Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata.
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora (Sres. Rita Feldman y Oscar Alfredo Pizarro) a fs. 758/764, revocando la sentencia impugnada [v. fs. 749/754] y, en consecuencia, haciendo lugar parcialmente a la demanda impetrada, condenado a la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales a abonar a los accionantes en concepto de “daño emergente” (comprensivo de lo reclamado por la vivienda perdida y por mobiliario, efectos, electrodomésticos y demás enseres) la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 138.400,00) y por el rubro “daño moral” la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) para cada uno de ellos, con más sus intereses, liquidados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días vigente en los distintos períodos de aplicación, calculados desde el día 13-11-2008 y hasta el pago efectivo, dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique (art. 163 Const. Pcial.).
2Las costas de la instancia de grado se imponen a la accionada por su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., t. según ley 14.437), mientras que las de Alzada se imponen por su orden al no mediar contradicción.
3Diferir la regulación de honorarios por los trabajos efectuados ante este Tribunal para su oportunidad (arts. 31 y 51 decreto ley 9804/77).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 07 días del mes de abril del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C- 5048-BB1 “PIZARRO OSCAR ALFREDO Y OTRO/A c. MUNICIPALIDAD DE CORONEL ROSALES s. PRETENSION INDEMNIZATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. A fs. 749/754, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con fecha 10-03-2014, rechazó la demanda interpuesta por los Sres. Oscar Alfredo Pizarro y Rita Feldman contra la Municipalidad de Coronel Rosales. Impuso las costas a la vencida y postergó la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad procesal propicia.
II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto a fs. 758/764 por los actores [cfr. res. de fs. 777/778] y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia –providencia que se encuentra firme-, corresponde votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso de apelación de fs. 758/764? A la cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Luego de tener por acreditado el hecho que motivó el inicio de las presentes actuaciones (esto es, la producción –el día 13-11-2008- de un incendio en la localidad de Pehuen-Có que afectó la vivienda de los actores), el a quo se abocó a analizar la responsabilidad endilgada por la parte demandante a la Comuna, basada en la circunstancia de no haber cumplido con su deber de mantener la limpieza de las avenidas, calles y Parque Municipal de esa localidad, así como en la falta de implementación de medidas de seguridad contra los incendios.
Para ello, repasó las siguientes pruebas obrantes en autos, a saber: (i) declaraciones testimoniales de los Sres. Omar Ramírez, Humberto Emilio Bogado Sienra, Miguel Feliciano Cufré, Roque Julián Huertas y Aldo Edgardo Fernández [v.
considerando IV, punto 3, fs. 752 y vta.]; (ii) dictamen pericial de la Ingeniera Agrónoma Susana Amanda León; (iii) informe de la Asociación Bomberos Voluntarios de Pehuen-Có; y (iv) dictamen del perito en Incendios Sergio Francisco Dos Santos, obrante en la causa penal N° 156690-08 [v.
considerando IV, punto 4, fs. 752 vta./753].
Sostuvo que con la prueba aportada no resultaba posible responsabilizar al Municipio accionado por el daño sufrido por los actores, ya que si bien algunos de los testigos manifestaron que la recolección de residuos y la limpieza de los espacios públicos resultó deficiente, dichos testimonios lucían –en su opinión- insuficientes para tener por acreditado el incumplimiento de la actividad debida por la autoridad administrativa.
Adunó a lo expuesto que la vegetación existente en la localidad balnearia, la sequía, las altas temperaturas y los vientos reinantes en la época en que ocurrió el siniestro, constituyeron factores de riesgo que favorecieron la propagación del incendio generado el 13 de noviembre del 2008 (v. dictámenes periciales de la Ingeniera León y del perito en Incendio Dos Santos).
Finalmente, aunque compartió lo expuesto por la perito Ingeniero en cuanto a que la eliminación de la vegetación seca, ramas muertas y hojarasca ayudan a controlar la propagación del incendio, destacó que no encontraba en el sub lite que dicha vegetación hubiera excedido lo razonable y habitual en una zona de las características de Pehuen-Có. Por todo lo expuesto, al no encontrar configurada la falta de servicio endilgada a la Municipalidad accionada, rechazó la demanda articulada.
2. Los actores deducen recurso de apelación fundado a fs. 758/764.
Consideran que se encuentra debidamente acreditada en autos la falta de servicio enrostrada al Municipio (esto es, la omisión de mantener cuidadas y desmalezadas las calles, avenidas públicas y el Parque Municipal), indicando que las declaraciones de los testigos Omar Ramírez, Humberto Emilio Bogado Sienra, Miguel Feliciano Cufré, Aldo Edgardo Fernández y Andrés Darío Altamirano resultan concordantes y significativas a este respecto.
Refieren que el argumento en que el juez de grado sustentó el rechazo de la acción incoada, no hace más que corroborar que el Municipio tenía la obligación de mantener libre de malezas los espacios públicos, sobre todo en verano, época en la que se verifica la existencia de aquellos “factores de riesgo” que –según el a quo- favorecieron a la propagación del incendio (argto. arts. 192, 194 y ccdtes. de la Constitución Provincial; 25, 26, 27 y ccdtes. de la Ley Orgánica de las Municipalidades).
Por otra parte, alegan que el Municipio también incumplió con su obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar incendios o su propagación (argto. art. 58 de la ley 11.723).
Plantean que la accionada no podría aducir que desconocía el peligro que entrañaba la vegetación seca, ramas muertas y hojarasca, máxime cuando los vecinos del balneario habían reclamado reiteradamente al Delegado comunal la limpieza de los espacios públicos, sin obtener resultado positivo.
Opinan que de haber cumplido la demandada con esa limpieza y desmalezamiento, el incendio no se hubiera propagado a través del Parque Municipal ni hubiera recorrido un trayecto de 400 a 500 metros hasta alcanzar su propiedad. Ponen de resalto el yerro en que habría incurrido el juzgador de la instancia al liberar a la Municipalidad de la carga de acreditar lo dicho al contestar demanda, siendo ésta quien se encontraba en mejores condiciones de aportar prueba tendiente a demostrar que había adoptado todas las medidas y trabajos necesarios para la prevención de incendios, lo que – aclaran- no aconteció en el sub lite.
Finalmente, y luego de manifestar que había quedado descartada en la especie la hipótesis sustentada por la Comuna de que la causa exclusiva y excluyente del incendio había sido el accionar de un tercero (colocación de transformadores de energía eléctrica en un inmueble de propiedad de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta), solicitan que se revoque la sentencia recurrida, condenando al Municipio a resarcirles los perjuicios reclamados en demanda.
Peticionan, por último, que los montos de los rubros reclamados sean actualizados al momento de la sentencia, en razón del constante deterioro del signo monetario.
II. El recurso merece prosperar con el alcance indicado seguidamente.
1. Los actores (Sres. Rita Feldman y Oscar Alfredo Pizarro) acuden a la instancia de apelación en repudio a lo resuelto por el juez de grado, quien desestimó –en todas sus partes- la demanda resarcitoria que entablaran contra la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales. Pretenden que la accionada los indemnice con la suma de pesos ciento ochenta y un mil seiscientos sesenta y dos ($ 181.662,00) –o lo que en más o en menos resulte de la prueba producida en el sub lite- por los perjuicios sufridos con motivo del incendio ocurrido el día 13 de noviembre del año 2008, a raíz del cual se arruinara completamente la vivienda de su propiedad, ubicada en calle 10 N° 76 de la localidad balnearia de Pehuen-Có, así como también los bienes que se encontraban en su interior. Entienden que el Municipio debe responder por el infortunio apuntado, al no haber cumplido con su obligación de mantener libre de malezas las avenidas, calles y el Parque Municipal por donde se propagó el fuego hasta alcanzar su residencia de veraneo, ni adoptado las medidas conducentes para prevenir incendios como el que aquí nos convoca [cfr. demanda de fs. 105/116].
2. Adentrándome, entonces, a la faena de resolver la cuestión planteada, estimo apropiado recordar que cuando se pretende responsabilizar patrimonialmente al Estado por la omisión de sus órganos en prevenir o evitar el resultado luctuoso, será imprescindible acreditar la concurrencia de los presupuestos jurídicos que la doctrina jurisprudencial ha delineado al respecto, todo lo cual debe ser analizado a la luz de los principios y normas que imperan en el terreno del derecho público (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 330:4669; 329:2737). En otras palabras, no se trata de erigir al Estado en un asegurador omnicomprensivo y pagador de todas las desgracias que pueda deparar la vida humana, sino de indagar, críticamente, si existen o no elementos suficientes para responsabilizarlo por los sucesos que conforman el núcleo del debate.
Con lo anterior en miras, me abocaré al análisis del presente caso, en el que se plantea un típico supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado por sus comportamientos omisivos o de abstención, de sustancia ilegítima. En efecto, los actores procuran poner al desnudo un incumplimiento en el ejercicio de las atribuciones que competen a la Comuna en materia de seguridad ciudadana, por no haber desplegado las actividades tendientes a la prevención de incendios, entre ellas, el desmalezamiento tanto de las vías de tránsito del balneario (calles y avenidas) como del Parque que se encuentra en la manzana enfrentada a su propiedad.
En el campo de las abstenciones ilegítimas resultan aplicables, en lo sustancial, los mismos recaudos derivados del régimen general de la responsabilidad pública. Por ello, como en toda pretensión indemnizatoria que involucre una reparación de daños y perjuicios, no puede estar ausente, a más del comportamiento omisivo pasible de constituir una falta de servicio (art. 1112 del Código Civil), la existencia de una relación de causalidad adecuada entre el daño causado y la mencionada falta estatal, de manera que ésta pueda serle objetivamente imputada al sujeto que se demanda (arg. doct. S.C.B.A. causas C. 98.541 “Espíndola”, sent. de 10-IX-2008; C. 107.242 “Robledo”, sent. del 14-IV-2010).
Ahora bien, es sabido que en el complejo ámbito de la responsabilidad estatal por sus comportamientos de abstención, suelen reconocerse y distinguirse distintos tipos de situaciones, en las que la intensidad del deber de obrar del Estado no gravita con la misma fuerza, sino que varía según los casos (doct. esta Cámara en la causa C-2255-MP2 “Solvifer S.A.”, sent. del 15-III-2011).
Por fuera de los supuestos de omisiones a mandatos positivos y determinados -ajenos al debate de autos-, la realidad jurídica evidencia situaciones en las que el órgano estatal no se halla frente a una regla expresa -concreta o razonablemente implícita- de actuación, sino que se encuentra más bien obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley solo de un modo general o indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. Estos deberes deben ser apreciados en su justo alcance, a fin de no caer en construcciones argumentativas que, distantes de toda razón, pudieran derivar en consecuencias generalizables de impracticable tenor, como sería la de erigir a la autoridad pública –como se dijera- en una suerte de asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier daño que sufrieran los particulares (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 329:2088 cit.). Partiendo de tales pautas de entendimiento, comparto la postura de quienes sostienen que la responsabilidad del Estado por falta de servicio debe entrañar –ante todo- una apreciación en concreto que tome en cuenta la índole de la actividad, los medios que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño, entre otros factores (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 330:563). Dicho en otras palabras, el factor de atribución genérico ha de ser sopesado, en cada supuesto, en función de los mencionados elementos, como único medio de hacer concreta la regla general mencionada anteriormente y determinar, al cabo, la mayor o menor intensidad y exigibilidad con que recaía el deber de obrar estatal que se reputa incumplido (doct. C.S.J.N. Fallos 333:1623, del voto del doctor Lorenzetti; arg. doct. esta Cámara en la causa C-2274-DO1 “Irazusta”, sent. de 27-IX-2011). Solo así podrá disponerse, responsablemente, una condena al Estado por la infracción a dichos deberes indeterminados en su particular alcance (argto. doct. esta Alzada causa C-2002-MP2 “García”, sent. del 25-IX-2012).
3. La pretensión de marras debe ser juzgada a la luz de los parámetros enunciados, en tanto los demandantes apuntan a que la Municipalidad ha fallado en su deber de implementar medidas de seguridad para la prevención de incendios, pese a que la localidad de Pehuen-Có se encuentra localizada en una zona que presenta condiciones propicias para el inicio y la propagación de igniciones.
Tengo por acreditado en el sub lite: (i) que siendo aproximadamente las 10:25 horas del día 13 de noviembre de 2008, se recibió un llamado telefónico en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Pehuen-Có, alertando sobre la existencia de un incendio sobre calles 7 y 10 de dicha localidad [v. informe de actuación de fecha 15-11-2008, fs. 14 de la I.P.P. N° 02-00-156690-08, acollarada por cuerda floja; informe incendio N° 28, fs. 320/325 y 418/423]; (ii) que por esas horas soplaba un fuerte viento (de aproximadamente 50 km/h) proveniente del sector noroeste que volvió rápidamente incontrolable el fuego [v. informe incendio N° 28, fs. 320/325 y 418/423; informe pericial del Subteniente Sergio Dos Santos -Perito en Incendio-, fs. 184/187; declaración testimonial del Sr.
Rubén Martín Herold, fs. 299/300; dictamen pericial de la Ingeniero Agrónoma Susana Amanda León, fs. 391/393]; (iii) que el foco ígneo se localizó al oeste de la parcela N° 103 sobre calle 7, produciéndose un desplazamiento de la masa calórica que se propagó por el parque municipal hasta alcanzar la parcela N° 92 en la que encuentra la propiedad de los actores [v. apartado titulado “Origen y desarrollo del fuego” del informe del Perito en Incendio, fs. 185 y plano adjunto; informe incendio N° 28, fs. 320/325 y 418/423], afectando aproximadamente cinco (5) hectáreas de terreno [v. fs. 185 y fs. 323]; (iv) que la Asociación de Bomberos Voluntarios de dicha localidad debió contar con la colaboración de las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Punta Alta, Coronel Dorrego y Monte Hermoso [v. informe incendio N° 28, fs. 323], habiéndose utilizado para controlar y apagar el fuego los siguientes métodos: devanaderas, líneas de dos y medio, palas, lampazos y mochilas [v. fs. 323]; (v) que siendo aproximadamente las 16:30 horas se concluyó con la tarea de extinción de las flamas, quedándose una guardia de cenizas - con dotaciones rotativas- hasta la tarde del día 14 de noviembre del 2008 [v. fs. 323 in fine]; (vi) que como consecuencia de las llamas y su acción calórica resultaron afectados: vegetación silvestre, pinos y eucaliptos; una estructura, postes y cables del tendido eléctrico [v. informe del Representante Técnico de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, fs. 13 de la I.P.P.
N° 02-00-156690-08]; la totalidad de la vivienda prefabricada perteneciente a los Sres. Pizarro y Feldman (ubicada en la manzana N° 92) [v. copia simple de la escritura N° 269, fs. 237/241]; las persianas plásticas de una vivienda sobre calle 12 [v. fs. 323]; y parte de la estructura de un quincho parrilla perteneciente a una vivienda ubicada en la Avenida González Martínez [v. informe incendio N° 28, fs. 320/325; fs. 185 del informe del Perito en Incendio].
La cuestión pasa, entonces, por determinar si medió en la especie la omisión estatal que patentizan los accionantes en su demanda, verificando el específico contexto en que se suscitó y, finalmente, de comprobarse ello, analizar si la denunciada irregularidad tuvo o no vinculación causal en la producción del resultado fatal.
(a). En la labor propuesta, interesa señalar que –tal como fuera puesto de relieve por el juez de la instanciasurge de las constancias de autos que la localidad balnearia de Pehuen-Có se encuentra emplazada en un área con clima semiárido templado de transición, con veranos calurosos e inviernos con fuertes heladas. Presenta vientos intensos durante la época de primavera-verano, predominantes del norte y noroeste, y una vegetación característica de suelos netamente arenosos (v. gr. Olivillos, Spartina, Stipas, Panicum), así como también árboles forestales tales como pinos, eucaliptos y cipreses [v. fs. 391 del informe elaborado por la Perito Ingeniero Agrónoma Susana Amanda León].
A su vez, se desprende del dictamen pericial de la Ingeniero Agrónoma que “... [tales] condiciones climáticas determinan un condicionante muy fuerte de las formaciones vegetales existentes manifestándose a través de caracteres xeromorfológicos muy marcados los cuales facilitan los procesos combustivos...” y que, “...[e]n definitiva altas temperaturas, baja humedad relativa del aire y vientos intensos y frecuentes en verano, favorecen el desarrollo de las comunidades vegetales adaptadas para resistir tales ambientes, las cuales también son propensas a generar incendios...” [v. fs. 392 vta., el subrayado no es del original].
La aludida predisposición de la zona aquí involucrada para la generación y propagación de focos ígneos, se encuentra –a su vez- corroborada con los partes de asistencia y servicio que acompañara a estos autos la Asociación Bomberos Voluntarios de Pehuen-Có, de los que surgen las numerosas oportunidades en que el mencionado destacamento se vio obligado a intervenir con motivo de incendios verificados en dicha comarca, ocurridos con anterioridad al infortunio de marras (años 2007 y 2008), y vinculados con la afectación de pastos naturales y forestación. Así, a título meramente ejemplificativo, cabe aludir a los partes del año 2007 Nros. 1, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42 y 43 [v. fs. 538/539, 540/541, 542/543, 544/545, 548/549, 550/551, 555/556, 565/566, 567/568, 569/570, 571/572, 575/576, 584/585, 586/587, 588/589, 590/591, 592/593, 594/595, 596/597, 599/600, 605/606 y 607/608, respectivamente], como así también a los partes N° 33, 25, 30, 21, 20, 19, 18, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 1 [v. fs. 479/480, 486/487, 491/492, 497/498, 499/500, 501/502, 503/504, 510, 519/520, 521/522, 523/524, 525/526, 527/528, 533 y 535/536, respectivamente], elaborados durante el año 2008, los que dan cuenta de que el fuego afectó –en varias ocasiones- a hojas secas, ramas, pastizales, pinocha, tamariscos y demás forestación autóctona.
(b). Ahora bien, advierto que la accionada, sin desconocer en su escrito de contestación de demanda las condiciones climáticas y fitogeográficas descriptas en los párrafos precedentes (v.gr. extrema sequía, temperaturas elevadas, fuertes vientos y la vegetación xerófila), basó su defensa –primordialmente- en la circunstancia de que, pese a los factores de riesgo existentes en la zona, su parte había cumplido adecuadamente con “...todas las maniobras y trabajos posibles tendientes a la prevención de siniestros como el presente...” [v. fs. 135, inciso 2], en tanto “...en Pehuen Co se realizan todos los contrafuegos y se toman las medidas posibles que tiendan a la prevención de accidentes de estas características...” [v. fs. 133 vta.].
El magistrado actuante, avalando dicha postura, rechazó en todos sus términos la demanda promovida, considerando, lacónicamente, que no obraban en autos elementos suficientes que le permitieran tener por verificada una falta de servicio por parte del Municipio demandado.
He de disentir –sin embargo- con el rígido criterio volcado en el fallo. En mi opinión, existen en la causa elementos de juicio que, armónicamente sopesados, dotan de suficiente respaldo y credibilidad a la tesis pregonada en el escrito inicial, inclinando la suerte del caso en favor del progreso de la pretensión (arts. 375, 384 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.).
Tengo para mí que los daños que los actores sufrieron en su vivienda de la calle 10 N° 76 de la localidad de Pehuen-Có como consecuencia del incendio del mes de noviembre del 2008, tuvieron lugar debido a una defectuosa implementación por parte de la Comuna de medidas de seguridad y de mantenimiento de los espacios públicos de la villa balnearia en aras a la evitación de este tipo de siniestros. Lo afirmado se desprende de los siguientes elementos de convicción, incorporados como prueba al proceso por los accionantes:
i. el acta de procedimiento labrada por el personal de la Sub-estación Policía Comunal de Cnel. Rosales Pehuen-Có el día 13-11-2008 los que, luego de trasladarse al lugar de los hechos, dejaron constancia de que las llamas “...estaban afectando además de pastos naturales, árboles de altura como ser pinos y eucaliptos...” y que “...por la acción del viento reinante... las llamas alcanzan árboles y pastos de la manzana comprendida por calle Ocho, calle Doce y Lauquen Mapu...” [v. fs. 1 de la I.P.P. N° 02-00-156690-08].
ii. el acta de inspección ocular obrante a fs. 4/5 de la mencionada I.P.P., en la que se asentó que “...hallándonos frente al lugar donde se habría originado el siniestro y por consiguiente efecto árboles y pastos naturales se encuentra en calle Ocho y Calle Diez... se ven los pastos quemados por la acción del fuego y desde allí se ve lo mismo en el recorrido que [afectó] las manzanas comprendidas entre las calles Ocho, calle Doce, calle Diez y calle Lauquen Mapu. - Que se ven árboles de variada altura y arbustos afectados por las llamas... Que así también se observa que las llamas afectaron un total aproximado de Quinientos metros de pastos naturales, arbolado y cercos vivos de las viviendas linderas al sector afectado...” [el subrayado me pertenece].
iii. el dictamen del Perito en Incendio Subteniente Sergio Francisco Dos Santos, en el que se dejó constancia que el lugar del hecho se trata de una zona poco poblada, con calles arenosas, abundante vegetación (pastizales, pinos, eucaliptos, etc.) y terrenos con desniveles arenosos. A su vez, se expuso que “...el ígneo estuvo dado en un principio al oeste de la parcela N° 103... lo expuesto se deduce de la afectación hallada en la vegetación, el desplazamiento de la masa calórica como consecuencia de los vientos reinantes el día del siniestro... logrando el fuego alcanzar altas temperaturas, debido al tipo de material combustible (pastos, árboles, etc.), denominado según nomenclatura legal como clase “A”, muy combustible, tomando el siniestro tal magnitud que logra propagarse a la manzana correspondiente al parque municipal, y de este a la parcela 32... terminando su recorrido en la playa balnearia...” [v. fs. 24/26 de la I.P.P., el subrayado me pertenece].
En el croquis adjunto a dicha pericia se encuentra demarcado en amarillo el sector afectado por las llamas, que se extendió por aproximadamente cinco (5) hectáreas [fs. 27 de la I.P.P.].
iv. fotografías glosadas a fs. 28, 31, 32, 33 y 34 de la mencionada investigación penal.
v. declaración del testigo Omar Ramírez quien, al ser preguntado sobre los comentarios existentes en relación a las causas del incendio, manifestó que “...era lo que todos reclamaban: Mantenimiento, contrafuegos, que habían tenido una experiencia anterior que se había incendiado la avenida principal por falta de mantenimiento. Lo que reclamaban siempre. Que están todos expuestos. Que reclamaban las tareas al delegado municipal. Que lo hacían formalmente en forma verbal. El delegado les contestaba que no había presupuesto, que la máquina estaba rota. Ahora cambió la cosa, que están más equipados...” [v. respuesta a la primera ampliación de la parte actora, fs. 297 vta.].
Asimismo, el Sr. Humberto Emilio Bogado Sienra – propietario de una vivienda en dicha localidad- al ser preguntado acerca de si en la época en que ocurrió el infortunio de autos, el Municipio cumplía con la limpieza de las calles y espacios baldíos en lo que hace a malezas, yuyos, etc., refirió que en aquél momento “...era público que la recolección de residuos y limpieza era deficiente...” y que, por tal razón, se juntaban hojas y desechos en algunos sectores del pueblo [v. respuesta a la segunda ampliación, fs. 396 vta.].
Por su parte, Miguel Feliciano Cufré, Jefe de Bomberos Voluntarios de Pehuen-Có y partícipe en la extinción del hecho de marras, al ser interrogado sobre si hubo algún elemento natural (arbustos, árboles, pastizales, etc.) que hubiera favorecido a la propagación del incendio, respondió que sí, aclarando que “... eso es un lugar donde en futuro sería un espacio verde, no sabría decir el nombre exacto pero si eso se encontraba con malezas naturales propias de ahí, de PehuenCo...” [v. sexta pregunta, fs. 632 vta., el subrayado me pertenece], agregando que “... Las calles... sí las desmaleza, pero ese espacio verde no, ese espacio verde estaba con la maleza propia de PehuenCo y algunos arbolitos...” [v. novena pregunta] Similar respuesta brindó el testigo Roque Julián Huertas, quien respondió que no sabía que la Municipalidad de Coronel Rosales o su Delegación Pehuen-Có hubieran procedido al desmalezamiento de las avenidas, calles o del parque municipal con anterioridad al incendio de autos. Agregó que “... [e]n algunas partes de PehuenCo sí pero no toda la villa, por ahí en las plazas o lugares así, sí, pero del resto no tengo conocimiento...” [v. novena pregunta, fs. 635 vta.] El Sr. Aldo Edgardo Fernández –quien realizara tareas de mantenimiento y limpieza del parque de la casa de los actores- afirmó que el Parque Municipal antes del incendio mostraba malezas autóctonas de la zona que eran propensas a quemarse [v. respuestas a la sexta y séptima ampliaciones, fs. 638 vta.]. También el testigo Andrés Darío Altamirano – quien colaboró con los bomberos para apagar el incendiorefirió que “...es una zona de bosque, de pasto y el incendio precisamente corría por los arbustos y por los árboles...” [v. respuesta a la sexta pregunta, fs. 640 vta.] Finalmente, quien era el Delegado Municipal de la Villa al momento del infortunio –Sr. Miguel Ángel Benito Ramírez- y fuera ofrecido como testigo por la propia demandada, depuso a fs. 717/718 que el incendio “...[f]ue quemando todo lo que encontró al paso, o sea... los lotes tienen pastizales, en algunos sectores afectó a árboles...” [v. respuesta a la séptima repregunta, fs. 718].
vi. La perito Ingeniero Agrónoma Susana Amanda León brindó las siguientes explicaciones sobre el tópico que nos convoca: 1) el material vegetal que se halla en el medio, incluido el material en descomposición, funciona como combustible del fuego; 2) el tipo de combustible determina la velocidad de propagación y la intensidad del fuego (v.gr. si los materiales tienen un mayor contenido de humedad – combustibles vivos o verdes- su capacidad de ignición es menor, en tanto necesitan secarse previamente); 3) la temperatura ambiente afecta el comportamiento del fuego, acelerando el secado y la disponibilidad de los combustibles, aumentando la probabilidad de ignición; 4) en cuanto al viento, al aumentar su velocidad, se acentúa el proceso de secado de los combustibles y se acelera la provisión de oxigeno que favorece la combustión.
A partir de tales premisas, la perito aseveró que “...[c]on estas condiciones ambientales, principalmente condiciones de extrema sequía, con temperaturas elevadas y vientos fuertes, y con toda la vegetación existente en el Balneario, plantas perennes incluyendo el Olivillo, y plantaciones forestales, constituyen factores de riesgo que inducen a la propagación y magnitud del incendio generado el 13 de noviembre de 2008...” [v. fs. 392 vta., el subrayado me pertenece].
Por último, al ser preguntada sobre si la eliminación de los pastizales en avenidas, calles y parque municipal hubiera podido evitar el desarrollo y la propagación del incendio, la experta manifestó que si no hay aporte de combustibles vivos o muertos, o si la biomasa viva o muerta está controlada, no se dan las condiciones especiales para la generación de los incendios, afirmando –a la postre- que “...la eliminación de la vegetación seca, ramas muertas, hojarasca, ayuda a controlar la propagación del incendio...” [v. fs. 393].
(c). Las constancias probatorias detalladas precedentemente, se revelan como fuertes indicios fácticos que por su número, veracidad, precisión y concordancia, me permiten formar convicción en punto a que la magnitud alcanzada por el incendio del 13 de noviembre del 2008 se debió a la presencia de una abundante vegetación en el lugar –en especial, pastizales y yuyos secos-, que constituyeron el combustible imprescindible sin el cual la propagación de las llamas no se habría producido en la medida en que aconteció [v. fs. 393].
Aunque no haya podido acreditarse con precisión la fuente térmica que originara el fuego [v. fs. 186, donde el perito descarta que el foco de incendio se hubiera debido a una sobrecarga de tensión o cortocircuito en el tendido de energía eléctrica, como argumentara la demandada a fs. 133 vta. y 135] ni obren en autos pruebas indubitables acerca del modo en que la ignición se fue trasladando por los terrenos afectados –prueba que, cabe admitirlo, resultaría de muy difícil producción-, lo cierto es que los elementos reunidos en autos, apreciados de acuerdo a las particularidades del caso y las reglas de la sana crítica (arts. 384 del C.P.C.C. y 77 inc. 1° del C.P.C.A.), me persuaden de que el desplazamiento de la masa ígnea pudo tener lugar del modo en que lo hizo por haber encontrado –en su trayecto- el aporte de combustible necesario para ello, tal como los pastizales y malezas del lugar.
La única explicación plausible para que el incendio se volviera incontrolable, atravesara dos calles de la ciudad balnearia (la 8 y la 12) [v. croquis de fs. 325] y se terminara propagando por aproximadamente cinco (5) hectáreas de terreno, radica en la circunstancia de no haber encontrado el fuego alguna contención que impidiera o cuanto menos mitigara su avance, tal como podría haber sido una franja de terreno con vegetación modificada que cortara la continuidad horizontal del ígneo (cortafuego) [v. dictamen de la Perito Ingeniero Agrónoma, fs. 393], o la adopción por el Municipio de cualquier otra medida razonable en el marco de sus atribuciones inherentes al régimen municipal (argto. arts. 192 inc. 4° de la Constitución provincial y 27 incs. 2 y 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades) para hacer frente a una contingencia que –como quedara expuesto supra- resultaba previsible y no poco frecuente en su ámbito territorial. Desde esta perspectiva, estimo que los actores han aportado un sustrato probatorio suficiente y acorde a la magnitud de la problemática que, por no exhibir contradicciones ni inconsistencias, mal puede ser descalificado –como lo hiciera el juzgador de la instanciapara tener por acreditada la inactividad de la Comuna demandada en la implementación de medidas de seguridad y de mantenimiento necesarias para la evitación de incendios en la villa balnearia (arg. doct. esta Cámara causas C-2198-BB1 “Suris”, sent. del 21-VI-2011 y C-4433- “Haviar”, sent. del 11-III-2014). Además, mientras los accionantes han demostrado –aunque con sus limitaciones- un mínimo de empeño y diligencia en la prueba de los extremos del caso, la contraria ha desplegado en el expediente una escasa –y, por ello, reprochable- actividad probatoria que, lejos de echar luz sobre la discusión en debate, le resta credibilidad a los alegatos que perpetrara en la instancia inicial en sustento de su defensa.
Recuerdo que incumbía a la accionada la carga de acreditar los hechos impeditivos de la pretensión (art. 375 del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.; doct. S.C.B.A. causa Ac. 87.123 “Aldecoa”, sent. del 3-VIII-2005; esta Cámara causa C- 3722-BB1 “Sánchez”, sent. del 01-VIII-2013), debiendo haber desplegado una actividad ritual seria que reflejara esmero y diligencia en la prueba de los extremos invocados en su presentación de fs. 129/138. Empero, al no haber aportado al sub lite ningún elemento que permita siquiera inferir que – tal como lo invocara al contestar demanda- su parte había adoptado todas las medidas y trabajos necesarios para la prevención de siniestros como el acontecido aquél 13 de noviembre de 2008, habré de sindicarla como la verdadera responsable de los daños sufridos por los coactores Pizarro y Feldman, en tanto su conducta omisiva –en el marco de los cometidos que detenta- constituye el estadio preliminar que desembocó en la afectación total de la vivienda de los accionantes (art. 1074 Cod. Civil).
(d). Con lo dicho en el apartado precedente, queda suficientemente verificado en la especie que la omisión estatal ha sido la causa adecuada del suceso dañoso padecido por los actores.
Es que en la tarea de determinar la existencia de nexo causal, nuestro Código Civil recepta -en su art. 906- la teoría de la causalidad adecuada (argto. doctr. Goldemberg Isidoro H. “Indemnización por Daños y Perjuicios”, Ed. Hammurabi, pág. 222), según la cual resulta necesario apreciar si la acción u omisión que se juzga es de ordinario idónea para provocar el daño (argto. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Dpto. Judicial Mar del Plata, Sala III in re “Errobidart”, sent. del 16-03-2012). Ese examen fáctico ha de ser efectuado suprimiendo mentalmente el curso de los acontecimientos tal como ocurrieron (en concreto) y, a partir de allí, formular un juicio de probabilidad y examinar si una determinada condición –en el sub lite- posee poder eficiente para producir la consecuencia que se examina, de manera que exista una adecuación entre el hecho y el resultado (Revista de Derecho Privado y Comunitario “Accidentes”, Director Alegría, Héctor; Mosset Iturraspe, Jorge; artículo de Matilde Zavala de González “Accidentes y Causalidad”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1997, pág. 41 y doct. esta Alzada causas C-2347-NE1 “Juliano”, sent. del 08-V-2012; C- 3206-DO1 “Pedelini”, sent. del 13-XII-2012 y C-4116-BB1 “Fonseca”, sent. del 25-II-2014).
Así, y siguiendo esta mecánica, encuentro que la destrucción total de la vivienda prefabricada perteneciente a los Sres. Pizarro y Feldman, ubicada en calle 10 N° 76 de la localidad balnearia de Pehuen-Có, así como también de los bienes que se encontraban en su interior no luce sino como una consecuencia de la omisión por parte de la autoridad municipal en la implementación de medidas de seguridad y de mantenimiento de los espacios públicos de la villa balnearia en aras a la evitación de este tipo de siniestros.
4. Los argumentos expuestos en los apartados precedentes sirven para tener por cumplidos aquellos postulados que –ante este tipo de situaciones- tornan operativa la figura de la adhesión implícita a la apelación (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 99.315 “Greco”, sent. de 25-II- 2009; doct. esta Cámara causa C-2202-MP2 “Martijena”, sent. del 12-IV-2012), restando abordar –en lo que sigue- el planteo introducido por la Comuna accionada en su escrito de contestación de demanda, en virtud del cual invoca la culpa de un tercero por quien no debe responder en la producción del daño (en el caso, la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, en tanto habría colocado transformadores de energía eléctrica en un inmueble de su propiedad, originando así el incendio que ocasionara los daños reclamados por los actores) [cfr. fs. 133 vta. y 135].
Tal planteamiento de la accionada debe ser desestimado de plano, en tanto la circunstancia invocada en su defensa carece de respaldo probatorio alguno en las presentes actuaciones.
Repárese que tal como lo anticipara supra [v. punto 3, apartado “c”], de las constancias de la causa surge que –a diferencia de lo alegado por la Municipalidad demandada- ha quedado descartado en el sub lite que el origen del foco ígneo se hubiera debido a una sobrecarga de tensión o cortocircuito en el tendido de energía eléctrica. Así lo dictaminó el Perito en Incendio en su informe de fs. 184/186, explicando –para sostenerlo- que no había encontrado rastros o signos de ello en el lugar de los hechos [v. fs. 186]. Entonces, al incumbir a la accionada la carga de demostrar el acaecimiento del hecho impeditivo de la responsabilidad que alegó en su defensa (argto. arts. 77 del C.P.C.A. y 375 C.P.C.C.; cfr. doct. esta Cámara causa C-4392- MP1 “Buceta”, sent. del 20-III-2014), corresponde desechar – sin más- el planteo en estudio por ausencia de respaldo probatorio.
5. Zanjado el tópico antecedente, me abocaré -en lo que sigue- a analizar si corresponde reconocer a los demandantes los rubros indemnizatorios peticionados y, en su caso, su cuantificación.
En su libelo inicial, los actores solicitaron que se condene al Municipio demandado a resarcir el valor de la vivienda siniestrada [v. apartado primero, fs. 109 vta.]; el de los mobiliarios, efectos, electrodomésticos y demás bienes habidos en su interior [v. apartado segundo, fs. 110/111]; un monto que los indemnice por haberse visto privados de usar el referido bien [v. apartado tercero, fs. 111]; y el daño moral [v. apartado cuarto, fs. 111 y vta.] ocasionados por el hecho ilícito que motivara el inicio de estas actuaciones.
i. Respecto del primero de los rubros mencionados, los coactores Pizarro y Feldman pretenden que se les reconozca el valor de la vivienda perdida, teniendo en cuenta para su estimación la sumatoria del costo de adquisición de dicha propiedad conforme factura emitida por la Empresa Rizzo Construcciones Industriales ($ 45.240,00), de los materiales adquiridos para instalarla y acondicionarla ($ 23.669,00), de los gastos de transporte del hormigón necesario para su instalación ($ 4.345,00), del importe abonado al constructor a cargo del hormigón y de la pintura ($ 30.150,00) y de lo abonado para la realización de las perforaciones en el terreno ($ 9.195,00), lo que arroja un monto total de pesos ciento doce mil quinientos noventa y nueve ($ 112.599,00) [v. fs. 109 vta./110].
El ítem en estudio –junto con el que se analizará en el apartado siguiente- abarca el daño emergente por la pérdida de su propiedad, rubro éste que consiste en la privación o destrucción de bienes existentes en el patrimonio del acreedor al momento del evento dañoso o bien en los gastos efectivamente realizados en razón de dicho suceso (cfr. doct. S.C.B.A. en la causa Ac. 79632 “Duvi S.R.L.”, sent. del 19- II-2002 y C. 93.166 “M. , O. A.”, sent. de 07-X-2009, voto de la Dra. Kogan; Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial Dolores in re “Gutiérrez”, sent. de 11-11-2008; esta Cámara, causas C-1871-MP1 “El Rápido S.A.”, sent. del 23-IX-2010 y C-4116-BB1 “Fonseca”, citada).
Tras cotejar detenidamente las constancias de autos, observo que del informe de incendio N° 28 obrante a fs. 320/324, de la ampliación a dicho informe efectuada por la Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta a fs. 319 y del dictamen del perito en incendio [v. fs. 337/347] surge que la propiedad de los actores, consistente en una vivienda industrializada Modelo 2044-2 provista por la empresa Rizzo Construcciones Industrializadas S.R.L., sita en la calle 10 N° 76 de la localidad de Pehuen-Có, fue afectada en su totalidad por el incendio que tuvo lugar el día 13-11-2008, habiéndose destruido completamente todas sus dependencias, las que consistían en dos baños, dos dormitorios, cocina y comedor [v. contrato de compraventa N° 0214, fs. 51, fs. 656 y fotografías de fs. 320/322].
Ahora bien, entrañando el daño emergente un menoscabo que se experimenta en el patrimonio (privación o egreso de valores patrimoniales), no estimo aconsejable aceptar como válido el monto de tasación indicado en el punto 3 inciso “a” del informe pericial del Martillero y Corredor Público Nacional Miguel Ángel Amigo obrante a fs. 414/415, en tanto se refiere al valor de plaza de una vivienda industrializada del tipo de la adquirida por los actores (no standard) pero vigente a la fecha de la elaboración de su dictamen (esto es, al mes de mayo del 2012) (argto. doct. esta Alzada causa C- 2794-BB1 “Fornasar”, sent. del 12-IV-2012), siendo más atinado mensurar el rubro teniendo en cuenta el momento más cercano al ilícito y del que se posean datos incontrastables, esto es, en el caso, la fecha de compra de la vivienda, ello por cuanto la finalidad del resarcimiento es, en la medida de lo posible, la de borrar el daño, restableciendo el estado patrimonial del damnificado a la situación anterior al hecho perjudicial.
En tales condiciones, habré de tener en cuenta lo dictaminado –a renglón seguido- por el perito aludido, quien afirmó que los importes de compra de la vivienda adquirida y de lo pagado por materiales y mano de obra que emergen de las facturas y demás documentación acompañada por los actores, resultan razonables y normales para los valores que existían en plaza a esa fecha (año 2007), a excepción de la suma abonada por los trabajos de perforación, cuyo valor resultaría inferior al consignado en el escrito inicial para dicho concepto [v. punto 3, inc. “b”, fs. 414 vta.]. De conformidad con lo expuesto, lo normado por el art. 165 del C.P.C.C. y las reglas de la sana crítica (arg. art. 384 del C.P.C.C.), estimo prudente y razonable reconocer a las víctimas una indemnización de PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 109.400,00) (art. 1083 del C.P.C.C.).
ii. En cuanto al mobiliario, efectos, electrodomésticos y demás enseres que se encontraban en la vivienda incendiada, los accionantes peticionan una suma total de pesos treinta y un mil sesenta y tres con sesenta ($ 31.063,60), resultante del detalle obrante a fs. 110/111 del escrito de inicio. Teniendo en cuenta lo expuesto por el Perito Martillero y Corredor Público Nacional a fs. 414 vta., al afirmar que “...en Mobiliario los valores son razonables a ese momento; Ropa de cama y colchones: precio acordes a esa época; Artículos del Hogar detallados a fojas 110 vuelta: acordes a los de plaza a la fecha de facturación en los locales donde fueron comprados; Libros científicos y otros generales: se carece de títulos y editoriales para su tasación...”, corresponde fijar la cuantía del rubro analizado en la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL ($ 29.000,00) (argto. arts. 165 y 384 del C.P.C.C.).
iii. En cuanto al rubro privación de uso, los actores reclaman una suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000,00), teniendo en cuenta el valor locativo de una propiedad equivalente a la suya, por el mes de enero y los fines de semana, desde el año 2008 al 2010 [v. fs. 111].
Empero, la actividad probatoria desplegada en la causa no permite tener por acreditado que los actores hubieran incurrido en gasto locativo alguno a los efectos de satisfacer sus necesidades vacacionales o de esparcimiento (argto. C.S.J.N. in re B. 279. XXI. “Bernardo Ciddio, Juan c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”, sent. del 02-07-1993; F. 276. XXI “Fernández Badie, Julio Alberto c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”, sent. del 28-07-1994). Por el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa, ámbito en el que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia -siendo admisibles todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras ésta no los excluya expresamente-, incumbía ineludiblemente a los accionantes la carga de demostrar la realidad de la situación de que hicieran mérito para respaldar su petición (argto. doct. S.C.B.A. causas B. 58.926 “Bintana”, sent. del 29-X-2003; B. 60.964 “Armengot”, sent. del 23-V-2007; esta Cámara causas C-2730-BB1 “Montanaro”, sent. de 12-IV-2012; C-5026-MP1 “Hansen”, sent. del 21-VIII- 2014), imperativo al que han faltado en autos.
iv. Resta tratar, entonces, lo que atañe al rubro daño moral respecto del cual los accionantes al demandar reclaman una suma no inferior a pesos veinte mil ($ 20.000,00) [v. fs. 111 y vta.].
Cabe recordar que el daño moral consiste en la privación o merma de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre como son la paz, la libertad, la tranquilidad, el honor y los más sagrados afectos (cfr. doct. S.C.B.A. en la causa B. 57.531 “Sffaeir”, sent. del 16-II-1999). Tal rubro indemnizatorio tiende a resarcir el detrimento o lesión en los sentimientos y en las íntimas afecciones de una persona, teniendo lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellas o, en general, cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica. Se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las preocupaciones tolerables (cfr. doct. esta Cámara causa C-2387-MP2 “Castellanos”, sent. de 7-VI-2011, entre otras). Desde este mirador, tengo para mí que el amargo episodio que tuvieron que soportar los coactores Pizarro y Feldman en su vivienda destinada al descanso y veraneo en virtud del incendio ocurrido en el mes de noviembre del año 2008 y a raíz del cual ésta quedara totalmente destruida e inutilizable, resultó apto para ocasionarles un quebranto en su tranquilidad que visiblemente sobrepasa la cota de lo tolerable. Por ello, y sin desconocer la vertiente doctrinal que proclama, aceptablemente, la improcedencia como regla de una prueba in re ipsa del daño moral (doct. S.C.B.A. causa C. 102.151 “Fernández”, sent. de 12-VIII-2009), no puedo sino tenerlo por configurado en la especie.
Partiendo de lo anterior, cabe ahora resaltar que la suma que en concepto de daño moral se determine no se encuentra sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación de las repercusiones negativas del suceso, encontrándose de tal modo supeditado su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante (arg. doct. S.C.B.A. causas B. 56.525 “M., A.”, sent. de 13-II-2008; B. 51.992 “P., A.”, sent. del 7-V-2008; B. 51.148 “C., H. L.”, sent. de 18-VI- 2008).
Por no ser susceptible de apreciación económica, solo debe buscarse una relativa satisfacción del damnificado, proporcionándole una suma de dinero justa que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida (doct. C.S.J.N. Fallos 323:1779), pues no puede perderse de vista que la indemnización por agravio moral no es punitiva sino resarcitoria, debiendo por ello atenderse a la relación de causalidad más que a la culpabilidad (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.751 “G., Y”, sent. de 18-VII-2007; arg. doct. esta Cámara causa C-1624-DO1 “Ferrari”, sent. del 13-IV- 2010).
Con la mirada puesta en tales parámetros interpretativos, ponderando la totalidad de las circunstancias del caso, la gravedad y la índole de los padecimientos causados por el hecho lesivo, la prolongación temporal de los efectos del daño, entre otros elementos, juzgo de toda razonabilidad, prudencia y mesura fijar –en concepto de daño moral- la suma de pesos DIEZ MIL ($ 10.000,00) para cada uno de los accionantes (arg. arts. 163 y 165 del C.P.C.C.; arts. 50, 77 y ccds. del C.P.C.A.).
v. Finalmente, debo señalar que, por fuera de la procedencia o improcedencia de la pretensión indexatoria efectuada por los actores en el último párrafo de su memorial de agravios [v. fs. 763 vta.], al no haber formado parte dicho planteo de la traba de la litis, su introducción en esta instancia constituye el fruto de una reflexión tardía, inhábil de ser abordado en el marco de esta apelación (doct. C.S.J.N. Fallos 306:111; 307:770; 311:2247; 321:1052; doct. S.C.B.A. causa C. 91.581, sent. de 27-II-2008; arg. doct. esta Cámara en causa C-3598-BB0 “Selvarolo Arcuri”, sent. del 1-VIII-2013).
III. Por las razones expuestas, entiendo que debería acogerse el recurso de apelación articulado por la parte actora a fs. 758/764, revocarse el fallo impugnado [v. fs. 749/754] y, en consecuencia, hacerse lugar parcialmente a la demanda impetrada por Rita Feldman y Oscar Alfredo Pizarro contra la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales. Por consiguiente, y los fundamentos esbozados en el punto 4, apartados i, ii y iv, propongo que se condene a accionada a abonar a los actores en concepto de “daño emergente” (comprensivo de lo reclamado por la vivienda perdida y por mobiliario, efectos, electrodomésticos y demás enseres abrasados) la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 138.400,00) y por el rubro “daño moral” la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) para cada uno de los actores. A las sumas determinadas se le deberían adicionar intereses a calcularse desde el día 13-11-2008 y hasta su efectivo pago, liquidados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días vigente en los distintos períodos de aplicación (S.C.B.A. causa B. 58.220 “Butti”, sent. del 27- XII-2006 y argto. doct. esta Cámara causas C- 1608-DO1 “Galeano”, sent. del 4-III-2010; C-1394-MP2 “Blanco”, sent. del 30-III-2010 y C-4028-DO1 “Lloret”, sent. del 17-XII-2013).
El importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, debería abonarse dentro de los sesenta (60) días de quedar aquélla firme (art. 163 Const. Pcial.). Las costas de la instancia de grado deberían imponerse a la accionada por su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., t. según ley 14.437), mientras que las de Alzada deberían imponerse por su orden al no mediar contradicción.
Voto la cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la cuestión planteada por la afirmativa. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora (Sres. Rita Feldman y Oscar Alfredo Pizarro) a fs. 758/764, revocando la sentencia impugnada [v. fs. 749/754] y, en consecuencia, haciendo lugar parcialmente a la demanda impetrada, condenado a la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales a abonar a los accionantes en concepto de “daño emergente” (comprensivo de lo reclamado por la vivienda perdida y por mobiliario, efectos, electrodomésticos y demás enseres) la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 138.400,00) y por el rubro “daño moral” la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) para cada uno de ellos, con más sus intereses, liquidados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días vigente en los distintos períodos de aplicación, calculados desde el día 13-11-2008 y hasta el pago efectivo, dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique (art. 163 Const. Pcial.).
2. Las costas de la instancia de grado se imponen a la accionada por su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., t. según ley 14.437), mientras que las de Alzada se imponen por su orden al no mediar contradicción.
3. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos efectuados ante este Tribunal para su oportunidad (arts. 31 y 51 decreto ley 9804/77).
Regístrese y notifíquese por Secretaría, y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia