Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 46.358-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por mayoría, rechazar la Excepción de Litispendencia planteada por la actora y suspender el tramite de la presente causa hasta que recaiga pronunciamiento judicial firme en la causa radicada ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 1, Secretaría N° 1, “Cámara de Empresas de Control Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) c/ AFIP s/ Impugnación de Acto Administrativo” Expte. FSM 8081/2019, poniendo a cargo de las partes intervinientes en autos la comunicación del acaecimiento de dicha circunstancia a este Tribunal.l
2Imponer las costas en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-52211174-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 20 de Mayo de 2024 EMPRESAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CECAITRA) ASOCIACIÓN CIVIL - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Expte. N° EX-2022-134530642 -APN-SGAI#TFN, caratulado “CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CECAITRA)
ASOCIACIÓN CIVIL s/recurso de apelación”.
I. Que, mediante RE-2022-134528301-APN -SGAI#TFN - la actora interpone recurso de apelación contra las resoluciones n° 76/2022, n° 77/2022 y n° 78/2022 (DV MRR2), todas de fecha 15 de noviembre de 2022, suscriptas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro de la A.F.I.P. - D.G.I., mediante las cuales se determinaron de oficio las obligaciones del contribuyente en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2018, en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 07/17 a 06/2018, inclusive, y en el Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas- períodos fiscales 07/17 a 06/2018, en todas ellas con más sus intereses y en el caso de la última resolución multa del artículo 46 de la ley n°11.683 de tres veces el importe evadido.
La recurrente opone de forma previa la excepción de litispendencia, del presente con relación a la demanda judicial que tramita ante la Justicia Federal de San Martín, en tanto -según su consideración- se verifican los presupuestos jurídicos que hacen a su progreso, lo que conllevaría a la paralización de estas actuaciones hasta tanto se resuelva la cuestión central de la causa judicial.
Explica que las resoluciones apeladas en autos tendrían su causa jurídica inmediata -y destaca que es el propio juez administrativo quien lo reconoce en forma expresa- en la Resolución Nº 134/2018 (DI RMIC), de fecha 22 de octubre del 2018, dictada por el Jefe (Int.) de la División Fiscalización Nº 2 a cargo de la Dirección Regional Microcentro de la A.F.I.P. - D.G.I.
En dicha Resolución, la Administración Fiscal resolvió no hacer lugar al recurso de apelación por ante el Director General (artículo 74 del decreto reglamentario de la ley n° 11.683), interpuesto por la recurrente contra la Resolución nº 15/2018 (DV MGDE) de fecha 6 de marzo del 2018, por la que se dispuso revocar el Certificado de Exención que gozaba en los términos del artículo 20 inciso (f), de la ley de Impuesto a las Ganancias nº 20.628. y como consecuencia, dejo sin efecto la exencion que de manera retroactiva (a partir del partir del 1º de julio del 2011 y hasta la fecha del dictado de la resolución en cuestión). Por último señala que, sin perjuicio de las defensas jurídicas y técnicas que detenta para que se revoque los actos administrativos objetos del recurso, no tendría firmeza la resolución madre por estar impugnada ante la Justicia Federal de San Martín, mediante demanda contenciosa judicial impugnativa de aquel acto administrativo en los términos del artículo 23 inciso (c), de la ley n° 19.549.
II. Que, mediante la PV-2023-19796637-APN-VOCIII#TFN se da traslado del recurso interpuesto al Fisco Nacional, quien contesta bajo el IF-2023-39268627-APN-DTD#JGM, solicitando -en lo pertinente- el rechazo de la excepción de litispendencia planteada por la recurrente, con expresa imposición de costas. Expresa que la litispendencia se basa en la identidad de partes, causa y objeto, y que en el caso, no se configuraba las premisas mencionadas, en tanto el objeto que se tramita en sede judicial en nada se relaciona con las ventiladas en las presentes actuaciones.
Resalta que en sede judicial la actora está apelando las resoluciones n°134/2018 (DI RMIC) y n°15/2018 (DV MGDE), mientras que en autos se apelan las resoluciones n º76/2022 (DV MRR2), nº 77/2022 (DV MRR2) y nº 78/2022 (DV MRR2), es decir, resoluciones bajo distintos números, fechas, contenido y emanadas de secciones diferentes del Fisco.
Detalla que en sede judicial está persiguiendo se deje sin efecto una exención que le fuera revocada, mientras que aquí se están discutiendo determinaciones de impuestos.
Respecto a la resolución que revocó la mencionada exención y a lo aludido por la recurrente acerca de que no se encuentra firme, manifiesta que el recurso interpuesto contra la misma carece de efecto suspensivo, en consecuencia, dicho acto administrativo apelado (la revocación de la exención) goza de presunción de legitimidad y posee fuerza ejecutoria a fin de hacer valer las obligaciones allí establecida.Cita jurisprudencia en favor de su popstura.
III. Que mediante PV-2024-41581186-APN-VOCVI#TFN se resuelve tratar como de previo y especial pronunciamiento la excepción de litispendencia planteada por la actora y mediante IF-2023- -APNVOCIII#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que, corresponde expedirse respecto de la excepción de litispendencia planteada por la actora, y el pedido de suspensión del presente proceso hasta tanto sea dictada sentencia en los autos “Cámara de Empresas de Control Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) c/ AFIP s/ Impugnación de Acto Administrativo” Expte. FSM 8081/2019, en trámite ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 1, Secretaría N° 1.
Que ahora bien, tal como lo analizó la Sala B -en su anterior composición- en el fallo “Colegio Farmaceútico de Jujuy s/recurso de apelación” Expte. Nº 46.358-I, de fecha 21/12/2017 de aristas similares al presente, debe señalarse que existe litispendencia cuando se tramitan dos procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es decir, frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos.
Afirma Alsina que “dos acciones, son iguales cuando intervienen las mismas personas, tienen la misma causa y se dirigen al mismo objeto” (Alsina, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial, Tº 1,pág. 376).
Por su parte, Lino E. Palacios (“Manual de Derecho Procesal Civil” -Tomo I) y Osvaldo Alfredo Gozaine (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 271 y ste) señalan que para la procedencia de la excepción que nos ocupa se requiere también que ambos procesos sean susceptibles de sustanciarse por los mismos trámites.
En definitiva, la excepción de litispendencia tiene como fundamento la necesidad de evitar que una misma pretensión sea objeto de un doble conocimiento, lo cual posibilitaría que sobre las mismas recaigan sentencias contradictorias.
Cabe aclarar que la ley 22.434 modificó el artículo 190 del C.P.C.C.N. y eliminó la posibilidad de obtener la acumulación de procesos mediante la excepción de litispendencia, por entender que sólo pretende evitar la posibilidad de que una única situación de hecho o de derecho se juzgue en dos procesos distintos, de manera tal que la defensa se reduce actualmente a los supuestos en que exista la triple identidad (partes, objeto y causa).
Entrando en el análisis del caso concreto, adelanto que, en mi entender, corresponde rechazar la excepción de litispendencia planteada por las razones que seguidamente se expondrán.
A diferencia de lo que surge del concepto de la litispendencia del que recientemente se hizo una breve referencia-, en el presente caso no se evidencia la “triple identidad”requerida.
Ello es así por cuanto, en el el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 1, Secretaría N° 1, tramita la causa “Cámara de Empresas de Control Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) c/ AFIP s/ Impugnación de Acto Administrativo” Expte. FSM 8081/2019, promovida por la aquí recurrente a raíz de la impugnación promovida por la aquí recurrente a raíz de la impugnación formulada a la Resolución Nº 134/2018 (DI RMIC), la cual confirmó la Resolución nº 15/2018 (DV MGDE) que había dejado sin efecto el Certificado de Exención. En cambio, en estos actuados se apelaron las resoluciones 76/2022, n° 77/2022 y n° 78/2022 (DV MRR2) por medio de las cuales se determinó de oficio la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2018, en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 07/17 a 06/2018, inclusive, y en el Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas- períodos fiscales 07/17 a 06/2018, en todas ellas con más sus intereses y en el caso de la última resolución multa del artículo 46 de la ley n°11.683 de tres veces el importe evadido.
En el primero de los procesos mencionados la parte interesada impugnó el acto administrativo descripto por conducto del recurso administrativo previsto en el decreto 1397/79 (art. 74), debiéndose recordar que dicho precepto dispone que una vez resuelto el recurso, el acto administrativo "revestirá el carácter de definitivo pudiendo sólo impugnarse por la vía prevista en el artículo 23 de la ley número 19.549", agregando que en todos los casos será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 de la misma ley, según el cual la interposición del recurso no tiene efectos suspensivos. De esta manera, la Administración por sí sola puede ejecutar el acto –ejecución de oficio–, lo que reposa además en la presunción de legitimidad de la que goza el mismo, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial o que la Administración haya suspendido la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta; todas circunstancias que no se evidencian en autos. Incluso las resoluciones cuya legitimidad corresponde aquí decidir son de fecha posterior a aquélla, circunstancia que en nada afecta su ejecutoriedad.
Que en razón de las circunstancias apuntadas, la excepción de litispendencia no ha de prosperar.
V. Que ello no obstante, considero que el trámite de las presentes actuaciones debe suspenderse dada la particular relación jurídica que vincula al acto atacado ante el fuero federal y el acto apelado en la presente causa. Sobre el particular, corresponde remitirse al voto del Dr. Agustín Torres en la causa “Cassani, Juan Ernesto” de la Sala B -en su anterior composición-, de fecha 14/12/07, donde expresara que “Más, distante de constituir el núcleo complejo de relaciones interprocesos que integran la categoría de las cuestiones que deben resolverse preliminarmente bajo el concepto conocido como litispendencia, la aquí se constituye entre ambos procesos es una de no menor significación y trascendencia jurídica por lo que el examen de la fattiespecie de uno incide en el resultado de la consideración jurisdiccional y judicial sobre los hechos que integran el thema dicidendum de la otra. En relación entre procesos que coloca al examen del presupuesto fáctico de uno, o de la calificación jurídica de los hechos de uno, con precedencia para la resolución de otro, constituye una cuestión prejudicial que por la naturaleza de ejecutoriedad del acto recaído en el recurso del artículo 74 del decreto reglamentario de la ley 11.683 hace a éste ya del examen de la jurisdicción judicial, esto es que por la bifurcación de las acciones impetradas respecto de los procesos vinculados, el juez de la acción no será ya el de la excepción sino que la jurisdicción judicial se resolverá el tema allí planteado con los efectos que luego pueda tener ante esta jurisdicción y su respectiva alzada. Este precedente lógico y constitutivo de la calificación y configuración de ciertos aspectos de la fattiespecie, es para decirlo en palabras de Manzini “aquella cuestión jurídica cuya resolución constituye un presupuesto para la decisión de la controversia principal sometida a juicio” (Vicenzo Manzini, Tratado di Diritto processuale penale italiano, Enciclopedia Jurídica Omega, Tomo XXIIpág.274) y, como tal incide en la configuración del thema dicidendum y thema probandum y, a su debido tiempo, llevará a que se difiera la resolución en esta causa hasta tanto dicte pronunciamiento el juez ante quien tramita la demanda por la que se impugnara la susodicha resolución en el recurso del artículo 74”.
Así pues, aparece evidente que en autos se verifica un caso de “prejudicialidad”. Como señalara la Sala B -en una conformación anterior- in re “Scotiabnk Quilmes”, sentencia 22/9/2003 “...resulta prejudicial toda cuestión cuya resolución constituya un presupuesto para la decisión de la controversia sometida a juicio...” (cfr Enciclopedia Jurídica Omega, pág.809). Al decir de Carnelutti llamados prejudiciales,en sentido técnico, a las cuestiones cuya solución constituye premisa de la decisión también en otros litigios...”. Las cuestiones prejudiciales a diferencia de las excepciones de previo y especial pronunciamieto, no nacen de la ley sino de circunstancias especiales propias de cada causa, vinculadas a su naturaleza jurídica y su contenido, que las relaciona con la respectiva acción procesal intentada por ante el juzgador llamado a decidir”.
La materia aquí debatida y la que constituye el objeto del expediente “Cámara de Empresas de Control Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) c/ AFIP s/ Impugnación de Acto Administrativo” Expte. FSM 8081/2019, en trámite ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 1, Secretaría N° 1, presentan una vinculación tal que torna factible el dictado de sentencias contradictorias, con el consiguiente escándalo jurídico que ello generaría. Por tal razón resulta aconsejable la suspensión del trámite de la presente causa hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial firme en aquella causa judicial con la cual guarda substancial vinculación.
A mayor razón, para fundamentar el criterio precedentemente expuesto resulta ilustrativo lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, en los autos “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio”, con fecha 20/9/2010, en donde la actora interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la resolución que le determinó su obligación en relación al aporte especial de emergencia al Tesoro Nacional, creado por el decreto 435/90, planteando que se encontraba exenta del referido tributo y, por otra parte interpuso una acción ante el Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca para que declare la nulidad de la resolución por la que se hizo lugar parcialmente a un recurso interpuesto por la actora y dispuso proseguir con los trámites tendientes al cobro del tributo en cuestión; asimismo dicho juez dispuso la suspensión de los efectos de la resolución determinativa del tributo.
La Alzada en el fallo mencionado entendió que en el caso se trataba de causas vinculadas, por cuanto existe identidad de causa, objeto y partes, puntualizando que lo que se resuelva en esos autos podría contradecirse con lo que decida el Juzgado de Catamarca e instancias posteriores, generando un “escándalo jurídico”. Especificamente el fallo expresó “Por consiguiente, al tomar el Tribunal Fiscal conocimiento de la existencia del proceso judicial iniciado en el Juzgado de Catamarca -que versa sobre una materia idéntica a la que se debate en el recurso traido a su conocimiento- debió suspender el trámite de la presente causa para evitar que tramitaran dos procesos que estánn estrechamente vinculados; de manera que resuelto definitivamente el primer proceso y según lo allí decidido, recién podría avocarse a tratar el planteo remanente referido a la impugnación de la determinación tributaria efectuada”.
“...Que por consiguiente y a mérito de las consideraciones precedentes, corresponde anular la Resolución del Tribunal Fiscal, dictada a fs.217/218, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 11.683, debiendo volver los autos al Tribunal Fiscal a fin de que se disponga la suspensión del trámite del recurso, hasta se resuelvan con carácter firme y definitivo las cuestiones sustanciales debatidas en el expte. Nº 555/93 del Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca a fin de que continúe con su tramitación. Con costas por su orden en atención a la forma en que se resuelve”.
VI.Que en atención a lo expuesto, corresponde suspender el trámite de la presente causa hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial firme. A fin de contar con la información pertinente, correrá a cargo de las partes intervinientes en autos la comunicación de tal acaecimiento a este Tribunal.
VII. En cuanto a las costas, entiendo que corresponde que sean impuestas en el orden causado, dado que, si bien se rechaza la litispendencia opuesta por la actora, en definitiva, se hace lugar al pedido de suspensión solicitado por la apelante.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra Guzman dijo:
I. Que vienen las presentes actuaciones a fin de resolver la excepción previa de litispendencia opuesta por la recurrente.
II. Que sentado lo que antecede, corresponde tratar la excepción de litispendencia planteada por la recurrente. Dicha defensa reposa en la existencia de la causa “Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) Asociación Civil c/AFIP- DGI s/Impugnación de Acto Administrativo”, en trámite ante el Juzgado Federal de San Martín Nº 1, Expte. Nº 8081/2019. En estos autos se discute la validez del acto emanado de la apelada, Resolución Nº 134/2018, mediante la cual se dejó sin efecto la exención que gozaba la recurrente, en forma retroactiva.
III. Que cabe recordar que existe litispendencia cuando se tramitan dos procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. El fundamento de su procedencia reside en la necesidad de evitar que una misma pretensión sea juzgada dos veces, o aun en el supuesto de no concurrir las tres identidades (objeto, sujeto y causa), cuando por razones de conexidad, exista la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, y el consiguiente escándalo jurídico que fácilmente podría originar el tratamiento autónomo de pretensiones vinculadas, con la consiguiente inoperancia de la actividad judicial que esa circunstancia necesaria comporta.
Ahora bien, de acuerdo con conocida doctrina, la defensa también procede cuando existen “…dos o más juicios conexos, aunque no concurran los requisitos de las tres identidades…la conexidad supone dos procesos distintos sin haberse tratado necesariamente entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundamentos en la misma causa, presentan tales vinculaciones que si los jueces que conocen de ellas dictasen sentencias separadamente, podrían resultar contrarias y en consecuencia de ejecución imposible” (Alsina, Hugo, “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, T° III, pág. 106). En esa dirección, aclara dicho autor, la regla de la triple identidad no sienta una norma o guía para el razonamiento lógico que remite lo esencial de la cuestión a la apreciación del juzgador a efectos de valorar este impedimento procesal que tiende a evitar que una misma acción sea deducida dos veces, puesto que se extingue por su ejercicio.
Posición ésta recepcionada por nuestra más Alto Tribunal cuando expresó que “Corresponde admitir la excepción de litispendencia, aunque no concurra la triple identidad de sujeto, objeto y causa, cuando se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios, en cuyo caso la solución se logra por razones de conexidad…” (Vid. Fallos 314:811). (vid. entre muchos otros, TFN, Sala A, Asociación Civil La Isla S.A., 30/8/2010; Sala C; “Invierno, Gustavo Pablo”).
IV. Que, en ese contexto, corresponde analizar si la defensa opuesta debe ser acogida favorablemente. Conforme se desprende de autos y del relato de los hechos efectuado por el Vocal Instructor, la recurrente impugna tres resoluciones, mediante las cuales la administración fiscal procedió a determinar de oficio la obligación de la recurrente frente a los impuestos al valor agregado, a las ganancias y a las ganancias-salidas no documentadas.
Como se dijo supra, como sustento de su defensa previa, informa que inició demanda contenciosa en la justicia nacional federal contra el referido acto administrativo 134/2018.
De la lectura de los actos en crisis en autos se desprende que aquella resolución le da fundamento y sustento, transcribiéndose varios de sus considerandos.
V. Que, en ese contexto fáctico y jurídico, la defensa del recurrente debe ser acogida favorablemente, en tanto se trata de causas sustancialmente vinculadas, debiendo puntualizarse que lo que se resuelva en estos autos podría –eventualmente- contradecirse con lo que se decida en el Juzgado Federal Nº 1 de San Martín e instancias posteriores, generando un escándalo jurídico, habida cuenta que en ambos trámites se cuestiona, en definitiva, la exención de la recurrente en los términos del artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias.
En el caso sub examine –a mi modo de ver- se debe suspender el trámite hasta tanto se resuelva la demanda contenciosa, operando como una especie de excepción de litispendencia por conexidad.
En efecto. Como con justeza lo explica el Profesor Calamandrei “En los casos en que el desplazamiento de competencia no es posible ni en un sentido ni en otro (porque por ejemplo, tanto la competencia para la causa originaria como la competencia para la prejudicial están determinadas por razones de materia), la ley, en lugar a de la reunión de las causas, se contenta con prescribir la suspensión de la primera hasta tanto que haya sido decidida la segunda...” (vid. Calamandrei, Piero, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, Volumen II, 224), por lo que corresponde hacer lugar a la defensa opuesta, suspender el trámite de las presentes actuaciones, con costas.
Por ello, en virtud de lo expuesto SE
1. Por mayoría, rechazar la Excepción de Litispendencia planteada por la actora y suspender el tramite de la presente causa hasta que recaiga pronunciamiento judicial firme en la causa radicada ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 1, Secretaría N° 1, “Cámara de Empresas de Control Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) c/ AFIP s/ Impugnación de Acto Administrativo” Expte. FSM 8081/2019, poniendo a cargo de las partes intervinientes en autos la comunicación del acaecimiento de dicha circunstancia a este Tribunal.l 2°) Imponer las costas en el orden causado.
Registrese, notifiquese y oportunamente, devuélvanse los presentes al vocal instructor.
Date: 2024.05.10 19:51:08 ART Date: 2024.05.20 12:29:14 -03:00 Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.20 16:04:45 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.20 16:04:46 -03:00
Fin de la sentencia