Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 5164
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires a fs. 133/168 contra la sentencia de fs. 116/123. Costas de Alzada al recurrente vencido [art. 25 la ley 13.406; art. 68 y ccs. del C.P.C.C.] 2. Desestimar el recurso de apelación intentado a fs. 129/131 por la parte demandada. Costas de Alzada a la recurrente vencida [argto. art. 25 ley 13.406; art. 68 y ccs. del C.P.C.C.].
3Diferir la regulación de honorarios profesionales por las labores cumplidas en esta instancia para su oportunidad [art. 31 y 51 del decr. ley 8.904/77].
En la ciudad de Mar del Plata, a los 16 días del mes de octubre del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa P- 5164-MP2 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. FLEURY ANA MILLICENT s. APREMIO PROVINCIAL”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli, y Mora, y considerando los siguientes:
I. Mediante sentencia dictada con fecha 27-05-2014, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título planteada en relación a la deuda consagrada en el título ejecutivo N° 121.947, desestimándola en torno a la liquidación fiscal N° 121.948 (comprensiva de la multa por omisión en el pago del tributo) y mandando a llevar adelante la ejecución hasta tanto la Sra. Ana Millicent Fleury haga íntegro pago al Fisco de la Provincia de Buenos Aires del capital reclamado de $ 42.176,65 (cuarenta y dos mil ciento setenta y seis pesos con 65/100) con más los intereses previstos en el art. 104 del Código Fiscal - t.o. 2011- que se devenguen hasta el efectivo pago, gastos y costas del juicio. Asimismo, difirió la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 51 decr. ley 8.904/77) [v. fs. 116/123].
II. Contra el referido pronunciamiento, notificado a ambas partes con fecha 28-05-2007 [cfr. cédulas a fs. 127/128], la demandada interpuso recurso fundado de apelación [v. fs. 129/161], el cual fue concedido por el a quo a fs. 132, corriendo traslado de sus fundamentos a la contraria. Notificado de dicho traslado mediante cédula glosada a fs. 170, el Fisco provincial brindó su réplica, dentro del plazo de cinco (5) días acordado a tal efecto [v. fs. 171/174].
III. La actora, por su parte, también apeló la sentencia de grado mediante presentación obrante a fs. 133/168, remedio que el a quo concedió a fs. 169 y de cuyos fundamentos corrió traslado por cinco (5) días a la demandada, brindando ésta su réplica, dentro de dicho plazo, a fs. 177/181.
IV. Mediante proveídos de fs. 175 y 182 el Juez de grado tuvo por contestados en tiempo y forma los traslados corridos respecto de ambos recursos y, en consecuencia, ordenó la elevación de la causa a esta Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo [v. fs. 184].
V. Recibido el expediente en este Tribunal el 15-07-2014 [cfr. constancia a fs. 188 -in fine-] y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia [v. fs. 189] corresponde plantear las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso deducido por el Fisco provincial a fs. 133/168?
2. ¿Lo es el recurso articulado por la demandada a fs. 129/131?
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Cabe recordar que el presente apremio fue promovido por el Fisco provincial contra la Sra. Ana Millicent Fleury reclamando a ésta el pago de la deuda de Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos mensuales 09/1995 a 09/1997 (cfr. título ejecutivo N° 121.947, a fs. 7) y multas consignadas en el título N° 121.948 (v. fs. 8). De las “observaciones” consignadas en las referidas cartulares, surge que la deuda reclamada en autos habría sido imputada a la Sra. Fleury “…por solidaridad con la firma Marbella SAIC en concurso preventivo el 09/09/99…”.
2. La apremiada se opuso al progreso de la acción planteando excepción de inhabilidad de título sustentada en la inexistencia de la deuda de Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuyo obligado principal al pago sería la firma Marbella S.A.I.C., de la cual la Sra. Ana M. Fleury fue directora “…al momento de la tributación…”. En ese orden, narró que el Fisco habría intentado verificar tempestivamente aquel crédito en el proceso falencial de la mencionada sociedad (autos “Marbella SAIC s. concurso preventivo” de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 4 del Departamento Judicial Mar del Plata) y que dicha pretensión fue rechazada por el Juez del concurso, motivando ello el inicio de un incidente de revisión ante el mismo órgano que, finalmente, concluyó por caducidad de instancia. Así -sostuvo el accionante-, rechazada la pretensión dirigida hacia el deudor principal, el crédito tampoco podría exigirse al codeudor solidario. En sustento de su posición, transcribió los considerandos de la sentencia dictada por esta Cámara de Apelación, con fecha 16-04-2013, en la causa P-3398-MP2 “Mayer”.
Destacó luego que, “…a todo evento, y si se tratara de una deuda que no fue verificada en el Concurso Marbella […] la deuda de todos modos se encuentra prescripta por aplicación de lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 24.522 ya que han transcurrido mucho más de los dos años que establece la ley para la verificación del crédito…”. Fundó tal planteo en el criterio sustentado por esta Alzada en la causa P-2273-MP2 “Zanetti” (sent. del 01-III-2011).
3. El a quo, tras admitir la posibilidad de plantear la excepción de inhabilidad de título que consagra el art. 9° de la ley 13.406 con sustento en la inexistencia de la deuda reclamada, se abocó a tratar la defensa opuesta en tales términos.
En dicha faena, señaló que las constancias del incidente de revisión promovido por el Fisco provincial en el marco del concurso de la firma Marbella S.A.I.C. -tenido a la vista para resolver- darían cuenta de que la Administración recaudadora intentó verificar allí tanto la deuda impositiva reclamada en autos a la Sra. Fleury en su condición de responsable solidaria como la devengada por otros períodos fiscales y, asimismo, de que dicho proceso incidental culminó por caducidad de instancia.
Advertido ello, señaló que si bien asistiría razón a la apoderada del Fisco en cuanto afirmó -al contestar excepcionesque dicha caducidad decretada en el marco del referido proceso “…no produjo ni pudo producir la extinción de la obligación que allí se reclamara…”, no sería menos cierto que el pedido de verificación tempestiva del crédito fiscal en cuestión fue previamente desestimado por el Juez del concurso, no advirtiéndose en el sub lite la existencia de “…elementos convincentes que permitan afirmar que se intentara reconocer nuevamente el crédito fiscal contra la firma concursada…”. En tal contexto, entendió el judicante que la “…situación descripta […] habría generado -en lo que para el caso interesalos efectos de la cosa juzgada respecto de la inexistencia del crédito…”. Así -señaló- mal podría exigirse al responsable solidario el pago de “…la obligación tributaria que ha dejado de existir -incluso para el obligado principal- por los efectos propios de la sentencia recaída en el marco del concurso preventivo de éste (art. 715 C.C.)…”.
Con todo, acogió la defensa de inhabilidad de título planteada en relación a la cartular N° 121.947, comprensiva de la deuda reclamada en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos 09/1995 a 09/1997, considerando inoficioso el tratamiento de la excepción de prescripción también esgrimida por la ejecutada.
No obstante ello, remarcó que distinta suerte habría de seguir el reclamo referido a la deuda liquidada en el título N° 121.948, toda vez que los argumentos defensivos esgrimidos por la apremiada en su responde de fs. 52/63 lo habrían sido únicamente en relación a la deuda por Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
II. Adelanto desde ahora que el recurso articulado por el Fisco provincial contra dicho pronunciamiento no merece prosperar.
1. He de desestimar, ante todo, aquellos argumentos blandidos por la actora a través de extensos pasajes de su memorial (v. fs. 135vta./140 y 162/163) y encaminados a postular, en fin, el yerro en que incurrió el Juez de grado al no ceñir su análisis a lo atinente a “…las formas extrínsecas del título, tal cual lo establece el art. 9° inc. “c” de la ley 13.406…” -agravio que la apelante sustenta en una serie de alegaciones en torno a la “…limitación cognoscitiva que caracteriza al juicio de apremio…” y a la imposibilidad de analizar, en dicho marco procesal, la causa de la obligación reclamada-.
Recuerdo que es criterio de esta Alzada que aún en el reducido ámbito del proceso de apremio la excepción de inhabilidad de título puede encontrar andamiaje, entre otras circunstancias regladas o aceptadas jurisprudencialmente, cuando alegándose la inexistencia de deuda -total o parcialella surja palmaria de la prueba rendida, sin desnaturalizar el acotado marco cognitivo propio de este particular proceso (v. causa P-2711-MP2 “Padula”, sent. del 11-X-2011 y sus citas). Desde tal mirador, no encuentro motivos para censurar el proceder del Juez de grado en cuanto, frente al planteo de la Sra. Fleury en torno a la manifiesta inexistencia de la deuda sustentado en el hecho de que su verificación en el proceso concursal de la deudora principal Marbella S.A.I.C. fue desestimada, y contando con elementos que -a su juicio- darían cuenta de esta última circunstancia, se abocó a analizar la defensa de inhabilidad de título esgrimida en tales términos.
2. Sentado ello, he de tener por acreditado, a partir de las constancias del título ejecutivo N° 121.947 glosado a fs. 7 y de lo manifestado por las partes, que la deuda consignada en la referida cartular corresponde al Impuesto sobre los Ingresos Brutos devengado en los períodos 09/1995 a 09/1997 -inclusivepor la actividad desarrollada por la contribuyente Marbella S.A.I.C. y, asimismo, que dicha liquidación habría sido emitida a nombre de la Sra. Ana Millicent Fleury -contra quien se dirige la presente ejecución- en su calidad de responsable solidaria frente a aquella deuda impositiva.
Por otro lado, el Juez de primera instancia ha podido comprobar, a través de un detenido análisis de las constancias del incidente de revisión promovido por la Dirección General de Rentas -actual Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires [A.R.B.A.]- en el proceso falencial de Marbella S.A.I.C., que el Fisco intentó verificar allí la deuda correspondiente a una serie de anticipos de Impuestos sobre los Ingresos Brutos adeudados por la fallida, entre los cuales estarían comprendidos aquéllos que consigna el título base del presente apremio. Así, estaría probado que la actora habría acudido al concurso de la deudora principal del tributo a fin de obtener la satisfacción del crédito cuya ejecución ahora endereza hacia la responsable solidaria.
No conmueven tal conclusión las meras insinuaciones deslizadas por la apelante en torno a que no resultaría claro si aquel crédito fiscal “…es exactamente el mismo que el del concurso…” (v. fs. 141, párr. 3°) -en referencia a la deuda cuya verificación habría perseguido el Fisco en el proceso falencial de la deudora principal-. La orfandad argumental de tal planteo, sumada a la ausencia de una mínima referencia a elementos de la causa que patenticen el supuesto error del judicante al examinar las piezas del mentado incidente, le restan toda entidad como para poner en crisis las apreciaciones efectuadas por el magistrado en el marco de dicho análisis. Finalmente, no hay controversia en torno a que el mentado incidente de revisión promovido por el Fisco en el concurso de Marbella S.A.I.C. a fin de obtener la incorporación a la masa acreedora de aquella deuda, fue iniciado como consecuencia de la previa desestimación de un pedido de verificación de dicho crédito y concluyó en razón de haber operado la caducidad de instancia.
En tal contexto he de juzgar, a la luz de los agravios blandidos por la quejosa, el acierto o no de la solución propiciada por el a quo en cuanto consideró que, frente al escenario descripto, la deuda impositiva aquí reclamada se habría tornado inexigible tanto para la deudora principal fallida como para su co-deudora solidaria demandada en autos. 3.a. Abocándome a dicha faena estimo oportuno aclarar, liminarmente, que prescindiré de dar tratamiento a aquellas parcelas del memorial en estudio que -no obstante su extensióndistan de patentizar una crítica concreta y razonada hacia la sentencia de grado, requisito este que se impone en virtud del art. 260 del C.P.C.C. –aplicable al caso por remisión contenida en el art. 25 de la ley 13.406- y cuyo cumplimiento exige hacerse cargo de los fundamentos del fallo en crisis a través de un memorial que porte una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, junto con la demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (argto. doct. esta Cámara, causa P-3817-BB1 “Souladier”, sent. del 03- IX-2013 y sus citas).
Concretamente, me refiero a las expresiones vertidas por la recurrente a fs. 141/158vta., las cuales no constituyen más que una reiteración exacta, literal y mecánica de la mayor parte de la contestación de excepciones oportunamente sometida a consideración del a quo (v. fs. 80/97), a través de cual la apelante reproduce una extensa serie de argumentos y citas jurisprudenciales ya expuestos en la instancia inferior, prescindiendo de formular objeción alguna hacia los fundamentos por los cuales el Juez de grado, aun teniendo en vista tales planteos (v. 117vta./119), arribó a conclusiones adversas a la posición asumida por la ejecutante.
b. Advertido ello, he de descartar –por similares razoneslos agravios blandidos por el Fisco al inicio del capítulo “V” de su memorial (“reflexiones finales…”, a fs. 158vta./159) alegando que la sentencia de grado “…pareciera estar fundada en una litispendencia no planteada…” y que no se verificarían en el caso los requisitos para que prospere una defensa de tal naturaleza. Es que tales argumentos, en fin, no patentizan más que la desatención de la quejosa frente a los fundamentos del pronunciamiento apelado (argto. doct. esta Cámara causa P-2210- MP2 “Seligrat”, sent. del 23-VIII-2011), pues en manera alguna podría inferirse a partir de éstos que el magistrado hubiese confundido –tal como se lo endilga la apelante [v. fs. 159, párr. 1°]- la defensa esgrimida por la Sra. Fleury con un planteo de litispendencia.
Con similar criterio, juzgo inatendibles aquellos argumentos desplegados a fs. 164/165 que postulan la imposibilidad de discutir en autos el carácter de responsable solidaria que ostentaría la Sra. Fleury respecto de la contribuyente Marbella S.A.I.C. por la deuda impositiva aquí reclamada, como así también las argucias desplegadas a fs. 165vta./167 –con sustento en las previsiones contenidas en el Código Fiscal provincial en materia de solidaridad tributariaa fin de “…demostrar que los integrantes del órgano de administración de la firma han sido debidamente responsabilizados en las resoluciones del procedimiento que precediera al título ejecutivo…”, toda vez que tales cuestiones, en fin, resultan claramente ajenas a la controversia suscitada en el sub lite.
4. Descartados los agravios supra referidos, daré respuesta ahora a los restantes argumentos blandidos en el mencionado capítulo “V” del memorial bajo análisis, a través de los cuales la apelante postula la “…improcedencia del pretendido efecto expansivo de la resolución dictada en el concurso preventivo de Marbella como impedimento a la viabilidad de la ejecución…” seguida contra la Sra. Fleury (v. fs. 159vta., párr. 2° y sgtes.). Los fundamentos esgrimidos a tal fin por la recurrente bien pueden sintetizarse en los siguientes términos:
i) el rechazo de la pretensión enderezada por el Fisco provincial en el marco del concurso de Marbella S.A.I.C. -a fin de obtener la verificación de la deuda impositiva en cuestiónno proyectaría consecuencia alguna sobre el vínculo obligacional existente entre el acreedor y la Sra. Ana Millicent Fleury –en su carácter de responsable solidaria obligada al pago del tributo-, pues para que ello ocurriera, la deudora solidaria debió “…solicitar su concurso preventivo para que tramite en conjunto con el de su garantizado…”, tal como lo prevé el art. 68 de la Ley de Concursos y Quiebras (v. fs. 159vta./160vta); de no ser así, se estarían haciendo extensivos los efectos de la cosa juzgada a quien no fue parte en el proceso;
ii) lo decidido por el Juez del concurso sobre aquella pretensión no haría “…cosa juzgada respecto del crédito que se reclama en autos…”, pues tal temperamento únicamente habría privado al Fisco de ser admitido como acreedor en el proceso falencial de la deudora principal, quedándole a éste la posibilidad de accionar contra la co-deudora solidaria por fuera de dicho trámite;
iii) la “hipotética cosa juzgada”, en todo caso, tendría carácter puramente formal, pues el hecho de que el incidente de revisión haya concluido por caducidad de instancia no impediría “…volver a plantear la cuestión sustancial allí discutida…”, advirtiéndose asimismo que, al no haber mediado en dicho trámite un pronunciamiento sobre “…la existencia y validez de la deuda determinada…”, nada habilitaba al Juez de grado a concluir -en los términos en que lo hizo- que ésta era inexistente;
iv) la solución adoptada por el a quo resultaría, consecuentemente, contraria a la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia provincial al pronunciarse en la causa “Ducusa Flet S.A.” y receptada por esta Cámara de Apelación en autos P-2711-MP2 “Padula”.
Daré respuesta, entonces, a tales planteos.
a. Debo señalar que si bien el Juez de grado admitió que - tal como ahora lo plantea la quejosa [v. supra, apartado “iv)”]- “…la declaración de caducidad de instancia decretada en el marco del incidente de revisión […] no produjo ni pudo producir la extinción de la obligación que allí se reclamara…” por cuanto bien podría instarse un nuevo proceso con igual objeto -dentro de los límites que impone el C.P.C.C.-, destacó también, por otro lado, que “…dicho crédito fiscal había sido previamente desestimado por el Juez interviniente en el marco del procedimiento de verificación establecido por la ley 24.522…” -aspecto sobre el cual, tal como lo señalé en el punto “II.2”, no ha mediado controversia-.
Sería entonces esta última circunstancia la que, a juicio del a quo, resultaría determinante de la inexigibilidad de la deuda impositiva pregonada en su sentencia respecto de la deudora fallida, mientras que la conclusión por caducidad de instancia del incidente de revisión a la postre intentado por el Fisco luego de la desestimación del crédito fiscal como pasivo falencial, impondría descartar la existencia de un proceso posterior instado en los términos del art. 37 -2da. parte- de la Ley de Concursos y Quiebras a través del cual se hubiese revertido aquella desestimación previamente decidida en el marco del procedimiento reglado por los arts. 32 y sgtes. del mencionado estatuto -la que, en tal contexto, quedaría “firme” y produciría “los efectos de la cosa juzgada” [argto. art. 37, 2da. parte de la L.C.Q.]-.
b. Frente a ello advierto, en primer lugar, que no luce censurable el razonamiento así esbozado por el a quo en la medida en que el Fisco se ha limitado a postular -tanto en su responde de fs. 77/98, como al fundar el presente recurso- en forma meramente hipotética y conjetural la “posibilidad” de que su parte “replantee la pretensión” encauzada a través del mentado incidente, sin aportar elemento alguno que brinde cuenta de que ello efectivamente hubiera sucedido (argto. art. 375 C.P.C.C.). Es oportuno destacar -para más- que el extenso lapso temporal transcurrido desde la fecha de promoción del referido proceso –esto es, el 26-03-2001 [conforme surge de los registros de la “Mesa de Entradas Virtual” disponible en el sitio institucional de la Suprema Corte de Justicia www.scba.gov.ar]- conspiraría contra toda posibilidad de instar un nuevo proceso de igual contenido, dado el exiguo plazo de caducidad contenido en el art. 37 –párr. 2°- de la ley 25.422. c. Luego, he de recordar que esta Alzada, en diversos supuestos, ha rechazado la ejecución fiscal enderezada contra codeudores solidarios de determinados tributos cuando la acreencia en cuestión se había tornado inexigible para el deudor principal como consecuencia de contingencias propias del proceso falencial de este último.
Si bien con ciertos matices, tales supuestos reconocerían como nota común el hecho de que, aun cuando dicha inexigibilidad no viniera determinada por un pronunciamiento del Juez concursal vinculado a aspectos sustanciales del crédito, su origen se encontraría, en fin, en un proceder asumido por el acreedor tributario en dicho proceso universal que revelaría -en forma más o menos explícita- su voluntad de abandonar el derecho creditorio detentado, cuyos efectos extintivos se proyectarían sobre la existencia misma de la deuda, afectando consecuentemente a la totalidad de los vínculos que, por ley provincial, constituyen a la obligación como solidaria y -por ende- a todo el frente común de cointeresados, quienes bien podrían ampararse en los arts. 715 del Código Civil y 37 de la ley 24.522 a fin de repeler el reclamo fiscal.
Con tal criterio como norte este Tribunal se pronunció en la causa P-2273-MP2 “Zanetti” (v. sent. del 01-III-2011), supuesto en que el mentado abandono del crédito tributario se hacía patente en el hecho de haber operado la prescripción prevista en el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras como consecuencia de la omisión del Fisco de enderezar su reclamo contra el contribuyente directo concursado dentro del plazo bienal contemplado en dicho precepto. Se entendió así que la prescripción cumplida en tales términos constituiría una de aquellas defensas que el Código Civil califica como “comunes” - en tanto se vincularía a la existencia de la obligación en sí misma-, mereciendo auspicio, por tanto, la excepción opuesta con sustento en ella por el codeudor tributario solidario en el marco del juicio de apremio.
En similar sentido se expidió esta Cámara en la causa P- 3398-MP2 “Mayer” (v. sent. del 16-IV-2013): dando respuesta a las objeciones blandidas por el Fisco apelante en punto a que no concurrirían los requisitos para que la cosa juzgada emanada del fallo dictado en el concurso desplegara plenamente su efecto, este Tribunal puso de relieve el hecho de que, en el proceso falencial del deudor principal, la cuestión atinente a la admisibilidad del crédito que pretendió hacer valer el Fisco había quedado sellada en forma negativa, dada la existencia de un pronunciamiento jurisdiccional firme que puso fin al asunto y tornó inexigible la deuda para el contribuyente directo, reconociéndose a dicha circunstancia un efecto extintivo de la obligación en sí misma que, como tal, se propagaría con alcance extraconcursal al codeudor tributario solidario. La firmeza de aquella resolución no aparecería, en tal caso, sino como consecuencia de la pasividad del acreedor fiscal, quien, exteriorizando una clara voluntad de dimitir del derecho creditorio cuya incorporación a la masa concurrente otrora persiguiera a través del mecanismo de verificación reglado por los arts. 32 y sgtes. de la L.C.Q., prescindió de instar remedio alguno a fin de revertir los efectos del rechazo de tal pretensión.
Finalmente, he de apuntar que si bien en autos P-2711-MP2 “Padula” (v. sent. del 11-X-2011, citada supra) esta Alzada desestimó el planteo del ejecutado -codeudor tributario solidario del Impuesto sobre los Ingresos Brutos- que postulaba la inexistencia de deuda a partir del rechazo en el concurso del deudor principal de la pretensión de verificación de crédito interpuesta por el Fisco, ello fue así desde que el propio apremiado habría reconocido que en el marco de dicho proceso falencial existía un incidente de revisión en trámite, circunstancia esta que patentizaba un concreto proceder del Fisco encaminado a hacer actuar su derecho y que fue ponderada por este Tribunal como óbice insalvable a la hora de formar convicción sobre la inexigibilidad del crédito al contribuyente directo -en tanto no se verificaría aún un pronunciamiento con fuerza de cosa juzgada que concluyera el asunto- y, por tanto, al responsable impositivo solidario.
d. Efectuada tal reseña, entiendo que bien cabría tener por configurado en el sub lite un escenario semejante a aquel frente al cual esta Alzada se pronunció en la citada causa P- 3398-MP2 “Mayer”.
Es que, de un lado, ha mediado una resolución emanada del Juez del concurso de la deudora principal declarando la inadmisibilidad del pedido de verificación deducido por el Fisco en relación a la deuda impositiva ahora reclamada a la responsable solidaria. Y, de otro lado, a partir de los elementos de juicio presentes en autos, dicho pronunciamiento ha de reputarse firme como consecuencia de aquella inactividad del propio acreedor que, en fin, exteriorizaría un abandono del derecho creditorio, toda vez que, como se vio, el único proceso iniciado por su parte a fin de revertir los efectos de aquel rechazo de verificación habría culminado luego por perención de la instancia [argto. art. 310 y ccs. del C.P.C.C.], no surgiendo de la prueba rendida en autos que el organismo recaudador hubiese iniciado en tiempo hábil un nuevo reclamo jurisdiccional con ese mismo objeto.
Así, las defensas basadas en el efecto extintivo que esta última circunstancia proyectaría sobre la existencia misma de la deuda en cuestión bien podrían calificarse -en atención a ello- como “comunes”, de modo que aprovecharían tanto al deudor principal como al responsable solidario demandado por vía de apremio.
5. Con todo, juzgo acertada la solución propiciada por el a quo en cuanto, en consonancia con los lineamientos fijados por este Tribunal en el citado precedente, consideró que la deuda impositiva aquí reclamada resultaba inexigible -frente al escenario descripto- a la Sra. Ana Millicent Fleury -acogiendo, consecuentemente, la excepción de inhabilidad de título fundada en la inexistencia de deuda-.
III. Conforme lo expuesto hasta aquí, propongo al Acuerdo desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco de la provincia de Buenos Aires a fs. 133/168 contra la sentencia de fs. 116/123. Las costas de Alzada deberían imponerse al recurrente vencido (art. 68 y ccs. C.P.C.C.).
Voto a la primera cuestión planteada por la negativa. El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la primera cuestión planteada también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. La demandada, por su parte, se agravia frente al pronunciamiento de grado cuestionando -ante todo- que se haya acogido “…parcialmente la excepción […] dejando subsistente la deuda por multas…” (v. fs. 129vta./131). Luego, aduce también que, aun manteniéndose tal temperamento, su parte debería ser eximida del pago de costas (v. fs. 131, párr. 2° y sgtes.).
II. El recurso no prospera.
1. Daré tratamiento al primero de los referidos planteos recursivos.
En tal faena, recuerdo que el a quo fundó su posición en torno a la procedencia de la ejecución de la multa contenida en el título N° 121.948 (glosado a fs. 8) en el hecho de que “…ninguna objeción ha efectuado la accionada en relación al contenido del mismo…”, pues todos los fundamentos esgrimidos en sustento de la defensa de inhabilidad de título opuesta referirían a “…la deuda relativa a los anticipos del impuesto a los ingresos brutos…”. En tal contexto -afirmó el judicantehacer extensivo a aquella sanción pecuniaria el análisis efectuado respecto de la deuda impositiva consignada en el título N° 121.947 patentizaría una violación al principio dispositivo y excedería los límites de la congruencia. a. Advierto, ante todo, que los argumentos esgrimidos por la recurrente señalando que su parte “…opuso excepción de inhabilidad de título contra el progreso de la totalidad de la ejecución…” y que el crédito correspondiente a la multa en cuestión también habría sido insinuado por el Fisco en el concurso de Marbella S.A.I.C., resultan insuficientes como para conmover la sentencia de grado en lo que aquí es materia de agravio.
Es que, aun cuando la demandada se hubiese opuesto al progreso del presente apremio -tal como ahora lo afirma- en relación a todos los conceptos reclamados por el Fisco, lo cierto es que el magistrado de grado fundó su posición, [i] en primer lugar, en la ausencia de una argumentación defensiva puntual y específicamente dirigida a desvirtuar aquella porción de la deuda correspondiente a la multa liquidada en el título N° 121.948, circunstancia que la quejosa no ha controvertido -y que, para más, admitiría en su crítica recursiva al referir al hecho de no haber especificado “…en el escrito de oposición de excepciones la cuestión relacionada a las multas…” [cfr. fs. 130, párr. 3°]- y, [ii] luego, en la consecuente imposibilidad de analizar la procedencia de dicha parcela de la pretensión actora sin incurrir en una violación al principio de congruencia, postulado del cual también parece desentenderse la apelante al esgrimir los argumentos aquí analizadas.
Concluyo entonces que, en tanto el embate intentado deja incólumes aquellas premisas que desde el punto de vista lógico sustentan el temperamento recurrido –más allá del acierto o desacierto que, en lo sustancial, pudiera predicarse a su respecto-, se impone, sin más, su desestimación (argto. doct. esta Cámara causa P-4232-AZ1 “Grandio”, sent. del 17-XII-2013). b. Advertida la insuficiencia de los argumentos referidos precedentemente, he de señalar –para más- que no merecen mayor estima las alegaciones a través de las cuales la quejosa postula que el hecho de que “…no se especificara en el escrito de oposición de excepciones la cuestión relacionada a las multas no puede ser óbice para declarar la inexistencia de dicha deuda…”, sustentando tal afirmación en el supuesto nexo de accesoriedad que vincularía a dicha sanción pecuniaria con el crédito impositivo liquidado en el título de fs. 7 y en virtud del cual, una vez declarada la inexigibilidad del monto reclamado en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mal podría “…declararse subsistente la liquidación fiscal N° 121.948…” (v. fs. 129vta., penúltimo párrafo y sgtes.). Siguiendo el criterio sustentado por esta Alzada al pronunciarse en la causa P-3230-MP2 “Petrolera Mar del Plata S.A.” (v. sent. del 07-IX-2012) he descartar la existencia de aquel pretendido vínculo de accesoriedad, en tanto el solo hecho de que las sumas impositivas no abonadas en término durante los años 1995 y 1997 hayan resultado a la postre inexigibles en virtud de las circunstancias expuestas supra al tratar la primera cuestión, no tornaría menos reprochable el incumplimiento de la accionada con sus cargas fiscales cuando éstas le eran exigibles, ni –consecuentemente- implicaría per se la extinción de aquella sanción pecuniaria encaminada, justamente, a punir la omisión ya consumada.
2. Sentadas las conclusiones precedentes, he de referirme al planteo de la quejosa relativo a la imposición de costas. Tras una detenida lectura de la parte dispositiva de la sentencia apelada observo que, si bien ninguna aclaración formuló el magistrado en tal sentido, la expresa cita del art. 556 del Código Procesal Civil y Comercial allí consignada daría cuenta de que los “gastos y costas” a cuyo pago se condenó a la apremiada serían únicamente aquéllos que resulten proporcionales al monto por el cual la ejecución prosperó mientras que, en la parte proporcional a la suma por la cual la demanda fue rechazada, pesaría sobre el Fisco la carga de afrontarlos.
Advertido ello, entiendo que la atribución de las costas del proceso en los referidos términos resultaría congruente con el criterio sustentado desde antaño por esta Alzada en torno a que en los procesos ejecutivos –género dentro del cual se enrola el juicio de apremio-, conforme con lo dispuesto por el art. 556 del Código Procesal, rige plenamente el principio objetivo de la derrota en lo que se refiere a la imposición de costas, de manera que, mediando una decisión acerca de las cuestiones controvertidas que determine las calidades de vencedor y de perdidoso en el pleito, los gastos causídicos deben ser soportados por quien resulte vencido en proporción al éxito o fracaso de los respectivos planteos, no siendo de aplicación lo normado por el segundo párrafo del art. 68 del referido código. Así- se ha dicho- esa aplicación plena del mentado principio excluye la consideración de aspectos ajenos al resultado puro de la contienda, descarta la posibilidad de valoración de la conducta de las partes o la índole de las cuestiones controvertidas, por lo que mal puede eximirse al vencido de correr con tales gastos según el mérito que sobre tales circunstancias se forme el juzgador (argto. doct. esta Cámara causas P-504-NE1 “Hogar San Andrés S.A.”, sent. del 17- VI-2008; P-4890-MP2 “Palermo”, sent. del 05-VI-2014). Rememorado ello, debo decir que no encuentro entre los argumentos esbozados por la apelante razón alguna para apartarme del mentado criterio rector, toda vez que ésta, en fin, se ha limitado a transcribir citas jurisprudenciales relativas al carácter excepcional con que -en ciertos casosprocedería la eximición de costas a la parte vencida -sin establecer, empero, el necesario eslabonamiento crítico entre tales precedentes y las particulares circunstancias del caso bajo juzgamiento [cfr. doct. esta Cámara P-1407-DO1 “Escobar”, sent. del 02-II-2010]- y a afirmar, sin más, que “…en el caso en tratamiento se encuentra sobradamente acreditada, tanto con las constancias de autos como con la conducta de la actora, que [su] parte no debe ser condenada en costas…”.
III. Advertida –a tenor de lo expuesto hasta aquí- la sinrazón de los argumentos recursivos esbozados por la ejecutada en su memorial de fs. 129/131, propongo al Acuerdo desestimar el recurso de apelación allí intentado. Las costas de Alzada deberían imponerse a la recurrente vencida (argto. art. 25 ley 13.406 y art. 68 y ccs. del C.P.C.C.).
Voto a la segunda cuestión planteada por la negativa. El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la segunda cuestión planteada también por la negativa.
De conformidad con los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires a fs. 133/168 contra la sentencia de fs. 116/123. Costas de Alzada al recurrente vencido [art. 25 la ley 13.406; art. 68 y ccs. del C.P.C.C.] 2. Desestimar el recurso de apelación intentado a fs. 129/131 por la parte demandada. Costas de Alzada a la recurrente vencida [argto. art. 25 ley 13.406; art. 68 y ccs. del C.P.C.C.].
3. Diferir la regulación de honorarios profesionales por las labores cumplidas en esta instancia para su oportunidad [art. 31 y 51 del decr. ley 8.904/77].
Regístrese. Notifíquese por Secretaría y oportunamente, devuélvase la presente causa al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Danial Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia