Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación intentado a fs. 40/43, revocando el fallo de grado de fs. 39/39 vta. y ordenar al juez interviniente brinde trámite al presente amparo corriendo el traslado de la demanda al Fiscal de Estado provincial, sin perjuicio de lo que sobre el fondo pueda resolverse en sentencia definitiva (art. 20.2 segundo párrafo, Const. pcial.; art. 2 inc. 1º ley 13.928, doct. cit.). Las costas de esta alzada se imponen por su orden al no mediar contradicción (arg. arts. 19 y 25 de la ley 13.928 –t.o. ley 14.192-; arts. 68 y ccdtes. del C.P.C.C.)
2Difiérase la regulación por los trabajos llevados a cabo ante esta alzada para su oportunidad.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa A-4538-AZ0 “RIO SILVIO GASTON c. JUZGADO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIONES PROVINCIAL s. AMPARO” con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Sardo, Riccitelli y Mora y considerando los siguientes:
I. A fs. 39/39 vta. el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de Tandil, Depto. Jdcial. de Azul, dictó sentencia y rechazó in limine litis la acción de amparo articulada a fs. 35/38 imponiendo las costas al presentante.
II. En tiempo y forma [cfr. fecha de sentencia y cargo de fs. 43 vta.] el actor articula recurso de apelación fundado contra el pronunciamiento de grado [cfr. fs. 40/43 vta.], el que fue concedido por el magistrado interviniente a fs. 44, elevándose los autos sin más a esta Alzada, donde fueron recibidos según constancia de fs. 44 in fine.
III. Los autos fueron puestos al Acuerdo para Sentencia –providencia que se encuentra firme- [v. fs. 45].
IV. Asumiendo el señor Juez doctor Riccitelli el primer lugar en la votación de acuerdo a constancia de la foja precedente, corresponde plantear la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Silvio Gastón Río promovió la presente acción de amparo contra el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial con asiento en Dolores a cargo de la doctora Claudia Rossi.
Persigue mediante la presente acción constitucional que se ordene a la mentada funcionaria a decretar la nulidad de la infracción de tránsito N° 01-999-01104787-2 ya que ella no posee sanción alguna y a que restituya la licencia de conducir del amparista, con la correspondiente conclusión de las actuaciones y su pertinente archivo, mediante resolución debidamente comunicada.
Luego de efectuar un relato de las circunstancias en las cuales se le labrara el acta de infracción y el supuesto diálogo mantenido con los agentes policiales que participaron del evento -a quienes le ha iniciado una denuncia por tentativa de extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos-, pone en conocimiento que se presentó espontáneamente ante el Juzgado Administrativo demandado, en el cual únicamente le dejan entregar una copia de la denuncia penal [acompaña copia de su recepción a fs. 7/9], no le devuelvan la licencia de conducir ni le permiten formular descargo correspondiente por cuanto - según le informan- la citación para audiencia de descargo se realiza por sistema.
Rememora que el 10-07-2013, antes de vencer el plazo que otorga el art. 38 de la ley de tránsito para circular con la infracción, se presenta con un escrito [obra copia recepcionada a fs. 12] ante el Juzgado demandado con el fin de solicitar una audiencia para realizar el pertinente descargo, ante el cual se le informa que oportunamente se lo iba a notificar por sistema para que practique su defensa. Ya al 3-09-2013 se le envía una carta documento al referido Juzgado Administrativo intimándolo para que en plazo de 48 hs. se le tenga por presentado el descargo que en esa misma misiva efectúa -ya que se han vencido todos los plazos previstos por la ley para su citación-, se anule el acta de infracción y se le entregue la licencia de conductor [constancia a fs. 14].
Afirmando que hasta el momento de articular esta acción [26-09-2013, según constancia de fs. 38 vta.] el Juzgado Administrativo demandado no había dado una respuesta, dejándolo en total indefensión, justifica la vía del amparo argumentando: (i) que media omisión de la autoridad pública de citarlo para ejercer su derecho de defensa en tiempo y forma según lo exige la ley de tránsito aplicable; (ii) que esa omisión es ilegítima por cuanto es una velada coacción para que el ciudadano pague la multa antes de que se resuelva el procedimiento previsto en la ley; (iii) que en el contexto denunciado no existe otra acción judicial idónea para que se pueda lograr sortear la omisión del Juzgado Administrativo demandado; y (iv) necesitando la licencia de conducir para poder desarrollar su trabajo, la urgencia justifica el presente proceso.
Ofrece prueba, funda en derecho, solicita medida cautelar y peticiona el acogimiento del remedio constitucional articulado.
2. En una por demás sintética resolución, el juez interviniente rechaza in limine la acción. Luego de transcribir el art. 20 de la Constitución provincial y parcialmente el art. 2 de la ley 13.928, concluye que el objeto del presente proceso debe canalizarse "por la vía administrativa correspondiente que es la prevista en los arts. 32 y ss. Ley 13.927 que prevé incluso los eventuales recursos que pudieran oponerse contra la resolución del juzgado administrativo de infracciones de tránsito [art. 40 ley 13.927]". Con todo, juzga que "existiendo vía administrativa por la cual el actor puede canalizar su pretensión, el amparo debe ser rechazado".
3. El actor apela esbozando los siguientes agravios contra el pronunciamiento de grado, a saber:
(i) media una interpretación errónea del juzgador en cuanto al alcance que le da al art. 32 de la ley 13.927, por cuanto ese precepto refiere cuál es el órgano administrativo que debe resolver acerca de una infracción de tránsito, mas en el caso es ese mismo órgano el que ha sido demandado por cuanto "no ha dictado resolución dentro del plazo que estipula la ley citada art. 38, ni fue citado el presunto infractor para ejercer su derecho de defensa". Recuerda que han pasado más de 130 días desde la retención de la licencia de conducir y que hasta la fecha de su apelación aún no ha sido citado a practicar su descargo por el órgano administrativo al que remite el juez de grado como canalizador del procedimiento que estima ídoneo;
(ii) que tampoco cuenta con el remedio judicial previsto en el art. 40 de la ley 13.927 por cuanto tales pretensiones importan el dictado de un acto por parte del Juzgado Administrativo accionado, circunstancia que no ha acontecido en la especie, lo que justifica recurrir al amparo frente a la inexistencia de otra acción judicial habilitada; (iii) y, por último, el presente proceso es la vía idónea porque está sufriendo la retención de su licencia de conducir por una conducta que -aunque afirma no la cometiópara la ley nacional de tránsito no justifica la mentada retención.
Solicita la revocación del pronunciamiento de grado y se mande a tramitar la presente acción de amparo.
II. El recurso prospera.
1. Tal como ha quedado planteada la cuestión, corresponde determinar si resulta acertado el rechazo in limine que la magistrado de la instancia ha resuelto respecto de la acción de amparo articulada por el accionante, o si - por el contrario-, asiste razón al recurrente cuando sostiene que el proceso constitucional elegido es el idóneo para tutelar la invocada vulneración de sus derechos.
No puedo pasar por alto que a la hora de interponer la acción y por fuera del meticuloso detalle de los sucesos que la llevaran a demandar, el accionante justificó la procedencia de la presente acción por no contar, frente a la omisión del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial con asiento en Dolores, con otros medios judiciales idóneos para articular lo que constituye el objeto de su pretensión: esto es, obtener de la dependencia administrativa demandada la actuación pertinente en el marco del procedimiento reglado por la ley de tránsito provincial. Y es esa escueta argumentación la que no puede pasarse por alto a la hora de examinar la presencia o no del recaudo de admisibilidad previsto tanto en el art. 20 de la Constitución provincial como en el art. 2 de la ley 13.928 t.o. ley 14.192.
2. Desde los inicios de la labor de esta Alzada [y con cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re S.2508.XL. “Sandez, Lidia Ana c/Estado Nacional – ANSeS”, sent. de 11-12-2007 –del Dictamen de la Procuración General-], se ha recordado que la exclusión del amparo por la existencia de otros recursos judiciales no puede fundarse ni en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ni en una mera ordenación o resguardo de competencias (cfr. esta Cámara causa A-511-MP0 “Guacars S.A.”, sent. de 3-VI-2008).
Por ello, sin olvidar que es carga procesal ineludible del accionante precisar en su escrito postulatorio y luego probar la inexistencia de otras vías judiciales idóneas para atender y remediar el derecho constitucional que se dice conculcado (cfr. doct. esta Cámara causas A-581-MP0 “Asociación Civil de Jubilados y Pensionados”, sent. del 12- VI-2008; A-1298-MP0 “Kohnen”, sent. del 19-III-2009; A-1305- MP0 “Machi”, sent. del 23-IV-2009; A-1744-BB0 “Munafó”, sent. de 30-III-2010; A-2078-BBO Polak”, sent. de 23-IX-2010; A- 2343-MP0 “Sánchez Escudero”, sent. de 15-II-2011, entre muchas otras), también es cierto que los jueces, al practicar el examen de admisibilidad de la acción de amparo deben evaluar con precisión las circunstancias y peculiaridades fácticas y argumentativas que se les presentan en la causa para, con ellas en mira, descartar un rechazo in limine de la acción constitucional si el tránsito por otras vías procesales ordinarias luce dudoso, opinable, ritualmente inviable o -en suma- frustratorio de la tutela judicial continua y efectiva consagrada por el art. 15 de la Carta Magna local [conf. doct. esta Cámara causa A-3050-MP0 “Hector Raul Saleres - Carlos Martin Fioriti (En representación de “El Rápido del Sud S.A.)”, sent. de 12-I-2012].
En mi opinión, las particularidades de la pretensión que porta el presente amparo me impulsan a disminuir la exigencia de cumplimiento de la carga procesal que pesaba sobre el amparista y a examinar la admisibilidad del amparo desde la segunda perspectiva, considerando especialmente la dificultad de hallar vías judiciales alternativas que, sin matices, desplacen al remedio constitucional intentado. Veamos.
3. No debe perderse de vista -lo que fue descuidado por el juez de grado- que estamos frente a un remedio constitucional articulado con sustento en la denuncia de omisión de actuación de una dependencia del Estado provincial que se encuentra compelida a ejercer sus cometidos de conformidad con el procedimiento reglado por la ley 13.927 y su Decreto reglamentario N° 532/2009, por lo que mal cabría fijar como remedio idóneo alguno de los recursos previstos en el art. 40 del mentado ordenamiento que supone -a no dudarlode una efectiva resolución del Juez administrativo ausente en el caso.
A partir de allí y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas relatadas por el amparista, es claro que nos encontramos ante un procedimiento administrativo por infracción de tránsito abierto aunque no impulsado por la dependencia obligada a ello ni, menos aún, resuelto. Para más, aunque de Perogrullo, el organismo accionado es una dependencia administrativa, ya que "en lo referente a su estructura orgánica funcional, régimen de personal, y administración contable, se regirá[] por las normas que rigen para la Administración Pública Provincial" [art. 22 in fine, Anexo II, Título IV del Decreto N° 532/2009], por fuera del nomen iuris al que recurre la ley para identificarla ["Juzgado Administrativo"].
Y si bien lo anterior no ofrece dudas, ni la ley 13.927 ni su decreto reglamentario determinan con precisión el régimen normativo aplicable para supuestos de parálisis, retardo y/o nula actuación de estas particulares dependencias provinciales, más cuando otros aspectos controvertidos de la regulación del tránsito provincial deja entrampados a los ciudadanos ante procedimientos de faltas inconclusos [cfr. descripción formulada por esta Cámara en la causa C-3357-DO1 "Brown", sent. de 4-IX-2012].
Cierto es que el art. 49 de la ley 13.927 -t.o. ley 14.393- reza que "el presente régimen se complementará con las disposiciones del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto Actualizado); modificatorias y complementarias". Empero, la escueta redacción del precepto no permite, a simple vista, afirmar si la supletoriedad allí prevista se contempla exclusivamente para reforzar aquello reglado en los arts. 35 inciso b), 35 bis y 40 -segundo párrafo- de la ley 13.927 - t.o. ley 14.393- o si traspasa esos módicos contornos. Y aunque uno pudiera inclinarse por el segundo supuesto, mal podría convalidarse que por conducto de la supletoriedad allí reglada resulte aplicable la supletoriedad estatuida por el art. 4° del Código Fiscal -t.o. Resolución M.E. N° 39/11-. Tal deficiente técnica legislativa conlleva un galimatías para el justiciable quien, frente a situaciones como las denunciadas en el presente amparo, debe verificar si su caso encuentra remedio primero, en el Código Fiscal y luego frente a una respuesta negativa, examinar tanto la Ley de Procedimientos Administrativos, el Código Procesal en lo Contencioso Administrativo, el Código Procesal en lo Civil y Comercial y el rito penal para determinar cuál podría ser la vía judicial idónea para sortear el estado de indefensión al que queda sometido el presunto infractor frente a la desidia competencial de los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provinciales.
Frente a semejante panorama de indefinición, cualquier valoración que practique el justiciable en torno a la idoneidad o inidoneidad del amparo para este universo de casos o respecto del viable o inviable tránsito por otras vías procesales ordinarias, estará signada casi siempre por lo dudoso u opinable. Y esa sola circunstancia torna altamente aconsejable, en pos de resguardar la tutela judicial continua y efectiva consagrada por el art. 15 de la Carta Magna local y de evitar incurrir en ritualismo censurable, validar la acción de amparo como idónea para conjurar potenciales omisiones ilegítimas y/o arbitrarias en el trámite que -según la ley 13.927 y su Decreto reglamentario- deben llevar a cabo los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provinciales.
III. Como corolario de lo expuesto, he de proponer al Acuerdo acoger el recurso de apelación intentado a fs. 40/43, revocando el fallo de grado de fs. 39/39 vta. y ordenar al juez interviniente brinde trámite al presente amparo corriendo el traslado de la demanda al Fiscal de Estado provincial, sin perjuicio de lo que sobre el fondo pueda resolverse en sentencia definitiva (art. 20.2 segundo párrafo, Const. pcial.; art. 2 inc. 1º ley 13.928, doct. cit.). Las costas de esta alzada se deberían imponer por su orden al no mediar contradicción (arg. arts. 19 y 25 de la ley 13.928 –t.o. ley 14.192-; arts. 68 y ccdtes. del C.P.C.C.).
A la cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa. El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada por la afirmativa.
La doctora Sardo no suscribe la presente sentencia por haber presentado su renuncia al cargo, efectiva al 1-02-2014. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger el recurso de apelación intentado a fs. 40/43, revocando el fallo de grado de fs. 39/39 vta. y ordenar al juez interviniente brinde trámite al presente amparo corriendo el traslado de la demanda al Fiscal de Estado provincial, sin perjuicio de lo que sobre el fondo pueda resolverse en sentencia definitiva (art. 20.2 segundo párrafo, Const. pcial.; art. 2 inc. 1º ley 13.928, doct. cit.). Las costas de esta alzada se imponen por su orden al no mediar contradicción (arg. arts. 19 y 25 de la ley 13.928 –t.o. ley 14.192-; arts. 68 y ccdtes. del C.P.C.C.)
2. Difiérase la regulación por los trabajos llevados a cabo ante esta alzada para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría para que proceda de conformidad con lo que aquí se resuelve. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia