Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 6121
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación deducido por el Municipio demandado y confirmar el fallo de grado en cuanto ha sido materia de agravio. Imponer las costas de alzada a la accionada vencida (arg. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
2Por los trabajos de segunda instancia, estése a la regulación de honorarios que por separado se efectúa.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-6121-DO1 “RODRÍGUEZ, MARTHA AMANDA c. MUNICIPALIDAD DE DOLORES s. PRETENSIÓN ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por la Martha Amanda Rodríguez, con el siguiente alcance: (i) declaró la nulidad del Decreto N° 986 de fecha 30-12-2010, dictado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Dolores; (ii) ordenó al titular de dicho Departamento que elevara las actuaciones al Concejo Deliberante para que éste procediera a sancionar la Ordenanza correspondiente que adjudique el excedente fiscal identificado y delimitado en plano 029-000010-2/2009, para su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble; todo dentro del plazo de treinta (30) días; (iii) impuso las costas a la Municipalidad demandada, dada su condición de vencida (art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., texto según la ley 14.437); y (iv) reguló honorarios (cfr. fs. 228/249, sent. del 19-5-2015).
II. Declarada por esta alzada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 258/260 (cfr. fs. 283, proveído de Presidencia del 10-9- 2015), y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde plantear la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. El juez de grado dictó sentencia con el alcance indicado en los Antecedentes de este voto.
Para arribar a tal solución relevó en primer orden las constancias de prueba obrantes en autos, en especial las actuaciones contenidas en el expte. administrativo N° 4.032- 64.200/09, iniciado en fecha 14-7-2009 por la actora ante la Municipalidad de Dolores, a fin de que se le concediera el excedente fiscal (Parcela 2 a), lindero a su propiedad (Circ. I; Sección A; Manzana 58; Parcela 2, Partida Inmobiliaria 9175), sita sobre la calle Belgrano de la ciudad de Dolores (cfr. fs. 3 y 4 expte. cit., plano del excedente). Dicho derrotero administrativo culminó con el dictado del Decreto N° 986/2010 (30-12-2010) del Depto. Ejecutivo, por el que se rechazó el reclamo de la accionante, atento existir una discordancia entre la superficie del plano de mensura N° 20- 10-09 y los datos y medidas consignados en el título de propiedad, adjuntado por la actora.
Puso de resalto que el caso debía ser resuelto a la luz de las previsiones del decreto ley 9533/80 (Régimen de los Inmuebles del Dominio Municipal y Provincial), cuyos artículos 4°, 11, 12, 13 y 14 transcribió literalmente. Subrayó que, asimismo, cabía estar al dictamen pericial en Agrimensura producido en el marco de la presente causa. Complementariamente, adujo que las declaraciones prestadas en autos por el Ingeniero Herzfeld (quien confeccionó el plano visado por la Dirección de Geodesia, observado por la Comuna) y Ernesto Lucchesi (Agrimensor), resultaban satisfactorias desde el punto de vista técnico y lucían concordantes con el citado dictamen pericial. Juzgó que tal sustrato probatorio permitía formar suficiente convicción en torno a la cuestión en disputa y dar la razón a la posición de la accionante, en cuanto a la inexistencia de irregularidades en el plano de mensura observado por la Comuna.
Así las cosas, juzgó que el acto impugnado había denegado ilegítimamente el pedido de adjudicación de excedente fiscal. Agregó que tal pedido contaba con el aval de un plano de mensura y ubicación visado por la autoridad administrativa con competencia en el tema (Dirección Provincial de Geodesia), por lo que mal podía apartarse de tal valoración técnica, sin un mínimo sustrato probatorio capaz de poner en crisis los elementos aportados por la actora.
Apuntó que se trataba de una actividad reglada, pues no existía una potestad discrecional del Municipio para rechazar el pedido de la actora, cuando ésta había cumplido con todos los plazos y requisitos, para hacer viable la tramitación. Empero, aclaró que si bien la jurisdicción podía disponer la nulidad del acto administrativo en crisis, no se encontraba habilitada para ordenar –directamente- la adjudicación del excedente fiscal y su posterior inscripción en el Registro, atento que esas atribuciones se encontraban en cabeza de ambos Deptos. Municipales (Ejecutivo y Deliberativo), a quienes –previa invalidación del acto- debían remitirse las actuaciones para que articularan los trámites necesarios y dictaran la Ordenanza correspondiente, adjudicando el excedente fiscal identificado y delimitado en plano 029- 000010-2.009 a la actora Martha Amanda Rodríguez, para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble (conf. art. 108 de la Ordenanza General 267/1.980, art. 240 de la L.O.M., y art. 50 inciso 2° de la ley 12.008).
2. La accionada, insatisfecha, deduce recurso de apelación contra el fallo de grado y fundamenta a fs. 258/260.
En lo que aquí interesa, sostiene que el Decreto N° 986/10 resulta legítimo, pues el Intendente obró dentro de sus atribuciones y facultades legales, brindando una suficiente motivación para denegar el reclamo de un particular que no cumplía con los recaudos legales. Agrega que tal decisión hállase respaldada por la opinión técnica de las distintas áreas municipales que intervinieron en la tramitación, quienes luego de informar “sobre el falseamiento de los datos estampados en el plano” presentado por la actora, requirieron “la confección de uno nuevo ajustado a las medidas reales según título”.
Sostiene que los testimonios de los Sres. Herzfeld y Luchessi se encuentran claramente viciados en su subjetividad y mal pudieron ser valorados para apuntalar la pretensión actora. En el caso del nombrado en primer término, por haber sido el Ingeniero “que confeccionó el plano que falseó los datos del inmueble”, mientras que en lo que respecta al ingeniero Luchessi, pues elaboró un informe privado a instancias de la propia interesada, lo que lo compromete con el resultado del pleito, por haber percibido un honorario. Aduce que la Administración cometió un error al momento del visado de los planos -a partir de la modificación caprichosa de las medidas de lote que hizo la actora-, pero que dicho desliz fue superado más tarde por el H. Concejo Deliberante, esfera desde la que se procedió “a informar dicha circunstancia aconsejando en caso de insistir en el trámite, la confección de un nuevo plano ajustado a título”. Adiciona que el visado de los planos es competencia de la Municipalidad y no de la Dirección de Geodesia, como equivocadamente sostuvo el juez de grado.
Dice que la actora intentó por todos los medios achicar el frente del lote a fin de que el sobrante se transformara en excedente y, de esa forma, exigir la cesión a su favor. Explica que la parcela objeto de autos constituye técnicamente un sobrante fiscal –y no un excedente-, circunstancia frente a la cual no existe una obligación del Municipio de cederla al propietario lindero.
Asimismo, descalifica el informe pericial de fs. 204/205, dado que –a su juicio- el perito olvidó su rol de auxiliar de la justicia al producir un informe “en interés de la contraparte”.
Por último, cuestiona que el a quo no haya distribuido en forma proporcional las costas ni regulado los honorarios de los letrados de su parte, cuando la demanda ha sido acogida de manera meramente parcial.
3. La parte actora contesta el memorial en traslado a fs. 265/270. Solicita el rechazo del embate de la contraria, por cuanto a su modo de ver la solución dictada por el juez de la causa resulta ajustada a derecho.
II. Brindaré respuesta al interrogante planteado.
1. La apelante se agravia del fallo de grado, en cuanto hizo lugar parcialmente a la pretensión anulatoria incoada por la actora (propietaria de un inmueble sito en la localidad de Dolores, designado catastralmente como: Circ. I, Sección A, Parcela II de la Manzana 58, Partida N° 9175, Matrícula N° 2757), por la cual perseguía –previa invalidación del acto administrativo del Intendente que desestimó su reclamo- la adjudicación y escrituración de un excedente fiscal lindero a su propiedad, designado como lote 2A de la Manzana 58, Parcela 2A del mismo Partido.
En su memorial recursivo (fs. 258/260), la apoderada del Municipio defiende la legitimidad del mencionado acto (Decreto N° 986, de fecha 30-12-2010), en cuanto rechazó la petición administrativa luego de que se advirtiera que las medidas que obraban en el título de propiedad del inmueble no concordaban con los datos y medidas que se consignaron –a la postre- en el plano de mensura, presentado por la titular a fin de cumplir con los recaudos que la normativa impone para la adjudicación del excedente (cfr. expte. administrativo N° 4032-64.200/09, agregado sin acumular a estos autos, cfr. fs. 44/45; art. 13 inc. “a” y ccds. del dec. ley 9533/80 –t. según dec. ley 9984/83).
A criterio del Municipio, la marcada discordancia desnudaría irregularidades en la confección del plano de mensura. Según denuncia, el agrimensor que realizó la operación, si bien respetó la superficie del inmueble consignada en el título de propiedad (3.749 mts. cuadrados), alteró adrede su composición geométrica, para de tal modo lograr que la demasía superficial lindera a la propiedad –al recortarse sus medidas de frente- constituyera un excedente y no un sobrante fiscal, a la luz de las categorías previstas por la reglamentación vigente (cfr. fs. 260, memorial recursivo; fs. 26, 27/28 y ss. del expte. adm. cit.; cfr. decreto ley 9533/80 “Régimen de los Inmuebles del Dominio Municipal y Provincial”).
2. Delineado el eje sustancial del debate, es conveniente –en primer orden- brindar ciertas precisiones terminológicas, que redundarán en un mejor entendimiento de la cuestión en pugna. Veamos:
Excedente fiscal y sobrante fiscal constituyen dos de los tipos de “demasía superficial” previstos por la ley, expresión genérica que refiere a “toda área que resulte cubiertos los títulos vigentes, mediante operación de mensura registrada oficialmente considerando la unidad rodeada por vías de comunicación” (art. 11 primer párrafo del dec. ley 9533/80). La distinción entre ambas categorías no resulta fútil, toda vez que el ordenamiento aplicable depara consecuencias distintas para el caso de verificarse la presencia de una u otra clase.
2.1. Así, la demasía será considerada excedente fiscal “cuando la discrepancia del área supere el cinco (5) por ciento de la medida superficial consignada en el respectivo título de dominio… [y] siempre que sus dimensiones sean inferiores a los mínimos autorizados por las normas municipales reglamentarias de la ley 8912 o no configuren una unidad de explotación económica independiente, según corresponda a su ubicación en área urbana y complementarias, o rural” (art. 11, segunda parte, inciso 2° del dec. ley). En estos casos, existirá a priori un deber de la autoridad pública de transferir el dominio a los propietarios linderos y a título gratuito (art. 13, primer párrafo), previa observancia de una serie de recaudos, detallados en el art. 13 (cfr. incisos “a”, “b”, “c” y “d”; t. según dec. ley 9984/83).
Cumplido el procedimiento, la transmisión se efectuará “en forma directa, ante el escribano que proponga el interesado, quedando a cargo de éste los gastos y honorarios consiguientes” (art. 13, segundo párrafo); una vez adquirido el dominio, los excedentes “se anexarán a la parcela de cuya mensura hayan surgido” (cfr. art. 13, in fine del dec. ley cit.).
2.2. En cambio, el sobrante fiscal es aquella demasía cuya área “configura una parcela de dimensiones iguales o mayores a las establecidas en las normas municipales reglamentarias de la ley 8912 [de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo] o una unidad de explotación económica independiente según su ubicación” (cfr. art. 11 inc. 3° del dec. ley cit.). Hablamos aquí de superficies que por sus dimensiones -de acuerdo a la regulación territorialconstituyen de por sí una unidad económica independiente, circunstancia que “permitiría un uso propio por el Municipio y/o la venta como lote propiamente dicho” (cfr. extracto del dictamen jurídico obrante a fs. 41/43 del expte. adm. citado).
2.3. Como puede apreciarse, la menor o mayor dimensión de la exuberancia superficial es lo que distingue a un excedente de un sobrante. En el primer caso, siendo que la fracción fiscal resulta inadecuada por sus características para un uso independiente, su transferencia al propietario lindero que así lo solicite se impone –por regla- con carácter mandatorio. En la segunda hipótesis, por el contrario, el bien es apto como entidad autónoma y ello hace que, en principio, no rija la regla de la obligatoriedad en la cesión ni, mucho menos, la de la gratuidad. La enajenación del bien, en estos supuestos, debería hacerse con arreglo a las normas del régimen de ventas de bienes del dominio privado del Estado, respetando los procedimientos y exigencias que dicho marco establece con carácter general (argto. arts. 4°, 8°, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 25 –en particular inciso “c”-, 26, 27 y ccds. del dec. ley 9533/80 citado).
3. Esclarecido el marco conceptual, es posible advertir con nitidez cuál es el interés que moviliza al Municipio apelante, cuando denuncia que el Agrimensor que confeccionó el plano de mensura habría alterado –ilegítimamente- las medidas del inmueble, para transformar en excedente fiscal lo que en realidad cabría considerar como un sobrante fiscal. De receptarse su tesis, la Administración no estaría entonces compelida a transferir gratuitamente la fracción a la accionante; el acto administrativo impugnado resultaría legítimo y la pretensión anulatoria intentada debería, consecuentemente, desestimarse. Corresponde, pues, dilucidar si la proposición de la demandada se encuentra dotada de argumentos sólidos, que ameriten la revocación de lo resuelto en el grado.
4.1. En cuanto a las constancias documentales que resultan de interés, el título de propiedad obrante a fs. 8/11 de las actuaciones administrativas representa al inmueble de propiedad de la actora con una fisonomía rectangular, que estaría dada por las siguientes medidas: “cuarenta y tres metros treinta centímetros en sus frentes Norte y Sur; por ochenta y seis metros sesenta centímetros en sus frentes Este y Oeste, o sea, una superficie total de tres mil setecientos cuarenta y nueve metros setenta y ocho decímetros cuadrados” (cfr. fs. 8vta./9 del expte. cit., copia de escritura traslativa de dominio, también agregada a fs. 161/165 de autos).
4.2. Por su parte, en el plano de mensura N° 029-000010- 2009 presentado por la actora ante el Municipio, si bien la superficie del lote coincide con la del título de propiedad (3.749 metros cuadrados), su composición geométrica presenta leves variaciones, en tanto el gráfico da cuenta de una figura cuadrilátera, en la que –a diferencia del polígono rectangular- ninguno de sus lados tiene la misma longitud. Según la realidad física que describió el Ingeniero A. Herzfeld, el lote en su frente norte mediría cuarenta metros con setenta y ocho centímetros (40.78 metros), en su frente sur cuarenta y tres metros con seis centímetros (43.06 metros), en su frente este ochenta y nueve metros con sesenta y siete centímetros (89.67 metros) y en el frente oeste ochenta y nueve metros con cincuenta y tres centímetros (89.53 metros –cfr. fs. 4/5 expte. adm. cit.-).
4.3. Se advierte entonces que, de respetarse el esquema trazado por el aludido agrimensor, la demasía superficial que linda con el frente sur del lote de la Sra. Rodríguez debería ser tratada como excedente fiscal, por no constituir una unidad económica independiente, según los indicadores urbanísticos de la zona (al tratarse de un área semiurbanizada U3, la fracción no contaría con el frente mínimo requerido de 12 mts. –cfr. informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente del Municipio de Dolores, obrante a fs. 17, expte. adm.-). Empero, si nos guiáramos por los valores obrantes en el título propiedad, la fracción aledaña presentaría las dimensiones mínimas para ser considerada como sobrante fiscal, aspecto sobre el que no media divergencia entre las partes.
5. El dilema, entonces, radica en determinar –por un lado- si resulta válido y posible que surjan discordancias entre los datos y medidas consignados en el título y los resultantes de la mensura practicada por el profesional, y – por el otro-, si en caso de admitirse dichas diferencias, resulta –o no- razonable atenerse a los datos del plano de mensura para establecer la condición jurídica de la superficie de terreno que la actora pretende anexionar a su propiedad.
5.1. Tratándose de cuestiones de eminente naturaleza técnica, el dictamen pericial constituye el elemento de juicio por antonomasia para esclarecer el tópico en debate y auxiliar a la jurisdicción en la resolución de la litis (art. 457 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.).
El perito designado en autos (Sr. Guillermo Montero, agrimensor, Matrícula N° 2215) concluyó que el excedente fiscal individualizado en el plano de mensura había sido determinado correctamente, teniendo particularmente en consideración que el profesional que llevó a cabo la tarea había tenido que replantear la superficie para compensar las diferencias entre las medidas del título y las que surgieron del acto de medición.
Recordó que la mensura constituía una operación que reflejaba la realidad física de un lote. Manifestó que, en el caso de autos, el agrimensor que confeccionó el plano N° 029- 000010-2009 había comprobado que “la medida de la manzana e[ra] inferior a la que debería”; de allí que la medición real del inmueble arrojara valores diferentes a los consignados en la escritura.
Agregó, consecuentemente, que como los frentes N.O. y S.E. no medían los 43,30 mts. que indicaba el título, debido a que la línea municipal estaba ubicada a una distancia distinta de la que debería estar, se tuvieron que correr las medidas de los rumbos N.E. y S.O. para poder respetar la superficie total indicada en la escritura de dominio. Aclaró que si las líneas municipales hubieran estado correctamente ubicadas, tal compensación no hubiese sido necesaria. Con todo, concluyó “que la fracción de terreno, tal como están dadas las condiciones de líneas municipales, es un excedente y no una unidad económica” (cfr. dictamen pericial fs. 204/205 y contestación al pedido de explicaciones de fs. 213/214).
5.2. A mi modo de ver, la pericia practicada en autos resulta suficientemente esclarecedora, no evidenciando contradicción, absurdo o inconsistencias graves que empañen su valor probatorio (argto. arts. 384, 474 y ccds. del C.P.C.C.; arg. art. 77 y ccds. del C.P.C.A.).
El dictamen no deja dudas en cuanto a que las diferencias existentes entre el título y la mensura resultaban factibles, en razón de las imperfecciones constatadas en un sector donde el trazado urbano no discurre de manera uniforme. Además, es decisivo en concluir que el replanteo de superficie realizado en el plano de mensura no obedeció al caprichoso arbitrio del agrimensor, ni fue provocado con el propósito de achicar las medidas de frente de la demasía superficial para que no pudiera ser calificada como sobrante. Ha quedado demostrado, antes bien, que el Ingeniero Alejandro Herzfeld obró dentro del razonable margen de maniobra que su disciplina le confería, ajustando –con criterio profesional- las medidas de los lados del terreno para, de tal modo, salvar la superficie total del lote indicada en el título, sin avasallar los derechos de los propietarios linderos, traspasar la línea municipal, ni desoír la regulación urbanística del lugar.
5.3. Como anticipé, la prueba pericial posee fundamental importancia en este tipo de casos, ya que analizada siguiendo las reglas rituales, suple el desconocimiento específico del juez sobre una materia que –como es lógico- no es de su especialidad, siendo el objetivo y fin de la pericia brindar al magistrado un informe con la mayor exactitud posible sobre el campo de incumbencias del experto (cfr. doct. esta Cámara causas C-3206-DO1 “Pedelini”, sent. del 13-XII-2012; C-5720- BB1 “Landera”, sent. del 29-X-2015).
Es en atención a dicha especificidad técnica propia de la prueba pericial, que el apartamiento del dictamen debe basarse en razones serias, con sustento en un análisis crítico tanto de los fundamentos como de las conclusiones de la tarea desempeñada por el auxiliar y de su conjugación con las demás pruebas colectadas sobre los mismos hechos. Este accionar debe formar en el tribunal el convencimiento de que, o bien aquellos estudios técnicos no aparecen suficientemente fundados o son contradictorios entre sí, o bien no existe la relación lógica indispensable entre los fundamentos y sus conclusiones, o éstas contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios y otras pruebas más convincentes, o resultan absurdas o increíbles o dudosas por otros motivos (doct. S.C.B.A. causas Ac. 90.694 “Sesoldi”, sent. del 11-IV-2007; C. 99.934 “Ruiz”, sent. 09-VI-2010; arg. doct. esta alzada causas C-2051-AZ1 “Estanga”, sent. del 31-V-2011; C-5600-DO1 “Gómez”, sent. del 23-VI-2015). La fuerza de convicción que emana del dictamen de autos, constituye un escollo insuperable para la apelante, cuya mera disconformidad no basta para sembrar la duda razonable en torno a alguno de los tópicos en disputa. El memorial de fs. 258/260 no brinda motivos fundados capaces de poner en crisis la labor del auxiliar de justicia, evidenciando una notoria insuficiencia recursiva que no puede ser suplida por este órgano (arts. 56 inc. 3°, 77 del C.P.C.A.; art. 260 y ccds. del C.P.C.C.).
6. A mayor abundamiento, no puedo dejar de señalar que las apreciaciones del perito se condicen con los dichos del testigo Ernesto José Lucchesi –de profesión agrimensor-, cuya declaración he de traer a colación a título complementario, en refuerzo de lo expuesto.
En la antesala del presente juicio, la actora acudió en consulta de dicho sujeto, a fin de que expresara su parecer técnico en relación a los inconvenientes surgidos en el trámite de adjudicación del excedente fiscal. El testigo, en síntesis, hizo alusión a las irregularidades existentes en el trazado urbano y propuso una solución plenamente compatible con la descripta por el perito G. Montero (vg. replanteo de superficie), para superar la situación (cfr. fs. 120/131 de autos).
La eficacia probatoria de su declaración no se ve desmerecida por la sola circunstancia de haber tenido una previa relación profesional con la Sra. Rodríguez, pues fue precisamente ese vínculo el que lo llevó a tomar contacto personal con los hechos que aquí se discuten. Para más, no advierto inequidad, contradicción o posible parcialidad en sus dichos, sino –antes bien- una opinión seria y objetiva, conteste con la expresada por el auxiliar de justicia que fue llamado a dictaminar en autos (arg. arts. 384, 456 y ccs. del C.P.C.C.; arg. art. 77 del C.P.C.A.).
Consecuentemente, ha de mantenerse incólume la decisión del juez de grado, quien apuntalado en la opinión del perito y el restante material de prueba, acogió la pretensión actora y declaró la nulidad del acto administrativo que había denegado, mediante argumentos inatendibles, el reclamo de adjudicación del excedente fiscal lindero a la propiedad de la Sra. Martha Amanda Rodríguez.
7. Por último, no encuentro mérito para modificar la condena en costas dispuesta por el a quo a quien ha resultado perdidoso en lo sustancial de la litis. El fallo no hace más que aplicar el criterio rector en la materia, en tanto no se evidencia un vencimiento parcial y mutuo que amerite adoptar otro tipo solución (arg. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo desestimar el recurso de apelación deducido por el Municipio demandado y confirmar el fallo de grado en cuanto ha sido materia de agravio. Las costas de alzada deberían ser cargadas por la Comuna vencida (arg. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
Doy mi voto a la cuestión planteada por la negativa. El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada también por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el Municipio demandado y confirmar el fallo de grado en cuanto ha sido materia de agravio. Imponer las costas de alzada a la accionada vencida (arg. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
2. Por los trabajos de segunda instancia, estése a la regulación de honorarios que por separado se efectúa. Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia