Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 6715
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación entablado por la accionada a fs. 767/786 y declarar la nulidad del pronunciamiento de fs. 738/749 por su manifiesta prematuridad. Y en atención al esquema normativo señalado en el voto que concito adhesión y teniendo en cuenta el estado procesal de los autos n° 7562 “E.D.E.S. S.A. c. O.C.E.B.A. s. PRETENSIÓN ANULATORIA”, de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, ordénase la acumulación del presente proceso a aquel pleito, para que cuando se arribe allí al estado de dictar sentencia, el juez de grado remita ambas causas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Depto. Judicial Azul, para que dicte pronunciamiento único en sendos litigios, de conformidad con el esquema lógico al que se refiere esta sentencia [arts. 188 primer párrafo in fine, 194 y ccdtes. del C.P.C.C., aplicable a la especie por remisión del art. 77 inciso 1 del C.P.C.A.]. Las costas de Alzada, por la complejidad del tema que bien pudo ocasionar en los accionantes la falsa idea de contar con el carril procesal al que prematuramente recurrieron, se imponen en el orden causado con apoyo en lo prescripto por el art. 51 inc. 1°, segunda parte del C.P.C.A. (texto según ley 14.347).
2Declarar –en atención a lo resuelto precedentementeabstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por los accionantes a fs. 758/765. …
En la ciudad de Mar del Plata, a los 21 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Extraordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-6715-BB1 “TORRES MUÑOZ IRIS ELENA Y OTRO c. EDES S.A. s. PRETENSION INDEMNIZATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca dictó sentencia mediante la cual hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Iris Elena Torres Muñoz, Raúl Alberto Belender, Daniela Cristina Belender y Gisela Yanet Belender contra la Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (E.D.E.S. S.A.) condenándola a abonarles –con arreglo a lo expuesto en su considerando VII-, en el plazo de sesenta (60) días de quedar firme la liquidación, la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000,00) en concepto de daños materiales y morales, con más los intereses a calcularse de conformidad con la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días, desde el día 27-06- 2007 hasta su efectivo pago [cfr. fs. 738/749].
II. Declarada la admisibilidad formal de los recursos de apelación interpuestos por los accionantes a fs. 758/765 y E.D.E.S. S.A. a fs. 767/786, y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. fs. 823], corresponde votar las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por E.D.E.S. S.A. a fs. 767/786?
En caso afirmativo, 2. ¿Se ha tornado abstracto el tratamiento del recurso de apelación articulado por los accionantes a fs. 758/765? A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Conforme surge de lo expuesto por el magistrado de grado al dar comienzo a la fundamentación de su fallo, Iris Elena Torres Muñoz y Raúl Alberto Belender, por derecho propio y en representación de sus hijas menores de edad a ese momento Daniela Cristina Belender y Gisela Yanet Belender - quienes luego arribaron a la mayoría de edad, v. fs. 545-, se presentan en autos a fin de promover demanda de daños y perjuicios contra la Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (E.D.E.S. S.A.).
1.1. En ese orden –según expuso el sentenciante- los demandantes narraron que: [i] el 27-06-2007 se produjo un siniestro ígneo en su domicilio causado por un desperfecto en el tendido de distribución de energía eléctrica; [ii] como consecuencia directa de dicho infortunio han sufrido pérdidas materiales de elevado valor económico –muebles, decoraciones, cortinados, camas, colchones, frazadas, acolchados, electrodomésticos- y sentimental; [iii] se formuló el pertinente reclamo ante la prestataria del servicio de distribución de energía eléctrica; [iv] dicha presentación fue rechazada por la concesionaria, pese haberse reconocido el desperfecto verificado en la línea eléctrica; [v] se denunció tal circunstancia ante el Organismo de Control de Energía de Buenos Aires (O.C.E.B.A.), quien emitió, el 10-10- 2007, una resolución ordenando a la prestaría indemnizar los daños ocasionados en los artefactos eléctricos; [vi] a la fecha de interposición de la demanda no se ha dado efectivo cumplimiento a la mentada resolución.
Asimismo resaltó que los accionantes endilgan responsabilidad objetiva a la empresa demandada en su carácter de dueño o guardián del tendido eléctrico en cuestión, sosteniendo que los daños producidos no se debieron a la intervención de una persona ajena, sino a una sobrecarga de tensión en el sistema de distribución de energía eléctrica; y alegan –en subsidio- que la firma enjuiciada debe responder a título subjetivo por haber incumplido con los deberes de cuidado a su cargo, toda vez que si bien la sobrecarga que produjo el incendio se habría derivado de un robo de conductores, dicho hecho imprevisible no resulta tal desde que los hurtos o sustracciones de ese tenor resultan “cosa de todos los días”.
1.2. En contraposición, el a quo consignó las defensas esgrimidas por E.D.E.S. S.A. en su pieza de contestación de demanda de fs. 355/388. En tal cometido reprodujo aquel pasaje del referido escrito en el que se arguye que habiéndose optado voluntariamente por la vía administrativa, sometiéndose –entonces- a la jurisdicción del O.C.E.B.A., la presente acción deviene improcedente y extemporánea, debiendo la parte actora –en su caso- presentarse como coadyuvante en las actuaciones judiciales iniciadas por su parte, contra el citado ente, a fin de obtener un pronunciamiento jurisdiccional que decrete la nulidad de las resoluciones dictadas con relación a los hechos que aquí se ventilan. Seguidamente registró las manifestaciones vertidas por la demandada según las cuales no negó la existencia de los daños denunciados ni la causalidad física que los deriva de la sobretensión generada como consecuencia del robo de los conductores, mas tal circunstancia si bien previsible en abstracto resultaría inevitable en concreto, en tanto entraña una conducta por la cual –allí se entiende- no debe responder, provocaría la ruptura del nexo causal.
Al culminar la reseña de la postura defensiva desplegada por la empresa accionada expone su planteo subsidiario consistente en la existencia de culpa de la víctima al esgrimirse que podrían haber desenchufado los electrodomésticos, o en todo caso colocar equipos de protección contra sobretensiones, evitando así la producción de los perjuicios denunciados.
1.3. Tras de reproducir –en prieta síntesis- las postulaciones liminares de las partes citadas en garantías (La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. y ACE Seguros S.A.), determinó que en tanto el no tratamiento como excepción previa de la litispendencia opuesta y de lo manifestado respecto a la improcedencia de la acción intentada [cfr. fs. 357 vta. y 367 vta.] fue consentido por E.D.E.S. S.A., la consideración de tales cuestiones devino – en dicha etapa del proceso- extemporánea, toda vez que, según lo establecido en el art. 35 inc. 2° del C.P.C.A., sólo las excepciones enumeradas en los apartados “g” y “h” pueden ser opuestas como defensas de fondo. Reforzó tal temperamento al sostener que el “llamamiento de autos” implica el saneamiento de todos los vicios de actividad anteriores una vez consentida dicha providencia, tras la cual todos aquellos defectos genéricos pierden virtualidad.
Efectuada tal salvedad, y luego de especificar el régimen normativo que entendió aplicable al supuesto de autos, el juez de la instancia se encaminó a dar tratamiento a la excepción de falta de legitimación opuesta -por la accionada y por las citadas en garantías- respecto de los coactores Raúl Alberto Belender, Daniela Cristina Belender y Gisela Yanet Belender, bajo el argumento de que no son titulares del suministro eléctrico en cuestión. Desestimó la ensayada defensa al verificar que, si bien la titularidad del suministro del domicilio afectado se encuentra a nombre de la Sra. Iris Elena Torres Muñoz, todos los sujetos presentes en el lugar del hecho al momento del siniestro también pudieron haber sido afectados por los daños alegados en demanda. Superado tal valladar, se dispuso a disipar la cuestión sustancial ventilada en autos. En tal faena, destacó que los daños producidos como consecuencia del suministro de energía eléctrica deben encuadrarse en los supuestos de riesgo o vicio de la cosa previsto por el art. 1113 del Código Civil (t.a.), y que la empresa que lo suministra –como dueña o guardiana hasta su consumo- debe extremar las precauciones a fin de que el servicio público se preste en las mejores condiciones posibles de seguridad, cuidando y supervisando que no ocasione daño a terceros.
Tras tener por acreditado que el 27-06-2007 se produjo una sobretensión en la línea eléctrica que llevaba corriente a la casa donde habitaban los demandantes, y que como consecuencia de ello se produjeron diversos daños en los electrodomésticos y en dicha vivienda, el sentenciante de grado juzgó que la justificación formulada por la accionada – y las terceras citadas-, no configura en la especie un supuesto de eximente de responsabilidad.
Erigió dicha postura al resaltar –de un lado- el deber que tiene la empresa distribuidora de energía eléctrica de extremar los controles sobre sus instalaciones a los efectos de evitar daños a los usuarios, cometido que se encuentra acrecentado por la naturaleza peligrosa de la electricidad y del cableado que materializa su suministro, comprendiendo los recaudos necesarios para evitar las sustracciones denunciadas; y –de otro- al no admitir la endilgada culpa de las víctimas, en tanto resulta irrazonable atribuirles un obrar negligente por no haber desenchufado los artefactos eléctricos o no instalar equipos de protección, cuando nada indica que se haya advertido a los usuarios de los peligros o conductas a seguir.
Declarada la responsabilidad de la prestataria por los daños ocasionados, el a quo se abocó a verificar la procedencia y extensión de los rubros reclamados. En esa dirección, dispuso resarcir, por la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00) los daños materiales denunciados, y por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00) –para cada uno de los accionantes- el daño moral pretendido, mas negó la procedencia de toda indemnización en concepto de daño psicológico por cuanto no estimó acreditado tal menoscabo. Finalmente puntualizó que el alcance de las coberturas pactadas por las aseguradoras y la demandada asegurada se determinará teniendo en cuenta la correspondiente liquidación, toda vez que –en su visión- la etapa procesal para dilucidar la extensión de la franquicia es aquella en que se ejecuta la sentencia.
2. No conforme con dicho pronunciamiento, a fs. 767/786 E.D.E.S. S.A. interpuso recurso de apelación en su contra.
2.1.1. Inicia su embate cuestionando aquel pasaje de la sentencia de grado en el que se sostiene que, en tanto habría consentido el no tratamiento como excepción previa de lo manifestado en relación a la improcedencia e inidoneidad de la acción entablada, tal análisis resultaba inoportuno en dicha etapa procesal.
Argumenta que la conclusión reseñada deviene errónea puesto que la improcedencia de la acción -enunciada en su pieza de contestación de demanda- no fue alegada como una excepción previa de inadmisibilidad, sino como una defensa de fondo y ello es así en atención a que la opción ejercida en su momento por la parte actora suscitó sin más la extinción del acceso a la vía judicial en forma directa, en virtud de lo normado por el art. 68 de la ley 11.769. En puridad, esgrime que se trata de una defensa de falta de acción por su extinción como consecuencia del ejercicio voluntario de una opción legal y excluyente que determina, ante la elección de la vía administrativa, el fenecimiento de la acción judicial. Con tal tesitura procura evidenciar el yerro en el pronunciamiento de grado, por cuanto concibe que la circunstancia apuntada imposibilita declarar precluida dicha cuestión en tanto, al no configurar una excepción de previo y especial pronunciamiento, el dictado de la sentencia de mérito configura la única oportunidad para su tratamiento. En el mismo sentido, expresa que el intento de ejercer simultánea y paralelamente ambas vías carece de eficacia y virtualidad por imperio legal, con la salvedad que el carril administrativo –por mandato constitucional- contempla la posibilidad de revisar las decisiones administrativas en sede judicial; y ratifica su postura al sugerir que la accionante debió –en su caso- presentarse como coadyuvante y/o tercero en las actuaciones judiciales incoadas por su parte al promover la pretensión anulatoria respecto de las resoluciones del O.C.E.B.A. relativas a la cuestión aquí controvertida.
2.1.2. Por tales motivos colige que la preclusión decretada en la instancia de grado resulta contraria a derecho, debiéndose declarar –sin más- la nulidad de la sentencia atacada por la omisión del tratamiento de una cuestión esencial para la resolución de la litis.
2.2. Se agravia también de que el a quo rechazara la defensa de falta de legitimación activa para accionar por parte de Raúl A. Belender, Daniela C. Belender y Gisela Y. Belender. Fundamenta que los nombrados no solo no son titulares del suministro eléctrico –el que se encuentra registrado a nombre de Iris E. Torres Muñoz-, sino que en modo alguno se encuentra acreditado en autos que se hallaren presentes en el inmueble denunciado al momento de ocurrir el evento dañoso, como así tampoco que hubieren padecido daño alguno por dicha causa.
2.3. Consecutivamente critica el rechazo de la eximente de responsabilidad invocada oportunamente con fundamento en la configuración del hecho de un tercero por quien no debe responder. Interpreta que, en la especie, los daños provocados reconocen su causa en la sobretensión generada por el robo de los conductores del tendido eléctrico perpetrado por terceros por quienes no debe responder en tanto se verifica, conforme lo normado por el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil [t.a.], la ruptura del nexo causal requerido.
2.4. Por último reprocha el reconocimiento y alcance, plasmado en el pronunciamiento en ciernes, referido al daño emergente y el daño moral reclamado en el sub lite.
3. Los accionantes –por su parte- replican los agravios expresados por la apelante y solicita el rechazo del recurso interpuesto [cfr. fs. 788/796].
II. El recurso merece parcial estima.
1.1. Ingresando al tratamiento de los cuestionamientos articulados por la empresa apelante en su pieza recursiva, es menester precisar –en primer lugar y por una cuestión de orden lógico- que carece de asidero aquella queja destinada a poner de manifiesto la omisión de una cuestión esencial en el pronunciamiento de la instancia de grado que –en su visiónacarrearía la nulidad de lo allí decidido.
En lo que atañe a la última parcela del primer agravio reseñado (v. punto “I.2.1.2.” precedente), se constata que el juez de grado en modo alguno omitió meritar las argumentaciones vertidas a fs. 367vta./369 por la accionada, ello sin perjuicio de que tal análisis arrojara como conclusión, que su tratamiento y resolución –en tanto procuran cuestionar la procedencia formal de la acción promovida-, devendrían improcedentes en dicha etapa decisoria por cuanto su falta de tratamiento como excepción previa habría sido consentida por la recurrente [cfr. considerando “I.” del pronunciamiento en crisis].
Así, juzgo que el pronunciamiento en crisis no adolece de la omisión denunciada, toda vez que –más allá de su acierto o sinrazón- el desarrollo relevado importó, si bien con el restringido alcance que surge del raciocinio allí desplegado, la consideración de las cuestiones que la recurrente entiende preteridas [cfr. argto. art. 168 de la Constitución Provincial; argto. arts. 34 inc. 4 y 161 inc. 2 del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.; argto. doct. esta Cámara causas C-2321-MP2 “Francano”, sent. del 2-VIII-2011; C-3861- MP1 “Kranevitter”, sent. del 16-X-2014].
1.2. Sorteado tal reproche, corresponde –no obstanteseñalar que le asiste razón a la apelante en cuanto al cuestionamiento sustancial formulado con fundamento en el diferimiento que irradiaría sobre el presente reclamo la falta de firmeza de las resoluciones emanadas del Directorio del O.C.E.B.A., bajo los nros. 528/07 y 179/08, en atención a la coexistencia de una controversia judicial en la que se pretende la anulación de dichos actos.
1.2.1. A fin de brindar un acabado tratamiento de las cuestiones traídas a pronunciamiento de esta Alzada, observo que lo concerniente a la responsabilidad patrimonial de los concesionarios por la deficiente prestación del servicio público de electricidad se halla regulada, en nuestro ámbito, por un variado plexo de normas cuyo norte es la protección jurídica de los usuarios, destinatarios del respectivo servicio (doct. S.C.B.A. causa B. 65.182 “Usina Popular y Municipal de Tandil”, sent. del 6-X-2010; esta Cámara causas C-2362-BB1 “Rodriguez”, sent. de 3-VI-2011; C-2948-BB1 “Moreno”, sent. del 3-V-2012).
En la mentada dirección, se impone resaltar así la vigencia de la ley 11.769 que, con su decreto reglamentario N° 2479/04, constituyen el Marco Regulatorio Energético en el ámbito provincial (v. art. 1°), ordenamiento que se integra con las cláusulas de los respectivos contratos de concesión, las licencias técnicas correspondientes (art. 2°) y las normas particulares que a tal efecto dicten la Autoridad de Aplicación y el Organismo de Contralor en el marco de sus respectivas competencias (art. 23).
Y en lo que aquí interesa, dicho entramado legal prescribe que la política energética provincial tiene como primordial objetivo la tutela de los usuarios, de conformidad con las disposiciones constitucionales y demás normas aplicables (art. 3° inc. “a”). No puede perderse de vista, por su parte, que el vínculo jurídico que nuclea a la concesionaria y al usuario del servicio reviste –si bien con matices- los caracteres propios de la relación de consumo, tal como lo ha sentado la doctrina de la Suprema Corte local, al receptar el cambio de paradigma que operara en el seno del Alto Cuerpo Federal (doct. S.C.B.A. causas C. 79.549 “Castro”, sent. del 22-XII-2008 y C. 85.246 “Bucca”, sent. del 3-III-2010). De modo tal que rigen también en la especie los principios y normas inmanentes al derecho del consumo, entre los que resulta menester mencionar –en la cúspide- a los textos fundamentales, en la medida que receptan mandatos expresos tendientes a garantizar los derechos de consumidores y usuarios (conf. art. 42 Const. Nacional y art. 38 de la Const. Pcial.; cfr. doct. esta Cámara causa C-2198-BB1 “Suris”, sent. del 21-VI-2011).
En el mentado esquema, se reconocen los derechos de los usuarios del servicio público de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires enunciándose, entre otros, -en el Capítulo XV de la ley- los siguientes: i) recibir un suministro continuo, regular, uniforme y general de energía (art. 67 inciso “a”); ii) se brinde a los reclamos que puedan efectuar, un trámite diligente y responsable, dándole adecuada respuesta en los plazos y modalidades que se estipulen en el régimen de suministro (art. 67 inciso “d”);
iii) efectuar sus reclamos ante el Organismo de Control, cuando entiendan que los mismos no hayan sido evacuados en tiempo y forma por los concesionarios del servicio público, o cuando interpreten que no han sido debidamente tenidos en cuenta sus derechos (art. 67 inciso “e”); y iv) ser compensados por los daños a la persona y/o bienes de su propiedad, causados por deficiencias en el servicio, imputables a quien lleva a cabo la prestación (art. 67 inc. “f”).
Tal es, en síntesis, el abanico normativo a la luz del cual habré de emitir, seguidamente, mi opinión sobre el meollo de la disputa.
1.2.2. Desde tal atalaya, y contrariamente a la interpretación propuesta por el magistrado de grado, la defensa ensayada por la firma enjuiciada no se muestra subsumible en las previsiones del Capítulo VI, Titulo I del C.P.C.A., por cuanto, en atención a la pretensión indemnizatoria entablada por los demandantes, el raciocinio desplegado a fin de evidenciar la improcedencia de la acción promovida, dista de identificarse con alguno de los supuestos normados por el art. 35, inc. 1°, apartado “i”, del citado código ritual. En suma, la lectura propuesta por el a quo merece ser censurada en esta instancia revisora, en tanto, por fuera de lucir ostensiblemente desapegada al sentido y alcance de la norma adjetiva referida, se muestra manifiestamente incompatible con las consideraciones vertidas por la parte accionada en la pieza de fs. 355/388 a las que pretende responder.
Adviértase que el tópico sometido a pronunciamiento de la jurisdicción radica, de un lado, en la responsabilidad patrimonial de los concesionarios por daños derivada de la deficiente prestación del servicio público de electricidad, y de otro, en la articulación de las vías adjetivas previstas por el ordenamiento jurídico para hacer efectiva dichas obligaciones.
Ante tal escenario, corresponde –entonces- determinar si, tal como lo asevera la apelante, la existencia de un reclamo resarcitorio previo ante el O.C.E.B.A. torna -o noimprocedente la presente acción judicial por haber operado la extinción o fenecimiento de tal posibilidad. A los fines de zanjar dicha cuestión bien vale desentrañar los distintos carriles procesales que, frente a un reclamo de dicha naturaleza, contemplan las normas aplicables en la especie, conjugados ellos con las reglas generales que contiene el rito del fuero contencioso administrativo.
Entre tal plexo de normas, se establece un procedimiento administrativo previo y obligatorio al cual deberá someterse toda controversia que pudiera suscitarse entre los agentes de la actividad eléctrica y los usuarios en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. En concreto, el art. 68 de la ley 11.769 [reglamentado por el Decreto N° 2479/04], establece que “… los usuarios deberán realizar en todos los casos reclamo previo ante el agente prestador mediante nota simple sin ninguna formalidad…”, mas cumplimentado dicho recaudo, y frente a la denegatoria expresa o silencio, el usuario podrá optar por recurrir ante el O.C.E.B.A. o -en su caso- accionar ante la jurisdicción.
1.2.3. Si bien es cierto que al acudir por el carril judicial el usuario cuenta con la posibilidad de requerir una reparación integral de los daños que denuncie haber sufrido, no lo es menos que el reclamo en sede administrativa, aunque más acotado en la materia susceptible de tratamiento, le ofrece un marco de debate ágil a fin de obtener una resolución que imponga a la empresa prestataria del servicio público el deber de reparar y/o reponer los artefactos de su propiedad dañados por deficiencias en la calidad técnica del suministro eléctrico.
Dicha facultad, además de corresponderse con los derechos reconocidos en favor de los usuarios del servicio eléctrico (conf. art. 67, incs. “e” y “f”), se concilia con la atribución de competencia fijada en favor del Organismo de Control para actuar en tal sentido, prevista en el art. 3 del Sub-Anexo E del Reglamento de Suministro y Conexión, que en su inc. “f” prescribe que “en el caso en que se produzcan daños a las instalaciones y/o artefactos de propiedad del cliente, provocadas por deficiencias en la calidad técnica del suministro imputables a EL DISTRIBUIDOR, y que no puedan ser evitados mediante la instalación en los mismos de las protecciones de norma, EL DISTRIBUIDOR deberá hacerse cargo de la reparación y/o reposición correspondiente, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados desde la fecha en que EL DISTRIBUIDOR acepte hacerse cargo del reclamo, o de la resolución por la cual el organismo competente indique a EL DISTRIBUIDOR tal responsabilidad, o en su defecto en el plazo dispuesto por sentencia judicial de haberla…” (el destacado no pertenece al original).
La visión sugerida precedentemente lejos está de contradecir la doctrina emanada del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Angel Estrada y Cía. S.A.” (Fallos 328:651), cuyo cotejo impone meritar las particulares circunstancias fácticas que, allí analizadas, motivaron la declaración de incompetencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad -con arreglo a lo normado en el art. 72 de la Ley 24.065- para determinar e imponer el requerido resarcimiento económico en favor de la firma accionante, y que presentan marcadas divergencias con los antecedentes de autos y su encuadre normativo a la luz del ordenamiento jurídico local.
Partiendo de una lectura razonable del referido fallo, y con estricto apego al marco normativo que rige la cuestión aquí debatida se desprende que, ante el expreso pedido de intervención por parte del usuario afectado, una vez establecido por parte del Organismo de Control el incumplimiento contractual de la prestataria del servicio eléctrico, según los fundamentos técnicos del caso, la determinación de la responsabilidad supra enunciada no constituye un avance indebido sobre las atribuciones que el art. 116 de la Constitución Nacional define como propias y exclusivas del Poder Judicial, toda vez que tal potestad – sujeta a un amplio contralor jurisdiccional posterior- se encuentra restringida a determinar la reparación, reposición o compensación –conforme los valores de mercado- de los artefactos correspondientes, con exclusión de todos aquellos otros reclamos que –por daños eventualmente ocasionadospersigan una reparación integral que solo puede ser procurada en sede judicial.
Por consiguiente, si el pedimento formulado por el usuario interesado solo se encamina a obtener el reintegro o resarcimiento de los objetos afectados, resulta a todas luces admisible que el reclamo sea interpuesto ante el concesionario eléctrico y, en caso de denegatoria, seguir el trámite ante el O.C.E.B.A., el que -dentro de tal marco de actuación- ostenta competencia suficiente para sustanciar y resolver –en su caso- la reparación requerida en cuanto al daño emergente verificado; de modo que no siempre, aquel usuario que intente reclamar por los perjuicios provocados por la deficiente prestación en la calidad técnica del suministro eléctrico, se encontrará forzado a promover una pretensión indemnizatoria ante la justicia ordinaria, cerrándosele la vía administrativa descripta precedentemente. La exégesis propuesta, por fuera de su estricto apego a la normativa llamada a regir en la especie, se direcciona –de un lado- a compatibilizar el ordenamiento jurídico local con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia Nacional y –por el otro- tiende a brindar una tutela administrativa efectiva de los derechos de los usuarios (conf. art. 3, inc. “a” de la ley 11.769; v. art. 40 bis de la Ley 24.240 –texto según Ley 26.944-). Por demás, tanto la Procuración del Tesoro de la Nación, en su Dictamen N° 64/2006, como la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el fallo plenario “EDESUR S.A. c. Resolución 361/05 ENRE-RS 568/08 (EX 157.932/02) Causa n° 20402/08”, dictado con fecha 13-07-2011, han practicado análoga interpretación a la aquí propuesta respecto del precedente citado supra, no obstante las diferencias existentes entre el esquema normativo vigente en el orden federal con el que rige en el ámbito provincial. Por el contrario, claro está que aquellos pedimentos indemnizatorios que desborden dicho margen –v.gr. otros daños materiales, lucro cesante, daño moral- escapan a la competencia que cabe reconocer en favor del ente de control para ser sometidos a su conocimiento, constriñendo –entoncesal interesado a encauzar todo reclamo a su respecto por la vía judicial pertinente.
1.3. En atención a que el acceso directo a la instancia judicial luego del rechazo total o parcial del reclamo formulado ante el concesionario del servicio no presenta mayores bemoles, corresponde abocarse a verificar los diferentes supuestos que pueden presentarse si el usuario, previo a impetrar la acción judicial pertinente, decide llevar aquella denegatoria –si bien con límites demarcados precedentemente- ante el Organismo de Control:
1.3.1. Si el O.C.E.B.A. censura el rechazo total que hiciera la concesionaria del servicio respecto del reclamo efectuado por el usuario, ordenando a la prestataria a resarcir, reparar, reponer o sustituir los artefactos eléctricos cuyo daño se denuncia, el usuario peticionante deberá aguardar su cumplimiento en el plazo establecido en el acto administrativo del ente regulador, contando con la posibilidad, si ello no aconteciera y una vez firme dicho acto resolutivo, de ocurrir ante la jurisdicción a fin de lograr la efectiva observancia de lo decidido por la citada autoridad. En este caso, podría predicarse que el acto administrativo firme actúa como causa de la obligación de reparar que se impuso al prestatario del servicio y bien podría originar una pretensión de ejecutoriedad impropia de aquel acto instada por el usuario beneficiario y encuadrable dentro de la competencia contencioso administrativa según lo describe el art. 2 inciso 2 del C.P.C.A.
1.3.2. En el supuesto que el Organismo de Control concordara con la prestataria del servicio en torno al rechazo total del reclamo formalizado por el usuario, el interesado podría procurar revertir dicha negativa, ya sea ante la misma sede administrativa, al impetrar el facultativo recurso de revocatoria (art. 68 de la ley 11.769; art. 89 del dec. ley 7647/70), o bien acudir a la jurisdicción mediante la vía impugnatoria prevista por el C.P.C.A. a fin de lograr la anulación del acto administrativo en cuestión y requerir, en su caso, la fijación de la responsabilidad del concesionario del servicio y el consecuente resarcimiento de los daños sufridos (arts. 12, inc. 1° y 3°, 14 inc. 1° ap. “a”, y 15 del C.P.C.A.), debiéndose citar como coadyuvante, en tal caso, al prestatario del servicio que resultó beneficiario con la solución adoptada por el Organismo de control.
1.3.3. Finalmente, en el supuesto que el mentado ente tan solo acompañara parcialmente lo reclamado por el usuario al prestatario del servicio, el cliente del servicio cuenta con la posibilidad de superar aquella parcela del pronunciamiento administrativo en la que resultó perdidoso mediante los carriles adjetivos apuntados en el apartado anterior, mas debería -si procediera en tal sentido- aguardar que dicho derrotero concluya a fin de poder requerir judicialmente, una vez firme la decisión adoptada en dicho marco, el cumplimiento de aquella porción de la resolución que le resultó favorable.
2. Expuesto tal panorama, no hay mayor dificultad para apreciar que, en atención al trámite incitado por el usuario ante el O.C.E.B.A. frente a la denegatoria de reparación que recibiera de la prestadora del servicio y a la resolución allí dispuesta por el ente de contralor, el caso sub examine se encuentra contenido por el primero de los escenarios descriptos, sin perjuicio de que las particulares circunstancias de autos imponen efectuar una singular apreciación de los hechos que constituyen su plataforma fáctica.
2.1. De las constancias relevantes que surgen del expediente administrativo n° 2429-4190/07 (acumulado por cuerda a las presentes actuaciones –cfr. fs. 563-), resultan de interés -para el tratamiento del presente recurso- los siguientes hitos:
2.1.1. Con fecha 28-06-2007, la Sra. Iris E. Torres Muñoz formuló reclamo ante la firma E.D.E.S. S.A. con el objeto de que le sean resarcidos los daños ocasionados, el día 27-06-2007, en las instalaciones y bienes de su propiedad con motivo de la deficiente prestación del suministro eléctrico [v. fs. 2/9].
2.1.2. Rechazada, el 25-07-2007, su solicitud por la empresa concesionaria, la peticionante concurrió ante el O.C.E.B.A., con fecha 30-07-2007, a fin de que le sea reconocida una compensación por los daños en sus artefactos eléctricos anteriormente denunciados, organismo de control que abrió trámite de reclamo n° 22/07 [v. fs. 10/13].
2.1.3. Sustanciadas las actuaciones con arreglo a lo establecido en la Resolución O.C.E.B.A. n° 49/98, el Directorio del Organismo de Control dictó, con fecha 10-10- 2007, la Resolución n° 528/07, mediante la cual ordenó a la prestataria del servicio “resarcir, reparar, reponer o sustituir, en un plazo no mayor de treinta (30) días, los artefactos eléctricos dañados y denunciados por la usuaria … como consecuencia de deficiencias en la calidad del servicio ocurridas el 27 de junio de 2007” [v. fs. 80/84].
2.1.4. El 31-10-2007, E.D.E.S. S.A. interpuso recurso de revocatoria contra el mentado acto resolutivo y requirió –a su vez- la suspensión de sus efectos [v. fs. 102/125], embate que fue rechazado –en todos sus términos- por el ente de contralor, el día 4-06-2008, mediante la Resolución n° 179/08 [v. fs. 157/159].
2.1.5. Surge –también- que, con fecha 7-01-2008, el O.C.E.B.A. fue oficiado a fin de que tenga a bien “tomar razón de la suspensión de la ejecución del acto administrativo que traduce la Resolución OCEBA N° 528/07, dictada el 10/10/2007, hasta tanto se resuelvan el recurso administrativo interpuesto en su contra por EDES SA con fecha 31 de octubre de 2007, o bien, en caso de resultar desestimado, hasta que se dicte sentencia en el proceso judicial principal” decretada, con fecha 3-01-2008, en los autos “E.D.E.S. S.A. C/ O.C.E.B.A. S/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA” en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca [v. fs. 134].
2.2. En paralelo, de las presentes actuaciones se desprende –en lo concerniente- que:
2.2.1. Con fecha 12-02-2008, los accionantes promovieron la presente acción judicial tendiente a obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, el día 27- 06-2007, por la deficiente prestación del suministro eléctrico por parte de la empresa E.D.E.S. S.A. [cfr. fs. 148/156].
2.2.2. Emplazada a contestar demanda, la firma accionada consignó que respecto de la cuestión controvertida en autos, se encuentran en curso las actuaciones judiciales n° 6690 “E.D.E.S. S.A. C/ O.C.E.B.A. S/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA” y n° 7562 “E.D.E.S. S.A. C/ O.C.E.B.A. S/ PRETENSIÓN ANULATORIA”, ambas radicadas ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca [cfr. fs. 355/388 y 390].
2.2.3. El 3-01-2008, en el marco de las actuaciones n° 6690 “E.D.E.S. S.A. C/ O.C.E.B.A. S/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA”, el entonces magistrado titular del mencionado Juzgado proveyó favorablemente la medida precautoria allí solicitada y –en consecuencia- decretó la suspensión de los efectos de la Resolución, hasta tanto se resuelvan el recurso de revocatoria interpuesto en su contra con fecha 31-10-2007, o bien, en caso de resultar hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso principal al que accedió dicha tutela [v. fs. 236/237 y 238].
2.2.4. Con fecha 10-07-2008, la prestataria del servicio público promovió demanda contencioso administrativa contra el Organismo de Control con el objeto de lograr la anulación de las Resoluciones nros. 528/07 y 179/08, que encausada en el marco de las actuaciones n° 7562 “E.D.E.S. S.A. C/ O.C.E.B.A. S/ PRETENSIÓN ANULATORIA”, se encuentra pendiente de resolución [v. fs. 190/209; causa n° 7562, registro informático en mev.scba.gov.ar].
2.3. Cumplimentado el precedente cotejo, se impone precisar que el pronunciamiento judicial obrante a fs. 738/749 deviene prematuro por cuanto lleva parcial razón la demandada en torno a los efectos que irradian, sobre este litigio, aquellas otras actuaciones jurisdiccionales relevadas precedentemente.
2.3.1. Adviértase que habiendo sido instada la intervención del O.C.E.B.A. en aquella controversia relativa a la responsabilidad de la empresa prestataria del servicio eléctrico, si bien restringida al resarcimiento de los daños causados a los artefactos eléctricos de propiedad de la usuaria provocados por deficiencias en la calidad técnica del suministro, mal pudo el a quo abocarse al conocimiento y resolución de tales circunstancias, cuando el pronunciamiento de la autoridad administrativa competente (Resoluciones nros. 528/07 y 179/08) se encuentra actualmente impugnado por la firma destinataria del mandato allí establecido y el curso de tales actuaciones –de trámite ante el mismo Juzgado aquí actuante- no ha sido finiquitado.
El carril procedimental que la titular del servicio decidió cursar oportunamente, se erige –en tanto no se encuentre definitivamente concluido- en un valladar formal para el tratamiento diferenciado por la jurisdicción de los sucesos allí ventilados, tal como lo prevé expresamente el art. 68 de la ley 11.769 en su apartado final, al establecer que “los usuarios y terceros interesados tendrán el derecho de solicitar la intervención del Organismo de Control en toda materia vinculada con la actuación de los agentes de la actividad eléctrica, sometiéndose en este caso a la jurisdicción del mismo” (el destacado no pertenece al original). Empero -aclaro- de tal prescripción no puede derivarse, como lo sugiere la recurrente, un efecto extintivo de la posterior vía judicial [cfr. fs. 769/771] puesto que tal gravosa derivación no surge –ni explicita, ni implícitamente- del propio texto de la normativa citada. No pierdo de vista que los aquí demandantes, sin otra atadura más que la derivada de su propia voluntad, estructuraron su estrategia procesal articulando una duplicidad de actuaciones, todas ellas direccionadas a obtener, si bien con diverso alcance, el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de un único hecho generador del perjuicio, a saber, la denunciada deficiente prestación del servicio de energía eléctrica.
2.3.1.1. Así, por un lado, una vez satisfecho el recaudo del reclamo previo ante el agente prestador –y ante su respuesta denegatoria-, el 30-07-2007, se continuó la senda administrativa ante el O.C.E.B.A. por “reintegro de monto, según documentación adjunta, en concepto de compensación económica por daños infringidos a artefactos eléctricos de (su) propiedad como consecuencia de fenómenos eléctricos anormales atribuibles a E.D.E.S. S.A.” cuantificando dicho resarcimiento en la suma de pesos tres mil cuatrocientos noventa y seis ($ 3.496,00), obteniéndose respuesta favorable del Organismo de contralor mediante las resoluciones nros. 528/07 y 179/08, de fecha 10-10-2007 y 4-06-2008 respectivamente [cfr. fs. 13, 80/84 y 157/159 de las actuaciones administrativas n° 2429-4190/07, acumuladas por cuerda]. Empero, tales actos administrativos resolutivos resultaron objeto de un pronunciamiento judicial cautelar, que dispuso la suspensión de sus efectos, y posteriormente de una pretensión anulatoria aún pendiente de resolución ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca [v. 236/238 y 190/209 y causa n° 7562, registro informático en mev.scba.gov.ar].
2.3.1.2. Por otro lado, se promovió la presente pretensión indemnizatoria –en los términos del art. 12 inc. 3° del C.P.C.A.- contra E.D.E.S. S.A., a la que imputan el deber jurídico de resarcir las consecuencias lesivas en los términos del art. 1113 del Cód. Civil [t.a.] en tanto –según se afirma- habría existido una irregular prestación del servicio de distribución de energía eléctrica [cfr. fs. 149 vta.].
2.3.2. En el citado contexto pretensional múltiple, advierto que la suerte que pudiera predicarse respecto de la demanda entablada por la firma accionada contra lo decidido por el Organismo de Control en el marco de la reclamación seguida en sede administrativa, posee entidad suficiente para gravitar sobre el resultado del presente proceso.
Allende los disímiles objetos procesales sobre los cuales se asientan las referidas pretensiones [de un lado, la anulación de las resoluciones nros. 528/07 y 179/08 dictadas por el O.C.E.B.A., perseguida por la prestadora del servicio; y de otro el resarcimiento de los daños ocasionados por la denunciada deficiente prestación del suministro eléctrico, objeto de la acción de los coactores], se impone reconocer que –en la especie- para que la jurisdicción se encuentre habilitada a pronunciarse sobre el alcance del deber de resarcir de la firma enjuiciada, resulta ineludible determinar si existe –o no- la obligación de responder por los reclamos efectuados, cuestión que exige liminarmente dilucidar la mecánica del hecho dañoso y la eventual responsabilidad que pudiera predicarse respecto de la firma distribuidora, extremos cuyo debate -de neto corte técnicollevado a cabo ante el Organismo de Control –por exclusiva decisión de la titular de servicio, aquí actora, al continuar la senda administrativa- aún no se encuentra finiquitado al haber sido impugnado los actos administrativos del Organismo de control mediante los cuales entendió que había mediado una responsabilidad de la prestataria y fijó la obligación de resarcir [con el limitado alcance contenido en las resoluciones dictadas].
Tal vinculación procesal, constituida en razón de que el hecho lesivo investigado en ambas actuaciones es único [deficiente prestación del suministro de energía eléctrica], demanda una secuencia progresiva de abordaje en torno – especialmente- a la relación de causalidad entre el daño producido y los actos cometidos u omisiones imputadas a la firma E.D.E.S. S.A.
Así entonces, a fin de observar la prosecución lógica y normativa que deben seguir los litigios motivados por la denunciada irregular prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica respecto de los accionantes [conf. art. 68 in fine de la ley 11.769], y procurando evitar el escándalo jurídico que pudiera ocasionar la existencia de dos fallos contradictorios relativos a un mismo suceso (cfr. doct. S.C.B.A. causa L. 82.329 “Marcote”, sent. de 8-VIII- 2007; esta Cámara causas C-3591-AZ1 “Victorero”, sent. de 26- III-2013; C-4164-MP1 “Solanet”, sent. del 5-IX-2013), juzgo que corresponde supeditar el dictado del fallo definitivo de la presenta causa a las resultas de lo que se resuelva en los autos n° 7562 “E.D.E.S. S.A. c. O.C.E.B.A. s. PRETENSIÓN ANULATORIA”, de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que posee directa incidencia en estas actuaciones y lo antecede en el desarrollo del tratamiento de las diversas pretensiones articuladas.
3. Siendo ello así, mal pudo el a quo emitir un juicio de valor definitivo sobre las circunstancias fácticas y jurídicas que sustentan la petición sustancial de estos autos sin antes haber finiquitado la cuestión litigiosa planteada respecto de las resoluciones nros. 528/07 y 179/08 emanadas del Directorio del Organismo de Control, la que también se encuentra bajo su conocimiento y decisión. Solo una vez resueltos los embates que se esgrimieron contra tales decisiones administrativas, en atención al carácter especializado y técnico que sobre el tópico común que vincula ambas actuaciones, podrán deslindarse sensatamente las responsabilidades en el presente caso y, en suma, si media o no el deber de reparar de la concesionaria y su alcance. No luce admisible, entonces, actuar con la superficialidad con la que el sentenciante de grado emitió aquí su veredicto, condenando a la firma prestataria del servicio público de distribución de energía eléctrica en el ámbito del Partido de Bahía Blanca, a resarcir los daños denunciados en la especie, por cuanto lo decidido en el pronunciamiento apelado lo fue con total indiferencia del estado procesal en que se encuentra inmersa la pretensión anulatoria articulada por E.D.E.S. S.A. contra las decisiones administrativas dictadas por O.C.E.B.A. en el marco del reclamo oportunamente instado por la titular del suministro con origen en el mismo evento dañoso.
Así pues, el mantenimiento del estado de cosas instaurado por la acotada mirada que impregna al fallo de grado no hace más que conspirar contra la regular articulación de un régimen normativo que, en atención a su complejidad, conmina a las autoridades estatales que han de entender en sus diversas instancias a verificar y sustanciar debidamente –y en su correspondiente oportunidad- los reclamos que –eventualmente- formulen los usuarios y agentes del sistema establecido por el Marco Regulatorio Energético en el ámbito provincial.
Ante tal tipo de conflicto, se impone a los jueces intervinientes figurarse sobre las posibles aristas o repercusiones del pronunciamiento a dictar, precisar detenidamente cuáles son los valores en juego y, por sobre todo, identificar los diferentes esquemas procedimentales diseñados por el legislador y respecto de los cuales, por tanto, no sería viable prescindir en ninguna de sus variadas etapas resolutorias e impugnatorias, si ellos han sido activado por los interesados.
Ninguna de tales precauciones puede predicarse respecto del fallo apelado, cuya anulación se impone en razón de su prematuridad, no ya por ser injusta, sino porque viola el orden procesal lógico (doct. esta Cámara, causa G-775-AZ1 “L´Oreal Argentina S.A.”, res. del 25-VII-2008; C-2453-DO1 “Arenera Zárate S.A.”, sent. del 15-XI-2011; C-4039-MP1 “Boca”, sent. del 20-II-2014), ello a fin de garantizar un marco razonable y eficiente de conocimiento y resolución en la discusión que aquí se ventila.
III. Por las razones expuestas, he de proponer al Acuerdo, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación entablado por la accionada a fs. 767/786 y declarar la nulidad del pronunciamiento de fs. 738/749 por su manifiesta prematuridad.
Y en atención al esquema normativo señalado y teniendo en cuenta el estado procesal de los autos n° 7562 “E.D.E.S. S.A. c. O.C.E.B.A. s. PRETENSIÓN ANULATORIA”, de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, debería ordenarse la acumulación del presente proceso a aquel pleito, para que cuando se arribe allí al estado de dictar sentencia, el juez de grado remita ambas causas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Depto. Judicial Azul, para que dicte pronunciamiento único en ambos litigios, de conformidad con el esquema lógico al que se refiere este voto [arts. 188 primer párrafo in fine, 194 y ccdtes. del C.P.C.C., aplicable a la especie por remisión del art. 77 inciso 1 del C.P.C.A.].
Las costas de Alzada, por la complejidad del tema que bien pudo ocasionar en los accionantes la falsa idea de contar con el carril procesal al que prematuramente recurrieron, entiendo deben ser impuestas en el orden causado con apoyo en lo prescripto en el art. 51 inc. 1°, segunda parte del C.P.C.A. (texto según ley 14.347).
Voto a la primera cuestión planteada por la afirmativa. El señor Juez doctor Mora, con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la afirmativa. A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Contra el referido pronunciamiento de primera instancia, los demandantes interponen y fundan recurso de apelación a fs. 758/765 manifestando en el escrito correspondiente que, si bien han prosperado los rubros que integran su reclamo, la cuantificación fijada en concepto de luce insuficiente, solicitando a esta Alzada la fijación del monto indemnizatorio en una suma mayor.
2. Sustanciado el memorial de agravios presentado por los accionantes, la firma accionada E.D.E.S. S.A. presentó su réplica a fs. 810/814, en tanto que las citadas en garantía ACE Seguros S.A. y La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. lo hicieron a fs. 801/803 y 805/808 respectivamente.
II. Estimo que corresponde dar respuesta afirmativa a este segundo interrogante.
1. Tiene dicho este Tribunal, con sustento en doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, que no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas, ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse aquélla (cfr. doct. este Tribunal causas A-524-DO0 “Porretti”, sent. del 22-IV-2008; V-359-AZ1 “Tur”, sent. de 11-IX-2008; V-499-BB1 “Trama”, sent. de 16-XII-2008, entre otras, con sus respectivas citas). Así, frente al modo como ha sido votada la primera cuestión planteada, cabe considerar desaparecido el interés de la parte recurrente en obtener una revisión por esta Alzada de aquella parcela del fallo de grado en la que el magistrado dispuso fijar los rubros indemnizatorios y determinar el quantum de cada uno de ellos. Es que, al haberse decidido el acogimiento del recurso intentado por la accionada a fs. 767/786 contra la sentencia de grado y la consecuente nulidad del pronunciamiento atacado, el tratamiento de la crítica ensayada por los accionantes que apunta, en fin, a conseguir una modificación de la sentencia de grado en lo atinente al monto de la indemnización allí acordada, ha perdido toda virtualidad [argto. doct. esta Cámara causas C-2030-AZ1 “Turletti”, sent. del 22-XII-2010; C-2973-MP2 “Mongez”, sent. del 31-V-2012].
III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo, consecuentemente, declarar abstracto el tratamiento del recurso articulado por los accionantes a fs. 758/765. Voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa. El señor Juez doctor Mora, con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación entablado por la accionada a fs. 767/786 y declarar la nulidad del pronunciamiento de fs. 738/749 por su manifiesta prematuridad. Y en atención al esquema normativo señalado en el voto que concito adhesión y teniendo en cuenta el estado procesal de los autos n° 7562 “E.D.E.S. S.A. c. O.C.E.B.A. s. PRETENSIÓN ANULATORIA”, de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, ordénase la acumulación del presente proceso a aquel pleito, para que cuando se arribe allí al estado de dictar sentencia, el juez de grado remita ambas causas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Depto. Judicial Azul, para que dicte pronunciamiento único en sendos litigios, de conformidad con el esquema lógico al que se refiere esta sentencia [arts. 188 primer párrafo in fine, 194 y ccdtes. del C.P.C.C., aplicable a la especie por remisión del art. 77 inciso 1 del C.P.C.A.]. Las costas de Alzada, por la complejidad del tema que bien pudo ocasionar en los accionantes la falsa idea de contar con el carril procesal al que prematuramente recurrieron, se imponen en el orden causado con apoyo en lo prescripto por el art. 51 inc. 1°, segunda parte del C.P.C.A. (texto según ley 14.347).
2. Declarar –en atención a lo resuelto precedentementeabstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por los accionantes a fs. 758/765.
3. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad [art. 31 del dec. ley 8904].
Regístrese. Notifíquese por Secretaría y remítanse las actuaciones al Juzgado de origen para que proceda de conformidad con lo aquí resuelto. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia