Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 4242
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 378/387 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 345/368, en cuanto declaró abstracta la cuestión sometida a la jurisdicción. Dado lo anterior, condenar a la Municipalidad de Villa Gesell a que permita a los actores -siempre que conserven su cargo de ediles municipales- acceder a la documentación que indicaran en su escrito liminar y su ampliación [v. fs. 62 y 82], a través de su exposición por un término no superior a los quince [15] días hábiles administrativos, en las propias dependencias comunales, contados a partir de adquirir firmeza la presente sentencia, para luego dar continuidad al tratamiento por el Concejo Deliberante Municipal a la rendición de cuentas del año 2012.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, vencida [arts. 68 y 274 del C.P.C.C.].
2Declarar mal concedido el recurso de apelación que da cuenta el escrito de fs. 374, atenta su manifiesta extemporaneidad [art. 496 incs. 2 y 4 del C.P.C.C.].
3Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 130/141 por la parte demandada.
4Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C- 4242-DO1 “PIACENTINI DIEGO HERNAN Y OTROS c. MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL s. MATERIA A CATEGORIZAR”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I.a. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores, con fecha 09-12-2013, declaró que la cuestión litigiosa se había tornado abstracta, imponiendo las costas en el orden causado (arts. 51 y 77 del C.P.C.A. y 71 del C.P.C.C.) y regulando honorarios profesionales a la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. Claudia María Cima [cfr. fs. 345/368].
b. Notificada la parte actora del referido pronunciamiento con fecha 10-12-2013 [v. fs. 370/371], interpuso recurso de apelación el 13-12-2013 [v. fs. 373]. Concedido el recurso por el a quo en relación y con efecto devolutivo a fs. 375 -en los términos del art. 496 incs. 2 y 4 del C.P.C.C.- con fecha 19-12-2013, la parte actora expresó agravios el 30-12-2013 a través del escrito agregado a fs. 378/387, del que posteriormente se dio traslado a la demandada por auto de fs. 391, replicándolo a través del escrito de fs. 389/390.
c. Por su parte, la demandada –notificada según da cuenta la cédula glosada a fs. 372 el 10-12-2013-, apeló y fundó su recurso de apelación contra lo decidido el 16-12- 2013 [v. fs. 374]. Corrido el traslado de ley a la contraria por auto de fs. 375 –aun cuando omitiendo disponer su previa concesión-, fue replicado por la actora a fs. 388.
II.a. Con anterioridad –el 19-06-2013-, el a quo había decretado como medida cautelar que en la sesión ordinaria (prosecución) convocada para ese mismo día a las 20.00 horas Mediante Decreto 1462/13, no podría abordarse el tratamiento de la resolución cuestionada (solo respecto del Expte. D- 9536/13 Eleva Rendición de Cuentas 2012), así como que tampoco podría convocarse nueva sesión a los fines de su tratamiento, hasta tanto no sean modificadas las condiciones que justificaron su dictado previa caución juratoria a tomarse por Secretaría a los actores. No impuso costas [v. fs. 93/95].
b. La demandada –notificada el 19-06-2013, cfr. copia certificada del oficio agregado a fs. 246- dedujo recurso de apelación fundado el 25-06-2013 –v. fs. 130/141-, remedio concedido el 1-10-2013 en relación y con efecto devolutivo por el a quo a fs. 268 quien, en el mismo acto, dispuso correr traslado a la parte actora quien, a su vez, lo replicó a través del escrito obrante a fs. 299/305.
Finalmente, con fecha 25-10-2013, el juez de grado tuvo por evacuado el traslado conferido.
III. Recibida la causa en este Tribunal con fecha 23-05- 2014 –v. constancia puesta a fs. 455 vta.- y encontrándose firme y consentida la resolución dictada por este Tribunal a fs. 456, a través de la cual se pasan los Autos al Acuerdo para el examen de admisibilidad de los recursos articulados a fs. 373 y 374 contra el referido pronunciamiento de primera instancia, corresponde plantear las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de fs. 373, fundado a fs. 378/387?
2. ¿Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 374 contra la sentencia liminar?
En su caso, 3. ¿Corresponde declarar abstracto el recurso articulado a fs. 130/141 contra la medida cautelar decretada a fs. 93/95?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1.a. El juez de grado, luego de una pormenorizada relación de las posiciones sustentadas por las partes de este litigio y la prueba rendida, juzgó que el tema a decidir consistía en determinar si correspondía ordenar al Concejo Deliberante de Villa Gesell que exhibiera a los actores la documentación municipal respaldatoria de la rendición de cuentas municipal del Ejercicio 2012.
Expresó que los demandantes –en su condición de concejales- fundaron su petición en el carácter representativo de la función que ejercen y en su deber de formular una opinión fundada y seria sobre las cuentas municipales rendidas. Y, para el supuesto en que dicha exhibición no procediera, solicitaron ser eximidos de la responsabilidad que implicaría el deber de pronunciarse sobre el particular ante la ausencia de verificación de la documentación soporte de esas cuentas.
Describió que, por su parte, la demandada introdujo a fs. 150/153 un hecho nuevo -que sostiene en similares términos al contestar la demanda a fs. 164/183 y reitera a fs. 296/297- por el cual alega que la cuestión planteada por los actores habría caído en abstracto, en base a lo normado por el art. 23 de la ley 10.869.
Señalado lo anterior, afirmó encontrar probado en autos: (i) que el Departamento Ejecutivo del Municipio de Villa Gesell remitió al Concejo Deliberante la rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio 2012, originándose el expte. nro. 9536/13, asignado para su estudio a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas, integrada por cuatro miembros, entre ellos dos de los aquí actores [Cabutti y Piacentini]; (ii) que la rendición se puso en tratamiento en la referida Comisión el día 16-04-2013 –hecho constatado en el Acta Nro. 335 de dicho órgano-, oportunidad en que se hizo entrega al bloque de la Unión Cívica Radical de 699 fotocopias correspondientes a la mencionada rendición; (iii) que en la fecha indicada se dio inicio formal al estudio de las cuentas; (iv) que en la reunión de la Comisión de fecha 23-04-2013 –pasada al Acta Nro. 336- continuó el tratamiento del expediente de rendición de cuentas, se abordó la posibilidad de contar en una próxima reunión con la presencia del Secretario de Hacienda del Municipio –Cdor.
Gustavo Ciriaco- y se dio entrada a una nota del concejal Martínez Salas por la que se requería al Departamento Ejecutivo la disposición de un espacio físico para revisar la documentación respaldatoria de los estados contables determinados por el art. 212 del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires; (v) que en la reunión del 30-04-2013 –v. Acta Nro. 337- se confirmó la presencia del Secretario antes citado, sin proveer respuesta alguna al requerimiento plasmado en la nota presentada el 23-04-2013; (vi) que con fecha 7-05-2013 –v. Acta Nro. 338- compareció a la reunión de la Comisión el citado Secretario de Hacienda quien evacuó consultas sobre las dudas planteadas por los concejales presentes; (vii) que con fecha 9-05-2013 los concejales Cima y Piacentini se hicieron presentes ante el Secretario de Hacienda, a fin de examinar la documentación respaldatoria de la rendición, informándoseles allí que debían ponerse en contacto, a ese efecto, con la Sra.
Nancy Pavón para, finalmente, acordar que la documentación requerida sería puesta a su disposición los días 13, 14 y 16 de mayo de 2013 de 8 a 10 horas; (viii) que en la misma fecha arriba indicada –recibida al día siguiente, 10-05-2013-, los concejales Piacentini, Cabutti y Martínez Salas, dirigieron una nota al Cdor. Ciriaco en la que detallaban la documentación de interés para compulsar a partir del día 13 de mayo; (ix) que con fecha 14-05-2013 –conforme Acta Nro. 339- el Concejal Acebal entregó dos cajas con documentación y consta que solicitaría al Cdor. Ciriaco el expte. 2665/12 correspondiente a la Licitación Pública 003/12 y, por su parte, el bloque de la UCR solicitó faltantes de las Licitaciones 08/12 a 11/12, señalando que no les fueron exhibidas determinadas órdenes de pago solicitadas al Departamento Ejecutivo y las demás restantes a partir del Nro. 35 al 60 y los puntos 1 a 9 de la nota fechada el 9-05- 2013, de la que dejan copia; (x) que el 16-05-2013 los Concejales Frick, Piacentini, Cabutti y Cima dejaron una nota en la Mesa de Entradas del Municipio, requiriendo la presencia del Sr.
Tavarone para posibilitar el cotejo de la documentación, lo que no fue posible atento la ausencia del funcionario –v. fs. 35-; (xi) que el 28-05-2013 –v. Acta Nro. 340- se celebra una reunión extraordinaria de la Comisión citada por nota –v. fs. 36- a los fines de dar despacho al expte. D-9536/13 y convocar a sesión especial dentro de los plazos fijados por la Ley Orgánica de las Municipalidades, la que fue levantada por falta de quórum, ante la ausencia de los integrantes Cabutti y Piacentini; (xii) que en la reunión de Comisión que refleja el Acta Nro. 341 del día 29-05-2013 – a la que no asistieron los concejales Cabutti y Piacentini y sí concurrió el Cdor. Ciriaco- se recibió una nota del bloque de concejales UCR-CC-ARI, por medio de la que informan que no concurrirían a la Comisión en virtud de no habérseles exhibido distintos documentos requeridos con anterioridad, dejándose constancia que el funcionario comunal trasladó la documentación requerida para ser exhibida, levantándose la sesión por falta de quórum, previo análisis de la documentación por parte de los conejales presentes y la formulación de preguntas, mas sin poder dar despacho al expediente en tratamiento; y (xiii) que en la reunión de la Comisión del 4-06-2013, con la presencia de los concejales Cabutti, Piacentini, Acebal, Avellaneda y Migliorisi, se decidió dar despacho al expediente de la rendición de cuentas, si bien los concejales de la UCR manifestaron que no se les había brindado la información requerida –v.
Acta Nro. 342-.
Seguidamente, reflejó que al momento de solicitarse la medida cautelar finalmente decretada, los actores refirieron como hecho nuevo –v. fs. 89- que el expediente administrativo en cuestión había sido elevado a sesión ordinaria, habiéndose evitado su tratamiento por considerar que no se podían expedir y fundar su opinión en el debate sin el acceso a la información solicitada. Ello no obstante y que las sesiones ordinarias son el primer y tercer lunes de cada mes, se los convocó para el día miércoles 19-05-2013 a las 20 horas –como continuidad de la sexta sesión ordinaria del 17-05-2013, no concluida por el retiro de la sala de sesiones del bloque de concejales de la UCR, CC y ARI- a los fines de tratar el expediente de la rendición de cuentas del Ejercicio 2012 –v. fs. 88 y 100-.
Especial relevancia concedió el a quo para la resolución del tema traído ante sus estrados, a la solicitud de declaración como abstracta de la cuestión, efectuada por la Municipalidad de Villa Gesell. El fundamento de tal petición, lo basa la demandada en lo normado por el art. 23 de la ley 10.869, explicando que habiendo presentado el Intendente ante el Concejo Deliberante la rendición de cuentas del Ejercicio 2012 antes del 31 de marzo de 2013 y, por su parte, este último demorado su tratamiento por más de sesenta días, tales cuentas se encontrarían legalmente aprobadas por aplicación del citado dispositivo, restando sólo al Tribunal de Cuentas deslindar responsabilidades e imponer las sanciones que considere convenientes. Con posterioridad, en apoyo de esta solicitud, la accionada acompañó el expte. adm. nro. 4124- 1846-2012-0-0 –v. fs. 194/225- tramitado ante la Delegación Mar del Plata del Tribunal de Cuentas provincial.
Referenció que los actores, en respuesta a lo pedido por la demandada, señalaron que el eje de la cuestión no sería la aprobación o no de las cuentas, agregando que existirían dos formas de rendición de cuentas: una, la del Departamento Ejecutivo ante el Tribunal de Cuentas –regulada por el art. 159 de la Constitución provincial y de la ley 10.869 y, otra, la del órgano ejecutivo al Concejo Deliberante –reglada por el art. 192 inc. 5to. de la Constitución provincial y los arts. 65 y 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Afirmó que los actores postulan, respecto de esta última –rendición ante el Concejo-, que debe ser amplia y recaer finalmente un pronunciamiento expreso del órgano deliberativo, resultando inaceptable el simple procedimiento de decisión implícita, en el cual el silencio equivaldría a aprobación, agregando que la aprobación ficta sería sólo aplicable al Tribunal de Cuentas; para más, apuntando respecto de la existencia de actos de la demandada, posteriores al vencimiento del plazo de sesenta días del art. 23 de la ley 10.869, tendientes a la aprobación legislativa de la rendición de cuentas en cuestión, circunstancia que corroboraría su postura.
b. Entrando a resolver la controversia -no sin antes advertir “…una situación que como primer acercamiento debo definir como contradictoria en sus postulados y por momentos desprovista a esta altura del proceso de la suficiente apoyatura probatoria que tales afirmaciones requieren a la luz de la pretensión esgrimida por la parte actora…”- puntualizó (i) que la parte actora había indicado, al promover la acción, como normativa de fondo para el estudio de la rendición de cuentas de los municipios, el art. 23 de la ley 10.869 y sus modificatorias, señalando que tal norma prevé la metodología para su concreción y detalla los estados que deben conformarla citando, a su vez, el art. 229 del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires y enfatizando que, en caso de disconformidad, las cuentas deberían ser objeto de una impugnación concreta, categórica y oportuna, en tanto las objeciones posteriores serían extemporáneas, existiendo obligación de manifestarse ya que se interpretaría el silencio sobre el particular como una expresión de voluntad; (ii) que desde el ingreso del expediente administrativo Nro. 9536/13 al Concejo Deliberante [3-04-2013], se asignó para su estudio a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas del órgano [el 16-04-2013] contando sus miembros, desde allí, con el plazo previsto por el art. 23 de la ley 10.869 para expedirse, lo que finalmente hicieron en la reunión de Comisión del 4-06-2013, dando despacho para su tratamiento por el Concejo, con la firma de dos de los aquí actores, Cabutti y Piacentini; (iii) que al momento de tratarse la rendición de cuentas en el órgano deliberativo por primera vez el 17-06-2013, ya habían transcurrido los sesenta (60) días que prevé el art. 23 de la ley 10.869 para que se produzca –ante la falta de expedición de éste dentro del citado término- su aprobación tácita, siendo que el mismo ingresó para su tratamiento el 3-04-2013; (iv) que según el reglamento interno del Concejo Deliberante, los expedientes sometidos a estudio de las comisiones, deben despacharse dentro de los cuarenta y cinco (45) días del ingreso a la comisión debiendo –de existir razones que impidan formular el despacho- dar cuenta al Concejo de las mismas y siendo que aquel plazo vencía el 31-05-2013, encuentra sustentabilidad bastante el llamado a sesiones extraordinarias de la comisión para los días 28 y 29 de mayo; (v) que el art. 49 del citado reglamento prevé que una vez despachado un asunto en comisión, debe elevarse a la Secretaría del cuerpo para que sea incluido en el orden del día de la próxima sesión del Concejo; (vi) que las demoras sucedidas mientras duró el tratamiento de la cuestión en la comisión, no resultan sólo atribuibles a la actividad de la aquí demandada, sino también a los actores; (vii) que si bien los actores sostuvieron que, en un caso, se les habría entregado una documentación mínima y, en otros, directamente se les habría negado directamente todo acceso a la información, tales afirmaciones no encuentran respaldo probatorio en el marco de la presente causa, recordando que sobre el que tiene interés en obtener un resultado particular dentro del proceso, pesa el onus probandi.
c. Dicho lo anterior, enmarcó la solución de la litis en lo dispuesto por los arts. 192 inc. 5to. de la Constitución provincial, en cuanto reconoce como atribución inherente al régimen municipal, la de “examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas”; 65 a 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que conceden al Concejo Deliberante competencia en materia contable, en especial para examinar la rendición de cuentas; y 229 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades, en tanto preceptúa que corresponde al Concejo Deliberante analizar, como mínimo, los estados demostrativos detallados en el art. 23 de la ley 10.869 [en rigor, esta norma reglamentaria no ha sido modificada con posterioridad a la modificación del citado art. 23 por la ley 13.963]. Con tales fundamentos y apoyado en la declaración testimonial del concejal Gustavo Barrera [v. fs. 309/312], así como en las constancias del expediente administrativo nro. 4124-1846/2013 agregado a fs. 186/225 –en especial los informes glosados a fs. 221 y 222- entendió que la cuestión debatida había perdido virtualidad y, por tal razón, que cualquier decisión al respecto resultaría meramente teórica, inútil, inoficiosa y, por lo mismo, impropia de la función judicial, citando fallos del Superior Tribunal local en tal sentido [v. fs. 366].
Asimismo, en relación al planteo subsidiario introducido por los actores para que, en caso de no resolverse favorablemente la solicitud de exhibición de la documentación requerida, se los exima de la responsabilidad que implicaría el deber de pronunciarse sobre la rendición de cuentas sin contar con ella para su cotejo, resolvió que tal resolución excedería el ámbito de discusión de esta causa, llevándolo a juzgar sobre hechos aún inciertos que del mismo podrían derivarse.
Finalmente impuso las costas por su orden y, respecto de la medida cautelar oportunamente ordenada entendió que, una vez firme el pronunciamiento dictado, ella perderá virtualidad en razón de haber desaparecido la verosimilitud del derecho en que se sustentaba.
2. Los actores exteriorizan su disconformidad con lo decidido a tenor del escrito de apelación obrante a fs. 378/387, siguiendo los siguientes ejes de agravio:
a. Respecto del reproche de falta de prueba de los hechos descriptos en demanda –básicamente, la reticencia de la demandada a proporcionar la documentación requerida, respaldatoria de la rendición de cuentas del Ejercicio 2012-, discrepa con lo resuelto por el a quo, analizando pormenorizadamente el testimonio producido por el Secretario de Hacienda comunal, para culminar en que no fue sino el Intendente, titular del Departamento Ejecutivo quien, en una desviación inapropiada del ejercicio de la función pública, autorizaba o no la documentación que se mostraba [v. fs. 378/381].
b. En punto a la afirmación del juez en relación a que los integrantes de la Comisión de Presupuesto contaron con los plazos que prevé el art. 23 de la ley 10.869 para expedirse, lo que de hecho hicieron en forma unánime en la reunión del 4-06-2013, sostienen que –más allá del transcurso del tiempo- lo que no estuvo fue la documentación requerida, la que no fue llevada al Concejo Deliberante ni puesta a disposición en el Departamento Ejecutivo.
Exponen que “dar despacho” es un acto administrativo que no constituye definición sobre las cuentas y que el fundamento del pedido fue ver la documentación para poder opinar en el debate.
c. Atribuyen error al juzgador en la interpretación y aplicación del art. 23 de la ley 10.869 –norma en la que subsumiera la resolución del caso-, al considerar aprobada la rendición de cuentas para el Concejo Deliberante y convirtiendo el plazo de sesenta días en una exclusa automática y temporal que cierra el tratamiento conculcándose, de tal forma, derechos de raigambre constitucional [arts. 1 y 19 de la Constitución Nacional]. Asimismo, afirman que al declarar abstracta la cuestión, el juzgador se entrometió en el normal funcionamiento del Concejo Deliberante de Villa Gesell, al tener –de hecho- por aprobadas las cuentas, lo que no fuera eje del juicio, yendo en contra de la propia posición de la parte demandada y en contra de la costumbre institucional del Cuerpo.
Explican que la aprobación tácita de las cuentas, no fue el eje de la discusión habiéndose, por el contrario, realizado la verificación de la documentación en el marco temporal y jurídico de la rendición de cuentas.
A la vez, exponen, la doctrina de los propios actos de la Municipalidad y el comportamiento del Concejo Deliberante, impiden declarar aprobadas las cuentas, pues el propio impulso de llevar al recinto su tratamiento, deja a las claras que resulta válido fundar opinión en la documental cuya exhibición se exigiera.
Finalmente, arguyen que la aprobación del art. 23 es ficta, solamente aplicable para el Tribunal de Cuentas, sin resultar oponible al Concejo, órgano que debe manifestarse en forma concreta mediante ordenanza, circunstancia que se demuestra con las ordenanzas de aprobación y/o desaprobación de ejercicios fiscales anteriores, de fecha muy posterior al plazo de sesenta días que marca la citada norma.
3. La demandada brinda su réplica a fs. 389/390, apoyándose en lo decidido en la sentencia postulando, de tal forma, su confirmación.
II. El recurso es de recibo.
1. Más allá de que la precedente transcripción resultaba necesaria como forma de reflejar el intrincado curso que terminó dándose a la sencilla postulación de los actores – solo enderezada a obtener el dictado de una medida autosatisfactiva, tal como ellos mismos la denominaran-, a los fines de la resolución de esta controversia partiré de centrar el objeto de la pretensión originaria –trayendo a colación sólo aquellas constancias del proceso realmente imprescindibles-, para luego analizar su procedencia, lo que incluirá, por cierto, expedirme acerca de la declaración de abstracto del tema sometido a la jurisdicción.
a. La pretensión deducida y actos procesales conexos. (1) Como delineara más arriba, del escrito obrante a fs. 58/64 –de fecha 28-05-2013, v. cargo a fs. 65- surge que los actores solicitaron, “…con carácter de MEDIDA AUTOSATISFACTIVA, MATERIAL Y POSITIVA se ordene al Departamento Ejecutivo exhiba y presente a los actores “en el acto de la diligencia” la documentación municipal respaldatoria de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2012, la que nuestra parte detalla específicamente en anexo y que de manera ineludible resulta mínimamente necesaria para cumplimentar la posibilidad de control interno, solicitando que ello se ordene la misma inaudita parte, de manera urgente, con HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES, por la urgencia de cumplimentar los plazos establecidos por la propia legislación municipal, librándose mandamiento de EXHIBICION de: a) los EXPEDIENTES DE TODAS LAS LICITACIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y CONCURSOS DE PRECIOS. b) las Ordenes de pago de los siguientes proveedores número: 1187 – SOPAY S.A., 1188 – MADAKI S.A., 1361 – TDJ SERVICIOS VIALES, 1569 – ROSARITO S.A., 1760 – PIROS S.A., 1919 – TRAVIGEN S.A., 1920 ATALSO S.A. y c) el Libro de Registro de Decretos…” [v. fs. 62].
Posteriormente, por escrito de fs. 82, los demandantes ampliaron el listado de los elementos cuya exhibición exigen a “…“todas” las [órdenes de pago] del ejercicio de 2012, y hasta cubrir los importes que se informaran abonados en el Listado de proveedores adjunto a fs. 37/55, y se amplíen las requeridas a BIOFAB S.R.L. (1783), DROGUERIA CONFAR S.R.L. (959), M&M Insumos Hospitalarios (1049), DROGUERIA AZCUENAGA S.R.L. (25), CASA OTTO HESS S.A. (126), PRAYAIR S.R.L. (157), CHEMAR S.A. (1671) y DETAL S.A. (1632)…”.
En subsidio, sólo para el caso que el juzgador entendiera que correspondía brindar otro tratamiento a la cuestión planteada, solicitaron el dictado inmediato de una medida cautelar de no innovar respecto del expte. 9536/13, ordenándose la prohibición de dictar actos administrativos hasta tanto se resuelva judicialmente sobre la acción incoada [v. fs. 64]. Aclaro que esta medida cautelar quedó irresuelta, superada por los acontecimientos procesales acaecidos.
(2) Por resolución de fs. 79/80, el a quo dispuso –en atención a la naturaleza de la medida requerida, de carácter autosatisfactiva- bilateralizar la cuestión con la demandada, otorgando al reclamo trámite de proceso sumarísimo [conf. art. 496 del C.P.C.C.].
En relación a la medida cautelar en subsidio requerida a fs. 64, dispuso requerir al Municipio de Villa Gesell el envío de toda la información que obrara en su poder en relación a las circunstancias de hecho y de derecho trazadas en el escrito inicial. El oficio de comunicación fue diligenciado ante la Comuna con fecha 17-06-2013 [v. sello 6impuesto a fs. 83].
La respuesta de la demandada a aquel traslado se verificó el día 24-06-2013 a través del escrito de fs. 105/118 en el que, a su vez, se recusó con causa al a quo. (3) Entre tanto, con fecha 19-06-2013, el juez de grado decretó –a instancias de los actores- el dictado de una medida cautelar tendiente a que en la sesión ordinaria (prosecución de una anterior) convocada para ese mismo día a las 20 horas mediante Decreto 1462/13, no se aborde el tratamiento de la resolución cuestionada –respecto del Expte. D-9536/13 Eleva Rendición de Cuentas 2012-, así como tampoco se convoque a una nueva sesión a tales mismo fines, hasta tanto no sean modificadas las condiciones que justificaron el dictado [v. fs. 93/95].
Contra esta decisión la demandada interpuso recurso de apelación con fecha 25-06-2013 [fs. 130/141], aspecto al que me referiré más adelante, al abordar el tratamiento de la tercera cuestión propuesta al Acuerdo.
(4) Luego de variadas alternativas procesales –que no es del caso traer aquí en la medida que no coadyuvan al propósito supra declarado, v.gr. resolución por este Tribunal de la recusación con causa deducida por la demandada, sucesivos pedido de levantamiento de la medida cautelar, etc.- con fecha 4-10-2013 el a quo abrió la causa a prueba, disponiendo tener presente la documental y citar a audiencia a los testigos propuestos por la parte demandada a fs. 182 vta./183.
Producida la prueba [v. fs. 309/321], se dictó la sentencia objeto de este recurso [v. fs. 345/368], referenciada in extenso más arriba [v. punto I.1.]. b. La sentencia.
Del farragoso contenido que hace gala la sentencia emitida –tal vez consecuencia de las numerosas y reiterativas, a veces inconducentes, intervenciones de las partes, cada una apoyando sus respectivas posiciones-, es posible identificar –no sin algún esfuerzo- los hilos conductores de la decisión que condujeran a declarar la pretensión deducida como abstracta.
Así, el a quo decidió como lo hizo, por entender (i) que los propios actores habían postulado como normativa a partir de la cual resolver la cuestión –en su visión, la rendición de cuentas- el art. 23 de la ley 13.869 y el art. 229 del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires; (ii) que los actores Cabutti y Piacentini, en la reunión de Comisión del día 4-06-2013, de consuno con el resto de los integrantes, dieron despacho para el tratamiento de la rendición de cuentas en el recinto; (iii) que el art. 49 del Reglamento de Concejo establece que, una vez despachado un asunto en la Comisión, debe elevarse al Concejo para su tratamiento en sesión ordinaria; (iv) que cuando se trató la rendición de cuentas en el Concejo por primera vez el 17-06-2013, ya había transcurrido el plazo que prevé el art. 23 de la ley 10.869 para que se produzca –ante la falta de expedición de éste dentro del citado término- su aprobación tácita, siendo que el mismo ingresó para su tratamiento el 3-04-2013; (v) que las demoras en el tratamiento de la cuestión en la comisión, resultaban atribuibles tanto a la demandada cuanto a los actores; (vi) que los actores no habían acreditado que se les obstaculizara el acceso a la información pretendida, siendo que era de su interés hacerlo, por pesar sobre ellos la carga del onus probandi.
De las premisas reflejadas en el párrafo anterior, es posible advertir que sólo la identificada como (vi) viene a guardar estricta relación con los fundamentos brindados en ocasión de formular la postulación inicial, esto es, con la solicitud de la medida autosatisfactiva de exhibición. Por el contrario, las restantes –(i) a (v)- se vinculan con las derivaciones que sufriera el proceso como consecuencia de las alegaciones de la demandada en procura del rechazo de la medida requerida. En rigor de verdad, las alternativas sucedidas en torno a la subsunción –o no- del caso en lo dispuesto por el art. 23 de la ley 10.869, no tienen sino –en mi opinión- sólo una incidencia marginal en la resolución de la situación planteada, por resultar posteriores al momento de consagración o consumación de la materia litigiosa que, en el caso, obstaba a su primaria o preferente consideración.
Por lo dicho, la declaración como abstracta de la cuestión principal, vino a articularse erróneamente sólo con base en estas últimas razones, con prescindencia de las reglas de la lógica que, en el caso, imponían al magistrado concluir, lisa y llanamente y desde su declarada óptica decisional, en el rechazo de la pretensión por ausencia de prueba de los extremos de la pretensión, desde que no se advierte en qué medida la falta de prueba pueda constituirse en fundamento de la declaración de abstracta de la cuestión contenciosa de fondo subyacente.
En consecuencia, el desenlace que se propondrá en lo que sigue para resolver la controversia planteada, se limitará a abordar exclusivamente este último fundamento del fallo, en razón de resultar el único unido de modo inescindible a la petición encaminada en demanda y, por ende, hábil para sustentar –o no- su rechazo; y, por otra parte, constituir agravio específico de los actores, conforme se describiera supra [ver punto I.2.a.].
c. La solución.
(1) El art. 192 inc. 5° de la Constitución provincial establece como atribución ingénita del régimen municipal, examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas.
De conformidad a tal previsión, el Decreto 6769/58 –Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires- preceptúa que al Concejo Deliberante corresponde el examen de las cuentas de la administración municipal [art. 65], debiendo luego resolver, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 192 inc. 5° de la Constitución [art. 66].
Por otra parte, el texto magno provincial establece que el Departamento Ejecutivo municipal deberá presentar al Concejo la rendición de cuentas sobre la percepción e inversión de los fondos de la Municipalidad, según las normas que establezca el Tribunal de Cuentas [art. 165 inc. 2°]. Por Decreto 1.770/09 [B.O. 6-11-2009] -reglamentario de la ley 10.869, con la modif. de la ley 13.963-, el Tribunal de Cuentas provincial quedó habilitado para la ordenación de toda aquella documentación que los Departamentos Ejecutivos municipales de la provincia le deben presentar a efectos de producir la rendición de cuentas anual que prescribe la Constitución provincial.
Mediante Resolución 449/11, el Tribunal de Cuentas compendió en un solo cuerpo normativo la totalidad de los elementos documentales que deben elevarse al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas para conformar la rendición de cuentas [art. 1, Anexos I a XII], a la vez que estableció que los libros y la documentación probatoria de la rendición de cuentas quedarán en custodia en el Departamento Ejecutivo y a disposición del Honorable Concejo Deliberante, debiendo habilitar, mediante la asignación de usuarios y claves respectivas, el acceso al sistema informático RAFAM para que, con carácter exclusivo de consulta, pueda disponer de toda la información contenida en él, a efectos del análisis de la rendición presentada.
(2) De la prueba documental acompañada, es posible colegir que (i) en la reunión que da cuenta el texto del Acta Nro. 335 de la Comisión de Presupuesto, se hizo entrega al bloque de la Unión Cívica Radical de 699 fotocopias –sin identificación de su contenido- correspondientes a la mencionada rendición; (ii) en la reunión de la Comisión de fecha 23-04-2013 –pasada al Acta Nro. 336- se dio entrada a una nota del concejal Martínez Salas -agregada a fs. 22- por la que se requería al Departamento Ejecutivo la disposición de un espacio físico para revisar la documentación respaldatoria de los estados contables determinados por el art. 212 del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires; (iii) en la reunión del 30-04-2013 –v.
Acta Nro. 337- se confirmó la presencia del Secretario antes citado, informándose allí por el Presidente de la Comisión que él mismo intercedería para que el Departamento Ejecutivo diera respuesta a la nota del 23-04-2013 y que traerían la documentación al Concejo Deliberante; (iv) con fecha 7-05- 2013 –v. Acta Nro. 338- comparece a la reunión de la Comisión el citado Secretario de Hacienda quien evacuó consultas sobre las dudas planteadas por los concejales presentes; (v) con fecha 9-05-2013 los concejales Cima y Piacentini se hicieron presentes ante el Secretario de Hacienda, a fin de examinar la documentación respaldatoria de la rendición, informándoseles allí que debían ponerse en contacto, a ese efecto, con la Sra.
Nancy Pavón para, finalmente, acordar que la documentación requerida sería puesta a su disposición los días 13, 14 y 16 de mayo de 2013 de 8 a 10 horas; (vi) en la misma fecha indicada –aunque recibida al día siguiente, 10- 05-2013-, los concejales Piacentini, Cabutti y Martínez Salas, dirigieron una nota al Cdor. Ciriaco en la que detallaban la documentación de interés para compulsar a partir del día 13 de mayo; (vii) con fecha 14-05-2013 – conforme Acta Nro. 339- el Concejal Acebal entregó dos cajas con documentación y consta que solicitaría al Cdor. Ciriaco el expte. 2665/12 correspondiente a la Licitación Pública 003/12 y, por su parte, el bloque de la UCR solicitó faltantes de las Licitaciones 08/12 a 11/12, señalando que no les fueron exhibidas determinadas órdenes de pago solicitadas al Departamento Ejecutivo y las demás restantes a partir del Nro. 35 al 60 y los puntos 1 a 9 de la nota fechada el 9-05- 2013, de la que dejan copia; (viii) el 16-05-2013 los Concejales Frick, Piacentini, Cabutti y Cima dejaron una nota en la Mesa de Entradas del Municipio, requiriendo la presencia del Sr.
Tavarone para posibilitar el cotejo de la documentación, lo que no fue posible atento la ausencia del funcionario –v. fs. 35-; y (ix) en la reunión de Comisión que refleja el Acta Nro. 341 del día 29-05-2013 –a la que no asistieron los concejales Cabutti y Piacentini y sí concurrió el Cdor. Ciriaco- se recibió una nota del bloque de concejales UCR-CC-ARI, por medio de la que informan que no concurrirían a la Comisión en virtud de no habérseles exhibido distintos documentos requeridos con anterioridad, dejándose constancia que el funcionario comunal trasladó la documentación requerida para ser exhibida, levantándose la sesión por falta de quórum, previo análisis de la documentación por parte de los conejales presentes y la formulación de preguntas, mas sin poder dar despacho al expediente en tratamiento.
Al propio tiempo, resulta de especial interés para la resolución de esta contienda, la declaración testimonial prestada por el Secretario de Hacienda municipal Cdor. Gustavo Víctor Ciriaco –ver acta de fs. 317/321-, de la que se desprende:
- Que el organismo de resguardo de la documentación atinente a la rendición de cuentas, es el Departamento Ejecutivo, que tiene que arbitrar los medios para que el Concejo Deliberante pueda tenerlas (respuesta a la segunda pregunta del interrogatorio);
- Que el expediente ingresó al Concejo Deliberante con la documentación que exige la ley 10.869, que establece los requisitos, no acompañando órdenes de pago, ni licitaciones, ni expedientes de procesos licitatorios (respuesta a la primera pregunta ampliatoria);
- Que en una primera audiencia a la que concurrió, llevó documentación respaldatoria consistente en devengamientos de tasas, recaudaciones de tasas, ingresos por coparticipación provincial, oportunidad en que se habló del fondo educativo y de gastos que tenían que ver con alguna cuestión en particular (respuesta a la segunda pregunta ampliatoria); - Que a la reunión de la Comisión de Presupuesto del 26- 05-2013 a la que fue invitado, concurrió con carpetas de licitaciones privadas y concursos de precios, no así las públicas –gestión de residuos y correos- por su voluminosidad, así como compras de adquisiciones en salud y órdenes de pago (respuesta a la tercera pregunta ampliatoria);
- Que la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas estaba en la Contaduría del municipio, habiéndose encargado a la Jefa de Compras hacer de nexo entre los Concejales y dicha área (respuesta a la primera repregunta); - Que si bien las órdenes de pago fueron legajadas por expediente y por proveedor, no llevó la totalidad -12.000- sino las que estaban más cuestionadas, que eran más o menos 27 relativas a compra de suelo, alquiler de maquinarias y palas, compra de medicación, etc. (respuesta a la undécima repregunta);
- Que respecto de las órdenes de pago requeridas mediante la nota de fecha 9-05-2013, a la reunión del día 29 no llevó todas las órdenes porque eran infinidad y anteriormente, por pedido, se habían enviado órdenes de pago de viáticos y partidas específicas de gastos (respuesta a duodécima repregunta);
- Que la documentación requerida mediante la nota del día 9-05-2013 era muy voluminosa, consistente en 12.000 órdenes de pago que insumen aproximadamente 72.000 hojas de forma independiente a los expedientes, más de veinte cajas (respuesta a la décimo sexta repregunta).
(3) De todo lo anterior –y no obstante los claroscuros que esta situación presenta- es posible arribar a dos conclusiones que servirán para revocar el fallo recurrido. Las normas invocadas supra [v. punto II.1.c.(1)] resultan por sí elocuentes en establecer el derecho-deber de los integrantes del Concejo Deliberante para examinar y analizar las cuentas municipales a los fines de la aprobación –o no- de las cuentas del ejercicio fiscal anual.
Para llevar a la práctica tan delicada gestión concedida por las normas regulatoria del régimen municipal al Departamento Deliberativo, el órgano ejecutivo municipal debe garantizar el acceso irrestricto de sus miembros no sólo a los documentos que reglamentariamente deben presentarse en cumplimiento a las normas del organismo constitucional específico de control de las cuentas –Honorable Tribunal de Cuentas-, sino a toda aquella documentación que le sirve de debido sustento y respaldo, ello por cuanto el mero examen numérico o contable de las cuentas no releva el de su correspondencia con la documentación que le sirve de asiento. Así, la Suprema Corte de Justicia provincial ha decidido que las normas expuestas –que son las supra relevadas- dejan en evidencia que el examen a que está obligado el Concejo Deliberante no puede estructurarse sobre un contenido menor al de los estados demostrativos enumerados en el art. 23 de la ley 10.869.
El término "analizar" utilizado tanto por el referido art. 23, como por el art. 229 del Reglamento implica -conforme a su definición por la Real Academia Española- "distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos". De allí que, en materia de examen de cuentas y conforme el marco normativo vigente, ningún análisis puede resultar satisfactorio si no incluye un elemental estudio de correspondencia presupuestaria y/o contable. Como se ha dicho, la función de "contralor" del Concejo Deliberante es principalmente de "legalidad" y, en algunos casos, de oportunidad o conveniencia [cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 59.890, "Navarro”, sent. de 30-VI-2009]. Ahora bien, a efectos de posibilitar el ejercicio efectivo de aquella facultad-obligación –o, dicho en las palabras de la Corte, el análisis de correspondencia presupuestaria-, el Departamento Ejecutivo debe allanar todo tipo de dificultad al libre acceso a las cuentas –y sus respectivos comprobantes documentales-, para lo cual es la propia normativa la que indica con claridad meridiana las conductas a adoptar.
En fin, los libros y la documentación probatoria de la rendición de cuentas –que quedan, por disposición legal en custodia en el Departamento Ejecutivodeben estar aptos y listos para su examen por parte de los concejales, para lo cual la reglamentación prevé, adicionalmente, la asignación de usuarios y claves respectivas, que posibiliten el acceso al sistema informático RAFAM para que, con carácter exclusivo de consulta, realicen el análisis de la rendición de cuentas presentada.
Siendo tal el esquema normativamente previsto, queda por resolver si, en el caso, el Departamento Ejecutivo cumplió con su obligación de “puesta a disposición” descripta o, por el contrario, si el incumplimiento denunciado por los actores a través del presente proceso justifica la admisión de la medida autosatisfactiva deducida, cuestión a la que me abocaré en lo que sigue.
(4) Descarto inicialmente que los documentos adjuntados a la nota de elevación de la Rendición de Cuentas del Ejercicio Contable finalizado el 31 de diciembre de 2012, producida el día 3-04-2013 [v. fs. 192/193] –incorporados en dos Anexos sin foliar separados al presente y distinguibles por sus tapas lisas color amarillo-, constituyan el objeto de la exhibición requerida por los actores a través de la nota agregada a fs. 22 –de fecha 23-04-2013- o este proceso. A poco que se examinen tales documentos fácil se verifica que no son otros que los que el Tribunal de Cuentas provincial exige a las autoridades comunales por conducto de lo dispuesto en el art. 1, Anexos I a XII de la Resolución 449/11 –estados contables en sus distintas modalidades-, diferentes a los requeridos por los actores, consistentes – básicamente- en los comprobantes e instrumentos respaldatorios de la gestión de las cuentas públicas. (5). Con lo anterior en vista, corresponde comprobar si la documentación cuya exhibición fuera solicitada por los actores en este proceso –detallada minuciosamente supra, punto II.1.a.(1)- y que integrara –parcialmente- los requerimientos extrajudiciales formulados a través de las notas de fs. 22, 29 y 30/31, fue puesta –en definitiva- a disposición de los actores por parte de quien estaba legalmente obligado a hacerlo.
Y, en este punto, no comparto la postura asumida por el juzgador de grado, quien carga las tintas por la ausencia de prueba de tan decisivo extremo a los actores, en la medida que no cabía sino a la demandada acreditar –frente a la concreta intimación a exhibir- haber puesto a disposición de los reclamantes aquellos elementos detallados en los sucesivos requerimientos formulados que, con mayor o menor precisión, aluden a los comprobantes relativos al manejo de los fondos y la gestión de la hacienda pública correspondiente al ejercicio bajo la lupa.
En efecto, de la profusa documentación aportada por la demandada a este expediente, no es posible hallar una sola constancia que permita desprender –con algún margen de certeza- que los instrumentos cuya exhibición oportunamente se le exigiera, hubieran sido procurados a los aquí actores. Veamos.
Por un lado, la declaración del Secretario de Hacienda municipal que arriba describiera –más allá de su extensióncarece de precisiones en punto a determinar cuál fue, en definitiva, de toda la documentación que llevara consigo a la reunión de la Comisión de Presupuesto a la que se lo citara – y que, lamentablemente, no fuera objeto de detalle en el acta labrada-, aquella cuya exhibición persiguieran los demandantes. Por el contrario, su impreciso testimonio, lejos de echar luz a la cuestión, ensombrece la postura asumida por el Municipio quien, por encontrarse en mejor situación para hacerlo, era quien cargaba con el gravamen de probar tal circunstancia.
Por otra parte, tampoco de dicha deposición es posible extraer conclusivamente que el Departamento Ejecutivo comunal puso a disposición efectiva del Concejo Deliberante –en especial, los concejales actores- los libros y la documentación requerida para allanarles el análisis de las cuentas públicas. La prueba de este hecho, de fácil constatación y que, lejos de tratarse de un extremo probatorio insoportablemente gravoso para la demandada, requería de una sencilla actividad administrativa –que, por lo demás, sólo gravitaba en favor de su propio interés, en la medida que con él se dejaba acreditado su observancia a la intimación formulada-, tampoco consta en autos.
En consecuencia, sin necesidad de recurrir al argumento que se desprende del concepto procesalista de “carga dinámica de la prueba”, es válido auspiciar que la demandada no acreditó –encontrándose en inmejorable posición para hacerlohaber puesto a disposición de los actores la documentación requerida a los fines del estudio de las cuentas públicas rendidas, frente al probado –y no desconocido- requerimiento de los demandantes en tal sentido.
(6) Corolario de lo precedente es que correspondería, en mi criterio, acoger el remedio intentado por los accionantes a efectos de que se les permita acceder a la documentación que indicaran en su escrito liminar y su ampliación [v. fs. 62 y 82], no ya bajo la forma de un mandamiento de exhibición –como originariamente se solicitara- sino a través de su exposición a los actores –por un término no superior a los quince [15] días hábiles administrativos-, en las propias dependencias comunales –donde por norma deben hallarse en custodia-, contados a partir de adquirir firmeza la presente sentencia, para luego dar continuidad al tratamiento por el Concejo Deliberante Municipal a la rendición de cuentas del año 2012.
2.a. Lo anterior propuesto –contrario a los intereses de la demandada, quien obtuviera ab initio una resolución acorde a su pretensión-, me lleva a analizar –por apelación adhesiva- los argumentos brindados por ella a fs. 164/183, en oportunidad de contestar el traslado ordenado por el a quo a fs. 80.
En dicha presentación, la accionada –en lo que a la medida autosatisfactiva exclusivamente se refiere- procedió a (i) negar en forma general y particular los hechos y la documentación [v. puntos II. a) y b), a fs. 164/165], brindando su propia versión de los hechos y desconociendo, básicamente, que no se hubiera permitido a los actores el acceso a la información –documental- requerida en tiempo y forma; (ii) denunciar, “…que luego de la presentación de la demandante, V.S. ha dictado una Medida Cautelar de fecha 19 de junio de 2013 de tal magnitud, que tanto el oficio contestado de fecha 24 de junio como el presente por nuestra parte, han caído en abstracto, por el dictado de la mencionada medida cautelar en forma unilateral, vulnerando a todas luces el derecho de defensa de mi poderdante, incurriendo en una intromisión indebida por prematura, en un procedimiento llevado a cabo con fiel respeto a todas las garantías constitucionales, al trabarse una medida cautelar sobre el Honorable Concejo Deliberante, el cual fue votado por voluntad popular de los ciudadanos de Villa Gesell, arrogándose V.S poderes que no le son propios…” [subrayados y resaltados del original, a fs. 168]; y (iii) posteriormente, con cita del art. 23 de la ley 10.869, argumentar que las cuentas del Municipio estarían aprobadas por el transcurso del plazo establecido en dicha norma y, por tanto, la discusión en el seno del Concejo Deliberante resultaría innecesaria, así como el suministro de la información requerida por los actores quienes, por tal razón, habrían perdido interés legítimo en su petición procediendo, en consecuencia, declarar abstracta la pretensión contenida en la demanda.
Más allá que con lo anteriormente expresado considero haber dado respuesta a la réplica blandida por la demandada, la vinculada con la subsunción del caso en lo previsto por el art. 23 de la ley 10.869, merece una atención especial en función de haber servido al juez de grado para receptar favorablemente las numerosas presentaciones de la accionada encaminadas a declarar abstracta la pretensión deducida. b. En este sentido, el Municipio entiende que habiendo transcurrido el plazo de sesenta (60) días que el art. 23 de la ley 10.869 establece sin que el Concejo Deliberante se hubiera expedido en relación a las cuentas del ejercicio vencido -2012, en el caso-, ellas quedaron aprobadas, situación que robustece la declaración de abstracta de la cuestión en debate. Tal conclusión, en verdad, no es posible entenderla sino en su vinculación al marco legal en el que se inserta, esto es, la citada ley orgánica del Tribunal de Cuentas provincial.
Dentro de tal esquema, la ley prevé una secuencia temporal –parcialmente alterada en su redacción original por la ley 13.963- para que el expediente de rendición de cuentas municipal transite una primera etapa ante el Concejo Deliberante –y paralelamente en la Delegación de Relatoría del Tribunal de Cuentas que territorialmente corresponda, dado lo reglado en el art. 24 inciso 1° de la ley en su texto aprobado por ley 13.963- para luego ingresar a una segunda que es la propia del órgano de contralor provincial, consistente en la revisión de las cuentas.
De allí que, en orden a facilitar el tránsito de una etapa a la siguiente, la norma estableció un mecanismo de aprobación ficta –frente al silencio del Concejo Deliberante en punto a la aprobación o desaprobación expresa- por cuyo conducto se permitiría al Tribunal de Cuentas entrar al análisis de las cuentas y al deslinde de responsabilidades consecuentes, en los términos del art. 14 de la ley 10.869 en términos razonables y en los tiempos que también taxativamente esta norma impone.
Esta interpretación, a la que es necesario llegar en atención a la imprecisa redacción de la norma en el punto, es la que más se compadece con la clara atribución competencial que la Constitución provincial, en su art. 192 inc. 5°, confiere al régimen municipal de “examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas” y con la concreta previsión del art. 66 de la L.O.M. cuando fija que “examinadas las cuentas, el Concejo resolverá de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 192, inciso 5° de la Constitución”.
Una lectura diversa a la que se propone, importaría tanto como vaciar de contenido las cláusulas constitucionales citadas al fijar un plazo –de suyo arbitrario y ajeno al texto constitucional- para la realización de un acto correspondiente a uno de los departamentos componentes del régimen municipal y a través de una ley –obviamente de rango manifiestamente inferior- enmarcada, para más, tan sólo en la definición de competencias, estructura y funcionalidad de un órgano ajeno [Honorable Tribunal de Cuentas] por completo a aquellas instituciones municipales.
En suma, ni el art. 23 de la ley 10.869 -en su redacción actual- ni ningún otro precepto legislativo pueden impedir, obstaculizar o neutralizar la función constitucional que se le asigna al Concejo Deliberante de "examinar y resolver sobre las cuentas", competencia que debe ser ejercida aún luego de que haya expirado el plazo que fija el reseñado precepto. El Concejo Deliberante no puede ser excusado por la Legislatura Provincial de examinar para luego aprobar o rechazar las cuentas municipales: cualquier norma que así sea entendida, adolece de un grave vicio de constitucionalidad, ya ha sido voluntad del constituyente provincial que los ciudadanos del Municipio, representados a través de sus ediles, sean los que -en definitiva- controlen el correcto uso de la hacienda pública, por fuera de la misión que el art. 159 de la Constitución bonaerense le asigna a un órgano externo e independiente como lo es el Tribunal de Cuentas allí creado.
Para mas, en la situación que nos ocupa, en la que es posible verificar el esfuerzo y la acción de los ediles por controlar la gestión de los intereses comunitarios a través de un análisis concienzudo de las cuentas municipales –más allá de las especulaciones o conjeturas que, en contrario, esbozara la demandada-, no cabe predicar otra conclusión. Es que so capa de un respeto irrestricto del reseñado plazo legal, bien podrían abrigarse solapadas actitudes reñidas con la norma constitucional deshonrando, así, la facultad examinada, ya dejando transcurrir los días sin someter a discusión la rendición de cuentas, ya retaceando la información necesaria para un adecuado análisis de los cuadros y estados contables sometidos al escrutinio del órgano constitucional de contralor político de la gestión de la hacienda pública, máxime cuando, como se viera, estuvo a la mano de las autoridades interesadas brindar toda la información requerida o acreditar haberlo así hecho. Por otra parte, constato con la documentación aportada al proceso, que el propio Municipio –aún vencido aquel plazoprosiguió con su actitud de poner a consideración del pleno del Concejo Deliberante las cuentas de ejercicio –actividad trunca por la medida cautelar dictada-, postura que vino después a modificar con la sola finalidad de poner fin a esta contienda.
Y en este andar, corresponde dejar en claro –por si hiciera falta- que la citada medida cautelar, en tanto suspensiva del tratamiento de la rendición de cuentas en cuestión por el pleno del Concejo Deliberante, impide –por su propia naturaleza- el transcurso de todo plazo que pudiera haber estado corriendo.
III. Así las cosas, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 378/387 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 345/368, en cuanto declaró abstracta la cuestión sometida a la jurisdicción. Dado lo anterior, debería acogerse el remedio intentado por los accionantes [medida autosatisfactiva] a efectos de que se les permita acceder - siempre que conserven su cargo de ediles municipales- a la documentación que indicaran en su escrito liminar y su ampliación [v. fs. 62 y 82], no ya bajo la forma de un mandamiento de exhibición –como originariamente se solicitara- sino a través de su exposición a los actores –por un término no superior a los quince [15] días hábiles administrativos-, en las propias dependencias comunales – donde por norma deben hallarse en custodia-, contados a partir de adquirir firmeza la presente sentencia, para luego dar continuidad al tratamiento por el Concejo Deliberante Municipal a la rendición de cuentas del año 2012. Atento la forma en que se propone resolver la cuestión, las costas de ambas instancias deberían imponerse a la demandada, vencida [arts. 68 y 274 del C.P.C.C.].
En consecuencia, doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la cuestión planteada también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. Contra la sentencia de 345/368, la demandada –en debida forma notificada el 10-12-2013, v. cédula agregada a fs. 372- interpuso el recurso de apelación que da cuenta el escrito de fs. 374 el 16-12-2013 –v. cargo a fs. 374 vta.-, agraviándose por el modo en que el juez de grado impuso las costas del proceso –por su orden- propiciando que las mismas sean impuestas a la parte actora.
II. Tiene dicho este Tribunal que si bien la concesión de los recursos de apelación es una tarea que corresponde liminarmente al magistrado de grado, ésta debe ser complementada luego con el más exhaustivo examen de admisibilidad que le corresponde practicar a la Alzada conforme las normas en juego, desde que el Tribunal es el juez del recurso ordinario y entre sus innegables facultades está la de constatar, por ejemplo, si éste fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la legitimación o el interés de quien recurre -entre otras cuestiones-, sin estar atado ni por lo resuelto por el a quo ni por lo acordado por las partes [cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 89.863 “Bunge”, sent. del 28-V-2008; doct. esta Cámara causas P-2795-DO1 “Orpelli”, sent. del 29-IX-2011; P-2907-MP2 “Fresno”, res. del 29-XI-2011; C-3450-MP1 “Raschetti”, res. del 8-XI-2012; P-3849-MP1 “Correa”, res. del 4-IV-2013; P-4090-MP2 “Jaureguiberry”, res. del 30-V-2013 -y sus citas-; entre otras].
Siguiendo tales pautas, corresponde concluir que el remedio intentado lo fue extemporáneamente, por lo que la declaración de inadmisibilidad se impone.
Partiendo de que al presente proceso el a quo confirió trámite sumarísimo –regulado por el art. 496 del C.P.C.C., por conducto del art. 77 inc. 1° del C.P.C.A., v. res. de fecha 13-06-2013, a fs. 79/80-, contingencia procesal consentida y, por ello, firme para las partes, no es sino a la luz de tal regulación que corresponde meritar la tempestividad del recurso introducido.
En el caso –capturados por la previsión del inc. 4° del art. 496 del C.P.C.C.- el plazo para apelar es de 2 (dos) días –v. inc. 2° del citado artículo-.
El recurso intentado contra la sentencia liminar de fs. 345/368 -notificada, como ya se dijera, el 10-12-2013 [v. cédula a fs. 372]-, lo fue a través del escrito ingresado en la Mesa Receptora de Escritos del Juzgado de Paz de Villa Gesell el 16-12-2013 a las 11.36 horas –v. cargo a fs. 374 vta.- y siendo que el plazo para ejercer el derecho en tiempo hábil vencía, en el caso, el día 12-12-2013 –o, a más tardar, el 13-12-2013 dentro del plazo de gracia, conf. art. 124 tercer párrafo del C.P.C.C.- la presentación de marras – producida el día 16-12-2013- devino extemporánea y, así, formalmente inadmisible [v. Resolución S.C.B.A. 1030/10].
III. Corolario de lo anterior, correspondería declarar mal concedido el recurso por mediar extemporaneidad en su presentación [art. 496 incs. 2 y 4 del C.P.C.C.].
Voto, en consecuencia, por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la cuestión planteada también por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. A fs. 130/141 –con fecha 25-06-2013- la demandada apela la concesión de la medida cautelar decretada por el juez de grado a fs. 93/95 a instancias de los actores, resolución que le fuera notificada mediante oficio diligenciado el 19-06-2013 [v. fs. 246].
En el punto “II.- Normativa aplicable” del aludido libelo –v. fs. 130 vta.-, la demandada expresó que “…teniendo presente que el recurso de apelación se interpone en relación en función de la aplicación del art. 246 C.P.C.C., esta parte deberá fundarlo dentro de los cinco días de la providencia que lo acuerde…”, citando un precedente de esta Cámara en tal sentido.
El a quo, por resolución de fecha 1-10-2013 –v. fs. 268- lo concedió en relación y con efecto devolutivo, en los términos de los arts. 55 y sgtes. y 77 del C.P.C.A. y 242, 246 y 250 del C.P.C.C.. Con posterioridad, el 8-10-2013, presentó su fundamentación –v. fs. 278/292- y, por resolución del 11-10-2013, se ordenó correr traslado del recurso a la parte actora y formar el legajo de apelación pertinente –v. fs. 293-.
Contestado el traslado por los actores –v. escrito de fs. 299/305-, se lo tuvo presente por auto de fs. 307, no surgiendo ni del expediente ni de los registros de este Tribunal, que el legajo conformado con el recurso, hubiera arribado antes de ahora a este organismo.
II. Tal y como ha sido votada la primera cuestión sometida al Acuerdo, esto es, receptando favorablemente la medida de exhibición requerida por los actores lo que implica, en suma, el acogimiento de la pretensión, deviene abstracto el tratamiento del recurso de apelación deducido por la demandada tendiente a obtener se deje sin efecto la medida cautelar dictada. Es que habiendo sido consagrado el derecho en cabeza de los actores según el resultado de la votación a la primera cuestión, es claro que la medida cautelar –cuyo objeto preventivo reconocía su razón de ser en la necesidad de asegurar la eficacia de la sentencia durante la tramitación del proceso para no tornarla eventualmente estéril -si ella era favorable a los actores, como finalmente lo fue-, ya desempeñó eficazmente su función protectoria cesando, en consecuencia, su concreta operatividad con la condena definitiva y, de tal suerte, la necesidad de expedirse concretamente respecto a la viabilidad –o no- de su procedencia.
Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas, ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, donde el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 69.134, "Intendente Municipal de La Plata", sent. del 23-VII-2008; B. 63.874 "Municipalidad de Vicente López", sent. de 27-XI-2013; esta Alzada causas A- 524-DO0 “Porretti”, sent. del 22-IV-2008; A-3768-MP0 “Allende”, sent. del 5-III-2013 –y sus citas-). Y ese interés es el que juzgo inexistente en el sub iudice por cuanto ningún efecto tendría expedirse sobre una medida cautelar cuya efectividad ha quedado agotada a partir del dictado de una sentencia favorable a los intereses de los actores. Voto, en consecuencia, por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad con los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 378/387 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 345/368, en cuanto declaró abstracta la cuestión sometida a la jurisdicción. Dado lo anterior, condenar a la Municipalidad de Villa Gesell a que permita a los actores -siempre que conserven su cargo de ediles municipales- acceder a la documentación que indicaran en su escrito liminar y su ampliación [v. fs. 62 y 82], a través de su exposición por un término no superior a los quince [15] días hábiles administrativos, en las propias dependencias comunales, contados a partir de adquirir firmeza la presente sentencia, para luego dar continuidad al tratamiento por el Concejo Deliberante Municipal a la rendición de cuentas del año 2012.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, vencida [arts. 68 y 274 del C.P.C.C.].
2. Declarar mal concedido el recurso de apelación que da cuenta el escrito de fs. 374, atenta su manifiesta extemporaneidad [art. 496 incs. 2 y 4 del C.P.C.C.].
3. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 130/141 por la parte demandada.
4. Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia