Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 5430
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar en su totalidad la sentencia de grado de fs. 158/166 -con la respectiva regulación de honorarios de fs. 167- y acoger la pretensión que da origen al pleito. En consecuencia, propongo condenar a O.S.S.E. para que dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la presente sentencia: (i) restituya el sistema de facturación por consumo medido a la cuenta 12943/000 -correspondiente al inmueble servido sito en Bernardo de Irigoyen 3074, Identificación catastral 1-E-131A- 17A-00, propiedad de los accionantes, con la consecuente devolución del caudalímetro obrante en la parcela, de haberse procedido a su ilegítimo retiro; (ii) reembolse a los usuarios un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo abonado por ellos desde el período de facturación 5/2010 y hasta la última liquidación – que por el régimen de cuota fija- O.S.S.E. les practique por el servicio [en tanto hayan sido canceladas], con más los intereses moratorios a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, que correrán a partir del día siguiente a la fecha que los accionantes abonaron cada factura y hasta su efectivo pago, conforme liquidación a practicarse oportunamente por la parte accionante y (iii) abone a los actores, en conjunto, la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) en concepto de daño punitivo [art. 52 bis, Ley 24.240, t.o. Ley 26.361]. …
En la ciudad de Mar del Plata, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C- 5430-MP2 “ALLEGRO JORGELINA Y OTRO/A c. OBRAS SANITARIAS S.E. s. MATERIA A CATEGORIZAR – OTROS JUICIOS” con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia y rechazó la demanda interpuesta por Jorgelina Allegro y Diego Julián Vespa contra Obras Sanitarias Sociedad de Estado. Impuso las costas del proceso a la parte accionante y practicó regulación de honorarios.
II. Notificada de dicho pronunciamiento con fecha 1-09- 2014 (v. cédula obrante a fs. 172), la parte actora dedujo (con fecha 03-09-2014) recurso de apelación (v. fs. 170), remedio que fue concedido por el a quo a fs. 173.
III. Notificada personalmente la parte actora de la concesión del remedio con fecha 09-09-2014 [v. constancia de fs. 173 vta.], procedió a fundarlo mediante presentación de fs. 174/190 [cargo inserto a las 11:05 hs. del día 12-09- 2014].
A fs. 191 el a quo tuvo por fundado temporáneamente el remedio y ordenó traslado a la contraria quien, notificada mediante cédula de fecha 22-09-2014 [v. fs. 192], efectivizó su réplica a fs. 193/199.
IV. A fs. 171 la parte actora interpuso [con fecha 3- 09-2014] remedio de apelación en los términos del art. 57 del Dto. ley 8904/77 por considerar altos los estipendios profesionales regulados a favor de la letrada apoderada de la firma OSSE.
El citado recurso fue concedido por el a quo a fs. 173.
V. Habiendo tomado intervención el Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 52 de la Ley N° 24.240 y 27 de la ley n° 13.133, se dispuso la elevación de las actuaciones a esta alzada [ver fs. 207] VI. Recibidos los autos por este Tribunal (v. fs. 208 in fine) y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia (cfr. fs. 209), corresponde votar las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 170 y fundado a fs. 174/190?
En caso afirmativo, 2. ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 171 por la parte actora en los términos del art. 57 del Dto. ley 8904/77 por considerar altos los honorarios regulados a favor de la Dra. Raquel Pioletti –letrada apoderada de OSSE- mediante auto de fs. 167?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El a quo dictó sentencia, rechazando la demanda – acción sumaria promovida en los términos de la Ley N° 24.240- interpuesta por la Dra. Jorgelina Allegro y el Sr. Diego Julian Vespa contra Obras Sanitarias Sociedad de Estado en la que se procura obtener un mandato jurisdiccional que ordene a la prestataria del servicio público disponer la facturación del servicio de provisión de agua correspondiente a la cuenta n° 12.943 [inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen N° 3074] bajo el sistema de “consumo medido efectivo”. Para así decidir fijó –en un primer segmento de análisis- las circunstancias que surgían indubitadas. A saber: (i) que los actores habían adquirido el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen N° 3074 de Mar del Plata en el mes de agosto de 2002; (ii) desde el año 1964 y hasta la adquisición por los actores, el inmueble era explotado bajo el rubro “hotel”, y que a partir de 1974 el servicio de agua era suministrado bajo el sistema de “consumo medido”; (iii) que aún después de la adquisición del bien por los actores y hasta el año 2010 el inmueble continuó siendo servido como categoría “C”, sistema de consumo medido, liquidación mensual; (iv) que a partir del período 5/2010 el servicio pasó a ser facturado bajo el sistema de “tarifa fija”; (v) que el Reglamento del Servicio Sanitario establece cuatro categorías diversas de usuarios del servicio.
Bajo tal plataforma de análisis, expuso que en atención a la explotación hotelera que el inmueble venía efectuando – hasta la adquisición del bien de los actores- la categoría de usuario que se predicaba era la correspondiente a la “C” [uso de agua para fines comerciales], agregando que fue a partir de la compra del bien por los actores [agosto de 2002] que el inmueble pasó de un uso comercial a otro destinado a vivienda familiar, correspondiéndole por ende la categoría “A”. Precisado ello, sostuvo que el marco regulatorio del servicio establece que los servicios correspondientes a las categorías “B”, “C” y “D” serán liquidados bajo un sistema único de facturación identificado como “sistema medido”. Por fuera de ello -ahondó- el mentado marco reglamentario establece en su art. 34 que los servicios correspondientes a la categoría “A” -vivienda familiar- serán liquidados -como regla- bajo el sistema de “cuota fija”, salvo aquellos casos en que la autoridad hubiera dispuesto incorporarlo al sistema de facturación por consumo medido.
Siendo ello así, el a quo concluyó que si bien el servicio de agua había sido liquidado a los actores bajo el sistema de “cuota fija” hasta el año 2010, ello lo había sido en razón de haberse mantenido [a pesar del cambio de destino de hotel a vivienda familiar en el año 2002] impropiamente categorizado como “C”.
Por ello, al haber recategorizado OSSE a los usuarios de la cuenta de servicio n° 12.943 como “Categoría A”, el juez juzgó apropiada la aplicación de la regla contenida en el art. 34 del reglamento del servicio, que autoriza a liquidar el consumo del fluido mediante el sistema de liquidación por cuota fija. En su visión, mal puede pretender la actora, quien omitió cumplir con el deber que le imponía el art. 27 del marco regulatorio de denunciar el cambio de destino del inmueble -de uso comercial a vivienda familiar-, postular que corresponde que se le siga manteniendo el sistema de facturación por consumo medido pues si ello ocurrió lo fue por hallarse impropiamente categorizado el inmueble [que adquirieran en el año 2002] como categoría “C”. Descartada entonces la existencia de una inapropiada aplicación del marco regulatorio por parte de OSSE, se adentró a examinar los restantes argumentos vertidos por los accionantes, de los que se desprende que la aplicación del sistema de tarifa o cuota fija importa la directa afectación de los derechos constitucionales de consumo, de propiedad, de igualdad y de razonabilidad.
Con relación a los derechos de los consumidores que se denuncian conculcados [intereses económicos, derecho a la información y trato equitativo y digno] expuso que los accionantes denunciaban una supuesta desproporción [lesiva de la garantía de propiedad] mas sin haber producido prueba alguna que permita tenerla por demostrada. Así, la única constancia de autos, aunque permite tener por cierto que el último mes de consumo medido se abonaron $ 106,51 -esto es, 213,02 bimestrales- y que a partir de la facturación bajo el sistema de cuota fija –bimestral- se pasó a abonar $432,76, resulta insuficiente para tener por comprobada la lesión denunciada.
Y si bien no soslayó que de tales documentos se desprendía que la tarifa se había duplicado, descartó que esa única situación patentizara la afectación de la garantía de propiedad en tanto existían toda una serie de circunstancias a ponderar tales como que: (i) se trata de un servicio esencial que se presta en todo el ejido urbano local; (ii) la prestadora es una empresa estatal y no un privado; (iii) la tarifa fijada por el Depto. Deliberativo local presenta matices que exceden la mera relación entre el costo del servicio y el consumo; (iv) el marco reglamentario establece una razonable distinción según los usos que se le asigne al fluido vital –actividad doméstica, actividad comercial y actividad industrial- y; (v) la vigencia de criterios de solidaridad que impone que aquellos sectores de la ciudad que gozan de una mejor situación -tal como aquél en que se enclava el inmueble de los actores- soporten cargas económicas mayores a aquellos sectores más relegados. Por otro lado, descartó que la aplicación del sistema de tarifa fija violentara el derecho de información de los actores pues mal podría exigírsele al prestador brindar información al consumidor acerca de cuál es el consumo periódico cuando, es justamente la ausencia del sistema medido lo que exime a OSSE de aportar tales datos. A todo evento –agregó- tampoco se ha producido elemento probatorio alguno que permita avizorar la lesión denunciada.
Finalmente, también desestimó que la aplicación del sistema de cargo fijo hubiera importado para los actores una lesión del derecho a recibir un trato equitativo y digno. En lo atinente a la denunciada violación del derecho a la igualdad –y sin perjuicio de reprochar a los actores el carácter “exiguo” de los argumentos blandidos en la demandasostuvo que la circunstancia de que la reglamentación estableciera un sistema de facturación diverso según se trate de usos ordinarios –tal como lo definen los actores- o no ordinarios [comerciales, industriales, etc.] dista de presentar el defecto constitucional endilgado.
Por último, descartó que el sistema de tarifa fija [en el que no se pondera el consumo sino otras variables, tales como la capacidad de pago del usuario, la ubicación del inmueble, -entre otros-] resultara violatorio de la garantía de razonabilidad. En opinión del magistrado, solo una visión individualista puede llevar a los actores a renegar del trato tarifario que se les dispensa [en tanto propietarios de un inmueble con una decena de habitaciones y piscina] en comparación con otros bienes raíces ubicados en las afueras o barrios periféricos. En suma, estimó que la distinción establecida por la reglamentación resultaba razonable en los términos del art. 28 de la C.N.
2. La parte accionante funda su remedio de apelación a fs. 174/190 estructurando los siguientes grupos de agravios. a. Primeramente, explican que la lectura que el inferior efectúa del art. 34 del marco reglamentario del servicio ha sido en detrimento del usuario y en favor exclusivo del prestador.
En sustento de su parecer, transcriben el citado art. 34 del reglamento y explican que, con independencia de cual fuera la categoría que se le hubiera asignado al inmueble, lo cierto es que resulta una obligación de OSSE mantener el sistema de facturación por servicio medido que venía aplicándose con relación a la cuenta n° 12.943 por ser tal el régimen que ya poseía el bien desde antaño y que se mantuvo aún después de que lo adquirieran en el año 2002 y hasta mediados del 2010.
Argumentan que el sistema de facturación por servicio medido "es mejor y más favorable a los intereses del consumidor y de la sociedad en general", siendo la tendencia actual la de contabilizar el consumo para -por un ladooptimizar el recurso y -por el otro- evitar situaciones de inequidad.
Por tales motivos, entienden que OSSE debió -a pesar de cambiar el destino del inmueble de categoría “C” a categoría “A”- mantener el sistema de facturación medido pues tal resulta, a la luz de las pautas hermenéuticas sentadas por el art. 42 de la Const. Nac. y 3 de la Ley N° 24.240, el sentido con que debe ser leído y aplicado el marco reglamentario y regulatorio del servicio [art. 52 del Decreto 878], por el que se propende como política la unificación de la facturación por servicio medido.
b. En segundo término, se duelen de la valoración que de su conducta efectúa el inferior. Es que -ahondan- mal puede postularse que hubieran omitido informar a OSSE, en los términos del art. 27 del reglamento- el cambio de destino del inmueble -de comercial a familiar- en el año 2002.
Por un lado, exponen que la escribana interviniente en la operación de compraventa del bien anotició del traspaso de titularidad y, por el otro, argumentan que es un dato cierto que OSSE mensualmente asistía al inmueble para constatar el consumo del medidor y esto sucedió hasta el año 2010, momento en que un "vecino resentido" le hiciera notar que se aplicaba la tarifa por consumo medido.
Así, consideran como un dato "relevante" que OSSE hubiera continuado liquidando el servicio bajo el sistema de consumo medido durante más de seis años, agregando que esa circunstancia generó la confianza de estar gozando ni más ni menos de un derecho que no es otro que el surge de toda relación de consumo y que es "pagar por el servicio que efectivamente se le brinda".
A todo evento, agregan que mal puede el a quo excusar a OSSE de su "error" pues en todo caso se ha generado por su propia negligencia y, finalmente, trae a colación el art. 31 de la Ley N° 24.240, desprendiendo de esa norma que "el servicio público domiciliario debe facturarse en relación a los consumos efectivamente realizados”.
c. Como tercer punto de su queja, aducen que el inferior omitió toda referencia acerca de un extremo por demás acreditado en la causa, del que se desprende la violación por parte de OSSE del derecho a la información que ampara el art. 42 de la Const. Nac.
Concretamente, postulan que además de haber omitido el prestador del servicio dar acabada respuesta a los cuestionamientos y planteos formulados mediante cartas documento -obrantes a fs. 52 y fs. 54-, se ha dispuesto el cambio abrupto del sistema de facturación lo que patentiza el destrato recibido por parte de la prestataria.
d. En estrecha relación con los agravios precedentes, estiman que el inferior hace caer sobre sus espaldas la carga de la prueba de hechos que, por aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, debió ser exigida a OSSE. Así, es evidente que OSSE se encuentra en mejores condiciones de acreditar -para poder así comparar con el sistema de tarifa por consumo medido- cuál resulta ser la cantidad de agua consumida durante el lapso que se facturó por el sistema de tarifa fija.
Además, basta con cotejar los montos liquidados aplicando el sistema de "consumo medido" con los facturados bajo el sistema de "tarifa fija" para patentizar la desproporción de este último. Pretender -como lo indica el fallo de grado- que se instalara un medidor interno o en su caso se practicara un peritaje para tener datos más precisos resulta "absurdo a todas luces" pues, reiteran, los principios que nutren el sistema de protección de los consumidores ponen en cabeza del prestador "acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado".
e. Ad eventum, exponen que aún cuando la Alzada mantuviera la interpretación que el inferior efectuara del reglamento del servicio, y se arribara a la conclusión de que la cuenta de servicio n° 12.943 debe ser facturada bajo el sistema de "tarifa fija", corresponde tachar por inconstitucional el sistema tarifario implementado por OSSE. Resaltan que han acreditado que el sistema de tarifa fija les genera un perjuicio económico que duplica el valor de lo entonces pagado por aplicación del sistema de consumo medido. Tal mayor costo -agregan- resulta expresamente reconocido por OSSE.
Asimismo reputan errado el criterio del inferior en cuanto justifica el mayor costo del sistema de tarifa fija so pretexto de subsidiar a aquellos sectores de menores recursos pues, en su caso particular, han demostrado que bajo el sistema de facturación por consumo abonaban $ 106,51 en el año 2010 y pasaron a pagar $ 432,76 por bimestre en ese mismo año y ya en el año 2013 $ 782,13 y con un incremento del 50% en la temporada estival "por poseer el inmueble pileta de natación"
Refieren que la ley de defensa de consumidores y usuarios no diferencia entre quienes tienen más o menos poder adquisitivo, de ahí que consideran "despectivo y resentido" el parecer del inferior en cuanto los califica como “individualistas” pues si el inmueble es de mayor o menor valor nada tiene que ver en el caso de autos donde lo que se discute es si se consume o no el recurso hídrico.
En suma, reputan inconstitucional el sistema de facturación por tarifa fija pues no respeta la relación de proporcionalidad entre lo que se consume y se paga. En apoyatura de su parecer, recuerdan que la propia accionada reconoce las bondades para el usuario del sistema de consumo medido y, con cita del art. 31 de la Ley N° 24.240, resaltan que en casos como el de autos en los que la facturación actual excede en más de 75% la efectuada con el sistema de consumo medido, cabe presumir que existe un error en lo facturado y que es la empresa -y no el consumidor- quien debe demostrar que los consumos fueron efectivamente realizados. También violenta el sistema de tarifa fija la garantía de igualdad en tanto ninguna razón existe para negar el uso del sistema de consumo medido a los inmuebles que tengan destino de uso familiar. En su opinión, la justicia del caso reclama que el servicio de agua sea abonado por quienes lo utilizan efectivamente y no por toda la comunidad indiscriminadamente y sin importar cuanto cada uno de ellos utiliza.
f. Finalizando su pedimento, los actores postulan que el destrato al que los ha sometido OSSE y el derecho que les asiste a que el servicio sea facturado bajo el sistema de consumo medido patentiza la procedencia del daño punitivo en los términos peticionados en el escrito liminar.
g. Por último, se alzan contra el segmento del fallo de grado que dispusiera imponerles las costas del pleito pues, han existido elementos objetivos -tales como que al adquirir el inmueble se aplicaba el sistema de consumo medido; que no han recibido respuestas de OSSE frente a las intimaciones cursadas; que el reglamento establece variantes interpretativas- que autorizan a postular la existencia de "razón fundada para litigar". Por tal motivo, y para el caso de no prosperar en su sustancia el remedio impetrado, solicitan que las costas de la instancia se impongan en el orden causado.
3. A fs. 193/199 la accionada materializa su réplica y, avalando en lo sustancial lo resuelto en el grado, postula el íntegro rechazo de los agravios vertidos por su contraria.
II. El remedio prospera.
1. Pondré especial foco en el primer agravio de los apelantes, el que a mi juicio, resulta decisivo para descalificar el fallo de grado.
a. Comparto la posición de los recurrentes en cuanto imputan al pronunciamiento una incorrecta lectura del marco normativo aplicable al caso. Juzgo, contrariamente, que son las mismas normas que invoca O.S.S.E. en su defensa, las que condenan con ilegitimidad el accionar aquí enjuiciado. Y para ello parto de la premisa que postula como misión de quien es llamado a interpretar el texto legal el deber de indagar su verdadero sentido y alcance, a través de un examen exhaustivo y atento tanto de sus letras y palabras (cfr. doct. C.S.J.N. in re A. 70. XLI “Astra Compañía Argentina de Petróleo c/ Y.P.F. s/ proceso de conocimiento”, sent. de 18-XI-2008) como de la voluntad de quien la emitió (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 57.993 “Cejas”, sent. de 27-IX-2006) [cfr. doct. esta Cámara causa C-4811-DO1 "Nápoli", sent. de 17-VI-2014], siendo menester –para ello- confrontar el precepto en cuestión con el ordenamiento jurídico en su integridad, garantizando así el juego armónico y razonado de las normas en el conjunto (argto. doct. S.C.B.A., causa B. 55.956 “Pérez Demarchi”, sent. del 17-V-2000; doct. esta Cámara causa C- 990-BB1 "De Monte", sent. de 28-IV-2010).
Así, la solución al presente caso demanda recurrir a la metodología de interpretación integral [cfr. doct. esta Cámara causas G-1188-MP1 “Tambella”, sent. de 6-XI-2011; C- 2725-AZ1 “Davila”, sent. de 20-III-2012], pues de tal modo se arriba a un resultado que concilia adecuadamente el ordenamiento jurídico examinado y los principios y garantías de raigambre constitucional imbricados [cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 311:255; 305:538].
A tal hermenéutica me abocaré en el punto siguiente. b. Pondré especial acento en la Ordenanza 11.847 - Reglamento General del Servicio Sanitario para Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado-, estatuto que con las modificaciones introducidas por las Ordenanzas 12.189, 13.029, 14.541, 16.431, 17.244, 18.298, 18.440, 18.458, 19.062 y 19.649, regía la cuestión aquí tratada al momento en que la accionada llevó a cabo la modificación del régimen de facturación por el servicio prestado al inmueble de los actores.
El marco regulatorio examinado, en lo que atañe a la cuestión traída ante esta alzada, brinda los siguientes parámetros, a saber:
(i) Cada inmueble servido -ver definición en art. 2 inciso e)- resulta categorizado por el servicio recibido "según el uso del agua" [art. 30 primer párrafo]. Así, se contemplan cuatro categorías, entre la "A" y la "D", fijándose que si la propiedad pudiera considerarse en más de una categoría, será encuadrada "según el uso principal" [art. 30 in fine];
(ii) En cuanto al régimen de facturación, rige la obligatoriedad del sistema medido -con medidor, contador o caudalímetro, según definición del art. 2 inciso n)- para aquellos inmuebles servidos categorizados como "B", "C" y "D" [art. 32, primera parte].
(iii) Para la categoría "A", se delega en O.S.S.E. la determinación del sistema de facturación [art. 32 in fine], aunque serán liquidados por el sistema de cuota fija, mientras no se hallen incorporados al sistema de facturación por consumo medido [art. 34]. Así, habrá inmuebles categorizados como "A" con sistema de facturación por cuota fija aunque también los habrá bajo el régimen de consumo medido [arts. 41, con tarifa por metro cúbico de agua establecida en el art. 47 y con el consumo libre de 30 metros cúbicos garantizado en el art. 46, último párrafo; ver también Resolución O.S.S.E. n° 565/2000, para las remesas N° 250 y 265 correspondientes a Batán y Estación Chapadmalal]. Para más, podrán verificarse bienes servidos categoría "A" a los cuales la facturación se les practica por el método especial reglado por la Ordenanza 13.968 -si así hubiesen optado, en los términos y plazos allí reglados-.
(iv) El titular o el usuario del servicio [ver definiciones en el art. 2, incisos a) y b)] gozan del derecho reconocido a "optar por requerir el sistema de medición de caudales para la facturación del servicio en los casos que ello no resulte obligatorio" [art. 14 inciso f)].
(v) O.S.S.E. está facultada para optar por la micromedición de caudales para la facturación de servicios a los usuarios cuando ello no fuere obligatorio [art. 16 inciso d].
(vi) En concordancia con el sistema de categorización y con los regímenes de facturación, los titulares y usuarios están obligados a notificar por escrito a O.S.S.E. dentro del plazo de 30 días corridos, "toda transformación, modificación o cambio … que impongan la instalación de medidores de agua, como por ejemplo, ampliaciones en las construcciones o cambios de actividad o rubros en los inmuebles" [art. 27]. De detectarse un incumplimiento a este deber de información, O.S.S.E. se encuentra facultada para reliquidar el monto de las facturas emitidas desde la fecha presunta de la transformación, modificación o cambio de que se trate [art. 29 primer y segundo párrafos, según corresponda].
c. Prestando especial anterior al reseñado marco jurídico del servicio, habré de enjuiciar el razonamiento seguido por el a quo en el considerando II del fallo apelado. Por fuera de que los subpuntos 1 y 2 del mentado considerando no aportan nada sustantivo al debate, es el subpunto 3 en el que encuentro el yerro interpretativo en que incurre el juez de grado, denunciado por los apelantes. Veamos.
- El magistrado de la instancia afirma que "el sistema de facturación se encuentra reglamentariamente clasificado en función de categorías, que son las que determinan el sistema [medido o tarifa fija]".
Si bien tal aserto es correcto respecto de los inmuebles servidos categorizados como "B", "C" y "D", ello es falaz para los bienes categorizados como "A", por cuanto ellos pueden ser facturados por el servicio prestado, sea mediante el régimen de cuota fija, sea por el régimen medido, sea por un régimen distinto, si así lo decide O.S.S.E. [por caso, el modo de facturación convalidado por Ordenanza 13.968]. En suma, no todo inmueble categorizado como "A" estará irremediablemente sujeto a un régimen de facturación por cuota fija, como bien lo patentiza la Resolución O.S.S.E. N° 565/2000, ratificada por Ordenanza 13.968.
- El a quo recuerda que el inmueble figuró como categoría "C" durante el período 2002/2010 pero ello no significa que esa categorización haya sido la correcta por cuanto el destino del agua consumida era para uso de vivienda familiar, no a los fines comerciales. Y de ello se pliega al reproche que le hiciera la demandada a los actores de no haber cumplido con el deber de información del art. 27, como ancla para justificar luego el cambio de régimen de facturación. Finaliza su conceptualización sosteniendo que "se trata de un inmueble categoría "C", que en determinado momento deja de serlo para convertirse en un categoría "A", situación que pasa inadvertida para el prestatario del servicio, quien anoticiado del cambio, recategoriza y cambia, en consecuencia, el sistema de facturación".
El razonamiento esbozado no es dirimente. De un lado, la circunstancia de que el inmueble servido haya estado categorizado incorrectamente como "C" -sujeto a régimen de facturación por consumo medido- cuando debió estarlo como "A", de ningún modo incide en el modo en que le pudo ser facturado el servicio por O.S.S.E. Aunque un bien categoría "C" siempre estará obligatoriamente sujeto a un régimen de facturación por consumo medido, no puede predicarse que uno categorizado como "A" lo esté en todos los casos atado a la facturación por cuota fija.
Entonces, la cuestión a dirimir no es la incorrecta categorización del inmueble sino si, estando sujeto a facturación por consumo medido, un bien recategorizado como "A" obligatoriamente pierde aquel régimen de facturación. La respuesta afirmativa -a la que se plegara el juez de gradono encuentra anclaje normativo según lo reseñado supra; por el contrario, tal supuesto es uno de los que sin esfuerzo hermenéutico encuadra en el condicionante del art. 34; así, el bien servido aunque luego sea categoría "A", no será liquidado por el régimen de cuota fija, siempre que haya estado incorporado al sistema de facturación de consumo medido. Y ello adquiere lógica a tenor de la prerrogativa que el art. 16 inciso d) le otorga a O.S.S.E. -inclinarse por el régimen de consumo medido antes que retroceder a uno de cuota fija cuando el bien ya goza del primero-, norma que importa cierta restricción al modo como ejerce la facultad conferida por el art. 32 in fine.
Para más, tampoco advierto cómo el art. 27 contribuye a formular la interpretación adoptada en la instancia. De su lectura surge prístina la obligación de informar todo cambio -por ejemplo, destino del inmueble servido, en los términos del art. 15 inciso c)-, pesa sobre el titular y/o usuario cuando aquél "imponga la instalación de medidores de agua", circunstancia esta última que no se verifica en el sub examine por cuanto el bien ya contaba con una conexión con servicio medido mediante caudalímetro. Es claro que dicho precepto posee gravitación sustantiva en dos casos paradigmáticos: de un lado, para aquellos en que una propiedad nomenclada como "A" cuyo servicio se facturaba por cuota fija, cambia el destino o uso y debe ser categorizada como "B", "C" o "D", ya que allí sí el cambio impone la instalación de caudalímetro; del otro, para aquellos en que una propiedad nomenclada como "A" cuyo servicio se facturaba por consumo medido, cambia el destino o uso y debe ser categorizada como "B", "C" o "D", por cuanto allí el valor del metro cúbico de agua se modifica según el cuadro del art. 47 y se pierden los 30 metros cúbicos de consumo libre garantizados por el art. 46.
Con todo, la formulación normativa que efectúa el juez de grado luce estrecha, alejada del esperable análisis integral y sistemático del marco regulatorio analizado y, ante todo, descuida un aspecto esencial de la contienda: los actores, en un todo de acuerdo con el derecho que les confiere el art. 14, inciso f) optaron por mantener el régimen de facturación por consumo medido [ver cartas documento de fs. 52/53, 56/57], cuando su inmueble pasó a esta recategorizado como "A" y, por ende, no resultarles de obligatoria aplicación aquel tipo de facturación.
Por todo lo expuesto, el sustancial agravio de los apelantes es de total recibo, derribándose el principal puntal motivacional del fallo recurrido al lucir la sentencia alejada del régimen normativo aplicable.
d. Huelga decir que resulta innecesario abordar los restantes cuestionamientos que formulan los recurrentes en el memorial de fs. 174/190.
Si el proceder de O.S.S.E. de modificar el modo de facturación por el servicio que presta al inmueble de los actores no solo luce apartado de la hermenéutica integradora del marco regulatorio aplicable, sino que también desoye abiertamente la expresa opción formulada por ellos en cuanto a permanecer bajo una facturación por consumo medido - ejercitando un derecho que expresamente le acuerda dicho marco-, entonces, los restantes argumentos que diera el juez de grado para apuntalar la solución aquí reprochada, poco ayudan para mantener con vida el pronunciamiento atacado. Por ello, deviene inoficioso echar tintas en dirimir la razón o sinrazón de aquellos postulados a la luz de los agravios expuestos por los apelantes.
Solo me permitiré un breve comentario sobre la afirmación del a quo en torno a que "criterios de solidaridad" imponen que inmuebles categorizados como "A" siempre deban ser siempre facturados por el servicio que presta O.S.S.E. mediante el régimen de cuota fija, como modo de que "aquellos sectores de la ciudad que gozamos de mejores situaciones económicas soportemos -en alguna medida- aquello que los más relegados no pueden hacer" [cfr. fs. 164]. No he encontrado en todo el reglamento adoptado por la Ordenanza N° 11.847 -con sus modificaciones- un solo precepto que, recurriendo a "criterios de solidaridad", troque el régimen de facturación por consumo medido del que goza un bien servido, por el de cuota fija. Aunque admito que varios de los componentes que se ponderan para calcular la cuota fija en aquellos inmuebles categorizados "A" a los que se les factura el servicio bajo tal régimen, contienen un componente de diferenciación social que podrían implicar ciertos subsidios cruzados entre usuarios y/o titulares de esa misma categoría con la finalidad esbozada por el juez de grado, ello en modo alguno presupone habilitar a O.S.S.E. para que obligue a un bien de aquella categoría al que se le factura el servicio mediante lectura de caudalímetro a que se desprenda de ese régimen tarifario cuando, como en la especie, el titular o usuario han hecho uso de la opción garantizada por el art. 14 inciso f) del Reglamento. e. A tenor de lo expuesto en los puntos precedentes, la solución favorable a los intereses de los accionantes puede ser extraída de las propias normas del marco regulatorio del servicio.
Empero, no está de más recordar que el vínculo jurídico que nuclea a la empresa estatal y al usuario del servicio público reviste –si bien con matices- los caracteres propios de la relación de consumo (argto. doct. S.C.B.A. causas C. 79.549 “Castro”, sent. del 22-XII-2008 y C. 85.246 “Bucca”, sent. del 3-III-2010), por lo que resultan de aplicación en la especie los principios y normas inmanentes al derecho del consumo, entre los que corresponde mencionar –en la cúspidea los textos fundamentales, en la medida que receptan mandatos expresos tendientes a garantizar los derechos de consumidores y usuarios (conf. art. 42 Const. Nacional y art. 38 de la Const. Pcial.). Complementa el panorama trazado la Ley 24.240 (Normas de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios), que a partir de la reforma introducida por la ley 26.361, introdujo cambios significativos en lo que respecta a las cuestiones vinculadas con los servicios públicos domiciliarios. Con la innovación normativa, se elimina la aplicación supletoria de la Ley N° 24.240 a los servicios públicos en cuestión, ya que éstos – según se dispone- pasarán a regirse tanto por sus propias regulaciones específicas como por la legislación de defensa del consumidor en un pie de igualdad jerárquica, esto es, sin supletoriedad, estableciéndose que en caso de duda sobre la normativa aplicable, deberá estarse a la que resulte más favorable para el consumidor (conf. art. 25, tercer párrafo en su redacción actual; conf. Cicero, N. K. “La reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y su impacto en el régimen de los servicios públicos”, Lexis Nexis online, Fuente: JA 2009-
I-1198 – SJA 11-3-2009).
Así, aunque alguien pueda albergar dudas sobre hermenéutica propuesta en este voto, no podrá postular una solución más perjudicial para el usuario, al estilo de la que fluye del fallo de grado y de la defensa de la sociedad demandada, so pena de dar la espalda a aquellos principios protectorios en relaciones jurídicas como la aquí analizada, más cuando la lectura que se predica se ajusta en un todo a lo estatuido por los arts. 26, 49 inciso a), 52, 54 inciso a) y ccdtes. del Marco Regulatorio para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires, adoptado por Decreto N° 878/2003, convalidado por el art. 33 de la ley 13.154, cuyo ámbito de aplicación alcanza a la demandada en autos [cfr. arts. 2 y 3 del mentado Marco Regulatorio].
f. En resumen, habré de cerrar esta primera parcela de mi intervención acogiendo el remedio intentado por los actores, revocando en su totalidad la sentencia de grado de fs. 158/166 -con la respectiva regulación de honorarios de fs. 167- y estimando la pretensión que da origen al pleito, condenando consecuentemente a O.S.S.E. a restituir el sistema de facturación por consumo medido a la cuenta 12943/000 - correspondiente al inmueble servido sito en Bernardo de Irigoyen 3074, Identificación catastral 1-E-131A-17A-00, propiedad de los accionantes, con la consecuente devolución del caudalímetro obrante en la parcela, de haberse procedido a su ilegítimo retiro.
2. Frente a la solución que propongo, no puedo dejar de abordar aquellas pretensiones complementarias identificadas en los Puntos VI -Restitución de Importes indebidamente Percibidos- y VII -Multa por Daño Punitivo- del escrito de inicio, cuestiones soslayadas por el juez de grado en atención al resultado al que arribara en su sentencia.
a. En torno de la pretensión restitutoria y frente a la ausencia de la prueba pericial a la que la parte actora supeditó su cuantía, entiendo que corresponde echar mano a la prerrogativa del art. 165 del C.P.C.C. reconociéndole a los accionantes el reembolso de un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo abonado por los usuarios desde el período de facturación 5/2010 y hasta la última liquidación –que por el régimen de cuota fija- O.S.S.E. les practique por el servicio. En atención a la expresa reclamación de intereses moratorios que contiene el escrito de inicio, a la suma a devolver correspondiente a cada período facturado a partir de la cuota 5/2010, se le adicionarán intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo a 30 días, los que correrán a partir del día siguiente a la fecha que los accionantes abonaron cada factura y hasta su efectivo pago, conforme liquidación a practicarse oportunamente por la accionante.
La cuantía de la restitución que aquí se fija responde a la ponderación de las sumas facturadas antes y después del cambio de régimen de facturación, así como a la imposibilidad de determinar con precisión la cantidad de agua consumida por los demandantes en el período que se inicia con la cuota 05/2010 y hasta la fecha en que O.S.S.E. reasigne el sistema de facturación medido al inmueble servido, de conformidad con la condena que porta este fallo.
b. Para finalizar, corresponde abordar el pedido de fijación de una multa civil, según los términos formulados por los actores a fs. 75/76.
El artículo 52 bis de la Ley 24.240 –modif. por Ley 26.361- establece, bajo la figura anglosajona del daño punitivo, que “al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”. La mentada represalia económica “no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b)” de la Ley 24.240, esto es entre Pesos Cien ($ 100,00) y Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00).
Teniendo en miras la habilitación legal señalada y sentado en los puntos precedentes el incorrecto proceder de la prestadora del servicio en cuanto decidió el cambio de régimen de facturación aplicable al inmueble de los actores, pasaré a analizar si lo acontecido en la especie reviste la gravedad que autoriza a la judicatura a imponer el consecuente reproche pecuniario.
Variadas circunstancias me convencen de acoger el pedido formulado en el escrito de inicio.
De un lado, pondero el intempestivo cambio de facturación que se aprecia no solo de cotejar la documental de fs. 25/26 y 27/28, sino también de la respuesta que O.S.S.E. diera por Carta Documento agregada a fs. 62. En efecto, allí se dice que la modificación introducida al régimen de facturación del inmueble servido lo fue como consecuencia de “una verificación efectuada por Catastro de OSSE y valuación del [inmueble]” y “del resultado de tales actuaciones”, sin que pueda extraerse de toda la documentación anexada al presente litigio que los usuarios hayan tenido participación en dicho trámite, ni menos aún conocimiento del procedimiento llevado a cabo unilateralmente por la operadora del servicio.
Desde otro andarivel, también sopeso que la respuesta que O.S.S.E. brindara en la Carta Documento agregada a fs. 62 contiene la misma lectura sesgada del Reglamento General del Servicio Sanitario que la que se volcara en demanda, hermenéutica que –como se expusiera- peca por defecto, desoye derechos de los usuarios expresamente reconocidos en el art. 14 inciso f) del mentado Reglamento y no responde a la información fidedigna que merecen los titulares del inmueble servido. También valoro que por Carta documento glosada a fs. 56, en abril de 2013 la coactora Allegro impugnó formalmente la facturación con vencimiento el 13-05-2013, siempre desde su posición de reclamar por la restitución del servicio medido que gozaba el inmueble de su propiedad. Y no puedo pasar por alto la ausencia total de constancias sobre si O.S.S.E. siguió el procedimiento fijado por el art. 25 del Reglamento del Servicio, más cuando hay indicios de haber desoído tal norma [ver intimación de fs. 51, con apercibimiento de restringir el servicio] y de haber mantenido su unilateral decisión de modificar el régimen de facturación del bien, medida que –como se expusiera- resultó irregular a tenor de las normas que rigen el asunto.
Con todo, comprobada la gravedad de la conducta de la prestadora, no solo por su ilegitimidad sino también por el destrato irrazonable al que sometiera a los usuarios que aquí demandan, habré de proponer al Acuerdo condenar a O.S.S.E., en concepto de daño punitivo, a abonar a los actores, en conjunto, la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) [art. 52 bis, Ley 24.240, t.o. Ley 26.361].
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar en su totalidad la sentencia de grado de fs. 158/166 - con la respectiva regulación de honorarios de fs. 167- y acoger la pretensión que da origen al pleito. En consecuencia, propongo condenar a O.S.S.E. para que dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la presente sentencia: (i) restituya el sistema de facturación por consumo medido a la cuenta 12943/000 -correspondiente al inmueble servido sito en Bernardo de Irigoyen 3074, Identificación catastral 1-E-131A-17A-00, propiedad de los accionantes, con la consecuente devolución del caudalímetro obrante en la parcela, de haberse procedido a su ilegítimo retiro; (ii) reembolse a los usuarios un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo abonado por ellos desde el período de facturación 5/2010 y hasta la última liquidación –que por el régimen de cuota fija- O.S.S.E. les practique por el servicio, en tanto hayan sido canceladas, con más los intereses moratorios a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, que correrán a partir del día siguiente a la fecha que los accionantes abonaron cada factura y hasta su efectivo pago, conforme liquidación a practicarse oportunamente por la parte accionante y (iii) abone a los actores, en conjunto, la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) en concepto de daño punitivo [art. 52 bis, Ley 24.240, t.o. Ley 26.361] Las costas de ambas instancias, a tenor del resultado del pleito y de las circunstancias verificadas, deberían imponerse a la prestadora condenada (art. 25 de la ley 13.133). A la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la primera cuestión planteada también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El magistrado de grado, mediante auto de fs. 167, procedió a regular honorarios por las labores cumplidas, tomando como base el monto del pleito [el que asciende a la suma de $ 46.000]. Bajo tales directrices, fijó los estipendios de la Dra. Raquel Pioletti -letrada apoderada de la parte demandada- en la suma de pesos NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200,00), con más los aportes de ley. 2. A fs. 171 la parte actora interpuso recurso de apelación en los términos del art. 57 del Dto. ley 8904/77 por considerar elevados los honorarios regulados en favor de la letrada de la firma OSSE.
II. En atención al resultado obtenido al votarse la primera cuestión planteada, el tratamiento del presente recurso ha devenido abstracto. Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (cfr. doct. causas Ac. 82.248, sent. de 23-IV-2003; Ac. 85.553, sent. de 31-III- 2004, entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. B. 61.703, sent. del 14-II-2000; esta Alzada causa C-3460-DO1 “D ́ Anna”, sent. de 21-IX-2013 y sus citas). Desde tal mirador y en atención al resultado votado en la primera cuestión, juzgo que ha desaparecido en la especie el interés que detentaba los recurrentes, ya que por conducto de la prerrogativa estatuida por el art. 274 del C.P.C.C. la condena en costas que portaba la sentencia de la instancia ha sido modificada y la regulación de honorarios por trabajos de instancia deberá readecuarse a tenor de la cuantía económica del pleito según la condena. Así, corresponde declarar abstracto el tratamiento del presente recurso. En consecuencia, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
1. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar en su totalidad la sentencia de grado de fs. 158/166 -con la respectiva regulación de honorarios de fs. 167- y acoger la pretensión que da origen al pleito. En consecuencia, propongo condenar a O.S.S.E. para que dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la presente sentencia: (i) restituya el sistema de facturación por consumo medido a la cuenta 12943/000 -correspondiente al inmueble servido sito en Bernardo de Irigoyen 3074, Identificación catastral 1-E-131A- 17A-00, propiedad de los accionantes, con la consecuente devolución del caudalímetro obrante en la parcela, de haberse procedido a su ilegítimo retiro; (ii) reembolse a los usuarios un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo abonado por ellos desde el período de facturación 5/2010 y hasta la última liquidación – que por el régimen de cuota fija- O.S.S.E. les practique por el servicio [en tanto hayan sido canceladas], con más los intereses moratorios a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, que correrán a partir del día siguiente a la fecha que los accionantes abonaron cada factura y hasta su efectivo pago, conforme liquidación a practicarse oportunamente por la parte accionante y (iii) abone a los actores, en conjunto, la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) en concepto de daño punitivo [art. 52 bis, Ley 24.240, t.o. Ley 26.361]. Las costas de ambas instancias, a tenor del resultado del pleito y de las circunstancias verificadas, se imponen a la prestadora condenada (art. 25 de la ley 13.133).
2. Como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior, declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 171 por la parte actora en los términos del art. 57 del Dto. ley 8904/77.
3. Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad [arts. 31 y 51 Decreto ley 8904/77].
Regístrese, notifíquese y, fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia