Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 6066
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el actor y revocar el fallo de grado impugnado, con el alcance indicado en el punto III) del voto que concitó adhesión a la cuestión planteada. Imponer las costas de ambas instancias a la accionada, habida cuenta su condición de vencida (arts. 51 inc. 1° y 77 del C.P.C.A.; art. 274 y ccds. del C.P.C.C.).
2Por los trabajos de segunda instancia, estese a la regulación de honorarios que por separado se practica.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 12 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C- 6066-DO1 “GARCÍA, MARIO RAFAEL c. MUNICIPALIDAD DE TORDILLO s. PRETENSIÓN ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. En lo que aquí interesa, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores dictó sentencia con el siguiente alcance: (i) rechazó íntegramente la demanda promovida por el actor contra el Municipio de Tordillo; (ii) distribuyó las costas en el orden causado (art. 51 inc. 2° del C.P.C.A. –t. ley 14.437-); (iii) reguló honorarios profesionales al letrado patrocinante de la parte actora (fs. 231/246, sent. del 15-10-2015).
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 397/407, y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia (cfr. proveído de fs. 415, del 18-8-2015), corresponde plantear la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El juez de grado rechazó la pretensión interpuesta por el agente Mario Rafael García, mediante la cual perseguía –en lo que aquí interesa- la nulidad del decreto N° 145/2012, dictado por el Intendente de la Municipalidad de Tordillo. Luego de repasar pormenorizadamente los antecedentes administrativos del caso, expresó que por medio del Decreto N° 145/2012 (de fecha 6-7-2012) se había resuelto: (i) otorgarle licencia al actor a partir del 1° de junio de 2012 para desempeñar el cargo de concejal por el período 2011- 2015; (ii) reservarle durante dicho mandato el cargo de planta permanente que detentaba en la Comuna (Personal Administrativo clase III), y para el cual había sido designado por Decreto N° 1339/95; (iii) denegarle la reserva del cargo de Tesorero Municipal, para el cual fuera designado por Decreto N° 2/1995 y que había ocupado desde el 11-12-1995 hasta el 19-7-2002, fecha en la que fue designado como Secretario de Gobierno (por Decreto N° 73/2002).
Refirió que, como consecuencia de la nulidad propiciada, el actor pretendía que se reconociera su derecho a la reserva en el cargo de Tesorero invocando, en pos de su tesis, las previsiones de los arts. 2 y 17 de la ley 11.757, 8 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 113, 117 y ccds. de la Ordenanza General 267/80.
Consideró que el accionante perpetraba una equivocada lectura de las normas en juego. Subrayó, ante todo, que el cargo de Tesorero que había ejercido durante el período señalado constituía un cargo político sin estabilidad y, por tanto, excluido del régimen previsto por el Estatuto del Empleado Municipal (ley 11.757). Concluyó que el actor no podía invocar derecho alguno a la estabilidad, independientemente de que se hubiera desempeñado como Tesorero desde el año 1995 hasta el año 2002, de manera ininterrumpida.
Siendo que el cargo de Tesorero se encontraba excluido del ámbito de aplicación de la mentada norma (art. 2 de la ley cit.), resaltó que tampoco podía reconocérsele un derecho a hacer uso de la prerrogativa de reserva de dicho cargo prevista en el art. 17 de la ley 11.757, razón por la que la pretensión incoada –a su modo de ver- no podía prosperar. Sin perjuicio de lo expuesto, no dejó de remarcar el error en que había incurrido el Municipio con anterioridad al dictado del acto impugnado, ya que –según surgía de las constancias acompañadas- la Comuna había reservado en reiteradas oportunidades el cargo de Tesorero que supo ocupar el actor, mediante el dictado de diversos decretos (N° 73/2002, N° 238/2007, N° 277/2011).
Resaltó que el decreto cuestionado había revertido enhorabuena dicha situación de irregularidad, “ya que nunca debió habérsele reservado el cargo de tesorero municipal al actor por los fundamentos ya expuestos”. Añadió, en ese orden, que la Administración tenía la facultad de anular, modificar o revocar de oficio sus propias resoluciones en defensa de la legalidad, cuando detectara alguna circunstancia que –como la apuntada- no se ajustara a derecho.
Por último, puntualizó que la denegatoria de reserva de cargo de Tesorero dispuesta por el decreto N° 145/12 en modo alguno implicaba una remoción ilegítima. Consideró que, en el caso, no resultaba exigible el procedimiento del art. 196 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, “toda vez que el Sr. Mario Rafael García no ejerce ni es titular del cargo de Tesorero de la Municipalidad de Tordillo”.
Refirió que “la circunstancia de que el Municipio le haya venido otorgando la reserva del cargo de tesorero por un error, el cual ha sido subsanado mediante el dictado del Decreto N° 145/12, no le confiere tal derecho, ya que el mismo ha sido ejercido en violación a la normativa aplicable”. Con todo, juzgó que el obrar de la Municipalidad no resultaba ilegítimo ni contrario a derecho. En tales términos, rechazó la demanda.
2. El accionante, insatisfecho, interpone recurso de apelación contra el fallo de grado y fundamenta a fs. 397/407.
Aduce, en primer término, que el cargo de Tesorero Municipal es un cargo de planta permanente, que no reviste carácter político, en tanto el Intendente no puede removerlo sin causa, necesitando para ello de un procedimiento específico (decisión fundada del Depto. Ejecutivo y acuerdo del Concejo Deliberante). Explica, así, que este cargo goza del derecho a una “estabilidad especial”, ya que mientras no se observe dicho derrotero no podrá ser removido.
Manifiesta, en esa línea, que la planta política del Municipio se agota en los cargos enumerados en el art. 2 inc. “a” de la ley 11.757, precepto que en ningún momento refiere a la figura del Tesorero.
Arguye que la ley 11.757 resulta aplicable a los denominados “funcionarios de Ley Orgánica” (Contador, Tesorero y Jefe de Compras), a excepción de lo relativo a su nombramiento y remoción, que se rige por las disposiciones específicas del decreto ley 6769/58 (conf. art. 2 inc. “c” de la ley 11.757). De lo contrario –agrega-, “estos agentes de ley carecerían de un régimen estatutario por el cual regirse en cuanto a licencias, accidentes de trabajo, enfermedad, obligaciones, prohibiciones y demás prescripciones previstas en el Estatuto del Empleado Municipal”.
Añade que, aun cuando se considerase que la ley 11.757 no resulta aplicable a la situación del actor, tal circunstancia no varía la suerte del caso, toda vez que el propio texto de la Ley Orgánica (dec. ley 6769/58) “le otorga el derecho a desempeñar funciones electivas con reserva del cargo” (art. 8). Cita, en apoyo de su tesis, un dictamen de la Asesoría General de Gobierno en el que se habría evaluado favorablemente la posibilidad de reservar el cargo de un Tesorero Municipal.
Expresa, asimismo, que el obrar del Municipio atenta contra el efectivo ejercicio de los derechos políticos reconocidos en la Constitución, poniendo en crisis la igualdad de oportunidades para el acceso a los cargos electivos, en especial, para ser elegido miembro del órgano deliberativo municipal (arts. 11, 56, 57, 59 y 191 inc. 3° de la Constitución provincial). Invoca, asimismo, la protección que confieren los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en materia de derechos políticos. Argumenta que el ejercicio de estos derechos se ve claramente afectado si para ello se priva de su empleo o cargo al ciudadano, “obligándolo a elegir entre representar a sus ciudadanos o conservar su puesto de trabajo”.
Afirma, por otra parte, que la decisión del juez de grado desconoce los efectos de los actos anteriores del Municipio –que se encuentran firmes y consentidos-, mediante los cuales le fue garantizado su derecho a la reserva del cargo de Tesorero. Sostiene, además, que el Intendente no puede, per se, ejercer la prerrogativa anulatoria luego de que los actos fueron notificados a los interesados y se encuentran en juego sus derechos subjetivos (arts. 113, 117 y ccds. de la Ordenanza General N° 207).
Con todo, subraya que la denegatoria de reserva de cargo de Tesorero implica, lisa y llanamente, la separación ilegítima del agente. Alega que mientras el agente no sea legítimamente removido de su cargo de Tesorero tal como lo exige el art. 196 del decreto ley 6769/58, tiene pleno derecho a permanecer en tal posición.
En tales términos, peticiona la revocación del pronunciamiento de la instancia apelado, con costas.
3. La Comuna demandada contesta el memorial en traslado a fs. 410/412 y solicita su íntegro rechazo.
II. El recurso prospera, con el alcance que seguidamente pasaré a exponer.
1. De la compulsa de las constancias agregadas, surgen los siguientes datos útiles para la resolución de la causa:
1.1. Mediante decreto N° 02/1995 –del 11/12/1995-, se designó al accionante en el cargo de Tesorero Municipal (nomenclado en el escalafón de Personal Jerárquico -Clase I- ), con retención del cargo de planta permanente que detentaba de personal administrativo clase III (cfr. fs. 100 de autos); el accionante se desempeñó efectivamente como Tesorero del Municipio desde la fecha de su designación y hasta el 19-7- 2002, tal como se describe a continuación (cfr. certificación de servicios emitida por la accionada, a fs. 58).
1.2. Por decreto N° 73/02 –de fecha 19/7/2002-, se designó al Sr. García como Secretario de Gobierno del Municipio de Tordillo, ante la necesidad de cubrir la vacancia generada en dicho cargo; paralelamente, le fue otorgada licencia en el cargo de Tesorero Municipal que venía desempeñando, “con el único objeto de que pueda desempeñarse en las funciones que se le asignan por el presente”, dada la “incompatibilidad del cargo de tesorero con cualquier otra función municipal” (cfr. copia fiel del acto, fs. 101).
1.3. Luego, el actor presentó su renuncia al cargo de Secretario de Gobierno y Hacienda, en virtud de haber resultado electo concejal en representación del Frente Para la Victoria (cfr. fs. 102), para el período 2007/2011; atendiendo tal petición, por decreto N° 238/07 –del 11/12/2007- el Intendente, por un lado, aceptó la renuncia presentada y, por el otro, resolvió “mantener la reserva del cargo… otorgada oportunamente según decreto 073/02” (cfr. copia fiel del citado decreto, obrante a fs. 102 de autos).
1.4. Más tarde, el demandante solicitó licencia ante el Concejo Deliberante, atento haber sido convocado por el Intendente para formar parte de su Gabinete, nuevamente como Secretario de Gobierno (cfr. fs. 103/104). Mediante Resolución N° 19/08 –del 1/2/2008- el Concejo Deliberante aprobó -a partir de la fecha de su dictado- la licencia solicitada por el Sr. Mario R. García y, consecuentemente, convocó a la concejal suplente para ocupar el escaño vacante (cfr. copia de la Res. cit., fs. 103). Esta secuencia culmina con el dictado del decreto N° 28/08, que formalizó la designación del demandante en el cargo de Secretario de Gobierno y Hacienda, a partir del 1-2-2008 (cfr. copia fiel del acto citado, dictado en la fecha indicada).
1.5. En las elecciones celebradas en el año 2011, el actor fue nuevamente electo por el voto popular, para ocupar su banca durante el período 2011-2015 (fs. 83). En fecha 12- 12-2011 tomó posesión del cargo electivo (cfr. acta acompañada a fs. 20 de autos); empero, a raíz de una nueva convocatoria del Depto. Ejecutivo, presentó pedido de licencia ante el órgano deliberativo, para así poder continuar en la gestión de gobierno. Finalmente, por decreto N° 280/2011, el Sr. Jefe Comunal designó al Sr. Mario R. García en el cargo de Secretario de Gobierno y Hacienda, a partir del 12-12-2011 –fecha de su dictado- (cfr. copia del acto de fs. 105). A su vez, en la misma fecha, y por decreto N° 277/2011, el Depto. Ejecutivo otorgó al actor “licencia con reserva de cargo de revista”, en relación al cargo de Tesorero Municipal para el cual fuera designado en el año 1995 mediante decreto N° 2/95 (cfr. copia del acto, glosada a fs. 106).
1.6. Con fecha 30-05-2012, el actor renunció al cargo de Secretario de Gobierno que ostentaba, ante la necesidad de asumir la banca de concejal para la cual fuera elegido por el voto popular. En el mismo acto, solicitó que se mantuviera la reserva del cargo de Tesorero Municipal que detentaba, perteneciente, a su juicio, “a la planta permanente de la Municipalidad de Tordillo” (cfr. nota obrante a fs. 27). Por decreto N° 115/2012 –del 31/5/12, el titular del Departamento Ejecutivo aceptó su renuncia indeclinable a partir del 1-6- 2012, mas no se pronunció sobre la solicitud de reserva de cargo efectuada por el actor (cfr. copia fiel del acto, fs. 107), por las razones que reseñaré en el apartado que sigue.
1.7. El Sr. Intendente Municipal, previo a expedirse sobre el mantenimiento de la reserva de cargo instada por el Sr. García, solicitó al Honorable Tribunal de Cuentas provincial que se expidiera sobre la viabilidad del requerimiento efectuado por el concejal electo. A tal fin ordenó la formación de expediente con nota de elevación de la consulta (cfr. decreto N° 121/2012, del 1-6-2012 –obrante en copia a fs. 162/163-; véase también nota obrante a fs. 154). El organismo constitucional se pronunció sobre la imposibilidad de conceder la reserva, en tanto el cargo de tesorero municipal no resultaría de aquellos alcanzados por las previsiones de estatuto municipal (cfr. fs. 48 y 50 de autos).
1.8. Finalmente, mediante decreto N° 145/2012 (impugnado en autos), el Jefe Comunal denegó la petición efectuada por el actor, tras considerar –en lo que aquí atañe- que el personal no comprendido dentro del régimen de la ley 11.757 (caso del Tesorero Municipal) no gozaba de la prerrogativa de reserva de cargo prevista en el art. 17 de dicha norma. Amén de ello dispuso que la reserva del cargo fuera materializada, no sobre el cargo de Tesorero, sino sobre el cargo de planta permanente “personal administrativo clase III” –originalmente retenido mediante decreto N° 02/1995-, en tanto dicho cargo – añadió- sí resultaba alcanzado por las previsiones del Estatuto del empleado municipal (cfr. fs. 56/57, copia del acto citado, de fecha 6-7-2012).
1.9. El mencionado acto administrativo del Depto.
Ejecutivo Municipal (decreto N° 145/2012) es impugnado por el Sr. Mario R. García en el marco de la presente acción judicial, en tanto habría sido dictado en violación a lo dispuesto en el régimen normativo que –a su juicio- resulta de aplicación al caso.
A la par del pedimento anulatorio, procura el reconocimiento del derecho que entiende le asiste a la reserva del cargo de Tesorero Municipal para el que fue designado por decreto N° 02/1995, durante el tiempo que persista su mandato como concejal municipal (fs. 81/89, escrito de demanda), cargo que, actualmente, seguiría ocupando en el seno del H.C.D., tal como se desprende del sitio web oficial de la Comuna del Partido de Tordillo (cfr. www.tordillo.gov.ar.).
2. Delimitado el complejo derrotero que precedió a la contienda, es momento de abocarse al tratamiento de los agravios que el accionante empuña contra la sentencia de grado, adversa a su pretensión, con el fin de demostrar la ilegitimidad de la decisión enjuiciada.
Como punto de partida, corresponde tener presente que la denominada Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6769/58) determina que el Intendente ha de tener una serie de auxiliares para el cumplimiento de sus atribuciones, contemplando, entre otras, la figura del Tesorero, encargado de la custodia de los fondos municipales (art. 189). Dicho funcionario se encuentra excluido del régimen del Estatuto del Personal de las Municipalidades (ley 11.757), en función de lo expresamente previsto por el art. 2 inciso “c” de esta última norma (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 56.335 “Servino”, sent. del 8-III-2000).
El mentado cargo, entonces, resulta ser de aquellos que se encuentran sometidos a un procedimiento especial de nombramiento y remoción regido –como anticipé- por los arts. 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y ccds. del decreto ley 6769/1958 (arg. doct. esta Cámara causa C-3138-MP1 “Caviglia”, sent. del 12-III-2013; arg. doct. S.C.B.A. causa B. 56.2020 “Fasolo”, sent. del 8-III-2000).
Por las características de su rol funcional, el Tesorero Municipal no se encuentra amparado por la garantía de la estabilidad, al menos con el sentido con que ésta es concebida en el campo del empleo público tradicional (art. 14 bis de la Constitución; arts. 12 inc. 1°, 14 inc. “a”, 15 y ccds. de la ley 11.75; arg. doct. S.C.B.A. en la causa B. 56.335 “Servino”, citada).
Empero, ello no quiere decir que dicho cargo se halla desprovisto de toda protección normativa o, en otras palabras, que el titular del Ejecutivo pueda disponer, sin más y ad nutum, la separación de quien haya sido regularmente designado para ejercer tal función. El decreto ley 6769/58, reitero, regula de un modo particular la remoción del Tesorero, determinación para la que se exige – insoslayablemente- “acuerdo del Concejo Deliberante” (art. 196 del dec. ley cit.).
La norma demanda pues, voluntad coincidente entre los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del Municipio, para separar del cargo al denominado “funcionario de ley”. No se trata, repito, de un derecho a la estabilidad, sino de una permanencia protegida por un mecanismo especial de remoción, cuyo cumplimiento viene impuesto bajo pena de nulidad (arg. doct. S.C.B.A. en causa B. 57.144 “Pérez”, sent. del 5-IV- 2000). La mentada exigencia no resulta baladí, ya que su sentido es garantizar la “independencia de juicio de tales funcionarios” (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 56.2020 “Fasolo”, citada), que no son meros auxiliares del Intendente, sino que ejercen –a su vez- una verdadera función de control respecto de una faceta de su actividad (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 55.549 “Barilli” –del voto de la mayoría-, sent. del 1-XII- 1998; arg. arts. 189, 190, 191 y ccds. del decreto ley 6769/58 –L.O.M.-).
En suma, para deponer del cargo a un Tesorero Municipal, no resulta suficiente la voluntad del Jefe Comunal, pues la facultad genérica que le otorga el art. 108 inciso 9° de la L.O.M. (en cuanto a la designación y cesantía de los empleados del Departamento Ejecutivo) debe necesariamente integrarse con el recaudo previsto en el art. 196 del mismo cuerpo legal.
El derrotero lógico impuesto por el régimen de marras requiere, por un lado, de la petición fundada del Intendente con invocación del motivo que considere de entidad para disponer la segregación del funcionario y, por otro, del ulterior acuerdo del cuerpo deliberativo. En la medida que el procedimiento interorgánico de mención sea respetado y la prerrogativa ejercida dentro de los límites de la razonabilidad, no corresponderá –en principio- formular reproches contra la decisión que se adopte sobre el particular (arg. doct. esta Cámara causa C-3138-MP1 “Caviglia”, cit.).
3. Expuesto ello, es menester precisar, ahora, cómo juegan dichos lineamientos en el particular supuesto que nos ocupa.
3.1. De la reseña efectuada en el punto “1”, extraigo las siguientes conclusiones objetivas: (i) desde que el actor fue licenciado en la Tesorería Municipal para asumir, por vez primera, en el cargo de Secretario de Gobierno y Hacienda de la Comuna (es decir, el 19/7/2002 –decreto N° 73/02), jamás retomó el ejercicio de la función prevista en el art. 189 y ss. del decreto ley 6769/58, como consecuencia del agitado trajinar político que lo mantuvo ocupado a partir de entonces; (ii) ello no obstante, el Departamento Ejecutivo tomó, inicialmente, la determinación de reservarle el cargo de Tesorero Municipal para el cual fuera designado por decreto N° 2/1995, mientras se mantuviera en el desempeño de cargos políticos y electivos (básicamente, los de Secretario de Gobierno y Concejal), que resultaban incompatibles con el ejercicio de aquella función (arg. art. 180 de la L.O.M.); (iii) que tal decisión se cristalizó en diversos decretos (N° 73/02, 238/07 y 277/11), que reflejaron una postura unívoca de la Administración, mantenida prácticamente hasta el dictado del acto impugnado (decreto N° 145/12), generador de la presente controversia judicial; (iv) que este último acto vino a romper con aquella suerte de paraguas que se había implementado con el decreto N° 73/02, y por el cual se venía preservando –sin solución de continuidad- la situación jurídica del Sr. García respecto de la titularidad del cargo de Tesorero Municipal; (v) como corolario del acto atacado, el accionante perdió definitivamente la reserva sobre el mencionado cargo, la que se hizo finalmente efectiva sobre el cargo de planta permanente con estabilidad en el que primigeniamente revistara (“Administrativo Clase III”, regido por la ley 11.757), con anterioridad a su designación en la Tesorería.
3.2. La precedente descripción no tiene por objeto abrir juicio sobre la juridicidad de la decisión del Ejecutivo de “reservar”, “licenciar”, o “retener” el cargo de funcionario de ley que detentaba el actor, mientras persistiese su desempeño político en otros estamentos de la Comuna; con lo dicho, solamente pretendo poner al descubierto el estado de situación que se generó a partir de tales prácticas de la Administración que, mal o bien, supieron reconocer al Sr. Mario R. García un estatus jurídico que se mantuvo inalterable durante varios años y que, de un momento para otro, fue abruptamente interrumpido con el dictado del acto cuestionado, que no vino sino a poner punto final a la titularidad que retenía respecto del cargo de Tesorero Municipal.
Queda claro, entonces, a mi modo de ver, que al dictar el decreto N° 145/2012 (cfr. fs. 56/57) el Intendente de la Municipalidad de Tordillo dispuso, aunque sin mencionarlo expresamente, la remoción del actor en el cargo de Tesorero Municipal, decisión que, como he señalado, no pudo adoptarse válidamente sin el recaudo previo del art. 196 de la L.O.M. (acuerdo del Concejo Deliberante), cuyo cumplimiento –agregono surge de las constancias de la causa. Esta línea argumental fue oportunamente introducida por el actor en su demanda [cfr. fs. 84 vta.] y mantenida en su recurso [cfr. fs. 404 y 406 vta.], lo que habilita a esta Alzada a construir la solución del caso apuntalada en los argumentos precedentes, sin violación del principio de congruencia. En esas circunstancias, ya no resulta menester analizar en autos si un funcionario del decreto ley 6769/58 posee, o no, un legítimo derecho a optar por la reserva de dicho cargo ante una designación para ocupar otros de naturaleza política, incluyendo los electivos, durante el tiempo que permanezca en el ejercicio de aquellos. Tampoco viene al caso examinar si los actos que –en el presente- concedieron tal derecho al actor eran susceptibles de ser revocados o anulados en sede administrativa y, por su parte, si el decreto atacado (N° 145/12) importó concretamente la manifestación de la potestad anulatoria de la Administración (arts. 113, 114, 115, 116, 117 y ccds. de la Ordenanza General 267/80).
Como dije, el decreto N° 145/2012 trae aparejadas consecuencias prácticas que tornan irrelevante adentrarse en la consideración de dichos pormenores, en tanto lo allí decidido -y en los términos en que lo fue- importó, en los hechos, la separación definitiva del actor del cargo de Tesorero Municipal que –aunque no ejercía- hasta ese momento detentaba, en grado de reserva. Siendo ello así, dicha decisión nunca pudo ser adoptada sin el previo consenso del órgano deliberativo comunal, tal como lo exige el régimen aplicable al caso (art. 196 de la LO.M.).
El acto administrativo impugnado resulta ilegítimo, por no haber respetado el procedimiento esencial previsto en la normativa específica (arg. art. 103 y ccds. de la Ordenanza Gral. 267/80). Consecuentemente deberá ser anulado, tal como solicitó el apelante en su escrito de demanda.
III. Sin que lo dicho importe sentar opinión sobre los tópicos que expresamente han quedado fuera del debate, la descalificación que propongo importa la erradicación del mundo jurídico del acto impugnado (decreto N° 145/12) y, por efecto propio de la declaración de nulidad (arg. arts. 382, 386, 390 y ccds. del Código Civil y Comercial), el mantenimiento del statu quo que el apelante detentaba con anterioridad a su dictado, respecto de la titularidad del cargo de Tesorero Municipal (reservado por decretos N° 73/02, 238/07 y 277/11), todo ello, hasta tanto su remoción –o la adopción de cualquier otro curso de acción que de algún modo importe su separación del cargo- no sea dispuesta -de considerarlo pertinente el Depto. Ejecutivo Municipal-, con apego al procedimiento reglado del art. 196 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y respetando los límites trazados a lo largo del presente voto (conf. decreto ley 6769/58 y doct. cit.).
Con dicho alcance, sugiero al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación deducido por el actor, acoger en tales términos su demanda y, consiguientemente, revocar el fallo de grado apelado. Las costas de ambas instancias deberían imponerse a la accionada vencida (arg. arts. 51 inc. 1° -t. ley 14.437-, 77 y ccds. del C.P.C.A.; arg. art. 274 del C.P.C.C.).
Doy mi voto a la cuestión planteada por la afirmativa. El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, dicta la siguiente
1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el actor y revocar el fallo de grado impugnado, con el alcance indicado en el punto III) del voto que concitó adhesión a la cuestión planteada. Imponer las costas de ambas instancias a la accionada, habida cuenta su condición de vencida (arts. 51 inc. 1° y 77 del C.P.C.A.; art. 274 y ccds. del C.P.C.C.).
2. Por los trabajos de segunda instancia, estese a la regulación de honorarios que por separado se practica. Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional de origen, por Secretaría. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia