Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 6421
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación articulado por la Municipalidad de General Pueyrredon a fs. 203/205. Las costas de esta Alzada se imponen a la accionada en su objetiva calidad de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., texto según ley 14.437).
2Acoger el recurso de apelación articulado a fs. 200/201 por Compañía Financiera Argentina S.A. y, en consecuencia, dejar sin efecto la atribución de costas de primera instancia decidida por el a quo e imponerlas a la parte demandada por su objetiva condición de vencida. Costas de Alzada en el orden causado por no mediar contradicción [art. 51 inc. 1° -2da. parte- del C.P.C.A. –t.o. por ley 14.437-].
3Estése a la regulación de honorarios por los trabajos de Alzada que por separado se practica.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-6421-MP1 “COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s. PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata acogió la demanda promovida por Compañía Financiera Argentina S.A. contra la Municipalidad de General Pueyrredon y, en consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo de fecha 05-07-2010, dictado por el Juzgado de Faltas n° 4. Impuso las costas en el orden causado y practicó regulación de honorarios [cfr. fs. 188/195].
II. Declarada la admisibilidad formal de los recursos de apelación interpuestos a fs. 200/201 y a fs. 203/205 por la accionante y accionada respectivamente [cfr. fs. 233] y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde votar las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredon a fs. 203/205? En caso negativo, 2. ¿Lo es el embate articulado por la parte actora a fs. 200/201?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Luego de reseñar las posturas que ambos contendientes sostuvieron en la controversia y repasar lo actuado en sede administrativa [v. fs. 188 a 191 vta.], el a quo juzgó que considerando la esencia de las impugnaciones formuladas por la actora contra el acto administrativo objeto de este proceso, correspondía abordar, en primer lugar, la competencia de la autoridad que lo dictó, por cuanto –según sostiene- si se llegara a la conclusión que propone la accionante, más precisamente la incompetencia de la autoridad que aplicó la sanción, no tendría sentido analizar los restantes cuestionamientos que se le formulan.
Por tal senda, el magistrado de la instancia advirtió que en el sub lite no se ha controvertido la competencia genérica que en materia de protección de los derechos del consumidor detenta la Municipalidad de General Pueyrredon –de acuerdo a la Ley nacional 24.240 y la ley provincial 13.133-. Apunta que el núcleo del debate se circunscribe a determinar si –como afirma la empresa actora- la Ley 21.526 de Entidades Financieras otorga competencia exclusiva y excluyente al Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) para intervenir en la discusión relativa a las tasas de interés que pacta con sus clientes, o si –como argumenta la Comuna demandada- el juzgado de faltas municipal es la autoridad compete en razón de que, en el caso, se plantea una relación de consumo en los términos del art. 1 y 2 de la Ley 24.240.
Seguidamente y recurriendo a las disposiciones de la Ley 21.526 precisó: i) que el B.C.R.A. es designado como autoridad de aplicación de la Ley de Entidades Financieras, encomendándole, entre otras cosas, la fiscalización y control -exclusivo y excluyente- del funcionamiento y actuación de todas las entidades financieras, limitando expresamente la eventual intervención de cualquier otra autoridad, a los aspectos que no tengan relación con las disposiciones de la misma (cfr. arts. 4, 5 y 38); ii) que las infracciones a dicha ley son juzgadas por el B.C.R.A. recayendo en su Presidente la aplicación de las eventuales sanciones previstas en la norma (cfr. 41); y iii) que allí se prevé también el sistema recursivo contra las mencionadas penalidades (art. 42).
Con ello en miras, aclaró que –según su parecer- la sola existencia de una norma que regule determinada actividad y la correlativa existencia de una autoridad con competencia específica para controlar a quienes la desempeñan, no constituye el único elemento a considerar. Así, entendió que mientras la violación a las obligaciones estipuladas por la Ley 21.526 podrá ser sancionada por el B.C.R.A., cuando la cuestión no se encuentra alcanzada por la regulación específica que regula a las entidades financieras y se produzca una violación a la Ley de Defensa del Consumidor, quedará habilitada la intervención de la autoridad de aplicación de esta última norma que en el caso corresponda. En razón de lo expuesto, el a quo adujo que se presenta un esquema de análisis en el cual existe un fuerte casuismo, extremo que impediría establecer a priori criterios pétreos. En línea con ello, antes de adentrarse en el núcleo de su decisión, recordó que fue la Sra. María Zunilda Contreras quien se presentó ante la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor solicitando la refinanciación de la deuda y la revisión de los intereses del contrato de mutuo celebrado con la aquí actora, petición que -según sostiene- provocó que la autoridad administrativa trazara el eje de su decisión en el hecho de que los intereses aplicados superan ampliamente los topes máximos dispuestos por reiterada jurisprudencia. Desde tal atalaya, el magistrado de grado concluyó que el Juez de Faltas municipal excedió la habilitación legal que delimita su competencia al adentrarse en lo concerniente a la tasa de interés aplicable. Para así decidir, entendió que el funcionario municipal avanzó sobre competencias que le corresponden al Banco Central y que, adicionalmente, el análisis que realiza –en orden a la ponderación de la jurisprudencia vinculada a los “topes” de la tasa de interésresulta más propio de la judicatura que de una autoridad administrativa.
Por último, afirmó que la conclusión a la que arribó se mantiene aun cuando en el acto bajo revisión se haga referencia al incumplimiento de normativa propia de la Ley de Defensa al Consumidor, por cuanto –según arguye- si las violaciones a la normativa consumeril se originan a partir de la censura de la tasa de interés, inexorablemente corresponde también invalidar aquellos aspectos de la decisión que se estructuran sobre aquella.
Consecuentemente, agregó que no habiendo superado el acto administrativo en análisis el escollo de la competencia –en razón de su carácter de elemento esencial-, resultaba innecesario tratar los restantes vicios achacados por la firma actora.
Con todo, constatado el vicio en el elemento competencia, hizo lugar a la demanda y dispuso dejar sin efecto la Resolución de fecha 05-07-2010 dictada por el Juzgado Municipal de Faltas N° 4 del Partido de General Pueyrredon en el marco del expediente administrativo N° 16405-Dig.8.-Cpo.01-Año 2006, por considerarla ilegítima.
2. Contra el mentado pronunciamiento se alza la demandada a fs. 203/205.
2.1. Afirma -en esencia- que yerra el juez de grado al entender que la resolución adolece de un vicio en el elemento competencia. Así, resalta que -en el caso- la Comuna no ejerció el control de funcionamiento y actuación de las entidades financieras o una competencia propia del B.C.R.A., sino más bien asumió una incumbencia propia de la autoridad municipal ante una denuncia de una particular en el marco de una relación de consumo. En virtud de ello argumenta que la autoridad local ponderó la tasa de interés que el prestatario del servicio cobró al usuario toda vez que el carácter tuitivo y de orden público de la Ley 24.240 –así como su jerarquía constitucional por imperio del art. 42 C.N.- obliga a evaluar si, en el caso concreto, se ha abusado de la posición del prestador del servicio en detrimento del usuario que se encuentra en una situación de clara desventaja. En línea con lo anterior, advierte que resulta acreditado -con el contrato agregado a fs. 30/36 del expediente administrativo n° 16405/8- que “…la tasa efectiva anual aplicada fue del 134,85% a la que se sumó el 50% de punitorios…” y que a los fines de determinar el carácter abusivo de los intereses el Juez de Faltas recurrió –como parámetro de cálculo- al tope jurisprudencial vigente a nivel local, ello sin perjuicio de dejar en claro que no considera a dicha facultad como privativa de la judicatura, conforme sentenció el a quo.
2.2. Seguidamente, se duele de la parcela del fallo de grado que –según afirma- considera que “…la conducta que se sancionó no es la conducta que se dice vulnerada…”. Enlazado a ello, afirma que ha quedado demostrado –en el curso del expediente administrativo- que: i) no solo no se ha informado adecuadamente a la denunciada sobre lo que ella estaba firmando al momento de solicitar el crédito sino que, además, ni siquiera obtuvo una copia del contrato de adhesión que suscribió (cfr. arts. 42 C.N., 38 C.P. y art. 4 Ley 24.240;
ii) no se han respetado las modalidades en la prestación de los servicios que se pactaron al contratar; y iii) la denunciada fue defraudada en la buena fe que depositó en la hoy actora (cfr. art. 37 Ley 24.240).
En suma, entiende que el pronunciamiento de grado debe ser revocado, por cuanto sostiene que el juez de grado se equivocó al considerar que en el sub examine no existe una transgresión a la normativa consumeril.
3. La sociedad accionante replica el memorial de la contraria, poniendo de resalto la poquedad argumental que sostiene la pieza recursiva y mocionando la confirmación de lo decidido en la instancia de grado [v. fs. 208/211].
II. Expuestos de tal modo los antecedentes de la cuestión planteada, adelanto que el recurso articulado no habrá de prosperar.
1. En primer lugar, y antes de cualquier análisis respecto del recurso interpuesto, es necesario recordar que desde el pasado 1º de Agosto de 2015 [conf. art. 7 Ley 26.994, modif. por Ley 27.077], se encuentra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación [Ley 26.994]. En virtud de ello, corresponde liminarmente determinar qué ley – conforme su aplicabilidad en el tiempo-, debe ser utilizada para resolver la cuestión.
En tal sentido, es del caso señalar que el art. 7 del nuevo Código determina que: “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
De tal modo, al consagrar el principio de “aplicación inmediata de la ley” –que supone aplicación de las nuevas normas para el futuro y con posterioridad a su vigencia-, el art. 7 del nuevo ordenamiento vigente descarta su aplicación retroactiva salvo excepciones puntuales. Así, se halla vedada –en principio- la aplicación de las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos, agotados o extinguidos, por lo que, la nueva ley rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados que quedan sujetos a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico [conf. doct. S.C.B.A. Ac. 85.886, sent. del 30-VI-2004; C. 101.610, sent. del 30-IX-2009, C. 104.168, sent. del 11-V-2011; entre muchas otras].
Ahora bien, a la luz de lo expuesto cabe determinar si casos como el presente, en el que se persigue la revisión de una sanción impuesta por un Juez de Faltas Municipal en virtud de la aplicación de preceptos propios del Estatuto de los Consumidores y Usuarios, en ejercicio de competencias expresamente atribuidas –cfr. Ley 24.240, modif. por leyes 26.994 y 27.077; arts. 79, 80, 81, 82 y ccdtes. de la ley 13.133, y sus modif.; cfr. arg. doct. esta Cámara causa 1680- MP “Juzgado Nº 4 del Tribunal de Faltas del Partido de General Pueyrredon”, res. del 4-III-2010]-, debe resolverse con apoyatura en la normativa ahora derogada o si deviene de aplicación la nueva preceptiva del Código Civil y Comercial de la Nación.
Y ya dando una respuesta al tema, estimo que tanto el acto dictado en sede administrativa así como la totalidad del proceso impugnatorio posterior se desenvolvió en forma previa a la entrada en vigencia de la Ley 26.994, por lo que debe prevalecer la normativa que rigió en dicho interregno [cfr. arg. doct. esta Cámara causas P-1990-MP1 “Fisco c. Speroni”, res. del 3-IX-2015; C-6146-MP1 “Swiss Medical S.A.”, sent. del 17-III-2016].
2. Despejada tal cuestión, y a fin de una mejor comprensión de la solución que propongo, estimo acertado precisar los hechos que dieron origen al presente caso.
2.1. De las actuaciones administrativas N° 16405 - Dig.8. -Cpo.01 - Año 2006 que en este acto tengo a la vista, se desprende: i) que con fecha 25-10-2005 la Sra. Marta Zunilda Contreras formuló una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor y Usuario de la Municipalidad de General Pueyrredon, dirigida contra Compañía Financiera Argentina S.A., a través de la cual manifiesta que dicha empresa le otorgó un préstamo de $1.500,00 a devolver en 18 cuotas de $173,19, solicitando expresamente la revisión de los intereses y la refinanciación de la deuda. Acompaña a su presentación los talones que la denunciada le habría entregado a los efectos de cancelar las cuotas acordadas (v. fs. 5 a 11); ii) que con fecha 29-11-2005 tuvo lugar la primera y única audiencia conciliatoria que se celebró durante el trámite administrativo.
Allí, la denunciante ratificó –en esencia- lo manifestado en la denuncia inicial y explicó que solicita la refinanciación de las cuotas adeudadas en razón de que su hermana perdió el trabajo y que si bien su voluntad es pagar, no pudo hacerlo en término. Asimismo, advirtió que no se le entregó copia del contrato, razón por la cual reclamó -en la misma audiencia- que se le entregue una copia del mismo. Acto seguido, el representante de la empresa denunciada precisó que la Sra. Contreras adeudaba cuatro (4) cuotas “…siendo la primera de $204,36 ya que incluye el sellado provincial de ley, y las tres restantes de $173,19 cada una…”, y ofreció condonar los intereses y punitorios que correspondieran por la mora incurrida si la denunciante pagaba el total de dichas cuotas en un solo pago, más precisamente por un total de $723,93.
Respecto de la tasa de interés aplicable al préstamo en cuestión, la empresa informa que si bien es aquella que figura en la solicitud de crédito firmada por la Sra. Contreras y es una cuestión que se encuentra normada por el B.C.R.A., ofrece agregar toda la documental obrante en su poder dentro de los cinco (5) días. Seguidamente, la denunciante expresa que no se encuentra en condiciones de abonar la suma de dinero requerida -en un solo pago- por la empresa, explicando que justamente fue por dicha razón que en la denuncia inicial solicitó una refinanciación. Frente a ello la denunciada respondió que no se encontraba obligada a formular una propuesta de refinanciación en dicho expediente y solicitó que, a tal efecto, la Sra.
Contreras concurra a las oficinas de la firma. Cerrada la instancia conciliatoria sin acuerdo, el funcionario municipal interviniente le otorgó a la empresa un plazo de cinco (5) días hábiles a los efectos de exhibir los originales y agregar copias -del contrato celebrado- en las actuaciones, bajo apercibimiento de ley;
iii) con fecha 05-12-2005, dentro del plazo otorgado por la O.M.I.C., la denunciada agrega al expediente copia fiel de la solicitud n° 000000693643, crédito n° 820004914441 y documentos anexos, firmados todos ellos por la Sra. Contreras; iv) entre los datos útiles que surgen de dicha documentación se aprecia que se acompaña una solicitud de crédito de fecha 23-05-2005 -firmada por la denunciante- por un total de “…$1442,41 pagaderos en 18 cuotas mensuales y consecutivas de $173,19 cada una, venciendo la primera de ellas el día 10/07/05 destinado a servicios…”, T.E.M. sin iva %7,269477, T.N.A. % 88,445300, T.E.A. %134,85 y C.F.T. %200,06. También se informa que a las cuotas no abonadas en término se le adicionaran “…intereses moratorios (a tasa pactada en la operación) y punitorios (calculados al 50% de la tasa anteriormente citada) a partir del día posterior al del vencimiento de cada cuota…” y establece detalladamente los gastos de gestión de cobranza de acuerdo al valor de la cuota y los días de atraso.
2.2. Transcurrido el derrotero procedimental de rigor, con fecha 05-07-2010 el Juez de Faltas municipal dictó el acto cuestionado por la accionante, a través del cual resolvió aplicar a Compañía Financiera Argentina S.A. una sanción de multa de pesos setenta y cinco mil ($75.000,00) por haber constatado violación a lo dispuesto por los arts. 4 (deber de informar), 19 (cumplimiento de términos y condiciones convenidas) y 37 (deber de actuar de buena fe) de la Ley 24.240. Así, para fundamentar su decisión concluyó –en concreto-: i) que los intereses aplicados son abusivos, por cuanto superan ampliamente los topes máximos dispuestos por reiterada jurisprudencia, más precisamente el 24% anual. Frente a ello y teniendo presente la situación de debilidad negocial de la denunciante, consideró que la información brindada se presentó como insuficiente y deficiente, extremo que revelaría una clara violación del art. 4 de la Ley 24.240; y ii) que tal transgresión, asimismo, derivó en el incumplimiento de los términos contractuales –por cuanto resalta que la tasa debió ser pactada entre ambos contratantes y no en forma unilateral- y del deber de actuar de buena fe que le asiste a la empresa, todo ello de acuerdo a los arts. 19 y 37 de la Ley 24.240 respectivamente.
2.3. Efectuada la reseña anterior, no acompaño -en el contexto fáctico que presenta el sub examine- la interpretación que postula el Municipio demandado en el agravio que fuera identificado como punto “I.2.1.” de este voto.
Vayan a modo de introducción algunas nociones, las que entiendo serán de utilidad para resolver los agravios bajo tratamiento, relativas al rol que cumple el Banco Central de la República Argentina en el sistema financiero argentino y, en especial, en lo referente a las tasas de interés previstas en las operaciones de crédito celebradas por clientes y entidades financieras que se encuentran bajo su órbita de control.
En primer lugar, de la simple lectura de los arts. 1, 2 inc. d) y art. 24 inc. c) de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 (L.E.F.), logro verificar –aunque no haya llegado como controvertido a esta instancia revisora- que la aquí actora se encuentra comprendida dentro de las disposiciones de dicha norma, en su carácter de compañía financiera que lleva a cabo un “…intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros…”. Además, la propia página web del B.C.R.A. –al ingresar al link http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Entidades_ financieras.asp-, incluye a Compañía Financiera Argentina S.A. dentro de la base de datos –vigente a mayo del 2016- de entidades financieras autorizadas a funcionar por dicha autoridad de aplicación, bajo el registro n° 44077 (cfr. art.
7 L.E.F.).
Asimismo, como acertadamente advierte el a quo, la Ley de Entidades Financieras designa al B.C.R.A. como autoridad autárquica de aplicación de la norma, encomendándole, entre otras cosas, “…la aplicación de la presente ley, con todas las facultades que ella y su Carta Orgánica le acuerdan. Dictará las normas reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento…”, limitando expresamente la eventual intervención de cualquier otra autoridad, a los aspectos que no tengan relación con sus disposiciones (cfr. arts. 4 y 5). Por otro lado, cabe poner de resalto que el texto actualmente vigente de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (aprobada originalmente por Ley Nº 20.539 y cuyo texto fuera sustituido por Ley Nº 24.144), determina –en su art. 3°- que “…el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social…”. En línea con ello y ciñéndome estrictamente a lo aquí interesa -más precisamente lo que hace a la tasa de interés- advierto que entre las funciones y facultades de dicho banco rector está la de “…regular el funcionamiento del sistema financiero…” y “…regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito…” (el destacado no pertenece al original), de conformidad a lo preceptuado cfr. art. 4 inc. a y b). De esta manera, según el art. 14 inc. r) del mismo cuerpo legal, corresponde al Directorio “…regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza…” (el destacado me pertenece).
Como consecuencia del plexo normativo citado, el B.C.R.A. dictó la Comunicación “A” 3052 –vigente al momento que sucedieron los hechos-, de la cual da cuenta el propio Banco Central a través de la contestación del oficio librado a fs. 162 (v. fs. 166 a 169). En la mencionada reglamentación, la autoridad bancaria determina que las tasas de interés compensatorio y punitorio aplicables a las operaciones de crédito son libremente concertadas por las entidades financieras con sus clientes (cfr. puntos 1.1 y 1.6 de la citada Comunicación de la autoridad bancaria).
2.4. Sentado lo anterior, me encuentro en condiciones de afirmar –sin temor a equivocarme- que la regulación de la tasa de interés –tanto compensatoria como punitoria- de las operaciones de crédito concierne exclusivamente al Banco Central de la República Argentina.
Es que, como ya advirtiera supra, la autoridad bancaria tiene como finalidad “…promover…la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social…”. Con ello en miras, resulta lógico que el Banco Central de la República Argentina se encuentre legalmente facultado para regular la tasa de interés, por cuanto ésta -como dato esencialmente económico antes que jurídico- tiene una enorme gravitación sobre aquellos fines superiores a los que debe propender el Banco Central (cfr. art. 3 de su Carta Orgánica), pues se erige -ni más ni menoscomo el costo del dinero en el mercado. De ello se deriva que el B.C.R.A., en uso de sus facultades, podrá –según las circunstancias y atendiendo a las diferentes variables económicas imperantes- regular dichas tasas fijando pisos mínimos y/o topes máximos o bien dejando su determinación a la libre concertación entre entidades financieras y clientes. No quedan dudas que esta última opción es la que rigió, a través de la Comunicación “A” 3052 del B.C.R.A., en el momento en que sucedieron los hechos aquí ventilados. Consecuentemente, teniendo presente que la eventual intervención de cualquier otra autoridad -que no sea el B.C.R.A.-, se encuentra limitada a los aspectos que no tengan relación con las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras (cfr. art. 5 de la L.E.F.), mal puede la Comuna demandada declarar como abusiva la tasa de interés concertada entre la denunciante y Compañía Financiera Argentina, por cuanto no era sino la propia reglamentación de la autoridad bancaria la que dejaba su determinación a la libre voluntad de las partes contratantes.
Tal circunstancia, no se ve modificada por el hecho de que el Juez de Faltas, en el marco de la relación de consumo bajo análisis, haya tomado como parámetro -para justificar la sanción- el límite del 24% de interés anual usualmente utilizado por la jurisprudencia local en aquellos casos en los que la tasa aplicable, lucía excesiva o usuraria. Así, si bien es cierto que -en casos concretos- los jueces han tachado por abusivas ciertas tasas de interés que exceden el orden moral y las buenas costumbres, procediendo a su morigeración en términos de equidad, no menos cierto es que ello es una facultad que solo se encuentra en cabeza de la judicatura (cfr. arts. 953 y 656 y concordantes del C.C. [t.a.] y art. 771 del C.C.C.).
En otras palabras, la Comuna accionada, en su carácter de autoridad de aplicación de las normas protectoras de los derechos de consumidores y usuarios (Ley 24.240 y ley 13.133) resulta incompetente -atendiendo a las especiales particularidades del caso- para ponderar y declarar como abusiva a la tasa de interés –ya sea compensatoria o punitoria- que fuera pactada por la denunciante y Compañía Financiera Argentina S.A.. Es que tan específico aspecto contractual, incluso luciendo prima facie elevado, no solo no disponía -en la operación de crédito bajo análisis- de límite cuantitativo alguno sino que, incluso, el B.C.R.A. consideró necesario dejar su determinación a la autonomía de las partes (cfr. puntos 1.1 y 1.6 de la Comunicación B.C.R.A. “A” 3052).
2.5. Tampoco merece mayor estima el restante agravio identificado supra como apartado “I.2.2.”, planteado frente a aquella parcela de la sentencia de grado que afirmó que si las violaciones a la normativa consumeril, más precisamente la transgresión de los arts. 4, 19 y 37 de la Ley 24.240, se originan a partir de la censura de la tasa de interés, inexorablemente corresponde también invalidar aquellos aspectos de la decisión que se estructuran sobre aquella. Frente a ello, el Municipio demandado se ha limitado a afirmar que no solo no se ha informado adecuadamente a la denunciada sobre lo que ella estaba firmando al momento de solicitar el crédito sino que, además, ni siquiera obtuvo una copia del contrato de adhesión que suscribió -cfr. arts. 42 C.N., 38 C.P. y art. 4 Ley 24.240-. Asimismo aduce que no se han respetado las modalidades en la prestación de los servicios que se pactaron al contratar -cfr. art. 19 Ley 24.240- y que la denunciada fue defraudada en la buena fe que depositó en la hoy actora -cfr. art. 37 Ley 24.240- (v. fs. 204 vta. y 205).
Empero, la apelante no se hace cargo del núcleo argumentativo esbozado por el a quo, mediante el cual plantea –en esencia- que corresponde invalidar, por extensión, aquella parcela del acto administrativo que encauza los alegados incumplimientos a la Ley 24.240 a partir de la censura de la tasa de interes, a pesar de no disponer competencia para ello.
Con todo, observo que aquella premisa que desde el punto de vista lógico -y al margen del mayor o menor acierto que pudiera predicarse a su respecto- sustenta la conclusión del a quo en este punto, han quedado incólumes frente al planteo recursivo hasta aquí analizado –el cual, en fin, no pone de manifiesto más que la desatención de la quejosa frente a los fundamentos del fallo atacado- (argto. esta Cámara causa C- 4905-DO1 “Pacheco”, sent. del 04-XI-2014 y sus citas).
2.6. Sin perjuicio de lo anterior, no paso por alto que la recurrente, al intentar apuntalar la transgresión del deber de información –cfr. art. 4 de la Ley 24.240-, alega también –sin mayor precisión- que la denunciante no habría recibido una copia del contrato de adhesión que firmó. Al respecto, si bien es cierto que dicha clase de conductas -al no guardar relación alguna con la tasa de interés aplicable al mutuo- podría ser juzgada individualmente por la autoridad local para así sustentar su potestad sancionatoria en materia de defensa de los derechos de consumidores bancarios o financieros, conforme ya lo ha reconocido esta Alzada en otros precedentes (argto. esta Cámara causa C-3162-MP1 “Banco de la Nación Argentina”, sent. del 30-VII-2013), no menos cierto es que no encuentro acreditada con claridad –atendiendo a las constancias obrantes en la causa- una infracción al mentado deber de información. Considero que ello es así, no solo porque la alegada omisión ni siquiera fue introducida por la Sra. Contreras en su escrito de denuncia (v. fs. 5), sino porque la denunciante guardó absoluto silencio hasta que se celebró la primera y única audiencia conciliatoria. Y si bien en dicho acto volcó su petición –casi como si se tratara de una cuestión secundaria- (v. fs. 15), lo cierto es que la empresa denunciada acompañó las copias de la documentación en tiempo y forma, de acuerdo al plazo que la propia O.M.I.C. le otorgó a tal efecto, bajo apercibimiento de ley (v. fs. 31 a 37). Para más, cabe advertir que el acto administrativo impugnado no brinda mayores detalles o una adecuada motivación en relación a este punto, limitándose afirmar que el caso “…se ve agravado por el hecho de haberse acreditado que el contrato nunca le fue entregado al solicitante del préstamo…” (v. fs. 236 del expediente administrativo) y sin que ello pueda conectarse con la denuncia formulada.
En consecuencia, el agravio no merecerá recibo.
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo, rechazar el recurso de apelación intentado por el Municipio demandado a fs. 203/204 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado de fs. 188/195 en cuanto ha sido materia de agravio. Las costas de la segunda instancia deberían imponerse a la accionada en su objetiva calidad de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., texto según ley 14.437).
Voto, en consecuencia, por la negativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la cuestión planteada también por la negativa. A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Cabe recordar que, al acoger la acción intentada por la firma Compañía Financiera Argentina S.A., el a quo distribuyó las costas del proceso en el orden causado de conformidad con lo previsto por el art. 51 del C.P.C.A. en su redacción anterior a la reforma introducida por ley 14.437 [cfr. fs. 188/195, punto “2” del fallo].
2. Frente a dicha parcela del fallo se alza la firma accionante a fs. 200/201. En sustento de su recurso argumenta –en fin- que las costas debieron imponerse a la parte demandada vencida en el pleito en tanto tal solución se ajustaría al régimen vigente al tiempo de dictarse la sentencia de grado.
II. El agravio es de recibo.
1. Sabido es que la ley 14.437 (B.O. N° 27.006 del 08- 02-2013) -en vigor desde del 17-02-2013- modificó sustancialmente el régimen de costas en el orden causado establecido como regla en el ordenamiento procesal contencioso administrativo hasta entonces vigente, instaurando así un nuevo principio general mediante el que se dispone que “…el pago de las costas estará a cargo de la parte vencida en el proceso…” (cfr. art. 51 primer inciso, primera parte del C.P.C.A. en su actual redacción). La misma norma contempló, a su vez, dos excepciones a ese principio basadas –de un lado- en razones de índole subjetiva, al admitir que “…sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente del pago de las costas al vencido siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad…” y –de otro ladomotivos que se vinculan con la naturaleza del reclamo, al imponer las costas en el orden causado “…cuando la parte vencida en el proceso fuere un agente público o quien hubiera reclamado un derecho previsional, en causas en materia de empleo público o previsional…” [cfr. doct. esta Cámara causa C-5885-MP1 “Díaz”, sent. del 13-VIII-2015 –y sus citas-]. Tal es entonces el esquema normativo procesal que, encontrándose vigente al momento de dictarse sentencia, debió aplicarse –sin más reparo que la sola comprobación de que su recepción al pleito no afecte la validez de los actos ya cumplidos de conformidad con las leyes anteriores- al caso sub examine [cfr. argto. doct. S.C.B.A causas Ac. 77.944 "Corredato", sent. del 1-IV-2004, por mayoría; C. 98.117 "Sachinelli", sent. del 15-IV-2007; esta Cámara, causas C- 4983-AZ1 “Bustamante”, sent. del 06-XI-2014; C-5122-MP1 "Paradiz", sent. de 22-V-2015; C-5154-MP1 "Moretti", sent. de 29-V-2015).
Concluyo entonces, que el juez de la instancia inferior se apartó injustificadamente de aquel principio instituido por la ley 14.437, vigente al tiempo de dictarse sentencia - acto jurisdiccional en el que debe fijarse la condena en costas, según art. 163 del C.P.C.C., aplicable a este proceso por reenvío del art. 77 inciso 1° del C.P.C.A.- y en virtud del cual correspondía que la Municipalidad de General Pueyrredon, en su condición de vencida –determinada por el acogimiento de la pretensión a cuyo progreso se opuso la demandada [cfr. contestación de demanda a fs. 77/80]- cargase con los gastos causídicos irrogados a su contraparte (cfr. doct. esta Cámara causa C-5916-MP1 "Telecom Personal S.A.", sent. de 3-IX-2015).
III. Si lo expuesto se comparte, propongo al Acuerdo, consecuentemente, acoger el recurso articulado a fs. 200/201 por Compañía Financiera Argentina S.A. y, en consecuencia, dejar sin efecto la atribución de costas de primera instancia decidida por el a quo e imponerlas a la parte demandada en su condición de vencida. Las costas de Alzada, en cambio, deberían distribuirse en el orden causado, toda vez que no ha mediado contradicción en torno a la procedencia del recurso bajo análisis (argto. art. 51 inc. 1° -2da. parte- del C.P.C.A. –t.o. s. ley 14.437).
Con el alcance indicado, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad con los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Desestimar el recurso de apelación articulado por la Municipalidad de General Pueyrredon a fs. 203/205. Las costas de esta Alzada se imponen a la accionada en su objetiva calidad de vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., texto según ley 14.437).
2. Acoger el recurso de apelación articulado a fs. 200/201 por Compañía Financiera Argentina S.A. y, en consecuencia, dejar sin efecto la atribución de costas de primera instancia decidida por el a quo e imponerlas a la parte demandada por su objetiva condición de vencida. Costas de Alzada en el orden causado por no mediar contradicción [art. 51 inc. 1° -2da. parte- del C.P.C.A. –t.o. por ley 14.437-].
3. Estése a la regulación de honorarios por los trabajos de Alzada que por separado se practica.
Regístrese, notifíquese y, fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia