Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 5452
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar el pronunciamiento en crisis en cuanto fuera materia de agravios, declarando prima facie admisible la pretensión articulada [art. 31 del C.P.C.A.]. Por consiguiente, los autos deberían volver a la instancia de grado a fin de que continúe con el trámite de la presente causa de conformidad con lo aquí decidido.
Las costas de esta Alzada se imponen en el orden causado por no mediar contradicción (art. 51 inciso 1°, segunda parte, del C.P.C.A., t.o. ley 14.437).
2Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad [art. 31 decreto ley 8904/77].
En la ciudad de Mar del Plata, a los 09 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-5452-MP2 “BENTOLILA ANNALHI DE LAS MERCEDES c. A.R.B.A. s. PRETENSION ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. Con fecha 07-10-2014 –cfr. fs. 405/407- el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata declaró la inadmisibilidad de la pretensión actora, rechazando consecuentemente la demanda, con costas a la accionante.
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra dicho pronunciamiento -cfr. fs. 426-, y habiendo sido puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. En la sentencia apelada, se declaró la inadmisibilidad de la pretensión actora, rechazando consecuentemente la demanda, con costas a la accionante. El sentenciante de grado, para así resolver, puntualizó: (i) Que la actora articuló una pretensión anulatoria contra el acto administrativo determinativo de A.R.B.A. mediante el cual se dispusiera una valuación superior al inmueble propiedad de la accionante;
(ii) Que para analizar la admisibilidad de la acción, evaluó el expediente administrativo N° 2360-391596-2012, del que extrajo un primer acto [Disposición Delegada SERC. N° 7824/12] que dispuso un revalúo del inmueble en cuestión; un segundo acto [Disposición Delegada SEPC N° 317/14] que rechazó por extemporáneo el recurso de reconsideración que la actora articuló contra la primera Disposición y una tercera actuación [la de fojas 278] por la que se le informó a la actora, frente a su planteo de nulidad de fecha 14-08-2014, que la vía administrativa se encontraba clausurada con la Disposición SERC 7824/12 que había devenido firme por agotamiento del plazo de quince (15) días para impugnarla; (iii) Que advirtiendo que la Disposición SERC 7812/12 le fue notificada a la actora el 7-03-2013, el plazo de quince [15] días contemplado en el art. 115 y ccdtes. del Código Fiscal para impugnarla en sede administrativa se encontraba fenecido a la fecha en que la accionante interpuso el recurso de reconsideración de fecha 6-05-2014, circunstancia que fue patentizada como única y exclusiva respuesta, en la Disposición Delegada SEPC N° 317/14, para denegar el mentado recurso administrativo;
(iv) Que la circunstancia relevada en el apartado precedente funciona como un valladar infranqueable a la hora de habilitar la presente instancia jurisdiccional por cuanto, según la doctrina de la Suprema Corte de Justicia provincial, resultan irrevisables ante la justicia aquellos actos administrativos que fueron recurridos en aquella sede fuera de término; es que el vencimiento del término previsto por la norma procedimental para que el interesado deduzca los recursos contra el acto que le es adverso -sin que ello se produzca- convierte a este último en un acto firme y, por ende, insusceptible de ser revisado por la vía contencioso administrativa;
(v) Que, para más, las circunstancias patentizadas en autos no permitían encuadrar el caso en alguno de los supuestos de excepción reseñados en el precedente "Rodríguez Loreto" de la S.C.B.A.
2. La parte actora apela y expresa sus agravios a fs. 410/423.
En una primera parcela, identifica las cuestiones que, a su entender, el pronunciamiento impropiamente no ha tratado y que responden a los planteos fondales articulados en la demandada. Entiende que tales omisiones le causan perjuicio patrimonial y menoscabo a las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio.
Seguidamente, se aboca a criticar la declaración de inadmisibilidad de la pretensión, apuntalando su cuestionamiento en los siguientes argumentos:
(i) Impropiamente el a quo tiene por notificada la Disposición Delegada SERC N° 7824/12 el día 7-03-2013 cuando en el Punto XI de la demanda cuestionó expresamente la supuesta notificación, la que fue practicada -según afirmaen Lijo López 6310, que no corresponde a su domicilio fiscal denunciado en Valencia 6360 de Mar del Plata ni tampoco al domicilio de la partida inmobiliaria de su propiedad que es Lijo López 6356. Reseña que en el informe del Notificador se deja aclarado que la notificación se practicó en una "casa con frente de ladrillos y piedras rejas al frente N° posterior 6336", propiedad que responde al inmueble de Lijo López 6310 que no es de su dominio. Frente a tales elementos de juicio, postula que nunca recibió tal notificación y que, por ello, su presentación recursiva no resultó extemporánea. Cita jurisprudencia de la S.C.B.A. en apoyo de su planteo. Denuncia que recién pudo tomar vista de las actuaciones el 12-08-2014, cuando los agentes de A.R.B.A. le suministraron las copias del expediente administrativo para poder recurrir ante la justicia;
(ii) el sentenciante ha arribado a una conclusión desentendiéndose de lo reglado por el art. 32 del Código Fiscal en torno al carácter de domicilio constituido que posee el domicilio fiscal, por lo que toda notificación practicada en un lugar diverso es inválida y no puede ser tomada en cuenta para resolver que un recurso administrativo ha sido interpuesto en forma extemporánea;
(iii) el juez de grado, más que detenerse a considerar si el acto administrativo agraviante ha adquirido firmeza o no, debió verificar si tal actuación de A.R.B.A. fue dictada mediando error de hecho y de derecho en la valuación fiscal practicada, para lo cual la ley 10.707 y la documentación por ella acompañada eran elementos a tener en cuenta en la valoración del sentenciante;
(iv) la declaración de inadmisibilidad en el presente caso traduce una violación al principio de tutela jurisdiccional efectiva, ya que al omitir el sentenciante expedirse sobre el planteo nulificante de la notificación formulado en demanda, ha dejado indefensa a la accionante, emitiendo un pronunciamiento afectado por exceso ritual manifiesto. Si la Administración notificó mal, incurre en arbitrariedad y absurdo la sentencia judicial que convalida ese error grave y manifiesto.
Con todo, solicita la revocación del pronunciamiento, reservando el caso federal para el caso contrario.
II. El recurso prospera.
1. Mediante la presente acción, la actora persigue la anulación del acto administrativo de fecha 28-12-2012 por el cual se estableciera una nueva valuación parcelaria para el inmueble de su propiedad, vigente al 01-01-2010 [cfr. fs. 372 vta.]. Al justificar el agotamiento de la vía administrativa, la demandante señala que contra tal acto administrativo interpuso recurso de revocatoria con fecha 06-05-2013, el que fue resuelto en forma negativa con fecha 02-07-2014 al considerarlo extemporáneo [cfr. 373 vta.].
A fs. 381/384, como apartado X de su escrito de demanda, argumenta sobre la nulidad de la notificación practicada por A.R.B.A. en torno al acto administrativo que por esa acción se impugna judicialmente, refiriéndose expresamente a las fojas 35/37 del expte. administrativo, lo que se corresponde con las fojas 55/57 de esta causa, y en las que consta el instrumento de anoticiamiento de la Disposición SERC N° 7824 de fecha 28-12-2012.
2. A partir de la precedente constatación -la que expresamente solicita se practique la apelante en el remedio incoado ante esta Cámara-, juzgo que el pronunciamiento de grado ha incurrido en los yerros que le atribuye la recurrente [individualizados como (i) y (iv) del apartado anterior], por cuanto para sustentar la declaración de inadmisibilidad de la pretensión, ha formulado un juicio valorativo tomando como válida una notificación de la Disposición SERC N° 7824/12, cuando tal acto de anoticiamiento ha sido cuestionado en su regularidad por la actora en su demanda.
Para más, mediante la nulidad articulada en el apartado X del escrito de demanda bien puede pensarse que la actora ha puesto indirectamente en crisis la motivación de la Disposición Delegada SEPC N° 317/14 [cfr. considerandos segundo y tercero], ya que de prosperar su planteo jurisdiccional en torno a la notificación, su recurso de revocatoria de fecha 06-05-2013 debería ser considerado tempestivamente articulado [contrariamente a lo sostenido en el referido acto] y, por tanto, debería ser abordado en lo sustancial por el ente recaudador. En efecto, proyectando el hipotético resultado en esta parcela de la demanda, si prosperara, la Administración tributaria debería resolver el recurso de reconsideración –desestimado por extemporáneo- y según cual fuere el contenido de tal pronunciamiento administrativo, recién una vez notificado a la actora el acto definitivo final, comenzarían a correr los plazos de caducidad para impugnarlo judicialmente si ello le causa agravio [cfr. doct. esta Cámara causas G-693-BB1 "Y.P.F.
S.A.", sent. de 13-XI-2008; C-2889-MP2 "Brocal S.A.", sent. de 17-V-2012, en especial, apartado II.5. del voto que concitó adhesión]. Es que las impugnaciones procedentes, vertidas en término en la instancia de la Administración – deducidas contra el acto definitivo- conllevan como consecuencia la interrupción del plazo para deducir judicialmente la pretensión (art. 18 inc. “a” del C.P.C.A.). Y aunque en el escrito de demanda no obra una expresa impugnación de la Disposición Delegada SEPC N° 317/14, la impugnación judicial del acto confirmatorio debe entenderse, pues, implícitamente subsumida en el ataque formal y expreso que la actora perpetra contra la decisión primigenia, máxime cuando existe una clara intención de su parte de erradicar del mundo jurídico todo el accionar administrativo que le causa agravio [cfr. doct. esta Cámara causa C-4282-NE1 "Telefónica de Argentina S.A.", sent. de 12-XII-2013].
Por el contrario, si se desestimara la nulidad planteada de la notificación del acto de fijación de la nueva valuación fiscal, la suerte de la pretensión de la accionante –en lo referente a la justeza de aquel procedimiento determinativo y su resultado- quedaría sellada al frustrarse el adecuado agotamiento de la vía administrativa como paso previo para someter a la revisión judicial la Disposición SERC N° 7824/12. Aunque cierto que en el procedimiento administrativo rige el principio del "formalismo moderado" que, en pro de la verdad material y la legalidad objetiva, permite salvar los defectos en que pudieran incurrir los administrados (doct. S.C.B.A. causas B. 60.464 "Jajamovich", sent. del 12-IX-2001; B. 59.350, "Cicalesi", sent. del 26-II-2003 –entre ots.-), tal garantía inmanente al debido proceso no podría empero constituirse en una pauta desnaturalizadora que, contrariando su propia finalidad, autorice a los interesados a desconocer las formas esenciales del procedimiento, máxime en el ámbito específico de los recursos, en el que los términos resultan de obligatorio cumplimiento y se hallan gobernados por la nota de la perentoriedad (argto. arts. 71, 73, 74 primera parte y ccds. del decreto ley 7647/70, de aplicación al procedimiento tributario de conformidad al art. 4 del Código Fiscal -t.o. 2011).
Por tal senda, la interposición fuera de término del recurso administrativo ante la autoridad de la que emana el acto hace que el mismo adquiera firmeza y resulte por ello irrevisable en sede judicial (argto. doct. S.C.B.A., causa B. 55.522 “Castano”, res. del 23-VIII-1994), ello por cuanto el efecto propio de un recurso articulado extemporáneamente es su ineptitud para interrumpir el plazo fijado en el art. 18 de la ley 12.008 –texto según ley 13.101- (cfr. doct. S.C.B.A., causa B. 60.585 “O., H. S”, sent. del 3-XII-2008; doct. esta Cámara causa C-3099-MP1 "Zaglul", sent. de 01-XI-2012).
3. Con todo, en el estadio procesal en el que se encuentra la causa [art. 31 inciso 1° del C.P.C.A.], el pronunciamiento de grado luce como un impropio adelantamiento de jurisdicción puesto que el juicio que vertiera el a quo importó soslayar un expreso planteo de la parte actora [nulidad de la notificación del acto administrativo judicialmente cuestionado] cuyo tratamiento -por su propia esencia- solo puede válidamente efectuarse en ocasión de dictar el pronunciamiento definitivo, luego de trabada la litis y efectuado el debate y prueba pertinente, mas nunca en una etapa liminar como por la que está transitando el proceso [doct. causa C-4031-MP1 "Boca", sent. de 20-II-2014]. Y como ha dicho esta Alzada para casos de similares aristas fácticas al presente [cfr. causas C-3251-MP2 “Cadbury”, sent. del 12-III-2013 y C-3952-NE1 "Martinez", sent. de 02-VI-2013], el juicio de inadmisibilidad luce apresurado y apartado de la regla del favor actionis, principio rector en materia contencioso administrativa (doct. S.C.B.A. causa B. 59.686 “Acuña”, sent. del 25-VIII-2010), del que se desprende que cuando se pone en crisis la posibilidad de acceso a la justicia, deben preservarse los derechos del administrado, interpretando en su favor las razonables dudas que hubiere respecto a la admisibilidad formal de la pretensión (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 59.534, sent. del 6-IV-2011; esta Cámara causas C-2571-AZ1 “Buch”, sent. de 9-VIII-2011; C-2807-MP2 “Natelli”, sent. del 17-XI- 2011).
A tenor de tal conclusión, deviene inoficioso -a la luz de la solución que se propicia- el abordaje de la restante crítica que porta el recurso de apelación [cfr. argto. doct esta Cámara causas C-2242-NE1 “Val”, sent. del 07-II-2012; C- 2084-DO1 “Dellacasa”, sent. del 15-VII-2011; C-3128-MP1 “Pizarro Lastra”, sent. de 5-II-2013; C-3593-MP2 “Barreyro”, sent. del 30-IV-2013; C-3413-MP2 “Sawczuk”, sent. del 21-XI- 2013; entre otras].
III. Si lo hasta aquí expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar el pronunciamiento en crisis en cuanto fuera materia de agravios y declarar prima facie admisible la pretensión incoada [art. 31 del C.P.C.A.]. Por consiguiente, los autos deberían volver a la instancia de grado a fin de que continúe con el trámite de la presente causa de conformidad con lo aquí decidido.
Las costas de esta Alzada deberían imponerse en el orden causado por no mediar contradicción (art. 51 inciso 1°, segunda parte, del C.P.C.A., t.o. ley 14.437).
En consecuencia, voto a la cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar el pronunciamiento en crisis en cuanto fuera materia de agravios, declarando prima facie admisible la pretensión articulada [art. 31 del C.P.C.A.]. Por consiguiente, los autos deberían volver a la instancia de grado a fin de que continúe con el trámite de la presente causa de conformidad con lo aquí decidido.
Las costas de esta Alzada se imponen en el orden causado por no mediar contradicción (art. 51 inciso 1°, segunda parte, del C.P.C.A., t.o. ley 14.437).
2. Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad [art. 31 decreto ley 8904/77]. Regístrese, notifíquese y, fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
ROBERTO DANIEL MORA
Juez de Cámara VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESIDENTE ELIO HORACIO RICCITELLI Juez de Cámara PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESIDENTE MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESIDENTE
Fin de la sentencia