Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 5465
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación articulado por la demandada, confirmando el pronunciamiento de grado en lo que fuera materia de agravio [arts. 8 y 9 ley 14.442 y doct. citada]. Las costas de la alzada correrán por cuenta de la accionada perdidosa, al haber mediado contradicción [arts. 68 del C.P.C.C. y 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192].
2Por la actuación ante la alzada, estese a la regulación de honorarios que por acto separado se efectúa en favor de la Defensora Oficial Civil N° 1 del Depto. Jdcial. Mar del Plata doctora María Silvina Barbieri.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 04 días del mes de diciembre de dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa A-5465-MP0 “BRAVI MARIA DEL CARMEN c. MINISTERIO DE SALUD - I.O.M.A. s. AMPARO”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora y considerando los siguientes:
I. En lo que interesa a los fines del recurso, la titular del Juzgado de Familia N° 5 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo promovida por la actora, con costas al Instituto demandado. Consecuentemente, reguló honorarios profesionales en favor de la doctora María Silvina Barbieri, titular de la Defensoría Oficial Civil N° 1 del mismo Departamento Judicial en la suma de PESOS SEIS MIL [$ 6.000,00], suma que ordenó depositar en la cuenta especial del Subprocurador General y Secretaría de la Procuración General - Honorarios del Ministerio Público y Sistema de Sostén N° 1380/2 [cfr. fs. 148/155].
II. A fs. 160/162 se alza la Fiscalía de Estado exclusivamente en cuanto el a quo reguló honorarios a la titular de la Defensoría Oficial Civil N° 1 del Depto. Jdcial. Mar del Plata, remedio que fue concedido a fs. 163 y de cuyo memorial se confirió traslado a la parte actora por el término de tres (3) días, con pase de las actuaciones a la Defensoría Oficial Civil N° 1 actuante.
III. A fs. 164/168 se presenta la actora, patrocinada por la Defensora Oficial doctora María Silvina Barbieri, replicando los argumentos de la apelante, ante lo cual el a quo tuvo por contestado el traslado oportunamente conferido y y dispuso –sin más trámite- la remisión de la presente causa a este Organismo.
IV. Recibidas las actuaciones en esta Alzada [v. fs. 169 vta.] y puestos los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del recurso y, en su caso, para Sentencia – providencia que se encuentra firme- corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. Esta Cámara está llamada a decidir si la actuación de un miembro del Ministerio Público de la Defensa, actuando en un amparo como letrado de la parte actora, tiene derecho a que se le regulen honorarios cuando la pretensión es acogida y la perdidosa condena en costas es una dependencia del Estado Provincial, en el caso, el Instituto de Obra Médica Asistencial [I.O.M.A.].
La representante del Estado provincial postula en su apelación la improcedencia de la regulación de tales estipendios al entender que -más allá de lo estatuido por los arts. 7 y 8 de la ley 12.061-, el obligado al pago es el mismo Estado al que la Defensora pertenece y a cuyo patrimonio va destinado el emolumento. Sostiene que hacerle abonar al Poder Ejecutivo honorarios regulados en favor de empleados de la Procuración [que además perciben para el desempeño de sus tareas fondos estatales], implicaría lisa y llanamente una reasignación de partidas del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Afirma que la división de poderes en modo alguno importa la existencia de patrimonios diferentes, por más que exista a los fines administrativos una afectación de partidas específicas para atender competencias separadas. Aunque la legislación citada nada regula en cuanto al supuesto que motiva esta apelación, entiende que se trata de un caso específico que escapa a la regla de regulación allí contemplada. Destaca que aun cuando el monto de los honorarios no ingrese directamente al patrimonio del Defensor, engrosando en cambio una cuenta especial del Poder Judicial, no le quita el carácter presupuestario al recurso proveniente de esta fuente de ingreso.
La parte actora, con el patrocinio de la Defensora Oficial Civil N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata postula una mirada diversa del asunto. Parte de considerar que el Poder Judicial tiene independencia funcional y administrativa, encontrándose regulada la actuación de los miembros del Ministerio Público por la ley 14.442, régimen que en su artículo 9 no efectúa ninguna distinción en cuanto a la calidad del sujeto condenado en costas a la hora de fijar la procedencia de la regulación de honorarios a la Defensoría Oficial actuante, cuando ésta actúa como un verdadero abogado de la matrícula en procura de los intereses de su defendido. Postula como desventajosa para el justiciable la lectura que formula la Fiscalía de Estado pues ésta, previendo que el actor actuará patrocinado por la Defensa Pública, no le importará dilatar el proceso pues ninguna consecuencia disvaliosa -desde el punto de vista de los gastos casuídicos- podría sufrir con su ilegítimo proceder. Descarta la confusión de patrimonios en la que asienta su argumentar la apoderada de la demandada, ya que el Ministerio Público cuenta con su propio presupuesto y los honorarios que se les regulen a sus miembros a tenor de lo previsto en el art. 9 de la ley 14.442 resultan recursos que el legislador le ha garantizado para su adecuado funcionamiento. Cita jurisprudencia en apoyo de su visión y solicita el rechazo del remedio articulado por la Fiscalía de Estado.
II. El recurso no es recibo.
1. Por fuera de la desactualizada cita normativa que formula la apoderada estatal en su recurso de apelación, no es menos cierto que la cuestión debatida se ha mantenido inalterable en el nuevo régimen legal del Ministerio Público, esto es, en los arts. 8 y 9 de la ley 14.442.
Mediante ambos preceptos, en mi opinión, el legislador provincial ha reglado, de un lado, un recurso presupuestario propio del Ministerio Público -honorarios y costas regulados a su favor- y, del otro, ha fijado el deber de contribuir a la formación de tal recurso en cabeza de -entre otrosquienes resulten condenados en costas en un proceso en el cual un miembro del Ministerio Público haya patrocinado o representado un interés particular que resulte acogido en la contienda.
Aunque podría reprocharse al legislador un impropio uso de los términos "honorarios y costas" en un supuesto que más parece responder a la esencia de una tasa por prestación del servicio, ello no puede ensombrecer el juicio que cabe practicar en la especie. Repárese que ninguna de ambas normas ha sido concebida como una retribución directa al funcionario del Ministerio Público que actuó en el proceso en el que deberá compensarse el servicio si se presenta el supuesto habilitante previsto en el art. 9. Por el contrario, las sumas que se fijen en cumplimiento de lo reglado en el mentado artículo son créditos del propio Ministerio Público que pueden ser ejecutados por cualquier dependiente con autorización suficiente [cfr. art. 9 último párrafo ley 14.442], no acreencias del funcionario que ha actuado en la causa en la que se practica la determinación del quantum debido.
Desde la perspectiva analizada, mal podría acompañarse la postura de la Fiscalía de Estado sin desatender la expresa voluntad legislativa. Ante cada intervención de un funcionario del Ministerio Público en una causa defendiendo un interés particular -enmarcado, claro está, en las previsiones contenidas en los arts. 33 incisos 1° y 2° [para el caso de faltas municipales] y 37 incisos 1° y 10°, todos de la ley 14.442], nacerá para el perdidoso en la contienda la obligación de oblar aquellas sumas representativas fijadas como "honorarios", aunque ellas responden más a la asunción por el vencido de una parte de los costos de la prestación del propio servicio de la defensa pública en favor de su contraparte gananciosa en el juicio.
Y de ese pago debido no fue exento por el legislador el Estado provincial si éste resultare el perdidoso en el pleito, por lo que mal podríamos los jueces consagrar semejante gracia ya que de hacerlo, estaríamos desoyendo una inveterada doctrina que manda interpretar la ley sin efectuar distinciones o exclusiones cuando ellas no surgen de su texto o de su espíritu (argto. doct. S.C.B.A. causas L. 107.489 "Marquez", sent. de 30-V-2012; Excma. Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Depto. Jdcial. La Plata, Sala I in re "Vanney", sent. de 10-07-2008; doct. esta Cámara causas C-1681-DO1 “Dichiara”, sent. del 28-IV-2010; A- 2402-BB0 "Pena", sent. de 22-09-2011). Para más, cuando la Legislatura ha querido exceptuar al Estado provincial de afrontar la retribución del servicio del Poder Judicial, así expresamente lo ha declarado [cfr. art. 343 inciso 7 del Código Fiscal], lo cual refuerza una lectura restrictiva en aquellos casos en los que ninguna excepción se ha previsto, como sería el caso del art. 9 de la ley 14.442.
2. Algunos intentarán poner en crisis la lectura que se predica precedentemente sosteniendo que el mentado art. 9 obliga a tener en cuenta la ley del arancel vigente, por lo que sería erróneo hablar de retribución por el servicio de la Defensa Pública ya que lo concreto es un expresa imposición legislativa de regular honorarios dada la pauta a la que obliga a recurrir para determinar el quantum.
No creo que tal visión sea dirimente. Bien puede pensarse que la Legislatura echó mano a esa pseudo-regulación de honorarios como método de cálculo de la obligación dineraria que por el art. 9 de la ley 14.442 impone al perdidoso, antes que recurrir a la creación de una tasa como contraprestación para cubrir parte del costo de la Defensa Pública utilizada en un proceso por quien resultó contraparte gananciosa del obligado al pago. Cierto es que al atar a la Ley Arancelaria vigente la fijación del reseñado quantum, el art. 9 de la ley 14.442 habilita que la actuación de la Defensa Pública sea retribuida con sumas variables, dependiendo del contenido económico de los procesos en los que intervienen los funcionarios del Ministerio Público. Empero, la señalada circunstancia no presenta demasiados puntos de divergencia con el modo de retribuir la prestación del servicio de justicia [cfr. art. 337 del Código Fiscal].
III. Con todo, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación articulado por la demandada, confirmando el pronunciamiento de grado en lo que fuera materia de agravio. Las costas de la alzada deberían correr por cuenta de la accionada perdidosa, al haber mediado contradicción [arts. 68 del C.P.C.C. y 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192]. Voto, pues, por la negativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada también por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación articulado por la demandada, confirmando el pronunciamiento de grado en lo que fuera materia de agravio [arts. 8 y 9 ley 14.442 y doct. citada]. Las costas de la alzada correrán por cuenta de la accionada perdidosa, al haber mediado contradicción [arts. 68 del C.P.C.C. y 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192].
2. Por la actuación ante la alzada, estese a la regulación de honorarios que por acto separado se efectúa en favor de la Defensora Oficial Civil N° 1 del Depto. Jdcial. Mar del Plata doctora María Silvina Barbieri.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia