Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de casación interpuesto por señor Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Ejecución Federal, sin costas en la instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva de caso federal efectuada por la parte recurrente.
//la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes junio del año dos mil veinticinco, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, con la asistencia del Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 12318/2000/TO1/11/2/CFC1, caratulada “DANERI, Gustavo Víctor s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, con fecha 10 de diciembre de 2024, en el marco del Legajo de ejecución nro. 11 de Gustavo Víctor Daneri formado en la causa nro. CFP 12318/2000/TO1, resolvió: “I.- SUPEDITAR LA REHABILITACIÓN de Gustavo Víctor Daneri y la consecuente restitución del uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, con el alcance establecido en el tercer párrafo del art. 20 ter del C.P., al cumplimiento del ofrecimiento realizado …”.
II. Contra dicha decisión, el Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal de Ejecución Federal, Nicolas Czizik, interpuso recurso de casación, que fue concedido por el a quo con fecha 25 de febrero de 2025.
1 Registro Nº 565/2025.4
III. Que el representante del Ministerio Público Fiscal articuló la vía casatoria con invocación de los incisos 1° y 2º del art. 456 del C.P.P.N.. Indicó que la resolución cuestionada estaría signada por un error in iudicando, pues se habría aplicado erróneamente -producto de una deficiente hermenéutica- el artículo 20 ter del Código Penal. Expresó que el a quo omitió por completo considerar prueba dirimente para la solución del caso. Remarcó que la decisión se fundó solamente en el ofrecimiento económico sin siquiera abordar lo relevado por el Equipo Interdisciplinario.
Agregó que la decisión omitió considerar la extensión de dicho daño y el riesgo de que ello pueda volver a repetirse en base de la prueba colectada en el expediente.
En función de los argumentos desarrollados, solicitó que se case la resolución impugnada y se revoque la decisión cuestionada.
IV. Con fecha 22 de mayo de 2025, se cumplieron las previsiones del art. 465 bis del C.P.P.N., oportunidad en la que presentó breves notas el Fiscal General, remitiéndose a los argumentos esgrimidos en el recurso de casación, y la defensa particular de Daneri, solicitando se confirme la resolución recurrida. Superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
El señor Juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 con fecha 17 de marzo de 2016, resolvió condenar a Gustavo Víctor Daneri -en función de la confirmación de la condena y reenvío efectuado el 22 de septiembre de 2015 por esta Sala IV para fijar el monto de la pena-, a las penas de tres años de prisión cuyo cumplimiento se deja en suspenso, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas del presente proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública en relación al hecho por el cual fuera acusado (artículos 26, 29, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 173, inciso 7° en función del artículo 174, inciso 5° y último párrafo del Código Penal de la Nación y 398, 399, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
El 22 de agosto de 2016 esta Sala IV rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra el referido decisorio, dando lugar al cómputo de caducidad registral de fecha 25 de agosto de 2016 que dispuso “…La sentencia se ha tornado ejecutable, por lo tanto aquella vencerá el 21 de agosto de 2019, en tanto la caducidad registral operará el 21 de agosto de 2029” (cfr. Legajo de ejecución de Daneri, Sistema Lex 100).
Luego, con fecha 4 de diciembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja por recurso extraordinario federal denegado.
La defensa de Daneri solicitó, el 1° de febrero de 2024, la rehabilitación de su asistido por haber mantenido una conducta irreprochable y haber transcurrido el plazo previsto por el artículo 20 ter del Código Penal.
A pedido de la Unidad Fiscal de Ejecución Federal, se certificaron los antecedentes de Daneri, constatándose que no registra otras causas penales. Al momento de dictaminar, la referida Unidad Fiscal propició el rechazo de la rehabilitación puesto que, a su entender, no surge en absoluto que el nombrado haya remediado su incompetencia o que no sea de temer que incurra en nuevos abusos y que haya reparado los daños en la medida de lo posible.
Previo a resolver se requirió al Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal que realizara un amplio informe socio ambiental y se corrió vista a la defensa para que se expida en orden a la reparación del daño a la que hace alusión el artículo 20 ter del Código Penal.
Es así que se presentó nuevamente la defensa de Gustavo Víctor Daneri señalando que, sin perjuicio de que en la sentencia de condena no se le había impuesto la pena de multa, con el objeto de cumplir con la manda legal ofrecía donar la mitad de sus haberes jubilatorios, por el término de un año, a una entidad de bien público. Del ofrecimiento realizado se dio traslado a la Unidad Fiscal de Ejecución Federal quien, mediante dictamen del 17 de octubre de 2024, se expidió nuevamente en sentido desfavorable por entender, en lo sustancial, que no se encontraban reunidos todos los requisitos legales para acceder a lo peticionado, en particular, no remedió la incompetencia que motivó la sanción. El 4 de diciembre de 2024 la defensa solicitó que se resuelva su pedido de rehabilitación toda vez que ya se habían actualizado los informes de antecedentes solicitados por la fiscalía y se había realizado el informe socio ambiental.
Fundó su pedido en que su ahijado procesal considera que fue injustamente condenado y que su rehabilitación operaría como una reparación de tipo moral que le permitiría darle un cierre al proceso subjetivo que atravesó en el curso del juicio que derivó en su condena.
Aclaró, que no está en los proyectos de Daneri volver a ejercer cargos públicos, enfatizando que sus 75 años de edad constituyen un impedimento subjetivo y objetivo para ello.
Señaló que Daneri se ha comportado correctamente desde la condena y que el requisito de remediar su incompetencia es muy inespecífico, siendo la reparación de los daños exigible sólo en la medida de lo posible.
Dos días después, el 6 de diciembre de 2024, se presentó espontáneamente la defensa de Daneri y ofreció abonar seis millones de pesos ($ 6.000.000), en seis cuotas iguales y consecutivas, a partir del 5 de febrero de 2.025. Ello, a fin de facilitar la concesión de la rehabilitación solicitada.
Es así que, el 10 de diciembre de 2024, el a quo resolvió conceder la rehabilitación a Daneri, decisión que viene recurrida en casación por el Ministerio Público Fiscal.
II. Sentado lo expuesto, cabe recordar que el artículo 20 ter del Código Penal contempla el instituto de la rehabilitación y las condiciones y requisitos para su procedencia.
Concretamente, en el segundo párrafo establece que “El condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible”. En el presente caso, no se encuentra controvertido por las partes que la rehabilitación es una facultad de los jueces de ejecución ni tampoco el cumplimiento del requisito temporal para la evaluación de su procedencia.
Lo que la Unidad Fiscal de Ejecución Federal cuestiona es la valoración que el a quo realizó de los restantes requisitos contemplados en la norma, esto es, si se ha remediado la incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, si se han reparado los daños en la medida de lo posible.
Al momento de resolver, el Tribunal Oral actuando como juez de ejecución, consideró que el ofrecimiento de donar seis millones de pesos lucía razonable. En base a ello, sostuvo que “el condenado ha cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos por la norma, es por eso que no advierto impedimento alguno para denegar la petición”.
Agregó que “...resulta entendible la postura del Sr. Fiscal General al recordar la gravedad del delito por el cual ha sido condenado el encartado, más son claras las prescripciones del artículo que permite la rehabilitación especial. Obrar de modo contrario, a mi juicio, significaría infringir el principio de legalidad pues se estaría impidiendo aquella rehabilitación en base a un mero criterio discrecional. En cuanto a la donación ofrecida, entiendo que puede ser interpretada como la reparación del daño al que alude la norma, por lo que habré de aceptarla por resultar razonable y deberá ser depositada a favor del Hospital Pediátrico Prof. Dr. Juan P. Garrahan. En virtud de ello, acreditados que sean la totalidad de los pagos de la donación a favor del mencionado nosocomio, se procederá conforme lo indica el art. 20 ter del CP. Por todo lo expuesto, habiendo transcurrido el plazo establecido por el art. 20 ter del C.P. sin registrar antecedentes penales, corresponde supeditar la rehabilitación de Gustavo Víctor Daneri y la consecuente restitución del uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, con el alcance establecido en el tercer párrafo del art. 20 ter del C.P., al cumplimiento del ofrecimiento realizado.” Efectuada la reseña que antecede, se advierte que la resolución bajo análisis por medio de la cual se supeditó la rehabilitación del condenado a inhabilitación especial perpetua a que previamente cumpla con el ofrecimiento económico realizado en concepto de reparación del daño, no presenta fisuras de logicidad y constituye una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias de autos. Los argumentos planteados por el representante del Ministerio Público Fiscal en su recurso demuestran una discrepancia valorativa y la existencia de una fundamentación que no comparte, que no alcanzan a acreditar el supuesto de arbitrariedad que invoca. El recurrente reitera en su recurso de casación los argumentos que expuso en los dictámenes previos, los que fueron debidamente tratados por Tribunal Oral al momento de resolver.
En efecto, no encontrándose debatido el requisito temporal previsto para la rehabilitación especial en cuestión, habiendo transcurrido un período de más de cinco años desde el vencimiento de la condena de prisión en suspenso, que se produjo el 21 de agosto de 2019 -según el cómputo que surge del legajo- sin que se constatare la comisión de un nuevo delito u otra circunstancia objetiva que permita realizar una prognosis negativa en cuanto a su eventual y futura incompetencia - extremos que no han sido acreditados con elemento fáctico alguno por el recurrente en su remedio casatorio ni ante esta instancia, más que en su genérica invocación-, junto a la atendible reparación económica ofrecida, en las particulares circunstancias del sub examine, no se advierten motivos para conmover el razonamiento seguido mediante la resolución impugnada.
De tal manera, el recurrente no logra demostrar que la resolución recurrida haya efectuado un repaso meramente formal de los requisitos normativos del instituto de la rehabilitación que alega en este caso. De adverso, se advierte que su pretensión sólo se traduce en un ritualismo injustificado en detrimento del derecho al debido proceso que asiste a las partes.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el art. 18 de la Constitución Nacional exige que las resoluciones judiciales sean fundamentadas y estén desprovistas de un excesivo rigor formal pues resulta incompatible con el servicio de justicia (Fallos: 342:624).
En consecuencia, teniendo en consideración las particularidades del caso, a fin de no dilatar el trámite del legajo y evitar un excesivo rigor formal, se advierte que los agravios del fiscal no logran descalificar el pronunciamiento cuestionado que constituye un acto jurisdiccional válido, que cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes (CSJN, Fallos 302:284; 323:629 y 325:924, entre otros), a la vez que resulta una derivación lógica y razonada de las constancias del legajo.
III. Por los motivos expuestos, propongo al Acuerdo RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por señor Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Ejecución Federal, sin costas en la instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.). TENER PRESENTE la reserva de caso federal efectuada por la parte recurrente.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones efectuadas por el colega que lidera el presente Acuerdo, doctor Mariano Hernán Borinsky, en las particulares circunstancias de autos, adhiero a su voto y a la solución allí propuesta. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.).
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
Que sellada como se encuentra la suerte del presente recurso de casación, dejo a salvo mi opinión en cuanto a que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, anular la resolución por no encontrarse fundada debidamente y remitir los autos al tribunal de origen para que dicte una nueva conforme a derecho y a las constancias de la causa.
En efecto, el tribunal “a quo” omitió considerar, al menos de manera mínima, la relación entre el ofrecimiento económico efectuado por Daneri para reparar el daño causado y la situación socioeconómica descripta en el informe socioambiental elaborado por el Equipo Interdisciplinario dependiente de esta Cámara. El Tribunal se limitó a calificar el ofrecimiento como razonable, sin exponer fundamentos que justificaran tal valoración.
Cabe recordar que Daneri fue condenado por un delito de suma gravedad calificado como acto de corrupción por las Convenciones Internacionales suscriptas por nuestro país -administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública-, por lo que la reparación real del daño debe trascender lo económico y abarcar la dimensión institucional del delito, pues de lo contrario no se satisface el propósito del artículo 20 ter del Código Penal.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal señaló que “la reparación del daño fue evaluada de manera superficial, sin considerar la magnitud real del perjuicio causado; no se verificó la elaboración crítica de los hechos ni un mínimo reconocimiento de las razones que fundamentaron la condena”.
Bajo estos parámetros, la sentencia impugnada incurre en arbitrariedad al omitir dar tratamiento a planteos relevantes formulados por una de las partes — Ministerio Público Fiscal, art. 120 CN—, así como a pruebas pertinentes, lo que la descalifica como un acto jurisdiccional válido y corresponde su anulación en esta instancia.
Por ello, en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
I.RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por señor Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Ejecución Federal, sin costas en la instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.).
II.TENER PRESENTE la reserva de caso federal efectuada por la parte recurrente.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia