Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata.tributario · Causa 4814
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte accionante a fs. 877/893, revocar el pronunciamiento de grado obrante a fs. 851/871 y, consecuentemente, admitir la demanda promovida por la firma ANPA S.R.L., declarando la inconstitucionalidad –e inaplicabilidad respecto de la citada empresa- de la reforma introducida por la Ord. N° 3770/09 al inc. 3° del art. 178 del Código Tributario Municipal en cuanto modificó la base de cálculo de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública.
Atento el nuevo resultado del pleito y de conformidad a lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C. –aplicable al rito contencioso administrativo por conducto del art. 77 del C.P.C.A.- las costas de la instancia se imponen a la demandada, en su condición objetiva de vencida. Con relación a las de alzada, atento no haber mediado contradicción, se las impone en el orden causado [art. 51 inc. 1º del C.P.C.A. –texto según ley 14.437].
2Consecuentemente con el resultado plasmado en el punto anterior, readecuar los honorarios determinados en la instancia, fijando por las tareas realizadas en el grado, los estipendios profesionales correspondientes al Dr. Héctor Enrique Porrez –letrado apoderado de la parte accionante- en la cantidad de pesos VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($ 29.815,00) con más los aportes de ley (arts. 1,14,16, 31, 44 y cdtes. del Dto. ley 8904/77; arts. 12, 14 y cdtes. ley 6716), tomándose como base regulatoria el valor sobre el cual el juez de grado ordenó la …
En la ciudad de Mar del Plata, a los 07 días del mes de octubre del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-4814-DO1 “ANPA S.R.L. c. MUNICIPALIDAD DE PINAMAR s. PRETENSIÓN ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores rechazó la demanda promovida por la firma ANPA S.R.L. contra la Municipalidad de Pinamar. Impuso las costas a la parte vencida y reguló honorarios profesionales.
II. A fs. 912 la parte accionante interpuso recurso de apelación en los términos del art. 57 del Dto. ley 8904/77 por considerar altas las regulaciones de honorarios practicadas a favor de los letrados intervinientes en autos. El citado remedio fue concedido a fs. 913.
III. Declarada por esta Cámara la admisibilidad formal del recurso de apelación deducido a fs. 877/893 por la parte accionante [cfr. Res. de fs. 921/922], y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde plantear las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto a fs. 877/893 por la parte accionante?
En caso afirmativo, 2. ¿Corresponde declarar abstracto el recurso de apelación interpuesto a fs. 912 en los términos del art. 57 de Dto. ley 8904/77?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. A fs. 851/870 el a quo dictó sentencia rechazando íntegramente la demanda articulada por la firma ANPA S.R.L. por conducto de la cual procura la nulidad de la Ord. N° 3770/09 en cuanto, introduciendo modificaciones al art. 178 inc. 3 del Código Tributario Municipal [Ord. N° 3062/2003 t.o. por Dto. N° 1234/2007] altera la base de cálculo para la liquidación y cobro de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con mesas, sillas y sombrillas.
Para así postularlo el a quo tuvo por indubitado que: (i) la actora explotaba el rubro comercial cafetería ocupando la vía pública con sillas y sombrillas; (ii) que la superficie ocupada equivalía a 665 mts. cuadrados; (iii) el kit de bienes muebles se componía por 53 mesas y sus pertinentes sillas.
Con tales datos en mira, sostuvo que el thema decidendum consistía en determinar la ilegitimidad –o no- de la reforma introducida al art. 178 del Código Tributario municipal y, en caso de responder afirmativamente lo anterior, si debía tenerse por cancelada la Tasa de Ocupación de la Vía Pública a tenor del pago por consignación efectuado por la firma actora en estas actuaciones.
Centrado el tema bajo discusión, recordó que la ocupación del espacio público –vereda - constituía un “uso especial” de los bienes del dominio público que genera para aquel que lo usufructúa la obligación de pagar un canon que, en la especie, puede asimilarse técnicamente al concepto de tasa. Sustentándose en citas doctrinales, jurisprudenciales y legales (con particular referencia a los arts. 24, 25, 27, 107, 108, 162, 226, 227 y 228 de la L.O.M.) recordó que los municipios tienen el poder de crear impuestos y de elegir la materia imponible sin más límites que los establecidos en la Const. Nacional y en el art. 192 de la Carta Magna provincial. Precisado ello, expuso que la Comuna, mediante Ordenanza 3062 -t.o. Dto. N° 1234/2007, había sancionado el Código Tributario Municipal, creando la Tasa por Ocupación de Espacios Públicos a la vez que estableciendo, a partir de la sanción de la Ord. N° 3770/09, modificaciones a la base de cálculo de la mentada gabela y que, según la visión de la accionante, violentarían los principios de legalidad, razonabilidad y no confiscatoriedad.
En cuanto a la denunciada afectación del principio de legalidad, el a quo descartó que la Comuna careciera de habilitación legal tanto para crear la gabela como para, en su caso, proceder a modificar “el criterio para el cobro” - base de cálculo- de la tasa por ocupación de espacios públicos.
Descartó asimismo que la modificación introducida por la Ord. 3770/09 al art. 178 del Código Tributario municipal tradujera afectación a los principios de razonabilidad, propiedad y de no confiscatoriedad. Para así postularlo argumentó que si bien la pericia contable obrante en autos –a la que calificó como excelente- patentizaba la existencia de un importante incremento en el monto del tributo, la mentada variación distaba de presentarse como “irrazonable o confiscatoria”. Y si bien es cierto –ahondó- que la tasa correspondiente al año 2010 (calculada a la luz de la reforma impugnada) ostentaba un notorio incremento porcentual, no lo es menos que el criterio entonces vigente a los efectos de calcular la gabela “resultaba exiguo” en relación a los ingresos netos que al comercio le generaba la explotación de las mesas y sillas colocadas en el espacio público. Asimismo, resaltando la legitimidad de la modificación de la estructura tributaria por parte de la Comuna, explicó que “gran parte de las ganancias obtenidas … derivan del usufructo del permiso otorgado por el Municipio”. A lo anterior, agregó –apoyándose en las conclusiones de la pericia- que el 50% de los beneficios de la firma accionante se producían durante los meses de enero y febrero, extremo que –en su visión- demuestra que los mayores ingresos resultan ser por el uso de las mesas y sillas que ocupan el espacio público.
Continuando con el examen del informe pericial, destacó que la capacidad contributiva de la firma actora resultaba un dato que debía ser tenido en cuenta en la especie. Así, ponderando que a partir de la modificación del Código Tributario Municipal, la incidencia de la Tasa correspondiente al año (calculada en la cantidad de $ 116.242,00) con relación al total de las ventas efectuadas en ese período ($ 6.670.821,92) solo representaba un valor porcentual de 1,7425, descartó que pudiera proyectarse la existencia de una afectación a la garantía de propiedad y no confiscatoriedad.
Por último, expuso que la reforma efectuada por la Ord. 3770/09 al art. 178 del Código Tributario distaba de afectar las garantías de igualdad, isonomía y proporcionalidad. Es que –aseveró- la modificación de la base de cálculo del tributo lo ha sido con alcance general, esto es, con proyección a todos los sujetos obligados al pago de la gabela, extremo que autoriza a descartar la pretendida violación del derecho de igualdad.
Finalmente, recordó que en esta tipología de gabelas no debe necesariamente existir “proporcionalidad entre el servicio prestado y la tasa”. Lo único que cabe exigir es la efectiva prestación del servicio, extremo que en autos no se discute.
Con todo, descartó que la modificación introducida por la Ord. N° 3770/09 al Código Tributario Municipal, en cuanto incorpora nuevas pautas de cálculo para la Tasa por ocupación de la vía pública, resultara ilegítima y, consecuentemente, dispuso el íntegro rechazo de la pretensión impetrada.
2. Contra el mentado pronunciamiento se alza a fs. 877/892 la firma accionante.
Luego de efectuar una reseña de los antecedentes de la contienda la recurrente organiza su crítica desde distintas vertientes. En primer término, pone de resalto el desenfoque en que incurre el inferior cuando, al fijar el thema decidendum, postula que debe pronunciarse sobre un asunto - pago por consignación de la Tasa por ocupación de la vía pública- que, a tenor de lo resuelto en autos, no forma parte del debate.
Es que, a fs. 64 de estas actuaciones el a quo dispuso rechazar por improcedente la pretensión de pago por consignación entonces impetrada en autos, razón por lo cual, el único asunto al que debió ceñir su juicio el inferior resulta ser el vinculado a la pretensión anulatoria –por inconstitucional- direccionada contra la reforma introducida por la autoridad municipal al art. 178 del Código Tributario Municipal.
Seguidamente, argumenta que jamás ha puesto en crisis la potestad tributaria de los municipios y menos aún la posibilidad de la Comuna de Pinamar de crear o de modificar la tasa por ocupación de espacios públicos. Lo que se ha pretendido poner de resalto en autos, rememora, es que el modo como ha ejercido su prerrogativa la accionada traduce una grave afectación de la garantía constitucional de propiedad y no confiscatoriedad, pues la cuantía del gravamen, en su aplicación al volumen y giro comercial y patrimonial resulta “prohibitivo, destructivo y confiscatorio”.
Abonando su razonar, refiere que la pericia contable practicada en autos resulta por demás demostrativa de la irrazonabilidad y desproporción del gravamen a partir de la reforma introducida por la Ord. N° 3770/09 al art. 178 del Código Tributario. Así, las variaciones porcentuales de la tasa correspondiente al año 2009 –calculada por aplicación del viejo régimen- y la correspondiente al período 2010 – calculado con la fórmula reformada- asciende a un porcentual equivalente al 1414% (esto es, de $ 7680 a $ 116.242). Asimismo, sostiene que el a quo ha efectuado una lectura sesgada de la pericia contable en tanto solo se focaliza en la incidencia porcentual que la tasa correspondiente a los años 2009 y 2010 tiene sobre los ingresos por ventas brutas de la empresa (de $ 5.841.101,65 en el año 2009 y $ 6.670.821,92 en el año 2010), desconociendo otras constancias documentales obrantes en autos –tales como el balance y el formulario AFIP F 713- de los que surge que el resultado final (ganancias) del ejercicio contable del año 2009 fue de $ 108.762,81 y el correspondiente al período 2010 (en concreto hasta el mes de octubre) fue de $ 117.552,97. Siendo ello así, basta contrastar la suma reclamada en concepto de tasa por ocupación de la vía pública por el período 2010 ($ 116.242) con la ganancia real de la firma para tener por acreditada la irrazonabilidad de la reforma dispuesta por la Ord. N° 3770/09 respecto de la base de cálculo del tributo. También yerra el a quo cuando, para descartar la afectación de la garantía de propiedad y no confiscatoriedad postula que el aumento que trasunta el tributo resulta exiguo. Si bien reconoce que la incidencia porcentual del tributo sobre las ventas brutas correspondientes al año 2010 importa una variación de 0.33% a 1.7425%, no puede desconocerse que objetivamente la Tasa se incrementó en 1.414%, pasando de los $ 7680 que se abonaron en el año 2009 a la irrazonable cantidad de $ 116.242 que se reclama por el período 2010.
Finalmente, efectúa un análisis doctrinario y jurisprudencial de los principios tributarios que entiende violentados por la reforma tributaria impugnada – razonabilidad, propiedad, no conficatoriedad, capacidad contributiva, igualdad, proporcionalidad y equidad- y solicita se revoque el fallo de grado.
Ad eventum, para el caso de no merecer auspicio su queja, peticiona se modifique el alcance de la condena en costas fijado en el grado, imponiéndoselas en el orden causado.
II. El remedio es de recibo.
1. Liminarmente he de advertir que en la especie no fue alegada por la Municipalidad demandada –al momento de contestar la acción- la improponibilidad de la presente pretensión anulatoria articulada contra la Ordenanza Municipal N° 3770, que modifica el art. 178 inciso 3° de su homóloga 3062, t.o. decreto 1234/2007 [cfr. fs. 804/817]. Y siendo que esta Cámara ha fijado que dicha defensa requiere de un expreso planteo de parte interesada durante el período de traba de la litis, se valora la prudencia judicial del sentenciante de grado de no resolver sobre la mentada improponibilidad ni en la oportunidad del art. 31 del C.P.C.A. ni menos todavía frente al silencio de la Municipalidad demandada al respecto [cfr. doct. esta Cámara causa C-4799-MP1 “Dublin Group S.A.”, sent. de 26-VI-2014]. Por tanto, entiendo que dicha cuestión no puede ni debe ser abordada por la alzada, a pesar de la solución que habrá de proponerse al Acuerdo.
2. Sentado lo anterior y a tenor de la reseña precedente, la cuestión a dirimir por este Tribunal se circunscribe a determinar si –en el caso- la modificación introducida por la Ord. N° 3770/09 al inc. 3° del art. 178 del Cód. Tributario Municipal, en cuanto alteró la fórmula o base de cálculo para la determinación del quantum de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con mesas, sillas y sombrillas, importa una afrenta a los principios constitucionales vigentes en materia tributaria.
El pilar argumental sustancial sobre el que se apoya la recurrente para postular la inconstitucionalidad de la reforma tributaria encarada por la autoridad municipal reside en la “desproporción” e “irrazonabilidad” del incremento de la tasa que, según argumenta, habría sido aplicado a partir del año 2010 –y en su comparativo con la liquidación correspondiente al período 2009- en más de 1400%. En concreto, postula la apelante que la tasa impugnada violenta la garantía constitucional de no confiscatoriedad en tanto traduce un despojo patrimonial significativo.
3. A fin de encuadrar la contienda en su cauce preciso, pongo de resalto que arriba indubitado a esta Alzada que: (i) la firma accionante explota el rubro comercial cafetería ocupando la vía pública con sillas y sombrillas; (ii) la superficie ocupada equivale a la cantidad de 665 mts. cuadrados; (iii) son 53 mesas -con 4 sillas cada una de ellas- las que ocupan el espacio público; (iv) la fórmula polinómica fijada por el entonces vigente art. 178 del Código Tributario tomaba como base cálculo para determinar la gabela la cantidad de mesas que ocupaban la vía pública [a razón de 1 mesa y 4 sillas = 1 KIT]; (v) la Tasa por ocupación de la vía pública arrojó –para el período 2009- un valor de $ 7.680; (vi) a partir de la entrada en vigor de la reforma dispuesta por la Ord. N° 3770/09 al inc. 3° del art. 178 del Cód. Tributario se modificó la fórmula polinómica del tributo tomándose como base de cálculo la superficie total de la vía pública ocupada; (vii) la Tasa por ocupación de la vía pública arrojó –para el período 2010- un valor de $ 116.242. Con tal marco fáctico en mira, recuerdo que la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien tiene una estructura jurídica análoga a la del impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general [Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332:1503; entre otros] y que al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente [Fallos:
236:2; 251:222: 259:413; 312:1575; 329:792, Q. 20. XLVII
“Quilpe S.A.”, sent. del 9-X-2012, entre muchos otros; esta Cámara causa C-4299-BB1 “Capaccioni”, sent. de 13-V-2014]. Partiendo de tal conceptualización, resalto –ademásque la firma accionante no ha puesto en crisis la potestad tributaria ejercida por la Comuna (ni en lo que refiere a la creación la gabela y menos aún a la posibilidad de introducir modificaciones a la estructura de cálculo del tributo). Tampoco posiciona su queja respecto de la prestación del servicio a cargo del Municipio. El núcleo de su agravio gira en torno a los efectos –en su visión lesivos de la garantía constitucional de propiedad- que la nueva estructura de cálculo del quantum de la gabela arroja.
Precisada la sustancia del debate, adelanto que habré de acompañar la postura esgrimida por la firma actora. a. El principio de no confiscatoriedad procura limitar las eventuales agresiones que sobre el derecho de propiedad de los contribuyentes puedan producir tributos desproporcionados que ocasionen resultados similares a la privación penal de bienes. En definitiva, la función del mentado principio radica en la prohibición del exceso, lo que a su vez se conecta con la idea de medida justa del quantum de la gabela. Se ha señalado de manera invariable que para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 242:73; 268:57), que a los efectos de su apreciación cuantitativa, exige considerar la productividad posible del bien o actividad, esto es su capacidad productiva potencial (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 248:285 –considerando 3° y su cita-; 265:56). Asimismo la Corte Federal ha requerido “una prueba concluyente a cargo del actor” acerca de la existencia de la conficatoriedad alegada (cfr. dcot. C.S.J.N.; 220:1082; 239:157; 314:1293; in re H.442.XXXVIII “Hermitage S.A. c. Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía y Obras y servicios Públicos s. proceso de conocimiento”, sent. de 15- 06-2010).
Por otro lado, y en lo que a la especial imposición que aquí compete –tasa- el Cimero Federal ha considerado equitativo y aceptable que, para fijar la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos, se tome en cuenta no solo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente sino también a la capacidad tributaria de éstos (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 192:139), ello, a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del servicio púbico (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 321:1888).
b. Con tales pautas en mira, y a poco que cotejo la pericia contable obrante a fs. 837/838, encuentro que: (i) el monto correspondiente en concepto de Tasa por Ocupación de la vía pública por el período 2009 ascendió a la cantidad de $ 7.680,00; (ii) la liquidación correspondiente a idéntica tasa, por el período 2010, y bajo los parámetros de la nueva reglamentación –Ord. N° 3770/09- arroja un valor de $ 116.242,00; (iii) la variación porcentual correspondiente a la tasa liquidada por los períodos 2009 ($ 7.680) y 2010 (116.242) equivale al 1.413,57%; (iv) las ventas brutas de la firma ANPA S.R.L. durante el período 2009 ascendieron a la cantidad de $ 5.841.101,65 y durante el período 2010 a la cantidad de $ 6.670.821,92; (v) la incidencia porcentual anual de la tasa de ocupación de la vía pública con relación a las ventas brutas del período 2009 fue del 0,1315% y respecto del período 2010 de 1,7425%.
A partir de tales elementos de juicio, juzgo que la lectura que el inferior efectúa del informe elaborado por experto se desentiende de la desproporcionalidad que, en el caso concreto, proyecta la tasa liquidada por el período 2010 en su comparación con el período correspondiente al año 2009. Repárese que, aplicando la base de cálculo del tributo por conducto de la fórmula vigente durante el ejercicio 2009 [120 módulos * KIT (53 en total, cada kit equivale a 1 mesa y 4 sillas) * coeficiente de ajuste] la suma total a la que ascendió la gabela fue de $ 7.680 –v. pto. 1 de la pericia de fs. 837/838-. Frente a idéntica situación de ocupación de la vía pública (esto es, 53 mesas sobre una superficie total de 665 metros cuadrados), y aplicando la base de cálculo del tributo fijada por la Ord. N° 3790 para el ejercicio 2010 [50 módulos * metros cuadrados de superficie ocupada (665 en total) * coeficiente de ajuste] la suma total a la que ascendió la gabela fue de $ 116.242 –v. pto. 2 de la pericia de fs. 837/838-.
La mera constatación del valor de las sumas liquidadas antes y después de la reforma ($ 7680 –año 2009- vs. $ 116.242 –año 2010-), representativa de un incremento equivalente al 1413,57% (v. punto 4 de la pericia de fs. 837/838), aporta un dato significativo al momento de practicar el juicio de razonabilidad sobre el modo como la Comuna accionada ha materializado la prerrogativa tributaria. Es que, frente a identidad de situaciones [similar ocupación de la vía pública por parte de la firma ANPA S.R.L. durante los años 2009 y 2010 -con 53 mesas sobre una superficie de 665 mts. cuadrados-] y sin variaciones cualitativas respecto del servicio o contraprestación a cargo del Municipio, luce evidente que el incremento del valor del tributo (reitero, equivalente al 1414,57%) ostenta la condición de desproporcionado y con entidad suficiente para afectar la productividad de la actividad de la firma actora. Para más, no soslayo que de haber seguido vigente la anterior fórmula polinómica, por el año fiscal 2010 la sociedad actora debería haber oblado $ 22.234,56 [cfr. pericia fs. 837/837 vta], suma de una magnitud significativamente menor [0.3333%, según fs. 838] que la resultante del cambio de paradigma de cálculo llevado a cabo por la Ordenanza aquí impugnada [1,7425%]. Hago notar además que el importe total de la gabela por el período 2009 ($ 7.680,00) con relación al resultado final del ejercicio contable de la empresa actora por ese mismo período [que, según el formulario AFIP F. 713 asciende a la cantidad de $ 108.762 (v. fs. 67/72)], proyecta una baja incidencia porcentual que luego se desmadra a poco que se efectúa idéntico juicio comparativo entre el importe de la tasa liquidada por el período 2010 ($ 116.242) y la ganancia proyectada por el 2010 y que, según certificación de ingresos y gastos correspondiente a los meses de abril/octubre ascendería a $ 117.523,17 (v. fs. 73/74).
Y si bien no soslayo que la incidencia porcentual de la tasa por ocupación de la vía pública en la facturación bruta correspondiente al año 2009 fue de 0,1315% (esto es, $7680 de Tasa sobre los $ 5.841.101,65 facturados) y la correspondiente al año 2010 de 1,7425% (esto es, $116.242 sobre los 6.670.821,92 facturados), no comparto la visión del inferior cuando, desentendiéndose de la comprobada incidencia de tales valores sobre la productividad de la actividad, los califica de “exiguos”. Solo practicando un examen meramente nominal de la incidencia porcentual de la tasa sobre el total bruto de las ventas del año 2010 (1,7425%) pudo concluir el inferior que la variación del valor de la tasa por ocupación de la vía pública no resulta irrazonable. Aunque cierto que la facturación bruta de la empresa se incrementó de $ 5.841.101,65 en el año 2009 a la cantidad de $ 6.670.821,92 en el año 2010, no puede soslayar el a quo que la mentada variación fue motorizada por el aumento de los costos de los productos comercializados por la firma ANPA S.R.L (v. gráfico 4 obrante a fs. 41 cuyo acierto postulara el perito contador en el pto. 8 de la pericia de fs. 837/838).
Atendiendo a la especificidad técnica que caracteriza a la prueba pericial (argto. doct. S.C.B.A. causa C. 99.934 “Ruiz”, sent. del 09-VI-2010; esta Cámara causa C-2051-AZ1 “Estanga”, sent. del 31-V-2011), cuyas conclusiones son por demás demostrativas de la existencia de una modificación en la fórmula para determinar el quantum de la gabela que, frente a idénticas circunstancias (tanto en lo que refiere a la ocupación de la vía pública -53 mesas y 665 metros cuadrados- como a la contraprestación o servicio a cargo de la Comuna), proyecta un resultado desproporcionado (que se manifiesta en un aumento porcentual de la tasa entre período 2009 y período 2010 del 1413,57%), cabe concluir que a la sociedad actora no puede considerársela -en la especiealcanzada por la reforma introducida por la Ord. N° 3770/09 al inc. 3° del art. 178 del Código Tributario Municipal, desde que el modo como ha quedado materializada la ecuación polinómica de cálculo de la Tasa por Ocupación de la Vía Publica trasunta, en la especie, una carga fiscal atentatoria de la garantía de propiedad y el principio de no confiscatoriedad.
Por lo demás, y habiendo quedado firme el pronunciamiento de fs. 64 que desestimara la restante pretensión impetrada en autos (pago por consignación de la Tasa por ocupación de la vía pública correspondiente al período 2010 por aplicación del vigente art. 178 del Código Tributario Municipal previo a la reforma normativa impugnada), ninguna otra actividad jurisdiccional queda pendiente en la especie, en los términos y en el marco admitido por el art. 50 del C.P.C.A.
Con todo, lleva la razón la apelante en la crítica que en esta parcela le formula a la fallo de la instancia. Y a tenor de las conclusiones esbozadas precedentemente, no solo resulta inoficioso abordar el restante agravio de la firma actora, sino que además, se ha dado debido tratamiento - cumpliendo con el principio de la apelación adhesiva [cfr. cfr. doct. esta Cámara causas V-1117-BB1 “Cortés”, sent. del 21-V-2009; C-1323-DO1 “Duhalde”, sent. del 15-IX-2009; C- 2077-AZ1 “Orellano”, sent. del 14-VI-2011; C-3216-MP2 “Cardinali”, sent. de 16-IV-2013; C-4234-BB1 “Rutas al Sur S.A.”, sent. de 19-XII-2013)- a los planteos de la Municipalidad de Pinamar al momento de contestar la demanda a fs. 804/817.
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte accionante a fs. 877/893, revocar el pronunciamiento de grado obrante a fs. 851/871 y, consecuentemente, admitir la demanda promovida por la firma ANPA S.R.L., declarando la inconstitucionalidad –e inaplicabilidad respecto de la citada empresa- de la reforma introducida por la Ord. N° 3770/09 al inc. 3° del art. 178 del Código Tributario Municipal en cuanto modifica la base de cálculo de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública.
Atento el nuevo resultado del pleito y de conformidad a lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C. –aplicable al rito contencioso administrativo por conducto del art. 77 del C.P.C.A.- las costas de la instancia deberían imponerse a la demandada, en su condición objetiva de vencida. Con relación a las de alzada correspondería imponerlas en el orden causado por no mediar contradicción [art. 51 inc. 1º del C.P.C.A. – texto según ley 14.437].
Asimismo, correspondería por conducto del art. 274 del C.P.C.C. –aplicable al caso por reenvío del art. 77 inciso 1° del C.P.C.A.- readecuar los honorarios determinados en la instancia. En consecuencia, se fija por las tareas realizadas en el grado los estipendios profesionales correspondientes al Dr. Héctor Enrique Porrez –letrado apoderado de la parte accionante- en la cantidad de pesos VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($ 29.815,00) con más los aportes de ley (arts. 1,14,16, 31, 44 y cdtes. del Dto. ley 8904/77; arts. 12, 14 y cdtes. ley 6716), dejándose sin efecto la regulación practicada respecto de los letrados de la Comuna accionada, tomándose como base regulatoria el valor sobre el cual el juez de grado ordenó la tributación de la tasa de justicia, según proveído de fs. 511 y que asciende a la suma de Pesos CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO [$ 165.644,64], considerado valor económico del litigio.
Con el alcance indicado, a la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la primera cuestión planteada también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. A fs. 912 la firma accionante interpuso recurso de apelación en los términos del art. 57 del Dto. ley 8904/77 por considerar altas las regulaciones de honorarios practicadas respecto de los letrados intervinientes en autos.
II. En atención al alcance con el que se acogió el recurso interpuesto a fs. 877/893 por la firma ANPA S.R.L. y la aplicación del art. 274 del C.P.C.C. de conformidad a dicho resultado –según la votación de la primera cuestión-, el tratamiento del presente recurso ha devenido abstracto. Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (cfr. doct. causas Ac. 82.248, sent. de 23-IV-2003; Ac. 85.553, sent. de 31-III-2004, entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. B. 61.703, sent. del 14-II-2000; esta Alzada causa C-3460-DO1 “D´anna”, sent. de 21-IX-2013 y sus citas). Desde tal mirador y en atención al resultado votado en la primera cuestión, juzgo que ha desaparecido en la especie el interés que ostentaba la firma accionante al recurrir ya que los honorarios de la instancia deberán ser costeados por la Municipalidad condenada en costas. Corresponderá declarar abstracto el tratamiento del presente recurso (cfr. doct. esta Cámara causa C-4468-BB0 “Transporte Automotor Plaza SACEI”, sent. de 19-XII-2013).
En consecuencia, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte accionante a fs. 877/893, revocar el pronunciamiento de grado obrante a fs. 851/871 y, consecuentemente, admitir la demanda promovida por la firma ANPA S.R.L., declarando la inconstitucionalidad –e inaplicabilidad respecto de la citada empresa- de la reforma introducida por la Ord. N° 3770/09 al inc. 3° del art. 178 del Código Tributario Municipal en cuanto modificó la base de cálculo de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública.
Atento el nuevo resultado del pleito y de conformidad a lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C. –aplicable al rito contencioso administrativo por conducto del art. 77 del C.P.C.A.- las costas de la instancia se imponen a la demandada, en su condición objetiva de vencida. Con relación a las de alzada, atento no haber mediado contradicción, se las impone en el orden causado [art. 51 inc. 1º del C.P.C.A. –texto según ley 14.437].
2. Consecuentemente con el resultado plasmado en el punto anterior, readecuar los honorarios determinados en la instancia, fijando por las tareas realizadas en el grado, los estipendios profesionales correspondientes al Dr. Héctor Enrique Porrez –letrado apoderado de la parte accionante- en la cantidad de pesos VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($ 29.815,00) con más los aportes de ley (arts. 1,14,16, 31, 44 y cdtes. del Dto. ley 8904/77; arts. 12, 14 y cdtes. ley 6716), tomándose como base regulatoria el valor sobre el cual el juez de grado ordenó la tributación de la tasa de justicia, según proveído de fs. 511 y que asciende a la suma de Pesos CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO [$ 165.644,64], considerado valor económico del litigio. Asimismo, se dejan sin efecto las regulaciones practicada respecto de los letrados de la Comuna accionada.
3. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación articulado a fs. 912 en los términos del art. 57 del Dto. ley 8904/77 por la firma ANPA S.R.L..
4. Por los trabajos realizados ante esta Alzada estese a la regulación practicada por separado.
Regístrese y notifíquese por Secretaría. Fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia