Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 777
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 426/449 y, por mayoría concordante de opiniones: (i) condenar a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar a Eduardo Jorge Puente, Ramiro Eduardo Puente, Matías Damián Puente y Laura Inés Puente –herederos de la Sra. Blanca Norma Denegri- por la suma de PESOS CUATRO MIL [$ 4.000,00] por privación de uso de automotor; PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS [$ 3.400,00] por disminución de valor venal del vehículo y PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS [$ 4.500,00] por daño moral, con más intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días –vigente en los distintos períodos de aplicación y calculados de conformidad a la doctrina sentada en la causa B. 62.488 “Ubertalli”, sent. de 18-V-2016, por mayoría- , contados a partir del día 26-09-2003 y hasta el efectivo pago [cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 100.774 “Ponce”, sent. de 21-X-2009 –por mayoría-; C. 100.228 “Ferreira de Zeppa”, sent. de 16-XII-2009 – por mayoría-; C. 118.680 "E. d. V., M. Á", sent. de 15-VII-2015], todo ello dentro del plazo de sesenta (60) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique (art. 163 Constitución provincial) y; (ii) confirmar el segmento del fallo de grado de fs. 411/419 en cuanto dispusiera el íntegro rechazo de la demanda respecto del restante codemandado en autos Raúl Guillermo López Camelo. …
En la ciudad de Mar del Plata, a los 2 días del mes de junio del año dos mil dieciséis reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa R-777-BB1 “PUENTE RAMIRO EDUARDO Y OTROS c. LÓPEZ CAMELO RAÚL GUILLERMO Y OTROS s. PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA – OTROS JUICIOS”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli, Rosales Cuello y Loustaunau, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca dictó sentencia mediante la cual dispuso: (i) desestimar planteo de prescripción articulado por la codemandada Provincia de Buenos Aires y; (ii) rechazar la demanda interpuesta por Blanca Norma Denegri [continuada por sus sucesores Eduardo Jorge Puente, Ramiro Eduardo Puente, Matías Damián Puente y Laura Inés Puente] contra el doctor Raúl Guillermo López Camelo y la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas a la demandada (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t. según ley 14.437-) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 426/449 –replicado por el codemandado López Camelo a fs. 455/461- y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. fs. 476] –providencia que se encuentra firme-, corresponde plantear la siguiente
¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante a fs. 426/449?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. A la hora de decidir la cuestión llevada ante sus estrados, el a quo puntualizó que la parte actora articula la presente demanda reclamando por el pago de los daños que dice haber sufrido en el marco de la causa penal iniciada con motivo del hurto del vehículo de propiedad de la Sra. Blanca Noemí Denegri [Fiat Uno dominio RLF 552] y en la que se habría omitido informarle durante un “prolongadísimo” lapso de tiempo [entre el 16-12- 1998 hasta el 6-10-2003] el hallazgo y recupero del mentado automotor por parte de las autoridades policiales de la Provincia de Entre Ríos.
Delimitado el contexto de la contienda abordó, en primer término, la defensa de prescripción de la codemandada Provincia de Buenos Aires. En tal sentido, expuso que este Tribunal (mediante sentencia firme de fecha 19-II-2009) ya había tenido oportunidad de pronunciarse sobre idéntica defensa interpuesta por el restante codemandado doctor López Camelo. Siendo ello así, y haciendo propios los argumentos vertidos por esta Alzada en la mentada oportunidad, dispuso el rechazo de la defensa de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires.
Precisado lo anterior, se adentró a evaluar individualmente la atribución de responsabilidad:
1.1. Actuación desplegada por el magistrado interviniente en la causa penal, doctor López Camelo.
Liminarmente, recordó –con apoyatura en citas de las Cortes Federal y local- que resultaba un requisito indispensable para someter a un magistrado a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, acreditar su previo desafuero por cualquier motivo que fuera. La doctrina precedentemente expuesta, además de hallarse vigente de desde antaño –ahondóno entra en colisión con la previsión contenida en el art. 57 de la Constitución provincial. Por el contrario –remarcó- la Suprema Corte de Justicia local, en oportunidad de expedirse en un caso en que se debatía la posibilidad de accionar directa e inmediatamente contra un magistrado con motivo de los actos ejecutados en ejercicio de sus funciones, moderó el alcance de la mentada norma [entonces art. 48 de la Constitución local] concluyendo que los jueces “…no pueden ser enjuiciados ante los tribunales ordinarios por actos realizados en el desempeño de sus funciones, delitos, faltas y sus consecuencias, sin previa destitución … o cese en el ejercicio del cargo…”. No modifica lo anteriormente expuesto –resaltó- las previsiones contenidas en los arts. 24 y 45 de la ley 8085 en tanto tales pautas no autorizan la promoción directa de acciones resarcitorias contra los magistrados en ejercicio de sus cargos.
Con todo entonces, advirtiendo que en la especie no se hubo acreditado que el doctor López Camelo hubiera cesado en sus funciones [sea por decisión del jurado de enjuiciamiento, renuncia o por acogimiento a los beneficios jubilatorios], dispuso el rechazo de la demanda articulada respecto del citado magistrado.
Finalmente, hizo notar que aunque ciertamente el Juzgado de Transición N° 1 del Depto. Judicial de Bahía Blanca en el que se efectuaran los actos supuestamente dañosos había cesado en su funcionamiento, no lo era menos que el doctor López Camelo continuaba ejerciendo la magistratura como integrante del Tribunal en lo Criminal N° 3 del citado Depto. Judicial, por lo que mal podría tenerse por concluidas sus tareas como juez.
1.2. Responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires.
A fin de analizar el restante título atributivo de responsabilidad –defectuosa prestación del servicio de justicia- por el cual se le endilga a la Provincia de Buenos Aires responsabilidad en el suceso (demora en la restitución del automotor secuestrado), el a quo se abocó a analizar: (i) la causa Nº 75.617 caratulada "Puente Ramiro Eduardo s. denuncia Hurto Automotor” que tramitara ante el Juzgado de Transición N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca; (ii) los testimonios vertidos en autos por la Dra. María Eloisa Errea –quien se desempeñara como Secretaria del citado Juzgado entre octubre de 1998 y junio de 1999- y por la Dra. Marisa Gabriela Promé -quien también fuera actuaria del mentado organismo desde el año 1999 y hasta 2004- y; (iii) las constancias obrantes en el sumario que tramitara ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires n° 540/05 que se le siguiera al Dr. López Camelo.
Efectuado tal relevamiento, el a quo tuvo por acreditado que: (i) el día 31 de julio de 1998 el Sr. Ramiro Puente formuló denuncia por robo de un vehículo Fiat Uno; (ii) en esa oportunidad se expuso erróneamente que el dominio del automotor era RVW 671, a la vez que se omitió indicar que la titular registral del vehículo era la madre del denunciante, Sra. Blanca Denegri (iii) el dominio correcto del vehículo era RLF 552, (iv) a raíz de esa denuncia se formó la causa penal N° 75.617, (v) el 16 de diciembre de 1998 se receptó en el Juzgado de Transición N° 1 la causa N° 75.617 (iniciada a raíz de la denuncia formulada en la Seccional Segunda de Policía de Bahía Blanca) y la causa N° 786/98 proveniente del Juzgado de Instrucción de la Provincia de Entre Ríos caratulada “Secuestro de vehículo Fiat Uno dominio colocado RLF 552” a la que se le dio número de entrada N° 75.658, (vi) las mentadas causas fueron acumuladas el 30 de noviembre de 2001 y el 20 de diciembre de 2002 y; (vii) el 26 de septiembre de 2003, ante el pedido formulado por la Sra. Denegri, se ordenó la restitución del vehículo.
Con tales datos en miras, el magistrado de grado expuso que la parte actora solo limitaba su reclamo a postular que había transcurrido un excesivo lapso entre el momento en que se anoticiara al Juzgado de Transición N° 1 el hallazgo y secuestro del vehículo [año 1998] y el instante en que por casualidad la titular dominial se anoticiara del hallazgo del automotor [año 2003] omitiendo “…mencionar de donde surge la obligación de actuar conforme a tales pautas, ni el plazo para realizar las comunicaciones…”.
Con ello en miras, concluyó el a quo que, al no haber la accionante individualizado debidamente la existencia de un deber normativamente impuesto de obrar al organismo jurisdiccional y, atendiendo a las especiales circunstancias en que se desarrollaba la labor judicial en el mentado Juzgado de Transición N° 1 –con escasez de personal y de medios técnicos-, mal podía tenerse por acreditada la defectuosa prestación del servicio de justicia en los términos intentados por la parte actora. A lo anterior añadió que la propia conducta del denunciante en sede penal [Sr. Ramiro Eduardo Puente] había contribuido a la producción de las disvaliosas consecuencias que motivaran este juicio, toda vez que en la denuncia original había consignado erróneamente el dominio del automotor. Ponderando las herramientas [recursos humanos y técnicos] que disponía el organismo jurisdiccional al momento de receptar las causas [esto es, la causa N° 75.617 originada a partir de la denuncia y la que remitiera la Justicia de la Provincia de Entre Ríos]-, consideró que no resultaba posible exigir que se hubieran relacionado ambos expedientes pues en uno se ponía a disposición un vehículo titularidad de la Sra. Blanca Denegri, dominio RLF- 552 (causa N° 786/98 recibida de la justicia de Entre Ríos y recaratulada bajo el N° 75.658) y en la causa original (N° 75.617) se denunciaba el hurto de un automotor propiedad de Ramiro Puente, dominio RVW-671.
Con todo entonces, el sentenciante consideró que en la especie no cabía tener por acreditada prestación irregular alguna del servicio de justicia y, consecuentemente, dispuso el íntegro rechazo de la demanda.
2. Disconforme con el citado pronunciamiento la parte actora a fs. 426/449 articula remedio de apelación.
Luego de efectuar una reseña de los antecedentes del pleito postula que el magistrado de grado, con apoyatura en “…argumentos ilegítimos, de contenido infantil e inaceptables…" libera de toda responsabilidad tanto al magistrado demandado como a la Provincia de Buenos Aires desconociendo así que, en el marco de la causa penal en la que se denunciara el hurto del vehículo de propiedad de Blanca Denegri, "…pasaron cinco años sin que el juez demandado notificara del recupero del bien…". Explica que el a quo desempolva un perimido, arcaico y torpemente antijurídico precedente de la Corte local para justificar la impunidad del Dr. López Camelo. Recuerda que la citada doctrina sentada en la causa "Jackson v. Uzal Deheza" (sentencia de fecha 1-VI-1920) traduce una inconstitucional preferencia, fuero o derecho subjetivo de inmunidad a favor de los jueces pues, se establece como condición para la demandabilidad de los magistrados el cese en el cargo, sea como consecuencia de un juicio político, renuncia o jubilación. Semejante vertiente jurisprudencial, además de anacrónica luce, a tenor de las actuales tendencias de moralización del derecho, contraria al mandato de igualdad recogido en el art. 16 de la Constitución Nacional.
Por fuera de lo anterior, asevera que el citado precedente "Jackson" de la Corte local no resulta aplicable al caso de marras pues lo que aquí se persigue es responsabilizar a un magistrado por actos ejecutados en ejercicio de su función y que han afectado a una víctima en un proceso penal. Entiende que la actuación del Dr. López Camelo en el marco de una causa penal lo coloca por fuera de la invocada doctrina de la inmunidad funcional de los jueces pues, en definitiva, la irregularidad fue cometida por quien debe investigar delitos de acción pública.
Asimismo, entiende falaz e infundado el razonar del inferior en cuanto desestima los "…conceptos centrales, genéricos y de máxima jerarquía constitucional provincial contenidos en el art. 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires…" en tanto existen longevas, extensas y pacíficas interpretaciones respecto del alcance conceptual de la citada norma y de la que se desprende que la actividad jurisdiccional dañosa -sea por acción o por omisión- debe ser resarcida por aquél que ocasione el perjuicio, esto es, por el magistrado doctor López Camelo.
Finalmente expone que el a quo incurre en un nuevo absurdo al predicar la inmunidad funcional del juez López Camelo ya que, al momento de dictar el fallo de grado, el citado funcionario no acometía "…la magistratura en cuyo ejercicio provocó un daño irreparable por injustificada omisión de sus deberes como Juez de Transición penal al frente (de) una causa de acción pública…".
Señalar "tozudamente" -asevera- que la garantía de indemnidad funcional sigue amparando al juez López Camelo so pretexto de que en la actualidad ejerce otra magistratura (juez de un Tribunal Criminal) diversa a aquella en la que produjo el hecho lesivo, violenta el más sencillo raciocinio. Dicho lo anterior, argumenta que la defectuosa actuación del magistrado en el devenir de la causa penal N° 75.617 luce evidente. A pesar de haber sido la justicia de Entre Ríos quien anoticiara al juez López Camelo en el año 1998 sobre el recupero del bien sustraído en la vía pública, fue recién cinco años después que se ordenó su restitución. La prolongación temporal resulta, en su parecer, a todas luces irrazonable y con entidad para consumar un perjuicio.
Y semejante apartamiento del magistrado de los márgenes tolerables de actuación -asevera- no puede ser dispensado so pretexto del yerro en que habría incurrido el hijo de la Sra. Blanca Denegri al efectuar la denuncia y en la que manifestara ser titular dominial del vehículo a la vez que exponiendo de manera errónea la chapa patente del automotor como "RVW 671" pues, según predica el apelante, ese error fue inmediatamente solucionado al dejar expresamente aclarado que el dominio alfanumérico correcto era "RLF 552". Tan es así - ahonda- que la orden de secuestro impartida -y que a la postre ocasionara la retención del vehículo en la Provincia de Entre Ríos- fue con los datos dominiales debidamente indicados.
Por lo demás, agrega que tampoco puede pretender exculparse al magistrado demandado con apoyatura en la supuesta falencia organizacional o en el faltante de personal del organismo a su cargo en tanto, lo que se endilga en la especie, es una responsabilidad de tipo personal y directa. Los dichos de los testigos (Dra. María Eloisa Errea y Marisa Gabriela Promé -ambas secretarias del Juzgado de Transición N° 1) resultan parciales y tendenciosos, máxime cuando las constancias del sumario CJ-540/05 que fuera tramitado ante la Suprema Corte provincial permite colegir que existían defectos en el sistema de búsqueda e identificación de los expedientes que fueran transferidos al mentado Juzgado.
Por otro lado, escudarse en la supuesta imposibilidad de "vincular" la causa N° 786/98 [renumerada en el Juzgado de Transición N° 1 bajo el N° 75.658] que fuera remitida por el Poder Judicial de Entre Ríos -y en la que se pusiera a disposición del juez López Camelo el vehículo Fiat Uno RLF 552- carece de todo asidero en tanto la restitución del automotor bien podía efectuarse sin materializar vinculación alguna.
A todo evento -agrega- la mentada acumulación de causas fue materializada por el magistrado López Camelo en el año 2001 y ninguna razón existe para justificar que entre esa fecha y el momento en que se dispusiera la restitución del automotor (año 2003) hubieran transcurrido casi dos años sin que se adoptara acto procesal alguno, máxime cuando esta última decisión de devolver el vehículo secuestrado en el año 1998 a su titular lo fue a partir de que Blanca Denegri requiriera el certificado de no hallazgo.
Con todo, postula que la actuación del magistrado accionado en el devenir de la causa N° 75.617 traduce una irregularidad con entidad para comprometer su responsabilidad la que, agrega, no puede ser excluida so pretexto de inmunidad funcional alguna.
En un segundo estadio de la crítica, aunque inescindiblemente conectado con lo anterior, expone que la sinrazón de lo dispuesto en la instancia se traslada al restante segmento del fallo de grado que repele el otro título jurídico blandido en autos, esto es, la defectuosa prestación del servicio de justicia. Argumenta que la irrazonable demora en que incurriera el organismo jurisdiccional en disponer la restitución del bien secuestrado no puede escudarse en la pretendida ausencia de norma o mandato procesal que impusiera al juez un plazo para efectivizar el acto procesal de entrega o restitución del bien secuestrado. Es que –resalta- “…el magistrado penal … se encuentra normativamente obligado a cumplir con el impulso del proceso…”; aunque no exista un mandato expreso que le fije al juez el plazo para devolver un bien de propiedad de la víctima denunciante, lo cierto es que razones de justicia y lógica hacen cobrar vigor a la obligación genérica de impulso procesal que reside en cabeza de los órganos jurisdiccionales que integran el fuero penal provincial.
Con todo, postula que en el caso de marras se encuentra debidamente acreditada la defectuosa prestación del servicio de justicia [irrazonable demora en la restitución del bien de propiedad de la víctima del delito] y el perjuicio que tal proceder ha ocasionado en el patrimonio de la parte actora. Por tales motivos, y rematando su faena argumentativa atribuyendo a los fundamentos del fallo de grado la condición de “…invertebrados, parciales, antijurídicos, irrazonables, desiguales, impropios, contradictorios, desalineados e ilógicos…” solicita a este Tribunal se revoque el pronunciamiento de fs. 411/419 y se acoja el reclamo indemnizatorio articulado contra el magistrado López Camelo y la Provincia de Buenos Aires.
3. A fs. 455/461 el codemandado -Dr. Raúl Guillermo López Camelo- materializa su réplica y, avalando en lo sustancial lo resuelto en el grado, solicita el íntegro rechazo de los agravios vertidos por su contraria.
II. Con el alcance que explicitaré, el remedio merece ser parcialmente estimado.
1.1. A fin de clarificar las fronteras de las pretensiones que son traídas a conocimiento de este Tribunal, pongo de relieve que la parte actora edifica su reclamo sobre títulos jurídicos diversos. Por el primero de ellos, endilga al entonces titular del Juzgado de Transición N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca [Dr. Raúl Guillermo López Camelo] responsabilidad a título personal; puntualmente le enrostra al magistrado accionado el incumplimiento de los deberes funcionales a su cargo en el devenir de la causa penal N° 75.617 [aduciendo una demora irrazonable en la materialización de actos propios de su competencia tales como la restitución en tiempo y forma del automotor dominio RLF 552]. Por otro lado, la accionante atribuye responsabilidad al Estado Provincial con apoyatura en lo que considera una errónea prestación del servicio de justicia y que, según se desprende del líbelo inicial, se configuraría a partir de la dilación irrazonable por parte del organismo jurisdiccional en la adopción de los actos procesales pertinentes para disponer la devolución del citado vehículo y en virtud de la cual fuera privada de la disponibilidad del bien por un extenso lapso.
1.2. A fs. 289/301 el codemandado [Dr. López Camelo] contesta demanda postulando que: (i) el 7- 10-1998 tomó posesión del cargo de Juez del Juzgado de Transición N° 1 del Depto. Judicial de Bahía Blanca con una carga de más de 9.000 causas provenientes de los Juzgados en lo Criminal y Correccional N° 2, N° 4 y N° 6 del citado Depto. Judicial; todo ello en el marco de la reforma del sistema penal provincial ocurrida en el año 1998. Entre tales expedientes –explica- se encontraba el N° 75.617 caratulado Puente Ramiro Eduardo s. Hurto Automotor y en el que se denunciaba la sustracción del vehículo dominio RVW671; (ii) en el mes de noviembre de 1998 recepcionó en el Juzgado la causa N° 75.658 que, proveniente del Poder Judicial de Entre Ríos, daba cuenta del secuestro del vehículo dominio RLF 552 de titularidad de la Sra. Blanca Norma Denegri; (iii) los errores en que incurriera el denunciante [al equivocar el número de dominio del vehículo y autointularse propietario del bien – cuando en realidad lo era su madre Blanca N. Denegri-], sumados a “la escasa e inexperta dotación de personal”; a la ausencia de registros informáticos y a la problemática que de por sí importó el proceso de reforma del fuero penal provincial ocurrida a partir del año 1998, tornaron imposible vincular ambos trámites, generando el consecuente alongamiento en la restitución del bien. En suma, el Magistrado accionado asevera no haber incurrido en falta personal alguna y, aunque reconoce la dilación ocurrida en la restitución del bien, coloca en cabeza de la parte actora [quien efectúa una denuncia penal con datos erróneos] y de acontecimientos ajenos a su actuación [tales como – por un lado- las consecuencias indeseadas de la reforma introducida por la ley 11.922 al sistema penal provincial y –por el otro- la ausencia de personal capacitado y de medios técnicos en el Juzgado] la causa del hecho lesivo [v. fs. 289/301].
1.3. A fs. 306/312 la Provincia de Buenos Aires –restante codemandada en autos- materializa sus defensas.
En un primer segmento articula la defensa de prescripción de la acción. Explica que la parte actora se anotició el día 9-09-2003 del recupero del vehículo y que, al haber interpuesto la demanda el día 6-10-2005, cabe tener por operado el término bianual de la prescripción.
Seguidamente, destaca que la actuación del organismo jurisdiccional dista de resultar irregular, agregando que la parte actora ha omitido señalar cuál resulta ser la deficiencia que se le endilga al servicio o, en su caso, cuál ha sido la norma incumplida en el devenir de la causa penal. Con todo, postula el íntegro rechazo de la demanda [v. fs. 306/312].
1.4. A la hora de pronunciarse sobre las citadas pretensiones, el a quo postuló la suerte adversa del reclamo.
Respecto de la responsabilidad endilgada al Dr. López Camelo, el sentenciante expuso que en el caso de marras resultaba de aplicación la doctrina de la inmunidad de jurisdicción que consagra, como recaudo previo de demandabilidad de los jueces, la necesidad de acreditar la culminación de sus funciones por cualquier motivo que fuera –desafuero y/o renuncia-. Con apoyatura en la citada doctrina –la que, vale poner de resalto, fue introducida oficiosamente por el sentenciante de la instancia- y luego de constatar que el Dr. López Camelo se encontraba al momento de dictar sentencia en ejercicio de la magistratura, tuvo por operado el valladar procesal y, en consecuencia, dispuso el íntegro rechazo de la demanda.
En cuanto a la atribución de responsabilidad proyectada contra la Provincia de Buenos Aires el a quo descartó que pudiera predicarse una defectuosa prestación del servicio de justicia pues la actora solo centraba su reclamo arguyendo una dilación procesal irrazonable, sin indicar empero cual resultaba ser la norma que imponía al organismo jurisdiccional obrar dentro de un plazo determinado. Lo anterior, sumado a: (i) las especiales circunstancias en que se desarrollaba la labor judicial del organismo jurisdiccional –con escasez de personal y de medios técnicos- y; (ii) los errores en que había incurrido el Sr. Ramiro E. Puente, obstruyen –en la visión del inferior- la posibilidad de tener por acreditada la defectuosa prestación del servicio de justicia en los términos intentados por la parte accionante.
2. Efectuada la precisión precedente, abordaré en lo que sigue la crítica esgrimida por la parte actora para trocar la suerte adversa que le deparara el pronunciamiento de fs. 411/419 respecto de cada uno de los títulos jurídicos invocados, Veamos:
2.1. Responsabilidad del magistrado [Dr. López Camelo].
La accionante se duele del segmento del fallo de grado que repele el reclamo indemnizatorio articulado contra el Juez provincial Dr. Raúl Guillermo López Camelo en razón de los daños y perjuicios que se habrían derivado de la conducta del nombrado, consistente –tal lo que aduce en su líbelo inicial- en haber omitido adoptar en un plazo razonable la medida de restitución del vehículo de propiedad de la Sra. Blanca Denegri en el marco de la causa N° 75.617 que tramitara ante el entonces Juzgado de Transición N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
2.1.1. Liminarmente, advierto que el a quo luego de verificar que en el caso de marras se perseguía un resarcimiento producto de un evento dañoso imputado al mal desempeño en sus funciones del Dr. López Camelo [entonces juez a cargo del Juzgado de Transición N° 1 del Depto. Judicial de Bahía Blanca] constató, con apoyatura en precedentes jurisprudenciales, que con relación al citado magistrado no se había satisfecho el requisito de desafuero previo. Por tal motivo, descartando que el juez demandado en autos hubiera sido destituido de su cargo o cesado en sus funciones por cualquier otra causa declaró operativa la inmunidad de juzgamiento. En consecuencia, declaró insatisfecho el recaudo previo de demandabilidad y dispuso el íntegro rechazo de la demanda.
Procurando torcer la suerte adversa que le depara el fallo de grado la parte actora postula que: (i) la doctrina jurisprudencial citada no resulta aplicable al caso de marras; (ii) la lectura efectuada por el inferior de la mentada doctrina de la inmunidad de juzgamiento colisiona con el art. 57 de la Constitución provincial y con las actuales pautas moralizadoras del derecho y; (iii) el Dr. López Camelo al momento de la sentencia dictada en el grado ya había cesado en el cargo de Juez del Juzgado de Transición N° 1 del Depto. Judicial de Bahía Blanca.
2.1.2. Con lo anterior en miras, recuerdo que en sentido diverso al que transita la crítica vertida por la parte actora, existe una larga y pacífica jurisprudencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia Nacional a partir de la cual se exige, para someter a un magistrado a la jurisdicción de los tribunales ordinarios en procesos civiles o penales que se le sigan por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, la previa destitución o el cese en sus funciones por cualquier otra causa (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 8:466; 116:409; 300:75; 317:365; 323:2114; 338:714). El objetivo de la doctrina reseñada –tal lo que fluye de los precedentes citados- dista de importar una prohibición o impedimento a los tribunales de la posibilidad de conocer en las causas en las que se encuentren involucrados magistrados judiciales pues, será una vez cumplidas las formalidades del procedimiento de remoción de los magistrados, que se abrirá la posibilidad de someter ante la justicia a los mentados funcionarios (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 113:317). Tampoco la citada exención establece un privilegio contrario a la garantía constitucional de igualdad que brota del texto del art. 16 de la Constitución Nacional en favor de los magistrados, toda vez que aquella se funda en razones de orden público, relacionadas con la marcha regular del gobierno creado por la Ley Fundamental. La inmunidad de proceso, ha dicho el Máximo Tribunal, no es un privilegio que contemple a las personas sino a las instituciones y al libre ejercicio de los poderes (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 252:184).
En suma, postula el cimero Tribunal Federal que la “inmunidad jurisdiccional” de la que gozan los magistrados, aunque ciertamente constituye una fuerte restricción al derecho individual de ocurrir ante los tribunales en procura de justicia, se encuentra largamente justificada por la necesidad de asegurar el libre y regular ejercicio de la función judicial, la cual seguramente se frustraría si los jueces estuvieran expuestos a las demandas de litigantes insatisfechos con sus decisiones (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 317:365).
La Corte local desde antaño ha seguido similar sendero al trazado por la Corte Federal. Me refiero a la causa “Jackson v. Uzal Deheza” [J.A., 1920, Tomo IV, pág. 435/436] que, sentenciada con fecha 1- VI-1920, proclama que “…los jueces no pueden ser enjuiciados ante los tribunales ordinarios, por actos realizados en el desempeño de sus funciones, delitos o faltas y sus consecuencias … sin previa declaración de culpabilidad formulada por el tribunal especial que tiene jurisdicción exclusiva para juzgarlos…”.
Ese añoso criterio jurisprudencial sentado por la Corte local con relación a los magistrados provinciales –reiterado recientemente en la causa Ac. 87.666 “Schonfeld de Bru” [sent. de 11-V-2005] en la que se lo funde con la postura de la Corte Federal con relación a los magistrados nacionales- y a partir del cual se impone el desafuero previo como condición de demandabilidad para responsabilizar civilmente a un magistrado local por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ha sido también acogido por la jurisprudencia emanada de los órganos jurisdiccionales inferiores de la Provincia de Buenos Aires en época reciente (cfr. doct. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial de La Plata, Sala II, “Rogatti”, sent. de 16-02-1993; Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial de La Plata, Sala III, “Tantardini”, sent. de 18-09-2003; Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial de San Isidro, Sala II, “Fragnul”, sent. de 31-08-2004).
2.1.3. A la luz de la precedente reseña jurisprudencial, adelanto que no habré de estimar la queja vertida por la parte accionante.
Mal puede postular la recurrente que la postura jurisprudencial sobre la que el a quo cimentara su decisión no se encontrara vigente. La reseña de fallos efectuada en el acápite precedente me releva de mayores ahondamientos. Menos aún puede argüir la parte actora que los lineamientos allí sentados resultaran inaplicables o ajenos al caso de marras pues, resulta de toda evidencia, que la acción resarcitoria civil intentada contra el Dr. López Camelo lo fue por actos realizados en ejercicio de su funciones [esto es, en el devenir de la causa N° 75.617] y, como bien lo resalta el magistrado de la instancia, sin que el citado funcionario hubiera cesado en sus funciones por motivo alguno.
Basta cotejar el sumario tramitado por ante la Secretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia [expediente n° CJ 540/05] para comprobar que mediante Resolución de la SCBA N° 177 de fecha 27-II-2008 [confirmatoria de la Resolución de Presidencia de la SCBA de fecha 18-VII-2006] se dispuso la clausura del sumario que le fuera seguido al Dr. López Camelo al constatarse que, por fuera de las disfuncionalidades verificadas en la causa N° 75.617, no mediaba vulneración o incumplimiento de las obligaciones funcionales a cargo del citado magistrado. Mal entonces podría colegirse de lo anterior que en el caso de marras el magistrado demandado hubiera sufrido sanción disciplinaria como consecuencia de su actuación y mucho menos que haya sido desaforado por Jurado de Enjuiciamiento alguno. Menos aún puede postularse que el Dr. López Camelo hubiera cesado en la magistratura por algún otro motivo (v.gr. renuncia) pues basta verificar el sitio web oficial de la Suprema Corte de justicia provincial para verificar que en la actualidad el citado funcionario ejerce la magistratura como integrante del Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca [cfr.
http://www.scba.gov.ar/guia/BahíaBlanca.asp]. Y si bien no soslayo que la parte actora pretende sortear la garantía de inmunidad de jurisdicción que ampara a los magistrados provinciales postulando que la magistratura que el Dr. López Camelo ejercía al momento del hecho cuya reparación aquí se persigue [esto es, a cargo del Juzgado de Transición N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca] había cesado al momento de dictarse la sentencia de grado, no lo es menos que el sendero argumental intentado no merece ningún tipo de acogida. Aunque resulta de toda certeza que el Dr. López Camelo ya no ejerce aquella magistratura, no lo es menos que, como supra refiriera, en la actualidad ostenta el cargo de juez titular del Tribunal en lo Criminal N° 3 del Depto. Judicial de Bahía Blanca, circunstancia que lo coloca al amparo de la citada inmunidad jurisdiccional y que, huelga reiterarlo, justamente persigue -tal lo que se desprende de la doctrina sentada por la Corte Federal y que sigue sin modulaciones el máximo Tribunal local- asegurar el libre y regular ejercicio de la función judicial, la cual se frustraría si los jueces estuvieran expuestos a las demandas de litigantes insatisfechos con sus pronunciamientos.
Finalmente, hago notar que tampoco altera la garantía funcional de inmunidad la circunstancia vinculada a la naturaleza penal del proceso en el cual el magistrado accionado habría cometido el denunciado “incumplimiento de los deberes a su cargo”. Ello es así en tanto la necesidad de desafuero previo para juzgar civil o penalmente la conducta de los jueces por actos en el ejercicio de su función se vincula al ejercicio de la magistratura y con total abstracción del fuero o de la materia [penal, civil, laboral, contencioso administrativo, etc.] en la que ella se materializa. Ni la situación de denunciante del hurto del automotor que asumiera el Sr. Ramiro Eduardo Puente [v. fs. 1 de la causa penal N° 75.617] o la de víctima del delito [extremo que cabe predicar respecto de la fallecida Sra. Blanca Norma Denegri, titular dominial del vehículo dominio RLF 552] y tampoco el hecho de que en el citado proceso punitivo se persiguiera identificar a los autores de un delito de acción público, porten entidad per se para justificar –como pretende la parte actorasortear la garantía de indemnidad que gozan los magistrados provinciales.
Con independencia del rol del sujeto [sea dentro del proceso o como simple ciudadano] supuestamente afectado por la actuación del juez en ejercicio de la magistratura, éste deberá –tal lo que se desprende de doctrina sentada por las Cortes Federal y local- siempre [si es que quiere ponerse a resguardo de la eventual defensa de desafuero previo] satisfacer el recaudo de demandabilidad previa y que, como aquí he puesto de resalto, se vincula a la acreditación previa del cese -por el motivo legal que fuera- del ejercicio activo de la magistratura.
2.1.4. Finalmente, también he de descartar la lectura que la parte actora efectúa del art. 57 de la Constitución provincial y de la que, en visión de la recurrente, se desprendería la posibilidad de articular una acción resarcitoria contra el juez, sin previa destitución o renuncia. Sobre el punto, recuerdo que aunque ciertamente el mentado art. 57 de la Carta Magna local dispone que “…los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause contra el empleado o funcionario que la haya autorizado o ejecutado…”, no lo es menos que si ese funcionario contra quien se pretende ejercer la acción civil integra el Poder Judicial con el cargo de magistrado, esa demandabilidad se encuentra supeditada al previo desafuero. Tal resulta ser la hermenéutica correcta del texto constitucional. Repárese que ha sido la Corte local en el ya citado precedente “Jackson v. Uzal Deheza” la que, armonizando el texto del entonces art. 48 de la Constitución provincial del año 1889 [luego replicado en el art 44 de la Constitución local reformada en el año 1934 y en la actualidad -desde 1994- en el art. 57] con el sistema constitucional en el que se engarza y que necesariamente exige tener presente razones de orden público vinculadas con la marcha regular del gobierno creado por la ley fundamental (arts. 1, 5, 121 y cdtes. de la Constitución Nacional), sostuvo que la citada norma “…debe armonizarse con el principio de independencia judicial, de la esencia de nuestro sistema constitucional, que en su amplio concepto se practica y garantiza por medio de la permanencia en el empleo, la prohibición de disminuir los sueldos y la oportunidad y forma de responsabilizar a los jueces por actos valorados en el desempeño de sus funciones…”, para concluir finalmente que “…los jueces no pueden ser enjuiciados ante los tribunales ordinarios por actos realizados en el desempeño de sus funciones … sin previa declaración de culpabilidad formulada por el tribunal especial que tiene jurisdicción exclusiva para juzgarlos…”. Este criterio también fue reafirmado en la causa Ac. 87.666 “Schonfeld de Bru” antes citada.
Para más, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no se plasma una norma siquiera similar a la contenida en la Carta Magna Santafecina que expresamente desarticula la inmunidad aquí analizada [cfr. C.S.J.N. Fallos 336:954].
En nada cambia lo anterior el texto del art. 24 de la entonces vigente ley 8085 al que refiere el a quo en el fallo en crisis [o, en su caso, el art. 18 de la actual ley de enjuiciamiento de magistrados 13.661 –t. según ley 14.441- que lo reitera en su esencia aunque con redacción diversa] dispusiera que: “…la acción civil por daños y perjuicios que autoriza el artículo 57 de la Constitución, debe deducirse ante los jueces ordinarios independientemente a la acción a que se refieren los artículos precedentes…”. En efecto, cuando el legislador dispone que la acción civil que autoriza el art. 57 de la Constitución provincial debe articularse “independientemente” de la que conlleva el enjuiciamiento del magistrado [sea por conducto de la entonces vigente ley 8085 o la actual ley 13.661], lo que está poniendo de resalto resulta ser -de un lado-, las distintas esferas de responsabilidad en las que pueden verse inmersos los magistrados por actos realizados en ejercicio de sus funciones [administrativa, penal y civil] y por el otro, la impertinencia que importaría la decisión por parte del Jurado de Enjuiciamiento respecto de la eventual responsabilidad civil que pudiera atribuirse al magistrado, la que solo podrá ser analizada y sentenciada por la justicia ordinaria, previo desafuero y en tanto así lo requiriera a la jurisdicción quien se considere individualmente perjudicado por la actuación del juez.
2.1.5. Lo hasta expuesto dista de importar un apartamiento o desconocimiento por parte de este Tribunal del precedente que recayera en la causa C- 5561-MP2 “Durante” [sentencia de fecha 2-VII-2015] en el que esta Alzada dispusiera acoger el reclamo indemnizatorio impetrado contra un magistrado provincial, por actos en ejercicio de sus funciones, aunque el entonces juez accionado no había cesado en sus tareas. En el citado caso, la cuestión atinente a la inmunidad de jurisdicción predicable respecto de los magistrados provinciales no había resultado materia de debate en el grado lo que impidió a este Tribunal, salvaguardando así el principio de congruencia y los contornos propios del debate, abordar el asunto. En el caso de marras, a diferencia de lo que ocurriera en la mentada causa “Durante”, tanto el modo como resolviera la cuestión el magistrado de grado como la intensidad de los agravios vertidos por la parte actora, han brindado suficiente plataforma para permitir a este Tribunal, dentro del perímetro de los cuestiones sometidas a conocimiento, el abordaje y tratamiento de la cuestión.
Lo dicho precedentemente no importa pasar por alto que el Dr. Raúl Guillermo López Camelo, en ocasión de contestar la demanda, se abstuvo de argüir de manera expresa la defensa de inmunidad de jurisdicción y que fue el magistrado de grado el que desempolvó, de oficio, la citada doctrina de la inmunidad jurisdiccional para repeler la demanda recién al momento de sentenciar. Y aunque soy de la opinión que semejante defensa mal puede ser rescatada por un colega del magistrado accionado cuando éste nada dijo e hizo al respecto [pues podría ser leído como una actitud de protección corporativa], lo cierto es que la parte actora omitió argüir queja alguna al apelar para poner en crisis el unilateral proceder del a quo. Moviéndose la jurisdicción revisora de esta Alzada dentro del marco del recurso de apelación y allende censurar como impropio la introducción oficiosa por el juez de grado de una defensa como la aquí debatida, la pasividad recursiva de la accionante en esta parcela me impone abstenerme de abrir juicio sobre este puntual asunto y solo juzgarlo por su apego a la inveterada línea jurisprudencial en la materia acuñada por los máximos Tribunales de Justicia federal y provincial -más allá de la valoración personal y subjetiva que ella me merezca-.
2.6. Con todo, a la luz de las razones vertidas en los parágrafos precedentes estimo corresponde repeler el agravio bajo escrutinio y, en consecuencia, confirmar el segmento del fallo de grado en cuanto dispusiera rechazar la demanda impetrada contra el juez Raúl Guillermo López Camelo.
3. Dicho lo anterior, he de dar respuesta en lo que sigue a la restante crítica empuñada por la parte actora contra la parcela del fallo de grado que repele el reclamo apuntalado en la responsabilidad estatal por prestación irregular del servicio de justicia.
En tal tarea, advierto que de las constancias de los expedientes N° 75.617 y N° 75.658 que tramitaran ante el Juzgado de Transición N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca se desprenden los siguientes datos:
3.1. El día 31-07-1998 el Sr. Ramiro Eduardo Puente denunció en la Comisaría 2° de Bahía Blanca que autores desconocidas habían robado el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Uno, dominio RVW 671 [v. fs. 1].
3.2. Con fecha 31-07-1998 el Comisario Bhal solicitó a la Red de Comisarías el secuestro y detención de los ocupantes del vehículo marca Fiat, modelo Uno, dominio RLF 552 [v. fs. 2].
3.3. A fs. 3 y 4 obran agregadas copias del título de dominio y cédula verde del automotor sustraído desprendiéndose de tales documentos los siguientes datos: titular dominial: Blanca Norma Denegri; chapa patente: RLF 552. Finalmente, se libran las comunicaciones de rigor dándose intervención al entonces existente Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 4 a cargo del Dr. Hugo Alberto De Rosa.
3.4. A fs. 5/10 se agregan actuaciones policiales realizadas en pos de la determinación de los autores del delito y el recupero del vehículo. Asimismo, puede verificarse la declaración del testigo Gonzales Chaves [de fecha 3-08-1998] quien identifica el dominio del automotor como RLF 552 [v. fs. 9].
3.5. Con fecha 7-08-1998 el Dr. Eduardo J.
Puente efectuó una presentación acercando datos acerca del lugar en el que se encontraría el automotor de propiedad de la Sra. Blanca Norma Denegri; chapa patente: RLF 552.
3.6. A fs. 14 se verifica copia del sistema informático policial en el que identifica el vehículo dominio RLF 552.
3.7. A fs. 15 el titular del Juzgado de Transición N° 1 a cargo del Dr. López Camelo recepta la causa. En aquel momento mediante auto de fecha 16-12-1998 ordena: (i) recaratular el expediente - bajo el N° 75.617-, (ii) dar de alta la causa en los libros del juzgado y; (iii) remitir las actuaciones a la instrucción (DDI) a fin de certificar el pedido de secuestro de fs. 2 y agotar la instrucción sumarial.
3.8. A fs. 17/49 obra agregada la causa N° 786/98 que tramitara ante el Juzgado de Instrucción N° 3 de la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos.
En la citada actuación se verifica: (i) el acta de prevención labrada el 4-09-1998 por personal policial de la Provincia de Entre Ríos en el marco de un operativo de rutina. Allí se constata que ante la existencia de una orden de secuestro activo emanado de la Comisaría 2° de Bahía Blanca, dispusieron el secuestro del vehículo marca Fiat, modelo Uno, dominio chapa colocada RLF 552 [v. fs. 17, 21 y 22]; (ii) a fs. 46/47 la titular del Juzgado de Instrucción de la Provincia mesopotámica, con fecha 24-09-1998, dispuso declarar la incompetencia territorial para intervenir, atento existir pedido de secuestro activo emanado de la Comisaría N° 2 de la ciudad de Bahía Blanca y del Juzgado en lo Criminal N° 4 con asiento en la mentada ciudad, remitiendo las actuaciones y haciendo saber al citado magistrado que el vehículo dominio RLF 552 se encontraba a su exclusiva disposición en la Comisaría de Médanos, dependiente de la Jefatura Departamental de Islas de Ibicuy, Entre Ríos.
3.9. La mentada causa N° 786/98 proveniente de la Provincia de Entre Ríos fue receptada en el Juzgado de Transición N° 1 a cargo del Dr. López Camelo el día 16-12-1998 [v. fs. 50] ordenando el magistrado se le diera entrada en los libros del Juzgado, asignándole el N° 75.658.
3.10. El día 21-02-2001 el Dr. López Camelo dispuso, en la causa N° 75.658 se realice por Secretaría un informe acerca de la existencia de la denuncia formulada en la Seccional 2° de Bahía Blanca [v. fs. 51].
Con fecha 21-11-2001 el actuario Dr. Lisa informó al Dr. López Camelo sobre la existencia de la causa N° 75.617 formada a partir de la denuncia efectuada por Ramiro Eduardo Puente y que fuera recibida en el Juzgado de Transición N° 1 el día 16- 12-1998 [v. fs. 57].
3.11. Con fecha 30-11-2001, y habiendo verificado la identidad de hechos investigados, el Dr. López Camelo dispuso acumular las causas N° 75.658 y N° 75.617 [v. fs. 57 vta.].
3.12. Con fecha 20-12-2002 dictó idéntico auto al de fecha 30-11-2011 y nuevamente ordenó acumular las causas N° 75.658 y N° 75.617 [v. fs. 58].
3.13. Acumulada las actuaciones, con fecha 24- 02-2003 el Dr. López Camelo ordenó librar oficios al Registro Nacional de Reincidencias y a la Dirección de Antecedentes Personales solicitando remisión de planillas de antecedentes del imputado Alfredo Dos Santos [v. fs. 59].
3.14. El día 9-09-2003 la Sra. Blanca Denegri solicitó se librara el certificado de no hallazgo del vehículo dominio RLF 552 a fin de tramitar la baja ante la autoridad tributaria provincial [v. fs. 63 vta.].
Mediante auto de fecha 15-09-2003 el Dr. López Camelo dispuso que previamente a proveer la presentación de fs. 63 debía la Sra. Denegri satisfacer el pago de la tasa de justicia.
3.15. Con fecha 26-09-2003 el juez López Camelo dispuso librar oficio a la Comisaría de Médanos de la Provincia de Entre Ríos, en la que se encontraba depositado el vehículo dominio RLF 552, ordenando la devolución del rodado a la Sra. Denegri en carácter definitivo y sin restricción alguna [v. fs. 64].
3.16. El 5-11-2003 personal policial de Entre Ríos practica informe mecánico informando sobre el regular estado de conservación del vehículo, con cuatro cubiertas desinfladas y resecas, mangueras cortadas y elementos oxidados por el paso del tiempo [v. fs. 83].
3.17. Con fecha 18-02-2005 el Dr. López Camelo declaró extinguida la acción penal [v. fs. 94].
3.18. A fs. 98 obra el acta de entrega del vehículo dominio RLF 552 al Sr. Ramiro Eduardo Puente.
4. A tenor de la reseña precedentemente efectuada, y en la que se verifica el derrotero de la causa penal que fuera iniciada por denuncia del Sr. Ramiro Eduardo Puente, constato la existencia de un retardo de tal magnitud que pueda ser asimilado a un supuesto de denegación de justicia con entidad para configurar la responsabilidad del Estado por deficiente prestación del servicio de justicia (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 308:694; 314:1757; 315:1553 y 2173; 316:35 y 324:1944).
Recuerdo que la garantía de no ser sometido a un desmedido proceso impone al Estado la obligación de impartir justicia en forma tempestiva, de manera que existirá un obrar antijurídico que comprometa la responsabilidad estatal cuando se verifique que el plazo empleado por el órgano judicial para poner un final al pleito resulte, de acuerdo con las características particulares del proceso, visiblemente excesivo o irrazonable. Ello va de la mano con los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que contemplan no solo el derecho básico y elemental de toda persona a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.; arts. 8 inc. 1°, 25 y ccds. del Pacto San José de Costa Rica; doct. esta Cámara causa C-5283-BB1 “Nogar”, sent. de 25-VI-2015).
Ahora bien, por lo general, no es posible fijar de antemano estándares pétreos respecto de lo que ha de ser entendido como “duración razonable” de un proceso, ya que cada actuación judicial presenta su propia realidad, que debe ser especialmente ponderada si no se desea caer en declamaciones abstractas o generalizadas que poco o nada tengan que ver con la justicia del caso. Como tiene dicho este Tribunal, el derecho a obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas no puede traducirse -a priori- en un número fijo de días, meses o años (cfr. doct. esta Cámara causa C-2005- MP1 “Rendo”, sent. del 31-X-2013; cfr. en igual sentido arg. doct. C.S.J.N. Fallos 330:3640; 335:1126). Por tal razón, el correcto abordaje de estos casos impone la consideración de aspectos tales como la complejidad de la causa, el comportamiento de la defensa y el de las autoridades judiciales intervinientes, entre otros (doct. C.S.J.N. Fallos 332:2159; 334:1312).
Bajo tales criterios de interpretación, juzgo que la actuación del organismo jurisdiccional que aquí se evalúa [Juzgado de Transición N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca] luce apartada de los cánones de actuación razonablemente esperables. Sin pasar por alto las falencias estructurales de la reforma penal acaecida a partir de la entrada en vigor de la ley 11.922 y aquellas otras deficiencias con las que de ordinario debe lidiar el servicio de justicia provincial [que en el caso de marras verifico a partir de las declaraciones testimoniales vertidas en la causa por los funcionarios del Juzgado de Transición N° 1, Dras. Errea y Promé, tales como la carencia de personal suficiente para afrontar el cúmulo de causas o la fragilidad o vetustez de los medios técnicos], deviene objetivo como hecho comprobado la irrazonable demora en que se incurriera en la restitución del automotor a la denunciante del delito, lo que traduce una actuación de suyo irregular del servicio de justicia.
Repárese que el Juzgado de Transición N° 1 recepcionó el día 16-12-1998 [v. fs. 50] la causa N° 786/98 proveniente del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos en la que se ponía en conocimiento del juez López Camelo, el secuestro por parte las autoridades de aquella jurisdicción del automotor dominio RLF 552. Vale agregar que esa actuación fue dada de alta en los libros del Juzgado y se le asignó el N° 75.658. Desde aquel momento [16-12-1998] y hasta la fecha en que la Sra. Blanca Denegri peticionara al juez López Camelo el libramiento de certificado de no hallazgo del vehículo dominio RLF 552 [9-09-2003], no media un solo acto procesal en el cual se anoticiara del recupero de dicho rodado a la propietaria del automóvil sustraído en el mes de julio de 1998. Recién luego de la presentación de la actora, el magistrado interviniente mediante auto de fecha 26- 09-2003, se percató de la existencia del secuestro del automotor dominio RLF 552 -puesto a su disposición en el año 1998- y ordenó su restitución “sin restricción alguna” a la titular dominial. En suma, fue casualmente a partir de la su presentación efectuada el día 9-09-2003 en la causa N° 75.617 que la parte actora pudo tomar conocimiento del recupero del automotor de su propiedad por parte de las autoridades policiales de la Provincia de Entre Ríos, esto es, habiendo transcurrido 4 años, 9 meses y 10 días desde que el magistrado López Camelo recepcionara la causa proveniente del Poder Judicial de Entre Ríos y en la que se pusiera a su disposición el vehículo dominio RLF 552 secuestrado en aquella en virtud del pedido de secuestro dispuesto por la autoridad policial de la Comisaría 2° de la ciudad de Bahía Blanca.
Semejante prolongación no puede ser atemperada so pretexto de los errores en pudiera haber incurrido el denunciante [Ramiro Eduardo Puente] al materializar la denuncia efectuada en la Comisaría 2° de Bahía Blanca el día 31-07-1998. Aunque cierto que el Sr. Ramiro Eduardo Puente –quien era el conductor del automotor al momento del hurto- al efectuar la denuncia con fecha 31-07-1998 confundió el dominio del vehículo [individualizándolo como RVW 671] y dijo ser “propietario” del bien [v. acta de denuncia de fs. de la causa N° 75.617], no lo es menos que tales falencias ocurridas en la exposición fueron inmediatamente subsanadas. Tan es así que la orden de secuestro dispuesta mediante despacho radiográfico librado el mismo día de la denuncia [31-07-1998] por el Comisario Bahl –y que a la postre fuera la que motivara el recupero del automotor sustraído mientras circulaba en la Provincia de Entre Ríos- refiere de manera correcta el dominio del automotor [RLF 552] –v. fs. 2 causa N° 75.617-.
Por otro lado, la manifestación efectuada por el Sr. Ramiro Eduardo Puente –hijo de la Sra. Blanca Denegri- quien asevera ser el propietario del automotor al practicar la denuncia [v. renglón quince, denuncia de fs. 1, causa N° 75.617] aunque refleja una situación confusa, no lo es menos que carece de toda entidad para erigirse en la causa de la dilación en que incurriera el organismo jurisdiccional, máxime cuando la cédula verde y el título de dominio incorporado a fs. 3 y 4 de la causa N° 75.617 [agregados concomitantemente con la denuncia] y la presentación efectuada por Eduardo J. Puente con fecha 7-08-1998 [en la que aporta datos sobre el lugar en el que se encontraría el vehículo], son por demás contundentes en cuanto a que la titular dominial del bien dominio RLF 552 resultaba ser la Sra. Blanca Norma Denegri.
Tampoco puede postularse que la demora objetivamente comprobada en la causa penal debiera ser tolerada por la víctima del delito so pretexto de que no pudiera identificarse en la anterior reglamentación procesal penal mandato normativo expreso que le impusiera al magistrado interviniente un plazo o término de actuación dentro del cual el organismo jurisdiccional hubiera tenido que disponer la restitución del vehículo sustraído. Si bien quedó explicitado en el sumario disciplinario que se le siguiera al juez López Camelo que desde el punto de vista estrictamente disciplinario no se ha verificado “…responsabilidad para quien llevara la dirección del proceso…” [v. dictamen del Subprocurador General de la SCBA; Resolución de Presidencia de la SCBA N° 923/2006 y Resolución SCBA N° 177/2008, obrantes a fs. 99/101; 102 y 112 – respectivamente- del expediente administrativo CJ- 540/05], no lo es menos que expresamente se verificó en el mentado trámite la existencia de “disfuncionalidades” en el devenir de la causa N° 75.617 que importaron “…la configuración de situaciones disvaliosas…” para la víctima del delito, tales como la dilación en la restitución del bien.
Esas disfuncionalidades –tal como las identifica el organismo de control disciplinario dependiente de la S.C.B.A. -, generados a partir de los “…efectos no queridos de la reforma procesal penal de la Provincia de Buenos Aires…” [v. fs. 100 vta.], entonces ponderadas para relevar de toda responsabilidad disciplinaria al magistrado López Camelo, son justamente las que –a diferencia de lo postulado por el inferior- permiten verificar la efectiva, concreta e individualizada irregularidad del servicio de justicia.
Adviértase que fue como consecuencia de la orden de secuestro ordenada por la autoridad policial bonaerense [el día 31-07-1998] en el expediente N° 75.617 que los funcionarios policiales de la Provincia de Entre Ríos secuestraron el automotor dominio RLF 552, formándose el expediente N° 786/98 en el cual las autoridades jurisdiccionales de aquella provincia resolvieron declararse incompetentes y remitir las actuaciones al Juzgado de Transición N° 1, poniendo a disposición juez Dr. López Camelo el vehículo. Y ya receptada con fecha 16-12-1998 la causa proveniente de la Justicia de Entre Ríos en el Juzgado de Transición N° 1 [registrándosela bajo el N° 75.658], ella se mantuvo sin movimiento alguno hasta el 28- 02-2001, cuando se requirió un informe al actuario quien, recién el día 21-11-2001 expuso que efectivamente existía una causa de trámite [N° 75.617] ante ese mismo organismo -Juzgado de Transición N° 1- en la que se había dispuesto el secuestro del automotor dominio RLF 552 [v. fs. 50; 51 y 57 de la causa N° 75.617].
Y si esa demora en que incurriera el organismo jurisdiccional en vincular las causas [esto es, la N° 75.617 y la proveniente de la Provincia de Entre Ríos N° 786/98 –luego identificada como N° 75.658] [del 16-12-1998 al 21-11-2001 –casi tres años-] de por sí resulta difícil de justificar, mucho menos lo es que desde aquel informe elaborado por el actuario con fecha 21-11-2001 transcurriera otro año más hasta que, finalmente, se dispusiera con fecha 20-12-2002 la acumulación de las causas N° 75.617 y N° 75.658 [v. fs. 58, expte. N° 75.617]. En suma, entre el 16-12- 1998 y el 20-12-2002 nula fue la actividad desplegada por el organismo jurisdiccional a pesar de habérselo anoticiado del recupero del automotor dominio RLF 552.
Y si bien con posterioridad a esta última fecha se verifica un solo movimiento procesal –solicitud de planillas de antecedentes del imputado Dos Santos, v. auto de fecha 24-02-2003, fs. 59 causa N° 75.617- fue recién a partir de la presentación de la víctima del delito realizada el 9-09-2003 [v. fs. 63, causa N° 75.617 en la que se peticionara al organismo jurisdiccional la expedición del certificado de no hallazgo del rodado, documento necesario para obtener ante el organismo tributario provincial la baja del Impuesto automotor] que se dispuso, con fecha 26-09-2003, la entrega “…con carácter definitivo y sin restricción alguna…” del vehículo [v. fs. 64, causa N° 75.617]. Lo hasta aquí expuesto, a mi modo de ver, da muestras de extensos períodos de inactividad en la tramitación penal que, además de no resultar imputables a la parte actora [por el contrario, fue a partir del momento en que solicito se otorgara el certificado de no hallazgo (9-09-2003) que el organismo jurisdiccional se percató del recupero del bien cuya disposición tenía desde el instante mismo en que receptara la causa N° 786/98, esto es, el 16- 12-1998], evidencian la absoluta ausencia de actos de instrucción necesarios, no ya para el esclarecimiento del delito, sino para mínimamente revertir el escenario disvalioso al que fuera sometida la víctima del delito.
Así, la conducta patentizada en el devenir de la causa N° 75.617 –y su acumulada N° 75.658- deja de ser una mera pasividad para convertirse en una definida y concreta omisión antijurídica que, dadas las particularidades del presente caso, mal podría ser exculpada –o bien justificada- invocando los efectos negativos de la reforma penal del año 1998 o la carencia de medios técnicos y humanos suficientes para afrontar el cúmulo de trabajo.
Con todo, tengo por acreditado que en el curso de la investigación penal se incurrió en la restitución del rodado -propiedad de la víctima de un delito- en una morosidad judicial manifiesta, grave y fuera de toda razonabilidad directamente imputable al Estado Provincial.
5. Habiendo verificado entonces la presencia de un comportamiento antijurídico en cabeza del Estado Provincial corresponde abordar en lo que sigue las cuestiones atinentes a los rubros indemnizatorios reclamados y su cuantificación.
Sobre el punto, resalto que la parte accionante reclama una tríada de ítems indemnizatorios identificados como (i) daño moral; (ii) privación de uso de vehículo y; (iii) pérdida del valor venal del bien.
Analizaré en lo que sigue, ponderando para ello las constancias obrantes en autos, la eventual configuración de los perjuicios y, de corresponder, su cuantificación monetaria. Veamos:
5.1. Daño moral.
Postula la actora en su líbelo inicial y sin mayores aditamentos que el perjuicio moral que ha sufrido se encuentra "…al margen de cualquier duda…" y lo cuantifica en la cantidad de $ 4.500,00 [v. fs. 56 vta.] Cuadra señalar liminarmente que en las ofensas contra personas vivas, que después fallecen, la problemática que se suscita es la de la transmisibilidad mortis causa de la acción, es decir, de la posibilidad de que sea ejercida por los herederos (iure hereditatis, no iure propio) luego del fallecimiento de quien fuera ofendido cuando vivía. En lo que concierne al daño moral, cabe tener presente que la acción no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto, constituyendo entonces la regla hermenéutica a tenor de la cual deben dirimirse estas cuestiones. Consecuentemente, habiendo sido promovida por la damnificada directa la presente acción por resarcimiento del daño moral, no cabe considerarla extinguida por su deceso durante la tramitación del pleito, en tanto ha operado la plena transmisibilidad en favor de sus herederos (cfr. doct. esta Cámara causas C-4279-DO1 “Hernandez”, sent. del 13-V-2014; C-6116-AZ1 “Gonzalez”, sent. de 16-II-2016 y sus citas). Aclarado ello, recuerdo que el daño moral, como rubro indemnizatorio, resarce el detrimento o lesión en los sentimientos, en las íntimas afecciones de una persona, teniendo lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellas o, en general, cuando se vulnera un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica. Se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las molestias o preocupaciones tolerables (doct. esta Cámara causas C-2721-MP1 “Castiglioni”, sent. del 14-VIII-2012; C- 5885-MP1 "Diaz", sent. de 13-VIII-2015).
La apreciación atenta y racional de los antecedentes del caso me permite concluir, objetivamente, que el reconocimiento del daño moral no resulta procedente en la especie. Si bien es cierto que se encuentra acreditado en el sub discussio que existió una dilación antijurídica por parte del organismo jurisdiccional en disponer la restitución del bien [esto es, desde el 16-12-1998 al 26-09-2003], no lo es menos que durante ese extenso período jamás la Sra. Denegri vio alterado su espíritu como consecuencia de la mentada irregularidad. Por el contrario, durante todo ese lapso la actora tuvo siempre la férrea convicción de que el automotor sustraído no había sido recuperado, lo que así requirió al titular del Jugado de Transición N° 1 cuando solicitó el libramiento del denominado “certificado de no hallazgo”.
No resulta equivalente comparar la desolación espiritual que le puede causar a un individuo al hecho de conocer que las autoridades públicas guardan en custodia un bien de su propiedad el que, al momento de la restitución, se le entrega en estado de conservación deplorable o sobre el que le informan su desaparición [cfr. doct. esta Cámara causas C-3144-DO1 "Arévalo", sent. de 25-IX-2009; C- 3166-MP1 "Fernández", sent. de 27-IX-2012; C-5125- DO1 "Ancieta", sent. de 02-VI-2015 y sus citas] con aquellas circunstancias verificadas en la especie. Aquí, para la parte actora, la afección a sus íntimos sentimientos se puede apuntalar en el hecho delictivo en sí [hurto del vehículo] empero es extremamente difícil de configurar a partir de un desconocimiento absoluto sobre el hecho del recupero del rodado, más cuando su restitución -aunque tardía considerando el trámite de la causa penal- aconteció en breve plazo desde que la propietaria víctima tomara razón del hallazgo.
5.2. Privación de uso del vehículo.
La parte actora, con apoyatura en citas jurisprudenciales, argumenta que la indisponibilidad del vehículo a la que se viera sometida como consecuencia de la irregular prestación del servicio de justicia autoriza la viabilidad del reclamo. En su visión, es de presuponer que esa imposibilidad de utilizar el bien originó –por un lado- la necesidad de su reemplazo por otro medio de transporte y –por el otro- la pérdida de ventajas tales como la comodidad del desplazamiento –v. fs. 56, escrito de demanda-.
Siendo tal el núcleo del pedimento, recuerdo que la privación de uso de un automotor se dirige a resarcir aquellos gastos que el damnificado debió afrontar a los efectos de trasladarse por medios de transporte alternativos al vehículo siniestrado, durante el lapso en que persista la indisponibilidad de éste [cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial San Nicolás, Sala I in re “Gorosito”, sent. de 20-03-2007; arg. esta Alzada causas C-2051-AZ1 “Estanga”, sent. de 31-V- 2011; C-2581-MP2 “Aguilar”, sent. del 13-X-2011). Por tal senda, la sola circunstancia de haberse privado al accionante del uso del vehículo representa un perjuicio indemnizable (cfr. doct. S.C.B.A., causa Ac. 54.878 “Municipalidad de Ayacucho”, sent. de 25-XI-1997; esta Cámara, causa C-2754-MP2 “Bracciale Escalada”, sent. del 27-III- 2012). En la especie, va de suyo que la irregularidad constatada -retardo injustificado en la devolución del automotor- tuvo entidad para privar al titular del bien de su uso y disponibilidad. En consecuencia, entiendo que el detrimento patrimonial reclamado debe tenerse por acreditado.
En punto al quantum, no habiendo siquiera constancia documental alguna en la causa que permitiera inferir cuáles son los gastos que debieron efectuarse para sortear esa privación de uso del automotor, estimo apropiado aplicar la manda contenida en el art. 165 del C.P.C.C. Adviértase que tal precepto reconoce a los jueces la facultad de ponderar las circunstancias y determinar el monto de la condena en aquellos casos en que –como en la especie- luce acreditado el perjuicio, mas no la justificación de su cuantía. De tal modo, resulta acertado predicar la aplicación de la mentada norma, ya que si bien no se desprende cuáles serían los montos comprometidos en concepto de traslados, resulta concreto y patente que ellos debieron realizarse (cfr. doct. esta Cámara causa R-361-MP1 “Sosa”, sent. de 23-IX-2008).
Así, estimo –con sustento en la manda contenida en el artículo 165 del C.P.C.C.- prudente fijar por este rubro la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,=). Con ello no soslayo que la parte actora hace especial hincapié en los más de 1.700 días que se extendió la irregular actuación desplegada en el devenir de la causa N° 75.617; empero, tal lineal aseveración de la accionante se choca con las más básicas y evidentes pautas de experiencia y que permiten inferir que esos viajes en taxi que debieron realizarse para sortear el escollo que importó la privación de uso del vehículo no han de haber ocurrido durante ese extenso término de casi 5 años sino que, por uno u otro medio, habrán sido sustituidos, máxime cuando –reitero- ninguna expectativa tenía la Sra. Denegri de que se le restituyera el bien pues, era su convicción –claro que conformada por la propia impericia del órgano jurisdiccional- que el vehículo entonces sustraído no sería recuperado.
5.3. Pérdida del valor venal.
Finalmente, resta evaluar el pedimento indemnizatorio identificado como pérdida de valor venal del bien. Puntualmente, la parte actora expone que la larga estadía del vehículo en el depósito policial de la Provincia de Entre Ríos le produjo un serio deterioro que, a la postre, hizo que una vez recuperado el bien debiera vendérselo en la suma de $ 5.000,00 [extremo que acredita acompañando un boleto de compraventa celebrado en el año 2005], cantidad muy inferior al valor de mercado del bien, que lo denuncia equivalente a $ 12.000,00. A partir de ese razonar entonces es que la parte actora reclama la cantidad de $ 7.000,00 [monto al que arriba luego de restar del valor de mercado ($ 12.000,00) la suma en la que se habría vendido el automóvil ($ 5.000,00)].
Dicho lo anterior, es dable rememorar que la depreciación del automotor o su disminución de valor venal o de reventa, es el daño cierto consistente en la desvalorización del rodado resultante de haber sufrido éste a causa del accionar antijurídico daños graves en su estructura, que al momento de su venta determinen que se obtenga un precio inferior al corriente [cfr. doct. Excma. Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial La Plata, Sala II in re “B., S. A.”, sent. de 02-07-2009]. Para la estimación de esta merma deviene ineludible recurrir al dictamen emitido por un experto, desde que los parámetros requeridos para tal determinación -que se categorizan especialmente en el valor venal del vehículo y las secuelas o trazas subsecuentes al desperfecto y su reparacióncorresponden a juicios de orden científico o técnico, esto es, al ámbito específico de la prueba pericial [art. 457 del C.P.C.C.; cfr. doct. Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial San Martín, Sala II in re “López García”, sent. de 07-10-2004 y Excma. Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial La Plata, Sala II in re “B., S. A.”, ya citada].
En el caso de marras advierto que la parte actora ha omitido materializar medio probatorio técnico alguno; empero, el informe mecánico elaborado por el personal policial de la Provincia de Ente Ríos con fecha 5-11-2003 [v. fs. 83, causa N° 75.617] da cuenta del regular estado en que se encontraba el automotor. Puntualmente el informe verifica la existencia de “…cuatro cubiertas desinfladas y resecas, en la parte mecánica se observan mangueras cortadas y elementos oxidados por el paso del tiempo en desuso. En cuanto al funcionamiento del motor no es posible determinarlo debido a los elementos rotos antes mencionados, con respecto al interior se encuentra en regular estado de conservación…”.
Siendo ello así, teniendo por acreditada la pérdida del valor de venta del automotor, mas careciendo de precisiones acerca de la cuantía a la que accede ese detrimento patrimonial –en razón de la impericia probatoria de la parte actora-, estimo prudente recurrir nuevamente a la pauta contenida en el art. 165 del C.P.C.C.. Siguiendo entonces tal pauta de actuación, y tomando el valor de venta que el informe obrante a fs. 345 determina para un vehículo similar al hurtado en autos al mes de octubre del año 2003 (equivalente a la cantidad de $ 8.400,00), considero de toda razonabilidad concluir que el valor venal del mencionado rodado se vio disminuido en la suma de $ 3.400,00 [monto al que arribo luego de detraer del valor de mercado informado por la aseguradora ($ 8.400,00) la cantidad percibida por la parte actora vender el vehículo ($ 5.000,00)].
Con todo entonces, he de estimar en la cantidad de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS ($3.400,00) la suma que cabe reconocer a la parte actora en concepto de disminución de valor de venta del vehículo siniestrado.
6. Finalmente, destaco que a tenor de las conclusiones esbozadas precedentemente, se ha dado debido tratamiento -cumpliendo con el principio de la apelación adhesiva [cfr. doct. esta Cámara causas V-1117-BB1 “Cortés”, sent. del 21-V-2009; C-2077-AZ1 “Orellano”, sent. del 14-VI-2011; C-4234-BB1 “Rutas al Sur S.A.”, sent. de 19-XII-2013; P-5067-MP2 “Mattera”, sent. del 19-VIII-2014; P-5900-MP1 “Cooperativa de Electricidad General Balcarce Ltda.” sent. de 30-VI-2015)- a los planteos opuestos al momento de contestar la demanda por la Provincia de Buenos Aires 306/312.
En particular, en tanto merecer una especial atención, resalto que he advertido que en el pto. III del líbelo de contestación de demanda la Provincia de Buenos Aires articuló la defensa de prescripción; empero, sobre la improcedencia de la pretendida extinción de la acción este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse, mediante sentencia de fecha 19-II-2009, al resolver idéntico planteo que entonces articulara el restante codemandado en autos [Dr. López Camelo] como excepción de previo y especial pronunciamiento [v. fs. 268/273]. En aquella oportunidad esta Alzada, validando el pronunciamiento de grado de fs. 235/236, dispuso de manera contundente que al momento de articularse la demanda [6-10-2005] el plazo bienal de prescripción previsto en el art. 4037 del Código Civil [t.a.] no había transcurrido.
III. A tenor de lo expuesto habré de proponer al Acuerdo la siguiente solución: (i) acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 426/449 y, en consecuencia, condenar a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar a Eduardo Jorge Puente, Ramiro Eduardo Puente, Matías Damián Puente y Laura Inés Puente –herederos de la Sra. Blanca Norma Denegri- por la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 7.400,00), con más intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días –vigente en los distintos períodos de aplicación-, contados a partir del día 26-09-2003 y hasta el efectivo pago [cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 100.774 “Ponce”, sent. de 21-X-2009 –por mayoría-; C. 100.228 “Ferreira de Zeppa”, sent. de 16-XII-2009 –por mayoría-; C. 118.680 "E. d. V., M. Á", sent. de 15-VII-2015], todo ello dentro del plazo de sesenta (60) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique (art. 163 Constitución provincial) y; (ii) confirmar el segmento del fallo de grado de fs. 411/419 en cuanto dispusiera el íntegro rechazo de la demanda respecto del restante codemandado en autos Raúl Guillermo López Camelo.
En lo atinente a las costas de la instancia, y atendiendo al resultado propuesto deberían imponérselas a la Provincia de Buenos Aires por su objetiva condición de vencida en el pleito.
En cambio, debería mantenerse el segmento del fallo de grado que impuso a la actora la obligación de cargar con los gastos causídicos ocasionados por la defensa del restante codemandado Dr. Raúl Guillermo López Camelo y respecto de quien no prosperara el reclamo indemnizatorio.
En lo que refiere a las costas de esta instancia correspondería se impongan del siguiente modo: (i) a la parte accionante con relación a los gastos ocasionados por la defensa técnica del Dr. Raúl Guillermo López Camelo [art. 51 inciso 1°, del C.P.C.A., t.o. ley 14.437] y; (ii) en el orden causado las restantes en tanto no haber mediado contradicción por la codemandada en autos Provincia de Buenos Aires [art. 51 inciso 1° -segunda parte-, del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Rosales Cuello dijo:
Aunque comparto el grueso de los fundamentos por los cuales se confirma la sentencia que rechaza la demanda dirigida contra Raúl Guillermo López Camelo, me aparto de aquel segmento donde se pronuncia sobre la necesidad de alegación por el demandado de la garantía de inmunidad de jurisdicción.
Es que conforme subyace en los propios fundamentos del colega que abre el acuerdo, la mencionada garantía no es instituida en miras a resguardar la persona que ocupa el cargo de juez sino a permitir el libre ejercicio de su trascedente función, finalidad que –agrego- desbordando el mero interés de las partes hunde sus raíces en aspectos relevantes de nuestra organización nacional. Junto con la inamovilidad de los jueces e intangibilidad de sus remuneraciones, ésta tiende a realizar la tan valiosa independencia del Poder Judicial, característica de concurso necesario para volver operativo el sistema de frenos y contrapesos que presupone nuestro sistema republicano de gobierno (arg. art. 1, 5, 109, 110 y 123 de la C.N., Andruet, Armando, “La independencia judicial”, La Ley 23/12/2011, 1 – LA LEY 2012-A, 522, AR/DOC/6149/2011).
Frente al superior marco conceptual dentro del cual se desenvuelven estos institutos, la inmunidad de jurisdicción aparece como una cuestión de orden público y de consideración obligatoria por el magistrado llamado a decidir sobre la responsabilidad de un juez por la actuación en cumplimiento de su función constitucionalmente atribuida (arg. arts. 53, 60 y 115 de la C.N. y 57, 82 ssgtes. y ccdtes. de la Const. Prov.; Fallos 252:184 y 317:365 y SCBA “Jackson c. Uzal Deheza”, todos citados en el voto precedente; Diaz Lacoste, Alejandro, La inamovilidad de los jueces. La doctrina federal y el derecho público local de la Provincia de Buenos Aires”, LLBA2002, 1331, AR/DOC/19868/2001).
Entiendo que si realmente consistiera en una defensa sólo alegable por la parte y por tanto no abordable de oficio, nos encontraríamos frente a un supuesto que habilitaría a declarar oficiosamente la nulidad de la sentencia, sanción que no ha sido ponderada en el voto cuya consideración se me somete (arg. art. 253 del CPCC).
No omito con esto la ponderación del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en su rol de tribunal de garantías constitucionales e intérprete final de la Constitución, validó una disposición de la Constitución de la Provincia de Santa Fe que no exige el cese en funciones para demandar a un magistrado (arts. 5 y 123 de la Const. Nac. y 93 inc. 72 de la Const. de Santa Fe; CSJN, 01/08/2013, M., J. A. c. V. A. L., comentado por Badeni, Gregorio en “Prerrogativas de los magistrados judiciales”, DJ26/03/2014, 15; Caballero de Aguiar, María Rosa, Las constituciones provinciales y el principio de inamovilidad de los jueces, La Ley, Sup. Realidad Judicial 01/02/2007, 5, AR/DOC/2748/2006). Pero tampoco que nuestra constitución provincial y la reglamentación aplicable no admitiría una interpretación similar, conforme lo desarrolla medulosamente el colega preopinante (arts. cit. Const. Prov. y art. 24 de la Ley Prov. 8085).
Tampoco coincido con quien lleva la voz cantante, en el rechazo que propicia respecto del daño moral reclamado. Si la acción antijurídica se identifica con la demora de casi cinco años en notificar al titular registral el hallazgo del vehículo de su propiedad, esa injustificada dilación no debería redundar en beneficio del responsable de la omisión (arg. art. 1074 y 1112 del Cód. Civ. Ley 340 aplic. en virtud arts. 1 y 7 del Cód. Civ. y Com. Ley 26994).
El reclamo fue postulado como aquella lesión a los sentimientos que se presume del accionar ilícito, lo que permite identificarlo con la angustia derivada del conocimiento aunque fuere abrupto y repentino del tiempo que hacía su vehículo se encontraba a disposición del magistrado competente y de la verificación del ruinoso estado en que este se hallaba al momento de ordenarse su restitución.
Aprecio que aquí aquella entidad que requiere la configuración del daño moral para tornarse resarcible deriva de la intensidad de la lesión con total independencia de cierta permanencia en el tiempo que parece exigirse en el voto precedente. Esto sin perjuicio de la incidencia que el citado aspecto imprima luego sobre la cuantificación de la reparación.
Toda persona vive en un estado de equilibrio espiritual en el que tiene derecho a permanecer y las alteraciones anímicas perjudiciales como el dolor, la preocupación intensa o la aguda irritación vivencial producto de una interferencia antijurídica, deben ser resarcidas si lo hieren razonablemente (arg. art. 1068 del Cód. Civ. Ley 3430 aplic. en virtud arts. 1 y 7 del Cód. Civ. y Com. Ley 26994; Cazeaux-Trigo Represas; “Compendio de las Obligaciones”, T. I, págs. 191 y ss.). Sigo en esto a la doctrina que propugna identificar a este daño, con un sentido más amplio y abarcativo, como daño a la persona (mi voto en Expte. N° 153447 – “Lovera Celeste del Cielo c/ Transporte 25 de Mayo S.R.L s/ Daños y perjuicios”, 17/12/2013, Reg. N° 343, F| 1343; arg. art. 1078 del Cód. Civ.; Mosset Iturraspe, en obra colectiva Revista de Derecho de Daños. Nro. 6.: "Daño Moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona", Ed. Rubinzal Culzoni, p. 7 y ssgtes.). La misma naturaleza extrapatrimonial de los bienes afectados descarta la posibilidad de que mediante la entrega de dinero se coloque al damnificado en la misma situación en que se hallaba antes de sufrir el daño, empero esa imposibilidad lleva a admitir su reparación a través de la compensación con el valor de bienes que pudieren servir en cierta medida de consuelo para mitigar sus consecuencias (Iribarne, Héctor Pedro, Daño Moral, Rev. Derecho de Daños, Rubinzal –Culzoni, Sta. Fe 1999, p. 185/215).
La finalidad repasada y las aristas particulares de la lesión señaladas al tratar su procedencia, me persuaden de la justicia de conceder la suma reclamada de $ 4.500,00 para resarcir este rubro.
El objeto de mi disenso se extiende igualmente al acogimiento del concepto pérdida de valor venal que se propicia en el voto anterior.
La característica esencial del daño conocido por la doctrina como “pérdida de valor venal” reside en la afectación de una cosa en su materialidad y en su integridad estructural, de modo tal que aun después de las reparaciones que se realicen o puedan realizarse, esa cosa experimenta un desmedro en su valor de mercado con respecto al que ostentaría bajo circunstancias normales. En tal sentido, resulta propio y sustancial a la configuración de este daño la existencia de tal afectación, que debe proyectarse sobre la cosa en sí misma y con definitividad (esta Cámara y Sala, 26/04/21016, Expte. 157.514 – “Simone Marta Nélida y ot. c/ Antonio Barilari S.A. s/ Daños y perjuicios”, Reg.
N° 975, F° 335).
Pues bien, la pérdida de valor de venta que aquí se reclama no es la que perduraría de haberse efectuado las reparaciones posibles sobre el vehículo para revertir el deterioro en que se encontraba luego de permanecer casi cinco años a la intemperie en el depósito de secuestro. Por el contrario, el automóvil fue vendido en el estado en que fue hallado luego de esa prolongada exposición a la erosión meteorológica, sin que se intentara en él reparación alguna.
La postulación reseñada impide acceder a un reclamo cuyo contenido puede estar integrado por averías susceptibles de ser revertidas mediante las pertinentes reparaciones.
Con las salvedades expuestas, adhiero en lo restante al voto del señor Juez doctor Riccitelli. A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Loustaunau dijo:
He sido llamado a intervenir en este caso, en razón de las diferencias habidas entre los magistrados que ya han emitido su voto, por lo que de limitar mi opinión a las cuestiones sobre las que no se ha arribado a acuerdo.
1. En el primer aspecto sobre el que los magistrados disienten, coincido con los fundamentos expuestos por el Dr. Rosales Cuello. A mi modo de ver, la inmunidad de jurisdicción es cuestión de orden público, tutela intereses generales relativos al servicio de justicia, y en consecuencia, coincido en que la cuestión puede y debe ser introducida de oficio por el Juzgador como lo hizo el Sr. Juez A Quo (arg.arts.1047 C.Civil ley 340, 387 CCyC).
2. En la segunda diferencia también he de coincidir con el Dr. Rosales Cuello. debe tenerse presente que respecto a la prueba del daño moral “…nadie sostiene que deba versar sobre las lágrimas vertidas, ni que se requiera una peritaje psicológico para acreditar la efectiva alteración del equilibrio espiritual del afectado” (Zavala de González, Matilde “ El proceso de daños” p.197, Hamurabbi, Bs.As.1993), ni que deba ser objeto de prueba directa, pues ello resulta imposible por la índole del mismo que reside en los más íntimo de la personalidad…nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, la intensidad del dolor, la verdad de un padecimiento, la realidad de la angustia o de la decepción (Bustamante Alsina, Jorge “Equitativa valuación del daño no mensurable, en LL 1990-A,655).
Siguiendo la línea expuesta anteriormente, se ha dicho que “como la intimidad no es accesible, necesariamente debe acudirse a parámetros sociales de evaluación, en el sentido de percibir el daño moral según lo experimentaría el común de las personas en similar situación lesiva” (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de daños” editorial Hammurabbi tº 5 A “¿Cuanto por daño moral? Página 106 y siguientes).
La misma autora refiere que “los daños morales son perceptibles por el Juez”, pues “el juzgador como hombre común, debe subrogarse mentalmente en la situación de la víctima para determinar con equidad si él, colocado en un caso análogo, hubiese padecido con intensidad suficiente como para reclamar una reparación” (obra citada en el párrafo anterior p. 107).
En el caso, el hecho que altera disvaliosamente el modo de estar de una persona, en forma anímicamente perjudicial en relación a como estaba antes, puede producirse en el instante en que toma conocimiento del injusto y subsistir hasta que sea reparado, o como se ha dicho anteriormente, acumularse a lo largo del tiempo en que el titular del derecho sabe que se retiene irracionalmente una cosa de su propiedad. La diferencia no permite – a mi juicio – reconocer el derecho a la indemnización en el último supuesto y rechazarlo en el primero. En ambos es procedente.
3. En relación a la pérdida del valor venal, en cambio, coincido con la postura adoptada por el señor Juez doctor Riccitelli. Al respecto, Matilde Zavala de González, (Resarcimiento de daños” vol.I “Daños a los automotores” , p.81, Hammurabi, Bs.As. 1989) señala que aunque el automotor no haya sido inspeccionado porque la víctima se desprendió de él, la indemnización corresponde igual cuando obran en el proceso otros elementos de juicio sobre cuya base puede determinarse, señalando (p.83 y 87. ) que las referencias a los valores de mercado – como se hace en el primer voto - conforme las características de la unidad son útiles. En el caso, el Sr. Juez que vota en primer término toma en cuenta la diferencia de valores entre el de venta real y la cotización arribando a la cifra de condena, con cuyos fundamentos y resultado coincido.
ASI LO VOTO
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 426/449 y, por mayoría concordante de opiniones: (i) condenar a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar a Eduardo Jorge Puente, Ramiro Eduardo Puente, Matías Damián Puente y Laura Inés Puente –herederos de la Sra. Blanca Norma Denegri- por la suma de PESOS CUATRO MIL [$ 4.000,00] por privación de uso de automotor; PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS [$ 3.400,00] por disminución de valor venal del vehículo y PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS [$ 4.500,00] por daño moral, con más intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días –vigente en los distintos períodos de aplicación y calculados de conformidad a la doctrina sentada en la causa B. 62.488 “Ubertalli”, sent. de 18-V-2016, por mayoría- , contados a partir del día 26-09-2003 y hasta el efectivo pago [cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 100.774 “Ponce”, sent. de 21-X-2009 –por mayoría-; C. 100.228 “Ferreira de Zeppa”, sent. de 16-XII-2009 – por mayoría-; C. 118.680 "E. d. V., M. Á", sent. de 15-VII-2015], todo ello dentro del plazo de sesenta (60) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique (art. 163 Constitución provincial) y; (ii) confirmar el segmento del fallo de grado de fs. 411/419 en cuanto dispusiera el íntegro rechazo de la demanda respecto del restante codemandado en autos Raúl Guillermo López Camelo. En lo atinente a las costas de la instancia, y atendiendo al resultado al que se arriba, se imponen a la Provincia de Buenos Aires por su objetiva condición de vencida en el pleito, sin que se modifique el segmento del fallo de grado que impuso a la actora la obligación de cargar con los gastos causídicos ocasionados por la defensa del codemandado no condenado en autos Raúl Guillermo López Camelo.
2. En lo que refiere a las costas de esta instancia se imponen: (i) a la parte accionante con relación a los gastos ocasionados por la defensa técnica del Dr. Raúl Guillermo López Camelo [art. 51 inciso 1°, del C.P.C.A., t.o. ley 14.437] y; (ii) en el orden causado las restantes en tanto no haber mediado contradicción por la codemandada en autos Provincia de Buenos Aires [art. 51 inciso 1° - segunda parte-, del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
3. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de Alzada para su oportunidad (art. 31 del decreto ley N° 8904/77).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto José Loustaunau – Ramiro Rosales Cuello – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia