Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
I. Por mayoría, rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas de Luis María Viaut y Darío Fabián Rivarola, con imposición de costas en la instancia (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y concordantes del C.P.P.N.).
II. Por unanimidad, rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Walter Gustavo Fattore, con imposición de costas en la instancia (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y concordantes del C.P.P.N.).
III. Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 ley 48).
Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de dos mil veinticinco, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques -Vocales-, asistidos por el secretario actuante, para resolver los recursos de casación interpuestos en el presente legajo nro. FCB 7607/2020/TO1/3/CFC1 del registro de esta Sala, caratulado: Viaut, Luis María y otros s/ recurso de casación. Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl O. Pleé, a Luis M. Viaut el defensor Tristán Gavier, a Darío F. Rivarola la defensora pública oficial María Florencia Hegglin y a Walter G. Fattore el defensor particular Rodrigo J. Ranz.
Efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó establecido el siguiente orden: Mahiques, Petrone y Barroetaveña.
VISTOS Y
El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Córdoba, el 3 de mayo de 2022, en lo que aquí interesa, resolvió “1. CONDENAR a Luis María Viaut, ya filiado en autos, como coautor penalmente responsable del delito de exacciones ilegales agravada, previsto y penado por los arts. 45, 266 y 267 del Código Penal (hecho nominado primero) y 1 Registro nro.: 810/25 coautor penalmente responsable del delito de tráfico de influencias, previsto y penado por los arts. 45 y 256 bis segundo párrafo del Código Penal (hecho nominado segundo), en concurso real, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas (art. 256 bis del C.P), multa de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000), la que se deberá verificar dentro de los diez días de quedar firme la presente (art. 259 bis, 266 y 21 del C.P), con accesorias legales y costas (art. 12 del C.P. y art. 530 del C.P.P.N.). 2.
CONDENAR a Darío Fabián Rivarola, ya filiado en autos, como coautor penalmente responsable del delito de exacciones ilegales agravada, previsto y penado por los arts. 45 y 266 y 267 del Código Penal (hecho nominado primero) y coautor penalmente responsable del delito de tráfico de influencias, previsto y penado por los arts. 45 y 256 bis segundo párrafo del Código Penal (hecho nominado segundo) en concurso real e imponerle en tal carácter la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN en forma de ejecución condicional (art. 26 del C.P.), inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas (art. 256 bis del C.P.), multa de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000), la que se deberá verificar dentro de los diez días de quedar firme la presente (arts. 259 bis, 266 y 21 del C.P), con costas (art. 530 del C.P.P.N.).
(…) 4. CONDENAR a Walter Gustavo Fattore, ya filiado en autos, como partícipe secundario penalmente responsable del delito de tráfico de influencias, previsto y penado por los arts. 46 y 256 bis segundo párrafo del Código Penal (hecho nominado segundo) e imponerle en tal carácter la pena de SEIS (6) MESES DE PRISIÓN en forma de ejecución condicional (art. 26 del C.P.), inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas (art. 256 bis del C.P), multa de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) la que se deberá verificar dentro de los diez días de quedar firme la presente, con costas (arts. 259 bis del C.P. y 530 del C.P.P.N.) (…)6. PROCEDER AL DECOMISO del dinero secuestrado en autos por ser producto del delito y de todos los elementos secuestrados con relación a los hechos juzgados y condenados conforme lo dispone el art. 23 del C.P.”.
Contra esa decisión las defensas interpusieron recursos de casación que, concedidos el 9 de junio de 2022, fueron mantenidos ante esta instancia el 28 y 30 de ese mismo mes y el siguiente 4 de julio, respectivamente.
II. a. Recurso de casación interpuesto por la defensa de Luis María Viaut.
Encausó sus agravios en el art. 456, inc. 2, del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.) por considerar que en la sentencia se verifica una inobservancia de las normas que el código de rito establece bajo pena de nulidad absoluta.
Invocó la incorrecta aplicación de las reglas de la sana crítica racional y falta de fundamentación de la sentencia, por lo que afirmó la arbitrariedad de la resolución impugnada. Adujo que la condena por el delito de exacciones ilegales de su defendido fue dictada producto de la libre convicción, sin respetar “los requisitos básicos para considerar cuando una prueba indiciaria puede ser utilizada para probar un hecho o la participación de un inculpado”.
Criticó que el tribunal sostuviera que Viaut tenía un patrón de conducta ya que, a su entender, era una afirmación carente de todo respaldo probatorio. Destacó que en la denuncia que dio inicio a las actuaciones no se mencionó a Viaut y que no surge de las declaraciones testimoniales brindadas por los empleados de la Fiscalía a su cargo, que alguien tuviese sospechas sobre pedidos de coimas por parte de su superior. Postuló que resulta irrazonable deducir que existió un modo sistemático de proceder por parte del ex fiscal, exclusivamente a partir de su vinculación con el hecho denominado segundo.
Cuestionó, por otra parte, que el sentenciante haya tenido por probada la participación de su asistido en ese hecho a partir de la confesión efectuada por su consorte Rivarola. Sostuvo que este último buscó mejorar su posición y así aumentar la posibilidad de acceder a una condena de ejecución condicional. Insistió en que “la confesión fue incluso beneficioso para Rivarola porque en el primer hecho la grabación había sido únicamente a él, y los testigos apuntaban a Rivarola, es decir, que la aceptación del hecho fue innecesaria para tener por probado la existencia del hecho para ese imputado; sirviéndole al Ministerio Público como material para involucrar al Dr. Viaut, ya que de otra manera no hubiesen podido hacerlo.”.
Señaló que se omitió hacer lugar a la prueba solicitada por la defensa referida a requerir a las empresas de telefonía celular que informen las listas sábanas de las llamadas durante los tres meses anteriores, a la reunión de Rivarola y el denunciante González. Que sólo se valoraron comunicaciones cursadas entre su asistido y este último, antes y después del hecho endilgado sin tener en consideración que había múltiples llamadas “anteriores y posterior al hecho en una infinidad de casos, y que son llamados que efectuaban a la mañana, a la tarde y a la noche, todos los días del año” en razón de la nueva dinámica de trabajo que surgió como consecuencia de la pandemia. Por fin, denunció que el sentenciante utilizó las desgrabaciones telefónicas vinculadas con el hecho segundo para fundar la responsabilidad de Viaut en el primer hecho atento “la falta de pruebas pretende de manera ilegal y arbitraria trazar una línea paralela entre el hecho nominado dos y el uno, porque indudablemente no pudo probar la participación de Viaut en el hecho primero”.
En relación al “hecho segundo” el impugnante postuló la errónea aplicación de la ley sustantiva al entender que las conductas endilgadas a Viaut no encuadran en la figura de tráfico de influencias, en tanto no se corroboraron los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestión.
Así expuso que no se probó que Viaut haya ejercido una influencia indebida, real y posible, sobre la Fiscal de Bell Ville, como así tampoco se demostró que se haya producido el riesgo desaprobado sancionado por la norma. Hizo pie en que no se verificó la existencia de vínculo entre ambos fiscales, que siquiera se conocían entre sí y que, además, ejercían en distinta jurisdicción -federal y provincial-. En este punto, enfatizó que la propia Fiscal indicó que el llamado tuvo como objeto conocer acerca de la detención preventiva de Agustín Brugnoni, y que para aquel entonces la causa se encontraba tramitando ante la Cámara de San Francisco y no en la Fiscalía de Instrucción. Sumado a ello, el defensor destacó que tampoco se corroboró modificación favorable alguna en la situación procesal de Agustín Brugnoni.
En este escenario, solicitó la absolución de Viaut por el hecho nominado segundo.
En tercer lugar, consideró también arbitraria por fundamentación insuficiente la determinación del monto de la pena efectuada por el Tribunal. Denunció así que fue violatoria de las garantías del debido proceso, defensa en juicio y motivación de las sentencias, y proporcionalidad y razonabilidad de las penas (arts. 17, 18 y 28, CN, y art.
123, C.P.P.N.).
Afirmó que el sentenciante ponderó agravantes fundadas en circunstancias falsas o que carecen de ese valor desde el punto de vista fáctico y jurídico y que, de no haberse tenido en cuenta, se hubiera arribado a la imposición de una pena sensiblemente menor. Que, en igual sentido, soslayó la consideración de otras circunstancias atenuantes. Señaló que el tribunal impuso la mitad de la escala penal en abstracto sin tener en cuenta que su asistido no poseía antecedentes penales, que fueron dos hechos, que siempre colaboró con la investigación.
Resaltó que no se demostró la extensión del daño causado y que la cuestión económica fue valorada doblemente ya que siendo que la norma en sí misma ya contiene el ánimo de lucro, el a quo no debía tenerlo en consideración para agravar la pena.
Cuestionó finalmente la pena de multa por considerarla excesiva. En ese punto, denunció que la escala de la multa es de dos a cinco veces el monto de la exacción por lo que carece de fundamento el monto de seis millones de pesos impuesto al imputado y que dicha cuantía no fue justificada en modo adecuado por el tribunal de mérito por lo que corresponde su anulación.
Hizo la reserva del caso federal.
b. Recurso de casación interpuesto por la defensa de Darío Fabián Rivarola.
El impugnante fincó sus agravios en ambos supuestos previstos en el artículo 456 del C.P.P.N. Sostuvo que el tribunal de mérito efectuó una errónea aplicación de la ley sustantiva y realizó una valoración arbitraria de los elementos probatorios.
Se agravió, en primer lugar, por entender que la sentencia arbitrariamente descartó el cambio de calificación propuesto. Expuso que los argumentos brindados por el a quo para justificar la aplicación de los tipos penales de exacciones ilegales y tráfico de influencias, fueron erróneos y carentes de respaldo probatorio. Argumentó que se debió optar por una figura menos gravosa, como la calificación subsidiaria propuesta por el acusador público -estafa en grado de tentativa-, en atención al principio tentativa de estafa, aplicando el principio "in dubio pro reo".
En esa línea, manifestó que no se corroboró vulneración alguna al bien jurídico que protegen las referidas calificaciones. Que, por el contrario, “fueron burdas maniobras de contenido económico personal”.
En lo que respecta al hecho nominado primero, el defensor señaló que la exacción ilegal es un delito especial propio que requiere que el sujeto activo sea funcionario público, exigencia que, al momento de los hechos, Rivarola no cumplía en tanto se desempeñaba como ordenanza de la Fiscalía. Por lo que, siendo dicha cualidad -funcionario público- un elemento normativo del tipo penal, su ausencia afectaba la tipicidad del hecho.
Sumado a ello, señaló que el tribunal omitió valorar que Viaut no reconoció su intervención en ese hecho y que la evidencia recolectada sólo se vinculaba al hecho nominado segundo. Así, adujo que si no se pudo comprobar la participación del funcionario público menos aún pudo tenerse por probada la intervención de Rivarola, como “persona interpuesta” en los términos del art. 266 del CP.
Agregó, en ese punto, que “el reconocimiento que realizara Darío Rivarola en la audiencia de los hechos, solo se refiere a que hablo con el denunciante González en los términos de la acusación pero no fue un liso y llano llamado en codelincuencia del funcionario público, situación además que debía ser probada por el acusador y tal como lo denunció la defensa de Viaut, esto no ocurrió en el debate”. Por otra parte, dijo que el sentenciante soslayó que “hubo una auto puesta en peligro por parte de las potenciales víctimas de creer sin más en el engaño que practicó una persona de la cual ni siquiera conocían cuál era la envergadura de su función dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal, ni siquiera solicitaron una credencial para acreditar al menos que trabaja donde decía laborar”.
En otro orden de cuestiones, arguyó que no se demostró la presunta intimidación que habría sufrido el denunciante González y, por ende, que no se habría configurado el amedrentamiento que exige el art. 267 del C.P. Por el contrario, que “lejos de verse intimidado, organizó como tenderle la trampa a mi defendido y diseñó, con asesoramiento y la complicidad de sus conocidos de la cooperativa, cómo hacer para probar lo que estaba sucediendo y denunciar a la justicia. Esta actividad no la hace alguien intimidado, la realiza alguien que no cree en esa supuesta amenaza (el armado de una causa penal), que le anunciaban y por ello reclama denunciándolo”.
Por fin, expuso que tampoco se corroboró en el debate que Rivarola haya solicitado la suma de dinero en nombre de la Fiscalía, sino que fue a título personal y que no es posible inferir lo contrario de la prueba recabada. Extremo que, destacó, el mismo acusador público advirtió al proponer subsidiariamente la aplicación de la figura de estafa en grado de conato.
En adición a ello, indicó “que la supuesta causa tributaria con la que Rivarola habría advertido al denunciante González según los dichos de éste último, no existía en contra de la cooperativa Las Cañitas ni de la víctima González. Es decir, que no se comprobó en este debate ni en la instrucción que existiera alguna causa por la cual poner en apuros a González”.
En cuanto al hecho segundo, el recurrente sostuvo que no se probó la existencia de influencia concreta, o posible, sobre la fiscal Isabel Reyna. Que, si bien la nombrada recordó haber recibido un llamado, éste versó únicamente acerca de la situación procesal y el estado de detención de Agustín Brugnoni.
Manifestó asimismo que de las conversaciones interceptadas entre los imputados se colige fácilmente que no sabían que hacer, que estaba “complicada la cosa” y que no se habría realizado gestión alguna por el hijo de Brugnoni. Además, hizo mención del diálogo entre Viaut y “Marcelo”, en la que el Fiscal expresó que “era todo zaraza”, que se había “jugado” a que en el Tribunal se planteara alguna nulidad que resolviera el caso y que, además, no estaba en su órbita de competencia y que nada pudo hacer.
Así pues, concluyó que “si la influencia en cuestión no existe, la conducta del agente podría adecuarse a una de las modalidades de los delitos patrimoniales (…). La sentencia lo descarta arbitrariamente cuando esto fue lo que pasó en el segundo hecho, se trató de una influencia mentida y es la realidad de lo que pasó, motivo por el cual solicito se encuadre el hecho en lo que realmente sucedió que es una estafa de acuerdo a la modalidad específica establecida como influencia mentida en los términos del art. 172 CP.”. En otro orden, criticó la pena impuesta a Rivarola toda vez que consideró que no fue precedida de una debida fundamentación acorde a la culpabilidad de su defendido. Advirtió que las circunstancias agravantes que ponderó el Tribunal, tales como la intimidación o la condición de funcionario público, se encuentran contempladas en la plataforma fáctica, lo que constituyó una doble valoración prohibida por la garantía ne bis in ídem.
Arguyó que, si bien el a quo mencionó determinadas circunstancias atenuantes no surge de su conclusión que realmente las haya valorado. Así también dijo que se soslayó el arraigo y la contención familiar de Rivarola, su disposición a la justicia, que reconoció los hechos, entre otras.
Por otra parte, denunció que el sentenciante vulneró los límites del principio acusatorio al imponer la pena de multa sin hallarse habilitada la jurisdicción, en tanto el representante del Ministerio Público Fiscal requirió su aplicación en forma extemporánea. El defensor apuntó asimismo que en caso de confirmarse la calificación legal y la consecuente aplicación de la pena de multa, el monto debía ser revisado en tanto se evidenció desproporcional en relación a la situación personal de Rivarola.
En igual sentido, tildó de excesiva e irrazonable la inhabilitación perpetua impuesta a su defendido. Insistió en que “no puede aplicarse la misma sanción fija (…) de la misma manera a mi defendido, ordenanza de una Fiscalía que al máximo encargado de la oficina. Hay una desproporción que es notable en la ley penal y que debe ser modificada por vía de la inconstitucionalidad ya que se opone a todo plexo normativo y principios constitucionales y convencionales vigentes (art. 28 de la CN a contrario sensu)”.
En suma, solicitó se case la sentencia, se modifique la calificación legal por la de estafa, en grado de tentativa (arts. 3, 42 y 172 del C.P.), se anule la pena de multa y la inhabilitación especial perpetua.
c. Recurso de casación interpuesto por la defensa de Walter Gustavo Fattore.
La defensa encauzó sus agravios en las causales previstas en el artículo 456 del C.P.P.N. Sostuvo que el Tribunal efectuó una valoración antojadiza y parcializada del plexo probatorio y que ello derivó en la errónea calificación legal de tráfico de influencias.
En primer término, y en línea con el agravio esgrimido por el defensor de Rivarola, recordó que el referido tipo penal exige tener influencia, que no debe ser “mentida” y que esto no se corroboró respecto del imputado Viaut. En ese aspecto, destacó que de las conversaciones interceptadas surge que Viaut no sabía a quién recurrir para mejorar la situación procesal del hijo del coimputado Brugnoni (fs. 117). Que “(r)ealizaba acciones o gestiones, pero sin saber sobre quién, porque no tenía influencia. Alguien que busca es porque no tiene, carece de ello, en este caso de influencia”.
En su apoyo, hizo referencia a las declaraciones de la fiscal de Bell Ville y la Secretaria de la dependencia, Daniela Ponce. Reparó que la fiscal, al principio, no recordó quien se comunicó para consultar acerca de la causa Brugnoni y, luego, al escuchar diferentes nombres recién pudo identificar a Viaut como quien se habría comunicado, no obstante tampoco lo reconoció como Fiscal.
En este punto, el recurrente resaltó que mal podía el coimputado ejercer influencia sobre la doctora Reyna si ella ni siquiera lo conocía. Sumado a ello, que ambos -Viaut y Reyna- detentaban la misma jerarquía funcional, aunque en otro fuero, con distintas competencias y en otra ciudad, extremos que a su criterio tornan más evidente la ausencia de influencia.
Añadió a lo expuesto, que esa llamada, además, se efectuó cuando el expediente se encontraba tramitando ante la Cámara de San Francisco -provincia de Córdoba-, circunstancia que, en el contexto reseñado, resultó “dirimente para corroborar que Viaut no poseía la influencia de la que presumía, llegando al absurdo que llamó al funcionario equivocado, puesto que la Fiscal no podía en esa instancia mejorar la situación procesal de Brugnoni”.
En este escenario, el defensor concluyó que al no comprobarse si la influencia existió o sí fue real, por más éticamente reprochable que haya sido la conducta de Viaut lo cierto es que no se configuró el tipo penal por lo que, corresponde, en consecuencia, revocar la sentencia respecto de su asistido.
En otro orden, expuso que en caso de confirmarse la condena de Fattore correspondía revocar, por arbitrario, el decomiso dispuesto. Arguyó que “no se tomó en cuenta la prueba producida como así también, se impidió producir una serie de probanzas que reforzaban la idea que el dinero secuestrado en el allanamiento no es propiedad de Walter Fattore como tampoco es el producto del delito”.
Hizo pie en que no surge de las constancias probatorias arrimadas a la causa que Fattore haya percibido porcentaje alguno de los u$d 17.100 (diecisiete mil cien dólares) que Brugnoni entregó a Viaut, a través de Rivarola. Por lo que, a su criterio, resultó arbitrario aseverar que el dinero secuestrado en la vivienda de su asistido fuera ganancia o fruto del delito endilgado.
En este punto, reputó de absurda la posibilidad de que Fattore, señalado como partícipe secundario del tráfico de influencias, haya obtenido una ganancia mayor (53%) que el autor material del delito en cuestión.
Destacó además que la suma del dinero secuestrado en el despacho de Viaut y en el domicilio de Fattore (u$d 17.950), superaba el monto supuestamente entregado por Brugnoni.
Criticó, por otra parte, que el a quo haya omitido analizar que en la etapa de instrucción se presentaron los dueños del dinero secuestrado y que solicitaron su restitución. Al respecto indicó que “Florencia Fattore y su pareja, Sr. Reinoso, expusieron en su escrito el origen de ese dinero, porque lo tenía su padre y ofrecieron pruebas al respecto. Como el Juez Federal de Villa María rechazó el planteo, se ofreció nuevamente una serie de pruebas al inicio del juicio oral y, el Tribunal, de manera arbitraria no permitió su producción”.
Concluyó así que existió un accionar arbitrario por parte del Tribunal, que impidió producir prueba dirimente para determinar la verdadera propiedad de los dólares secuestrados.
En definitiva, el impugnante solicitó se modifique la sentencia y se absuelva a su asistido Fattore y, subsidiariamente, en caso de confirmarse la sentencia, se modifique la pena impuesta, se deje sin efecto el decomiso dispuesto y se restituya el dinero a sus legítimos propietarios.
Hizo expresa reserva del caso federal.
III. Durante el término de oficina previsto por los arts. 465 y 466 del C.P.P.N. se presentó el defensor particular en representación de Walter G. Fattore, oportunidad en la que mantuvo los agravios oportunamente introducidos y solicitó se haga lugar al recurso de casación interpuesto. Reiteró la reserva del caso federal.
El 2 de mayo de 2024 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa procesal prevista en el art. 468 C.P.P.N., oportunidad en la que los defensores particulares de Luis M. Viaut y Walter G. Fattore mantuvieron los argumentos esgrimidos en los recursos en estudio.
Así pues, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.
IV. Los recursos de casación interpuestos con invocación de lo normado en el art. 456 del C.P.P.N. son formalmente admisibles, toda vez que del cotejo de las cuestiones sometidas a estudio surge que los recurrentes invocaron correctamente la errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal; además el pronunciamiento mencionado es recurrible en virtud de lo dispuesto por el art. 457 ibídem.
V. Las presentes actuaciones se inician el 21 de julio del 2020 a raíz de la denuncia efectuada por Pablo L. González, en su carácter de Gerente de la Cooperativa tambera “Las Cañitas”, sito en la localidad El Tío, provincia de Córdoba. En esta manifestó que había sido contactado por su amigo, Santiago Badino, para transmitirle que Darío F. Rivarola, alías Paco, quería reunirse con él para charlar acerca de la cooperativa que dirigía.
El denunciante expuso que el encuentro se concretó en el domicilio de Badino el día 26 de junio de ese mismo año, en el que Rivarola se presentó como integrante de la Fiscalía Federal de San Francisco. Que le dijo que quería avisarle que existía una investigación en curso por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Cooperativa y que era inminente el allanamiento de la empresa y su detención. Que, sobre las referidas irregularidades, el nombrado Rivarola habría referido que se vinculaban con la compra “en negro” de soja, el otorgamiento de créditos y la recepción de inmuebles, ganado y vehículos como cancelación de los créditos impagos.
Señaló, González, que Rivarola le manifestó que se lo comunicaba “por cariño” a Badino; que podía “frenar” la investigación, que “trabajaba en la Fiscalía Federal de San Francisco”.
Recordó González que ese mismo día se comunicó con Badino y éste le comentó que la pretensión de Rivarola era que se le abonara dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000), suma que repartiría “con la otra gente de la Fiscalía”.
Así, fue que el 27 junio de ese mismo año, el denunciante a través de Badino, y en presencia del presidente de la Cooperativa, Juan Domingo Sola, se comunicó con Rivarola y grabó la conversación. De esa grabación surgió que Rivarola le transmitió que se comprometería a hacer llamadas para “hacer algo”; que no se hiciera problema por el “costo de su intervención” y que no hiciera ninguna mención sobre el diálogo mantenido.
El denunciante señaló que el siguiente encuentro con Rivarola se concretó el 30 de junio en la estación de servicio “Axion”, en la localidad de Devoto, de la misma provincia. Que en esa oportunidad el nombrado volvió a referirse acerca de la gravedad de la situación y le exhibió rápidamente al denunciante una fotocopia de un cheque emitido por la Cooperativa. Este encuentro también fue grabado. Finalmente, González apuntó que, en conversaciones posteriores y siempre con la intermediación de Badino, Rivarola se jactaba de sus contactos.
A partir de esa denuncia se llevaron a cabo diversas tareas de investigación llevadas adelante por la Fiscalía. Entre ellas, se intervinieron las líneas telefónicas de Rivarola y Luis M. Viaut, ex fiscal a cargo de la Fiscalía Federal de San Francisco, y a través de las conversaciones interceptadas, se tomó conocimiento del segundo suceso delictivo y se logró identificar al resto de los imputados. Entre ellos, Gerardo A. Panero, alías “Coco”, Walter G. Fattore y V. Hugo Brugnoni, intervinientes en el “hecho segundo”.
El 14 de septiembre de 2021, la querella en representación de Pablo L. González, requirió la elevación a juicio respecto del hecho primero y solicitó el sobreseimiento de Santiago Badino (fs. 1629/1642). El representante del Ministerio Público Fiscal hizo lo propio y requirió la elevación respecto de todos los imputados (fs. 1646/1658).
Conforme surge de la pieza procesal presentada por el Fiscal, y en similares términos de la requisitoria de la querella, la plataforma fáctica sobre la que versó el debate quedó definida del siguiente modo: “HECHO PRIMERO: “En el marco de una presunta investigación penal llevada a cabo por la Fiscalía Federal de San Francisco, provincia de Córdoba, durante los días 26 al 30 de Junio de 2020, el Sr. Fiscal Federal de esa ciudad Luis María VIAUT, mediante la persona de Darío Fabián RIVAROLA, empleado de esa sede, solicitó la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) al gerente y al Presidente de la Cooperativa Tambera “Las Cañitas” de la localidad de El Tío, -Sr. Pablo GONZÁLEZ y Sr. Juan Domingo SOLA respectivamente- para que ciertas irregularidades que surgían de la investigación señalada, quedaran “cajoneadas” y de ese modo se evitaran procedimientos que resultaban inminentes.”
La forma en que se llevó a cabo el ofrecimiento ilegal fue relatada de la misma manera en que surgía de la denuncia y el hecho fue calificado en las figuras penales establecidas en el art. 266 y 267 del C.P.
Asimismo, se relató como hecho segundo: “El día 23 de Septiembre de 2020, momentos antes de las 18.00hs., Darío Fabián RIVAROLA, -actuando como persona interpuesta del Fiscal Federal de San Francisco, Luis María VIAUT- junto con Gerardo Agustín PANERO y Walter FATTORE, se reunieron con Víctor BRUGNONI, en la localidad de “Las Varillas”, de esta provincia de Córdoba y en ese encuentro, BRUGNONI les entregó la suma de diecisiete mil cien dólares (U$S17.100) por las gestiones realizadas para mejorar la situación procesal de su hijo, -Agustín BRUGNONI- detenido en el marco de una causa penal en la justicia ordinaria. Ello, fue inmediatamente informado por RIVAROLA al Sr. Fiscal Federal VIAUT, quien dispuso que el dinero debía ser llevado a la Fiscalía Federal al día siguiente para ser repartido. El hecho descripto comenzó a ejecutarse, un tiempo antes del 26 de Agosto del año 2020, cuando el Sr. Víctor Hugo BRUGNONI se contactó por intermedio de Walter Gustavo FATTORE -y este a través de Gerardo Agustín PANERO-, con Darío Fabián RIVAROLA y Luis María VIAUT, a quienes les solicitó que ejerciesen las influencias que fueren posibles, sobre los funcionarios públicos que llevaban la investigación penal en contra de su hijo José Agustín BRUGNONI, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, que tramitaba bajo el expediente N° 161/19 en la Fiscalía de Instrucción y Familia del turno 2, de la ciudad de Bell Ville y por la que Agustín BRUGNONI se encontraba privado de su libertad”.
El fiscal continuó el relato afirmando que se corroboró que el día 26 de agosto del año 2020, en cuatro oportunidades, Viaut se comunicó telefónicamente, con Darío Fabián Rivarola y lo puso al tanto de la intención de Brugnoni de abonarles la suma de doscientos cincuenta mil dólares (U$S 250.000). También acordaron que un porcentaje mayor sería repartido entre los dos y el resto -entre treinta mil y diez mil dólares- sería entregado a Panero y Fattore por las gestiones que realizaran. Asimismo, dijo el fiscal, coordinaron la modalidad con la que podrían influir en la investigación penal que se llevaba a cabo en contra de Agustín Brugnoni.
Por su parte, el acusador afirmó que se comprobó que el 21 y 22 de septiembre, en diversos horarios, Rivarola se comunicó con Víctor Brugnoni con el objetivo de hacerle saber de las gestiones que se realizarían para beneficiar la situación procesal de su hijo Agustín, y de coordinar encuentros presenciales junto a Panero y Fattore para establecer la modalidad de pago. Que, luego, el mismo 22 de septiembre el Fiscal Viaut se comunicó telefónicamente con Rivarola y le dijo que Panero realizó gestiones para cobrarle a Brugnoni una parte de lo que este se había comprometido a abonar, en función de beneficios parciales que obtuvo su hijo respecto de situaciones que comprometían el resultado de la causa en la que se encontraba implicado. Asimismo, indicó que Panero se comunicó telefónicamente con VIAUT, para consultarle el monto de dinero que debía solicitarle a Brugnoni y el ex fiscal le indicó que debería abonar dos millones de pesos de manera subrepticia; especificándole la gestión por la cual se le cobraría esa suma y nuevamente en código, la cantidad de dinero que recibiría él y Fattore por su intervención. Que, en ese contexto, Panero y Fattore se comunicaron con Brugnoni a quien le solicitaron el dinero requerido por Viaut, en base a las gestiones que se realizaron, quien accedió a entregarles ese monto en dólares, quedando pendiente una entrega mayor en el caso de que lograsen obtener la libertad de su hijo.
Finalmente, el fiscal relató que el 01 de Diciembre de 2020, a partir de los procedimientos de allanamiento y registro dispuestos por el Tribunal de esta ciudad, pudo hallarse el dinero que los intervinientes obtuvieron por la gestión relatada. Así, expuso que se secuestró dentro de los cajones del escritorio que se encontraba en la oficina 04 de la Fiscalía Federal de la ciudad de San Francisco, la suma total de ochocientos cuarenta y tres mil quinientos pesos ($ 843.500,00) y ocho mil novecientos dólares (U$S 8.900) y los teléfonos celulares desde los cuales coordinaron y gestionaron las maniobras ilícitas que se les atribuye haber cometido”. Por su parte, hizo notar que el Sr. Fattore, tenía en su domicilio ubicado en calle Belgrano N° 109 de la localidad de Pozo del Molle, la suma de pesos diez mil ($ 10.000) y la suma total de nueve mil, cincuenta dólares ($9050), que serían resultado de las maniobras realizadas con motivo de los hechos investigados, junto con el teléfono celular que utilizó para coordinar los mismos. En el domicilio del Sr. Brugnoni, sito en calle Belgrano, sin numeración visible, pero que se correspondería con el N° 317, se secuestró la suma de mil doscientos dólares (U$S 1.200) y diversos teléfonos celulares.
Con fecha 18 de abril de 2022 se dio inicio al debate oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Córdoba. Culminó el 26 de ese mismo mes y año, ocasión en la que el a quo dictó la sentencia condenatoria aquí en estudio.
VI. Los sentenciantes tuvieron por probada la materialidad del “hecho primero” a partir de las declaraciones brindadas en el debate por el denunciante, Pablo L. González, el presidente de la cooperativa, Juan D. Sola, y los testimonios del abogado y el contador de la Cooperativa Rubén A. Depetris y Nicolás L. Garrone. Señalaron que sus testimonios fueron contestes en cuanto al relato de González sobre el encuentro promovido por Rivarola, a través de Badino, para transmitirle que existía una investigación penal en curso contra la Cooperativa tambera “Las Cañitas”, para lo cual le habría exhibido un expediente judicial. Que le había dicho que pronto se efectuarían allanamientos, que devendría en su detención y que ofrecía su colaboración para evitarlo, a cambio de la entrega de la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000), que serían divididos entre sus colegas de la fiscalía a la que pertenecía.
Se indicó, asimismo, que los testigos fueron coincidentes respecto a que varias conversaciones y encuentros entre Rivarola y González fueron grabados por este último. En razón de ello, se ponderó el contenido del pendrive aportado por González en ocasión de efectuar la denuncia, en el que obran grabadas las conversaciones referidas (v. fs. 14).
El a quo confrontó esos testimonios con la declaración prestada por Santiago Badino, en los términos del art. 294 del C.P.P.N. Afirmó que éste aseveró que existieron las referidas reuniones entre González y Rivarola y que la suma de dinero pretendida era de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) a cambio de “darle una mano” al denunciante (v. fs. 1225/27).
Por otra parte, el a quo valoró los informes de las empresas de telefonía celular a través de los cuales se constataron las comunicaciones cursadas entre Rivarola y Badino los días 26, 28 y 30 de junio y el 1ro de julio de 2020 (v. fs. 138). Como así también que a partir de las antenas de dichas empresas se pudo geolocalizar a Rivarola en la localidad de El Tío y Devoto, los días que se reunió con el denunciante (v. fs. 139/140).
Por fin, tuvo en consideración la confesión realizada por Darío Rivarola durante la audiencia de debate, en la que reconoció su intervención en el hecho endilgado y la veracidad de los hechos relatados por los testigos. En relación al hecho nominado segundo, el Tribunal de mérito ponderó las conversaciones interceptadas, mediante las que se logró identificar al resto de los imputados. Valoró la declaración testimonial brindada en el debate por Elvio Blas Comba quien contactó a Víctor H. Brugnoni y Walter G. Fattore, luego de comentarle en una reunión a este último acerca de la detención del hijo de Brugnoni, acusado por el delito de abuso sexual agravado. En la sentencia se indicó que este testimonio fue coincidente con la declaración brindada por el imputado Brugnoni, en la que manifestó que se comunicó con Fattore, quien le habría dicho que tenía un contacto en Las Varillas que conocía a un Fiscal Federal de San Francisco, a raíz de lo cual Brugnoni le consultó cuánto dinero tenía que “poner” para que lo ayudaran con la situación de su hijo.
Al respecto, destacó la declaración del subcomisario Barros, que expuso acerca de las conversaciones interceptadas entre Brugnoni y Rivarola, en la que el primero le transmitía sus preocupaciones respecto del estado de su hijo y que estaba dispuesto a hacer lo necesario para sacarlo del penal (v. conversación de fecha 2 de septiembre de 2020). Así fue como el a quo tuvo por cierto que “Brugnoni se contactó con Rivarola y Viaut, por intermedio de Fattore y Panero, buscando algún tipo de influencia para beneficiar la condición en la que se encontraba su hijo Agustín (fs. 482 a 486)”.
En esta dirección, señaló las transcripciones de las escuchas telefónicas de las que surgía el conocimiento del ex fiscal y Rivarola respecto de la detención del hijo de Brugnoni, cuya causa penal tramitaba por ante la Fiscalía de Instrucción y Familia del turno 2, de la ciudad de Bell Ville; la intención de éste de abonarles una considerable suma de dinero para mejorar su situación y las gestiones que llevarían adelante para ello (v. fs. 170/177; 179/186 y 289/291).
Asimismo, en cuanto a las conversaciones entre Viaut y Panero se hizo pie en que el ex fiscal le indicó a su consorte, de modo encriptado, qué monto de dinero solicitar a Brugnoni y como se dividiría entre Panero y Fattore (v. fs. 315/319). Destacó también las conversaciones posteriores, de las que surge que Fattore y Panero le solicitaron el dinero a Brugnoni, de acuerdo a las instrucciones impartidas por Viaut, y que éste accedió al pago de dos millones y medio de pesos que abonó, finalmente, en moneda extranjera (v. fs. 317, 319 y 494/495).
El tribunal tuvo por probado que esta transacción se concretó el 23 de septiembre de 2020, a partir del testimonio del subcomisario Barros que depuso acerca de la reunión que se llevó a cabo en la localidad de Las Varillas donde Brugnoni entregó a Rivarola, Fattore y Panero la suma de diecisiete mil dólares (u$d 17.100). Extremo que, además, se verificó con la ubicación de las antenas que receptaron las llamadas efectuadas por Rivarola, antes y después del encuentro (fs. 300/301).
Valoró especialmente que Rivarola se contactó con Viaut para confirmarle la recepción del dinero y para coordinar su entrega al día siguiente. Así también que, luego, el ex fiscal se comunicó con Panero para conversar acerca del éxito de la gestión y el cobro del dinero (fs. 335/338).
El sentenciante concluyó que, de las constancias probatorias examinadas, “surge con claridad la intervención de cada uno de los imputados en el presente hecho, pero principalmente que Viaut era quien daba las directivas, no aparecía con los terceros, pero todo le era consultado ya que definía el accionar y era a quien se le rendía cuentas. Todo esto se desprende de las conversaciones existentes en la causa entre Panero y Fattore, donde lo llamaban el “mandamás” (fs. 549 vta.); por su parte Rivarola se presentaba como “mano derecha” (declaración testimonial de González durante el debate) o “asistente” (fs. 914/916) de Viaut. Por su parte, al prestar declaración testimonial el oficial Cassi, durante la audiencia de debate, sostuvo que Viaut era la cabeza, Rivarola era el asistente de él –había una relación de amistad-, Coco era conocido de Fattore y éste último quien presenta a Brugnoni”. Y señaló, que “La inmediatez con la que le comunicaban a Viaut sobre las maniobras realizadas, las consultas sobre cuanto cobrar y la forma en que se distribuiría el dinero, era un modo operandis, y confirma todo lo analizado (fs. 301 a 303; 327/328)”.
En otro orden, el a quo destacó que de diversas conversaciones interceptadas entre Viaut, Panero y Rivarola surge que el ex funcionario buscaba por distintos medios liberar a Agustín Brugnoni (fs. 180/183 y 316/318). En este punto, ponderó especialmente las declaraciones testimoniales brindadas por la Fiscal del Segundo Turno de Bell Ville, Isabel Reyna, y su secretaria la doctora Daniela B. Ponce, en las que ambas dieron cuenta de un llamado recibido en septiembre de 2020, cuyo número telefónico no provenía de Córdoba, en el que un sujeto que se presentó como Fiscal Federal de San Francisco consultó acerca de la situación procesal de Agustín Brugnoni y cuestionó por qué estaba detenido si no había peligro procesal (v. declaración de fecha 20 de abril de 2022).
Al respecto, el sentenciante adujo que “Si bien la defensa técnica y el propio Viaut negaron la realización de la llamada, del cúmulo de la prueba existente en autos surge de que independientemente de que la llamada la haya efectuado el imputado Viaut o Rivarola la influencia se ejerció en nombre de Viaut, resultando poco creíble a la luz de la sana critica racional, que un tercero ajeno al acuerdo supiera de la existencia del mismo y llamara en nombre de Viaut. Claramente el llamado fue efectuado por Viaut o por Rivarola que tenían conocimiento del acuerdo y la influencia se ejerció en nombre de Viaut”.
El cuadro probatorio examinado se completó con el resultado de los allanamientos realizados el 1ro de diciembre de 2020 en los domicilios de los imputados y el despacho del ex fiscal.
Los sentenciantes indicaron que, si bien la participación de los imputados se desprende de modo ostensible del examen del copioso plexo probatorio, resultaba pertinente efectuar una serie de precisiones respecto de cada uno de ellos, destacando especialmente que todos los acusados, a excepción de Viaut, reconocieron su responsabilidad e intervención en los hechos endilgados. Para tener por probada la intervención de Luis M.
Viaut, en el hecho primero, el tribunal ponderó en particular la declaración brindada por González en el debate. En esta el denunciante identificó al imputado como el Fiscal ante quien respondía Rivarola, que se presentaba como su mano derecha y que “respondía 100% a él”.
Indicó que el rol activo y preponderante de Viaut se corroboró también a partir de las declaraciones brindadas durante el debate por los agentes policiales que intervinieron en la investigación, Braian E. Cassi y Claudio A. Barros. Ello así dado que los mencionados funcionarios se encontraron a cargo de las tareas de inteligencia y la intercepción y transcripción de las escuchas telefónicas ordenadas en las actuaciones.
Concretamente, hizo pie en que Barros manifestó que se verificó “una relación muy fuerte entre Viaut y Rivarola, que eran socios, que Viaut le encomendaba tareas específicas y dijo que Rivarola no se iba a mover si no lo autorizaba Viaut”.
Los sentenciantes afirmaron que de las conversaciones interceptadas se desprende que el ex Fiscal no se comunicaba con terceros sino por intermedio de Rivarola, que era quien “daba la cara”, y que este le reportaba constantemente sobre cualquier circunstancia pertinente vinculada con los pedidos de dinero, el manejo de la evidencia y la información adquirida (fs. 161/191). En ese contexto, el a quo consideró probado el modus operandi de Luis M. Viaut y Darío F. Rivarola quien, a su criterio, actuó como intermediario del primero en los dos hechos investigados.
Se hizo referencia a dos conversaciones que mantuvo Viaut con posterioridad a los allanamientos efectuados que, a su criterio, resultaron por demás convincentes en cuanto a su participación en este hecho. Memoró, primero, la conversación de Viaut con su hermana, quien le había preguntado si había sido llamado a prestar declaración indagatoria, y este le contestó “tengo ahí, si tengo una llamada ahí donde le cobramos al viejo este para ver si le podemos arreglar el…un estofado acá viste”; “para ver si le podemos alivianar un poco el tema al hijo” “y bueno ahí le mangueamos” (fs. 1279/1281).
Luego, hizo pie en la conversación entre Viaut y un amigo de Buenos Aires, llamado Marcel, a quién le comenta que “…tenía el teléfono pinchado, asique salí pidiendo, le digo que ponga dos palos”; “no era para desaprovechar (ríe) no es cierto?” “…la cuestión es que el vago pone sí, yo estoy, me sacaron la guita…” (fs. 1275/1278).
Finalmente, el a quo valoró las declaraciones de los empleados de la Fiscalía María Corral, Maximiliano Lovera, Pablo J. Gamboa y Juan M. Clérico. Y explicó que si bien los testigos coincidieron en no haber presenciado actos irregulares por parte del entonces fiscal, las manifestaciones de los empleados no alcanzaban a controvertir el caudal probatorio ya examinado.
En estas condiciones, el tribunal de mérito entendió que las conductas endilgadas a Viaut y Rivarola respecto del primer hecho debían encuadrarse en el delito de exacciones ilegales agravadas, previsto y penado en los arts. 266 y 267 del C.P. Con relación al hecho segundo, consideró que tanto los nombrados como Panero y Fattore habían llevado a cabo conductas encuadrables en la figura legal de tráfico de influencias y, respecto de Brugnoni, en la de cohecho activo (arts. 45, 256 bis y 258 del C.P.).
VII. Los agravios vinculados con la arbitrariedad de la sentencia en lo atinente a la valoración de los hechos y las pruebas esgrimidos por las defensas, deben ser abordados de conformidad con el estándar derivado de la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Casal (Fallos: 328:3329), que impone el esfuerzo de agotar la revisión de lo revisable en esta sede jurisdiccional.
Recuérdese, una vez más, que la inmediación y la oralidad confieren a los magistrados un amplio margen de libertad de apreciación de la prueba a través de la convicción que resulta de las evidencias percibidas en el debate. Esa es la vía para inferir, entre otras, conclusiones acerca de la veracidad y firmeza de quienes declaran en tal oportunidad procesal. Por ello, aun habilitando la revisión integral de la sentencia recurrida, quedará naturalmente excluida la prueba recibida oralmente y no registrada, especialmente la impresión personal que los testigos pueden causar en el tribunal, dada la imposibilidad fáctica de hacerlo en esta instancia.
Una recta hermeneusis de nuestro código de forma, parte de la valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica (arts. 206 y 398, segundo párrafo, del C.P.P.N.), lo que significa que no hay regla alguna que imponga un modo determinado de probar los hechos de la acusación, un número mínimo de elementos de prueba, ni el valor en abstracto de cada elemento probatorio. Dicha discrecionalidad a la hora valorar la prueba y seleccionar aquella útil y conducente a los fines del proceso, tiene como límite la razonabilidad en la apreciación de la prueba producida y en el valor que ésta asume para la determinación y significación de los hechos.
Es que, como tantas veces se ha dicho, las sentencias tienen que ser fundadas y constituir una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 306:1004), puesto que de esta forma se asegura la publicidad y el control republicano de tales decisiones (cfr. los arts. 1° y 28 de la C.N. y 123 del C.P.P.N.).
En atención a lo expuesto previamente es posible afirmar que los elementos probatorios recabados en autos resultan suficientes para probar la materialidad de los hechos investigados y la intervención responsable de las personas imputadas. El tribunal efectuó un adecuado y razonado análisis de la prueba, arribando a conclusiones que no se evidencian como arbitrarias o carente de racionalidad. La ponderación de los elementos probatorios tomados en consideración para tener por acreditados los sucesos denunciados es conforme a las exigencias de la sana crítica racional y la prueba de cargo ofrecida por la acusación. Sin perjuicio de lo que luego se expondrá respecto al encuadre legal del “hecho primero”, corresponde afirmar que, de adverso a lo postulado por las defensas, la calificación jurídica escogida para el hecho denominado “segundo” resulta ajustada a derecho.
El delito de tráfico de influencias, incorporado por la ley 25.188 en el artículo 256 bis tiene por fin sancionar la venalidad del funcionario público que atenta contra el normal funcionamiento de la administración pública. La imparcialidad de los funcionarios y el comportamiento ético que debe guiar el desempeño de sus funciones, se puede ver seriamente comprometido por la influencia indebidamente ejercida, en razón de la solicitud o recepción de dinero. Este delito se consuma con el mero solicitar o recibir dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa, con el fin de hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público. Ese requisito del tipo penal, para hacer valer indebidamente la influencia, que se erige como un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, implica que el autor pretende alterar el proceso motivador del funcionario público que tiene que adoptar una decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, que deberían ser los únicos que guíen su análisis.
Si bien la influencia que el agente tiene la intención de hacer valer respecto del funcionario, en este caso del Ministerio Público, debe ser real, comprobable y no eventual o falaz, no es necesario que se compruebe en el caso que efectivamente se llevó a cabo o tuvo efectos, para tener por cometido el delito. Es decir, la figura penal no requiere que el funcionario a quien se dirige haya sido efectivamente influenciado sino que basta con que el autor solicite o reciba el dinero u otras dádivas con ese fin.
Ahora bien, en línea con lo expresado por el tribunal de mérito, en el sub examine se encuentra probado que Viaut recibió una cuantiosa suma de dinero para hacer valer su influencia como fiscal federal y así mejorar la situación de Agustín Brugnoni, investigado en una causa penal.
En ese camino, el entonces fiscal se habría contactado con distintos sujetos allegados que podían incidir en la situación del joven detenido. Repárese, en tal sentido, en las conversaciones entre Viaut y Rivarola en las que el primero le manifestaba que iba a reunirse y conversar con otras personas que, por razones obvias el funcionario no iba a mencionar por teléfono, para “ver qué podía hacer”. Resulta también ilustrativa la conversación del 22 de septiembre de 2020, entre Viaut y el encausado Panero, en la que el ex fiscal le manifiesta “tenemos de los dos lados, de los dos lados tenemos, aparte tenemos a Riva, el de ordenanza, tenemos todo, todo maquinando acá, como podemos llegar para que viste o si tener una puntita para ver si tenemos alguna buena noticia viste”. En esa misma conversación a su vez refiere “…y… para ver si lo podemos presionar a este vago como para ver de como buena gente, que esto que lo otro, estamos metiendo fichas…”.
A su vez, tal como surge en la sentencia, existe el llamado a la fiscal de Bell Ville, doctora Isabel Reyna, quien intervenía en la causa y a quien le solicitaron datos de ésta. Poco importa si el llamado lo efectuó Viaut directamente o fue hecho por sus consortes, más aún cuando ha quedado demostrado que éste los utilizaba como intermediarios para llevar a cabo este tipo de maniobras.
No obstante las defensas restan valor a esta comunicación, lo cierto es que el tenor de ese llamado exhibe la intención de conocer el estado de la causa y el criterio de la funcionaria para mantener al hijo de Brugnoni en prisión preventiva.
A su vez, no conmueve lo expuesto anteriormente que no haya surtido efecto la influencia indebidamente ejercida (v.gr. en el caso, el cese de prisión de Agustín), en tanto el delito, conforme ya se expuso, se consuma con la mera solicitud o recepción con ese fin.
En este andarivel, corresponde señalar también que no obstante Viaut y Reyna no se conocieran y trabajaran en distintas jurisdicciones ello no impide que el imputado pudiera ejercer su influencia como fiscal federal ante su par provincial. En efecto, la norma no exige que el sujeto activo, en caso de ser funcionario público, ejerza una mayor jerarquía administrativa o funcional sobre el influido, sino que pueda llegar a ejercerla.
En razón de lo expuesto, considero que corresponde rechazar los agravios esgrimidos por las defensas y confirmar la condena de Viaut, Rivarola y Fattore por el delito contemplado en el art. 256 bis segundo párrafo.
Ahora bien, sentado lo hasta aquí expuesto, y tal como adelanté, considero que el tribunal yerra al calificar la conducta del ex fiscal Viaut y Rivarola en el delito del art. 266 y 267 del CP respecto del hecho primero.
El sentenciante incurrió en una infundada selección del material probatorio a partir del cual arribó a una conclusión jurídica equivocada. En efecto, el suceso materia de indagación y efectivamente probado, no es pasible de enmarcarse legalmente bajo la figura penal prevista en el art. 266, agravado por el art. 267, del Código de fondo. De inicio, recuérdese que las exacciones ilegales requieren del abuso funcional por parte del sujeto activo que realiza una exigencia indebida, en beneficio de la Administración Pública. Cumple indicar que esa exigencia a la que se hace referencia se vincula con una prestación que podría ser adeudada al Estado y que este tiene derecho a cobrar (v.gr. un impuesto municipal) pero el funcionario la exige en un monto mayor al que corresponde o bien sin que sea exigible a ese particular. Así, incurre en el delito de exacción ilegal el funcionario público que, actuando con un excesivo celo fiscalista y en beneficio de la Administración Pública, reclama el pago de algo que pueda serle debido al Estado por parte del particular, aunque en el caso no corresponda que lo abone, ya sea porque no le es exigible o por estar obligado en un monto menor.
La diferencia fundamental entre la figura de exacciones y la concusión radica en el destino final que el sujeto de a lo indebidamente exigido. De tratarse del delito de concusión, sistematizado en el art. 268 del CP en primer lugar, el agente efectúa una exigencia indebida alegando que el beneficiario será el erario público, pero en un segundo momento, lo convierte en provecho propio, impidiendo que esa exacción ingrese a la Administración (v. en lo pertinente, mi voto en causa nro. FSA 11195/2014/TO1/CFC2, reg. Nro. 303/23 de la Sala II de esta Cámara).
En el sub examine, el ex funcionario público, a través de su consorte, no requirió una contribución, derecho o dádiva pasible de ser percibida por el Estado. Por el contrario, solicitó una suma dineraria con el fin de no hacer avanzar o hacer cesar una investigación judicial que, luego, se descubrió que nunca inició. Es decir, el ex fiscal Viaut, mediante Rivarola, solicitó el pago de una suma de dinero que sería aprovechada por ellos, ofreciendo a cambio llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de evitar el avance de una causa penal, que no era real.
Desde la perspectiva antes expuesta, las conductas descriptas evidentemente no encuentran ajuste en las normas legales invocadas, sin perjuicio de que tampoco pueden ser relevadas de reproche jurídico penal.
Obsérvese, en efecto, que el representante del Ministerio Público Fiscal en su alegato final propuso como acusación alternativa condenar a los encausados por el delito de estafa, en grado de tentativa, tal como aquí también sostuvo la defensa. Sin embargo, en la sentencia no se evaluó ni se expusieron las razones acerca de por qué se decidió descartar darle ese encuadre legal al suceso investigado, lo que la descalifica como acto jurisdiccional válido atento su falta de fundamentación.
De este modo, considero que a fin de que se efectúe un análisis adecuado de la cuestión esgrimida y no se priva a las partes de instancia, corresponde anular la sentencia y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo expuesto.
En atención a lo resuelto, no ingresaré en el análisis de los restantes agravios esgrimidos por las defensas de Viaut y Rivarola, vinculados con la determinación de la pena.
VIII. Corresponde, por fin, atender los agravios traídos por la defensa de Fattore relacionado con la pena de decomiso dispuesta en el fallo.
De inicio, es pertinente recordar que la decisión sobre el destino de los bienes incautados durante el proceso penal encuentra su justificación en la ejecución de los hechos tenidos por probados en la sentencia.
En el caso, tal como se indicó en el acápite anterior, se encuentra debidamente corroborado, y así fue ratificado por las partes, que entre Viaut, Rivarola, Panero y Fattore existió un acuerdo venal a partir del cual los encausados percibieron un porcentaje del dinero entregado por Víctor H. Brugnoni.
Si bien el recurrente sostiene que no se probó que Fattore recibiera dinero, aun cuando su propio asistido aceptó la imputación en los términos y con los alcances descriptos, lo cierto es que surge de los diálogos interceptados que el dinero fue distribuido entre los encausados los días sucesivos (v. fs. 335/338). En este tren, cabe referirse a la conversación de fecha 24 de setiembre de 2020 entre Panero y Viaut, en la que “Coco” le informa al ex fiscal que “Ahí todo separamos, llegaron bien todos los bill… los, los (se interponen voces)” y que “(…) yo separé le di al otro”. En similar tenor, obra la conversación de fecha 14 de octubre de 2020 entre Panero y Fattore en la que dialogan acerca del enojo de Brugnoni por el avance de la causa a la etapa de juicio, que éste estaba desesperado por la situación de su hijo y que “cabeza blanca” -Viaut- debía contactarse para calmarlo. En ese contexto de desconcierto acerca de la reacción de Brugnoni, Panero se jacta de haberse gastado todo el dinero adquirido (v. fs. 712).
En ese camino, corresponde rechazar también el planteo introducido por la parte que cuestiona el decomiso de los dólares atento a que no son fruto del delito toda vez que pertenecen a la hija de Fattore y su pareja.
Advierto al respecto que esta cuestión fue planteada en la etapa de instrucción y que recibió adecuado tratamiento en esa instancia. En efecto, el juez, en consonancia con lo dictaminado por el fiscal, rechazó el pedido de restitución del monto dinerario por cuanto la defensa no allegó elementos probatorios suficientes que permitieran verificar que ese dinero perteneciera a la hija del imputado. Huelga destacar que dicho pronunciamiento no fue impugnado por el recurrente (v. Resolución de fecha 19 de abril de 2021 en Incidente Nro 1. de devolución, en causa nro. 7607/2020/1).
Asimismo, observo también que, en la oportunidad prevista en el art. 354 del C.P.P.N., la defensa de Fattore ofreció prácticamente la misma prueba que en la instancia inferior para probar la titularidad de los dólares secuestrados. Por lo que, en estas condiciones, no se exhibe arbitraria la decisión del tribunal en cuanto denegó por impertinente e inadmisible la producción de esa prueba. En este escenario, el decomiso de la ganancia producto del ilícito achacado aparece entonces como una derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa, que encuentra sustento en la normativa legal vigente y en los principios que rigen en la materia. De este modo, los argumentos brindados por la defensa no logran conmover los extremos valorados por el sentenciante para imponer la pena en cuestión y evidencian una opinión diversa de la debatida y resuelta, por lo que corresponde confirmar el decomiso dispuesto y rechazar los agravios en estudio.
IX. En conclusión, propongo al acuerdo: I. HACER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos de casación interpuestos por la defensa de Luis M. Viaut y Darío F. Rivarola, sin costas; CASAR Y ANULAR parcialmente los puntos dispositivos 1 y 2 de la sentencia impugnada, en lo que respecta a la calificación legal de exacciones ilegales; REENVIAR las actuaciones para que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 470, 530 y concordantes del C.P.P.N.); II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Walter G. Fattore, con imposición de costas en la instancia (arts. 470, 471 –ambos a contrario sensu- 530 y concordantes del C.P.P.N.); III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Tal es mi voto.
El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:
1. Que es necesario comenzar por señalar, de consuno con lo expuesto por el juez que inaugura el acuerdo, que los recursos de casación interpuestos resultan formalmente admisibles pues la sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del CPPN), las partes recurrentes se encuentran legitimadas para impugnar (art. 459 del ritual penal), los planteos esgrimidos se enmarcan dentro de los motivos previstos por el art. 456 del CPPN y fueron presentados en tiempo oportuno.
2. Sentado lo expuesto y abocado a emitir opinión sobre las cuestiones traídas a conocimiento de esta Cámara, en primer lugar, a fin de evitar repeticiones innecesarias, habré de remitirme a la reseña de antecedentes del caso efectuada en los acápites V y VI del voto que antecede. Dicho ello, adhiero al análisis del juez preopinante que concluyó en que deben desestimarse los agravios vinculados a la determinación de los hechos investigados y a la responsabilidad penal de Luis María Viaut, Darío Fabián Rivarola y Walter Gustavo Fattore, respecto de los mismos.
En efecto, de la compulsa de la sentencia se advierte que el tribunal efectuó un detalle puntual y minucioso con relación a la participación que tuvieron los condenados en los sucesos por los cuales fueron requeridos a juicio.
En tal sentido, ninguna duda puede caber en cuanto a que de la lectura de la sentencia impugnada es posible tomar un acabado conocimiento de los hechos y razones que llevaron al tribunal a resolver del modo en que lo hizo, de forma tal que las críticas que formulan las defensas no pasan de ser meras discrepancias con la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de grado.
De esta manera, aquellos elementos probatorios no han sido siquiera mínimamente desvirtuados en los recursos interpuestos, por lo que la pretendida ajenidad de los imputados con los hechos endilgados no puede ser acogida por este tribunal, pues importaría apartarse del sólido cuadro cargoso en el que se ha fundado la certeza acerca de su responsabilidad penal.
En tales condiciones, el razonamiento seguido por el Tribunal de juicio para establecer la materialidad de los hechos y determinar la participación que le cupo en ellos a los imputados, está exento de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana crítica.
Ante el escenario antes descripto, los cuestionamientos de las partes recurrentes sólo dejan entrever su mera discrepancia con la decisión adoptada por el tribunal de juicio acerca de la apreciación de las pruebas producidas en el debate, a lo que corresponde adicionar que las referencias a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias son el fruto de expresiones genéricas que no guardan la debida fundamentación y tampoco explican cuál es la carencia de fundamentos que las partes denuncian en el resolutorio.
Así, es preciso puntualizar que, según la consolidada y homogénea jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la descalificación de una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal tiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impidan considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como “la sentencia fundada en ley” a que se refieren los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. Fallos 339:499; 343:919, entre otros), pues, vale recordar, tiene un “carácter estrictamente excepcional” y no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales sino que atiende solamente a supuestos de excepción en los que fallas de razonamiento lógico en que se sustenta la sentencia o una manifiesta carencia de fundamentación normativa impidan considerar el pronunciamiento recurrido como un acto jurisdiccional válido (Fallos 330:717). Dicho de otro modo, su procedencia se encuentra limitada a un “apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación, que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido” (Cfr. CSJN, Fallos 328:3922; 329:2206; 330:133; 343:919; 344:1070, entre otros).
Por ello, coincido en que los recursos de casación interpuestos por las partes recurrentes, en este punto, deben ser rechazados.
3. De otra banda, adhiero al análisis del colega preopinante que concluyó en que la calificación jurídica escogida por el tribunal a quo para el hecho denominado “segundo” resulta ajustada a derecho.
En efecto, las críticas vinculadas a la calificación legal del suceso imputado se avizoran como reediciones de cuestiones que han recibido acabada contestación en la instancia anterior y únicamente expresan la disconformidad de las partes con el encuadre legal del hecho imputado, sin que sus manifestaciones logren conmover los argumentos brindados por el sentenciante.
A más de ello, tomando en consideración las probanzas reunidas y la argumentación que condujo al tribunal a quo a resolver del modo en que lo hizo, debemos señalar que los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal por el que Viaut, Rivarola y Fattore fueron condenados se hallan cubiertos.
En ese contexto, contrariamente a lo alegado por las defensas, no puede sostenerse válidamente que la calificación jurídica escogida por el Tribunal a quo fuese errónea, pues resulta adecuada, ajustada a derecho y resiste la tacha de arbitrariedad propiciada.
4. Sin embargo, disiento respetuosamente con la propuesta del Dr. Mahiques en lo que respecta al examen vinculado a la calificación legal del hecho denominado “primero”.
En este sentido, del estudio del pronunciamiento condenatorio advierto que las conclusiones del tribunal a quo sobre este aspecto se encuentran precedidas de un razonamiento lógico en la ponderación del conjunto de elementos probatorios y, en consecuencia, a resguardo de toda tacha por arbitrariedad.
Al respecto, resulta útil memorar que la calificación legal escogida por el a quo para encuadrar típicamente la conducta desplegada por los imputados Viaut y Rivarola resultó ser la de exacciones ilegales agravada, en calidad de coautores (arts. 45, 266 y 267 del Código Penal). Sobre este punto, más allá que las casacionistas no han efectuado en sus impugnaciones una crítica concreta y razonada a la calificación jurídica de los hechos, lo cierto es que el colegio de juicio ha brindado una explicación acabada y suficiente sobre los motivos del tratamiento de González como víctima del delito de exacciones ilegales agravadas y ha expresado, dentro de ese margen, las razones alegadas por los acusadores y razonablemente sostenidas en la sentencia para considerar acreditada la exigencia de la dadiva por parte de los imputados, el abuso de las funciones públicas depositadas en estos últimos, así como también la intimidación existente en la víctima, a la luz del contexto de los sucesos objeto de imputación.
De este modo, considero que las probanzas reunidas indican, pues, que las conductas desplegadas por los imputados quedan atrapadas tanto objetiva como subjetivamente por el delito indicado anteriormente y tal como razonablemente concluyó el a quo.
Con ello, los cuestionamientos que invocan la errónea aplicación de la ley sustantiva, bajo el ropaje de exigencias típicas que las normas no establecen, no son más que afirmaciones aisladas de las defensas pretendiendo, nuevamente, mejorar la situación procesal de sus asistidos, pero que en definitiva no logran rebatir ni constituir un embate adecuado al razonamiento probatorio y jurídico exteriorizado por los sentenciantes en su decisión. De tal suerte, constituyen reediciones de cuestiones que fueron planteadas en el debate y que obtuvieron adecuada respuesta por parte del tribunal de juicio.
Con ese horizonte, cabe mencionar que la significación jurídica escogida por la acusación y evaluada por el tribunal de juicio, comporta una figura de naturaleza pluriofensiva pues conlleva una afectación tanto al bien jurídico administración pública, a partir de la actuación del funcionario público en abuso de sus funciones, como a la libertad y propiedad del sujeto pasivo sobre quien recae la exigencia (esto último, a diferencia del delito de cohecho que comporta -desde su modalidad activa y pasiva- un acuerdo espurio que afecta a la rectitud del ejercicio de la función pública, pero que en esencia se trata de un acuerdo espurio). La doctrina lleva dicho que el precepto contenido en el art. 266 del CP castiga al funcionario público que en el acto de su función requiere un pago jurídicamente indebido, porque no está previsto por la ley o, si lo está, el funcionario requiere un pago cuya cuantía excede de la prevista en la ley, enmarcándose históricamente en la incriminación de la concussio, que etimológicamente significa conmoción y originalmente comprendía las conductas consistentes en constreñir a alguien a dar o prestar algo abusando del poder público.
Se afirmó que la concussio es un delito de funcionario público propiamente dicho que realizan estos últimos abusando del poder para exigir prestaciones económicas de los ciudadanos y que, bajo la visión de Ramos Mejía, el delito de concusión -en lo que también se aplica a la exacción ilegal- conlleva la afectación simultánea del normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado y el patrimonio del particular, víctima de la indebida exigencia (cfr. Donna, Edgardo A.; “Derecho Penal. Parte Especial”, T. III, 3ª ed. actualizada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018, pp. 474/475. En el mismo sentido sobre el carácter pluriofensivo y la calidad de sujeto pasivo, ver D´Alessio, Andrés José -Dir.-; “Código Penal: Comentado y Anotado. Parte Especial”, La Ley, Bs. As., 2004, p. 854, entre otros).
A más de ello, es pertinente recordar que la tesis referida a que el delito de concusión se encuentra contenido en el art. 266 del CP fue defendida principalmente por la posición de Enrique Ramos Mejía al señalar, en cuanto a la distinción entre exacciones ilegales y concusión, que “[…] cuando lo exigido indebidamente es una dádiva, esto es, algo que nunca puede suponer la víctima como adeudado regularmente al Estado, el agente actúa desde un principio invocando su propio nombre y en su exclusivo beneficio, sin posibilidad, por lo tanto, de convertir luego en provecho propio lo obtenido de aquella manera, y no infringe por ello el artículo 268, sino solamente el 266. Es que, esta hipótesis delictiva no es una de las exacciones contempladas en la primera de las citadas disposiciones, sino un delito autónomo e independiente: el de concusión, que encuadra únicamente en el artículo 266 […]” (cfr. Ramos Mejía, Enrique; El delito de concusión, Depalma, Bs. As., 1963, p. 39; posición compartida por las diversas Salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, en Sala I, causa n° 282 “Hara, Carlos Guillermo s/recurso de casación”, Reg. 396 del 2/2/95, y causa n° 442 “Perreta, Jorge Antonio y otra s/recurso de casación”, Reg. 561 del 10/8/1995; Sala III, causa n° 1845 “Olmedo, Osvaldo Armando y otros s/recurso de casación”, Reg. 733/99 del 29/12/1999; y Sala IV, causa n° 2920 “Leal, Jorge Ramiro y otro s/recurso de casación”, Reg. 4031 del 10/5/2002, y un tanto más cercano en el tiempo, CFCP, Sala IV, causa n° 14.580, “Rivarola, Marcos Ismael s/ recurso de casación”, Reg. 331.4 del 21/3/2013, entre otros).
De ese modo, se ha afirmado con claridad que en el delito de exacción y de concusión la voluntad del sujeto pasivo se encuentra coartada. Así, con cita de Soler, se ha dicho que en la concusión tanto vale la exigencia o requerimiento explícito como implícito, derivados de la situación de hecho, de manera que la voluntad del sujeto pasivo se encuentre viciada, ya sea que se haya pronunciado como demanda imperiosa o simple pedido. Ernesto Ure, por su parte, señala que puede haber exacción o concusión cuando el funcionario prepara el terreno, con tal habilidad o artería, que coloca a la víctima en situación de incitarla a la iniciativa (cfr. “Temas y Casos de Derecho Penal”, Ideas, Bs. As., 1942, p. 238), prevaliéndose en este punto de la preponderancia que frente al administrado le da el cargo que ejerce (sobre este aspecto, Creus, Carlos; “Delitos contra la Administración Pública”, Astrea, Bs. As., 1981, p. 392) - criterios referidos en CFCP, Sala IV, “Rivarola”, ya citado, Reg. 331.4-.
En esa misma ocasión, se ha dicho que lo definitivo de la cuestión, a los fines de la configuración del delito de concusión, no es el término que se utilice para requerir una dádiva sino que, de acuerdo con la situación de hecho dada - teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, unidos a la forma de manifestación de las proposiciones o pedidos-, se puedan equiparar a la exigencia configurativa de este delito (ver precedente citado, con mención de CNCP, Sala IV, causa n° 5372, “Romero, Darío Carlos y otro s/recurso de casación”, Reg. 5372.4 del 17/7/2007, reiterado más cercano en el tiempo en CFCP, Sala IV, CFP 13543/2007/TO1/CFC1 “Rolón, Darío Marcelo y otros s/recurso de casación”, Reg. 358/17.4 del 18/4/2017, y en FSA 12000973/2012/TO1/CFC1 “Belizán, Oscar Rubén y otros s/recurso de casación”, Reg. 1329/20.4 del 7/8/2020). Así las cosas, más allá del nomen iuris indicado por el a quo, la conclusión asumida -con sustento en la acusación formulada- respecto a la condena por el delito previsto en el art. 266 del Código Penal (cuyo objeto ha sido la exigencia indebida, con abuso del cargo, de una dádiva) se adecúa a las consideraciones antes señaladas, en base al plexo probatorio ingresado al juicio.
De tal modo, solo resta añadir que, en la visión propuesta, el carácter pluriofensivo del tipo penal seleccionado como ley sustantiva aplicable conlleva a una concepción dual por la cual no sólo se lesiona un bien jurídico de carácter colectivo (administración pública), sino también el patrimonio y la libertad personal del particular (intereses de carácter particular) sobre quien se dirige esa exigencia, mediante abuso funcional de un cargo público. En efecto, la lesión o puesta en peligro del patrimonio se fundamenta en la afectación a la libertad del sujeto pasivo, en sintonía con la lesión de los intereses generales de la sociedad en el normal, adecuado y regular ejercicio de la función pública.
Por consiguiente, coincido con el abordaje propuesto por el tribunal oral de previa intervención y, con las menciones efectuadas, con la calificación seleccionada.
5. Por otra parte, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios de las defensas de Viaut y Rivarola a través de los cuales impugnaron las penas, tanto de prisión como de multa e inhabilitación impuestas a los nombrados.
De inicio, corresponde aclarar que, contrariamente a lo alegado por la defensa de Rivarola, entiendo que su agravio vinculado a la extemporaneidad del pedido de imposición multa efectuado por el MPF consiste en un reexamen de la queja que fue planteada por esa parte en ocasión de emitir su alegato en la instancia de debate y que, además, fue tratada con acierto por el tribunal de juicio en la sentencia, en la que brindó completa y razonable respuesta a su objeción.
Aclarado ello, del fallo impugnado se desprende que el tribunal a quo, para fundar las penas del encausado Viaut valoró como agravantes:
“1) Medio empleado para cometer los hechos: El entonces Fiscal Federal Viaut, contaba con una estructura del estado, que le permitía conocer información privilegiada y tomar determinadas medidas que repercutían en la vida de los particulares las que utilizó en provecho propio con una finalidad lucrativa.
2. La extensión del daño causado: se debe tener en consideración que estamos frente a hechos que tienen como víctimas a particulares -Sr. González-, quien llego a despedirse de su familia y allegados, en el convencimiento de que iría a prisión quedando acreditado en las audiencias la angustia y sufrimiento que vivió en el seno familiar, encontrándose el grupo familiar inmerso en el duelo por la muerte de la hija del querellante particular. Y en relación al segundo hecho se trata de un fiscal federal influyendo sobre una fiscala provincial.
3. El grado de instrucción: El imputado es una persona instruida, con título universitario y que además tiene formación jurídica, ocupando un cargo de Fiscal Federal lo que agrava la imagen de seguridad social.
4. Ausencia de motivos económicos: el imputado tenía un buen pasar económico, es Fiscal Federal, tenía ingresos que superan la media por lo que carecía de necesidades”.
Mientras que, con relación al nombrado, tuvo en cuenta como atenuantes:
“1) Ausencia de antecedentes penales.
2. Conducta durante el proceso: colaboró con la investigación al momento de los allanamientos.
3. La buena consideración expresada por quienes eran sus empleados, en cuanto a su trato personal que dispensaba.”
Por su parte, para sustentar las sanciones recaídas contra Rivarola, el tribunal a quo expresó que debían valorarse como agravantes:
“1) Medios empleados para cometer el hecho: era un empleado de una Fiscalía Federal, utilizo los beneficios que le otorgaba el lugar que ocupaba en provecho propio con una finalidad lucrativa, amedrentando a las personas exhibiendo caratulas de expedientes para obtener ganancias espurias.
2. La extensión del daño causado: como se expresó, se debe tener en consideración que estamos frente a hechos que tienen como víctimas a particulares -Sr. González-, quien por el miedo que le genero el imputado Rivarola, llego a despedirse de su familia y allegados, en el convencimiento de que iría a prisión quedando acreditado en la audiencias la angustia y sufrimiento que vivió en el seno familiar, encontrándose el grupo familiar inmerso en el duelo por la muerte de la hija del querellante particular. Y en relación al segundo hecho se trata de un empleado de una fiscalía federal influyendo sobre una fiscala provincial.
3. El imputado actuó con total impunidad, impartía temor, invocando una autoridad que podía hacer sufrir un mal o bien otorgar beneficios.
4. Ausencia de motivos económicos: el imputado no tenía problemas económicos, tenía un sueldo decente y un trabajo estable con más de 9 años de antigüedad”.
Y mientras que, como atenuantes en favor del nombrado, consideró:
“1) La situación familiar: tiene hijos menores de edad.
2. Colaboró con la justicia, reconoció los hechos y las pruebas existentes en la causa, mostró arrepentimiento y pidió disculpas.
3. Ausencia de antecedentes penales.
4. Instrucción: cuenta con secundario incompleto”.
Sentado ello, de la lectura de la fundamentación brindada advierto que la y los magistrados sentenciantes, contrariamente a lo alegado por las defensas, han dado efectivo cumplimiento al juicio de mensuración de las penas, observando en dicha tarea las pautas objetivas y subjetivas establecidas en los arts. 40 y 41 del CP.
Como se advierte de la transcripción efectuada precedentemente, el tribunal evaluó circunstancias concretas y generales del accionar y de las particularidades de los imputados para llegar a la conclusión de los quantum punitivos que les correspondían.
Nótese que el a quo ha brindado adecuados y suficientes fundamentos a la hora de determinar las penas a imponer, ha decidido el monto de las mismas dentro de los límites previstos para los delitos imputados de acuerdo a la ley vigente al momento de su comisión, evaluando en forma adecuada las pautas mensurativas de la pena, todo lo cual me lleva a concluir que las objeciones invocadas por las defensas sólo resultan la expresión de su disconformidad con las sanciones finalmente impuestas, tanto de prisión como de multa e inhabilitación.
Se advierte, de los argumentos brindados por el tribunal a quo, que las penas no resultan irrazonables ni desproporcionadas y su medida es consecuencia de la valoración integral y armónica de elementos conducentes al efecto, en apego a los arts. 40 y 41 del CP, y con respeto de los principios y garantías establecidas en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos que la integran por imperio de su art. 75 inc. 22. Estas penas configuran la respuesta frente a la comisión de los delitos por los cuales fueron condenados Viaut y Rivarola y de acuerdo con el grado de culpabilidad asignado.
En lo particular, en cuanto a que el tribunal a quo incurrió en arbitrariedad al valorar la condición de funcionario público del enjuiciado Rivarola, tanto para fundar el ilícito por el que fue condenado como también para considerarlo un agravante al momento de imponerle pena, cabe señalar que la defensa no logra demostrar la arbitrariedad que sostiene, así como tampoco que el a quo haya efectuado una doble valoración violatoria del principio del ne bis in idem.
Ello es así en tanto el sentenciante no ha valorado en forma particular la condición de funcionario público del encausado, pues la labor realizada redundó en un análisis de cuestiones vinculadas al rol específico en relación a la referida condición que manifiestan un mayor grado de injusto y, por tanto, no constituyen una doble valoración de aquél como pretende alegarse, sino que responden al reproche por el mayor peligro generado y a la afectación al bien jurídico tutelado, elemento este que no ha sido tomado en consideración para establecer y determinar el alcance del tipo penal.
Por lo expuesto, en lo que hace a la aplicación de las penas a los imputados en autos, lo relevante a destacar es que las defensas no han logrado demostrar que el análisis de dichas pautas por parte de los jueces sentenciantes trasunte en arbitrariedad, irrazonabilidad o desproporción; es dable señalar que el pronunciamiento goza, en suma, de la fundamentación requerida para un acto jurisdiccional válido, por lo que corresponde rechazar los agravios defensistas en este punto.
6. Por último, en lo que respecta al agravio de la defensa de Fattore mediante el cual cuestionó el decomiso del dinero resuelto en la sentencia, coincido con el análisis realizado por el juez Mahiques en cuanto sostiene, en línea con lo concluido por el tribunal a quo, que el decomiso aparece como una derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa, que encuentra sustento en la normativa legal vigente y en los principios que rigen en la materia y los agravios de la impugnante sólo evidencian una opinión diversa de la debatida y resuelta.
7. En razón de lo expuesto precedentemente propongo al acuerdo: I. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas de Luis María Viaut, Darío Fabián Rivarola y Walter Gustavo Fattore, con imposición de costas en la instancia (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y cctes del CPPN). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal (art. 14 ley 48).
Tal es mi voto.
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
Que por compartir, en lo sustancial, las consideraciones desarrolladas por el magistrado Daniel Antonio Petrone, hemos de adherir a la solución propuesta y en el mismo sentido expedimos nuestro voto.
En mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Por mayoría, RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas de Luis María Viaut y Darío Fabián Rivarola, con imposición de costas en la instancia (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y concordantes del C.P.P.N.).
II. Por unanimidad, RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Walter Gustavo Fattore, con imposición de costas en la instancia (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y concordantes del C.P.P.N.).
III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal (art. 14 ley 48).
Regístrese, notifíquese, comuníquese (CSJN, Ac. N° 10/25) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques. Ante mí: Walter Daniel Magnone.
Fin de la sentencia