicales amparadas por la Ley N° 23.551. Con todo, sentenció que el agente contaba con la tutela sindical en los términos de los arts. 48, 50 y 52 de la Ley N° 23.551 al momento de producirse el distrato por el vencimiento contractual dispuesto por el Dto. N° 797/2008 (esto es, el día 31-12-2008).
h. Luis Alberto Guzmán.
Revisando la prueba colectada, el juez observó que: (i) Guzmán ingresó a la Administración como personal temporario en el año 1997; (ii) los recibos de haberes correspondientes al año 2008 permitían constatar que el agente era retribuido en sus tareas bajo la Partida 2-01 correspondiente al personal temporario sin estabilidad. Con ello en miras, sostuvo que al momento de dictarse el Dto. N° 797/2008 (último nombramiento y por el cual se lo designa en la planta temporaria mensualizada hasta el día 31-12-2008) el actor carecía de estabilidad en los términos del art. 7 de la ley 11.757 y, por tanto, no podía pretender su reinstalación.
Descartada la existencia de un nombramiento en la planta de personal permanente así como la ilegitimidad de la decisión de la Administración de no renovar el vínculo temporario se adentró a determinar si el agente ostentaba la tutela sindical invocada. En esa tarea, y luego de ponderar: (i) que en la nota del SOEM notificando al Depto. Ejecutivo municipal el listado de autoridades al 22-08-2008 no se mencionaba al agente Guzmán y; (ii) que no existía otra constancia que permitiera tener por acreditada actividad gremial alguna, descartó que el accionante se hubiera encontrado cumpliendo funciones sindicales al momento de producirse el distrato por el vencimiento contractual dispuesto por el Dto. N° 797/2008 (esto es, el día 31-12-2008).
Sin perjuicio de haber concluido el a quo acerca de la naturaleza temporaria de la designación de los Sres. De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas –y con ello la ausencia de una estabilidad anclada en la relación de empleo público- se adentró a examinar si, a la luz de la garantía sindical reconocida a los citados actores en los términos de los arts. 48 y 52 de la Ley N° 23.551, correspondía disponer su reinstalación en el cargo. En tal línea, argumentó que a pesar de no existir constancias en autos acerca de “cuestiones relacionadas al reconocimiento del sindicato y a la elección de sus autoridades y delegados”, podía considerarse probado que el Municipio tuvo cabal conocimiento de que esos agentes cumplían funciones vinculadas a la actividad gremial, admitiendo y tolerando la autoridad municipal “innumerables inasistencias a sus tareas fundadas en actividad sindical”.
Por ello, concluyó que mal podía el Municipio “poner en crisis la situación de representantes sindicales de los actores, respecto a su elección y postulación en dichas actividades”. Por tales motivos, dispuso ordenar la reinstalación de los agentes De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas a tenor de la estabilidad sindical que los amparaba al momento del vencimiento de la última de las designaciones en planta temporaria (31-12-2008) y de las que no fueron excluidos judicialmente por la Municipalidad con arreglo al procedimiento previsto por la Ley N° 23.551.
Reconocida la tutela sindical, y ordenada la reinstalación con los mismos cargos y funciones que cumplían al 31-12-2008, se adentró a examinar la pretensión indemnizatoria articulada por los actores haciendo notar que el título indemnizatorio tenía apoyatura no ya en la ilegitimidad del acto administrativo impugnado (Dto. N° 797/08) sino en la circunstancia de haber la Comuna mantenido a los agentes en su cargo mientras se extendiera la garantía sindical o, en su caso, por no haber promovido la acción de exclusión de tutela ante la jurisdicción.
En suma, constatada la ilegitimidad de la actuación estatal, consideró que correspondía hacer lugar a la pretensión indemnizatoria, “no como indemnización por despido ni por plus sindical sino como daño y perjuicio por la cesantía ilegítima”.
En tal sentido, consideró que correspondía reconocer a los agentes De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas un porcentaje equivalente al 25% de los haberes dejados de percibir desde que ocurriera la cesantía ilegítima y hasta su efectiva reinstalación en sus puestos de trabajo.
2. Contra el citado pronunciamiento se alza el Municipio demandado a fs. 2206/2224.
Estructura su queja desde diversas vertientes. En un primer segmento crítico, explica que resulta errado postular que los agentes De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas gozaran, al momento de extinguirse el vínculo de empleo temporario (31-12-2008), de tutela sindical alguna.
Reprocha al inferior que, luego de considerar ausente de probanza la existencia de “cuestiones relacionadas al reconocimiento del sindicato y a la elección de sus autoridades y delegados”, arribara a una conclusión absurda al entender que los agentes “gozaban de tutela sindical”. Recuerda que el SOEM es una agrupación que carece de personería gremial, que jamás concluyó con el proceso de registro e inscripción, omitiendo satisfacer los mandatos contenidos en los arts. 8, 16, 18 y 41 de la Ley N° 23.551. Argumenta que no existe constancia que permita inferir que los actores hubieran sido electos y que se encuentren cumplidos los recaudos establecidos en los arts. 40 y 49 de la Ley N° 23.551. Solo existe –agrega- un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el que surge el listado de las autoridades del SOEM desde el mes de septiembre de 2012 y hasta el año 2016. Tal dato –agrega- además de patentizar que al mes de diciembre de 2008 los accionantes no tenían la estabilidad gremial que invocan, pone de resalto lo absurdo de la situación, pues mal podrían ser “representantes” gremiales en el año 2012 cuando a esa fecha no mantenían vinculación laboral con el Municipio.
Resalta que el precedente “Velázquez” de la Corte local presenta aristas que difieren de la situación fáctica analizada en autos pues allí -a diferencia de lo que sucede en el sub examine- no se puso en crisis que el agente contara con la tutela gremial. Contrariamente a lo sucedido en aquel precedente, aquí se debate por un lado, el incumplimiento por parte del SOEM de los requisitos establecidos por la reglamentación para pretender asumir la representación gremial -pues además de no contar con "personería gremial", aún no han culminado el procedimiento de elección de autoridades ni de inscripción- y, por el otro, se pone en crisis el cumplimiento de los recaudos exigidos por el art. 49 de la Ley N° 23.551 que exige anoticiar a la Comuna acerca de quién o quiénes resultan los representantes y cuál resultaría ser el plazo o término de esa supuesta designación.
Asimismo, estima errado que el inferior cargue sobre sus espaldas las deficiencias probatorias en que incurrieran los actores al omitir probar el llamado a elecciones para elegir las autoridades internas del sindicato ni el término por el cual se las designaron.
Tacha como impropio el razonar del inferior cuando, efectuando una lectura parcial de las constancias de autos, postula que la Comuna habría admitido y tolerado “innumerables inasistencias” de los agentes fundadas en la actividad gremial. Aunque reconoce que los actores han intentado -por fuera de no haber el Municipio reconocido ni la existencia del SOEM ni su representación gremial- justificar ausencias a sus puestos de trabajo acompañando notas firmadas por las supuestas autoridades de la agrupación, no lo es menos que en reiteradas ocasiones la Administración, cursó intimaciones a los agentes para que se reintegraran a los puestos de trabajo. Otro desenfoque del razonar del inferior –ahonda- se patentiza cuando, luego de construir voluntariosamente la existencia de una tutela sindical, manda a reinstalar a los agentes sin siquiera hacerse cargo de la ausencia de dato alguno que permita constatar cuál era el plazo de desempeño de los supuestos cargos representativos. En su visión, al ordenar la reincorporación de los agentes, el a quo se ha desentendido de que, a todo evento, ello solo podría ocurrir por el lapso faltante para cumplir el supuesto mandato gremial, con más un año a tenor de los previsto en el art. 52 de la Ley N° 23.551. Finalmente, pone en crisis la extensión fijada en concepto de indemnización y, con relación a De La Vega, hace notar el mentado agente se consideró “despedido” por lo que mal pudo el inferior ordenar su reinstalación en el cargo que ostentara a finales del mes de diciembre del año 2008.
3. A fs. 2239/2243 la parte accionante materializa su réplica postulando el íntegro rechazo del remedio impetrado por su contraria.
II. El recurso prospera.
1. A fin de ordenar el abordaje de las cuestiones sometidas a conocimiento de esta Alzada, he de advertir que no se halla controvertida en la especie –atento la ausencia de ataque expreso por parte de José Luis Espinoza- el segmento del fallo de grado que dispuso el íntegro rechazo de su pretensión. Idéntica inactividad recursiva también se constata respecto de Luis Alberto Guzmán quien se mantuvo impávido frente a la decisión que porta el fallo de grado que repele in totum la pretensión articulada en demanda.
Los restantes actores –De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas- tampoco pusieron en crisis la sentencia de fs. 2159/2197 en cuanto concluyera que la relación de empleo que los unía con la Comuna lo era bajo un vínculo temporario y sin estabilidad y que, consecuentemente correspondía repeler: (i) el cuestionamiento por ilegitimidad proyectado sobre el Dto. N° 797/2008 (última designación de los actores en la planta de personal temporario mensualizado) que fijara el vencimiento de la relación de empleo al 31-12- 2008 y; (ii) la pretendida estabilidad en el empleo en los términos del art. 7 de la ley 11.757.
De allí que –más allá del acierto o desatino de tales conclusiones- lo concreto es que tales aspectos del pronunciamiento no han merecido embate de parte interesada. Entonces, por tratarse de una cuestión que ha arribado firme a la instancia de apelación, se encuentra vedada al conocimiento de este órgano revisor desde que, lo contrario, importaría quebrantar el principio constitucional de congruencia (doct. esta Cámara causas C-1309-MP1 “Machaca”, sent. de 19-XI-2009; G-990-BB1 “De Monte”, sent. del 29-IV-2010; A-1673-DO1 “Contreras”, sent. de 3-VI-2010; arg. arts. 17 y 18 Const. Nac.).
Debe recordarse que la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos; si se prescinde de esa limitación y se resuelven cuestiones que han quedado firmes, se causa agravio a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y la propiedad (conf. doct. C.S.J.N. Fallos 260:216; 268:323; 276:216; 281:300; 301:925; 304:355: 307:948; 310:999; S.C.B.A. causas Ac. 94.251 “F., R.”, sent. del 6-XII-2006; Ac. 89.165 “Rodríguez”, sent. del 16-V-2007; esta Cámara causas A-503-DO0 “Chimento”, sent. del 22-V-2008; C-1427-AZ1 “Zudaire”, sent. del 1-XII-2009; C-1471-MP1 “Fioramonti”, sent. de 21-X-2010).
2. Delimitado entonces el contexto al que habrá de circunscribirse la actividad revisora de este Tribunal, advierto que los agravios blandidos a fs. 2206/2224 por la Comuna se direccionan a poner en crisis el pilar basal de la sentencia de grado cuando, luego de tener por acreditadas las tareas gremiales de De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas, concluyó que se encontraban amparados por la garantía sindical establecida por el art. 48 y 52 de la Ley N°23.551 y que, por tal razón, correspondía ordenar su readmisión en el empleo a tenor de la acreditada estabilidad sindical –vigente al momento de ocurrir el vencimiento de la última de las contrataciones en la planta de personal temporario- y de la cual no fueran excluidos judicialmente por la Comuna de conformidad con el procedimiento establecido en los arts. 47 y 52 de la citada Ley. En concreto, el Municipio argumenta que: (i) El SOEM es una asociación que aún no ha cumplimentado el proceso de inscripción previsto por la Ley N° 23.551; (ii) en el ámbito del Municipio de la Costa existen dos asociaciones gremiales con personería gremial que, a diferencia del SOEM, válidamente pueden efectuar la representación sindical de los trabajadores municipales; (iii) el SOEM carece de la mentada personería gremial, por lo que mal cabría reconocerle representación alguna; (iv) no existe constancia de que las supuestos representantes gremiales del SOEM hubieren sido elegidos de conformidad con los arts. 8, 16, 18, 41 y cdtes. de la citada ley y; (v) no ha existido notificación formal a la Comuna respecto de las designaciones de los representantes gremiales y tampoco surgen constancias que permitan determinar cuál resulta el plazo de duración del supuesto mandato legal conferido a De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas. Tal falencia -ahonda- importa el incumplimiento de las pautas fijadas por el art. 49 de la Ley N° 23.551 y, con ello, la imposibilidad de reconocer mandato gremial vigente alguno a los accionantes.
3. Es doctrina de nuestro Superior Tribunal provincial que si la relación de empleo público adoptó la modalidad de planta temporaria, prolongándose a través de sucesivos decretos de mensualización, el dependiente carece de acción para reclamar la reinstalación en su puesto de trabajo sin estabilidad con sustento en la ley sindical, pues dicha regulación específica de la Ley N° 23.551 no puede tener el efecto mágico de transformar un vínculo jurídico agotado como personal de planta temporaria en agente de planta permanente, siendo que en ese aspecto son de aplicación las normas del derecho público administrativo (cfr. causas L. 67.396 “Faraci”, sent. del 30-IX-1997; L. 68.993 “Castro”, sent. del 14-VII-1998; L. 71.906 “Fernández”, sent. del 24-XI-1998; L. 72.759 “Martínez”, sent. del 09-III-1999; L. 84.711 “Centurelli”, sent. del 30-X-2002).
Sin embargo, no es menos cierto que el Máximo Tribunal de Justicia local ha trazado diversos lineamientos a los emanados de dicha doctrina legal cuando el objeto de la pretensión no se dirigía a obtener –al amparo de la tutela sindical- la conversión de un vínculo de carácter temporario en uno de planta permanente, sino que lo que se perseguía resultaba ser la reinstalación en su puesto de trabajo por el tiempo que durara la cobertura gremial (art. 48 de la Ley 23.551). Me refiero concretamente al criterio seguido en las causas L. 102.254 “Mansilla” (sent. de fecha 06-IV-2011); L. 113.787 “Sarasibar” (sent. de 12-VI-2013); L. 108.222 “Márquez” (sent. de 28-VIII-2013); L. 114.103 “Ramírez” (sent. de 27-VIII-2014) y L. 114.887 “Velázquez” (sent. de 16-VII- 2014) en las que, luego de exponer ciertas particularidades que se presentaban en aquellos casos -tales como: (i) que los actores (en todos los casos empleados de planta temporaria municipal) habían resultado electos como representantes sindicales mientras aún se hallaba vigente la relación de empleo público que la ligaba con la accionada; (ii) que dichas designaciones sindicales habían sido oportunamente notificadas al Municipio, sin que éste hubiera manifestado ninguna objeción para que pudiera desarrollar su actividad en la sede gremial y; (iii) que la Comuna no había puesto en crisis la extensión temporal del mandato sindical aún cuando excediera el término de la designación-, el Superior Tribunal sostuvo – por mayoría- que la estabilidad sindical de los accionantes no podía quedar enervada en virtud del carácter temporario del vínculo de empleo público que la ligaba a la accionada, toda vez que en el momento en que le fue notificada la designación en el cargo gremial la Municipalidad conocía perfectamente el carácter no permanente de la relación laboral y, no obstante ello, no formuló objeción alguna respecto de la designación, ni mucho menos cuestionó la extensión temporal del mandato sindical con el que fueron investidos los representantes gremiales.
Así, el holding que cabe extraer del voto mayoritario de los integrantes del Tribunal Supremo local en los citados fallos se resume a que los allí accionantes, sin perjuicio de la condición de agentes de planta temporaria [y de la consecuente imposibilidad de reconocérseles el goce de la estabilidad que solo tienen constitucionalmente garantida los empleados públicos de planta permanente], sí disponían, atento su incuestionada calidad de representantes sindicales amparados por las garantías de la Ley N° 23.551, de esa protección adicional que halla su fundamento en el derecho constitucional a la libertad sindical, debiendo la Comuna –por tal razón- haber requerido ante el órgano judicial la exclusión de la tutela sindical, previo a declarar extinguido aquel vínculo por haber fenecido el plazo de designación.
4. Ahora bien, sin desconocer la doctrina que emana de los mentados fallos y que este Tribunal hiciera propia en la causa C-3184-BB1 "Meder" [sent. de 20-XI-2012], advierto que – tal como lo pone de resalto el Municipio apelante- las circunstancias tanto fácticas como jurídicas constatadas en autos difieren de las allí relevadas.
De una detenida lectura de la réplica a la demanda –v. fs. 2023/2046 y también del memorial de agravios de fs. 2206/2224-, observo que la accionada ha controvertido en autos por un lado, la posibilidad de reconocer la tutela sindical a los representantes del SOEM por no constar esa agrupación con la personería gremial a la que refieren los arts. 41, 48 y 52 de la Ley N° 23.551 y, por el otro, también ha puesto en crisis: (i) el proceso constitutivo de la asociación –el que según explica no se habría concluido-; (ii) el acto eleccionario por el cual supuestamente se designara a De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas como autoridades de la asociación gremial y; (iii) el cumplimiento de los recaudos legales establecidos en el art. 49 de la ley 23.551 (que la designación se hubiera efectuado observando los recaudos legales –inc. “a”- y que hubiera sido notificada al empleador –inc. “b”-).
(a) Con relación al primer grupo de agravios -prevalerse de la limitación que la Ley N° 23.551 establece al restringir la tutela sindical a los representantes gremiales de los sindicatos con personería gremial-, adelanto que no lo habré de validar.
Aunque fuera de todo debate está que el SOEM no ostenta la “personería gremial” a la que refiere el art. 25 de la Ley N° 23.551 [pues es una simple asociación sindical (en el acápite siguiente me referiré acerca de la culminación o no el proceso de formación)], no puedo soslayar que la Corte Federal en las causas A.201.XL “Asociación Trabajadores del Estado c. Ministerio de Trabajo s. Ley de Asociaciones Sindicales” - sent. de 11-11-2008- y R.1717.XLI “Rossi Adriana María c. Estado Nacional – Armada Argentina s. Sumarísimo”, -sent. de 9-12-2009-, luego de poner de resalto que la organización sindical libre y democrática es un principio arquitectónico que sostiene e impone el art. 14 de la Constitución Nacional, concluyó que los arts. 41, 48 y 52 de la Ley N° 23.551 [en tanto otorgaban un trato preferencial a favor de los representantes de las organizaciones con personería gremial en detrimento de los representantes de las asociaciones sindicales simplemente inscriptas], violentaban el texto de la Carta Magna. En suma, la Corte Federal postuló la inconstitucionalidad del entramado legal (Ley N° 23.551) en cuanto excluía a los representantes de las asociaciones sindicales sin personería gremial de la tutela sindical. Siguiendo entonces la doctrina legal que fluye de los citados precedentes, habré de desestimar el primero de los agravios vertidos por la Comuna pues, fulminada por inconstitucional la manda de los arts. 41, 48 y 52 de la Ley N° 23.551 –que supedita la tutela sindical a la existencia de personería gremial por parte de la asociación sindical-, mal podría pretender valerse el Municipio de esos preceptos para repeler el reclamo impetrado por De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas.
(b) Superado lo anterior, respecto del remanente conjunto de agravios, juzgo acertada la crítica vertida por el Municipio vinculada a la concurrencia de irregularidades y falencias de recaudos reglados que impiden reconocer la tutela sindical invocada por De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas.
En primer término, la Comuna pone de resalto que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Municipalidad de La Costa se encuentra en una situación de irregularidad, pues aún no habría concluido el procedimiento constitutivo o de formación establecido por la Ley N° 23.551. Examinando las constancias documentales obrantes en la causa, advierto que mediante Resolución N° 890 de fecha 13-09-2006 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación inscribió al SOEM en el Registro de Asociaciones Sindicales con carácter de “asociación sindical de primer grado”. Asimismo, el artículo 4° de la mentada Resolución dispuso intimar a la nueva asociación a que, previo a todo acto, regularice la situación institucional y convoque a elecciones de la Comisión Directiva [resaltado agregado, cfr. fs. 143/146 de la documentación desglosada según constancia de fs. 286 del ppal.]. Aunque ninguna observación cabría efectuar acerca del iter constitutivo del Sindicato, no puedo soslayar que cuando la Comuna postula el defecto en su formación lo hace esgrimiendo el incumplimiento de ese proceso electivo de autoridades que debió efectivizarse a tenor de lo exigido por la autoridad nacional competente en la materia. Ninguno de los elementos obrantes en la causa permite tener por satisfecho (al menos al 31-12-2008, fecha de los distractos analizados) el cabal cumplimiento del condicionamiento que surge del art. 4 de la Res. N° 890/2006. No soslayo que mediante Nota N° 133 de fecha 3-04-2008 el SOEM informó que entre los integrantes de la Comisión Directiva se encontraban los actores [Alberto Salvador Pérez, Secretario General; Miguel Ángel Leiva, Secretario de Finanzas; Raúl Maldonado, Secretario de Organización; Fabio Vargas, Secretario de Capacitación, Cultura y Prensa; Florencio Antonio Roldán, Secretario de Acción Social y Miguel De La Vega, Secretario de Prevención Social]; empero no paso por alto tampoco que el listado remitido no permite constatar que esas autoridades hubieran sido elegidas de conformidad con el mandato que le impusiera la autoridad ministerial nacional, máxime cuando el informe adjuntado a fs. 2111 –producido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- solo permite colegir la existencia de una Comisión Directiva debidamente elegida y registrada a partir del año 2012.
Lo expuesto, en mi visión, arroja un razonable manto de duda no ya respecto de la inscripción del Sindicato sino –como lo resalta la Comuna- acerca del cumplimiento por parte del SOEM del acto eleccionario que necesariamente debió realizarse en reemplazo de aquel cuerpo directivo fundacional [al que se refiere el considerando octavo de aquella Resolución de la Cartera de Trabajo nacional]. Sumado a lo anterior, detecto que la comunicación que el SOEM efectuara al Municipio anoticiando (con fecha 3-04-2008) el listado de integrantes de la Comisión Directiva del SOEM –entre los que se encuentran los accionantes- carece de otro dato esencial tal como resulta ser la expresa indicación del término por el cual se habría efectuado la designación de De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas, información en que nuestro Supremo Tribunal provincial siempre valora a la hora de evaluar la vigencia de la tutela sindical [cfr. causa L. 85.935 “Arturi”, sent. de 11-IV-2007].
Las mentadas falencias me permiten inferir la inobservancia del inc. “a” del art. 49 de la Ley N° 23.551 que supedita la garantía sindical al cumplimiento por parte de la asociación sindical de los recaudos legales exigidos por la reglamentación.
Y ello descalifica el reproche efectuado por el inferior cuando, trasladando sin cortapisas al caso de marras la doctrina que fluye del ya citado precedente de la S.C.B.A. L. 114.887 “Velázquez”, parte de la premisa de suponer que el Municipio tuvo acabado conocimiento de que los cargos electivos de De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas excedían en el tiempo al fijado por la última de las designaciones en la planta temporaria [Dto. N° 797/2008] como fecha de extinción del vínculo sin estabilidad [31-12-2008]. Tal asunción argumental del a quo no se desprende de probanza alguna de la causa y es, a la postre, puesta en dudas por lo informado a fs. 2111. Así, ningún llamado de atención cabría formular a la Comuna por no haber observado o manifestado una expresa oposición al nombramiento de De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas como integrantes de la Comisión Directiva, cuando fue el propio SOEM y los accionantes de autos los que impropiamente se abstuvieron de poner en conocimiento de la autoridad administrativa tanto la información relativa al acto eleccionario en sí, como lo referido al término o plazo de vigencia del supuesto mandato gremial con que -según dicen- fueran allí investidos. Y ese incumplimiento, que de por sí autoriza poner en crisis la observancia por parte de los actores y del SOEM de la carga que les impone el inc. “b” del art. 49 de la Ley N° 23.551 [que supedita los efectos de la garantía sindical a la adecuada comunicación al empleador del nombramiento en el cargo electivo] tampoco fue salvado o corregido ante la jurisdicción, en tanto los accionantes han omitido producir prueba alguna que permita determinar, no ya la legitimidad de su designación o sobre su notificación a la Comuna, sino cuál resultaba ser la vigencia temporal del mandato que ostentaban cuando enviaron la Nota N° 133 de fecha 3-04-2008.
(c) Finalmente, luego de revisar los documentos obrantes en autos, también he de disentir con la conclusión a la que arribara el magistrado en cuanto postula que el Municipio habría tolerado las funciones gremiales efectuadas por De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas en su condición de autoridades de la Comisión Directiva del SOEM, con anterioridad al distracto. Constato, en cambio, un conjunto de acciones administrativas que desconocen y ponen en crisis esas supuestas actividades gremiales en que se escudan los actores. Así, del examen de su legajo personal, encuentro la existencia de una sanción aplicada al agente De La Vega, a quien el Municipio lo apercibe e intima a retomar tareas bajo apercibimiento de tenerlo incurso en abandono de trabajo en virtud de constatarse “inasistencias reiteradas”
injustificadas –v. fs. 1535 y 1541/1546-. En idéntico sentido, sopeso lo actuado respecto de los agentes Leiva y Maldonado, a quienes se los intima a retomar tareas bajo apercibimiento de tenerlos incursos en abandono de trabajo en tanto haberse constatado “inasistencias reiteradas” injustificadas –v. fs. 1360 y fs. 1184, respectivamente-. Similar caso se presenta con Roldán por “inasistencias reiteradas” injustificadas –v. fs. 321-. Por último, con relación al agente Vargas se comprueba -por un lado- que el Municipio ha materializado descuentos por días no trabajados en el año 2006 -v. fs. 994- y, -por el otro- la existencia de informes elaborados por la superioridad en la que se constatan faltas injustificadas a su puesto de trabajo –v. fs. 983-.
Y si bien no soslayo que en los legajos de los agentes De La Vega (v. fs. 1546); Leiva (v. fs. 1355; 1357; 1359; 1362; 1364; 1366; 1368; 1370; 1372; 1374/1376; 1379; 1381; 1390: 1392; 1393); Maldonado (v. fs. 1174; 1177/1183); Pérez (v. fs. 672; 675; 677; 679; 680; 683; 685; 687; 688; 701/703; 705; 710/712; 714; 720; 723;727; 731/733; 737/738); Roldán (v. fs. 317; 318; 322) y Vargas (v. fs. 978; 979; 985; 986) se agregan presentaciones efectuadas por el SOEM en las que se acreditan esas supuestas actividades gremiales efectuadas por los actores, ello no tuerce la suerte de todo lo hasta aquí dicho en tanto, por fuera del valor que pudiera atribuirse a tales documentos emanados del SOEM suscriptos por uno de los coactores, lo cierto es que de ninguno de ellos puede extraerse dato alguno que permita corroborar cual resulta ser la extensión de ese supuesto mandato legal -al abrigo del cual realizaran las tareas sindicales- y, con ello, queda vedada toda posibilidad de concluir que el Municipio hubiera tenido ese "cabal conocimiento" al que refiere el inferior en cuanto a que las designaciones de De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas en la Comisión Directiva de la organización gremial, lo fueron por un mandato temporal que excediera el fijado por el Dto. N° 797/2008 como fecha de extinción de la relación de empleo temporario, sin estabilidad, que ostentaban los reclamantes.
Como tiene dicho la Suprema Corte de Justicia provincial, el mero despliegue de algún tipo de actividad gremial por quien pretende beneficiarse de la tutela sindical no suple la necesaria satisfacción de los requisitos intrínsecos e imprescindibles para ser alcanzado por la garantía que confiere la ley 23.551. Es que resulta imprescindible que el empleador esté anoticiado de la pertenencia del trabajador al sindicato, así como del acto eleccionario por el que haya resultado designado en un cargo gremial [cfr. doct. S.C.BA. L. 90.000 “Cáceres”, sent. de 26-IX-2007, por mayoría]. En suma, ante la ausencia de elementos que me permitan tener por comprobada que la Comisión Directiva [notificada a la Comuna mediante Nota N° 133 de fecha 3-04-2008 y en la que Miguel Ángel De La Vega, Miguel Ángel Leiva, Raúl Rodolfo Maldonado, Alberto Salvador Pérez, Florencio Antonio Roldán y Fabio Alberto Vargas lucen ocupando diversos cargos] hubiera sido conformada respetado las exigencias establecidas en el art. 4 de la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación N° 890/2006 y mediando ausencia de todo otro elemento de juicio que ayude a determinar el plazo del mandato gremial conferido a los mentados agentes de planta temporaria y, en su caso, que tal extensión temporal hubiera sido acabadamente notificada a la Comuna para que ésta eventualmente planteara las objeciones al período electivo, me inclino -en tanto compruebo la inobservancia de las pautas exigidas por el art. 49 de la Ley N° 23.551- por descartar que los actores de autos hubieran estado amparados, al vencimiento de la última de las designaciones en la planta de personal temporario (Dto. N° 797/2008) por la garantía sindical.
5. Finalmente, hago notar que Miguel Ángel De La Vega, Miguel Ángel Leiva, Raúl Rodolfo Maldonado, Alberto Salvador Pérez, Florencio Antonio Roldán y Fabio Alberto Vargas, a pesar de su condición de parcialmente perdidosos en el pleito (pues el magistrado de la instancia define el vínculo laboral como “transitorio, sin estabilidad”, repeliendo la posibilidad de reconocer a los actores la condición de agentes de planta permanente y con ello, la pretendida estabilidad en el empleo público), no esgrimieron quejas ni opusieron reparo alguno respecto de la parcela del fallo que le fuera adversa, parcela que por cierto poseía relevancia en cuanto a un resultado más ventajoso del pleito aún por fuera del acogimiento de la demanda en el modo cómo lo hiciera el a quo. Siendo ello así, habiendo adquirido firmeza el pronunciamiento de grado contrario a los postulados de los accionantes –quienes a pesar de mantener el interés para alzarse contra lo allí resuelto se mantuvieron impávidos- me encuentro relevado de abordar, por conducto del instituto de la apelación adhesiva, la pertinencia -o no- de las razones que, por fuera de las esgrimidas para procurar la pretendida garantía sindical, el restablecimiento en el cargo y la indemnización prevista por el art 52 de la Ley N° 23.551 –y respecto de las cuales me he expedido-, hubieran acoplado al articular la demanda. De lo contrario, haría renacer oficiosamente en alzada argumentos cuyo rechazo consintieron los accionantes, a pesar de que su revisión bien pudo ser instada.
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de La Costa a fs. 2206/2224, revocar el pronunciamiento de fs. 2159/2197 y, en consecuencia, rechazar íntegramente la demanda interpuesta por la parte accionante a fs. 269/284. Las costas de ambas instancias deberían imponerse en el orden causado (art. 51 inc. 2° del C.P.C.A. –t. según ley 14.437-).
A la cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa. El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli adhiere a la solución propuesta, votando a la cuestión planteada también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. A fs. 2202/2205 los coactores De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas se alzan contra el fallo de fs. 2159/2197 procurando: (i) se eleve, en los términos del art. 52 de la Ley N° 23.551, el monto determinado en concepto de indemnización por violación de la garantía sindical y; (ii) se reconozca como rubro indemnizable el “daño moral” ocasionado a partir de la afectación de la tutela gremial.
II. En atención al alcance con el que se acogió el recurso interpuesto a fs. 2206/2224 por la Municipalidad de La Costa, y dado que por la solución votada a la primera cuestión, se revoca el fallo de grado en cuanto dispusiera el acogimiento parcial de la demanda interpuesta por Miguel Ángel De La Vega, Miguel Ángel Leiva, Raúl Rodolfo Maldonado, Alberto Salvador Pérez, Florencio Antonio Roldán y Fabio Alberto Vargas, el tratamiento del presente recurso ha devenido abstracto.
Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (cfr. doct. causas Ac. 82.248, sent. de 23-IV-2003; Ac. 85.553, sent. de 31-III-2004, entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. B. 61.703, sent. del 14-II- 2000; esta Alzada causa C-4814-DO1 “Anpa S.R.L.”, sent. de 7- X-2014 y sus citas). Desde tal mirador y en atención al resultado votado en la primera cuestión, juzgo que ha desaparecido en la especie el interés que ostentaban Miguel Ángel De La Vega, Miguel Ángel Leiva, Raúl Rodolfo Maldonado, Alberto Salvador Pérez, Florencio Antonio Roldán y Fabio Alberto Vargas para perseguir una modificación de la sentencia de grado en el sentido pretendido en su memorial de apelación. Corresponderá, entonces, declarar abstracto el tratamiento del presente recurso (cfr. doct. esta Cámara causa C-5017-NE1 "Aued", sent. de 22-IV-2014).
En consecuencia, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de La Costa a fs. 2206/2224, revocar el pronunciamiento de fs. 2159/2197 y, en consecuencia, rechazar íntegramente la demanda interpuesta por la parte accionante a fs. 269/284. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 2° del C.P.C.A. –t. según ley 14.437-).
2. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación articulado a fs. 2202/2205 por los coaccionantes Miguel Ángel De La Vega, Miguel Ángel Leiva, Raúl Rodolfo Maldonado, Alberto Salvador Pérez, Florencio Antonio Roldán y Fabio Alberto Vargas.
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec. Ley 8904/77).
Regístrese y notifíquese por Secretaría. Fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia