Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver de PENA a M. L. A. de las demás circunstancias personales que constan en autos, en orden al delito de ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE, previsto y reprimido en el art. 119 segundo párrafo del Código Penal por el que oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
) dejar sin efecto las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
LIBRO: CIV REGISTRO: 3528 FOLIO: 010/012
Río Gallegos, 07 de octubre 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, presidida por la Dra. María Alejandra Vila e integrada por el vocal Dr. Jorge Daniel Yance y el Dr. Fernando José Zanetta (por subrogancia legal), actuando como Secretaria la Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "M. L. A./ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE", Expte. N° ****/25 y definir la situación procesal de M. L. A., titular del Documento Nacional de Identidad Nro. **.***.***, argentino, nacido Río Turbio, provincia de Santa Cruz, el día **/**/2007, de 18 años de edad, soltero, instruido, domiciliado en xxxxx N° *** de la localidad de 28 de Noviembre, hijo de C. y O. R. C., quien se encuentra asistido por el Defensor Oficial Dr. Emin Charif Sat, Defensora Complementaria del imputado, Dra. Berta Vivar, Representante Complementario de la víctima, Dr. Diego Salvetti, y la acusación representada por la Fiscal de Cámara Dra. María Verónica Zuvic, de los que;
Que en las presentes actuaciones ha recaído sentencia en fecha **/**/2026, registrada al L° XCIV, R° 3319, F° 022/026, mediante la cual se declaró la responsabilidad penal de M. L. A. en orden al delito de ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE, previsto y reprimido en el art. 119 segundo párrafo del Código Penal. En esa oportunidad, conforme lo dispuesto por la Ley 22.278 (texto según Ley 22.803), este Tribunal difirió el análisis relativo a la necesidad de imponer pena hasta contar con informes actualizados de antecedentes, evaluación psicológica y psiquiátrica, y un amplio informe socioambiental.
Teniendo en cuenta que se ha agregado la documental y la información necesaria, la presente causa se encuentra en estado de dictar sentencia, fijando este Tribunal las siguientes cuestiones a tratar:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es necesario imponer pena a C. G.
B. en orden al delito de ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE (art. 119 2do párr. del Código Penal). por el cual se declaró su responsabilidad penal?
Al respecto el Tribunal dijo:
A fs. 305 se ordenó realizar un amplio informe socioambiental respecto del imputado, se requirió informe actualizado de antecedentes al Departamento Judicial Policial y se dispuso la realización de una pericia psicológica. Del informe elevado por la Lic. en Servicio Social Elizabeth Soto surge que M.
L. A. reside con su madre y que tiene vínculos adecuados con sus hermanos. Asimismo, que se encuentra cursando la escuela secundaria y tiene proyección de continuar con estudios universitarios en Río Gallegos, y en sus tiempos libres ayudar a su padre en su taller mecánico.
De los informes de antecedentes incorporados a fs. 306/308 surge que no posee otros antecedentes además de la presente causa.
Finalmente, la Lic. en Piscología Lorena Beltrán concluyó a fs. 314/315, al realizar el examen mental obligatorio que: “…. se puede inferir que el juicio y criterio de realidad del Sr. M. L. A. se encontrarían conservados. Se advierten indicadores que se correlacionan con los de personalidad neurótica con posibilidad de discriminar entre lo real y lo fantaseado.”
“Las funciones cognitivas estarían conservadas y corresponderían a edad, desarrollo y nivel educativo alcanzado.” “… Se podría inferir que el evaluado posee una personalidad controlada, donde apelaría al uso de mecanismos rígidos y metódicos para control de los impulsos agresivos y manejo de la ansiedad.” “Al momento de la evaluación no se advierten trastornos psicopáticos que pudieran provocar alteraciones en la conciencia, es por ello que se infiere que al momento de los hechos que se investigan, el evaluado habría podido comprender sus actos y dirigir sus acciones.”
Luego se corrió vista a las partes, a fin de que se expidan sobre la procedencia o no de imponer pena al imputado.
La Sra. Fiscal de Cámara se expidió a fs. 321/vta y dictaminó que: “En el caso de M. L. A., nos encontramos frente a un joven de 19 años, siendo la causa que nos convoca el único contacto la ley penal. Es una persona que se encuentra finalizando sus estudios secundarios, junto con su progenitora y que manifiesta expectativas de iniciar una carrera universitaria.
"Es un joven que manifiesta haber transitado una etapa difícil durante la pandemia (fecha en la que se sitúan los hechos), lo que motivó el inicio de un espacio psicoterapéutico".
"En suma es una persona inserta social y afectivamente, con proyección de vida y superación personal y la pena, en este caso, no tiene un fin que cumplir".
"Es por lo expuesto que considero que debe Absolverse de la imposición de Pena por el delito que se le enrostrara, de acuerdo a lo estipulado por el art. 4º último párrafo de la Ley 22278”.
Corrida vista a la defensa técnica, el Dr. Emin Charif Sat se expidió a fs. 323 y, de conformidad con el criterio sustentado por la Sra. Fiscal de Cámara, solicitó que se absuelva de pena a su asistido, de acuerdo con lo previsto por el art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278.
Se corrió vista a la Dra. Berta Vivar, en carácter de Representante Complementario del imputado, quien se expidió a fs. 325 y compartió lo expresado por la Sra. Fiscal de Cámara y por el Defensor Oficial. En consecuencia, consideró que correspondía absolver a M. L. A. de la imposición de pena, de conformidad con lo estipulado en el art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278.
Finalmente, se corrió vista al Dr. Diego Salvetti, en carácter de Representante Complementario de la víctima, y dictaminó a fs. 327/vta considerando que coincide plenamente con la evaluación formulada por la Sra. Fiscal a fs. 320, y que la aplicación de una sanción punitiva resulta innecesaria e inconveniente en el presente caso.
Analizados los informes periciales y de antecedentes que constan en autos, y teniendo en cuenta los dictámenes presentados por las partes, corresponde ingresar al análisis relativo a la necesidad actual de imponer pena a M. L. A..
En primer término, corresponde recordar los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Maldonado”, en cuanto sostuvo que la pena impuesta a una persona por un delito cometido mientras era menor de edad debe respetar el mandato de asegurar que esas sanciones tengan como finalidad preponderante la resocialización, conforme lo previsto por el art. 40 inc. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Que se observa coincidencia de opiniones de los tres Ministerios Públicos en lo que se refiere a la situación de M. L. A. por el que requieren la absolución de pena.
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia del 19 de noviembre de 1999, en el caso “Villagrán Morales y otros” (Niños de la calle) Serie C, N° 63, sostuvo que “la pena, no es una instancia retributiva, sino que lo único que justifica la imposición de la misma, más aún en el proceso penal juvenil es la prevención especial positiva. Y como bien detallé precedentemente, no se ha probado en autos, la necesidad de imposición de pena, para la reinserción social del joven” La necesidad de pena a que hace referencia el régimen de la ley N° 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a la gravedad el hecho o a la peligrosidad (…). Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a la importancia de promover la reintegración social del niño y que este asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40 inc. 1) (CSJN, Fallos 328:4343).
En este caso, se advierte que M. L. A. se ha reintegrado a la sociedad, y no ha vuelto a cometer otro delito.
Es por ello, de acuerdo a lo manifestado por las partes, corresponde absolver a M. L. A..
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Al respecto el Tribunal dijo:
Por todo lo expuesto, oídos los Ministerios Públicos y por aplicación del art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278 (texto según Ley 22.803), corresponde prescindir de la imposición de pena y, en consecuencia, absolver de pena a M. L. A. en orden al delito de ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE (art. 119 2do párrafo C.P.) por el cual oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
Es oportuno mencionar con relación a la entrada en vigencia de la Ley 27.801 -que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil-, que no corresponde evaluar su aplicación en el presente caso atento el temperamento adoptado.
Finalmente, corresponde dejar sin efecto las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
En virtud de la deliberación del acuerdo que antecede y conforme lo estipulado por los arts. 382 y 383 del CPP y el art. 4, último párrafo, de la Ley 22.278 (texto según Ley 22.803), la CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL;
1. ABSOLVER DE PENA a M. L. A. de las demás circunstancias personales que constan en autos, en orden al delito de ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE, previsto y reprimido en el art. 119 segundo párrafo del Código Penal por el que oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
) DEJAR SIN EFECTO las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
3. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, una vez firme, REMÍTASE a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance - juez- Dr. Fernando Zanetta - juez-ante la Dra. Gabriela Mansilla - secretaria-.
Fin de la sentencia