Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por la parte querellante y por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, anular la resolución recurrida y remitir las actuaciones al “a quo” para que, previa sustanciación, se dicte un nuevo pronunciamiento. Sin costas en la instancia (cfr. arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. Tener presente las reservas del caso federal efectuadas por las defensas.
// la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, con la asistencia del Secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en la presente causa CFP 14824/2010/TO1/CFC4-CFC5, caratulada ”MORENO, Mario Guillermo y otros s/ recurso de casación”; de la que RESULTA:
1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 8 de esta ciudad, mediante sentencia del 9 de mayo de 2023 (cuyos fundamentos fueron dados a conocer el 16/05/2023), en cuanto a los recursos en examen concierne, resolvió:
“I. ABSOLVER A MARIO GUILLERMO MORENO, DNI 12.087.865, cuyos demás datos personales obran en el encabezado, por los hechos por los cuales fuera acusado y calificados como falsedad ideológica de documento público agravado por haber sido cometido por funcionario público con abuso de sus funciones, CON COSTAS a la parte vencida (arts. 45, 293, 296 y 298 del Código Penal a contrario sensu, y arts. 399, 402, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).
II. ABSOLVER A DANIEL REPOSO titular del DNI N° 17.646.049, cuyos demás datos personales obran en el encabezado, por los hechos por los cuales fuera acusado y calificados como falsedad ideológica de documento público agravado por haber sido cometido por funcionario público con abuso de sus funciones, CON COSTAS a la parte vencida (arts. 45, 293, 296 y 298 del Código Penal a contrario sensu, y arts. 399, 402, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).
III. ABSOLVER A BEATRIZ INES MONTOYA, titular del DNI N° 10.202.037, cuyos demás datos personales obran en el encabezado, por los 1 CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL – SALA 4 CFP 14824/2010/TO1/CFC4-CFC5 Registro Nº1269/2023 hechos por los cuales fuera acusada y calificados como falsedad ideológica de documento público agravado por haber sido cometido por funcionario público con abuso de sus funciones, CON COSTAS a la parte vencida (arts. 45, 293, 296 y 298 del Código Penal a contrario sensu, y arts. 399, 402, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).
IV. ABSOLVER A FABIO MANUEL TROSSERO, titular del DNI N° 17.658.921, cuyos demás datos personales obran en el encabezado, por los hechos por los cuales fuera acusado y calificados como falsedad ideológica de documento público agravado por haber sido cometido por funcionario público con abuso de sus funciones, CON COSTAS a la parte vencida (arts. 45, 293, 296 y 298 del Código Penal a contrario sensu, y arts. 399, 402, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación)”.
2. Que contra dicho pronunciamiento y con el alcance que se precisará infra, interpusieron recurso de casación el Ministerio Público Fiscal (Dr. Carlos A. Stornelli y Dra. Dafne Palopoli, Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 y Fiscal General Coadyuvante, respectivamente) y los representantes de la parte querellante -Jorge Carlos Rendo- (Dr. Hugo Wortman Jofré), los cuales fueron concedidos por el “a quo” y mantenidos en esta instancia.
3. Que los representantes del Ministerio Público Fiscal articularon la vía impugnaticia con invocación de los dos supuestos contemplados en el art. 456 del C.P.P.N.
Postularon la errónea a aplicación de la ley sustantiva mediante la cual el sentenciando de mérito juzgó la cuestión llevada a su conocimiento.
En tal sentido, adujeron que el “a quo” no efectuó la aplicación correcta del tipo penal previsto en los arts. 293 y 296 con la agravante establecida en el art. 298, todos del Código Penal. Además, expresaron que, al momento de aplicar la normativa notarial, en cuanto a establecer de qué tipo de documento se trata y sus alcances, ello con relación al “acta” que fue motivo de discusión en este juicio, a su entender, el sentenciante de mérito incurrió en error acerca de los alcances de la Ley notarial 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 29, 59, 60, 87 y concordantes).
Agregaron que, también, se verifica en el fallo la inobservancia de la ley sustantiva, al momento de interpretar y aplicar conforme a derecho las normas que regulan las Sociedades Comerciales, en particular con referencia al art. 250 del cuerpo normativo (Ley 19.550). Por otra parte, endilgaron arbitrariedad al fallo cuestionado por la alegada inobservancia del deber de fundamentación impuesto bajo pena de nulidad (arts. 123 y 404 –inc. 2º- del C.P.P.N.), descalificándolo como acto jurisdiccional válido.
En tal sentido, adujeron que el “a quo” prescindió de valorar elementos causídicos determinantes para la debida solución del caso, a la vez que ponderó otros en un sentido manifiestamente erróneo. Desde dicha perspectiva, entendieron que la decisión recurrida presenta una fundamentación aparente que prescinde de un análisis crítico, de una ponderación global y acorde a la situación planteada y sus circunstancias, en inobservancia de la normativa nacional, constitucional y Pactos Internacionales con jerarquía constitucional. Ello, además, de que, a su juicio, se omitió doctrina –de aplicación obligatoria y conducente al caso- que no fue siquiera tenida en consideración en la decisión.
Por último, mencionaron que las causales de arbitrariedad y erróneo encuadre legal postuladas se conectan de modo inescindible con la cuestión federal vinculada a la interpretación y aplicación de Tratados Internacionales de jerarquía constitucional (entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción, aspecto que –según sostienen- se encadena de modo vinculante a la cuestión federal abordada (art. 14, inc. 3º, de la ley 48 y C.S.J.N., Fallos: 336:392). En tal sentido, explicaron que, el Máximo Tribunal ha establecido que, si existe conexión entre la interpretación del derecho federal y las causales de arbitrariedad invocadas es adecuado el tratamiento de ambos aspectos sin disociarlos.
Como colofón, alegaron que de todo lo expuesto a lo largo del recurso, a su entender, resulta evidente que la decisión atacada arribó a una solución arbitraria, en cuanto omitió ponderar aquellas constancias objetivas de la causa.
Por ello, solicitaron que se case la sentencia recurrida, se anule el temperamento absolutorio en los términos aquí expresados, y se condene a Mario Guillermo Moreno, Daniel Reposo, Beatriz Inés Montoya y Fabio Manuel Trossero a la pena de tres (3) años de prisión, con más accesorias legales y costas e inhabilitación por el doble tiempo de la condena, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de falsedad ideológica de documento público agravado por su calidad de funcionarios públicos en abuso de sus funciones (arts. 45, 293, 296, 298 del Código Penal); en tanto se incurrió en una errónea aplicación del art. 293 del Código Penal, a la vez que se incurrió en arbitrariedad al omitirse considerar y valorar prueba válidamente incorporada y dirimente para la solución del pleito, dando una sesgada interpretación a aquella valoración, en franca violación del deber de fundamentación impuesto en los arts. 123 y 404 inc. 2º del C.P.P. y 18 de la Constitución Nacional. Finalmente, hicieron reserva del caso federal.
4. Los representantes de la parte querellante, con invocación de los dos supuestos del art. 456 del C.P.P.N., dedujeron recurso de casación contra la sentencia (veredicto de fecha 09/05/2023 y sus fundamentos publicados con fecha 16/05/2023), mediante la cual se resolvió absolver a Mario Guillermo Moreno, Daniel Reposo, Beatriz Inés Montoya y Fabio Manuel Trossero, con costas a la parte vencida. Puntualizaron que esa parte, en oportunidad de sus alegatos solicitó que se condene a la totalidad de los acusados a la pena de 6 años de prisión con más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo (es decir, 12 años).
Precisaron que el agravio que la sentencia le ocasiona a esa parte en este caso se puede identificar como la errónea interpretación jurídica de los hechos a la luz de los presupuestos previstos por la figura penal prevista en los arts. 293, 296 y 298 del Código Penal, como así también una violación al art. 45 de la misma norma de fondo. En tal sentido, sostuvieron que nos encontramos ante un supuesto de la inobservancia a la ley sustantiva correspondiente al motivo del inciso 1º del art. 456 del C.P.P.N.
Asimismo, para el hipotético caso de que el agravio antes individualizado no prosperara, plantearon subsidiariamente la inobservancia de las normas procesales; motivando de esta manera la casación en el segundo de los incisos del art. 456 del código ritual, por considerar vulnerado el art. 123 del mismo cuerpo legal que exige que las resoluciones deben ser correctamente motivadas.
Dicho de otra manera, explicaron que si bien comparten con el tribunal el hecho de que los aspectos fundamentales de los episodios estudiados no se encuentran controvertidos atento a la contundente prueba documental agregada al caso (actas protocolizadas por escribanos, versiones taquigráficas y videograbaciones), las interpretaciones que se hacen en la sentencia con relación a la significancia jurídica de los mismos como así también la naturaleza jurídica asignada al cuerpo del delito y su contexto resultan, según la parte impugnante, además de equivocadas, arbitrarias.
En ese orden de ideas, señalaron que se absolvió a los imputados en virtud de que la conducta enrostrada no era apta para producir “engaño” cuando dicho extremo no es exigido por los tipos penales de los arts. 293, 296 y 298 del Código Penal.
Alegaron que la afirmación del sentenciante de mérito relativa a que no es posible descartar que la reunión realizada en la sala contigua a la Asamblea general de accionistas de aquel 20/10/2010 pueda ser encuadrada en aquella prevista en el art. 250 de la ley de sociedades, por un lado, no se corresponde con la normativa societaria y, además, resulta contradictoria con que el documento labrado por la escribana Capurro resultaba una mera acta de constatación. En tal sentido, expresaron que “jamás un acta de constatación notarial puede al mismo tiempo representar un acta de asamblea de accionistas”, toda vez que las formalidades y firmantes no son los mismos. Acotaron que así lo había explicado esa parte en sus alegatos.
Expusieron que sobre la cláusula del perjuicio del delito de falsedad ideológica y la potencialidad o carácter abstracto del peligro de perjuicio, en la sentencia objeto de crítica, los jueces afirmaron que conforme al art. 20 del Estatuto social la no anuencia del Estado Nacional o la decisión de someter la cuestión sobre su interpretación al magistrado comercial no implicaba un perjuicio pero, según la parte querellante, ello no respondió a lo alegado por esa representación con relación a la “creación de un caos que impidiera presentar los estados contables certificados a tiempo”.
Sobre la ausencia de potencialidad del perjuicio, manifestaron que el “a quo” afirmó que las obstrucciones al normal desenvolvimiento de la empresa eran reciprocas cuando, a juicio de los impugnantes “el condenado por la invitación al pugilato en la sede a Papel Prensa fue Guillermo Moreno con la ayuda de Daniel Reposo y Fabio Trossero y cuando las presiones recibidas por Stenghele no fueron proferidas por los accionistas privados sino -una vez más- por parte del acusado Guillermo Moreno con la complicidad de Daniel Reposo que le decía a la testigo que no le respondiese”.
Al respecto, agregaron que en el fallo de fecha 16/05/2023 se resolvió en sentido contrario al perjuicio identificado por la Cámara de Casación en oportunidad de zanjar la vigencia del querellante en autos. Por último, respecto de la autoría, señalaron que el sentenciante de mérito hizo una errónea aplicación de otra de las disposiciones del derecho sustantivo. En concreto del art. 45 CP. Pues, sostuvo que los acusadores no lograron acreditar de qué manera los imputados “le hicieron insertar” a la escribana Capurro los actos que se reputan falsos. Esa afirmación, según la parte querellante, resulta inválida tras la aplicación de las reglas de logicidad por cuanto “al comenzar la narrativa de los fundamentos de la sentencia se señaló que no existía controversia respecto a cómo sucedieron los hechos por lo que mal ahora debe pretenderse la agregación de prueba adicional para probar algo que se percibió como consentido. Más aun, acota la parte recurrente, si se considera que fue la propia escribana Capurro quien como testigo dijo en juicio (e incluso fue citado en la resolución que aquí se cuestiona) que siguió instrucciones de su requirente”. Sobre la base de los argumentos antes reseñados en sus aspectos sustanciales, la parte querellante solicitó que se case la sentencia impugnada y se dicte una en un todo conforme con lo planteado (cfr. art. 470 del C.P.P.N.) o bien se ordene la realización de un nuevo juicio (cfr. art. 471 del C.P.P.N), según corresponda la revocación por inobservancia en la ley sustantiva o procesal, respectivamente. Hicieron reserva del caso federal.
5. Que, durante el término de oficina previsto por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó el Dr. Ignacio Tedesco en su carácter de Defensor Público Oficial interinamente a cargo de la Defensoría Pública Oficial Nro. 3 ante la Cámara Federal de Casación Penal, ejerciendo la asistencia técnica de Beatriz Inés Montoya, y expresó sus fundamentos en apoyo del fallo absolutorio dictado por el “a quo”.
En primer orden, la defensa postuló que el recurso fiscal de casación (a lo que cabe emparejar el de la querella en función del art. 460 del código ritual), contra el auto absolutorio no debe prosperar en términos de admisibilidad formal, más allá de las consideraciones de mérito sustantivo que anticipó desarrollaría luego para acompañar la alegada solidez del decisorio que desvincula a la antes nombrada. Ello, en el entendimiento de que un fallo casatorio que diera lugar a la revisión de la absolución daría paso a una condena en la instancia sin un juicio previo con percepción de prueba directa. Alternativamente, si se dispusiera la anulación y el reenvío para un nuevo debate, según la parte, se presentaría un supuesto de bis in ídem.
Postuló que la constitucionalidad de las limitaciones recursivas del acusador (art. 458 ritual que impediría el recurso, de estar a la pena privativa de libertad solicitada en autos, por ejemplo), radica justamente en que los garantizados o amparados son los ciudadanos y no el propio Estado que integra el Ministerio Público Fiscal. Recordó que la constitucionalidad de las limitaciones impuestas al recurso de casación de los acusadores ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Arce, Jorge Daniel s/ recurso de casación” (Fallos: 320:2145) y “Mainhard, Edgar Walter s/recurso de casación” (Fallos: 324:3269), a cuyos fundamentos se remitió por razones de brevedad Por otra parte, adujo que tampoco se advierte suficiente cuestión federal introducida por la fiscalía y por la querella en sus recursos, en tanto no se hubo omisión de tratamiento de la prueba, sino simplemente una mera disconformidad respecto del peso probatorio reconocido a esos componentes, sin conformar arbitrariedad como doctrina en sí restrictiva. En tal sentido, señaló que si la prueba colectada es valorada desde la inmediación del debate asegurando la contradicción y control de las partes, y el fallo ofrece las razones por las que arriba a la conclusión que consagra en su decisorio, no hay espacio para la doctrina de la arbitrariedad como para, con ello, obligar a la intervención casatoria como tribunal intermedio, anterior a un posible remedio federal.
Destacó que, a su entender, el fallo es sólido para fundar la absolución de su asistida y que el propio devenir del proceso lo avala. En ese marco, hizo alusión a que en el sub examine se dictaron 3 autos de sobreseimiento (10/12/12, 8/7/14 y 27/9/18) en función de la atipicidad del suceso que el tribunal de juicio luego califico de “casi manifiesta”. Acotó que el fiscal de juicio manifestó su discrepancia con el fiscal instructor, en punto a la significación jurídica del hecho, en las previsiones del art. 67.2 del C.P.P.N., lo que –según la parterobustece la tesis de atipicidad sostenida por las defensas y el sentenciante de mérito.
Agregó que la fiscalía alega que la falsedad implicó imponer la voluntad de accionistas minoritarios, cuando –según la defensa- en rigor solo se trató de plasmar la manifestación de voluntad de ese sector en representación del estado nacional, que en caso de prosperar tampoco derivaría en agravio alguno, de estar al propio art. 20 del estatuto invocado en autos de la firma en cuestión, que exige designación con acuerdo el Estado Nacional. Sostuvo que el fiscal recurrente dice que esa expresión es discutible en cuanto a sus alcances. Si así fuera, según la defensa, mal podría alegar una maniobra maliciosa o de imposición de esa voluntad estatal, si acepta como posible que su acuerdo sea dirimente.
Finalmente, puso de resalto que el prolongado tiempo transcurrido desde los sucesos -20/10/2010- (casi 13 años hasta la actualidad), sumado a los tiempos que insumirán las posibles próximas etapas procesales si no se homologase la absolución, según la defensa, conculcaría el derecho a ser juzgado en un plazo razonable de todo justiciable. En consecuencia, sostuvo que ello conduce, ya ahora, al mismo desenlace por la vía de la insubsistencia de la acción, como derivación del debido proceso, derecho de defensa en juicio y estado de inocencia (arts. 18 y 75.22 C.N. art. 8.1 C.A.D.H. y 14.3.c P.I.D.C.P.). Según la parte, en caso de revertir el decisorio, se habilitaría entonces cuestión federal suficiente para acudir en remedio extraordinario a la C.S.J.N. por parte de esa defensa, lo cual dejó sentado.
Como corolario de los ejes argumentales antes reseñados, la defensa solicitó el rechazo de los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante y la consecuente homologación de la absolución de Montoya.
Hizo reserva del caso federal.
6. Que en el marco de la etapa prevista por los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., los doctores Fernando Archimbal (defensor de Daniel Reposo, Fabio Manuel Trossero y Agustín Carlos Alberto Tarelli), Alejandro Rúa (defensor de Mario Guillermo Moreno), Ariel Garrido (representante de la parte querellante) expresaron sus argumentos oralmente y de modo virtual a través de la plataforma Zoom (con el alcance de lo que surge del registro de audio realizado). La parte querellante y el Dr. Archimbal, además, presentaron breves notas.
En lo sustancial, la parte querellante (recurrente), en su exposición escrita y oral, controvirtió las objeciones a la admisibilidad formal del recurso planteadas por la defensa pública oficial de la imputada Montoya durante el término de oficina, a cargo del Sr. Defensor Dr. Ignacio Tedesco. En cuanto a la cuestión de fondo, recordó los agravios oportunamente esgrimidos al momento de interponer el recurso por considerar que allí estaban suficientemente desarrollados. Finalmente, hizo su petitorio con el mismo tenor que en el escrito recursivo inicial.
En su presentación oral, el Dr. Rúa se remitió e hizo propios los planteos efectuados en los escritos presentados por los Dres. Tedesco (en término de oficina) y Archimbal (en breves notas de audiencia). Destacó que, a su juicio, no se probó en autos la intervención de su asistido Moreno en los hechos objeto de imputación. Efectuó un repaso de lo que consideró probado. Señaló que los argumentos de la parte querellante en esta instancia recursiva son una reedición de los expuestos en el debate, habiendo sido oportunamente contestados por las defensas en sus alegatos y por el sentenciante de mérito en la absolución cuestionada. Por ello, solicitó el rechazo de los recursos e hizo reserva del caso federal.
El Dr. Archimbal también se remitió a los planteos de las otras defensas, haciéndolos propios. Manifestó que en el caso se presenta un tema “comercial” que intentó ser convertido por los acusadores en “penal”. Postuló que los recursos de la parte querellante y del Ministerio Público Fiscal reeditan cuestiones ya debatidas y decididas. Agregó que los recurrentes no plantean una cuestión de naturaleza federal sino su mero disenso con lo resuelto. Solicitó el rechazo de las impugnaciones acusatorias en todos sus términos porque, a su entender, “el instrumento confeccionado por la Escribana Capurro a) no es un documento que esté destinado a probar otra cosa que lo que ocurrió frente a ella, b) porque en el Acta 89 también se afirma lo que no podía resolverse ‘… queda por designado por mayoría de la Asamblea el estudio Brea Solans…’-c) porque tras el sobreseimiento de la Escribana, no puede la querella, ahora decir a su respecto, las cosas que debió decir al apelar la decisión a la que se conformó, d) Porque ninguna actividad probatoria ha realizado para individualizar a la persona que ‘hizo insertar’ lo que dice es falso en el acta, más allá de que, por lo dicho más arriba no existe falsedad alguna e) porque la ley de sociedades (art. 73) dice como se acredita lo sucedido en una asamblea, por lo que ningún acta puede llamar a engaño a un instruido en el tema, (cfr.
CCCF sala2a. in re Reta, rta: 4/10/94), que sabe que un acta no está destinada a probar nada f) Porque lo decidido, como se explicita en el acta, es con el propósito de evitar perjuicios a la compañía, lo que reconoce el juez Malde al resolver cuando dice que lo que decide evita ‘perjuicios al ente, al mercado de capitales e indirectamente también a los accionistas privados’ g) porque en PPSA se sostuvo en todo momento la posición de la mayoría, impidiéndose cualquier avance del accionista Estado Nacional (hasta que el Juez no lo dispuso, negaron el acceso a la contadora Stenguele), h) porque si los integrantes de la mayoría estuviesen seguros de que su interpretación era la correcta, ante una decisión contraria del Juez, aparte de apelarla, pudieron haberlo recusado –sobre todo cuando continuó manteniendo el mismo criterio en numerosas oportunidades, i) Porque lo actuado por el accionista Estado Nacional no puede rechazarse sin más, ya que lo amparan los arts. 250 y 237 de la ley 19550, j) porque el acta en cuestión habla de ‘la voluntad estatal’ y no de la voluntad social’ lo que despeja cualquier duda sobre a quien se refiere, e impide que el Juez pudiera equivocarse de algún modo, k) porque la doctrina exige para que se configure el delito ‘un particular elemento subjetivo de la acción (que) es precisamente el ánimo de falsificar y de causar perjuicio’- Creus, ed.
Zeus, 1974, pag.
122. lo que objetivamente se encuentra ausente, l) porque no configura delito la declaración que versa sobre circunstancias de las que el documento no está destinado a dar fe (CNCP Sala 4 T.H.H.L.L. 2001-B- 405), (cfr. Donna pag. 218) y m) porque no es cierto que la sentencia carezca de la debida fundamentación más allá que la misma no haya sido favorable a los intereses de la querella y haya valorado los elementos conducentes a su decisión…” (todos los subrayados y destacados en negrita obran en el original). Finalmente, hizo reserva del caso federal.
Superada dicha etapa procesal y efectuado el sorteo de estilo, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo. En consecuencia, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
El señor Juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Conforme surge de los resultandos de la presente, las absoluciones de Mario Guillermo Moreno, Daniel Reposo, Beatriz Inés Montoya y Fabio Manuel Trossero vienen impugnadas en casación por los representantes del Ministerio Público Fiscal y por los de la parte querellante, con el alcance de lo supra reseñado en sus aspectos sustanciales.
Con relación a la admisibilidad de los recursos de casación en cuestión, que viene cuestionada por la defensa de la imputada Montoya (con la adhesión de las defensas ejercidas por los Dres. Rúa y Archimbal en la audiencia celebrada en esta sede), cabe señalar que han sido interpuestos temporáneamente por parte legitimada, se dirigen contra una sentencia recurrible por la vía intentada y los planteos formulados cuentan con fundamentos suficientes (cfr. arts. 456 –incs. 1º y 2º-, 457, 458 –inc. 1º-, 460, 463 y cctes. del C.P.P.N.).
En cuanto a la limitación recursiva establecida en el inciso 1º del art. 458 antes citada, cabe puntualizar que no representa en autos un obstáculo para la procedencia formal del recurso fiscal (dado el monto de pena solicitado en los alegatos), teniendo en cuenta que el recurrente ha postulado la arbitraria valoración de la prueba por parte del “a quo” para arribar al fallo absolutorio objeto de crítica y, por ende un planteo que supone la constatación de una cuestión federal. En tal sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consagró como excepción a las limitaciones recursivas para las partes acusadoras la existencia de un agravio federal, criterio que se sentó, entre otros, in re “Valentini, Rubén y otros s/calumnias e injurias –causa nº 4012-“, V. 1097. XXXVIII. RHE, rta. el 27/12/2005; “Juri” y “Martino” (Fallos: 329:5994 y 329:6002, respectivamente). En dichos precedentes se recordó la doctrina del Máximo Tribunal en cuanto a que siempre que se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de esta Corte por vía extraordinaria, en el ámbito de la justicia penal nacional conforme el ordenamiento procesal vigente, éstos deben ser tratados previamente por la Cámara Nacional de Casación Penal, en su carácter de tribunal intermedio, constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la justicia nacional en materia penal, a los efectos del art. 14 de la ley 48 (cfr. “Di Nunzio”, Fallos: 328:1108).
Por consiguiente, el pedido de pena formulado por el Ministerio Público Fiscal en autos no resulta un impedimento para la habilitación de la jurisdicción casatoria, en consonancia con el criterio que he sostenido en múltiples oportunidades como juez de esta Cámara (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causas 367/2013, “Bertran, Alberto Daniel s/ recurso de casación”, reg. nro. 132/2014 del 19/02/2014; causa FRO 51000527/2012/TO1/CFC2, “Gómez, Martín Oscar y otros s/ recurso de casación”, reg. nro. 2446/2015 del 22/12/2015; causa FRO 81000047/2010/2/CFC1, “Cardona, Mario Rubén s/recurso de casación”, reg. nro. 2632/2015, del 29/12/2016; causa FSA 12000976/2012/TO1/CFC2, “Castro, Claudia Marcela y Aguirre, Jessica Marisol s/recurso de casación”, reg. nro. 1215/18 del 14/09/208 y causa FMZ 12056814/2008/TO1/CFC1, "WINCKLER CATAPANO, Alicia Sonia s/recurso de casación", reg. nro. 336/19.4 del 14/03/2019, entre muchas otras). Tampoco pueden prosperar las objeciones a la admisibilidad de los recursos de los acusadores que la defensa formula bajo la alegación de que en caso de hacerles lugar a los planteos impugnaticios, si se adoptara el temperamento previsto por el art. 470 del C.P.P.N. –casación positiva- se afectaría el debido proceso (dados los principios que rigen el debate y su relación con la valoración de la prueba por el sentenciante). Y si se adoptara el temperamento previsto por el art. 471 del mismo cuerpo legal –anulación y reenvío- se afectaría el principio del non bis in ídem.
Por un lado, en cuanto a las facultades de esta Cámara Federal de Casación Penal para dictar una sentencia condenatoria, cabe recordar que este Tribunal tiene potestad para condenar e imponer pena en el marco de su actividad revisora, sin que ello comporte la afectación de garantía constitucional alguna (conf. mis votos como juez de esta C.F.C.P. –en lo pertinente y aplicable-, de Sala IV: causa nro. 15.129, “MÉNDEZ, Mariano s/recurso de casación”, reg. nro. 233/13 del 12/03/2013-; causa nro. 12038, "OLIVERA RÓVERE, Jorge Carlos y otros s/recurso de casación, reg. n° 939/12 del 13/06/12; causa nro. 15.314, “MIGNO PIPAÓN, Dardo y otros s/rec. de casación”, reg. nro. 2042/12 del 31/10/12-; causa nro. 1.2161, “CEJAS, César Armando y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 1946/12 del 22/10/12-; causa nro. 15.473, “CORREA, Esteban R. s/recurso de casación”, reg. nro. 2237/12 del 20/11/2012; causa FRO 93000087/2010/TO1/CFC1, “HERRERO, Carlos Omar y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 1457/15 del 17/07/15. De la Sala II - en lo pertinente y aplicable-, voto del suscripto en la causa 11.515, “RIVEROS, Santiago Omar y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 20.904 del 07/12/12, considerando XXXIV; causa CFP 2352/2019/TO1/15/CFC6, caratulada “SABZALI, MANSOREH y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 1255/20.2 del 31/07/2020. Entre otras).
En el caso “Herrero” se ha destacado que esta Cámara Federal de Casación Penal tiene atribuciones para dictar una sentencia de condena a fin de corregir el error del “a quo”, a la luz de una lectura exegética del Código Procesal Penal de la Nación, pues, de no ser así, resultaría inocua la revisión mandada por el artículo 470 del citado digesto, que no efectúa distinción alguna en cuanto al recurso de casación del imputado o del acusador y vulneraría tanto al derecho de defensa en juicio como la garantía a la tutela judicial efectiva de la víctima (cfr. punto XIII.b.3.i. del voto del Dr. Hornos).
Incluso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la instauración de la doctrina que prevé la revisión (horizontal) por otra Sala de esta Cámara frente a una primera decisión condenatoria dictada en esta instancia, habilitó y convalidó la posibilidad de que este Tribunal revoque una absolución y dicte un pronunciamiento condenatorio, en los casos “DUARTE, Felicia s/recurso de casación” - Fallos: 337:901-; “P.,S.M. y otro s/homicidio simple” -Fallos 342:2389-; doctrina reiterada en FSM 38120/2015/TO1/CS1, “CERRON RUIZ, Rina y otros s/ infracción art. 145 bis 1° párrafo (sustituido conf. art. 25 ley 26.842), rta. el 25/2/2021; CFP 7387/2009/TO1/16/CS1, “SOFIA, Sergio Sebastián y otros s/incidente de recurso extraordinario”, rta. el 16/12/2021; FGR 83000731/2010/TO1/19/1/CS1, “LUERA, José Ricardo y otros s/incidente de recurso extraordinario”, causa, rta. el 16/12/2021; CSJ147/2021/CS1, “ESCOBAR, Martiniano s/homicidio en grado de tentativa y tenencia de arma de fuego de uso civil -en concurso real-“, rta. el 29/3/2022; FCB 94010010/2011/TO1/1/1/1CS1, “ARGAÑARAZ, Hugo Eduardo y otros s/incidente de nulidad”, rta. el 17/5/2022; FMZ 96002203/2010/TO1/42/CS1, “ZAVALA, Mario Edgar y otros s/legajo de casación”, rta. el 28/6/2022-; CSJ 1086/2017/RH1, “ORIS, Pedro Gustavo y otros s/lesiones gravísimas (art. 91)”, rta. el 23 de agosto de 2022, entre otros.
Lineamientos seguidos por el suscripto como juez de esta Cámara en las causas FTU 830960/2011/CFC4, “BAUDANO, Eduardo Bautista y otros s/recurso de casación”, reg. Nro. 1835/18 del 26/11/2018; FMZ 28946/2016/TO1/CFC1, “MARCHANT AZALGADO, David Antonio s/infracción ley 23.737 (inc. 5 inc. c.)”, reg. nro. 1288/19.4 del 27/06/2019 y FSA 2197/2020/26 “SAIQUITA, Luis Gabriel y otros s/audiencia de sustanciación de impugnación”, reg. nro. 42/21, del 1/11/2021, de la Oficina Judicial -que fuera confirmada por otros magistrados integrantes de esta Cámara Federal en causa FSA 2197/2020/27 “SAIQUITA, Luis Gabriel y otros s/impugnación”, reg. nro. 3/22 del 11/2/2022-; y en las causas FSM 10285/2014/TO2/37/1, “FAUBEL, Matías A.; LARRE CORNEJO, César s/recurso de casación, reg.
Nro. 2157/19 del 9/12/2019 de Sala I; FCB 17250/2018/TO1/6/CFC3, “CORBACHO, Roque R. y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 356/22 del 26/4/2022 de la Sala II y FMZ 55028132/2012/TO1/5/1, “D’AGOSTINO VIDABLE, Juan P. s/recurso de casación”, reg. nro. 2263/20 del 13/11/2020 de la Sala III, entre otras. Por otro lado, también ya me he pronunciado en numerosas oportunidades como juez de esta Cámara, en cuanto a que el ejercicio de la actividad recursiva –del Ministerio Público Fiscal y/o de la parte querellante- respecto de un hecho es parte integrante de un único proceso penal y, por tal razón, no vulnera la garantía que prohíbe el “bis in ídem” (cfr., C.F.C.P., en lo pertinente y aplicable, Sala IV: causa nro. 11.465, “ROJAS, Martín Raúl s/recurso de casación”, reg. nro. 519.12.4 del 16/04/2012; causa nro. 379/13, “VEGA, Ricardo Felix s/recurso de casación”, reg. nro. 690/14.4 del 28/04/2014; causa nº 15.358, “TIZADO, Julio Cesar y otros s/ recurso de casación”, reg. nro. 930/14.4 del 20/05/2014; causa CPE 990000104/2006/TO1/CFC1, “PIANA, Enrique José y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 1026/2015.4 del 01/06/2015; causa CFP 12127/2013/TO1/CFC4, caratulada “VIOLLAZ, Miguel Alcides y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 1780/17.4 del 15/12/2017; causa FCR 10834/2014/TO1/3/CFC1, “ALMONTE NOESI, RADHAMES y otros s/ recurso de casación”, reg. nro. 1146/19.4 del 05/06/2019, causa CFP 5130/2016/CFC1, “PARTIDO RENOVADOR FEDERAL s/recurso de casación”, Reg. nro. 62/17.4 del 16/02/2017 y causa FLP 60000615/2007/TO1728/CFC24, ”LEGAJO Nº 28: QUERELLANTE: PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN - IMPUTADO: CONSTANTÍN, RUBEN OSCAR Y OTROS S/LEGAJO DE CASACIÓN”, Reg. nro. 963/23.4 del 13/07/2023.
Sala III: causa FSM 49005034/20125/TO1/CFC1, “GUTIÉRREZ MAMANI, Edwin s/recurso de casación”, reg. nro. 229/16.3 del 16/03/2016).
De conformidad con las precedentes consideraciones, corresponde convalidar el juicio de admisibilidad formal efectuado oportunamente por el “a quo” con relación a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante.
En otro orden de ideas, tampoco puede recibir favorable acogida, por falta de fundamentación suficiente, la alegación de la defensa relativa a que de hacerse lugar al planteo de los acusadores se vería afectada la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, en atención que los hechos objeto de imputación datan del año 2010 y que a los trece años ya transitados por la causa habrían de adicionarse otros más hasta el agotamiento de la vía recursiva.
En tal sentido, cabe memorar que la garantía de ser juzgado en un plazo razonable ha sido expresamente reconocida en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y, de forma implícita, en la Constitución Nacional, integrando el bloque constitucional de garantías (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Estas normas se encuentran orientadas a limitar la afectación de derechos de quien es sometido a proceso y a reconocer aquel que tiene todo imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas, con la finalidad de impedir que permanezca largo tiempo bajo acusación y asegurar que el juicio se decida prontamente. Plazo razonable es aquel que los órganos de persecución penal necesitan para lograr, en permanente impulso de la causa, los objetivos del proceso penal - averiguación de la verdad y restablecimiento de la paz jurídica alterada de la manera más completa posible-.
Como contracara y cuando la duración efectiva del proceso excede la necesaria, se puede decir que se lesiona el mandato de celeridad (Cfr. Roxin, Imme, La excesiva duración del proceso penal en la nueva jurisprudencia alemana, Conferencias, Mediterránea, Córdoba, 2012, p. 63). La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al referirse al concepto de “plazo razonable”, remitiéndose al criterio elaborado por la Corte Europea de Derechos Humanos -debido a que el art. 8.1 de la C.A.D.H. es equivalente al art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las libertades fundamentales-, sostuvo que “…es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) las conductas de las autoridades judiciales” (Cfr. casos “Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago”, sentencia del 21 de junio de 2002; “Suarez Rosero”, sentencia del 12 de noviembre de 1997; y “Genie Lacayo”, sentencia del 29 de enero de 1997; entre otros, y en el continente europeo, “Eur. Court H.R., Motta Judgment of 19/2/1991”, Serie A n° 195-A” y “Eur. Court H.R. Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23/6/1993”, Serie A n° 262).
En el sentido indicado, se expidió el Procurador General de la Nación -a cuyo dictamen se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en la causa “Salgado” (Fallos: 332:1512)-, en cuanto sostuvo que el alcance del derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, reconocido a partir de los precedentes “Mattei” (Fallos: 272:188) y “Mozzatti” (Fallos: 300:1102) “…se encuentra limitado, por supuesto, a la demostración por parte de los apelantes de lo irrazonable de esa prolongación (Fallos: 330:4539 y sus citas) pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos y, precisamente, ‘la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible’(conf. Causa P. 1991, L. XL, ‘Paillot, Luis María y otros s/contrabando’, del 1º de abril de 2012, voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, y sus citas)…”. Extremo que no aparece satisfecho por la defensa en el caso de autos.
II. Previo a ingresar al examen del caso, es pertinente reseñar los argumentos centrales que utilizó el sentenciante de mérito para dictar las absoluciones de Mario Guillermo Moreno, Daniel Reposo, Beatriz Inés Montoya y Fabio Manuel Trossero.
En el punto II (“Los hechos probados”) del decisorio objeto de crítica, el “a quo” señaló:
“La asamblea general de accionistas del 20 de octubre de 2010. Este tribunal tiene por probado que el 20 de octubre de 2010 se celebró en la sede social de Papel Prensa SACIF y de M. ubicada en la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4, de esta Ciudad; una asamblea general de accionistas que comenzó a las 10:22hs., y cuyo objetivo fundamental - conforme el punto 2° del orden día- era la designación de un contador certificante para los estados contables trimestrales a cerrar a partir del 1° de julio de 2010 y anual por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010 de la empresa en cuestión. La totalidad de las personas que asistieron se encuentran registradas en el Acta N° 89 de Asamblea de Accionistas de Papel Prensa SAICF y M, de fecha 20 de octubre de 2010 (fs. 62/76) y en la versión taquigráfica de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 20 de octubre de 2010, de Papel Prensa SAÍCF y M (fs. 78/114bis).
Allí, luego de que el capital privado y el estatal presentaran sus posiciones con relación al art. 20 del estatuto social, se tuvo por designado por mayoría al estudio Brea Solans y Asociados para el ejercicio anual a cerrar el 31 de diciembre de 2010. Esta propuesta había sido mocionada por el Dr. Lorente y votada por la mayoría del capital privado sin la conformidad del Estado Nacional. En este sentido, previo al levantamiento de la asamblea y luego de haberse concluido la votación, la representante estatal, Beatriz Inés Montoya, el representante del accionista TELAM S.A. Fabio Manuel Trossero, y los síndicos Daniel Reposo -a la sazón titular de la SIGEN- y Agustín Carlos Alberto Tarelli, expresaron que no podía designarse al estudio Brea Solans debido a que no se contaba con la conformidad del capital estatal, lo que era un requisito ineludible conforme lo establecía el art. 20 del estatuto. La totalidad de la discusión y los argumentos utilizados por ambas partes -accionistas mayoritarios por un lado y representantes del Estado Nacional por el otro- pueden observarse en el video de la asamblea que fue incorporado por exhibición y que se identifica como Anexo Documental 6, sin perjuicio de la mención que se hará a continuación de los tramos que resultan relevantes para el presente acápite.
Así, se observa que al comienzo de la asamblea (minuto 4:55), el Dr. Lorente, representante de AGEA, mocionó la continuidad de la designación del contador Cincotta, o en su reemplazo al contador Bruschi, ambos integrantes del Estudio Bértora y Asociados para la firma del balance especial correspondiente a los estados contables trimestrales, ello sin perjuicio de que se designase a un nuevo contador certificante para el ejercicio anual y para los futuros estados contables trimestrales.
Fundó dicha propuesta explicando que ello evitaría un perjuicio a la sociedad en tanto se encontraba al límite de los plazos establecidos por la Comisión Nacional de Valores para la presentación trimestral, lo que ocurriría entre el 9 y 10 de noviembre de ese año. Asimismo, ello implicaría que se pudiera hacer una transición “razonable” entre los auditores salientes y entrantes.
Asimismo, propuso que para el balance general anual que cerraba el 31/12/2010 se designara como auditor externo al estudio Brea, Solans y Asociados y en la persona del contador Carlos Solans como titular, por considerarlo la mejor opción entre aquellos que habían presentado sus antecedentes a la sociedad. Sin embargo, para el caso de que el Estado Nacional no prestara conformidad para dicha designación, propuso que en su reemplazo fueran el estudio “Suárez y Menéndez” en primer lugar, o el estudio “San Martin, Suárez y Asociados” en segundo lugar, por considerar que se encontraban en condiciones técnicas y profesionales suficientes y comprobables como para poder auditar unos estados contables de la magnitud e importancia que tienen los de la sociedad “Papel Prensa”. Se observa en el video que en el minuto 11:22 tomó la palabra el Dr. Reposo para explicar que el Dr. Lorente pretendía que se votara una moción que ya había sido tratada (en alusión a la asamblea celebrada el 12 de agosto de 2010, particularmente en los puntos 7 y 8 del orden del día) y finiquitada en su momento oportunidad en la cual se había decidido la desafectación del Dr. Cincotta como auditor externo de la compañía.
Textualmente explicó ‘no es factible tratar, porque ya fue tratado, el punto del señor Cincotta en la anterior Asamblea y además conforme el artículo 20 se necesita inexorablemente el acuerdo del Estado Nacional’ (sic). Ante la imposibilidad de que las partes arribaran a un acuerdo, Reposo propuso que a fin de no perjudicar a la empresa y para el caso que no se llegase a tener un contador certificante, un contador de la SIGEN podría gratuitamente certificar los estados contables para que Papel Prensa S.A. pudiera presentar a la Comisión Nacional de Valores el balance ‘para subsanar este escollo que hoy existe porque los accionistas no se están poniendo de acuerdo’ (sic). Además, conforme surge de la versión taquigráfica, dijo que ‘Desea que lo manifestado se tome de esta manera, de la misma manera que los miembros de la Comisión Fiscalizadora están haciendo el trabajo en forma gratuita para tratar de dar una mano y que la empresa pueda tener esta fotografía y pueda seguir operando en los medios y para evitar cualquier tipo de problemas en el futuro con la no presentación de los estados contables. Pone de relieve que se está ofreciendo un puente y a veces se siente atacado por algo cuando quiere abrir el corazón para tratar de que una empresa como Papel Prensa esté a la vanguardia de la provisión de papel’, aclarando la Dra. Montoya que la propuesta era ‘por fuera de este llamado a concurso y mientras no se tuviera un contador certificante’.
Esta propuesta, no resultaba novedosa por parte del capital estatal, dado que ya había sido sugerida en la asamblea del 12 de agosto de 2010 conforme surge de la lectura del acta n° 88, puntos 7 y 8 (fs. 37/38), obrante a fs. 4116/4162 del expte. 97.222.
A lo largo de todo el video puede observarse cómo los diferentes accionistas continuaron discutiendo por más de una hora sobre las distintas propuestas y sobre cómo debía interpretarse el art. 20 del estatuto social hasta que, en la hora 1:43:13 se observa que el Sr. Maquieira informa, a viva voz, los resultados de la votación y tiene por designado por mayoría y con la expresa oposición del Estado Nacional, al Estudio Brea, Solans y Asociados. Frente a ello, nuevamente el Dr. Reposo aclaró que esa designación no era posible, impugnó formalmente el acto y reiteró que lo decidido era inválido. Asimismo, el Sr. Tarelli indicó que procedía a retirarse por tratarse de una ‘designación indebida’, circunstancia a la que adhirió la Sra. Montoya y, en consecuencia, egresaron del recinto (1:44:08 hs.), mientras que el Sr. Reposo permaneció un rato más continuando su argumentación con relación a la impugnación formulada. En este punto, el presidente Maquieira indicó que el coadministrador Arecha había precisado que tenía que haber una proclamación de la Asamblea y que por ello se procedía a la designación por mayoría del estudio en cuestión, con todas las particularidades en la comprensión del art. 20 del Estatuto y la oposición estatal, circunstancia que ‘debía llevarse ante la Justicia para su correcta dilucidación’.
Previo al levantamiento de la asamblea, puede observarse, en la hora 1:51:30 del video, ingresar al Sr. Moreno al recinto, de lo que se deja constancia en el acta y, sin realizar ningún tipo de manifestación más que las salutaciones de ingreso y luego de egreso, se retira junto al Dr. Reposo. Acto seguido, el Sr. Maquieira dio por finalizada la asamblea a las 12:17hs. del 20 de octubre de 2010 en virtud de los requerimientos efectuados por los Sres. Lohidoy y Bazan. Estas circunstancias no fueron controvertidas por ninguna de las partes y surgen del video analizado.
Además se cuenta con el acta n° 89 (Anexo Documental 5), y con la versión taquigráfica de lo sucedido obrante a fs. 78/114bis de los autos principales, así como también con las declaraciones de los testigos Rendo, Lorente, Maquieira, Capurro, Rovira y Nardelli Mira quienes ratificaron las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que desarrolló la asamblea general de accionistas en cuestión. Asimismo, todos ellos refirieron que se había dado una discusión en torno al entendimiento del art. 20 del Estatuto Social y que el capital privado había tenido por designado, por mayoría, al estudio Brea, Solans y Asociados con expresa oposición del Estado Nacional.
Hasta aquí los antecedentes inmediatos a lo que efectivamente constituye el objeto procesal de estos actuados.
El acta labrada por la escribana Vanina Capurro Los representantes del capital estatal, que se había retirado minutos antes de la finalización del recinto donde se había llevado a cabo la asamblea general de accionistas, se dirigieron a la sala contigua y la escribana adscripta de la Escribanía General del Gobierno de la Nación Vanina Capurro, a las 12:15hs., comenzó a labrar un acta de constatación ‘a requerimiento de la Dra. Montoya’. De acuerdo a lo allí consignado, se encontraban presentes, además de la nombrada, el Sr. Fabio Trossero accionista TELAM SA (en liquidación); el Dr. González Arzac, Titular del Consejo de Vigilancia; y los Dres. Reposo y Tarelli como miembros mayoritarios de la Comisión Fiscalizadora de la Empresa. Asimismo, en un primer momento estuvo presente el Lic. Mario Guillermo Moreno, quien conforme se desprende del acta, se retiró a las 12:25hs. Así las cosas, y conforme surge de su lectura, la Dra. Montoya expuso nuevamente las circunstancias por las que no pudo votar en favor de los estudios propuestos por el capital privado en la asamblea general de accionistas y, propuso, bajo expreso mandato del Estado Nacional, que la tarea de contador certificante para los estados contables trimestrales a cerrar a partir del 1° de julio de 2010 y anual por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010, se encomendara de forma gratuita a la Sindicatura General de la Nación. El Sr. Trossero, votó adhiriéndose a la propuesta, conformándose así la voluntad estatal, quedando así designada la S.I.G.E.N. En el mismo acto, el mandato fue aceptado por su titular, Dr. Daniel Reposo, quien asimismo delegó en la Dra. Vivian H. Stenghele la tarea encomendada. La nombrada se hizo presente y firmó el acta aceptando la labor.
Esta reunión del capital estatal tampoco fue controvertida por las partes y el acta en cuestión fue remitida por las notas SIGEN n° 5681/2010, 5692/2010 y 5693/2010 dirigidas al Juez de Primera Instancia en lo Comercial n° 2, Dr. Eduardo Malde, al Presidente del Directorio de Papel Prensa SACIF y M, Carlos Alberto Maquieira y al interventor designado por el juez comercial, Martin Arecha”.
“[…] Así las cosas, y a modo de síntesis, cabe concluir del examen de la prueba incorporada por lectura, del video y de las testimoniales relevadas precedentemente que: casi en el mismo instante en que culminaba la celebración de la asamblea general de accionistas de ‘Papel Prensa’ o a lo sumo breves instantes posteriores a su culminación, los representantes del capital estatal, junto con los síndicos, se retiraron del recinto y se dirigieron a una sala contigua en donde acordaron por unanimidad designar a la SIGEN como auditor externo de la compañía, particularmente en cabeza de la contadora Stenghele.
Esa designación unilateral resultaba ser la expresión de la voluntad de los representantes del capital público, y desde ya no sería acatada por el resto de los accionistas que representaban el capital privado mayoritario. Así las cosas, surge de los elementos probatorios reseñados supra que fue el juez comercial, Dr. Malde, quien decidió, convocar al profesional elegido por la asamblea general de accionistas - sin acuerdo del estado nacional- y a la contadora representante de la SIGEN propuesta unilateral pero unánimemente por los representantes del Estado, para que actuaran de modo conjunto, como una forma de superar, en el caso concreto y dada la coyuntura que se enfrentaba, las divergentes interpretaciones alrededor de los alcances del art. 20 del estatuto social (resolución del 8 de noviembre de 2010 obrante a fs. 87/92 del expte. 98.001).
Luego de ello, y pese a los inconvenientes reseñados por los testigos, sobre todo en un primer momento, lo cierto es que los contadores de ambas partes trabajaron en lo sucesivo en forma conjunta, de manera pacífica a punto tal que con fecha 3 de junio de 2016 se celebró una audiencia conciliatoria donde la totalidad de las partes lograron acordar que se mantuvieran suspendidos los plazos procesales en la totalidad de los expedientes y se llamara a asamblea general de accionistas para el día 20 de septiembre de 2016 a fin de tratar, entre otras cuestiones, el balance correspondiente al 39° ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010 (fs. 576/580 del expte. 3905/11). Así las cosas, no existen contradicciones ni lagunas respecto de los puntos reseñados y todos los testigos fueron contestes en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sin perjuicio de que cada una de las partes le haya asignado una significación jurídica diferente, la que será oportunamente analizada en el apartado de la calificación legal”.
A continuación el “a quo” formuló las siguientes consideraciones al examinar la relevancia típica de los hechos objeto de imputación.
“III. Atipicidad de la conducta.
Como ha quedado plasmado en el acápite anterior los sucesos materia de este debate, no han sido controvertidos en sus aspectos fundamentales, de manera que es preciso avanzar sin más hacia el terreno de la tipicidad.
Y es allí donde este Tribunal advierte serios problemas, por cierto nada novedosos, en lo que ha sido el derrotero de esta causa y la acreditación de los elementos objetivos del tipo penal por el que se ha formulado acusación.
En efecto, durante la etapa de instrucción, las personas aquí imputadas fueron sobreseídas en tres oportunidades: el 10 de diciembre de 2012 (fs. 451/456), el 8 de julio de 2014 (fs. 663/670), y 27 de septiembre de 2018 (fs. 1186-1218) en todas esas oportunidades por considerarse atípica la conducta. Además, el Ministerio Público Fiscal tuvo acceso a la resolución PGN nro. 3568 en donde el Fiscal General Marcelo a Colombo dio a conocer las razones de su desacuerdo fundamental en los términos el art. 67.2 del Código Penal con la significación jurídica del caso que lo llevaron a apartarse y a convocar al Dr. Stornelli.
Sin perjuicio de ello y a raíz del procesamiento dictado por la Cámara Federal de Apelaciones (7 de noviembre 2018) y los actos que fueron su consecuencia, este Tribunal fue llamado a realizar un debate que, desde la hipótesis planteada por la fiscalía y por la querella, arrojaría elementos de convicción para afirmar con el grado de certeza requerido en esta etapa, la efectiva comisión del delito previsto en el art. 293 del CP por parte de las personas traídas a juicio.
Sin embargo, la celebración del juicio y la recepción de las diversas pruebas de variada naturaleza que se han producido, incluida una numerosa instrucción suplementaria, y pese al esfuerzo de las partes acusadoras, lejos de consolidar sus hipótesis nos condujo directamente hacia la certeza respecto de la atipicidad -casi manifiesta- de lo consignado en el acta labrada por la escribana Vanina Capurro.
III. a. El tipo penal de falsedad ideológica.
El art. 293 del código penal establece “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
La doctrina considera que la fiabilidad objetiva del tráfico jurídico -que es el bien tutelado por la norma- puede verse afectada por la inserción de una declaración mendaz en un documento auténtico en cuanto a sus formas1, es decir en un documento que no es falso en sus condiciones de existencia, sino que lo que son falsas son las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas y que el documento está destinado a probar2. D’ Alessio refiere de manera contundente que estos casos el documento es irreprochable en su aspecto material pero podemos afirmar que ‘es mentira lo que expresa’. Examinemos, pues, estos aspectos.
III. b. Acerca de la falsedad del contenido del acta labrada por la escribana Capurro.
Corresponde avocarse al tratamiento de unos de los aspectos centrales del delito en cuestión que es la mendacidad/ falsedad con idoneidad para producir engaño que debe contener el documento. La querella y la Fiscalía presentaron un escenario ante el Tribunal en el cual las personas aquí imputadas, conforme el delito reseñado y en las circunstancias descriptas en el acápite anterior, hicieron insertar datos falsos en un acta labrada por la escribana de gobierno cuya finalidad era, según la hipótesis acusatoria, imponer la voluntad de los accionistas minoritarios a los mayoritarios, desconociendo de ese modo la voluntad de la mayoría, expresada mediante votación en la asamblea general de accionistas. Ello mediante un ‘plan premeditado y pergeñado principalmente por el licenciado Moreno’ y ejecutado por el resto –con roles que en algunos casos han sido descriptos de manera ciertamente difusa-. A su vez, el iter críminis habría continuado con las acciones desplegadas para hacer valer dicho documento frente a terceros, especialmente ante el juez comercial, el Dr. Malde, para que éste, engañado acerca del contenido del acta, designara a Vivian Stenghele como contadora certificante. En efecto toda la maniobra se habría consolidado cuando el juez comercial, mediante una resolución que calificaron de ‘salomónica’ y ‘absurda’, designó al estudio Brea Solans y a la contadora de la SIGEN para certificar de modo conjunto los estados contables de la empresa ‘Papel Prensa’.
Puntualmente la fiscalía y la querella coincidieron en que los tramos del acta verdaderamente problemáticos en cuanto a su veracidad eran: 1) aquel en que se consignó ‘continuar con la asamblea del día de la fecha’; 2) el párrafo que, tras enumerar a las personas que se encontraban presentes, consigna que ‘dan el marco de legalidad que corresponde a la presente asamblea’; y finalmente 3) cuando se dice ‘a fin de continuar tratando el Punto Segundo del orden del día’. De ello se infiere, la veracidad del documento respecto de la fecha, el lugar, las personas que se reunieron y el interés que procuraban definir, todo lo cual fue consignado en el acta por parte de la escribana, convocada por la requirente para dejar constancia. En efecto, todas las partes estuvieron de acuerdo en que la asamblea general de accionistas culminó en el horario consignado en el acta nro. 89 y que, luego de ello, pero casi sin solución de continuidad, los accionistas que representaban el capital estatal se reunieron en un salón contiguo.
Durante el debate, la discusión ha girado en gran parte alrededor del sentido de la palabra ‘continuación’. Al respecto las partes acusadoras entendieron que la falsedad recaía sobre la simulación de una segunda parte de la asamblea general de accionistas.
Sin embargo, encontramos que esa interpretación que se le pretendió asignar, para reputar como mendaz el contenido del acta, no se condice con el contexto en el que sucedieron los hechos. Mucho menos si se tiene en consideración frente a quién o a quiénes se pretendía su oponibilidad.
En efecto, los destinatarios del acta cuestionada fueron, por un lado el Dr. Malde, Juez comercial a cargo de todos los conflictos que venían suscitándose alrededor de ‘Papel Prensa’ desde hacía tiempo ya, quien contaba, a su vez con la asistencia en calidad de veedor del Dr. Arecha, veedor que asistía personalmente a cada una de las asambleas que se realizaban y le informaba su desarrollo al juez. Y por el otro, el propio Presidente de ‘Papel Prensa’, Alberto Maquieira a cargo de la dirección de la asamblea, todo ello según surge de las notas cursadas por la SIGEN nro. 5681/5692/5693-.
En consecuencia se trataba de personas que estaban al tanto de lo ocurrido el día del hecho, como se advierte con claridad en el video exhibido en el debate y de las declaraciones testimoniales recibidas. Muy difícilmente personas de este calibre, todas ellas con elevados conocimientos de derecho societario, podrían ser llevados a creer que esa reunión, era una fraudulenta segunda parte de la asamblea general de accionistas de la que además no habían participado.
A ello debe sumársele que las personas a las que, luego, se puso en formal conocimiento del acta en cuestión, habían participado el mismo día y en el mismo lugar, de la única asamblea general de accionistas que se celebró, presidida como se dijo por Maquieira junto a quien se ubicó el interventor Martin Arecha, actuando en representación del juez comercial (y a quien le elevó un informe de lo acontecido que obra a fs. 5165/5166 del Expte. 97.222).
Así las cosas, resulta difícil sostener que estas personas podían ser engañadas acerca de una supuesta continuación de un acto que todos los presentes dieron por terminado y que había sido registrado en tres soportes diferentes pero concordantes: el acta nro. 89, la versión taquigráfica y la filmación, que dan cuenta, sin fisuras, de su finalización.
Como han resaltado las defensas, a poco que se de lectura al acta cuestionada, se advierte con facilidad que no se encontraban presentes las partes imprescindibles del órgano en cuestión (asamblea general de accionistas). Cuando la escribana Capurro fue preguntada acerca de este aspecto puntual, y tras aclarar que se trataba de un acto de constatación en donde tan sólo se habían dejado asentadas las manifestaciones de su requirente, de todas formas aseveró ‘que no pretendía ser el acta de la asamblea general de accionistas’. Concuerda con este testimonio otro elemento de juicio que obra en la causa, pues ‘la requirente’ (es decir la imputada Montoya) a su vez, ya en su presentación espontánea de fs. 738 y siguientes, explicó que había convocado a la escribana para que ‘continuara documentando lo allí actuado ‘a continuación de la asamblea’, dejando constancia de lo que allí antes había sucedido y ‘ella había presenciado…’ para luego referir tras recibir las directivas de Guillermo Moreno para seguir representando ‘al Estado Nacional en la asamblea de accionistas estatales… ‘con destino a dejar expuesta la voluntad del Estado respecto del curso de acción alternativo, que ante la falta de acuerdo entre los accionistas de la asamblea precedente, debería ser puesto en consideración del juez comercial’.
Por lo demás, el objeto sobre el que versó la reunión de accionistas del Estado tampoco podía resultar novedoso ni sorpresivo, dado que había sido ampliamente debatido -aunque no votado- en la asamblea general de accionistas el mismo día, oportunidad en la que Reposo lo había sometido a consideración de la asamblea en idénticos términos a los que luego fueron asentados en el acta labrada por Capurro a requerimiento de la Dra. Montoya y que, por supuesto, estaban estrechamente vinculados con ‘el punto segundo de la orden del día’. De este modo, no se condice con la prueba recibida en este debate la hipótesis de las partes acusadoras conforme la cual se intentó simular en el acta una continuación de la asamblea general de accionistas para, de ese modo, hacer incurrir dolosamente en un error al juez comercial.
A tal punto esto es así, que el aludido juez comercial, una vez que recibió la mentada nota de la SIGEN a la que se adjuntaba el acta cuestionada, siempre la entendió, y de hecho la valoró, como la manifestación de la voluntad del Estado Nacional. Puntualmente, en la resolución del 8 de noviembre de 2010 -considerando 4.2- aludió al ‘acta notarial confeccionada únicamente por el capital estatal’ que expresaba su postura con relación a la designación del contador certificante. Siendo ello así, si el magistrado hubiere incurrido en el error que se pretende, la designación de la contadora Stenguele hubiera cumplido con los dos requisitos del art. 20 del estatuto social, pues habría sido designada por la asamblea general de accionistas con el acuerdo del Estado Nacional. No hay dudas de que el Juez comercial equiparó las manifestaciones de los accionistas minoritarios con las de los accionistas mayoritarios y resolvió del modo en que lo hizo a sabiendas de que ninguna de las opciones cumplía cabalmente con lo establecido en aquel estatuto.
Así pues, lo que surge con meridiana claridad de los diversos elementos probatorios recibidos en este debate es que ambas reuniones se sucedieron en el tiempo, una ‘a continuación’ de la otra o ‘inmediatamente después’ y así es como cobra sentido la explicación de las defensas en cuanto a que el término ‘continuación’ está más asociado a un adverbio temporal que a la intención de engañar al magistrado y/o a los directores de Papel Prensa.
Con acierto, desde la filosofía del lenguaje se ha dicho que ‘es el contexto el que determinará qué se ha hecho con una determinada expresión, o, si se quiere, cómo se ha usado. Por eso se dijo ya que la pragmática se interesa, especialmente, por los contextos específicos en que los signos son usados por los hablantes’.
Justamente el contexto que ya ha sido reseñado no hace más que robustecer la idea de que lo consignado es conteste con lo que efectivamente sucedió.
Tampoco se acreditó que el acta en cuestión haya sido labrada con la finalidad de hacer incurrir en un error al juez comercial, sino más bien la de formalizar la voluntad estatal.
Y a mayor abundamiento, no puede dejar de observarse la dificultad de imaginar que un juez de la Nación con especial atención puesta en lo que allí estaba ocurriendo pudiera ser tan fácilmente engañado con una maniobra tan precaria.
Con ese mismo sentido, la Dra. Blanco y el Dr. Archimbal afirmaron además que lo plasmado en el acta a la postre reputada ideológicamente falsa, se trató, simplemente de una reunión de accionistas ‘clase B’ en los términos del art. 250 de la ley de sociedades comerciales.
Concretamente reza la norma: ‘Artículo 250. Asambleas especiales. Cuando la asamblea deba adoptar resoluciones que afecten los derechos de una clase de acciones, que se requiere el consentimiento o ratificación de esta clase, que se prestará en asamblea especial regida por las normas de la asamblea ordinaria’.
En este sentido, no ha sido controvertido por las partes que lo ocurrido el 20 de octubre de 2010 inmediatamente después de la asamblea general de accionistas, en la sala contigua al recinto donde se había llevado a cabo aquélla, fue una reunión de una acotada clase de accionistas, más precisamente todos los que representaban en ‘Papel Prensa’ los intereses del Estado Nacional, incluidos los síndicos. Tampoco ha habido controversia alrededor de que estas personas se pusieron de acuerdo respecto de la propuesta que le harían llegar al juez comercial, que antes habían explicitado en la asamblea general, y que no había sido incluida en la votación que se había llevado a cabo unas horas antes. Ello se condice con lo que fue volcado en el acta cuando reza ‘a fin de continuar tratando el Punto Segundo de la orden del día’. Todo ello, en el marco de la inteligencia que le daban al art. 20 del estatuto constitutivo de ‘Papel Prensa’ que requería la conformidad del Estado Nacional para la designación del contador certificante de los estados contables.
Llegados a este punto, pues, y más allá del nomen iuris que se escoja y las formalidades que cada tipo de asamblea requiera, no puede descartarse que esta reunión de accionistas encuadre en el art. 250 de la ley de sociedades, tal como pretende la defensa.
En función de todo lo expuesto, tratándose de un acta notarial de constatación como lo dejara en claro la escribana Capurro (quien fuera sobreseída de modo firme en la instancia anterior), no es posible derivar exclusivamente una falsedad de las expresiones empleadas que se terminaron asentando en su texto, ni tampoco puede inferirse de dicha falsedad de la forma en que materialmente se labró el instrumento. En conclusión, la interpretación que traen las acusaciones del significado que correspondería inferir de dichas expresiones, aun cuando les hubiera ocasionado alguna confusión subjetiva, no sortea el estándar mínimo de relevancia penal, imprescindible para una condena como la que aquí se pretende, por el delito de falsedad ideológica.
Tampoco compartimos la interpretación jurídica que proponen las acusaciones en lo referido al juez comercial, Dr. Malde, pues este tribunal entiende que la resolución de fecha 8 de noviembre de 2010 (fs. 87/92 del expte. 98.001) no puede ser leída como la consecuencia de un engaño del que el Señor Juez habría sido víctima, sino antes bien como una solución en pos del buen funcionamiento de la empresa Papel Prensa S.A atravesada por un conflicto societario, que conocía a la perfección, y que se proyectaba sobre todos los órganos de la empresa.
Así las cosas, encontramos que no se encuentra acreditada, respecto del acta notarial que ha sido objeto de cuestionamiento, la materialidad fáctica del delito de falsedad ideológica, en su faz objetiva ni subjetiva, resultando atípicos los hechos traídos a juzgamiento.
III. c. Acerca del perjuicio.
No obstante hallarse sellada la cuestión, corresponde efectuar, por si acaso, un último señalamiento referido a que tampoco puede sostenerse que se haya puesto en peligro el bien jurídico tutelado, es decir, la fiabilidad objetiva conferida por el Estado a determinado sector del tráfico jurídico (fe pública).
La llamada ‘cláusula del perjuicio’ alude a que la mera falsificación del documento no alcanza para tener por acreditado el tipo penal. Además, debe haber generado en el caso concreto un perjuicio efectivo o una posibilidad de perjuicio -dependiendo de la postura doctrinal que se adopte- al bien jurídico tutelado, que no es otro que la ‘fe pública’. Por eso la norma expresamente refiere ‘de modo que pueda resultar un perjuicio’.
La doctrina mayoritaria refiere que el perjuicio puede ser abstracto en tanto el peligro concreto pueda tenerse por acreditado respecto de otro bien/es jurídico/s. Varias son las consideraciones que deben realizarse sobre este punto.
Las partes acusadoras tuvieron por cierto que mediante el acta labrada por la licenciada Capurro y su puesta en circulación en el tráfico jurídico a través de las notas cursadas por la SIGEN, no sólo se habían afectado las atribuciones de los accionistas privados, sino que también se había obstaculizado la designación de un/a contador/a certificante que garantizara la presentación de los estados contables en tiempo y forma. La querella citó al respecto un artículo periodístico del 22 de octubre de 2010 relativo al ‘fantasma de las sanciones a Papel Prensa’, lo que de por sí ya nos pone de sobreaviso acerca del carácter conjetural que habrían de tener las consecuencias que se preveían si no se lograba sortear la cuestión rápidamente.
La querella y la fiscalía se conformaron entonces no ya con la ocurrencia de un perjuicio concreto, sino con las ‘potenciales consecuencias’ o dicho en otras palabras con la ‘mera posibilidad de perjuicio’ que las acciones desplegadas por las personas imputadas podrían generar, otorgándole idoneidad para alterar el tráfico jurídico y violar la confianza en la fe pública para lo cual citaron doctrina y jurisprudencia que consideraron pertinente.
Sin perjuicio de que ha quedado probado en autos: a) Papel Prensa no fue sancionada por la Comisión Nacional de Valores (DEOX n° 9336415 y 9338435); b) los estados contables rubricados por el contador Solans y el contador Diaz, fueron presentados en tiempo y forma luego de las prórrogas que fueran concedidas, sin inconvenientes, lo cierto es que la maniobra desplegada analizada ex ante, por las razones expuestas en el acápite anterior tampoco tenía virtualidad para general un peligro potencial para el bien jurídico protegido.
En segundo término, si nos ceñimos a la acusación, los otros perjuicios potencialmente ocasionados habrían recaído sobre las atribuciones de los socios mayoritarios de designar un contador certificante de su exclusivo agrado y/o que se respetase esa decisión y/ o la obstaculización en el proceso de nombramiento de ese profesional. Se alegó que la consecuencia potencial hubiera sido recibir sanciones por parte de la Comisión Nacional de Valores. Se deslizó incluso que temían alguna clase de ‘conspiración general’ del gobierno en tal sentido, sin que se hubieran aportado elementos de juicio o pruebas al respecto.
En primer lugar, y sin necesidad de ponernos a analizar cuestiones ajenas al objeto procesal de esta causa, no puede negarse que, de la lectura del art. 20 del estatuto social y de la interpretación que el juez comercial ha hecho de su contenido, la facultad de la asamblea general de accionistas de nombrar un contador certificante por mayoría no era absoluta -como sí lo es en el caso de otras decisiones de la sociedad-, sino que para esta cuestión en particular se necesitaba el acuerdo del Estado Nacional. Va de suyo que la no anuencia o la decisión de someter al magistrado interviniente la cuestión, no puede ser interpretada como un perjuicio.
En segundo lugar, adentrarnos en el terreno de la obstaculización del normal desenvolvimiento de la vida societaria de Papel Prensa S.A allá por en el año 2010, implicaría traer a este debate un contexto de hostilidad y de conductas obstruccionistas recíprocas que es conocido por todos, pero especialmente por este Tribunal que ya se expidió sobre el asunto en anteriores oportunidades y en las cuales, sin perjuicio de lo resuelto sobre el fondo de la cuestión, se visibilizó el legítimo derecho de los representantes del Estado Nacional a participar en la vida societaria de ‘Papel Prensa’ de un modo más activo a la sinergia anterior con la que venía siendo representado hasta la llegada del licenciado Moreno.
Es en este sentido que el alegato de la Defensora Oficial cobra especial relevancia por cuanto describió minuciosamente tanto lo acontecido desde las reuniones preparatorias, como al comienzo de la asamblea; situación que por otro lado no era excepcional sino que reflejó lo que venía ocurriendo desde que se decidió su intervención judicial y que originó los 63 expedientes judiciales en los que se ventilaron esos conflictos societarios y que dan cuenta de la situación atípica que atravesaba la empresa.
Concretamente respecto de la cuestión que se suscitó el 20 de octubre de 2010, la contadora Stenghele ha explicado con gran detalle los obstáculos que debió sortear cuando inició la tarea encomendada, describiendo la sorpresa y los inconvenientes padecidos los días 28 y 29 de diciembre en las oficinas de ‘Papel Prensa’, cuando pretendió exigir la presentación en regla de los elementos de trabajo necesarios para dar cumplimiento a la manda judicial, en la forma y con los alcances impuestos por el Juez Malde. La visible tensión bajo la cual la contadora Stenghele se debió encontrar en ese entonces, ante la evidencia de que no podría dar cumplimiento tan luego a la orden de un juez porque la empresa le retaceaba los papeles, se vislumbra aún hoy, a más de trece años de estos hechos, por la crisis de llanto que padeció en medio de su declaración, que obligó al Tribunal a suspender el acto, y que dudosamente pueden vincularse como pretendió la querella, sólo a supuestos dichos aislados descalificantes del licenciado Moreno, que por otra parte, y aún cuando fue intensamente interrogada por las acusaciones, la testigo no refirió. Lo que sí refirió fueron las reticencias o renuencias de ‘Papel Prensa’ para facilitarle la documentación que ella requería para poder cumplir con su tarea, encomendada por el magistrado comercial, y que tenía fecha de vencimiento.
Adicionalmente, existe otro escollo en cuanto a la tipicidad de la conducta y es que para cierta parte de la doctrina especializada los llamados ‘documentos testimoniales’ -a diferencia de los dispositivos- no tienen idoneidad para formar parte del tráfico jurídico (más allá de las repercusiones jurídicas que le pueda otorgar una determinada norma procesal) que es lo que el tipo en estudio protege y por eso no son objeto de protección de la falsedad documental, es decir, no tienen entidad para afectar ni de modo concreto ni abstracto el bien jurídico ‘fe pública’ 5. A esta clase de documentos pertenecen las actas de constatación, conforme lo explicó la escribana Capurro cuando se le preguntó por la naturaleza de la que aquí se puso en tela de juicio. Si fuéramos más lejos, hay quienes incluso sostienen que esta clase de actas no son ‘documentos’ propiamente dichos sino ‘objetos de percepción sensorial’.
Ahora bien, aún si considerásemos como otra parte de la doctrina que la fe pública podría ser lesionada mediante un ‘acta de constatación’, lo cierto es que en el caso que nos ocupa no se ha visto lesionada de ningún modo, ni siquiera de manera conjetural, o al menos no se han acercado elementos que permitan tener por cierto esa afirmación. Como ya se ha dicho el uso que se ha hecho de ese documento está íntimamente relacionado con la oponibilidad a terceros, que era muy específica, resultando inverosímil que pudieran confundir lo que describía el acta notarial con una asamblea general de accionistas. De los diversos elementos de prueba recolectados, y más allá de las valoraciones individuales, e incluso la ofuscación que expresaron en sus testimonios quienes estaban vinculados de un modo u otro a los intereses del accionista mayoritario, no puede sostenerse fundadamente que alguno de los destinatarios haya sido efectivamente engañado. De lo dicho hasta el momento, puede afirmarse que el pretendido perjuicio -aun si se lo considerase abstracto-, en este caso no fue tal, pues precisamente gracias a la solución adoptada por el Juez Malde a raíz de haber tomado contacto con el documento en cuestión, los contadores de ambas partes trabajaron de manera conjunta y pacíficamente desde ese momento y hasta el año 2016. En la misma línea, la Comisión Nacional de Valores nunca sancionó a la empresa en cuestión.
III. d. Acerca de la autoría.
Asimismo, también se advierten problemas dogmáticos y probatorios vinculados con la modalidad comisiva. La imputación aquí ha sido la de ‘hacer insertar’ una falsedad ideológica y ello obedece a que la acción de ‘insertar’ también prevista en el tipo penal, sólo puede ser desplegada materialmente por el escribano/a, es decir se trata de una acción que debe ser llevada a cabo por un sujeto activo calificado. Este aspecto no se encuentra controvertido y pese a los esforzados intentos de las partes acusadoras, en especial de la querella, de analizar la participación en el hecho de Vanina Capurro, lo cierto es que carece de toda relevancia penal desde que la Cámara Federal de Apelaciones confirmó su sobreseimiento sustentado en la ausencia de dolo pese a ‘la presencia y tipo de actuación que le cupo -quien dio fe de lo que sucedido ante ella-‘ (confr. Resolución del 7 de noviembre de 2018 de la Sala de la CCCF en el marco de las presentes actuaciones). Siguiendo esta línea de análisis, quienes ‘hacen insertar’ una falsedad por interpósita persona sólo pueden hacerlo como autores mediatos -mediante un fedatario que ignore la falsedad o que instrumentalice la acción mediante coacción, en cuyo caso el escribano es impune por ausencia de dolo; o como instigadores, supuesto en el que el/la escribano/a también sería punible. En efecto, la redacción de la norma conteniendo ambas posibilidades comisivas es lo que permite que un autor mediato de la acción de insertar que no reúne las característica especiales que requiere la autoría pueda punirse como autor directo. Ahora bien, de la prueba producida en el presente debate no pudo acreditarse ninguna de las modalidades descriptas precedentemente ni tampoco las partes acusadoras, más allá de alegaciones genéricas, han explicitado de qué manera los imputados ‘le hicieron insertar’ a la mencionada escribana de gobierno los datos que reputan como falsos. A la ausencia de dolo de la escribana determinada en la etapa anterior, se suma su declaración como testigo en este debate, de la que no es posible extraer ni siquiera un indicio de alguna clase de coacción por parte de las personas aquí imputadas o explicaciones que den cuenta de cómo y quienes la habrían hecho incurrir en un error o de qué modo habría actuado como víctima de una instigación.
IV. La absolución.
Como se advierte, los problemas de tipicidad que el Tribunal Advierte, y en línea con los que habían sido expuestos a lo largo de toda la instrucción, son muchos e insalvables, y por ende nos conducen directamente a un pronunciamiento absolutorio para todas las personas imputadas.
Los hechos previos, concomitantes y posteriores al acta en cuestión nos convencieron acerca de la irrelevancia en términos jurídico penales de la conducta imputada. Lo que se insertó en el acta es lo que ocurrió.
Está fuera de discusión que los representantes del Estado Nacional no tenían facultades por sí solos para designar a la SIGEN - como tampoco la tenían los accionistas mayoritarios para designar a Solans-, habiendo sido en definitiva el Juez Malde quien encuadró y significó ambas expresiones de voluntad de sendas clases de accionistas. Por lo demás, la ausencia de perjuicio y de potencialidad de la maniobra para producirlo, sumado a los problemas en cuanto a la modalidad en que este acto se habría llevado a cabo, no hacen más que reforzar la convicción del Tribunal acerca de lo que se está decidiendo. Sorprende entonces al Tribunal la relación que el Ministerio Público Fiscal pretendió tender, sorpresivamente cuando nunca a lo largo de toda la tramitación de la causa se ventiló este aspecto, entre las responsabilidades asumidas por el Estado en materia de ‘corrupción’, que desarrolló ampliamente en su alegato, el objeto de la presente causa y la pena en suspenso solicitada”.
“[…] Las alusiones de la Dra. Palópoli al ‘riesgo de la estabilidad de cualquier sociedad democrática’ no se condicen con lo que aquí se debatió así como tampoco la ‘finalidad de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad’ prevista en la normativa internacional citada por la Sra. Fiscal, las cuales lucen como mínimo desconectadas con los hechos y pruebas de la causa, y en particular con lo ocurrido durante las audiencias orales celebradas ante este Tribunal. La forzada pretensión y de último minuto de atribuir ese sentido a los hechos ventilados redundan en una indebida banalización de lo que resulta ser un grave problema institucional como lo es la lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos.” (todos los subrayados y los destacados en negrita obran en el original).
III. Ingresando al examen de la cuestión de fondo, se observa que surge del Acta Nº 89/10 de la Asamblea General de Accionistas de la firma Papel Prensa S.A.I.C. y de M. (en adelante “Papel Prensa”), celebrada el 20/10/2010 (obrante a fs. 62/76 del expte. ppal. digitalizado –protocolización a fs. 77/vta.-) y en el Anexo documental Nº 5) que existieron dos propuestas para realizar la certificación de los estados contables trimestrales y anual: una efectuada por los representantes del Estado Nacional y otra presentada por AGEA. Al ser sometidas a votación, la primera quedó en minoría y la segunda resultó mayoritaria, sin acuerdo del Estado Nacional. Por otra parte, también surge la existencia de dos interpretaciones alternativas sobre el alcance del art. 20 del estatuto social, en cuanto prescribe que “El o los profesionales que dictaminen sobre los estados contables […] serán designados por la Asamblea con el acuerdo del Estado Nacional […]”. En dichas circunstancias, se advierte que lo que no quedó definido en la Asamblea fue la significación jurídica de la situación a la que arribaron, de tal modo, los accionistas, a la luz de lo normado por el art. 20 del estatuto social. Al respecto, la mayoría y minoría sostuvieron posiciones divergentes.
Para la mayoría existió una “designación”, sin acuerdo del Estado Nacional, con las consideraciones plasmadas en dicha acta. Y para la minoría, que –entre otras cosas- objetó que el principio de mayoría fuera aplicable en el caso-, no hubo designación alguna sino dos propuestas.
En tal sentido y a modo ilustrativo, cabe aquí recordar algunas de las intervenciones de los participantes de la Asamblea. El Dr. Reposo (Síndico designado por el Estado Nacional)
manifestó que “los tres propuestos por el sector privado ni siquiera debería tener asidero su tratamiento para que sean auditores externos. Concluye diciendo que en caso contrario dejarían impugnada la asamblea por lo que han manifestado hasta el momento”.
El Dr. González Arzac (miembro titular del Consejo de Vigilancia), expresó que “si las posiciones se mantienen de esta manera, sólo queda declarar desierto el concurso y después sí tomar alguna otra determinación, pero no ve otra salida a esta discusión por el momento” (ya que a criterio del exponente y de los restantes representantes del Estado Nacional, las 3 firmas propuestas por los accionistas mayoritarios no cumplían con el requisito de independencia).
La Dra. Montoya (representante del accionista Estado Nacional) expresó que “el Estado Nacional continúa propiciando la designación del Estudio Setti y Asociados, pues considera que reúne antecedentes, perfil e idoneidad suficientes para cumplir la tarea. Reitera que los estudios propuestos por los otros accionistas no reúnen los requisitos pues claramente tienen vinculaciones internacionales, por lo que ni siquiera podrían ser considerados. Mantiene la propuesta, fuera del concurso, que el contador certificante sea la SIGEN, por lo menos para este trimestre”.
Ante la pregunta del Dr. Maiqueira (Presidente de Papel Prensa y de la Asamblea) a la Dra. Montoya respecto de si su propuesta para que fuera votada era la postulación del Estudio Setti como auditor, de acuerdo con el punto 2 del orden del día, de los estados contables de Papel Prensa., la nombrada respondíó que “efectivamente esa fue su propuesta pero que en realidad no habrá votación si no hay acuerdo entre las partes”.
A ello, el Sr. Presidente manifestó que “no sabe si habrá votación o no, pues lo resolverá la Asamblea”.
La Dra. Montoya replicó que “la elección tiene que ser con acuerdo del Estado Nacional y desea aclararlo previo a las consideraciones que hagan los otros accionistas”.
Y el Dr. Lorente (representante de A.G.E.A.) contestó que “no existe incapacidad de esta Asamblea para designar al auditor externo sino que está claro que existe una conducta obstruccionista del Estado Nacional para designar cualquier auditor externo que no sea el propuesto por aquél. […] Explica que la conducta del Estado Nacional, que intenta convertir su derecho a prestar acuerdo con la designación de un auditor en una suerte de derecho de veto de cualquier profesional que no sea el que Estado Nacional pretende, resulta un claro ejercicio disfuncional del derecho que le confiere el Estatuto Social y como tal no puede ser atendido […] por suerte existen alternativas cuando las personas no se ponen de acuerdo respecto de la interpretación de una cierta norma jurídica, que es la instancia judicial. […] insiste con la moción de que se designe el Estudio Brea, Solans y en la persona del contador Carlos Solans como titular para cumplir la función de auditor externo contable de la sociedad.”
El doctor Zamenfeld (representante de Sociedad Anónima La Nación) refirió que “coincide con la posición del doctor Lorente y manifiesta que su sensación es que no se pretende dar un acuerdo para lograr la designación, de modo de convertir la oposición del Estado Nacional en una suerte de veto, que no aparece en el artículo 20, que alude a que exista un acuerdo del Estado a una propuesta. Aclara que en este caso hubo tres propuestas dentro del concurso”.
El Dr. Maiqueira (Presidente) señaló “que cree que todos se han expresado libremente, que están claramente expuestas las opiniones y que hay dos propuestas, para lo cual invita a su votación”.
Como producto de la votación, se registraron “votos afirmativos de los accionistas representantes de CIMECO, AGEA y Sociedad Anónima La Nación, mientras que la doctora Montoya y el doctor Trossero, representantes del Estado Nacional y de la empresa Telam, votan por la propuesta del Estado Nacional”.
La Dra. Montoya reiteró “que el Estado Nacional no presta acuerdo por todas las manifestaciones efectuadas con anterioridad en función de lo prescripto por el artículo 20 del Estatuto Social”. El doctor López (representante de C.I.M.E.C.O.) expresó que “entonces, hay una designación del Estudio Brea, Solans & Asociados en la persona de Carlos Solans, que no tiene el acuerdo del Estado Nacional”.
El Sr. Presidente ratificó que “esa es la votación, por mayoría, de la Asamblea”.
El Dr. Reposo manifestó que “no es así sino que la propuesta del Estado también tiene que ser votada, pero aclara que no hay designación alguna”.
El Sr. Presidente concluyó que “a efectos de cerrar la Asamblea y por pedido del doctor Bazán se señala que a favor de la propuesta del señor Lorente se emitieron 9.364.338.228 votos y a favor de la propuesta del Estado Nacional se emitieron 3.685.398.899 votos, por lo que en consecuencia queda designado por mayoría de la Asamblea el Estudio Brea, Solans y Asociados, con las consideraciones efectuadas”. El doctor Reposo señaló que impugnaba expresamente la designación.
El doctor González Arzac indicó que “se retiran de la Asamblea porque el señor Presidente ha designado una persona indebidamente, sin cumplir el Estatuto, retirándose también la representante del Estado Nacional doctora Beatriz Inés Montoya”.
El doctor Reposo exclamó que “es totalmente inválido y que queda impugnado por no cumplir lo dispuesto por el artículo 20”. El Sr. Presidente de la Asamblea expresó que la cuestión controvertida debería ser sometida a consideración de la justicia. Dijo: “[…] habrá que ir a la Justicia para determinar qué resuelve respecto del artículo 20. Expresa que de acuerdo con lo que diga la Justicia se tendrá designado al contador o no, pero si no hay una designación la Justicia no va a tener la posibilidad de determinar quién será el contador. Aclara que al día de la fecha hay una designación de contador, impugnable seguramente por el Estado Nacional, sobre la que no abre juicio ni está capacitado para determinar. Repite que el doctor Arecha manifestó que era un esfuerzo grande interpretar el artículo 20. Pero entiende para que el juez diga que está bien designado el contador, según la mayoría votada por la Asamblea, tiene que _ llegarle una votación y una impugnación”.
Finalmente, según lo consignado en el acta, el Dr. Zamenfeld solicitó al Sr. Presidente que la Asamblea fuera levantada. Este respondió que lo haría luego de darles la palabra a los Dres. Eduardo Lohidoy (Miembro del Consejo de Vigilancia) y Jorge Bazán (Director de Papel Prensa). En ese momento, ingresó al recinto el Lic. Moreno. El Dr. Lohidoy expresó que existía una sola propuesta votada por la mayoría y que la otra había sido rechazada. El Dr. Reposo expresó que los representantes del Estado Nacional se retiraban de la Asamblea. El Dr. Bazán pidió al Pesidente que cerrara la Asamblea con el resultado que ya fue mencionado. Lo que así hizo el último de los nombrados “da[ndo] por cerrada la Asamblea con las definiciones que han tomados los señores accionistas”. Ello, a las 12:17 hs.
Por último, cabe mencionar que la Dra. Montoya suscribió el acta en cuestión el 08/11/2010, dejando expresa constancia manuscrita de que “no se indica el momento de mi retiro, el cual debe figurar en la página 14 renglón 20, previo a la intervención del Dr. Reposo” (cfr. fs. 76 del expte. ppal., a continuación obra la protocolización efectuada en la citada fecha del Acta 89/10 efectuada por la Escribana Capurro a requerimiento de la Dra. Montoya).
Posteriormente, los aquí imputados participaron en la reunión que se desarrolló en la sala contigua, cuyas particularidades fueron consignadas por la Escribana Capurro (Escribana Adscripta de la Escribanía General de Gobierno de la Nación) en el acta notarial cuya falsedad ideológica propician tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante en sus respectivos recursos de casación.
En lo sustancial, el acta en cuestión da cuenta de que: “En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil diez, siendo las 10,05 horas, yo la Escribana Adscripta de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, me constituyo en el domicilio de la calle Bartolomé Mitre 739, 4º piso, sede de la empresa Papel Prensa S.A., a requerimiento de la Dra. Beatriz Inés MONTOYA, […], en su carácter de Representante del Accionista Estado Nacional Argentino, quien solicita mi presencia A FIN DE CONSTATAR lo que acontezca en la Asamblea General de Accionistas de la Empresa convocada para el día de hoy a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en la sede en la que me encuentro constituida.
EN ESTE ESTADO, siendo las 10,25 horas se da lectura al orden del día: 1º) Designación de accionistas que tengan a su cargo la suscripción del acta de asamblea. 2º) Designación de Contador certificante para los estados contables trimestrales a cerrar a partir del 1º de julio de 2010 y anual por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010, y se da comienzo a la Asamblea. Se trata el primer punto del Orden del Día, respecto del cual se resolvió por unanimidad que suscribirán el acta, el Doctor Zamenfeld, representante del accionista La Nación S.A., el Doctor Lorente, en representación del accionista AGEA S.A., y la Doctora Montoya, en representación del Estado Nacional Argentino. Se da comienzo al tratamiento del segundo punto del orden del día.
Luego del debate en el que se desarrolló el tratamiento de este punto, s[i]endo las 12,15 horas, la requirente solicita me traslade a un lugar contiguo donde se encuentra presente el señor Secretario de Comercio Interior, Licenciado Mario Guillermo MORENO. La requirente MANIFIESTA que debido a que se suscitó una situación anómala en el desenvolvimiento de la asamblea, por cuanto se intentó designar como Contador Certificante a un Estudio sin acuerdo del Estado Nacional y en franca violación al artículo 20 del Estatuto Social, se constituye aquí para continuar con la Asamblea del día de la fecha con su presencia, como representante del Estado Nacional Argentino, el señor Fabio TROSSERO, como representante del accionista Telam S.A (en liquidación), del miembro Titular del Consejo de Vigilancia, Doctor Alberto Ricardo GONZALEZ ARZAC, del Doctor Daniel REPOSO y del Doctor Agustín TARELLI, estos dos últimos conformando la mayoría de la Comisión Fiscalizadora de la Empresa, dando el marco de legalidad que corresponde a la presente Asamblea.
Se retira el Licenciado Moreno, siendo las 12,25, horas. La requirente CONTINUA DICIENDO que, a fin de continuar tratando el punto segundo del orden del día, y mediante instrucciones recibidas del Estado Nacional Argentino en el marco del llamado a Concurso para la Designación de Contador certificante para los estados contables trimestrales a cerrar a partir del 1° de julio de 2010 y anual por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010, propuso durante el debate la designación del Estudio Setti y Asociados, de conformidad al análisis y evaluación efectuados respecto de las 10 empresas presentadas en el citado concurso, considerando que el Estudio propuesto reúne las condiciones de idoneidad y antecedentes suficientes para llevar a cabo la tarea encomendada y porque ha ofrecido la instalación de mecanismos que permitirían detectar los posibles fraudes cometidos en esta empresa en el pasado, de los que dan cuenta las denuncias que tramitan en sede penal, y evitar los mismos en el futuro, todo ello en el marco de lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Social de Papel Prensa S.A., y que a los fines de evitar posibles perjuicios a la Empresa, y por fuera del llamado a Concurso, se ofreció que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN gratuitamente realice la certificación del estado contable a cerrar a partir del 1° de julio de 2010, mediante la intervención de un contador habilitado al tal efecto.
ASIMISMO deja constancia que los tres estudios propuestos por los accionistas por el capital privado, a saber: Brea, Solans & Asociados, SMS San Martin, Suarez y Asociados y por ultimo Suarez y Menéndez no resultan elegibles en función de haberse analizado sus antecedentes y concluido que no reúnen los requisitos prescriptos por el artículo 20 del Estatuto Social, por cuanto reconocen en sus propias presentaciones que integran el Acta de comprobación notarial de apertura de las ofertas del llamado a Concurso, labrada mediante escritura número 82, de fecha 6 de septiembre de 2010, otorgada la Escribana de esta Ciudad, Liliana Carina Irustía, al folio 213, del Registro Notarial 789, a su cargo, y a las cuales se remite la requirente en honor a la brevedad, destacando que las tres empresas citadas reconocen en sus ofertas tener relación directa o indirecta con firmas de auditoría o similares del exterior, aspecto por el cual quedan inhabilitadas para ser consideradas en este llamado a concurso y deberían ser descartadas por incumplimiento del artículo mencionado.
También pone de resalto que la Comisión Fiscalizadora ha tenido conocimiento que uno de los socios del Estudio Brea, Solans & Asociados, el socio Ricardo Pez, ha participado dentro del estudio Maquieira y Asociados como dependiente, durante varios años, firma de la cual es titular el actual Presidente de la Sociedad, Doctor Alberto Maquieira. A su vez, también el estudio SMS San Martin Suarez y Asociados, a través de su socio Andrés Riportella, tiene como cliente al Grupo Clarín y a la Empresa Televisora La Plata S.A., que conforma el Grupo Cablevisión, vinculaciones que tornan que no reúnan los requisitos mínimos para ser elegibles. Las presentes aseveraciones fueron aceptadas durante el debate tanto por el Doctor Maquieira como por el Doctor Lorente, representante de AGEA S.A., respectivamente, manifestando el primero, que la vinculación del Doctor Fez tenia larga data, no obstante que a la fecha ya no pertenecía a su estudio, y en el caso del Dr.
Lorente, manifestó que existía tal asesoramiento, pero con una facturación del orden de $ 1.500, respecto de un volumen de ventas totales de alrededor de $ 9.000.000, intentando descalificar con tales argumentos las impugnaciones efectuadas a las firmas antedichas. EN ESTE ESTADO, y en virtud que la propuesta efectuada por el Estado Nacional fue rechazada por los accionistas del capital privado durante el debate, y a los efectos de no perjudicar el normal desenvolvimiento de la vida societaria y para que la Empresa pueda cumplir con las disposiciones legales en la materia, respecto del punto Segundo del orden del Día, Designación de Contador certificante para los estados contables trimestrales a cerrar a partir del 1° de julio de 2010 y anual por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010, y cumpliendo expresas instrucciones del accionista Estado Nacional, encomienda dicha tarea en forma gratuita a la Sindicatura General de la Nación, por fuera del concurso convocado a los efectos de esta designación.
Ei señor Fabio TROSSERO, en su carácter de representante del accionista TELAM S.A. (en liquidación) vota adhiriéndose a la propuesta del accionista Estado Nacional, conformado la voluntad estatal.- Ei Doctor Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación, acepta el mandato y expresa que se realizara la tarea a través de un contador certificante a designar. El Doctor Reposo manifiesta asimismo que el organismo a su cargo es un órgano independiente con personalidad jurídica reconocida legalmente y distinta a los demás órganos del Estado Nacional, y con aptitud para realizar auditorías financieras, de legalidad y de gestión […]. Asimismo deja constancia que el contador certificante tendrá plena independencia, aptitud profesional y antecedentes para el cometido asignado, reiterando que el mismo será de carácter gratuito, y puntualiza que la aceptación la formaliza en su carácter de Sindico General de la Nación y no como miembro de la Comisión Fiscalizadora de esta empresa, y designa para realizar la tarea a la Doctora Vivian H.
STENGHELE, con Documento Nacional de Identidad 20.573.337, quien fuera incorporada como asistente de la Comisión Fiscalizadora mediante Acta 582, del 23 de junio de 2010, y viene desarrollando las tareas preparatorias para la emisión del respectivo dictamen, como es de conocimiento de la Empresa conforme surge del Acta de Directorio 965 del 3 de septiembre de 2010, en el tratamiento del punto primero. SE HACE PRESENTE la Doctora Vivian H. STENGHELE, quien acepta la tarea encomendada, firmando la presente para constancia. La requirente me solicita que, una vez obtenida la transcripción de la versión taquigráfica del debate desarrollado en la primer parte de la Asamblea, recogida por los taquígrafos contratados por el Estado Nacional, se realice la protocolización correspondiente.- EN ESTE ESTADO, siendo 15,25 horas se da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación de lo actuado, firmando para constancia las personas mencionadas, ante mí, doy fe.-“ (cfr. acta certificada obrante a fs. 58/60vta. del expte. ppal.).
En sustancia, los impugnantes sostienen que en el acta de referencia se hizo insertar a la escribana interviniente “la inexistente continuidad” de la asamblea general de accionistas y que, con ello se pretendía torcer la voluntad de los accionistas mayoritarios que habían elegido al Estudio Brea, Solans y Asociados (y rechazado a la S.I.G.E.N.) como contador certificante de los estados contables, generar un caos en la empresa y provocar la insolvencia. Acotan que la maniobra continuó con la presentación del acta en cuestión ante distintas personas e instituciones ante las cuales se pretendió hacerla valer como documento público destinado a dar fe de su contenido.
La base fáctica de la imputación fue atribuida por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante a los encausados, como coautores del delito de falsedad ideológica de documento público, agravado por su calidad de funcionarios en abuso de sus funciones (cfr. arts. 45, 293, 296 y 298, todos del C.P.).
Según la hipótesis de los acusadores, la falsedad consignada en el acta es la “inexistente continuidad de la Asamblea de accionistas”, sea que se la considere como parte de las manifestaciones de la Dra. Montoya o como un acto constatado por la Escribana Capurro. Ello es afirmado por los hoy recurrentes, con invocación de la misma “textualidad” del acta (a la que agregan otros elementos que consideran de contexto y omitidos en la valoración del “a quo”, a los que se hará referencia en este voto infra). Concretamente, aluden a las siguientes expresiones plasmadas en el documento: “para continuar con la Asamblea del día de la fecha”, “[en] el marco de legalidad que corresponde a la presente Asamblea” y “a fin de continuar tratando el punto segundo del orden del día”.
En palabras del Ministerio Público Fiscal, se ha “forza[do] indebidamente las reglas de la lógica, haciéndole decir a un texto lo que no dice, o negando lo que expresamente dice”.
Ingresando al examen del caso y conforme lo reseñado supra, se aprecia que al referirse a los hechos probados en el debate, el “a quo” sostuvo que “casi en el mismo instante en que culminaba la celebración de la asamblea general de accionistas de ‘Papel Prensa’ o a lo sumo breves instantes posteriores a su culminación, los representantes del capital estatal, junto con los síndicos, se retiraron del recinto y se dirigieron a una sala contigua en donde acordaron por unanimidad designar a la SIGEN como auditor externo de la compañía, particularmente en cabeza de la contadora Stenghele.
Esa designación unilateral resultaba ser la expresión de la voluntad de los representantes del capital público, y desde ya no sería acatada por el resto de los accionistas que representaban el capital privado mayoritario. […]”
Y luego de referirse a otros extremos que tuvo por acreditados (sobre los que volveremos infra), el sentenciante de mérito afirmó que “no existen contradicciones ni lagunas respecto de los puntos reseñados y todos los testigos fueron contestes en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sin perjuicio de que cada una de las partes le haya asignado una significación jurídica diferente, la que será oportunamente analizada en el apartado de la calificación legal”. Al respecto, estimo pertinente puntualizar que el abordaje del “a quo” parte de una premisa equivocada. Pues, el objeto de imputación en autos no es la “reunión” de personas que tuvo lugar en la sala contigua al recinto donde se desarrolló la Asamblea General de Accionistas de Papel Prensa el 20/10/2010 sino que se refiere a cómo fue documentado dicho “hecho” en el acta notarial cuestionada en lo concerniente a la veracidad de su contenido.
Por ello, contrariamente a lo afirmado en la sentencia recurrida, el examen de la relevancia típica del suceso no está condicionado por la “diferente significación jurídica” que las partes le “han asignado” a la precitada “reunión” (por fuera de lo documentado en el acta), sino por la determinación de si lo documentado refleja fiel o falsamente el “hecho” ocurrido por sus circunstancias relevantes (modo, tiempo y lugar); para luego, sobre esa base, en su caso, dilucidar si la falsedad recae sobre alguno de los aspectos sustanciales del “hecho” que el documento público debe probar, con aptitud para afectar a la fe pública al ser introducido en el tráfico jurídico.
A partir de ese equivocado enfoque, se observa que en el punto III.b (“Acerca de la falsedad del contenido del Acta labrada por la escribana Capurro”), el sentenciante de mérito para desechar la hipótesis imputativa de los acusadores mezcla en la argumentación distintos objetos (lo ocurrido y lo documentado, dando preeminencia a lo primero por sobre lo segundo), así como también diferentes niveles de análisis: 1º) si lo documentado es falso; 2º) eventualmente, si la falsedad plasmada en el documento recae sobre aquello que el documento está destinado a probar y, a partir de ello, si tenía aptitud para generar perjuicio a la fe pública en caso de que fuera introducido en el tráfico jurídico; 3º) la finalidad perseguida por los intervinientes (cfr. art. 293 del C.P.); 4º) el uso que efectivamente se hizo del documento (cfr. art. 296 del C.P.).
En tal sentido, cabe precisar que:
1. Para determinar si lo documentado es falso es necesario cotejar, sin confundir, lo ocurrido con lo documentado (cómo se plasmó lo ocurrido en el acta notarial: textualidad vs. realidad).
2. En este nivel corresponde examinar si lo documentado falsamente (en el caso, la continuidad de la Asamblea General de Accionistas, según la hipótesis acusatoria), simulando que la designación de la S.I.G.E.N. para certificar los estados contables de Papel Prensa tuvo lugar en el marco de esa Asamblea General (cosa que no fue así –extremo no controvertido por las partes-), con potencialidad para hacer creer a terceros, a quienes pudiera ser opuesto el documento, que así aconteció.
En este ámbito, deberá ser evaluada la discordancia planteada entre las partes sobre el carácter testimonial o dispositivo del acta en cuestión.
Es pertinente recordar que ya he tenido oportunidad de señalar como juez de esta Cámara que el bien jurídico protegido por los arts. 292 y 293 del C.P. es la fe pública (cfr. C.F.C.P., Sala IV. C.F.C.P., causa FRO 31000684/2009/TO1/6/CFC1, caratulada “Gordó, José Luis s/ recurso de casación”, Reg. nro. 2540/19 del 05/12/2019 –en lo pertinente y aplicable-, entre otras) y que, en orden a la cláusula del perjuicio, el menoscabo a la fe pública resulta suficiente a los fines de configurar la tipicidad del delito de falsedad ideológica -art. 293, primer párrafo del C.P. (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa FMZ 32014074/2004/TO1/CFC1, “MARQUESINI BASSI, Hugo Alberto y otro s/ recurso de casación”, Reg. nro. 1371/20.4 del 20/08/2020 –en lo pertinente y aplicable-).
En otras palabras, es requisito necesario y suficiente que el documento tenga aptitud para afectar el aludido bien jurídico.
3. Para desentrañar la finalidad perseguida por los intervinientes (dolo), corresponde confrontar la versión de los intervinientes con lo documentado en contexto (lo ocurrido antes, durante y después de que la escribana Capurro labrara el acta).
4. En este punto, cabe destacar, por un lado, que la falsedad ideológica (cfr. art. 293 del C.P.) es una figura autónoma del uso que se haga del documento que la contiene –su introducción al tráfico jurídico- (cfr. art. 296 del C.P.). Y, por consiguiente, la prueba de la primera figura no depende de la acreditación de la segunda.
Asimismo, es atinente puntualizar que el tipo penal previsto en el art. 296 del C.P. antes citado (uso de documento público falso) no debe ser confundido con el reglado en el art. 172 del mismo cuerpo legal (estafa). Con el primero se tutela el bien jurídico fe pública según lo antes expuesto y con el segundo el patrimonio. Por tanto, sus exigencias típicas también resultan disímiles.
En función de las precisiones antes efectuadas, se aprecia que, a partir del aludido enfoque equivocado, el “a quo”, al tiempo de examinar la calificación jurídica del hecho a la luz de la tipo penal de falsedad ideológica propuesto por los acusadores, sostuvo que “[…] se infiere, la veracidad del documento respecto de la fecha, el lugar, las personas que se reunieron y el interés que procuraban definir, todo lo cual fue consignado en el acta por parte de la escribana, convocada por la requirente para dejar constancia. En efecto, todas las partes estuvieron de acuerdo en que la asamblea general de accionistas culminó en el horario consignado en el acta nro. 89 y que, luego de ello, pero casi sin solución de continuidad, los accionistas que representaban el capital estatal se reunieron en un salón contiguo.
Durante el debate, la discusión ha girado en gran parte alrededor del sentido de la palabra “continuación”. Al respecto las partes acusadoras entendieron que la falsedad recaía sobre la simulación de una segunda parte de la asamblea general de accionistas.
Sin embargo, encontramos que esa interpretación que se le pretendió asignar, para reputar como mendaz el contenido del acta, no se condice con el contexto en el que sucedieron los hechos. Mucho menos si se tiene en consideración frente a quién o a quiénes se pretendía su oponibilidad”.
Para finalmente, concluir que “Así pues, lo que surge con meridiana claridad de los diversos elementos probatorios recibidos en este debate es que ambas reuniones se sucedieron en el tiempo, una “a continuación” de la otra o “inmediatamente después” y así es como cobra sentido la explicación de las defensas en cuanto a que el término “continuación” está más asociado a un adverbio temporal que a la intención de engañar al magistrado y/o a los directores de Papel Prensa”.
En primer lugar, cabe apuntar que, tal como lo precisó el Ministerio Público Fiscal, el acta no contiene la palabra “continuación” sino expresiones que parecen aludir tanto al marco de actuación de los allí presentes como a la finalidad del acto que los convocaba en la ocasión, entre ellos los aquí imputados, en la citada sala contigua (“para continuar con la Asamblea del día de la fecha”, “[en] el marco de legalidad que corresponde a la presente Asamblea” y “a fin de continuar tratando el punto segundo del orden del día”).”
Máxime, cuando el acta documenta una decisión, conforme lo admite el propio “a quo”, tomada por los allí presentes que era el único objeto de la Asamblea General de Accionistas de la cual tanto estos como la Escribana Capurro habían participado momentos antes. Esto es, la designación de la S.I.G.E.N. como contador certificante de los estados contables trimestral y anual de Papel Prensa.
Así pues, se estima arbitrario que el “a quo” haya apelado al aludido “contexto del hecho” antes que al texto mediante el cual se documentó el acto en el acta cuestionada (cotejo intrínseco del documento –texto- cuya falsedad postulan los acusadores). Pues, más allá de si la reunión de personas satisfacía o no los requisitos legales para ser considerada una reunión de accionistas de clase, a tenor de lo normado por el art. 250 de la Ley de Sociedades Comerciales (según lo postularon las defensas), lo cierto es que, tal como lo señalan los aquí impugnantes, el acta no menciona expresamente ni esa norma ni ese tipo de asamblea. Al respecto, nada dice el pronunciamiento en crisis. Por otra parte, la parte querellante sostiene que “la propia letra del acta reputada como falsa (además de los testigos) señala que se continuaba con la deliberación, que iv) la apariencia del acta (por las firmas, expresiones de votos resoluciones y designaciones) demuestra claramente que se estaba pretendiendo darle una connotación de acto asambleario general conforme probó esta parte)”.
Del recorrido del texto del acta notarial surge que el documento se inicia del siguiente modo:
“En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil diez, siendo las 10,05 horas, yo la Escribana Adscripta de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, me constituyo en el domicilio de la calle Bartolomé Mitre 739, 4º piso, sede de la empresa Papel Prensa S.A., a requerimiento de la Dra. Beatriz Inés MONTOYA, […], en su carácter de Representante del Accionista Estado Nacional Argentino, quien solicita mi presencia A FIN DE CONSTATAR lo que acontezca en la Asamblea General de Accionistas de la Empresa convocada para el día de hoy a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en la sede en la que me encuentro constituida. EN ESTE ESTADO, siendo las 10,25 horas se da lectura al orden del día: 1º) Designación de accionistas que tengan a su cargo la suscripción del acta de asamblea. 2º) Designación de Contador certificante para los estados contables trimestrales a cerrar a partir del 1º de julio de 2010 y anual por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010, y se da comienzo a la Asamblea. Se trata el primer punto del Orden del Día, respecto del cual se resolvió por unanimidad que suscribirán el acta, el Doctor Zamenfeld, representante del accionista La Nación S.A., el Doctor Lorente, en representación del accionista AGEA S.A., y la Doctora Montoya, en representación del Estado Nacional Argentino. Se da comienzo al tratamiento del segundo punto del orden del día. Luego del debate en el que se desarrolló el tratamiento de este punto, s[i]endo las 12,15 horas, la requirente solicita me traslade a un lugar contiguo donde se encuentra presente el señor Secretario de Comercio Interior, Licenciado Mario Guillermo MORENO”.
Y a su cierre, el acta da cuenta de que: “La requirente [Dra. Montoya] me solicita que, una vez obtenida la transcripción de la versión taquigráfica del debate desarrollado en la primer parte de la Asamblea, recogida por los taquígrafos contratados por el Estado Nacional, se realice la protocolización correspondiente.- EN ESTE ESTADO, siendo 15,25 horas se da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación de lo actuado, firmando para constancia las personas mencionadas, ante mí, doy fe”.
De lo antes transcripto se aprecia que la Escribana Capurro (convocada a constatar todo cuanto “acontezca en la Asamblea General de Accionistas de la Empresa”), dio inicio al acta con las formas de un acta de Asamblea General de Accionistas y dejó constancia de lo actuado en ese ámbito (tratamiento del punto 1º del Orden del Día y “debate” sobre el punto 2º). Y, sobre el final, la escribana dejó constancia de la solicitud efectuada por la Dra. Montoya para que protocolizara “la transcripción de la versión taquigráfica del debate desarrollado en la primer parte de la Asamblea”.
Ese es el marco de apertura y cierre del acta, en cuyo tramo intermedio –se asentó la designación de la S.I.G.E.N., la asignación de la tarea específica a la Cdra. Stehghele y su aceptación por parte de la nombrada- se insertaron las expresiones (“para continuar con la Asamblea del día de la fecha”, “[en] el marco de legalidad que corresponde a la presente Asamblea” y “a fin de continuar tratando el punto segundo del orden del día”), a partir de las cuales los acusadores formulan la hipótesis acusatoria de falsedad ideológica del acta.
Nada dice el pronunciamiento impugnado sobre tales circunstancias al tiempo de dilucidar el alcance de las expresiones en cuestión, a fin de determinar la aptitud del acta para generar una falsa creencia sobre el alcance del acto documentado al ser opuesto a terceros. Máxime, teniendo en cuenta que el acta nada dice sobre la votación de la propuesta del capital privado, sobre su resultado (aprobada por mayoría, sin acuerdo del Estado Nacional) y sobre la finalización del acto, antes de que ocurriera el traslado a la sala contigua al que sí alude. Extremos que tampoco formaron parte del examen realizado por el “a quo”.
No es ocioso señalar que lo relevante del acto documentado, a fin de examinar la tipicidad propuesta por los acusadores, no se reduce a si participaron las personas que allí se tuvo por presentes sino que incluye también si se documentó fielmente el marco de su actuación a fin de tomar las decisiones que se detallaron en el acta. Y, en este punto, un primer indicio de arbitrariedad en el examen realizado por el “a quo” surge de la alusión a un término (“continuación”) que el acta no contiene y la omisión de considerar la integridad del propio texto documental (primer elemento de contexto o “contexto inmediato” de las expresiones de las que parten los recurrentes para sustentar su hipótesis), en lo que podríamos llamar un control intrínseco para desentrañar su sentido intersubjetivo.
Pasando ya al “contexto mediato” (hechos anteriores, concomitantes y posteriores al labrado del acta), cabe advertir que, conforme lo refiere la parte querellante, el “a quo” no ponderó que la Dra. Montoya se retiró de la Asamblea General de Accionistas sin firmar el acta, cuando había sido designada para ello al inicio del acto (la firma del representante del Estado Nacional había sido impuesta por el juez comercial, en el marco de la intervención resuelta respecto de la sociedad). La suscripción se concretó varios días más tarde y en fecha coincidente con la resolución del juez Malde que dispuso la intervención conjunta del Cdor. Solans y la S.I.G.E.N. en la tarea de certificación de los estados contables.
Asimismo, se observa que, cuando el 08/11/2010 la nombrada suscribió el acta asamblearia Nº 89 correspondiente a la Asamblea del 20/10/2010, dejó asentado que “no se indica el momento de mi retiro, el cual debe figurar en la página 14 renglón 20, previo a la intervención del Dr. Reposo”. Esto es luego de que el Dr. Gonzalez Arzac indicara que “se retira[ban] de la Asamblea porque el senor Presidente ha designado una persona indebidamente, sin cumplir el Estatuto” y, cuando continuaba el debate sobre el sentido jurídico del resultado de la votación, casi ochenta renglones antes de que el Presidente (Dr. Maquieira) diera por cerrada la asamblea a las 12:17hs. Paralelamente, en el acta cuestionada se asentó el traslado (posterior al retiro aludido) a la sala contigua, donde se decidió y documentó lo que constituye hoy el objeto de imputación.
En el marco de la intervención del Dr. Reposo previa al retiro de la Dra. Montoya de la asamblea general, según da cuenta el acta Nº 89, el nombrado sostuvo “acá no hay elección porque no hubo acuerdo en función del artículo 20”. Y luego de que el Dr. Zamenfeld solicitara al Presidente que la asamblea fuera levantada, ingresó al recinto el Licenciado Moreno y, posteriormente, el titular de la S.I.G.E.N. (que intervenía como miembro de la Comisión Fiscalizadora), expresó que “los representantes del Estado Nacional se retiran de la Asamblea”. Por otra parte, como también lo refiere la parte querellante, en la evaluación del contexto, el sentenciante de mérito tampoco tuvo en cuenta las expresiones del Lic. Moreno, quien promovió y participó de la reunión celebrada (y documentada) en la sala contigua. Concretamente, la parte alude “[a]l episodio grabado en el video aportado a la causa donde Guillermo Moreno le dice en tres ocasiones - pocos minutos después de finalizada la asamblea general de accionistas- con total contundencia al coadministrador Martín Arecha que el contador certificante era Daniel Reposo (ver 02:03:05 de la videograbación)”. El mencionado Dr. Arecha había sido designado Interventor y Co-Administrador judicial por el Juez Malde en el marco del Expte. 97.222 (15/07/2010, fs. 3931/3933), con motivo de la renuncia del Dr. Bianchi, quien había sido el primero en desempeñar dicha función (cfr. resol. del 08/03/2010, fs. 1154/1186). Similar crítica plantean los impugnantes con relación a la falta de valoración por el “a quo” de lo actuado por los intervinientes con posterioridad a los hechos, como extremo relevante para desentrañar el sentido de lo documentado en el acta notarial.
En ese orden de ideas, mencionaron las notas cursadas por la S.I.G.E.N. y por la Secretaría de Comercio Interior, en las que se comunicó a sus destinatarios que había sido “la Asamblea General de Accionistas” o “la Asamblea de Accionistas de Papel Prensa S.A.” del día 20 de octubre de 2010” (y no una asamblea de clase o los representantes del Estado Nacional), la que “encomendó a la Sindicatura General de la Nación” la tarea de certificación de los estados contables de Papel Prensa S.A.
Concretamente, la Nota SIGEN nro. 5692/2010 dirigida al Sr. Presidente del Directorio, Cr. Alberto Maquieira -requiriendo acceso a documentación contable- (fs. 140/141); nota similar SIGEN nro. 5693/2010, dirigida al Interventor y Coadministrador Dr. Martín Arecha (fs. 142), nota SIGEN nro. 5681/10 del 21/10/2010, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 2 a cargo del juez Eduardo E. Malde, en el marco del Expte. 97.222 (a la que se adjuntó una copia del documento labrado por la Escribana Capurro, que tiene el declamado “objeto de informarle que la Asamblea de Accionistas de Papel Prensa S.A. en su reunión con fecha 20 de octubre de 2010 ha encomendado a esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para que designe contador certificante para los estados contables trimestrales a cerrar a partir del 1º de julio de 2010 y anual por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010”.
Y en cuanto a las emitidas por la Secretaría de Comercio Interior, se mencionaron las que “se libraron desde la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, notas a otros organismos; a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Caja de Valores respectivamente. Al respecto se circularizaron: NOTA SCI Nº 614/10 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2010 suscripta por Guillermo Moreno dirigida al PRESIDENTE DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES D. Adelmo J.J. GABBI: “… SEÑOR PRESIDENTE: El que suscribe, Lic. Mario Guillermo MORENO, en su carácter de Secretario de Comercio Interior, a cargo del ejercicio de los derechos societarios correspondientes al capital accionario del Estado Nacional en la empresa PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M, tiene el agrado de dirigirse a Usted, a los efectos de poner en su conocimiento que según lo resuelto en la Asamblea General de Accionistas del día 20 de octubre de 2010, se encomendó a la Sindicatura General de la Nación, para que en forma gratuita realice la certificación de los estados contables trimestrales a cerrar a partir del 1 de julio de 2010 y anual por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010, mediante la intervención de la contadora Vivien Stenghele, habilitada a tal fin …’ […] “NOTA SCI Nº 675/10 del 28 de octubre de 2010 suscripta por Guillermo Moreno dirigida al SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Lic. Alejandro VANOLI: ‘… SEÑOR PRESIDENTE: El que suscribe, Lic. Mario Guillermo MORENO, en su carácter de Secretario de Comercio Interior, a cargo del ejercicio de los derechos societarios correspondientes al capital accionario del Estado Nacional en la empresa PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M., tiene el agrado de dirigirse a Usted, a los efectos de poner en su conocimiento que según lo resuelto en la Asamblea General de Accionistas del día 20 de octubre de 2010, se encomendó a la Sindicatura General de la Nación, para que en forma gratuita realice la certificación a los estados contables trimestrales a cerrar a partir del 1 de julio de 2010 y anual por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010, mediante la intervención de la contadora Vivien Stenghele, habilitada a tal fin …’.”
La parte querellante destacó que, además, el 21/10/2010 (al día siguiente de la “verdadera asamblea de accionistas”), los Cdres. Reposo y Stenghele se apersonaron en la sede de la empresa Papel Prensa reclamando la documentación societaria a los fines de cumplir con la tarea de la certificación contable. Extremo que revela la inmediata implementación de lo resuelto el día anterior por los representantes del Estado Nacional, sin aguardar a lo que pudiera resolver el juez Malde con relación a la controversia suscitada entre los accionistas. Al referirse al contexto del hecho objeto de imputación, el “a quo” sostuvo: “encontramos que esa interpretación que se le pretendió asignar, para reputar como mendaz el contenido del acta, no se condice con el contexto en el que sucedieron los hechos. Mucho menos si se tiene en consideración frente a quién o a quiénes se pretendía su oponibilidad.
En efecto, los destinatarios del acta cuestionada fueron, por un lado el Dr. Malde, Juez comercial a cargo de todos los conflictos que venían suscitándose alrededor de ‘Papel Prensa’ desde hacía tiempo ya, quien contaba, a su vez con la asistencia en calidad de veedor del Dr. Arecha, veedor que asistía personalmente a cada una de las asambleas que se realizaban y le informaba su desarrollo al juez. Y por el otro, el propio Presidente de ‘Papel Prensa’, Alberto Maquieira a cargo de la dirección de la asamblea, todo ello según surge de las notas cursadas por la SIGEN nro. 5681/5692/5693-.
En consecuencia se trataba de personas que estaban al tanto de lo ocurrido el día del hecho, como se advierte con claridad en el video exhibido en el debate y de las declaraciones testimoniales recibidas. Muy difícilmente personas de este calibre, todas ellas con elevados conocimientos de derecho societario, podrían ser llevados a creer que esa reunión, era una fraudulenta segunda parte de la asamblea general de accionistas de la que además no habían participado.
A ello debe sumársele que las personas a las que, luego, se puso en formal conocimiento del acta en cuestión, habían participado el mismo día y en el mismo lugar, de la única asamblea general de accionistas que se celebró, presidida como se dijo por Maquieira junto a quien se ubicó el interventor Martin Arecha, actuando en representación del juez comercial (y a quien le elevó un informe de lo acontecido que obra a fs. 5165/5166 del Expte. 97.222).
Así las cosas, resulta difícil sostener que estas personas podían ser engañadas acerca de una supuesta continuación de un acto que todos los presentes dieron por terminado y que había sido registrado en tres soportes diferentes pero concordantes: el acta nro. 89, la versión taquigráfica y la filmación, que dan cuenta, sin fisuras, de su finalización”.
Al respecto, la parte querellante pone de resalto que el “a quo” le asignó un contexto al acta reputada falsa por su contenido en base a las personas que el propio tribunal entendió que eran destinatarias, cuando esta, en sí misma, no tenía ningún destinatario. El impugnante puntualizó que de la literalidad de la misma no surge que sea una comunicación hacia las mencionadas personas, cosa que sí sucedió con las notas SIGEN N°5681/5692/5693. En ese orden de ideas, postuló que esa es la primera confusión en la que incurrió el sentenciante de mérito para fallar tal como lo hizo; lo cual, agrega, a su vez desencadenó otra confusión más: que se ponderara que la idoneidad del engaño por la investidura de las personas que fueron tildadas como destinatarias. Desde tal perspectiva analítica, la parte entiende que “se absolvió a los imputados argumentando que el hecho de que los destinatarios del acta labrada por la escribana Capurro estuvieron presentes (al menos, dos de ellos) sumado a sus investiduras sería el impedimento para considerar idóneo el engaño requerido para la falsedad ideológica”.
Sin embargo, explica “la imputación de esta parte fue clara y no dejó margen a duda. Esta parte imputó falsedad ideológica y no estafa procesal como de alguna manera se logra entender entre líneas que interpretó el tribunal. El análisis sobre la idoneidad de un engaño resulta más propio de una hipótesis de estafa y en los términos que fueron contextualizados los hechos por el tribunal nos inclinan a afirmar que lo resuelto se acerca más al análisis de una estafa comúnmente conocida como ‘procesal’.
Desde el inicio de las actuaciones con el escrito de denuncia esta parte sostuvo que los hechos por los que se acusó en el juicio se encuadraban en la figura de falsedad ideológica y no en otra. Pues, haberlo considerado que los hechos encuadraban en el art. 172 CP, así lo hubiese hecho pero lo cierto es que ello jamás sucedió.
Dicho de otra manera, que haya existido una especie de ultra intencionalidad por parte los imputados tendiente a hacer aparentar (de manera burda o no) ante el juez comercial y demás autoridades de la empresa que en definitiva se había resuelto designar a otro contador certificante, a los fines de la adecuación típica elegida por esta parte no importa dado que el delito se encuentra consumado con la sola confección del acta notarial y la potencialidad del perjuicio”. Por otra parte, se aprecia que al valorar los dichos de la Escribana Capurro y de la Dra. Montoya, el “a quo” señaló: “Como han resaltado las defensas, a poco que se de lectura al acta cuestionada, se advierte con facilidad que no se encontraban presentes las partes imprescindibles del órgano en cuestión (asamblea general de accionistas). Cuando la escribana Capurro fue preguntada acerca de este aspecto puntual, y tras aclarar que se trataba de un acto de constatación en donde tan sólo se habían dejado asentadas las manifestaciones de su requirente, de todas formas aseveró ‘que no pretendía ser el acta de la asamblea general de accionistas’”. A renglón seguido, el “a quo” aseveró que “Concuerda con este testimonio otro elemento de juicio que obra en la causa, pues ‘la requirente’ (es decir la imputada Montoya) a su vez, ya en su presentación espontánea de fs. 738 y siguientes, explicó que había convocado a la escribana para que ‘continuara documentando lo allí actuado ‘a continuación de la asamblea’, dejando constancia de lo que allí antes había sucedido y ‘ella había presenciado…’ para luego referir tras recibir las directivas de Guillermo Moreno para seguir representando ‘al Estado Nacional en la asamblea de accionistas estatales’… ‘con destino a dejar expuesta la voluntad del Estado respecto del curso de acción alternativo, que ante la falta de acuerdo entre los accionistas de la asamblea precedente, debería ser puesto en consideración del juez comercial’.
Por lo demás, el objeto sobre el que versó la reunión de accionistas del Estado tampoco podía resultar novedoso ni sorpresivo, dado que había sido ampliamente debatido -aunque no votado- en la asamblea general de accionistas el mismo día, oportunidad en la que Reposo lo había sometido a consideración de la asamblea en idénticos términos a los que luego fueron asentados en el acta labrada por Capurro a requerimiento de la Dra. Montoya y que, por supuesto, estaban estrechamente vinculados con ‘el punto segundo de la orden del día’. De este modo, no se condice con la prueba recibida en este debate la hipótesis de las partes acusadoras conforme la cual se intentó simular en el acta una continuación de la asamblea general de accionistas para, de ese modo, hacer incurrir dolosamente en un error al juez comercial”.
En esa línea argumental, el sentenciante de mérito concluyó que “la interpretación que traen las acusaciones del significado que correspondería inferir de dichas expresiones, aun cuando les hubiera ocasionado alguna confusión subjetiva, no sortea el estándar mínimo de relevancia penal, imprescindible para una condena como la que aquí se pretende, por el delito de falsedad ideológica”.
Al respecto, en primer lugar se observa que, en función de las omisiones antes señaladas en este voto, la versión de los hechos brindada por la Escribana Capurro (testigo –anteriormente imputada y luego sobreseída-) y por la Dra. Montoya (actualmente imputada) en instrucción y en el debate, el “a quo” tampoco las confrontó con la totalidad de la prueba reunida. Por tanto, no se advierte fundado que exista concordancia entre unas y otras.
Además, en este tramo del pronunciamiento impugnado nuevamente se prescinde de la integralidad del texto del acta notarial cuestionada, descontextualizando las expresiones que sustentan la hipótesis acusatoria (“para continuar con la Asamblea del día de la fecha”, “[en] el marco de legalidad que corresponde a la presente Asamblea” y “a fin de continuar tratando el punto segundo del orden del día”) de su entorno más próximo (el propio texto del documento, “contexto inmediato”), forzando de tal modo su sentido y desnaturalizando, correlativamente, el sentido último del acto tal como fue efectivamente documentado por una fedataria.
En particular, en cuanto a la naturaleza del acta, tampoco se advierte suficientemente fundado por el “a quo” que se tratara “de un acto de constatación en donde tan sólo se habían dejado asentadas las manifestaciones de su requirente” (cfr. lo declarado por la Escribana Capurro).
En efecto, al retomar lo manifestado por la actuaria en el acápite dedicado al tratamiento (subsidiario) del perjuicio exigido por el tipo penal de falsedad ideológica (“III. c. Acerca del perjuicio”), el sentenciante de mérito expresó:
“Adicionalmente, existe otro escollo en cuanto a la tipicidad de la conducta y es que para cierta parte de la doctrina especializada los llamados ‘documentos testimoniales’ -a diferencia de los dispositivos- no tienen idoneidad para formar parte del tráfico jurídico (más allá de las repercusiones jurídicas que le pueda otorgar una determinada norma procesal) que es lo que el tipo en estudio protege y por eso no son objeto de protección de la falsedad documental, es decir, no tienen entidad para afectar ni de modo concreto ni abstracto el bien jurídico fe pública’ 5. A esta clase de documentos pertenecen las actas de constatación, conforme lo explicó la escribana Capurro cuando se le preguntó por la naturaleza de la que aquí se puso en tela de juicio. Si fuéramos más lejos, hay quienes incluso sostienen que esta clase de actas no son ‘documentos’ propiamente dichos sino ‘objetos de percepción sensorial’6.
Ahora bien, aún si considerásemos como otra parte de la doctrina que la fe pública podría ser lesionada mediante un ‘acta de constatación’7, lo cierto es que en el caso que nos ocupa no se ha visto lesionada de ningún modo, ni siquiera de manera conjetural, o al menos no se han acercado elementos que permitan tener por cierto esa afirmación”.
En este punto, se advierte que, conforme lo señalado por la parte querellante, en el pronunciamiento impugnado no se dieron razones válidas para sostener que el acta tildada de falsa por su contenido fuera una mera constatación de los dichos de la Dra. Montoya por la escribana Capurro y que, pese a ello, haya sido firmada por la totalidad de los presentes y que, además, se hayan incluido mociones y votaciones; tal como en una asamblea de accionistas.
Asimismo, se observa que tampoco el “a quo” ha brindado argumentos para refutar lo alegado por dicha parte en cuanto a que: “[…] aun aceptándose por hipótesis que el acta en cuestión sólo reflejaría los dichos de la Dra. Montoya y no la constatación de lo que la escribana Capurro vio y presenció por sus propios sentidos, sostiene la mejor doctrina que ‘esta regla de irrelevancia - para el fedatario- de la veracidad de lo efectivamente declarado ante él no puede ser generalizada sin más, pues deja de regir en aquellos casos en los que el funcionario o escribano público tiene el deber de cerciorarse, por lo menos hasta cierto punto, de la veracidad de lo declarado’4. Existen entonces supuestos en los que esa regla de irrelevancia cede. Y ello sucede cuando el fedatario tiene obligación de constatar datos que le aseguren que es verídico aquello que, respecto de esos datos, declaran ante él las partes otorgantes.
Vimos más arriba que, de acuerdo a lo dispuesto expresamente en las normas que rigen su actividad, la escribana debió evaluar ‘los alcances y efectos’ que las disposiciones legales determinaban para la debida constitución de la Asamblea societaria (control de asistencia de accionistas, lugar de celebración del acto, autoridades naturales legitimadas en la Asamblea, etc.).
Por ello, la falsa manifestación de la requirente Montoya acerca de inexistente continuidad de la Asamblea de accionistas no resultaba irrelevante para la fedataria en cuestión.
En efecto, la doctrina advierte que ‘pueden darse supuestos, por lo tanto, en los que un fedatario sea autor de falsedad ideológica por insertar una declaración que efectivamente se ha llevado a cabo en su presencia y en los términos consignados en el documento, pero que es falso respecto de determinados datos relacionados con su contenido, en tanto le conste su mendacidad y rija en el caso, en cuento a esos datos, el mencionado deber de averiguación de la verdad’5.
Agrega ‘no cualquier declaración mendaz es jurídicopenalmente relevante para este delito, sino aquella que esté referida a un hecho que el documento público deba probar, esto es, las llamadas declaraciones ‘esenciales’ de los documentos’6.
Fontán Balestra explica que es esencial la declaración ‘que recae sobre hechos o circunstancias que el documento está destinado a probar; no lo es, y por lo tanto no configura este delito, la que versa sobre circunstancias que el documento no está destinado a dar fe’7 . Así, se ha dicho que ‘el hecho que el documento debe probar, en los términos del art. 293 del CP, es únicamente el que constituye la relación jurídica específica que allí se establece, de conformidad con su destino’8.
La génesis misma del documento estuvo destinada a probar la supuesta designación por parte de la Asamblea de accionistas de una contadora certificante distinta a aquella designada por la voluntad social debidamente manifestada. Para ello se hicieron constar votos, manifestaciones, aceptaciones de mandato, designaciones y aceptaciones de cargo por parte de cada uno de los firmantes del acta, dándole en consecuencia apariencia de legitimidad a los efectos de imponer tal decisión ante el juez actuante y ante la propia sociedad anónima. Y, como vimos, todos y cada uno de esos datos plasmados en el acta resultaban ‘esenciales’ para lo que el documento estaba destinado a probar y, en tanto no resultaban entonces irrelevantes, debió imponerse el deber de veracidad propio de la actuación de la fedataria. d) Finalmente, bien vale llamar la atención sobre el hecho de que aún aceptándose como hipótesis que el instrumento en cuestión sólo tuviera por objeto reflejar las manifestaciones de la Dra. Montoya, lo cierto es que tanto ella, como todos y cada uno de los funcionarios que la acompañaban y que rubricaron el documento actuaron también como otorgantes del mismo, y por tanto todos ellos extendieron ese instrumento público.
En efecto, se trata de un documento extendido por funcionarios públicos de acuerdo a los requisitos previstos en las leyes vigentes, y por tanto abarcado por la previsión del art. 289 del CCCN para los documentos públicos. Lo dicho implica el deber de todos esos funcionarios públicos de velar por la veracidad de lo consignado en ese instrumento.
Pero, como se ha visto, ese deber ha sido dolosamente desatendido, por cuanto se han asentado en ese instrumento público datos falsos. En efecto, y contra lo allí consignado, no se estaba en presencia de la continuación de la asamblea de accionistas debidamente constituida, no existía legitimación para votar allí sobre el punto 2 del orden del día de una asamblea que ya había finalizado en la sala contigua, no existía tampoco legitimación para designar contador certificante ni mucho menos para efectuar el acto de aceptación de cargo del profesional allí designado.
Y como también vimos, ese instrumento público por ellos extendido fue utilizado al día siguiente para acreditar esos hechos falsos ante el Juzgado Comercial y ante la misma compañía a través del presidente de su directorio.
Con ello, pierde relevancia la alegación acerca de si se trató o no de un acta de manifestación de los dichos de la Dra. Montoya ya que todos y cada uno de los funcionarios públicos firmantes del acta han hecho asentar en el documento público en cuestión declaraciones falsas sobre el hecho que el documento estaba destinado a probar.
Por tanto, ellos se han erigido en coautores de la falsedad documental”.
Por último, en el acápite III.d. (“Acerca de la autoría”), el “a quo” advirtió “problemas dogmáticos y probatorios vinculados con la modalidad comisiva”.
En ese orden de ideas, sostuvo: “La imputación aquí ha sido la de ‘hacer insertar’ una falsedad ideológica y ello obedece a que la acción de ‘insertar’ también prevista en el tipo penal, sólo puede ser desplegada materialmente por el escribano/a, es decir se trata de una acción que debe ser llevada a cabo por un sujeto activo calificado. Este aspecto no se encuentra controvertido y pese a los esforzados intentos de las partes acusadoras, en especial de la querella, de analizar la participación en el hecho de Vanina Capurro, lo cierto es que carece de toda relevancia penal desde que la Cámara Federal de Apelaciones confirmó su sobreseimiento sustentado en la ausencia de dolo pese a ‘la presencia y tipo de actuación que le cupo -quien dio fe de lo que sucedido ante ella-‘ (confr. Resolución del 7 de noviembre de 2018 de la Sala de la CCCF en el marco de las presentes actuaciones).
Siguiendo esta línea de análisis, quienes ‘hacen insertar’ una falsedad por interpósita persona sólo pueden hacerlo como autores mediatos -mediante un fedatario que ignore la falsedad o que instrumentalice la acción mediante coacción, en cuyo caso el escribano es impune por ausencia de dolo; o como instigadores, supuesto en el que el/la escribano/a también sería punible. En efecto, la redacción de la norma conteniendo ambas posibilidades comisivas es lo que permite que un autor mediato de la acción de insertar que no reúne las características especiales que requiere la autoría pueda punirse como autor directo. Ahora bien, de la prueba producida en el presente debate no pudo acreditarse ninguna de las modalidades descriptas precedentemente ni tampoco las partes acusadoras, más allá de alegaciones genéricas, han explicitado de qué manera los imputados ‘le hicieron insertar’ a la mencionada escribana de gobierno los datos que reputan como falsos. A la ausencia de dolo de la escribana determinada en la etapa anterior, se suma su declaración como testigo en este debate, de la que no es posible extraer ni siquiera un indicio de alguna clase de coacción por parte de las personas aquí imputadas o explicaciones que den cuenta de cómo y quienes la habrían hecho incurrir en un error o de qué modo habría actuado como víctima de una instigación”.
En su cuestionamiento a lo afirmado por el “a quo”, la parte querellante sostuvo: “En lo medular, nada se dijo del estado de nerviosismo de la testigo Capurro en el debate y de la reiteración de la misma respuesta (que se trataba de una manifestación de la requirente Montoya y que como tal no debe analizar si es verdadera o falsa) frente a preguntas de toda índole. 36 Pues, las excusas o justificaciones brindadas aparentaban más un descargo que un testimonio. Por ello, la participación de la mencionada en la escribana se demostró también en su testimonio; sin perjuicio de que la acusación y pedido de pena no alcanzó a la mencionada notaria por su sobreseimiento en la instancia de instrucción. En resumen, sobre quien participó de la maniobra, no debe en definitiva demostrarse vicio en la voluntad como pretendió el tribunal”. A ello, cabe acotar que el hecho de que la Escribana Capurro hubiera sido sobreseída (por resolución firme de la Cámara “a quo”) solo impide que su actuación sea analizada a los efectos de atribuirle a ella responsabilidad por los hechos investigados pero no impide que dicho análisis sea efectuado para determinar la responsabilidad en el hecho de quienes habían sido, oportunamente, sus consortes de causa.
A esta altura, es pertinente recordar que la doctrina de la arbitrariedad establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir decisiones presuntamente equivocadas en orden a temas no federales. Para su procedencia se requiere, en cambio, un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia como acto jurisdiccional válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 325:3083; 328:3922, entre muchos otros). En atención a que con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, también ampara al Ministerio Público Fiscal (C.S.J.N., Fallos: 199:617; 299:17; 307:2483 y 308:1557), al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (C.S.J.N., Fallos: 325: 1731; 327:2273; 331:1090 y sus citas).
En el supuesto en estudio, se aprecia que la arbitrariedad alegada por los impugnantes no resulta de la sola disconformidad con la solución a la cual arribó el “a quo” sino que da cuenta de la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de argumentación jurídica y se sustenta en un análisis de los defectos lógicos de la decisión en recurso (cfr. C.S.J.N., Fallos: 247:713; 330:4797 y 340:914).
Por todo lo hasta aquí expuesto, cabe concluir que la decisión impugnada no resulta la derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias comprobadas del caso y, por consiguiente, no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido (cfr. arts. 123 y 404, inc. 2º, ambos del C.P.P.N.).
IV. También la parte querellante objetó la imposición de costas del proceso resuelta por el “a quo”.
Por lo argumentado en este voto y el temperamento asumido en consecuencia, corresponde también anular las costas del proceso impuestas en la sentencia impugnada.
V. En atención a las consideraciones antes formuladas, corresponde: I. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por la parte querellante y por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, ANULAR la resolución recurrida y REMITIR las actuaciones al “a quo” para que, previa sustanciación, se dicte un nuevo pronunciamiento. Sin costas en la instancia (cfr. arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas por las defensas.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
En sustancial coincidencia con los fundamentos expuestos en el voto del juez Mariano Hernán Borinsky, habré de adherir a la propuesta que viene efectuada de anular la decisión recurrida por resultar arbitraria y remitir la causa al a quo a fin de que se dicte una nueva con relación a la intervención de los encausados en los hechos investigados.
En efecto, las premisas en las que la sentencia recurrida sustenta la absolución de Mario Guillermo Moreno, Daniel Reposo, Beatriz Inés Montoya y Fabio Manuel Trossero, esto es a partir de cuestionamientos en lo que ha sido el derrotero de la causa y en la acreditación de los elementos objetivos del tipo penal por el que se ha formulado acusación, no encuentran asidero en el plexo probatorio reunido en autos y no permiten arribar a la conclusión sostenida por el sentenciante.
En este punto, coincido en que la resolución recurrida, en lo relativo a la ponderación de los elementos de convicción colectados en el debate –y el consecuente temperamento liberatorio adoptado respecto del delito imputado-, es portadora de vicios que resienten su fundamentación, en virtud de que en el caso que nos ocupa la absolución dictada ha derivado de una valoración aislada y fragmentaria de los elementos arrimados al proceso, descartándose arbitrariamente su valor y prescindiéndose de una visión de conjunto, franqueando así el límite de razonabilidad que debe presidir su ponderación.
En este sentido, debe computarse que en la sentencia recurrida no se han valorado adecuadamente todos aquellos aspectos que rodearon la confección del acta en cuestión, y también se omitió un pormenorizado análisis del contenido del instrumento así como de su real alcance y aptitud generadora de daño; circunstancias que fueron suficientemente detalladas por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la querella.
De tal modo, los fundamentos y motivaciones en las que se sustentaron las absoluciones resultan carentes del basamento probatorio, lo que equivale a un supuesto de ausencia de consideraciones mínimas y suficientes para arribar al temperamento desincriminatorio aludido, razón por la cual la sentencia en este aspecto presenta fisuras de logicidad en su razonamiento, de ceñirnos a las reglas y al principio de la sana crítica racional (arts. 123, 398, 404, inc. 2), contrario sensu, del C.P.P.N.).
Por ello adhiero a la solución propuesta sin costas en esta instancia (530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Sellada la suerte de los recursos en examen por el voto coincidente de mis colegas, adhiero a la solución propuesta, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
Por ello, en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal
I. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por la parte querellante y por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, ANULAR la resolución recurrida y REMITIR las actuaciones al “a quo” para que, previa sustanciación, se dicte un nuevo pronunciamiento. Sin costas en la instancia (cfr. arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas por las defensas.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.), remítase al tribunal de origen mediante pase digital, quien deberá efectuar las comunicaciones pertinentes, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky (Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal).
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo (Prosecretario de Cámara).
Fin de la sentencia