Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Gabriel Miori, anular la resolución recurrida y, en consecuencia, remitir las actuaciones al tribunal de origen, a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
// la ciudad de Buenos Aires, el 1° de diciembre del año dos mil veinticinco, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, con la asistencia de la Secretaria actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa FLP 31009635/2006/TO1/3/1/CFC1, caratulada ”MIORI, Gabriel s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, mediante resolución del 2 de julio de 2025, dispuso:
“I. NO HACER LUGAR a la solicitud de extinción de la acción penal por reparación integral del daño formulada por la defensa de Gabriel Miori y a la que adhirieron los coimputados Gerónimo Vargas Aignasse y Alicia Nolasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal”.
2. Que contra dicho pronunciamiento y con el alcance que se precisará infra, interpuso recurso de casación la defensa de Gabriel Miori, el cual fue concedido por el “a quo” el 5 de agosto de 2025.
3. Que la representación defensista articuló la vía casatoria con invocación de los dos supuestos previstos en el art. 456 del C.P.P.N.
En ese marco, alegó que el tribunal de anterior instancia tuvo en cuenta un dictamen fiscal en el que se 1 CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL – SALA 4 FLP 31009635/2006/TO1/3/1/CFC1 Registro Nº 1370/2025 postuló un criterio restrictivo manifiestamente inaplicable al caso.
Señaló que la oposición fiscal resultaba infundada en tanto calificó los hechos como supuestos de corrupción o de relevancia pública, considerando aspectos que no fueron oportunamente incluidos en los pertinentes requerimientos de elevación a juicio y, por ende, no forman parte del marco fáctico objeto de la causa.
En ese orden de ideas, puntualizó: “…aún cuando la imputación aquí formulada no incluyó aspectos relacionados con actos de corrupción o hechos en los que se vieron comprometidos ´intereses de relevancia pública´, el Fiscal y luego también V.E., tuvieron en cuenta tales cuestiones nunca imputadas en estos actuados, para postular el rechazo de la petición, lo cual no puede ser validado”.
Según la impugnante, de tal forma, la decisión cuestionada violentó los principios de congruencia, legalidad y debido proceso.
Precisó que la reparación integral se trata de una causal de extinción de la acción penal vigente y que, por resultar de orden público, su aplicación no depende sustantivamente de lo que opinen las partes, sino del cumplimiento de los requisitos que el legislador estableció a tal fin.
Entendió que, si bien la postura de la aduana como “damnificada” debe ser escuchada en el proceso, en modo alguno la misma puede considerarse como vinculante y, por esa razón, no es cierto que su oposición imposibilite la aplicación del instituto en cuestión.
Consideró que el tribunal “a quo” sostuvo erróneamente que lo ofrecido por la parte en carácter de reparación integral resultaba insuficiente.
Como corolario de lo hasta aquí reseñado en sus aspectos sustanciales, solicitó que se proceda a la casación o anulación de la resolución recurrida en los términos de los arts. 470 o 471 del CPPN.
Finalmente, formuló reserva del caso federal (cfr. arts. 18 y 120 de la CN y art. 14 de la Ley 48).
4. Que, con fecha 23 de octubre del 2025, se cumplieron las previsiones del art. 465 bis del C.P.P.N., oportunidad en la que la asistencia técnica de Gabriel Miori y la parte querellante -DGI ARCA- presentaron breves notas. La defensa de Miori reiteró los agravios expuestos en el recurso de casación y solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto. Por su parte, el representante de la parte querellante solicitó el rechazo del recurso. Posteriormente, la defensa de Miori presentó un escrito solicitando una réplica ante la presentación de la ARCA, invocando el legítimo ejercicio del derecho de defensa.
Superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.
El señor Juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Conforme surge de los resultandos de la presente, la asistencia técnica de Gabriel Miori cuestionó por la vía casatoria la resolución del Tribunal “a quo”, mediante la cual se rechazó la reparación integral ofrecida por el nombrado (cfr. art. 59, inc. 6º del C.P., texto según ley 27.147, B.O.: 18/06/2015).
Con carácter liminar, cabe señalar que el juicio de admisibilidad formal del recurso intentado debe ser convalidado, en atención a que fue interpuesto en tiempo oportuno, por parte legitimada, contra una resolución equiparable a definitiva por sus efectos y con fundamentos suficientes (cfr. arts. 456, 457, 463 y cctes. del C.P.P.N.).
II. Previo a ingresar al tratamiento de la cuestión objeto de controversia, y para una mejor comprensión del caso, procede realizar una reseña cronológica de los antecedentes relevantes, a partir de las constancias obrantes en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100.
La presente incidencia se inició a raíz del escrito presentado por la defensa de Gabriel Miori el 7 de agosto de 2024, mediante el cual solicitó que se analice una posible solución alternativa del proceso a partir del instituto de la reparación integral (art. 59 inciso 6 del C.P.).
De dicha presentación se corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal, quien -a los fines de contar con todos los elementos necesarios para poder dictaminar sobre el pedido de resolución alternativa del conflicto- solicitó que se fije audiencia con todas las partes, la cual fue estipulada por el tribunal para el día 9 de octubre de 2024.
En la audiencia se presentaron el Dr. Hernan I.
Schapiro -representante del Ministerio Público Fiscal-, el Dr. Julián Velázquez Coccia -en representación de la ARCA como parte querellante- y el imputado Gabriel Miori junto a su letrado defensor, el Dr. Vidal Alabarracin.
La asistencia técnica de Miori sostuvo que los hechos investigados en la presente causa ocurrieron hace casi 20 años, en 2005, y que se trata de un delito tentado de contrabando en el que a su cliente se le imputa una participación necesaria. En ese sentido, argumentó que el largo tiempo transcurrido podría implicar una violación del plazo razonable y del derecho de defensa en juicio. Propuso como reparación integral el abandono de la mercadería involucrada y una donación equivalente al mínimo de la multa establecida para el delito de contrabando, que sería cuatro veces el valor histórico de la mercadería. El 24 de octubre de 2024 presentaron sendos escritos las defensas de Gerónimo Vargas Aignasse y Alicia Isabel Nolasco -coimputados-, quienes adhirieron al planteo formulado por el defensor de Gabriel Miori en orden a la posibilidad de arribar a una solución alternativa. En virtud de las adhesiones formuladas se corrió nueva vista tanto al representante del Ministerio Público Fiscal como a la parte querellante, quienes se opusieron a la reparación integral solicitada.
Al momento de formular su oposición, el fiscal consideró, con referencia a la Resolución PGN 97/09, que resultaría útil realizar el debate oral, así como que Gabriel Miori trabajaba en la Cámara de Diputados de la Nación con el coimputado Gerónimo Vargas Aignasse, como su secretario privado.
La parte querellante -ARCA- se opuso puesto que las maniobras investigadas fueron realizadas por funcionarios públicos, quienes realizaron maniobras tendientes a engañar al Servicio Aduanero para defraudar al Estado.
Sin perjuicio de ello, la parte querellante planteó que “…todo lo expuesto no obsta a que –aún mediando nuestra oposición- la judicatura pueda extinguir la acción penal por reparación integral del perjuicio y esta parte pueda consentir el resolutorio que así lo disponga. Frente a tal hipótesis, y considerando -como bien hubo de receptar el Tribunal de Alzada y los precedentes de la Cámara de Casación Penal - que esta parte tiene el derecho a ser oída y a obtener una respuesta fundada, en ejercicio del mismo nos manifestaremos al respecto. Así, si la defensa pretende reparar integralmente a la víctima –Dirección General de Aduanas-, la donación de dinero debe destinarla en concreto a dicho ente público”.
Llegado el momento de resolver, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata -en consonancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante-, rechazó la reparación integral ofrecida por Gabriel Miori, que contaba con la adhesión de Gerónimo Vargas Aignasse y Alicia Isabel Nolasco.
Para así resolver, el juez de la instancia anterior consideró razonables los argumentos que dieron sustento a la oposición del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante y rechazó el ofrecimiento de la defensa.
Contra dicha resolución interpuso el presente recurso de casación la defensa de Gabriel Miori, el que fue concedido en cuanto a su admisibilidad y se encuentra en trámite ante esta Alzada.
III. De la resolución recurrida surge que, para denegar la solicitud de aplicación del art. 59 inciso 6 del Código Penal en el caso concreto, el tribunal “a quo” tuvo en cuenta la oposición del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante.
Dichas oposiciones se fundaron principalmente en la calidad de funcionario público de alguno de los intervinientes en el presunto hecho delictivo al momento de su comisión.
Sin embargo, tanto el tribunal de la anterior instancia como el representante del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, al momento de formular sus respectivas oposiciones, prescindieron de explicar por qué dicha calidad obstaría la aplicación del instituto pretendido en el caso concreto (Cfr. CFCP Sala IV causa CFP 7986/2018/TO1/CFC2 “Curien, Horacio Justo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1563/21, rta. el 28/9/2021). Del requerimiento de elevación a juicio se desprende que el hecho objeto de imputación fue calificado provisoriamente como contrabando en grado de tentativa, en los términos de los artículos 863 y 865 inciso f) del Código Aduanero (Ley 22.415 modificada por la Ley 25.896), atribuido al imputado en calidad de coautor penalmente responsable. En la referida imputación no fue incluido, ni para el aquí recurrente ni para sus consortes de causa el agravante dispuesto en el inciso b del art. 865 del Código Aduanero. Dicha norma agrava el delito de contrabando cuando: “Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo”.
Ello, sin perjuicio de señalar que el carácter público de la parte damnificada no obsta necesariamente al otorgamiento de la reparación solicitada (cfr., en lo pertinente y aplicable, CFCP Sala IV, “Mórtola, Gonzalo Osvaldo Rodrigo s/recurso de casación”, CFP 12298/2018/PL1/4/CFC4, Reg. Nro. 1005/25, rta. el 12/9/2025)
Tampoco el tribunal ha fundado que, tal como solicita el Ministerio Público Fiscal, en el particular caso de autos -cuyos hechos acontecieron en el año 2005- sea conveniente la realización de un juicio oral en detrimento de las soluciones alternativas de resolución de conflictos.
De lo reseñado se advierte que tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante -y el tribunal al momento de resolver- fundaron su oposición en un aspecto que no formó parte de la imputación ni fue incluido al momento de requerir la elevación de la causa a juicio, lo que resulta en una ausencia argumental que importa un déficit de fundamentación en violación del artículo 123, CPPN.
Asimismo, se debe dar tratamiento en la instancia anterior a las cuestiones planteadas en forma subsidiaria por la parte querellante con respecto a la reparación del perjuicio.
En definitiva, propongo al acuerdo HACER LUGAR al recurso interpuso por la asistencia técnica de Gabriel Miori, ANULAR la resolución impugnada y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal de origen, a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN). El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Admisibilidad:
La resolución que rechaza la aplicación del instituto de la reparación integral previsto en el artículo 59, inciso 6, del CP resulta en este caso equiparable a sentencia definitiva, en los términos del art. 457 CPPN, por cuanto impide la aplicación de un instituto alternativo que, de prosperar, extinguiría la acción penal y evitaría la imposición de una pena; a la vez que la impugnación presentada se ha fundado en los términos comprendidos en el artículo 456 y de conformidad a la manda del artículo 463 del CPPN. De allí que se configure un agravio de imposible o tardía reparación ulterior (CSJN, Fallos: 320:2451, “Padula” y Fallos: 328:1108, “Di Nunzio”).
A su vez, el recurso fue interpuesto en término, por parte legitimada (artículo 459 CPPN), con fundamentos comprendidos en el art. 456 CPPN y de conformidad a la manda del artículo 463 del CPPN, por lo que corresponde su tratamiento.
II. Análisis de la cuestión planteada:
1. Como se recuerda en el voto anterior, la defensa de Gabriel Miori, el 7 de agosto de 2024, solicitó que se analice una posible solución alternativa del proceso a partir del instituto de la reparación integral (art. 59 inciso 6 del C.P.).
Corrida la vista respectiva, el representante del Ministerio Público Fiscal -a los fines de contar con todos los elementos necesarios para poder dictaminar sobre el pedido de resolución alternativa del conflicto- solicitó que se fije audiencia con todas las partes.
En la audiencia se presentaron el Dr. Hernan I.
Schapiro -representante del Ministerio Público Fiscal-, el Dr. Julián Velázquez Coccia -en representación de la ARCA como parte querellante- y el imputado Gabriel Miori junto a su letrado defensor, el Dr. Vidal Alabarracin.
La asistencia técnica de Miori, en lo ahora pertinente, propuso como reparación integral el abandono de la mercadería involucrada y una donación equivalente al mínimo de la multa establecida para el delito de contrabando, que sería cuatro veces el valor histórico de la mercadería.
El 24 de octubre de 2024 presentaron sendos escritos las defensas de Gerónimo Vargas Aignasse y Alicia Isabel Nolasco -coimputados-, quienes adhirieron al planteo formulado por el defensor de Gabriel Miori en orden a la posibilidad de arribar a una solución alternativa. En virtud de las adhesiones formuladas se corrió nueva vista tanto al representante del Ministerio Público Fiscal como a la parte querellante, quienes se opusieron a la reparación integral solicitada.
El fiscal reseñó sucintamente el marco fáctico que dio lugar a las presentes actuaciones, indicando que estas se iniciaron por denuncia efectuada por la Dra. María Siomara Ayerán, titular de la Dirección Regional Aduanera La Plata, con relación a una operación de importación vinculada con la donación de 1.016 bultos de zapatillas destinadas a la Comuna Rural de Luisiana y Florida, provincia de Tucumán. En dicho procedimiento intervino Gabriel Miori, presentando documentación que invocaba la aplicación de exenciones tributarias previstas por la ley 23.871.
Señaló que, según la acusación fiscal, se detectaron diversas irregularidades, destacándose la falsedad de facturas comerciales supuestamente emitidas por la firma "CME DO BRASIL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA", empresa que negó mantener relaciones comerciales relacionadas con dichas facturas. Asimismo, surgieron inconsistencias relacionadas con el transporte y almacenamiento de la mercadería en la Zona Franca La Plata, involucrando también a otras personas en el proceso, entre ellas Gerónimo Vargas Aignasse y Alicia Nolasco.
Agregó que, la calificación jurídica atribuida oportunamente fue la de contrabando en grado de tentativa, en los términos de los artículos 863 y 865 inciso f) del Código Aduanero (Ley 22.415 modificada por la Ley 25.896), atribuyéndosele el carácter de autores a Gerónimo Vargas Aignasse y Alicia Nolasco, y el de partícipe necesario a Gabriel Miori, conforme artículos 42 y 45 del Código Penal. Recordó, asimismo que, con fecha 5 de julio del año 2024, se pronunció desfavorablemente sobre una anterior solicitud de suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del Código Penal) presentada por la defensa de Miori, postura coincidente con la de la querellante AFIP. En la audiencia celebrada, el fiscal hizo referencia a la Resolución PGN 97/09 en cuanto prevé que “…del mismo modo en que la no celebración del debate oral puede resultar útil para la consecución de los fines del Ministerio Público Fiscal, también puede resultarlo su realización, concretamente en aquellos supuestos en los cuales únicamente mediante esa forma de resolución del caso resulte posible con el fin de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad. En esa dirección, no se puede olvidar que el debate incorpora a la solución del proceso un factor fundamental que cobra mayor relevancia cuando el hecho en discusión involucra casos de corrupción y la actuación de funcionarios públicos, como son la publicidad de su contenido, el debate de las circunstancias fácticas y jurídicas relevantes para el caso y la declaración de responsabilidad del autor, extremos irrenunciables en este tipo de procesos, más allá de la solución final, que bien podría ser la absolución del imputado…”.
Recordó que, al momento de prestar declaración indagatoria en la presente causa, Gabriel Miori manifestó que trabajaba en la Cámara de Diputados de la Nación con el coimputado Gerónimo Vargas Aignasse, como su secretario privado.
En esa línea, señaló que “…atendiendo a las particularidades del caso, según lo que surge del requerimiento fiscal de elevación a juicio, entiendo conveniente la celebración del debate oral y público puesto que, además de arribar a una solución alternativa parcial, perjudicaría el ejercicio de la acción penal respecto de la totalidad de los imputados.”
Finalmente, solicitó que se fije fecha de audiencia para el debate oral y público (cfr. dictamen fiscal del 01/11/2024).
La parte querellante -ARCA- también se opuso a la aplicación del instituto de reparación integral solicitado por la defensa. Señaló que “En el presente caso –a modo de prieta síntesis- funcionarios públicos de los más altos escalafones institucionales han pergeñado maniobras tendientes a engañar al Servicio Aduanero. A tales fines se les ha exhibido a agentes estatales documentación originaria del extranjero apócrifa; se los ha pretendido inducir a error aseverando la falsa intención de efectuar una donación, se ha contado con la participación de una persona que debiendo auxiliar a la Aduana ha participado de la artimaña; ha mediado la utilización de fundaciones y comunidades rurales; todo ello con el fin de asignarle a la mercadería a importar un régimen de excepción que no le correspondía, con el fin de defraudar al Estado”. Subsidiariamente, la querella planteó que “…todo lo expuesto no obsta a que –aún mediando nuestra oposición- la judicatura pueda extinguir la acción penal por reparación integral del perjuicio y esta parte pueda consentir el resolutorio que así lo disponga. Frente a tal hipótesis, y considerando -como bien hubo de receptar el Tribunal de Alzada y los precedentes de la Cámara de Casación Penal - que esta parte tiene el derecho a ser oída y a obtener una respuesta fundada, en ejercicio del mismo nos manifestaremos al respecto. Así, si la defensa pretende reparar integralmente a la víctima –Dirección General de Aduanas-, la donación de dinero debe destinarla en concreto a dicho ente público”.
En la audiencia fijada para el día 30 de abril de 2025, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó su oposición a la procedencia del instituto y se remitió al dictamen presentando el 1 de noviembre de 2024. La parte querellante señaló que la conducta imputada afectó intereses fiscales, que hubo participación de personas con mandatos públicos, y que las instrucciones internas del organismo al que representa le impiden consentir un acuerdo de estas características. Bajo tales premisas, mantuvo su oposición, argumentando que se trata de una maniobra defraudatoria que comprometió intereses públicos y que, por directivas internas y normativa internacional, no corresponde avalar una salida alternativa.
Llegado el momento de resolver, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata -en consonancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante-, rechazó la reparación integral ofrecida por Gabriel Miori, que contaba con la adhesión de Gerónimo Vargas Aignasse y Alicia Isabel Nolasco.
Para así resolver, el juez de la instancia anterior consideró que “…la oposición formulada por el Fiscal General Interino, Dr. Hernán Israel Schapiro, no solo se presenta como jurídicamente procedente por su carácter fundado y razonado, sino que además resulta acorde con los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales que orientan la aplicación del instituto de la reparación integral en el proceso penal. En efecto, si bien el fiscal inicialmente solicitó la celebración de una audiencia a los fines de evaluar la procedencia del ofrecimiento efectuado por la defensa, con posterioridad dictaminó en forma desfavorable, en los términos de lo establecido por las Resoluciones PGN N° 97/09 y PGN N° 92/2023, las cuales imponen un criterio restrictivo para la aplicación de soluciones alternativas en aquellos supuestos en que se ven comprometidos intereses de relevancia pública”.
En esa línea, sostuvo que “La postura fiscal adquiere, en este marco, un peso específico que no puede ser ignorado, ya que se encuentra basada en elementos objetivos y razonables: en primer lugar, la calidad pública del ente perjudicado –la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)–, lo que impide considerar que el interés comprometido sea de índole exclusivamente patrimonial o disponible para las partes; en segundo lugar, la vinculación funcional entre el encausado y un funcionario público nacional, lo cual otorga al hecho una gravedad institucional que trasciende el ámbito individual de responsabilidad; y finalmente, la expresa directiva de la Resolución PGN N° 92/2023, que refuerza la inaplicabilidad del instituto en casos de significativa lesividad institucional o de afectación al patrimonio público”.
Seguidamente, entendió que “…la aplicación del instituto de la reparación integral del daño, si bien prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, no es irrestricta”.
Refirió que “La postura de la AFIP-DGA, en tanto parte damnificada, es fundamental, pues la participación y el consentimiento de la víctima resulta un dato insoslayable para la procedencia de la reparación integral del perjuicio”.
Sobre esa base consideró razonables las consideraciones que dieron sustento a la oposición del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante y rechazó el ofrecimiento de la defensa.
Contra dicha resolución interpuso el presente recurso de casación la defensa de Gabriel Miori, el que fue concedido en cuanto a su admisibilidad y se encuentra en trámite ante esta Alzada.
2. Ahora bien, respecto de la cuestión presentada cabe memorar que la Ley 27.147, sancionada en el año 2015, modificó sustancialmente el artículo 59 del Código Penal, incorporando en su inciso 6 una nueva causal de extinción de la acción penal: "Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes".
Esta reforma no fue un acto legislativo aislado, sino que formó parte de un conjunto de leyes destinadas a adecuar la legislación de fondo a los principios de un sistema procesal de corte acusatorio, que privilegia la gestión y solución del conflicto por sobre la mera imposición de una pena.
El fundamento subyacente de la reparación integral se encuentra en el principio general del derecho de no dañar a otro (alterum non laedere), consagrado implícitamente en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La violación de este deber genera la obligación de reparar el menoscabo causado, concepto que, en su origen civilista, abarca "todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades". Esta génesis evidencia la orientación eminentemente patrimonial del instituto y su diseño para resolver conflictos de naturaleza interpersonal donde el daño es concreto, individualizable y, en última instancia, mensurable económicamente.
El propósito de la norma es el de dar una solución más eficiente y satisfactoria para la víctima en ciertos casos, al tiempo que se ofrece una vía de escape al proceso penal para el imputado, siempre que el conflicto subyacente pueda ser efectivamente resuelto por esta vía. He afirmado en múltiples precedentes la operatividad directa de la norma, aun en ausencia de reglamentación procesal específica (cfr. “VILLALOBOS” -CCC 25020/2015/TO1/CFC1, Reg. Nro. 1119/17-; “TOLLER” -FPA 851/2020/TO1/CFC1, Reg. Nro. 643/24.4-; “MATISIC” -CPE 1119/2013/TO1/CFC3, Reg. Nro. 1337/24.4.-; entre muchos otros).
Pero, a pesar de su operatividad, la aplicación del instituto no es irrestricta. La propia lógica del sistema y las regulaciones de carácter constitucional y las procesales que se han ido dictando establecen límites claros (ver el artículo 34 del CPPF).
Por ello, de manera consistente, he sostenido que la reparación puede ser rechazada cuando el hecho reviste una "marcada gravedad" o cuando existen "razones justificadas de interés público prevalente en la persecución". Esto muestra que la reparación no es un derecho absoluto del imputado, sino una herramienta de política criminal cuya aplicación debe ponderarse en cada caso concreto, atendiendo no solo a los intereses de las partes directamente involucradas, sino también al interés general de la sociedad en la persecución de ciertos delitos.
Me pronuncié en diversos precedentes de esta Sala IV en el sentido de que los modos alternativos de resolución del conflicto que el delito importa, previstos en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, proceden cuando, con su concreción, se logren materializar los fines del proceso penal. Es decir, cuando aparezcan satisfechos los intereses de la víctima, la voluntad del imputado, y cuando no exista un interés público que prevalezca sobre la voluntad de aquellos y el Ministerio Público Fiscal ejerza su rol de control de legalidad (arts. 120 CN, 22 y 25 CPPF). Es de ese modo que se trata de un medio alternativo de conclusión del proceso que traslada la gestión del conflicto a las propias partes para que éstas, en forma asistida, alcancen la satisfacción de sus intereses (cfr. las sentencias antes citadas); y sólo en este caso podrán considerarse cumplidos los objetivos de la norma y contribuir a la paz social.
En consecuencia, si bien la conciliación y la reparación integral del daño se encuentran vigentes como métodos alternativos de extinción de la acción, su procedencia no puede surgir como producto de un análisis discrecional y aislado de la normativa sustantiva y constitucional que conforman el marco normativo.
De manera que, en principio, no resultan objeto de reparación ni de acuerdo conciliatorio los supuestos en los que el daño exceda el interés de la víctima, como es el caso de los delitos que afectan bienes jurídicos supraindividuales, como -por ejemplo- aquellos cometidos contra la administración pública, el erario público, la seguridad social, el control aduanero, la salud pública, en tanto exceden el daño a una víctima concreta que pueda ver satisfechas sus pretensiones a través de una conciliación o reparación económica, pues afectan bienes jurídicos supraindividuales (cfr.: mis votos en las causas de esta Sala IV: CCC 25020/2015/TO1/CFC1: “VILLALOBOS, Gabriela Paola y otro s/ defraudación”, rta. el 29/8/2017; CFP 7245/2013/TO1/2/CFC1: “BOBBIO, Gerardo Andres y ZIEMBA, Ulises Aldemar por averiguación del delito”, Reg. Nro. 1731/18.4, rta. el 14/11/18; CPE 438/2017/1/CFC1: “ACOSTA, Fernando Luis y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1380/19.4, rta. el 4/7/19; CFP 7986/2018/TO1/CFC3: “CURIEN, Horacio Justo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 293/22.4, rta. el 18/3/2022; FCB 87818/2018/TO1/1/CFC1: “FERREYRA, Héctor Daniel s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 565/2023, rta. 8/05/2023; CPF 14221/2015/TO1/CFC2: “GALDO, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 719/24, rta. el 1/07/2024; CPE 1119/2013/TO1/CFC3: “MATISIC, Ricardo s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1337/24.4., rta. el 5/11/2024 y CFP 12298/2018/PL1/4/CFC4: “MÓRTOLA, Gonzalo Osvaldo s/ recurso de casación”, rta. el 12/09/2025; CFP 2355/2021/TO1/CFC1, caratulada: “LASA, Sergio Omar s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1040/25.4, rta. el 18/9/2025; entre varias otras).
Esta improcedencia no deriva de un mero obstáculo procesal o de una interpretación restrictiva de la norma, sino de una imposibilidad dogmática fundamental: la naturaleza del bien jurídico protegido impide la definición de un perjuicio susceptible de ser "reparado" en los términos y con la finalidad que el legislador previó para el instituto (cfr. mis votos en las causas “BOBBIO, Gerardo Andrés y ZIEMBA, Ulises Aldemar por averiguación del delito” y “CURIEN”, ya citados; entre muchos otros). Es el caso del tipo penal en el que se inserta la conducta delictiva atribuida a Miori (contrabando en grado de tentativa -arts. 863 y 865 inciso f) del Código Aduanero -Ley 22.415 modificada por la Ley 25.896-, en calidad de coautor). En tanto el control que las leyes acuerdan a las aduanas sobre la importación y la exportación es el concepto central que la Corte Suprema ha definido como el bien jurídico protegido, superando la limitación de la mera protección de la renta fiscal (cfr.: CSJN: "Legumbres S. A. y otros", Fallos 312:1920; entre varios otros); a lo que se suma que se encuentra comprendida la protección de otros intereses subyacentes, ya que el control aduanero funciona como un bien jurídico intermedio (o instrumental), tutelando bienes jurídicos finales como la renta fiscal y la política económica (además de la seguridad o la salud pública).
De allí que la intervención del Ministerio Público Fiscal reviste especial importancia, por cuanto le corresponde “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” y “representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera” (arts. 120 de la C.N. y 1° y 25, inc. b, de la ley 24.946). Su participación es condición necesaria para declarar extinguida la acción penal conforme al art. 59, inc. 6°, del Código Penal, y en estas actuaciones desarrolló los fundamentos de su oposición al planteo extintivo formulado por la defensa.
Al objetar la reparación integral solicitada, el fiscal señaló que —en casos que involucran hechos de corrupción o la actuación de funcionarios públicos— el juicio oral resulta indispensable para asegurar la legalidad y el interés social comprometido. Destacó que el debate aporta elementos esenciales —publicidad, discusión de los hechos y del derecho y determinación de responsabilidad— que no pueden soslayarse, aun cuando el resultado final pudiera ser absolutorio.
Y en esa misma línea mantuvo su oposición la parte querellante, por considerar que se trató de una maniobra defraudatoria en la que intervinieron personas con funciones públicas, que afectó intereses públicos y que, conforme a las normas internas e internacionales aplicables, no corresponde admitir una salida alternativa. Cabe aclarar que la intervención en los hechos juzgados de personas que desempeñaban las invocadas funciones públicas, así como la directa relación de las conductas que se les imputan con el ejercicio de esas funciones públicas que desempeñaban, fue expresamente incluida desde la denuncia que dio origen al presente proceso; y abarcada, asimismo, por los requerimientos de elevación a juicio presentados por los acusadores. En consecuencia, en modo alguno puede ser considerada esta una cuestión sorpresiva para la defensa.
Fue por todo lo expuesto que el a quo ponderó que la improcedencia postulada se fundó en criterios objetivos y razonables. Dado que, en lo sustancial, el carácter público del organismo afectado —la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)— impide calificar el interés comprometido como meramente patrimonial o disponible por las partes; a lo que se adicionó que la relación funcional existente entre el imputado y un funcionario público nacional confiere al hecho materia de proceso una trascendencia institucional que excede la esfera de responsabilidad individual.
Resulta de tal forma que la doctrina en primer término citada, que ha sido expresamente evaluada en sustento de la resolución recurrida y también invocada en apoyo del fundado dictamen de oposición presentado por el fiscal de la instancia anterior, autoriza a resolver la cuestión planteada y a descartar la procedencia del modo de extinción de la acción penal solicitado, y que ha sido fundadamente rechazado.
Aun así, también recordaré que, en el precedente “BOBBIO” -citado-, sostuve que dicha interpretación procedía más aun cuando los que ocasionaron el daño a ese bien jurídico de carácter supraindividual fueron funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Ello es así teniendo en cuenta que el programa constitucional y legal delineado para los delitos cometidos por funcionarios públicos que se valen de su función pública para delinquir, descarta la aplicación a estos casos de los medios alternativos de solución del conflicto (así, por ejemplo, expresamente respecto de la suspensión del juicio a prueba, artículo 76 bis párrafo 6to. del Código Penal, sobre lo cual he tenido oportunidad de expedirme en la causa “FEIJOO, Ariel y otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4/11/09; causa Nro. 542/2013: “MINAZZOLI, Alberto s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2098/13 de esta Sala IV, rta. el 28/10/13 y causa Nro. 16.185: “BONOMI, RaÚl Carlos s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 826/14). Es que, la política criminal delineada por el legislador parte de la conculcación del mayor compromiso del funcionario público que el ejercicio de sus facultades conlleva, y, como contracara, un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas, toda vez que existe una expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos (Convención Interamericana contra la Corrupción –arts. VI, VIII,IX y XI-, aprobada por la Ley Nro. 24.759; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley Nro. 26.097; y Ley de Ética Pública, Nro 25.188). Nótese al respecto que el Estado Argentino se comprometió internacionalmente a investigar, y, en su caso, sancionar debidamente estos delitos, teniendo en cuenta su gravedad.
El Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción impone a los Estados la responsabilidad de erradicar la impunidad y prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. Otra vez recordaré que he sostenido reiteradamente la tesis de que en el procedimiento penal el concepto de ley vigente no se limita al Código Procesal Penal sino que abarca a la Constitución Nacional y a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (C.N.C.P. Sala IV: causa Nro. 335: “SANTILLÁN, Francisco”, Reg. Nro. 585.4, del 15/5/96; causa Nro. 1619: “GALVÁN, Sergio Daniel s/recusación”, Reg. Nro. 2031.4, del 31/8/99 y Causa Nro. 2509: “MEDINA, Daniel Jorge s/recusación”, Reg. 3456.4, rta. el 20/6/01; y mi voto en el Plenario Nro. 11 de esta Cámara: “ZICHY THYSSEN”, rto. el 23/6/06; entre varias otras).
Tal como lo he argumentado en diversos pronunciamientos de esta Sala IV, estimo que una interpretación desde la Constitución, exige del órgano jurisdiccional la toma de recaudos para asegurar el debido respeto de dicha normativa.
De manera que estando en cuestión el legal cumplimiento de las funciones de la Administración Pública no se puede renunciar a conocer la verdad de lo sucedido (derecho de toda la ciudadanía), pues se trata en estos casos de verdaderos delitos de quebrantamiento de la Ley de Ética Pública, donde el Estado argentino se encuentra obligado a perseguir, juzgar y, si corresponde, castigar conforme a la citada convención; resultando imperativo resolver también, en su caso, no sólo el recupero de los fondos públicos afectados, sino también las inhabilitaciones que correspondan.
Es por ello que, es útil señalar, el artículo 30 del C.P.P.F., aunque no ha sido todavía objeto de implementación por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal indica, en primer orden, y como supuesto donde no es posible prescindir del impulso de la persecución penal a los delitos en los que hubieren participado funcionarios públicos en el ejercicio u ocasión de sus funciones. En este escenario, insisto, la solución que corresponde adoptar como consecuencia de la interpretación armónica de la normativa vigente desde la Constitución Nacional, a la luz de la normativa internacional de rango constitucional que sí se encuentra vigente, es la que se corresponde con el adecuado compromiso asumido por nuestra Nación Argentina en pos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
Las consideraciones realizadas conducen a concluir que el sustento de la decisión recurrida, así como el de los dictámenes de oposición del representante del Ministerio Público Fiscal y de la querella a la procedencia de la reparación ofrecida por la defensa, reflejan una razonable aplicación de la normativa vigente que autoriza a descartar la procedencia de este modo de extinción de la acción penal en el caso.
La recurrente no logra demostrar que esta distinción sea arbitraria. Por el contrario, las diferencias tienen un claro sustento objetivo: por un lado, en el tipo de bien jurídico lesionado y, por otro, en la función pública que cumplen los funcionarios, de conformidad con los principios y objetivos que emanan de la normativa de rango constitucional.
A la luz de todo lo expuesto, las oposiciones expresas y fundadas tanto de la parte querellante -ARCA- como del Ministerio Público Fiscal, que en el sentido expuesto se han pronunciado, y que han sido razonablemente ponderadas por el tribunal, constituyen un obstáculo a la procedencia del instituto en cuestión.
Aceptar lo contrario equivaldría a privatizar indebidamente la acción penal pública, contrariando el mandato del art. 120 CN. En estos casos, la extinción de la acción penal a cambio de una suma de dinero anularía por completo, también, la función preventiva de la pena, y transmitiría el mensaje de que la corrupción se traduce en una conducta "monetizable". Esto banaliza el delito y desatiende el elevado costo social que la corrupción irroga en la sociedad y en las estructuras mismas de un estado democrático.
Por ello, propicio que se rechace el recurso de casación interpuesto por la asistencia técnica de Gabriel Miori, sin costas en esta instancia (cfr. arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Y tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. En orden a la admisibilidad formal del recurso de casación interpuesto y a los antecedentes relevantes de la causa, habré de remitirme a lo oportunamente expuesto por el colega que me precede en el orden de votación.
II. En cuanto a la cuestión traída a estudio, comparto en lo sustancial las consideraciones y la solución propiciada por el voto del doctor Mariano Hernán Borinsky, que abre el presente Acuerdo.
En ese sentido, advierto que la posición esgrimida por el representante del Ministerio Público Fiscal carece de suficiente fundamentación en orden a la necesidad de llevar el caso a debate oral y público cuando de las constancias de la causa se verifica que la investigación se inició hace aproximadamente veinte años y no se logró arribar a tal instancia procesal.
Al respecto, el interés invocado no es congruente con la actividad procesal del organismo acusador y la mera invocación de aquella pretensión no luce, al menos por los argumentos expuestos, atendible o razonable.
De igual modo, no aparece sustentada la posición de la acusación con relación a las concretas circunstancias de la causa, pues la maniobra no se evidencia particularmente compleja ni denota una lesividad significativa -al menos, por los medios empleados, los elementos objeto de la operatoria, el modo instrumentalizado y la calidad de la operación- en orden a la afectación de las facultades de contralor del organismo aduanero.
En este marco, la invocación de la intervención de funcionarios públicos esgrimida por las partes tampoco parece razonable y atendible en la medida en que no conforma formalmente parte de la plataforma de imputación del caso.
Ello, sin perjuicio de señalar, tal como lo ha hecho el colega preopinante, que el carácter público de la parte damnificada no obsta necesariamente al otorgamiento de la reparación solicitada (cfr., en lo pertinente y aplicable, CFCP Sala IV, “Mórtola, Gonzalo Osvaldo Rodrigo s/recurso de casación”, CFP 12298/2018/PL1/4/CFC4, Reg. 1005/25, del 12/9/2025).
Esta circunstancia también denota la arbitrariedad de la posición esgrimida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que si bien es el organismo de la Administración Pública Nacional cuyas competencias se vieron afectadas por el accionar investigado no puede ser equiparada sin más a la condición a la víctima del hecho, más allá, del rol preeminente que en la cuestión ostenta. Asimismo, como contrapartida, estimo que no se ha dado tratamiento oportuno a todos los planteos y argumentos que expresó la defensa del acusado Miori a los fines de sustentar su pretensión de aplicar el instituto de la reparación integral, lo que impide validar lo resuelto. En particular, la extensión y examinación del criterio general de actuación señalado que regula institutos sustancialmente diversos y que la defensa señala no pueden ser trasvasados sin más al instituto de la reparación.
Asimismo, la calidad pública del ente afectado que no puede considerarse en sí misma como una circunstancia que obste, de manera general y en abstracto, la causal extintiva.
En suma, como proyección de una decisión legislativa de política criminal, el instituto de la reparación es un medio de resolución de la causa penal que puede ser aplicado tal como los restantes y que privilegia una respuesta rápida y efectiva para restaurar el daño que se puede asociar a la presunta comisión de un delito. Su aplicación también importa un efecto preventivo general e individual y, muchas veces, permitirá en casos eficientizar la respuesta estatal frente al delito.
Por lo demás, vale recordar que la reparación integral del perjuicio encarna el paradigma de la justicia restaurativa que propugna la búsqueda de soluciones al conflicto subyacente en el suceso delictivo con activa participación de las partes afectadas y del acusado, intentando alcanzar la reparación del daño, la reconciliación y el reforzamiento de los vínculos y el orden comunitario.
En efecto, el inciso e) del art. 9º de la ley 27.148 encomienda al Ministerio Público Fiscal procurar “… la solución de los conflictos con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social…”.
También el inciso d) de la mentada norma dispone que el acusador público deberá actuar “…procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado…”.
En tal marco, las causales extintivas en cuestión deben ser analizadas como pautas concretas que racionalizan la potestad punitiva estatal, sopesando no solo los hechos sino las concretas circunstancias de la causa -entre ellas y en el particular, la duración del proceso- y de modo alguno, asumirlas con un carácter secundario o accesorio. Vale evocar que “… el principio de ultima ratio es un principio organizador de todo el proceso penal. El proceso penal no se utiliza sólo para generar las condiciones de certeza de seguridad jurídica para que se descubra la verdad en el proceso y se aplique una sentencia lo menos arbitraria posible. No es ésa la única función del proceso penal sino lo es también evitar la violencia en tanto sea evitable y minimizarla en tanto sea minimizable. El principio de ultima ratio se convierte en un principio rector de todas las actuaciones procesales, cuyo carácter es preeminentemente reductor de la violencia y cuya función es empujar el caso, en tanto sea posible -y esto nunca en una consideración abstracta o ex ante- hacia otras formas de solución con menor o nulo contenido de violencia…” (BINDER, Alberto M., Legalidad y Oportunidad en Estudios sobre Justicia Penal Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, 1ra. ed., Editorial Del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 212).
III. Con estas consideraciones y por las razones brindadas, adhiero a la solución de HACER LUGAR al recurso interpuso por la asistencia técnica de Gabriel Miori, ANULAR la resolución impugnada y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal de origen, a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN). En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Gabriel Miori, ANULAR la resolución recurrida y, en consecuencia, REMITIR las actuaciones al tribunal de origen, a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa mediante pase digital al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Agustina A. Corts. Prosecretaria de Cámara.
Fin de la sentencia