Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Tener por DESISTIDO PARCIALMENTE el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en cuanto fue interpuesto contra el punto dispositivo I de la resolución impugnada, que resolvió que la pena privativa de la libertad impuesta a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria; sin costas (arts. 530 y 532 del CPPN).
II. Rechazar, por mayoría, el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en relación con el agravio subsistente en cuanto fue interpuesto contra el punto dispositivo II de la resolución impugnada que estableció que la prisión domiciliaria otorgada a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida en la vivienda emplazada en San José 1111, piso 2o “d” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin costas (arts. 530 y 532 del CPPN).
III. Declarar INOFICIOSO el pedido de Amicus Curiae efectuado por Guillermo Jesús Fanego, en carácter de presidente de la Asociación Civil Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica.
IV. Rechazar, por mayoría, los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, sin costas (arts. 530 y 531 in fine del CPPN).
V. Tener presente las reservas del caso federal.
//la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio del año dos mil veinticinco, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky, como Presidente, y los doctores Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la causa CFP 5048/2016/TO1/55/1/CFC15 del registro de esta Sala, caratulada: “FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad, con fecha 17 de junio de 2025, resolvió en lo aquí pertinente:
“I. DISPONER LA DETENCIÓN de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena impuesta en esta causa.
II. ESTABLECER que la prisión domiciliaria sea cumplida en la vivienda ubicada en la calle San José 1111, piso segundo, departamento ‘d’ de esta ciudad.
III. IMPONER a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión:
a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar 1 REGISTRO N° 743/25.4 debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción. b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.
IV. ENCOMENDAR a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y eleve a esta sede los resultados de la supervisión cada tres (3) meses, período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas, con los alcances establecidos en la ley (art. 34, ley 24.660). Al efecto, líbrese correo electrónico.
V. ORDENAR a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en el domicilio indicado en el punto dispositivo I, en los términos establecidos en el último párrafo del considerando IV”.
II. Contra dicha decisión, la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner y los representantes del Ministerio Público Fiscal interpusieron recursos de casación, los que fueron concedidos en fecha 24 de junio y 1 de julio del año 2025.
III. a. Recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner. La defensa sustentó sus agravios en orden a las previsiones del art. 491 del Código Procesal Penal de la Nación, señalando que los recursos de casación interpuestos resultan formalmente admisibles. En primer lugar, destacó que las impugnaciones fueron articuladas dentro del plazo previsto por el artículo 463 del mismo cuerpo normativo. También argumentó que la resolución cuestionada es susceptible de ser recurrida por esta vía, toda vez que fue dictada en el marco de un incidente de ejecución penal, supuesto expresamente contemplado en el citado artículo 491. A mayor abundamiento, alegó que los gravámenes derivados de la decisión recurrida revisten carácter irreparable, y sostuvo que, dada la trascendencia institucional de la medida impugnada, corresponde someterla al control judicial de un tribunal superior, a fin de garantizar la aplicación efectiva del principio del doble conforme, conforme lo establece el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En apoyo de ello, citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, y el informe Nº 2492 en el caso “Maqueda, Guillermo J.” contra el Estado Argentino, en los que se afirmó que dicha garantía alcanza a todos los actos procesales relevantes.
La defensa sostuvo que la resolución impugnada carece de sustento legal, en tanto impone reglas de conducta que no están previstas en ninguna norma aplicable al régimen de prisión domiciliaria. Subrayó que la ley 24.660, en sus artículos 32 a 34, y el artículo 502 del CPPN regulan esa modalidad de cumplimiento, y que la única obligación impuesta al condenado es la de respetar la restricción ambulatoria. La imposición de condiciones adicionales, como la autorización previa para recibir visitas no incluidas en un listado, carece de habilitación normativa y viola el principio de legalidad, en tanto se trata de una restricción de derechos sin base legal expresa.
Asimismo, se objetó que el tribunal aplicó de forma indebida criterios propios de otros institutos —como la condena condicional (art. 26 del CP) o la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis y ss. del CP)-, que suponen libertad ambulatoria y habilitan reglas de conducta adicionales. La analogía resulta improcedente, ya que en el caso de la prisión domiciliaria el condenado está privado de libertad, lo que impide trasladar sin justificación legal los condicionamientos impuestos en otros contextos.
La defensa también cuestionó la falta de fundamentación de la medida. Señaló que la resolución no explicita con claridad el objetivo perseguido ni el criterio que orientará el otorgamiento o rechazo de futuras solicitudes de ingreso al domicilio. Esta ausencia de motivación vulnera garantías esenciales del debido proceso, en tanto habilita un ejercicio arbitrario del poder jurisdiccional.
Por otro lado, se planteó que la medida afecta injustificadamente el derecho a la vida familiar, social y profesional de la condenada, así como su derecho a mantener relaciones de afecto y vínculos personales significativos. Se indicó que se omitió incluir, entre los exceptuados de requerir autorización, a profesionales contables, asesores personales, apoderados y peritos designados judicialmente. Asimismo, se señaló que la exclusión de amigos y personas con vínculos afectivos constituye una intromisión irrazonable en el derecho a la vida privada y familiar, en contravención con los artículos 14, 19 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “López Álvarez vs. Honduras”, 2006).
La defensa también advirtió que el mecanismo de autorizaciones previas generará una carga procesal innecesaria tanto para la defensa como para el tribunal, al tener que presentar múltiples solicitudes, muchas veces urgentes, lo que podría obstaculizar el ejercicio regular de derechos y comprometer el funcionamiento del proceso penal. Finalmente, se alegó que la resolución impugnada restringe derechos políticos fundamentales. Se destacó que Cristina Fernández de Kirchner es una figura central de la oposición y presidenta del Partido Justicialista y que limitar su capacidad de interactuar libremente con dirigentes políticos, incluso del ámbito internacional, por medio de exigencias judiciales previas, representa una afectación a su derecho de participación en la vida democrática. Ello vulnera, a su entender, el principio republicano (art. 1 CN), los derechos políticos garantizados en el artículo 37 de la Constitución y compromete el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, en perjuicio no solo de la persona condenada, sino del conjunto del electorado que representa.
En suma, la defensa sostuvo que la imposición de una regla de conducta sin respaldo legal, sin finalidad justificada, con efectos restrictivos sobre derechos individuales, sociales y políticos, y sin la debida motivación, constituye una decisión ilegítima, arbitraria y contraria a los principios fundamentales del derecho penal, del debido proceso y del sistema democrático.
Por tales motivos, solicitó que se revoquen las medidas dispuestas, y se dejen sin efecto las limitaciones mencionadas.
La defensa también interpuso recurso de casación contra la resolución que ordenó la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera) en el marco de su arresto domiciliario.
En primer término, sostuvo que la colocación del dispositivo de control electrónico carece de justificación legal y fáctica, ya que afirmó que no existe riesgo de fuga que habilite su uso. Destacó que, conforme al artículo 33 de la Ley 24.660, su utilización no es obligatoria, sino facultativa, y debe ser evaluada en función de informes técnicos favorables. Refirió que, en el caso, los informes reunidos no advertían peligrosidad ni riesgo de evasión, y que la resolución impugnada tampoco fundamentó su necesidad. Alegó que su defendida siempre cumplió con sus obligaciones procesales, incluyendo viajes al exterior y retornos dentro de los plazos establecidos. Además, señaló que su alta exposición pública y la presencia permanente de custodia de la Policía Federal reducen cualquier posibilidad de fuga.
Cuestionó que el “a quo” haya excluido a la custodia policial como factor relevante, afirmando que dichos agentes están legalmente obligados a impedir y reportar una eventual evasión.
La defensa también argumentó que la medida impuesta vulnera los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad establecidos por la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tal sentido acompañó un dictamen técnico del Parlasur elaborado por expertos en derechos humanos, que califica la medida como innecesaria, inadecuada y desproporcionada.
Denunció que la decisión incurre en una violación al principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), ya que muchas otras personas en arresto domiciliario, incluso condenadas por delitos más graves, no usan tobillera ni tienen restricciones similares. Se menciona un relevamiento aportado por la Dra. Myriam Bregman que indica que solo el 16% de los imputados por crímenes de lesa humanidad con arresto domiciliario fueron sometidos a vigilancia electrónica.
Finalmente, afirmó que el uso de la tobillera tiene un fuerte contenido simbólico que trasciende lo técnico, operando como un castigo adicional no previsto por la ley. Señalaron que esto implica una punición ilegítima que lesiona el principio de legalidad y convierte un mecanismo de control en una forma de estigmatización personal.
En función de estos argumentos, la defensa solicita que se case la resolución recurrida y se disponga la dispensa del uso del dispositivo electrónico, en resguardo de las garantías fundamentales reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Por tales motivos, solicitó que se revoque la medida dispuesta, y se dejen sin efecto las limitaciones dispuestas.
Hizo reserva del caso federal.
b. Recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Encauzaron sus agravios en ambos incisos del art. 456 CPPN, al considerar que se produjo una inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal que rige en el supuesto aquí tratado.
Ante todo, destacaron que ese Ministerio Público tiene un interés en que las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios.
Mencionaron que en autos no se verifican las causales que habilitaron a que la condenada Cristina Fernández de Kirchner cumpliera la pena privativa de la libertad en arresto domiciliario.
En ese sentido, afirmaron que la resolución del tribunal tiene un fundamento aparente y se ha apartado de manera arbitraria de los sólidos argumentos de los acusadores públicos.
Remarcaron, además, que los magistrados de la instancia anterior le dieron a Cristina Fernández de Kirchner un trato desigual frente a los otros ocho condenados, que efectivamente se presentaron ante los estrados del tribunal, fueron detenidos y trasladados a distintas unidades de detención.
Agregaron que por los motivos que a continuación se mencionarán, la prisión domiciliaria concedida en la calle San José 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un desatino más de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal de ejecución desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia condenatoria.
En primer lugar, refirieron que jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad; la prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario.
En esa dirección, recalcaron que los jueces tuvieron, antes de resolver, una gama de posibilidades viables para cumplir esa regla –tal como consta en la información reservada que el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 el día 11/06/2025-.
En siguiente término, explicaron que, a su entender, la resolución impugnada efectuó una errónea aplicación de la normativa aplicable al caso, puntualmente, de lo dispuesto por el inc. d del art. 10 del CP y del art. 32 de la Ley 24.660, e incumplieron la carga de suficiente motivación que demanda el art. 123 del CPPN.
Con respecto a la causal que faculta al juez a conceder el arresto domiciliario al interno mayor de setenta años, al igual que lo hicieron oportunamente en el dictamen presentado, refirieron que no se trata de algo automático o independiente, sino que para acceder al instituto, además de verificarse la condición etaria, debe constatarse que la permanencia en detención carcelaria implica brindar al detenido un trato indigno, inhumano, cruel o que agrava su salud. Que en el caso no se ha demostrado que dichas las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan los tratos mencionados.
En razón de ello, afirmaron que la sola circunstancia de su edad no habilitaba la morigeración de la modalidad de cumplimiento de la pena.
Que tampoco justificó semejante concesión el argumento utilizado por el a quo, referido a que el departamento ubicado en San José 1111 de esta ciudad se adoptaba para preservar mejor su seguridad personal. Que según los magistrados, eso resultaba “dificultoso” de cuidar en caso de aplicarse la regla que fija la norma, esto es, el cumplimiento de la pena un establecimiento especialmente preparado para ello.
Añadieron que, pese a la información peticionada al Ministerio de Seguridad de la Nación y a que éste aportó una serie de locaciones idóneas para que Fernández de Kirchner pudiera cumplir intramuros la pena que se le impuso, donde se podrían mitigar todo tipo de riesgos o vulneración del entorno de seguridad de la expresidenta, y le ofrecían, un ambiente controlado y alejado de posibles concentraciones masivas o conglomerados de individuos en el exterior de la edificación, el tribunal optó por aferrarse a que en las dependencias sugeridas, el alojamiento sería de carácter individual. A su entender, ello implicaría someter a la condenada a “aislamiento” y, en consecuencia, convalidar una práctica “discordante para el derecho constitucional y convencional”.
Afirmaron que los jueces resolvieron de manera arbitraria y sin fundamentos reales, en virtud de que el alojamiento individual, lejos de producirle un perjuicio al interno, constituye una condición beneficiosa respecto del resto de la población carcelaria. Además, en el caso de Fernández de Kirchner, mitiga todo tipo de riesgo o vulneración de su entorno de seguridad.
Es que, la persona alojada en semejantes condiciones goza de mayor seguridad, intimidad, privacidad y mejores condiciones de habitabilidad que las demás, por encontrarse exceptuada de tener que compartir las instalaciones con los otros reclusos.
En ese sentido, afirmaron que el tribunal de la previa instancia tergiversó el sentido de lo que debe entenderse por “alojamiento individual” y lo ha equiparado a “aislamiento provisional”.
Sostuvieron que de ningún ángulo puede asimilarse el alojamiento individual al aislamiento. Al contrario, el primero de ellos permite y favorece el establecimiento y goce de un régimen de visitas regular y adecuado que tienda a mantener y afianzar todos los vínculos que favorezcan la futura reinserción de la persona condenada en la sociedad. Ello, en concordancia con lo dispuesto en los capítulos XI y XII de la Ley 24.660.
Además, mencionaron que se establece en forma expresa el derecho de la persona condenada a estar informada de los sucesos de la vida nacional e internacional por los medios de comunicación social, las publicaciones o las emisiones especiales permitidas. En suma, se le prestará asistencia moral y material al interno y, en la medida de lo posible, amparo a su familia.
En consecuencia, concluyeron que nada de todo eso se ve alterado ni menoscabado por el solo hecho de que el interno se encuentre alojado de manera individual, o bien en un pabellón común.
Añadieron que, en base a esa normativa, bien podría aplicarse, dentro de alguno de los establecimientos carcelarios que el Ministerio de Seguridad de la Nación recomendó, exactamente el mismo régimen de visitas que el tribunal le impuso a Cristina Fernández en el marco de la prisión domiciliaria concedida en la vivienda de la calle San José 1111.
A su vez, remarcaron que, más allá del régimen de visitas impuesto, la prisión domiciliaria que la condenada cumple actualmente es también en soledad y que dicha circunstancia nunca fue considerada por los magistrados como una posible hipótesis de “aislamiento”.
En definitiva, el intrincado razonamiento en el que incurrieron los jueces encierra una falacia clara y evidente. Sostuvieron que el “alojamiento individual” de ninguna manera puede implicar un “aislamiento” por sí mismo.
Agregaron que los jueces descartaron de plano la opinión del Ministerio de Seguridad de la Nación, pese a que este organismo oficial sí tuvo en cuenta las particularidades que presentaba la situación de Fernández de Kirchner. A tal punto esto es así que aportaron, junto con el informe, dos anexos específicos concernientes a su situación (anexos I y II, en los que propusieron diversas opciones de alojamiento diferentes). A su vez, el resto de los condenados fueron agrupados en un único anexo (el nro. III).
Remarcaron que a raíz de la situación descripta los jueces se colocaron en sitio de difícil salida porque si no fuese posible garantizar la seguridad de la condenada dentro de un establecimiento penitenciario, ¿dónde habrán de alojarla en el caso de que incumpla las reglas de conducta que le impusieron en el marco de su prisión domiciliaria? Frente a lo expuesto, entendieron que es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
Afirmaron que esta situación anómala termina convalidando una prerrogativa contraria a la igualdad ante la ley (art. 16 CN), que asume la forma de un privilegio indebido para Fernández de Kirchner en desmedro de los demás condenados en esta causa.
En siguiente término, manifestaron que al concederse la prisión domiciliaria, en lugar de preservarse mejor “la seguridad personal de la peticionante”, se ha exacerbado lo opuesto, situación que había sido informada previo a la resolución cuestionada a través del informe elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires –el cual incluía diversos informes técnicos elaborados por distintas áreas-.
Que lo expuesto en dicho informe entraña una clara afectación a la comunidad, cuyos reclamos y necesidades esa parte también está obligada a considerar. Destacaron que el art. 36 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 27.148), establece que una de sus funciones es procurar conocer los reclamos y necesidades de los distintos sectores sociales. Por ello, en virtud del informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvieron que desconocían si el domicilio propuesto –en función de su ubicación, emplazamiento concreto de la unidad funcional en el edificio y la numerosa concentración de personas a su alrededor- reunía las condiciones de seguridad suficientes o no.
Ello, motivó que oportunamente, ese Ministerio expusiera su genuina preocupación acerca de las condiciones de seguridad del lugar donde se encuentra alojada la persona condenada. A tal efecto, mencionaron distintos eventos acaecidos a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. págs. 21 y ss. del recurso de casación). En virtud de tal situación, solicitaron que sea revea el lugar donde Cristina Fernández de Kirchner cumple la prisión domiciliaria, a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones.
Por otro lado, con respecto a las reglas de conducta impuestas, mencionaron que los magistrados dejaron prácticamente en cabeza de la propia persona condenada la definición de los alcances de esas reglas, ya que la condenada y su defensa no han hecho más que aprovechar a diario el margen de indefinición judicial que se les otorgó, para emitir constantes afrentas contra los propios jueces y magistrados, como también para incentivar la concentración de manifestantes con expresiones violentas alrededor del domicilio en donde debe cumplir la prisión domiciliaria. Que ello no solo atenta contra la tranquilidad de las personas que viven en el barrio de Constitución, sino que también operan en claro desmedro de la propia seguridad personal de la condenada, teniendo en cuenta el grave ataque personal que sufrió en circunstancias similares a las que ella misma sigue exponiéndose.
Por ello, solicitaron que en caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria, se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas.
En consecuencia, resaltaron que la presente prisión domiciliaria ha desbaratado las expectativas del Ministerio Público Fiscal, con respecto al fiel cumplimiento de los fines de la pena (resocialización, readaptación o reinserción).
En ese sentido, instaron a que se revierta lo decidido o a fijar las normas estrictas de control dentro de la prisión domiciliaria vinculadas, especialmente, a la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner.
Hicieron reserva del caso federal.
IV. La Asociación Civil Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica solicitó intervenir como “amicus curiae” en la presente causa, con el propósito de respaldar el recurso fiscal que impugnaba la decisión del tribunal de grado de conceder la prisión domiciliaria a la condenada. Fundaron su legitimación en su objeto institucional vinculado a la defensa de los derechos humanos y en su interés en aportar al debate jurídico sobre la igualdad ante la ley. En su presentación, cuestionaron que el beneficio otorgado se aparta de la jurisprudencia constante de esta Cámara, que exige una evaluación estricta y fundada para habilitar dicha modalidad de cumplimiento, y señalaron una diferencia de trato injustificada frente a otros casos en los que se denegó el arresto domiciliario pese a la edad avanzada y a acreditados problemas de salud.
Asimismo, pusieron de relieve que no existen constancias médicas que respalden la medida y que el domicilio fijado carecería de condiciones adecuadas de seguridad. A su entender, la decisión confiere un privilegio en razón de la investidura política de la penada y debilita la legitimidad del sistema judicial.
En apoyo de su postura, invocaron compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción y concluyeron que, dadas las características del caso, corresponde la revocación de la prisión domiciliaria o, subsidiariamente, la convocatoria a un plenario que fije criterios unificados sobre el art. 32 de la ley 24.660.
V. a. En la audiencia prevista en el artículo 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación, se presentó el defensor particular de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ari Rubén Llernovoy, y el Fiscal General ante esta instancia, Mario Alberto Villar.
Acto seguido, se le otorgó la palabra a las partes. Así, el Fiscal General informó que desistía del pedido de revocación de la prisión domiciliaria y de su reemplazo por alojamiento en una unidad penitenciaria. No obstante, mantuvo el planteo subsidiario tendiente a que se ordene el traslado de la condenada a un domicilio distinto del que actualmente ocupa. Fundó tal solicitud en un supuesto agravamiento de la situación en el entorno del inmueble, señalando que se habrían producido alteraciones en la convivencia vecinal, incremento de llamados al sistema de emergencias, dificultades en la prestación de servicios públicos y afectación del orden y la paz social. A su criterio, tales circunstancias no sólo comprometerían derechos de terceros, sino también la seguridad personal de la propia condenada, mencionando expresamente el atentado que sufriera tiempo atrás en circunstancias de tumulto y custodia.
Frente a ello, la defensa señaló que el desistimiento fiscal respecto del pedido principal acotaba el objeto de la controversia, pero aun así formuló consideraciones sustanciales. Negó que se hubiesen modificado las condiciones valoradas por el tribunal para disponer la prisión domiciliaria y afirmó que el domicilio cuestionado, ubicado en la calle San José, era el que venía siendo utilizado desde hacía casi tres años, originalmente correspondiente a su hija y que había sido supervisado por los órganos de control pertinentes sin observaciones. Añadió que el informe del órgano técnico competente había concluido que el domicilio era adecuado y rechazó los señalamientos de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por considerarlos injerencias impropias en una decisión judicial.
La defensa resaltó además que el domicilio permite mantener el vínculo familiar y social de su defendida, conforme lo prevé la ley de ejecución penal, y que el mantenimiento de ese entorno resulta esencial para el respeto de derechos fundamentales que la pena privativa de libertad no extingue. Cuestionó que se pretendiera fundar una modificación de la modalidad de cumplimiento en elementos ajenos al expediente, de contenido político o mediático. En ese sentido, sostuvo que la disminución de los hechos delictivos en la zona, la ausencia de manifestaciones recientes y el comportamiento ejemplar de la condenada evidenciaban que no existían motivos objetivos que justificaran el traslado peticionado, solicitando su rechazo. En segundo término, la defensa expuso sus agravios contra las reglas de conducta impuestas, en particular aquéllas vinculadas al régimen de visitas y a la utilización de un dispositivo de vigilancia electrónica.
En lo que respecta a la autorización previa para el ingreso de visitas al domicilio, la defensa sostuvo que se trata de una medida carente de toda base legal. Señaló que la disposición impugnada no se funda en norma alguna del régimen de ejecución penal, y que el tribunal había recurrido a analogías inadecuadas con institutos como la suspensión del juicio a prueba o la libertad condicional, los cuales no resultan aplicables a una persona privada de su libertad. Afirmó que la regla no contiene motivación expresa ni persigue una finalidad legítima y que su aplicación afecta derechos fundamentales como el contacto con el núcleo familiar y social, protegido por el art. 158 de la ley 24.660, por las Reglas Mandela, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y por precedentes como “Dessy” de la Corte Suprema y “López Álvarez vs. Honduras” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, remarcó que la medida genera confusión operativa, ya que no se aclaran criterios para autorizar visitas, ni se distingue entre familiares, médicos o abogados, exponiendo a la jurisdicción a un desgaste innecesario al tener que revisar solicitudes de ingreso en forma constante.
El fiscal general respondió que no se había rechazado ninguna visita, por lo que no existía agravio actual que habilitara la intervención casatoria. Agregó que el control judicial del cumplimiento de la pena es un deber del juez de ejecución, incluso en la modalidad domiciliaria, conforme lo ha establecido la Corte Suprema en el precedente “Romero Cacharane”. Sostuvo que no se advertía afectación concreta a derecho alguno, que la pena privativa de libertad conlleva una expectativa de privacidad reducida y que la supervisión dispuesta no excedía los límites constitucionales. En ese marco, solicitó el rechazo del recurso.
La defensa, en su dúplica, remarcó que no existen precedentes en los que se haya impuesto una restricción de este tipo a condenados en prisión domiciliaria. Afirmó que se trata de una regla injusta, ilegal e impracticable, que somete a su defendida a un trato diferenciado y carente de justificación normativa, lo que vulnera principios de igualdad, legalidad y razonabilidad. Insistió en que el derecho a mantener vínculos familiares y sociales constituye un componente esencial del régimen de ejecución penal y que las reglas impuestas, lejos de garantizarlo, lo restringen sin motivo legítimo.
Finalmente, la defensa cuestionó la imposición del dispositivo de vigilancia electrónica. Sostuvo que su implementación resulta innecesaria y estigmatizante, ya que no existe riesgo de fuga alguno, la condenada se ha mantenido siempre a derecho, es una figura pública reconocible, y cuenta con una custodia permanente integrada por personal de la Policía Federal Argentina. A su criterio, la tobillera no cumple ninguna función adicional a la ya garantizada por la custodia policial y su uso solo puede comprenderse como una forma de mortificación o humillación contraria a los principios que rigen la ejecución penal.
El fiscal sostuvo que la ley de ejecución penal establece que la vigilancia electrónica constituye la regla general en la modalidad domiciliaria, y que solo puede ser dispensada mediante resolución fundada y previo informe favorable de un equipo interdisciplinario. Dado que ese informe no se había producido en este caso, afirmó que no correspondía eximir anticipadamente a la condenada de su aplicación. Agregó que el derecho comparado y la jurisprudencia constitucional, tanto nacional como internacional, avalan el uso de este tipo de dispositivos como forma legítima de supervisión del cumplimiento de la pena, sin que ello configure violación alguna a derechos fundamentales. Por ello, solicitó que el agravio fuera considerado prematuro y, en consecuencia, inadmisible. La defensa reiteró que la imposición del dispositivo no tiene justificación válida, que ya existe un régimen efectivo de custodia y que los informes técnicos citados carecen de sustancia. Sostuvo que la aplicación automática del dispositivo resulta improcedente y que no puede imponerse una medida que no aporta nada al cumplimiento de la pena y que, por el contrario, afecta la dignidad y los derechos de la condenada.
En el tramo final de la audiencia, se le consultó a la defensa acerca de la cantidad y procedencia del personal de custodia asignado. La defensa informó que la custodia de expresidentes está regulada desde 1963, y que su ejecución depende de la Casa Militar y el Ministerio de Seguridad. Indicó que actualmente son cinco las personas asignadas a esa función, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, especialmente entrenadas para garantizar tanto la seguridad como la intimidad de la persona protegida.
b. En la misma oportunidad procesal, las partes presentaron breves notas. En primer término, la asistencia técnica de Cristina Fernández de Kirchner solicitó que se tuviera por desistido parcialmente la impugnación de la acusación pública y, en lo que hace al agravio subsidiario, que se declare su inadmisibilidad.
Sostuvo que si bien en un párrafo aislado del recurso de casación, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían peticionado, de manera subsidiaria, el cambio de domicilio para el cumplimiento de la pena en cuestión, lo cierto es que dicha solicitud fue realizada de manera aislada y ausente de toda mínima fundamentación. Que ese planteo remanente también es improcedente, dado que las razones invocadas para fundarla (vgr., problemas en las adyacencias del domicilio de referencia) no guardan relación alguna con los fines de la ejecución penal y se vinculan con situaciones ajenas a Cristina Fernández de Kirchner.
Remarcó que lo solicitado por el Fiscal ante esta instancia se funda en supuestas problemáticas acaecidas hace varias semanas atrás, que en la actualidad han perdido toda virtualidad, por lo que ese supuesto agravio no puede ser invocado, ya que como lo expuso el propio fiscal general Villar, los recursos deben ser resueltos en función de circunstancias vigentes al momento de fallar.
Refirió, además, que no puede soslayarse que la pretensión genérica de que su defendida cambie su domicilio carece de toda seriedad ya que el Ministerio Público Fiscal no ha individualizado en qué consistiría ese cambio. Por su parte, el Fiscal General ante esta Cámara propició, en primer término, el rechazo del recurso interpuesto por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Señaló que la resolución cuestionada, en cuanto impone determinadas reglas de conducta y la colocación de un dispositivo electrónico de control, no constituye una sentencia definitiva ni equiparable a tal, en los términos exigidos por el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación. A su criterio, se tratan de disposiciones propias de la etapa de ejecución, de carácter esencialmente provisorio, que no causan un agravio irreparable ni impiden la prosecución del proceso.
En particular, sostuvo que el planteo defensista sobre la exigencia de autorización judicial para permitir visitas no incluidas en una nómina previa carece de actualidad, toda vez que no se ha rechazado ninguna solicitud concreta, y que la defensa ha tramitado con éxito las autorizaciones requeridas. Así, calificó el agravio como meramente hipotético, lo que impide habilitar la vía casatoria. Del mismo modo, descartó que la imposición de reglas de conducta adicionales vulnere el principio de legalidad, en tanto la prisión domiciliaria constituye una modalidad de cumplimiento efectivo de la pena que habilita al juez a fijar condiciones razonables de control, acordes a la finalidad resocializadora establecida en la ley de ejecución penal.
En relación con la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica, recordó que el art. 33, último párrafo, de la ley 24.660 establece su obligatoriedad como regla, salvo que existan informes técnicos favorables que justifiquen su dispensa. En el caso, dichos informes no fueron presentados, por lo que concluyó que el juez de ejecución no se encontraba habilitado para omitir su colocación.
Respecto del recurso interpuesto por el propio Ministerio Público Fiscal, sostuvo que se encuentra dirigido contra una resolución definitiva, la que dispuso el modo de cumplimiento de la condena firme y que plantea agravios de índole federal suficientes para habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio. Alegó que la decisión del juez de ejecución incurrió en arbitrariedad al fundarse en afirmaciones dogmáticas y desvinculadas de las circunstancias fácticas comprobadas en la causa, omitiendo, además, dar respuesta a los argumentos oportunamente planteados por la Fiscalía.
Sin embargo, adoptando una posición actualizada, el Fiscal General reconoció que la condenada se encuentra cumpliendo las condiciones impuestas sin que, hasta el momento, se haya verificado incumplimiento alguno. En virtud de ello, y a la luz de la doctrina de la Corte Suprema que impone considerar el estado de situación existente al momento de resolver, consideró improcedente, en esta instancia, revocar la prisión domiciliaria concedida. Subrayó que solo una conducta futura de la condenada o de terceros coordinados con ella, podría justificar un retroceso en la modalidad de ejecución.
No obstante, mantuvo su petición subsidiaria de ordenar el cumplimiento de la pena en un domicilio distinto, habida cuenta de los riesgos que la situación actual implica tanto para la seguridad personal de la condenada como para la paz pública. A tal fin, aludió a informes oficiales que dan cuenta de alteraciones persistentes en la vía pública y del riesgo derivado de la exposición sostenida de la condenada en espacios visibles. Estimó que un cambio de domicilio permitiría minimizar tales riesgos sin afectar derechos fundamentales.
Finalmente, ratificó la razonabilidad de las reglas de conducta cuestionadas, rechazó que afecten el ejercicio de derechos políticos y concluyó que el control judicial activo en esta etapa resulta indispensable para asegurar el cumplimiento de los fines constitucionales y legales de la pena. Señaló que la ejecución de la prisión domiciliaria exige el seguimiento estricto por parte del juez, quien debe garantizar que la modalidad adoptada no implique un vaciamiento de la respuesta penal ante delitos de esta gravedad.
VI. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Compete a esta Cámara Federal de Casación Penal la intervención en cuestiones como las aquí planteadas, en virtud de lo dispuesto por el art. 491, segundo párrafo, del C.P.P.N. En efecto, el control judicial amplio y eficiente resulta ineludible a la luz de la ley vigente, y es, además, un factor altamente positivo para el logro de los fines que procuran las normas de ejecución de las penas privativas de libertad (cfr. causa nº 1367, “Quispe Ramírez, Inocencio s/recurso de casación”, reg. nº 1897 de la Sala IV, rta. el 18/6/99; entre muchas otras). Ese criterio fue con posterioridad avalado y adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ejecución” (Fallos 327:388, rta. el 9/3/04). Consecuentemente, corresponde declarar admisible los recursos interpuestos por la defensa Particular y por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
II. En primer término, la Asociación Civil Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica solicitó ser tenida como “amicus curiae” en la causa, en oposición a la concesión de la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner. Sostuvo que la decisión del tribunal de grado contradice la jurisprudencia consolidada de la Cámara sobre la no automaticidad de dicho beneficio para personas mayores de 70 años, y configura un trato desigual respecto de otros condenados en condiciones similares.
Argumentó que no se acreditaron patologías ni condiciones excepcionales que justifiquen la medida, y que el dispositivo de custodia personal no reemplaza la supervisión del Servicio Penitenciario Federal. Denunció una aplicación selectiva del derecho, basada en la posición política de la condenada, y advirtió sobre riesgos procesales asociados a su poder de convocatoria e influencia institucional.
Finalmente, invocó los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de lucha contra la corrupción y solicitó la revocación del arresto domiciliario o, subsidiariamente, la convocatoria a un plenario para unificar criterios sobre el alcance del art. 32 de la ley 24.660. Cabe señalar que la actuación de los amigos del tribunal encuentra apoyatura en el sistema interamericano - art. 44 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sustento en la C.A.D.H., el cual encuentra jerarquía constitucional en nuestro sistema normativo (art. 75, inciso 22, de la C.N.)-.
Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la actuación de los “amicus curiae” al considerarla un instrumento provechoso destinado a permitir, entre otros objetivos, la participación ciudadana en la administración de justicia en las causas en trámite ante sus estrados y en las que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, mediante las presentaciones efectuadas por terceros ajenos a las partes que cuenten con determinada competencia en la cuestión debatida.
En esa dirección, reglamentaron la intervención del instituto “amicus curiae” a través de la Acordada Nro. 7/2013 disponiendo que pueden presentarse en esa calidad las personas físicas o jurídicas que no fueren parte en el pleito y en los procesos que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general y que tengan por objeto enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas. Ahora bien, es ineludible principio de la teoría de los recursos, el que ordena que sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición (confrontar su aplicación en los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 285:353; 310:819; 315:584, entre muchos otros).
En el mismo sentido, el Alto Tribunal ha establecido que no corresponde pronunciamiento alguno cuando las circunstancias sobrevinientes han tornado inútil la resolución pendiente, al no mediar un interés concreto y actual que la justifique (doctrina de Fallos 267:499; 272:130; 167; 274:79; 285:353 y “P.F.V.”, rto. el 8/3/05, publicado en el diario La Ley del 17/6/05).
Cabe señalar que, durante la tramitación del recurso, el señor Fiscal General ante esta Cámara desistió expresamente de su pretensión principal relativa al rechazo de la prisión domiciliaria otorgada dispuesta a favor de la condenada, en virtud del cumplimiento de las reglas impuestas y del cambio en las circunstancias fácticas consideradas al momento de dictarse la medida. En consecuencia, resulta inoficioso el tratamiento de la presentación efectuada por la asociación civil “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica” en calidad de “amicus curiae”, en tanto su intervención se orientó a respaldar la revocación de dicha modalidad de cumplimiento.
En definitiva, habida cuenta que el objeto explícitamente invocado por los presentantes se vio diluido en el caso frente al concreto desistimiento efectuado por el señor Fiscal General ante esta instancia se torna inoficioso su tratamiento.
III. En cuanto al fondo de las cuestiones planteadas, resulta necesario reseñar, en primer término, los antecedentes relevantes de la causa para su resolución. El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja presentada por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner y, en consecuencia, adquirió firmeza la condena impuesta a la pena de seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (cfr. legajo CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85).
A raíz de ello, el 10 de junio de este año el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 ordenó la ejecución de la condena firme y, ante la solicitud efectuada por la asistencia técnica de Cristina Fernández de Kirchner, el día 17 de ese mes los magistrados de la instancia anterior resolvieron disponer su detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria. En esa ocasión, se le impusieron las siguientes reglas de conducta: a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción; b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes; c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.
Fundaron su decisión, en lo que aquí es materia de impugnación, en que a la obligación de permanecer en el domicilio fijado, la persona condenada debe cumplir las reglas de conducta que el juez de ejecución le imponga y cuyo cumplimiento será objeto de supervisión en los términos del artículo 34 de la Ley 24.660.
Sostuvieron que desde una perspectiva sistemática debe interpretarse que si el legislador previó la posibilidad de imponer reglas de conducta a quienes gozan de una modalidad de cumplimiento más benigna, como el cumplimiento de una condena en suspenso, con mayor razón debe reconocerse esa potestad en supuestos en los que existe una condena firme de prisión de efectivo cumplimiento que ha de ser cumplida bajo la modalidad domiciliaria, con el objeto de asegurar los fines que la pena debe perseguir (art. 1 y 2 de la Ley 24.660).
Con respecto a la exigencia de un dispositivo electrónico de control, indicaron que de acuerdo al art. 33, último párrafo, Ley 24.660, la regla es la instalación del dispositivo y su dispensa la excepción sometida a ciertas exigencias, pero en ningún caso el legislador ha sujetado su implementación a la existencia o no de riesgos procesales (como sostiene la defensa).
Mencionaron, además, que menos aún resulta atendible la excusa relativa a la presencia permanente de la custodia a cargo de la Policía Federal Argentina, dado que la función y misión de la División Custodia de ex Mandatarios es la de garantizar la seguridad integral de la ex presidenta de la Nación y no la de fiscalizar el fiel cumplimiento de su prisión domiciliaria.
Concluyeron que, al no haberse acreditado razones de salud que justifiquen una decisión excepcional, corresponde cumplir con la manda que exige la implementación de un dispositivo electrónico para aquellos condenados que accedan al beneficio de prisión domiciliaria.
IV. Cabe señalar, ante todo, que la concesión de la prisión domiciliaria en virtud de la edad avanzada no es de aplicación automática. La previsión contenida en el artículo 10, inciso d), del Código Penal y en el artículo 32 de la ley 24.660 establece una posibilidad legal, pero no una obligación incondicionada. Advierto, en este sentido, que resulta adecuado lo señalado por el Ministerio Público Fiscal en su original recurso de casación, al destacar que el cumplimiento de los setenta años de edad no habilita sin más la aplicación del instituto, criterio que requiere de un análisis razonado, prudente y contextual de las circunstancias particulares del caso.
Dicho examen debe considerar, entre otros factores, el estado de salud de la persona condenada, las condiciones materiales de su detención, el alcance de la condena impuesta y los fines propios del derecho de ejecución penal. En este sentido, he sostenido que la existencia de una causal legal no exime al juzgador de realizar un juicio de razonabilidad que contemple los fines de la pena y el principio de humanidad en su ejecución (cfr. causas FTU 7782/2015/TO1/23/1/CFC3 “Ledesma, Pedro Carlos s/recurso de casación, rta. 12/07/16, reg. nro. 896/16.4; y FMP 53030615/2004/114/19/CFC81 “Padilla, Alberto Santiago s/ recurso de casación, rta. 29/12/16 reg. nro. 1744/16.4; y causa “Leitán, Francisco Antonio s/recurso de casación”, reg. nro. 1523/24.4, rta. 6/12/2024). Esta posición ha sido también ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al reconocer que el control judicial en esta etapa debe ser amplio y efectivo (Fallos 327:388, “Romero Cacharane”, ya citado).
Es que, según llevo dicho, ni la concesión ni el rechazo de un pedido de prisión domiciliaria pueden resultar de la aplicación ciega, acrítica o automática de doctrinas generales, sino que deben estar precedidas de un estudio sensato, razonado y sensible de las particularidades que presente cada caso que llega a conocimiento de los tribunales competentes (cf. mi voto en la causa CFP 14216/2003/552/CFC404–CFC331, “Godoy, Roberto Obdulio s/recurso de casación”, reg. nro. 822/17, rta. 29/6/17, entre otras). En otras palabras, el análisis no puede prescindir de la totalidad de las condiciones personales y contextuales del condenado, pues de lo contrario se frustrarían los fines previstos en la ley de ejecución de la pena.
Si bien la prisión domiciliaria intenta humanizar la ejecución de la pena privativa de la libertad sólo resulta admisible cuando el encierro carcelario pueda implicar un desmedro concreto que exceda las restricciones inherentes al cumplimiento de una condena legalmente impuesta (cfr. mi voto causa “Da Silva, Walter Fernando s/recurso de casación” reg. 509/24.4; rta. el 17/05/2024).
Por lo demás, cabe recordar que el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores dispone que “los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley” y asegurarán que la persona mayor privada de libertad tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías procesales de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, y sea tratada de conformidad con los principios y objetivos de dicho instrumento. A su vez, el mismo texto establece que los Estados Parte “promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos”.
Se advierte, entonces, que la normativa convencional reafirma la necesidad de conjugar los derechos que asisten a las personas mayores privadas de libertad con el ordenamiento jurídico interno, sin sustituirlo ni derogarlo. Tal articulación normativa, en el marco de un análisis individualizado y razonable del caso, es la que permite armonizar la tutela de los derechos fundamentales con el respeto a la legalidad penal y procesal vigente. El apartamiento inmotivado de las disposiciones contenidas en los artículos 10 del Código Penal y 32 y 33 de la ley 24.660 podría, en determinados supuestos, constituir una afectación a la legalidad que torne inválida la resolución adoptada, conforme lo exige el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, contrario sensu.
Ahora bien, a los fines de efectuar un adecuado y pormenorizado análisis de los agravios traídos a consideración en esta instancia, corresponde recordar que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra cumpliendo una pena de seis (6) años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por haber sido hallada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Dicha decisión, confirmada por esta Sala IV en fecha 13 de noviembre de 2024 (cfr. reg. 1373/24.4), adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja presentada por su defensa (cfr. legajo CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85).
En el caso se destacó la magnitud y extensión temporal de los hechos, la naturaleza de la acción, los medios empleados y los caracteres distintivos de la defraudación perpetrada por Cristina Fernández de Kirchner. Se ponderó de modo razonado el colosal daño ocasionado al erario público, expresado en un monto defraudado de inusitada magnitud, que representa una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente acreditadas en la historia argentina.
Asimismo, se acreditó la complejidad y sofisticación de los mecanismos empleados por la nombrada para asegurar la continuidad de la maniobra, valiéndose de estructuras estatales (normativas, burocráticas y de control) cuyo fin fue deliberadamente desnaturalizado. La operatoria involucró a una pluralidad de funcionarios públicos de alta jerarquía (del Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad Provincial) junto con empresarios del rubro de la construcción, logrando resistir durante más de una década los mecanismos de control y las denuncias públicas.
En la sentencia también se reconstruyó con precisión el inicio de la maniobra (la creación de Austral Construcciones S.A. el 8 de mayo de 2003) y su conclusión, determinada por la decisión adoptada por Lázaro Antonio Báez y Cristina Fernández de Kirchner de despedir al personal y abandonar las obras viales en curso el 30 de noviembre de 2015, directamente vinculada a los resultados de dos procesos electorales antagónicos.
La gravedad institucional de los hechos fue también ponderada con especial atención. Se subrayó que el esquema defraudatorio fue diseñado y ejecutado desde la primera línea del Estado Nacional, involucrando a quienes ocuparon los cargos democráticos más relevantes. La jerarquía de los responsables, lejos de ser una constatación anecdótica, permitió dimensionar la entidad del crimen: el plan fue impulsado por altos funcionarios que vulneraron sus deberes institucionales con el único propósito de facilitar el enriquecimiento ilegítimo de un grupo reducido.
Se comprobó que la ciudadanía, especialmente la santacruceña, fue privada de los beneficios derivados de la ejecución del plan vial prometido. Se trató de una resignación del bien común en beneficio de un lucro privado ilegítimo, con consecuencias concretas para el desarrollo de infraestructura y la calidad de vida de la población. Con relación específica a la conducta de Cristina Fernández de Kirchner, se comprobó que tuvo una intervención determinante en cada etapa de la maniobra. En su condición de presidenta de la Nación y jefa del gobierno (art. 99, inc. 1º de la C.N.), impulsó decisiones clave que facilitaron y consolidaron el desvío de fondos públicos, como el direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez, la discrecionalidad presupuestaria dispuesta por normas como el Decreto N° 54/2009, y su rol activo en la etapa final del plan delictivo. Se encuentra acreditado fehacientemente que todas estas decisiones respondieron a un interés personal y económico directo, y que su conducta representó el más alto grado de disvalor dentro del conjunto de condenados.
Frente a la entidad del hecho y la responsabilidad acreditada, resulta ineludible recordar que estos delitos no sólo generan una incalculable afectación al patrimonio público, sino que deslegitiman la democracia representativa al quebrantar el principio fiduciario que rige el mandato político. Como afirmé en mi voto en la causa “Daneri, Gustavo Víctor” (reg. nro. 611/17.4, rta. 1/6/2017), estos hechos deben ser juzgados con la máxima severidad, ya que no sólo lesionan bienes jurídicos económicos, sino que dañan los cimientos mismos del orden constitucional, y eso debe verse traducido al momento de la ejecución de la sentencia. Tal como lo sostuve en anteriores pronunciamientos (cfr. mi voto en “Alsogaray, María Julia”, causa CFP 2160/2009/37/CFC3, Reg. nro. 512/16, rta. 29/04/2016; “Cossio, Ricardo Juan Alfredo”, Reg. Nro. 1075/18, rta. 29/08/2018), este tipo de maniobras constituye un atentado contra el sistema democrático en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. La corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas. No se trata de una simple infracción penal, sino de un fenómeno estructural que socava el Estado de Derecho y mina la confianza ciudadana en las instituciones.
Desde esa perspectiva, he señalado de manera constante que los delitos de corrupción requieren un enfoque más riguroso y menos tolerante (cfr. en lo pertinente causa “Salvatore, Carla Yanina”, reg. nro. 106/18.4, rta. 12/03/2018). Ello es coherente con una interpretación axiológica del derecho, que privilegia los valores de Justicia y Paz Social, conforme al Preámbulo de la Constitución Nacional. Además, esta postura permite dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino al suscribir instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759), que instan a los Estados Parte a sancionar de forma proporcional los delitos contra la administración pública.
La corrupción es una tragedia que favorece a unos pocos y deja por detrás terreno desolado para muchos. Es la ruta que no se construye, el hospital sin insumos, la escuela sin techo, el ciudadano sin derechos básicos satisfechos. En definitiva, es una violencia estructural que castiga a los más vulnerables y perpetúa la desigualdad. Aquí sigue con vigencia aquello que expresé al momento de condenar a los responsables de la tragedia de Once: “la corrupción mata” (cfr. de Sala I mi voto en causa “De Vido Julio Miguel, y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 2632/20, rta. el 22/12/2020). Aunque no podamos cuantificar cuántas vidas fueron afectadas por las obras que no se hicieron, sabemos con certeza que el dinero para las obras públicas sí existió pero fue desviado en beneficio de unos pocos.
Por todo lo expuesto, y frente a la gravedad institucional de los hechos juzgados, reitero que el proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado. La sentencia no sólo impone una pena proporcional al hecho, sino que reafirma ante la ciudadanía que el derecho persiste y se aplica, aun frente a quienes han ostentado el poder más alto del Estado.
En el ejercicio de dicha obligación constitucional de juzgar hechos delictivos de extrema gravedad institucional, no puede soslayarse que el derecho penal constituye el último bastión del orden jurídico. En efecto, cuando todas las medidas morales, sociales, administrativas o civiles fracasan, es el derecho penal el que asegura, en última instancia, la coercibilidad de ese orden, restaurando sus cimientos vulnerados. Por ello, una vez dictada y confirmada la sentencia condenatoria, resulta indispensable reafirmar que su adecuada ejecución constituye el instrumento más poderoso con que cuenta el Estado para garantizar la inquebrantabilidad del orden jurídico, y demostrar que el sistema legal no se detiene en la declaración de reproche, sino que actúa eficazmente para concretar sus fines. Lo he sostenido reiteradamente: esa condena, y su efectiva ejecución, es el medio más poderoso del que dispone el Estado para garantizar la inquebrantabilidad del orden jurídico y para restituir la vigencia del contrato social lesionado. Como sostuvo con meridiana claridad Hans-Heinrich Jescheck, “el derecho penal es uno de los componentes imprescindibles en todo orden jurídico, pues, por mucho que el moderno Estado social haya ampliado sus funciones de planificación, dirección y prestación, la protección de la convivencia humana en sociedad sigue siendo una de sus principales misiones cuyo cumplimiento constituye el presupuesto de toda actividad de prestación positiva en materia asistencial” (Tratado de Derecho Penal, Parte General, t. I, p. 16, Ed. Bosch, Barcelona, 1981). Todo lo dicho, desde luego, sin desconocer la advertencia de Carrara acerca de la relatividad de la pena como instrumento para erradicar el delito (v. Programa de Derecho Criminal, Parte especial, Vol. I, págs. 14 y 15, ed. Temis, Bogotá, 1957), pero sí reivindicando su necesidad funcional dentro de un Estado de Derecho.
La pena, en este sentido, debe operar sustancialmente como restauradora del orden quebrantado por el delito y como respuesta a las víctimas en su búsqueda de justicia. Así lo he señalado en múltiples oportunidades (cfr. en ese sentido mi voto en causa 24907/2014/TO1/CFC3 de la Sala I C.F.C.P., “O., H. L. s/ recurso de casación, Reg. 2123/16.1, rta. 3/11/16, y en lo pertinente mi voto en causas “Deutsch, Gustavo Andrés”, reg. Nº 14842, rta. el 3 de mayo de 2011, Y en causa “Villareal, Raúl Alcides y otros s/recurso de casación” reg. 1773/2015.4, rta. el 21/09/2015; “ de Sala III mi voto en causa “De Vido, Julio Miguel y otro s/recurso de casación”, reg. 2632/20, rta. el 22/12/2020; y de Sala IV “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/recurso de casación” reg. nº 1373/24.4 rta. el 13/11/24 entre otros). La sentencia penal, más allá de su alcance individual, debe enviar un mensaje inequívoco tanto al autor como a la comunidad: que el Derecho, aun con demora, prevalece; que logra imponerse; y que puede contarse con su vigencia como expresión de la supremacía de la ley y garantía del Estado de Derecho (cfr. de Sala IV mi voto en causa “Deutsch, Gustavo Andrés” ya citada y causa Beraja, Rubén Ezra s/recurso de casación” reg. nro. 1255/20, rta. el 31/07/2020).
Gracias al cumplimiento equitativo y mesurado de la función represiva, el derecho penal desarrolla su fuerza configuradora de las costumbres, orientando al conjunto social sobre los límites jurídicos del obrar. Así, alcanza un efecto preventivo general que no se funda en el temor, sino en la convicción: “este efecto del Derecho Penal se alcanza con la creación de preceptos penales claros, susceptibles de ser comprendidos por el común de los hombres y que caractericen inequívocamente el desvalor de la acción prohibida; con una determinación de la pena basada en la gravedad del hecho y en la culpabilidad, que se sienta como justa por la colectividad, y con una objetiva información judicial consciente de su importancia pedagógica social” (Jescheck, op. cit., p. 6).
Por ello, lo que debe procurarse es que el delito cometido, y sus gravísimas consecuencias, no pase desapercibido para la comunidad. El juzgamiento de hechos de esta naturaleza debe contribuir a restablecer la tranquilidad de las víctimas, de sus allegados y de la sociedad toda, reflejando en la severidad de la condena la enorme reprochabilidad de sus autores. Hay que insistir en el derecho de las víctimas y, en este caso, de la sociedad, a obtener una estricta justicia. Porque, además, ocurre que la comunidad se inquieta, y con razón, cuando percibe, a través de decisiones judiciales, que el Estado no actúa con el rigor necesario frente a hechos que vulneran su función protectora, no asegura la inviolabilidad del orden jurídico ni crea una conciencia social de seguridad que permita a los ciudadanos desarrollarse libremente, con confianza en un entorno pacífico y previsible.
En suma, lo expuesto implica, en definitiva, la necesidad de ejecutar debidamente las penas impuestas en aquellos casos en los que se ha comprobado la comisión de hechos de corrupción que perturban a la sociedad toda. Cuando quienes fueron investidos de la responsabilidad de proteger lo público traicionan esa confianza, causando consecuencias dramáticas para las arcas estatales y el orden democrático, el Estado de Derecho exige no solo un juicio justo, sino también el cumplimiento riguroso y efectivo de la condena. En ello reside no sólo la eficacia del sistema judicial, sino su legitimidad frente a la ciudadanía.
Este es, entonces, el punto de partida desde el cual debe analizarse los recursos planteados por las partes.
V. Ante todo, corresponde mencionar que el cumplimiento de una pena privativa de libertad tiene como regla general su ejecución en un establecimiento penitenciario (art. 9 del CPN) y, la excepción a dicha norma, siempre y cuando el juez de ejecución lo considere pertinente, es el cumplimiento bajo la modalidad prisión domiciliaria (art. 10 de dicho cuerpo normativo y art. 32 de la Ley 24.660). Ésta es la modalidad de cumplimiento de sanciones con penas de prisión y responde a la naturaleza misma de la aplicación de la norma vigente por el órgano jurisdiccional.
No obstante, el sistema jurídico argentino sí contempla de manera expresa supuestos excepcionales en los que, por razones debidamente fundadas, el cumplimiento de la pena puede ser morigerado a través de modalidades alternativas, como la prisión domiciliaria.
Considero que dicha excepción es de carácter restrictivo por cuanto su análisis debe basarse en circunstancias objetivas y particulares de cada persona condenada, tales como, vale reiterar, razones de salud, edad avanzada, situaciones de especial vulnerabilidad o riesgos acreditados que tornen inadecuada la permanencia en una unidad penitenciaria.
Llegado a este punto y teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados precedentes, no he de soslayar que este análisis resulta aún más delicado en casos especialmente graves, como los delitos de corrupción que afectan directamente al funcionamiento del sistema democrático y al patrimonio público.
A lo largo del tiempo y a través de innumerables precedentes, he sostenido y afirmado que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar adecuadamente tales conductas, siempre y cuando, ello no implique convalidar condiciones inhumanas o contrarias al estándar constitucional e internacional de derechos humanos.
Para esto, estimo que los órganos jurisdiccionales debemos realizar un análisis individualizado, serio y fundado, que preserve el equilibrio entre la necesidad de ejecución efectiva de la sanción y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de la persona condenada. En definitiva, la gravedad institucional de los hechos, el rol funcional y simbólico que tuvo la condenada en la maniobra defraudatoria, el monto colosal del perjuicio ocasionado al erario público, y el impacto que ello ha tenido sobre la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en sus instituciones, imponen un estándar más exigente en términos de ejecución (cfr. en lo pertinente de esta Sala IV, causa “Boudou, Amado y otros s/recurso de casación, reg. nro. 1502/19.4, rta. el 17/7/2019)).
Como he sostenido, la pena no se agota en su dimensión resocializadora. Cumple también una función expresiva, reafirma el orden jurídico vulnerado y materializa el repudio institucional frente a las transgresiones más graves al pacto democrático. Toda flexibilización excesiva en el modo de cumplimiento debilita ese mensaje, y no permite satisfacer los fines constitucionales y convencionales que el derecho penal está llamado a cumplir.
Tratándose en este caso de delitos de corrupción estructural de gran magnitud, con impacto institucional, económico y democrático, el aseguramiento del cumplimiento efectivo de la pena adquiere una relevancia que trasciende el plano meramente individual, y se erige en una forma de expresión institucional mediante la cual el Estado comunica a la comunidad que dicha transgresión, consistente en el desvío multimillonario de fondos públicos en perjuicio del erario estatal, resulta moral y jurídicamente inadmisible. Al aplicar criterios más laxos que los que corresponden, se tiende a diluir ese mensaje normativo y a obstaculizar que la sanción penal cumpla adecuadamente su función expresiva, preventiva y restauradora de la confianza pública, especialmente cuando se trata de una figura que ha ejercido las más altas responsabilidades institucionales del país.
En este sentido, la pena no constituye meramente una reacción ante el daño ocasionado, sino un mensaje institucional que expresa la gravedad de haber quebrantado los vínculos normativos que sostienen la convivencia democrática. Al sancionar penalmente a quien comete un delito de tal entidad, se envía el mensaje de que esa persona ha actuado como si las reglas que nos obligan a todos no lo obligaran a él, y que esa transgresión exige una respuesta pública que reafirme la vigencia de los compromisos colectivos (cfr. en lo pertinente Duff, R. A. (2001), Punishment, Communication, and Community, Oxford University Press, p. 131 –en traducción de quien suscribe-).
En esta línea, ya he tenido oportunidad de señalar que la sentencia penal, además de imponer una sanción, cumple una función comunicativa que reafirma la vigencia del orden jurídico vulnerado. En efecto, constituye una manifestación clara de que el hecho juzgado ha sido un crimen, y que la sociedad, a través de sus instituciones, no tolera su repetición. Reafirma, así, el derecho subjetivo conculcado y demuestra que el quebrantamiento de la norma no quedará impune (cfr. mis votos en causas CFP 24907/2014/TO1/CFC3, “O., H. L.”, reg. nro. 2123/16.1, rta. el 3/11/16; “Deutsch, Gustavo Andrés”, reg. nro. 14842, rta. el 3/5/2011; “Villareal, Raúl Alcides y otros”, reg. nro. el 1773/2015.4, rta. 21/9/2015; “Beraja, Rubén Ezra”, reg. nro. 1255/20, rta. el 31/7/2020; y de Sala III, “De Vido, Julio Miguel y otro”, reg. nro. 2632/20, rta. el 22/12/2020; de Sala IV “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/recurso de casación” reg. nro. 1373/24.4 rta. el 13/11/24).
El propio hecho de adoptar reglas penales implica, en sí mismo, que las conductas que las transgreden deben ser condenadas, denunciadas y repudiadas. Las expresiones institucionales de ese repudio no son meras formalidades: constituyen la afirmación concreta de que esas acciones son inaceptables para el derecho y para la comunidad jurídica. En palabras de Igor Primoratz –en traducción de quien suscribe-, “las expresiones de esta condena y repudio son el indicador de la validez de las reglas y de la aceptación de la convicción de que sus quebrantos son incorrectos e intolerables en la sociedad” (“Punishment as Language”, Philosophy 64, 1989, p. 197).
Lo dicho adquiere especial relevancia en el contexto de graves actos de corrupción, como los aquí juzgados, en los que quienes debían proteger lo público traicionaron ese mandato y turbaron la confianza depositada en ellos por la comunidad. En tales supuestos, el debido control penal y la ejecución efectiva de la sanción no solo responden a una obligación legal, sino también a un imperativo democrático de restauración del orden quebrantado. La ciudadanía tiene derecho a esperar que los responsables sean juzgados y condenados de manera firme y conforme a derecho, como única forma de restituir la confianza pública y de afirmar la supremacía de la ley en el marco del Estado de Derecho.
Este marco normativo necesariamente debe observarse en estricto respeto al principio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que prohíbe la existencia de prerrogativas de sangre o de nacimiento y garantiza que todos los habitantes sean iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
Llevado ello al ámbito penal, esa garantía constitucional impide que se apliquen tratamientos diferenciales o beneficios injustificados sobre la base de la posición social, económica o política de la persona condenada.
Lo contrario implicaría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad y comprometería la legitimidad del sistema de justicia penal, especialmente en un contexto en el que el Estado debe hacer prevalecer el Derecho frente a delitos graves como los vinculados a la corrupción y, en este caso en particular, donde intervinieron las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
Aquí se juzgó una inusitada maniobra criminal cometida por la ex Presidenta de la República Argentina y algunos de sus funcionarios. En mi anterior intervención (cfr. mi voto del 13/11/2024), destaqué que Cristina Fernández de Kirchner juró desempeñar con lealtad y patriotismo el máximo cargo que un ciudadano puede alcanzar en nuestro país (art. 93 de la CN). Sin embargo, se comprobó que usó ese cargo como medio para obtener beneficios económicos en perjuicio del erario público y del resto de los ciudadanos argentinos.
Dicho esto, solo resta agregar que la garantía de igualdad ante la ley no solo exige que las normas sean aplicadas sin privilegios, sino también que las decisiones judiciales que disponen modalidades alternativas de cumplimiento penal sean debidamente fundadas y sometidas a un riguroso control. En ese sentido, he de destacar que el acceso a beneficios en el marco del cumplimiento de una pena no puede convertirse en un espacio de arbitrariedad o discrecionalidad desproporcionada, ya que ello vulneraría el núcleo de un Estado de Derecho comprometido con la equidad, la transparencia y la responsabilidad institucional. Llegado a este punto, debo señalar que mi intervención en la presente incidencia, como viene dicho por las partes, se encuentra actualmente limitada a partir de lo concretamente postulado ante esta instancia en la audiencia pública prevista por el art. 465 bis, del CPPN, donde el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario A. Villar, resignó el planteo efectuado en el recurso de casación, en lo que hace al pedido de cumplimiento de pena en un establecimiento penitenciario o en alguno de los sitios postulados por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta postura resulta congruente, además, con el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal, y encuentra sustento en razones constitucionales, así como en la defensa del interés público (art. 120 de la C.N y arts. 1 y 25 y 28 de la ley 24.946). Asimismo, se enrola, sin dificultad, en la doctrina del fallo “MEOQUI, Atilio Roberto s/recurso de casación”, en lo relativo al trascendente asunto de las posibilidades recursivas del Ministerio Público Fiscal conforme a los principios de unidad y coherencia, de la que se desprende que la opinión de los Fiscales de Primera Instancia no ha de prevalecer sobre la opinión de los Fiscales Generales (de esta Sala IV, causa nro. 3654, reg. nro. 4933.4, rta. el 30/5/03, con cita de la C.S.J.N. en los autos “Recurso de hecho deducido por Gustavo M. Hornos (Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Federal de la Capital Federal) en la causa “Canda, Alejandro Guido s/extradición” -causa nº 23.665-, Fallos 315:2965).
En otras palabras, la cuestión trascendental a resolver ha quedado reducida en su tratamiento; la columna vertebral del recurso de casación oportunamente presentado fue desestimada ante esta instancia por la propia acusación pública.
A la luz de lo expuesto, a partir de la decisión del representante del Ministerio Público Fiscal, la impugnación en cuestión se encuentra acotada al planteo subsidiario esbozado en lo que hace a la solicitud del cumplimiento de prisión domiciliaria en un sitio alternativo y al tratamiento de aquellos aspectos cuestionados por la defensa técnica particular en sus recursos de casación. Entonces, correspondería determinar si el domicilio donde la señora condenada se encuentra cumpliendo la pena es apto para ello o, por el contrario, como solicita el Ministerio Público Fiscal, corresponde su modificación; si el régimen de visitas impuesto por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 resulta conforme a derecho; y establecer si corresponde mantener la utilización de un dispositivo de control.
VI. a. En primer lugar, en lo que hace al análisis aquí acotado del recurso de casación de la acusación pública, esto es al planteo subsidiario de modificación del domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner debe cumplir la pena de 6 años de prisión, cabe señalar que tal planteo en manera alguna puede ser escindible del agravio central postulado en la impugnación oportunamente presentada. Es que, al momento de ser expuesto, la propia parte sujeto su tratamiento al potencial resultado negativo de su cuestionamiento troncal. Resulta necesario reiterar que inicialmente los fiscales en su recurso de casación plantearon esta alternativa en caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria. En tanto entendieron que, a partir del resultado del informe de seguridad realizado, correspondía disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas.
Corresponde destacar una inconsistencia sustancial en la postura asumida por el Ministerio Público Fiscal que amerita su debido tratamiento. En su presentación ante esta instancia, el fiscal general manifestó expresamente desistir del planteo en contra de la concesión de la prisión domiciliaria, fundado en que las condiciones invocadas en la instancia anterior vinculadas a desórdenes públicos, manifestaciones, alteraciones en la seguridad del entorno, entre otras, ya no se verificarían en la actualidad. En efecto, sostuvo expresamente que el contexto se había modificado y que, en consecuencia, resultaba improcedente insistir con el cumplimiento de la pena en una unidad penitenciaria. Agregó que desistía de su recurso en atención a que, desde el momento en que se confirmó la modalidad de prisión domiciliaria, la persona condenada había cumplido debidamente las reglas impuestas, y que una modificación de ese régimen alteraría los fines propios de la ejecución penal. En respaldo de esa postura, recordó que la Corte Suprema ha sostenido que los pronunciamientos judiciales deben atender a las circunstancias existentes al momento de su dictado.
Sin embargo, de modo llamativamente contradictorio, esos mismos elementos son retomados por el fiscal para sostener, en forma subsidiaria, que correspondería modificar el domicilio en el cual la condenada se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria. Es decir, se invoca que la situación ha cambiado para justificar el desistimiento del pedido más gravoso, pero simultáneamente se afirma que la situación se mantiene inalterada para fundar un requerimiento alternativo. Esta dualidad argumental no solo afecta la coherencia interna del planteo fiscal, sino que debilita sustancialmente la validez del agravio.
Tal contradicción compromete la solidez de su planteo, en tanto revela una oscilación argumentativa que impide identificar con claridad cuál es, en definitiva, el diagnóstico sostenido por el Ministerio Público Fiscal respecto de las condiciones del entorno de cumplimiento. No puede sostenerse, al mismo tiempo, que la conflictividad barrial ha cesado y que, a la vez, esa misma conflictividad persiste al punto de justificar un cambio de domicilio. Una posición que se adapta según el tramo argumental que se busca reforzar termina por vaciar de contenido el planteo y debilita la razonabilidad de la pretensión esgrimida. Cabe agregar, además, que el fiscal ante esta instancia tampoco ha aportado fundamentos que permitan excluir a la persona condenada del domicilio propuesto por la defensa para el cumplimiento de la pena, el cual, vale aclararlo, como correctamente destacó la defensa técnica, se trata del propio y actual domicilio de su asistida. En definitiva, el planteo relativo a la modificación del domicilio, articulado en su origen como una alternativa frente a la eventual improcedencia de la revocación de la prisión domiciliaria, no ha sido adecuadamente fundado ni acompañado de prueba concreta y actual. Aun cuando el Fiscal General intentó sostener su validez a partir de lo informado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cierto es que tales referencias se vinculan con hechos acaecidos en los días inmediatos al dictado del fallo de la Corte Suprema, sin que se haya incorporado información actualizada que permita afirmar la persistencia de tales condiciones.
Sin perjuicio de que no se comparten los fundamentos expuestos por el acusador público, pues parecen referirse a las causales de revocación de la prisión domiciliaria por quebramiento de las obligaciones (art. 34 de la ley 24.660) cuando en el caso se trató de su propio recurso contra la concesión de esa modalidad, lo cierto es que el desistimiento tiene efectos que limitan la inspección jurisdiccional.
En este punto habré de reiterar que los términos específicos en los que los acusadores públicos hicieron su presentación subsidiaria fueron los siguientes: “En base a[l informe de seguridad reclamado] -en caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que aquí reclamamos-, es que se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas”.
El específico planteo formulado en estos términos demuestra necesariamente que la discusión de la modificación del domicilio de la medida en trato se encontraba sometida al resultado del planteo principal, esto es, la revocatoria de la prisión domiciliaria. Al haber el Fiscal General ante esta instancia, Mario A. Villar, desistido su recurso en este aspecto sustancial, se advierte que, como una consecuencia necesaria y natural de ello, ha diluido su propio planteo subsidiario que se encontraba atado a la crítica central. Por lo que, ante lo solicitado por el propio representante del Ministerio Público Fiscal, corresponde tener por desistido el recurso de casación de la parte acusadora.
Si bien, en el estado actual, no se advierten elementos que justifiquen una modificación del lugar de cumplimiento de la prisión domiciliaria, corresponde destacar que dicha modalidad no constituye una decisión inmutable, sino que se encuentra sujeta a la constante supervisión y evaluación del juez de ejecución competente. Será éste quien, en atención a la evolución de las circunstancias del caso, deberá valorar la pertinencia de mantener o modificar el domicilio fijado, considerando especialmente la eventual afectación a la tranquilidad del entorno barrial, el riesgo para la seguridad personal de la condenada, o la perturbación del orden público y de la seguridad general. Tales factores, de verificarse en forma concreta y suficientemente acreditada, podrían justificar la necesidad de disponer un cambio de domicilio o incluso la revisión integral del régimen de cumplimiento (art. 34 de la ley 24.660). b. En el recurso traído a estudio la defensa sostiene que la exigencia de presentar un listado de personas con ingreso irrestricto al domicilio, y de requerir autorización previa para toda otra visita, vulnera los principios de debido proceso, igualdad, privacidad, legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como los derechos políticos de la penada.
En primer término, se advierte que siquiera en parte funda su pretensión en los argumentos humanitarios y reformistas expuestos en mi voto en el precedente “Zelaya, Delfín” (reg. nro. 1342/22; rta. el 28/09/2022), donde destaqué, en lo sustancial, que “el ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes” y que las normas que regulan la ejecución de la pena deben respetar el principio de que “las personas privadas de libertad conservan todos los derechos que no se derivan estrictamente de la condena”.
Tal como lo recordé en aquel caso, la existencia de una condena no puede levantar una “cortina de hierro” entre la Constitución y el penado (Fallos 327:388).
Por el contrario, es un imperativo ético y normativo que los jueces sustancien la plena y efectiva vigencia de la Constitución Nacional en la realidad carcelaria.
Sin embargo, corresponde efectuar algunas consideraciones al respecto. En primer término, cabe aclarar que aquel fallo versaba sobre la cuestión carcelaria y la consecuente pérdida automática del sufragio, esto es, sobre la negación absoluta de un derecho político sustantivo. El caso presente, en cambio, versa sobre la regulación del régimen de visitas en el marco del cumplimiento de una pena privativa de la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La detención domiciliaria (arts. 10 del Código Penal y 32 a 34 de la ley 24.660) es cumplimiento de pena; aun cuando sea una modalidad morigerada pues la privación de la libertad es mensurable. El propio texto legal autoriza al juez a fijar conforme las circunstancias de cada cado “reglas de conducta adecuadas” y a controlar su observancia. Conforme lo he sostenido en los acápites anteriores, por expresa disposición legal (artículos 10 del Código Penal y 32 y 33 de la ley 24.660), la comprobación de que concurre alguna de las causales previstas para la prisión domiciliaria no habilita automáticamente su concesión. En efecto, el empleo del verbo “podrá” revela que el juzgador debe valorar las circunstancias particulares del caso para admitir o rechazar la solicitud, según un examen de razonabilidad fundado en los elementos que informan la causa. Ni la concesión ni el rechazo de un pedido de prisión domiciliaria pueden derivar de una aplicación ciega o acrítica de doctrinas generales, sino que requieren un análisis sensato y sensible de las particularidades del caso concreto (cfr. mi voto en causas FTU 7782/2015/TO1/23/1/CFC3 “Ledesma, Pedro Carlos s/recurso de casación, reg. nro. 896/16.4; rta. el 12/07/16; FMP 53030615/2004/114/19/CFC81 “Padilla, Alberto Santiago s/ recurso de casación, reg. nro. 1744/16.4, rta. el 29/12/16; y causa CFP 14216/2003/552/CFC404–CFC331, “Godoy, Roberto Obdulio s/recurso de casación”, reg. nro. 822/17, rta. el 29/6/17, entre otras).
Este mismo enfoque permite justificar que se impongan condiciones específicas, como la necesidad de autorización previa para visitas no comprendidas en el núcleo familiar, el acompañamiento médico o la representación técnica. Tales reglas no sólo no lesionan derechos fundamentales, sino que materializan el carácter excepcional del instituto y contribuyen a la finalidad de humanización de la pena, y al cumplimiento de los fines de la pena, de los fines del Derecho Penal, y del Derecho Todo.
Como fue señalado en apartados anteriores, la pena no se limita a una finalidad resocializadora, sino que también cumple una función expresiva: reafirma la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social en torno a la ilicitud del hecho. En ese marco, las condiciones impuestas para su ejecución, incluso bajo la modalidad domiciliaria, resultan especialmente relevantes, pues constituyen el vehículo mediante el cual se exterioriza ese mensaje normativo (cfr. mi voto en causas: CFCP, Sala I, “O., H. L.”, reg. nro. 2123/16.1, el rta. 3/11/16; Sala IV, “Núñez Carmona, José María”, reg. nro. 370/22.4, rta. el 4/04/2022; Oficina Judicial, FSA 6570/2023/17, reg. nro. 78/2024; y en esta misma causa, reg. nro. 1373/24, rta. el 13/11/24). Como he sostenido en tales precedentes, la sola adopción de normas penales implica afirmar que su transgresión es inaceptable y debe ser repudiada. Esa condena simbólica expresa que la norma conserva su vigencia y relevancia frente a la comunidad (cfr. Primoratz, Igor, “Punishment as Language”, Philosophy, vol. 64, 1989, p. 197 - en traducción de quien suscribe-).
Desde esta perspectiva, cualquier flexibilización indebida del régimen de cumplimiento, o la omisión de condiciones básicas de control en la modalidad domiciliaria, podría debilitar la expresión pública de la condena, especialmente en casos que involucran hechos de alto impacto institucional.
La sociedad, informada a través del debate oral y público de los crímenes cometidos, encuentra en la ejecución efectiva de la pena, bajo reglas proporcionales y controladas, un modo de reafirmar su expectativa legítima de justicia. Allí radica también la necesidad de que las condiciones del cumplimiento no diluyan el sentido de la sanción ni su efecto simbólico, en tanto manifestación concreta de que el orden jurídico ha sido restablecido. La medida impugnada se inscribe, precisamente, en ese marco: no prohíbe visitas; sólo establece que, fuera del núcleo familiar inmediato, la defensa técnica y los médicos tratantes (quienes, vale reiterar, pueden ingresar sin trámite alguno más allá de estar en una nómina), cualquier otra persona deberá solicitar autorización previa al tribunal.
Ya he dicho en reiteradas oportunidades que, a los efectos de emitir un pronunciamiento, es imperiosa la necesidad de preservar y defender el valor supremo de la paz interna, basado asimismo en el respeto de la dignidad humana, sin el cual no es concebible un Estado de Derecho (cfr. de Sala I mi voto en causa “Pérez Bianco, Raúl y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 2000/21; rta. el 29/10/21). Es que el Estado debe a todos justicia, protección y leyes que aseguren su persona, sus bienes y su libertad. Él se obliga a ponerlos a cubierto de toda injusticia o violencia, a proporcionarles medios que les permitan trabajar sin estorbo alguno para su propio bienestar, sin perjuicio de los otros; a poner a cada uno bajo la salvaguarda de todos para que pueda gozar pacíficamente de lo que posee o ha adquirido con su trabajo, su industria o sus talentos (cfr. Hornos, Gustavo M., “El nuevo nombre de la Paz”, en Violencia y Sociedad Política, Programa para el Estudio y la Difusión de la Reforma Constitucional Argentina, 1998, pág. 33). La instancia del poder estatal se erige en “tercero” por encima de los contendientes y debe pacificar imparcialmente la convivencia; equivale a ofrecer condiciones de seguridad y de paz.
El Derecho Penal, para el cumplimiento de sus fines de contribuir al orden jurídico y a la preservación de la paz pública, debe actuar de una manera que resulte siempre compatible con el ordenamiento fundamental de la Nación, la Constitución Nacional, de la que es apéndice.
Además, dentro de ese límite, la resolución de conflictos de creciente complejidad –como las relaciones humanas cada vez más entrelazadas y complicadas en lo social, económico y político– exige que el orden legal incorpore valores y nuevas necesidades del individuo y de la sociedad, integrándose a esta evolución de manera armónica y creativa (cfr. Plenario nro. 11 CFCP “Zichy Thyssen, Federico; Ivanissevich, Alejandro s/recurso de inaplicabilidad de ley”).
Esa perspectiva constitucional, en efecto, es la que mejor se adecua a la defensa de los derechos individuales y la que mejor conjuga y protege los intereses y garantías en juego, con el fin de otorgar su plena vigencia a la ley vigente.
Tales consideraciones adquieren especial relevancia al momento de analizar los hechos juzgados en el presente caso y los fundamentos expuestos en la resolución recurrida. Se trata de un dispositivo mínimo y razonable orientado a proteger el orden y la seguridad que permitieron la concesión de la prisión domiciliaria, evitando una circulación incontrolada de personas en el ámbito de cumplimiento incompatible con la finalidad resocializadora de la pena y con la obligación estatal de supervisar su cumplimiento.
Cabe destacar, además, que esta medida también contribuye al deber estatal de garantizar la seguridad personal de la propia encausada, aspecto expresamente invocado por la defensa al solicitar el cumplimiento de la pena bajo la modalidad domiciliaria. En efecto, fue la propia parte quien planteó que, debido a su condición de ex mandataria y al antecedente del atentado contra su vida, su permanencia en un establecimiento penitenciario implicaría un riesgo concreto a su integridad. En ese contexto, el establecimiento de reglas de acceso al domicilio, como las aquí cuestionadas, aparece también como una respuesta razonable a la preocupación manifestada por la defensa, y no como una restricción irrazonable de derechos fundamentales. A diferencia del supuesto examinado en el fallo “Zelaya”, aquí no se ha suprimido ni restringido el sufragio ni el derecho a la actividad política. Las reuniones presenciales podrán concretarse, si no son con su círculo inmediato, mediante una simple gestión judicial, y en la medida que quien se encuentre a cargo de la supervisión de la pena lo encuentre pertinente y razonable; y, más allá de ello, subsisten otras alternativas para el intercambio con dirigentes, asesores o simpatizantes.
Lo dispuesto no supone una restricción del derecho, sino una regulación puntual que busca asegurar su compatibilidad con el régimen de cumplimiento. Por tanto, el requisito controvertido no afecta el contenido esencial de derecho político alguno: opera como mecanismo organizativo, funcional a la tutela de la seguridad, la convivencia vecinal y el control jurisdiccional, sin menoscabo de los vínculos externos.
El arraigo y el bienestar social de la señora penada también permanecen plenamente garantizados. Su familia, abogados y médicos tienen acceso irrestricto. El domicilio se halla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un centro de su actividad social, pública y política. La eventual ampliación de la nómina de visitantes puede solicitarse tantas veces como considere necesario, con un trámite sencillo y sometido a la razonabilidad del juez a cargo de supervisar la ejecución de la sentencia. En ese esquema no se advierte limitación alguna a sus derechos, antes bien, se conjuga su ejercicio con la exigencia de que la pena se cumpla eficazmente y sin riesgos.
En síntesis, mi voto en la causa “Zelaya” reafirma la vigencia plena de los derechos políticos de las personas privadas de libertad, pero no impone que el juez abdique de las facultades de control propias de la etapa de ejecución. La detención domiciliaria exige un delicado equilibrio entre derechos y deberes, entre libertad restringida y la supervisión eficaz. Las reglas aquí cuestionadas son proporcionales, derivan de la ley y resultan imprescindibles para preservar el orden público, la seguridad y el sentido resocializador del cumplimiento de la pena. Y, al mismo tiempo, contribuyen a resguardar la dimensión simbólica de la respuesta penal, en tanto expresión concreta de que el hecho juzgado fue en efecto un crimen, de que la norma quebrantada mantiene su vigencia, y de que la sociedad, informada y comprometida con sus principios, exige que las penas se cumplan con seriedad y coherencia institucional. Así entendida, la ejecución bajo reglas razonables no debilita los derechos fundamentales de la condenada, sino que reafirma el Estado de Derecho que los protege.
A mayor abundamiento, en cuanto a la objeción relativa a la supuesta ausencia de criterios para la evaluación de solicitudes de ingreso al domicilio, cabe señalar que el juez de ejecución conserva plena competencia para resolver cada petición conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen la ejecución de la pena. Lejos de habilitar decisiones arbitrarias, el sistema impugnado se funda en un control jurisdiccional permanente y sujeto a revisión, lo que garantiza el respeto a los derechos fundamentales de la condenada.
Asimismo, debe señalarse que, sin perjuicio del régimen general de autorizaciones previas, nada obsta a que, en función de las circunstancias del caso y siempre que resulte compatible con los fines del régimen de cumplimiento, el juez de ejecución pueda, de considerarlo oportuno y razonable, establecer pautas orientadoras o criterios específicos respecto de ciertos perfiles de visitas habituales. Tales decisiones, sin embargo, deben mantenerse dentro de un marco de control individualizado y fundado, que preserve la finalidad resocializadora y el control efectivo de la pena, evitando que la excepción se transforme en regla. En este sentido, lejos de configurar una indeterminación normativa, el sistema ofrece un cauce claro y supervisado para compatibilizar derechos individuales con las exigencias propias de una ejecución penal seria y proporcional, priorizando siempre garantizar la seguridad personal de la condenada.
En igual sentido, corresponde descartar la pretendida afectación de la vida profesional, social o afectiva de la condenada. La resolución no impide el contacto, sino que prevé una regulación ordenada y razonable del acceso al domicilio, en atención a la naturaleza excepcional del régimen de prisión domiciliaria y a los fines propios de la ejecución penal. No se advierte un agravio concreto y actual y la parte tampoco lo menciona.
La posibilidad de solicitar autorizaciones específicas permanece plenamente habilitada, y su eventual rechazo deberá fundarse en parámetros objetivos, susceptibles de control ulterior. No se advierte un agravio concreto y actual y la parte tampoco lo menciona. Por el contrario, se trata de una medida proporcionada y funcional al modelo de cumplimiento adoptado, que encuentra sustento en la normativa legal vigente y en los estándares de derechos humanos aplicables.
Tampoco resulta atendible el argumento vinculado a una supuesta sobrecarga procesal derivada del mecanismo de autorizaciones previas. Las solicitudes pueden ser presentadas por medios ágiles, como los canales electrónicos habilitados, y resueltas con la celeridad que el caso requiera, sin que ello represente, en principio, un obstáculo infranqueable.
La intervención judicial no se erige como una traba burocrática, sino como una garantía que refuerza el cumplimiento riguroso y controlado de una pena impuesta por hechos de extrema gravedad institucional. Lo que se exige, en definitiva, es que el régimen adoptado no pierda de vista su carácter sancionador, su finalidad resocializadora y su dimensión simbólica, especialmente en casos donde el delito afecta el corazón mismo del orden democrático y la confianza pública.
Cabe reiterar, además, que el régimen cuestionado no sólo responde a la necesidad de controlar eficazmente el cumplimiento de una pena privativa de libertad, sino que también contribuye a preservar la seguridad personal de la propia condenada. Tal como fue planteado por la defensa al solicitar la prisión domiciliaria, el riesgo que implicaría su alojamiento en un establecimiento penitenciario fue uno de los factores centrales que justificaron la adopción de esta modalidad. En ese marco, establecer reglas básicas para el ingreso de terceros al domicilio no sólo resulta razonable, sino también funcional al objetivo de minimizar potenciales situaciones de vulnerabilidad que podrían comprometer su integridad.
De este modo, el control razonable de la ejecución no es una excepción a los derechos fundamentales, sino una manifestación de su vigencia.
Por lo expuesto, cabe concluir que el régimen de visitas establecido se adecua razonablemente a las exigencias propias del cumplimiento de la pena, resguardando de manera prioritaria la seguridad de la persona condenada. Su implementación no solo se presenta como una medida necesaria en atención al contexto personal e institucional que rodea a la interna, sino que su funcionamiento ha demostrado ser eficaz y conforme a los fines que se propone.
En este sentido, el régimen establecido permite compatibilizar el derecho de la persona condenada a mantener vínculos afectivos y sociales con las necesidades inherentes al régimen de detención, especialmente en lo que refiere a la protección de su integridad física y psíquica. Así, el marco adoptado resulta respetuoso de las garantías propias del proceso de ejecución penal, sin desatender las obligaciones del Estado en materia de seguridad y resguardo.
Tal razonabilidad y oportunidad en el diseño y aplicación del régimen de visitas establecido por el juez de ejecución, se ve reforzada por el reciente antecedente en el que el presidente de la República Federativa del Brasil solicitó la autorización correspondiente, la cual fue concedida en un plazo muy breve, sin que se hayan verificado objeciones de entidad. Tal circunstancia da cuenta de que el sistema es funcional, operativo y compatible con las necesidades de la condenada y cumple con los estándares esperables en la materia, permitiendo un adecuado balance entre los fines de la pena y el resguardo de los derechos fundamentales de la persona condenada.
En suma, no se ha demostrado en este caso afectación a derecho constitucional alguno, ni arbitrariedad en la imposición de la regla cuestionada.
c. Llegado a este punto, habré de inmiscuirme en las críticas efectuadas por la asistencia técnica de Cristina Fernández de Kirchner en lo que hace a la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico.
En esa dirección, cabe recordar la existencia de la “Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica” que fue creada en la órbita de la Dirección Nacional de Readaptación Social de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos; ministerio del cual también depende el Servicio Penitenciario Federal.
Que el mecanismo cuenta con dispositivos de vigilancia electrónica, que permiten controlar la permanencia de la persona en el domicilio fijado y, ante la eventualidad de que saliera del radio establecido o intentara desprenderse de la “tobillera”, el sistema envía una alerta inmediata que es detectada en el centro de monitoreo y es informada a la autoridad judicial.
El programa incluye, a su vez, la asistencia social, psicológica y médica de las personas incluidas. Este mecanismo se encuentra implementado y es gestionado, en la órbita de la misma autoridad administrativa que tiene a su cargo la ejecución de las medidas de encierro –tanto procesales como materiales– como parte de una política estatal tendiente a mejorar las condiciones de vida de las personas que cumplen una medida restrictiva de la libertad, contribuyendo a mitigar el impacto negativo de la privación de libertad en el ámbito carcelario.
Por otro lado, corresponde destacar que a partir de la modificación introducida a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad mediante la ley 27.375, la concesión de la prisión domiciliaria incluye, como regla, la colocación de un dispositivo electrónico de control al condenado. Dicha norma establece que el juez de ejecución podrá excepcionalmente prescindir de su utilización, siempre que existan informes favorables de los órganos de control y del equipo interdisciplinario (art. 33, último párrafo). En otras palabras, el legislador ha conferido expresamente al juez la facultad de determinar las condiciones específicas del régimen de cumplimiento, dentro del marco de legalidad y razonabilidad que la propia norma establece.
Dicho esto, más allá de que Fernández de Kirchner reunió los requisitos técnicos y socioambientales para ser incorporada a este programa, lo cierto es que la ejecución de la condena conforme al modo dispuesto por el tribunal de la instancia anterior, mediante la utilización de un dispositivo electrónico de control, aparece como la medida más apropiada para mitigar los efectos del encierro y compatibilizar los fines del proceso.
La utilización del dispositivo en cuestión se erige como una herramienta eficaz para asegurar la ejecución de la condena dispuesta, garantizando la tutela del interés estatal sin recurrir al encierro intramuros.
Este tipo de monitoreo resulta útil por múltiples razones. En primer lugar, permite constatar la ubicación en tiempo real de la persona condenada, así como el cumplimiento efectivo de la pena. En segundo lugar, constituye una alternativa menos lesiva frente a la privación total de libertad en un establecimiento penitenciario. En consecuencia, permite compatibilizar la función punitiva del Estado con una intervención menos aflictiva para la persona condenada.
Desde esta perspectiva, la utilización de un dispositivo electrónico debe concebirse como una medida de control complementaria y justificada al cumplimiento de una pena bajo la modalidad domiciliaria, inserta en un modelo de ejecución respetuoso de los derechos fundamentales. También es pertinente considerar el valor simbólico y expresivo que comporta el cumplimiento serio y supervisado de una condena en casos de trascendencia institucional. Así como al analizar el régimen de visitas sostuve que las reglas impuestas no diluyen sino que refuerzan el sentido de la pena, cabe afirmar que el uso del dispositivo electrónico reafirma ante la comunidad la vigencia de la norma vulnerada, la legitimidad de la respuesta penal y el compromiso del Estado con la ejecución efectiva de sus decisiones judiciales.
En otro orden de ideas, considero necesario formular algunas reflexiones en torno al planteo efectuado por la defensa técnica, más precisamente en lo que respecta a que el uso del dispositivo de vigilancia electrónica provocaría un trato cruel, inhumano o degradante a su asistida, resultando, a su entender, una herramienta innecesaria y estigmatizante. En la audiencia celebrada ante esta instancia, se sostuvo que la colocación del dispositivo no obedecería a razones jurídicas legítimas, sino a un propósito de humillación y deshumanización.
Sin embargo, tal apreciación no se corresponde con el carácter técnico y jurídico de la medida, ni con su finalidad concreta dentro del régimen de ejecución penal. Corresponde insistir en que su utilización se orienta al control efectivo del cumplimiento de una modalidad de pena alternativa a la reclusión en un establecimiento penitenciario, tratándose de una medida accesoria, prevista expresamente en la normativa vigente y aplicada bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Desde esta perspectiva, la ejecución de la pena bajo un régimen de prisión domiciliaria supervisada electrónicamente no comporta una afrenta a la dignidad de la persona condenada, sino la afirmación de que el quebrantamiento grave del orden jurídico exige una respuesta estatal visible, firme y con sentido comunitario. Lejos de constituir un mecanismo de estigmatización, la colocación del dispositivo electrónico expresa la continuidad del control judicial sobre el cumplimiento de la sanción, y representa una manifestación concreta del deber estatal de garantizar la efectividad de sus decisiones penales.
Entiendo, además, que su implementación no configura, en sí misma, una forma de trato cruel, inhumano o degradante en los términos establecidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos. He de destacar que su intención no es provocar una aflicción ni castigo adicional, sino garantizar el respeto de los límites impuestos por la pena bajo una forma menos restrictiva de la libertad ambulatoria. En tal sentido, la sola colocación de un dispositivo de control, cuya aplicación obedece a fines proporcionales y se encuentra prevista por la ley, no puede ser considerada, en estas circunstancias específicas, un trato degradante, en tanto tal calificación exige una humillación o sufrimiento innecesario, lo que no ha sido acreditado en el caso.
Como he señalado en los acápites anteriores, el derecho penal no solo sanciona con fines resocializadores o preventivos, sino que también comunica un mensaje institucional que reafirma la vigencia de la norma transgredida, el repudio del orden democrático frente a su violación y la necesidad de restituir el vínculo normativo quebrado. Como fue desarrollado al citar las obras de Anthony Duff (Punishment, Communication, and Community) e Igor Primoratz (Punishment as Language), sancionar penalmente implica no solo imponer una consecuencia, sino comunicar, a la persona condenada y a la sociedad, que la conducta desplegada fue jurídicamente inadmisible, y que sus efectos han lesionado de modo grave los vínculos que sostienen la convivencia democrática. Tal mensaje no puede ser desoído ni relativizado por consideraciones subjetivas que desnaturalizan el sentido expresivo de la pena en el marco de un Estado de Derecho.
En consecuencia, el señalamiento efectuado por la defensa carece de sustento cuando se confronta con los fines constitucionales del derecho penal y con la función institucional que la ejecución de la pena cumple en contextos de corrupción estructural. Atribuirle a la colocación del dispositivo electrónico una finalidad degradante supone tergiversar el sentido jurídico de la ejecución penal y desatender el valor simbólico y restaurador que el cumplimiento efectivo de la sanción posee en escenarios de grave afectación a la legitimidad democrática.
En este sentido resulta de fundamental trascendencia señalar que el dispositivo de control electrónico es de uso generalizado, para casos como el presente, por lo que no se advierte razones suficientes para excepcionar lo que la ley allí dispone (art. 16 de la C.N.). En este caso, se advierte que la medida cuestionada encuentra adecuado sustento legal, responde a una finalidad legítima y ha sido adoptada con apego al principio de proporcionalidad.
Por otro lado, en cuanto a lo expuesto por la defensa respecto a que la tobillera electrónica carece de fundamento en tanto la condenada cuenta con una custodia permanente en carácter de ex primera mandataria que cumpliría el rol de supervisión de la domiciliaria, corresponde efectuar algunas aclaraciones.
En nuestro país, los expresidentes cuentan con un servicio de custodia permanente provisto por el Estado, cuya finalidad es garantizar su integridad física y la de sus familiares, como parte del régimen de protección institucional derivado de su anterior investidura. Esta protección está regulada por varias normativas como la Resolución 757/2018 del Ministerio de Seguridad, y los decretos presidenciales N° 648/04, 735/2023 y 299/2024, que asignan esa función a la Policía Federal Argentina, bajo la coordinación de la Casa Militar, con una lógica de resguardo preventivo y no intrusivo.
Ahora bien, esa custodia de naturaleza protectora y voluntaria para el beneficiario no puede asimilarse ni suplantar el control ejercido mediante un dispositivo de vigilancia electrónica en el marco de una prisión domiciliaria. Mientras que la custodia estatal protege a una persona que se presume libre y no sujeta a coerción penal, la tobillera electrónica constituye un mecanismo de control judicial impuesto coactivamente, destinado a verificar en tiempo real el cumplimiento efectivo de una pena o medida de coerción.
Así, aunque ambos sistemas implican cierta forma de supervisión, sus finalidades, alcances jurídicos y efectos prácticos son radicalmente distintos ya que la custodia protege mientras que la tobillera electrónica asegura el debido cumplimiento de la modalidad de cumplimiento de la pena correspondiente. Por ello, pretender que la presencia de personal de custodia estatal en un domicilio sustituya los fines propios de un dispositivo de monitoreo penal implica una confusión de esferas normativas, y supone relativizar la obligatoriedad y objetividad del control judicial exigido en una pena privativa de libertad, aun bajo la modalidad domiciliaria, donde, vale aclarar, la regla es su utilización.
En definitiva, se advierte que los argumentos expuestos por la asistencia técnica de Fernández de Kirchner no logran rebatir la correcta fundamentación realizada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 para disponer la utilización de este medio electrónico de control, como herramienta indispensable para un eficaz cumplimiento de la condena impuesta en el marco de esta investigación. Por el contrario, la medida adoptada se muestra proporcionada y funcional a la ejecución de la pena como así también respetuosa de los derechos fundamentales de la persona condenada.
Cabe agregar que, hasta el momento, no se ha incorporado elemento probatorio alguno que acredite la existencia de un impedimento material, técnico o médico que torne inviable o desaconsejable la utilización del dispositivo de vigilancia electrónica en el caso de la condenada. Por el contrario, las constancias incorporadas al expediente dan cuenta de que se encuentra en condiciones de cumplir con esa modalidad de ejecución, conforme los estándares establecidos por la normativa vigente y las recomendaciones de los organismos técnicos competentes (cfr. surge del sistema Lex-100).
d. En definitiva, tanto el régimen de visitas regulado como la utilización del dispositivo de vigilancia electrónica deben ser entendidos como manifestaciones concretas del control judicial activo y razonable que exige la etapa de ejecución penal. A partir de allí, habré de formular algunas consideraciones adicionales respecto de ciertas cuestiones traídas a consideración por la defensa en esta instancia.
En lo que respecta al informe técnico acompañado por la defensa, elaborado por un grupo de especialistas en derechos humanos y presentado ante el Parlasur, corresponde señalar que sus conclusiones revisten carácter meramente consultivo. Si bien su reflexión aporta a la discusión, no sustituye ni desplaza la facultad exclusiva del Poder Judicial para determinar la razonabilidad y legalidad de las medidas adoptadas. El control judicial no puede ser reemplazado por valoraciones externas, carentes de fuerza normativa y de conocimiento específico del expediente. Además, muchas de las objeciones vertidas en ese documento parten de una visión general sobre los dispositivos de vigilancia, sin considerar el marco jurídico argentino, los precedentes jurisprudenciales ni las particularidades del caso concreto.
Por lo demás, cabe destacar que el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles ha sostenido que la función de los jueces en esta etapa no se agota en verificar formalidades, sino que impone un deber positivo de vigilancia sobre el modo en que se cumple la pena, en armonía con los derechos fundamentales de las personas condenadas y con los fines constitucionales del sistema penal.
Así lo establecen las “Recomendaciones” -a las que ha hecho referencia la defensa en la audiencia celebrada en esta instancia-, al exigir la intervención inmediata del juez ante situaciones críticas en los lugares de detención en protección al Derecho a la Vida; que promueve monitoreos periódicos de jueces, fiscales y defensores sobre las condiciones de encierro; que insta a garantizar que el encierro no agrave innecesariamente la situación del condenado, reafirmando la centralidad de la dignidad humana en toda forma de privación de libertad. Estas pautas, construidas de manera interinstitucional y consensuada, ratifican que el control judicial debe ser estricto, constante y comprometido.
Desde esa perspectiva, no puede considerarse arbitrario ni desproporcionado que se exija autorización previa para el ingreso de personas ajenas al núcleo familiar o profesional inmediato, ni que se requiera la colocación de un dispositivo de control electrónico. Lejos de implicar una afectación ilegítima, ambas medidas son compatibles con los estándares legales vigentes, funcionales a la modalidad adoptada, y, en el caso concreto, razonables frente a la gravedad institucional de los hechos juzgados. Se trata, en suma, de disposiciones orientadas a garantizar que la pena se cumpla conforme a derecho, con humanidad, pero también con firmeza, rigor institucional y pleno control judicial.
VII. En virtud de lo expuesto propongo al Acuerdo:
I. TENER POR DESISTIDO el recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal; II. DECLARAR INOFICIOSA la presentación efectuada por la asociación civil “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”; III. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner; SIN COSTAS en la instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (art. 8.2 h de la C.A.D.H. y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación); IV. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas por las partes.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad, por veredicto de fecha 6 de diciembre de 2022 y fundamentos dados a conocer en fecha 9 de marzo de 2023, condenó -en lo que respecta a quien dio origen al presente incidente-, a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis (6) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo-, en función del 173 – inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y arts. 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Asimismo, dicha sentencia dispuso el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($ 84.835.227.378, 04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que la sentencia quedara firme, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la sentencia (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción).
La sentencia del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 2 de CABA antes descripta fue convalidada por esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -con su integración actual- y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de lo cual adquirió firmeza (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13 “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación", sentencia del 13 de noviembre de 2024, Reg. nº 1373/24 y C.S.J.N., causa CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85, “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ incidente de recurso extraordinario”, sentencia del 10 de junio de 2025).
A los fines de la ejecución de la pena privativa de la libertad, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner solicitó su incorporación al régimen de prisión domiciliaria en los términos previstos en los arts. 10 inc. “d” del Código Penal y 32 inc. “d” de la ley 24.660.
Conferida la vista, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que se rechace la pretensión de la defensa para que la condena a la pena privativa de la libertad sea cumplida bajo la modalidad domiciliaria; y en forma subsidiaria, requirieron la colocación de un dispositivo electrónico de control. El 17 de junio de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad, resolvió:
“I. DISPONER LA DETENCIÓN de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena impuesta en esta causa.
II. ESTABLECER que la prisión domiciliaria sea cumplida en la vivienda ubicada en la calle San José 1111, piso segundo, departamento ‘d’ de esta ciudad.
III. IMPONER a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión:
a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción. b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.
IV. ENCOMENDAR a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y eleve a esta sede los resultados de la supervisión cada tres (3) meses, período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas, con los alcances establecidos en la ley (art. 34, ley 24.660). Al efecto, líbrese correo electrónico.
V. ORDENAR a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en el domicilio indicado en el punto dispositivo I, en los términos establecidos en el último párrafo del considerando IV…".
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner interpuso dos recursos de casación, uno contra el punto III.c) (autorización para visitas) y otro contra el punto V (dispositivo electrónico de control, denominado “tobillera electrónica”) de la decisión citada. Los fiscales actuantes presentaron un recurso de casación impugnando los puntos I (la disposición de la detención de Cristina Fernández de Kirchner bajo la modalidad de la prisión domiciliaria para el cumplimiento de la condena impuesta en esta causa) y II (el domicilio dispuesto para la prisión domiciliaria de la vivienda ubicada en la calle San José 1111, piso segundo, depto. “d” de CABA) -este último, en forma subsidiaria- de la misma resolución.
Los remedios procesales fueron concedidos por el tribunal previo.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal de la instancia anterior adujeron que no se verifican las causales que habilitan la imposición de la prisión domiciliaria. Sobre el particular, alegaron que no se demostró que el alojamiento de Cristina Fernández de Kirchner en una unidad de detención tenga como consecuencia un trato inhumano, indigno o cruel; recordando además que la sola circunstancia de su edad no habilita al cumplimiento morigerado de su condena.
Corresponde tener en cuenta que el tribunal previo fundó la aplicación de la prisión domiciliaria en el caso bajo examen al admitir un argumento referido “a la seguridad personal de la peticionante como consecuencia del intento de homicidio que la tuvo como víctima, y que […] es materia de investigación en primera instancia y en juicio”. Al respecto, en el pronunciamiento cuestionado se indicó que “el aseguramiento de su vida e integridad física se tornaría complejo en una situación de encierro carcelario en convivencia con cualquier tipo de población penitenciaria, ya sea en alguna de las alternativas que el Ministerio de Seguridad Nacional sugirió -por considerarlas adecuadas y sin riesgos según consta en el informe que esa cartera presentó a requerimiento de esta sede- como en cualquier otra opción destinada a tales fines”.
Agregó que el Estado no puede exigir el cumplimiento carcelario de una pena si ello conlleva la exposición del interno a potenciales situaciones de violencia intrapenitenciaria y que “la alternativa de un aislamiento indefinido o prolongado no resulta -en principio y en general- compatible con los fines que orientan la ejecución de la pena de prisión”. Se citó para fundar dichos extremos el art. 18 de la CN; art. 5.2, CADH; arts. 7, 10.1 y 10.3, PIDCP, reglas nros. 4.1 y 45, Reglas de Mandela y arts. 1 y 82, ley 24.660.
Como consecuencia de ello, el tribunal expuso que “la combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional - aislamiento-, nos conducen a la decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona y los fines resocializadores de la pena […] En este estado de cosas, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente así como el hecho de que la peticionante supera los setenta años de edad, su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales por las razones ya señaladas, sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra. Ello es así en virtud de lo dispuesto por el artículo 10, inciso ‘d’ del Código Penal y el artículo 32, inciso ‘d’ de la ley 24.660, que contemplan la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria a quienes superen esa edad”.
Disconformes, los fiscales que actúan ante el a quo recurrieron dicha decisión. Adujeron que no se verifican las causales que habilitan el acceso a la prisión domiciliaria, en la medida en que el cumplimiento del requisito etaria no obliga a la concesión automática del instituto y que existirían espacios aptos para alojarla en el régimen penitenciario. Argumentaron que la modalidad domiciliaria adoptada para el cumplimiento de la pena atentaría contra la expectativa de resocialización como fundamento de imposición de la sanción y se agraviaron especialmente del lugar seleccionado para llevar adelante la prisión domiciliaria (el departamento de la calle San José 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
En oportunidad de presentar las breves notas y en la audiencia fijada a tenor del art. 465 bis en función de los artículos 454 y 455 del C.P.P.N. -según ley 26.374-, el Fiscal General ante esta instancia, doctor Mario Alberto Villar desistió parcialmente del recurso de casación, en cuanto éste requirió el cambio de prisión domiciliaria por su ejecución en un establecimiento penitenciario. En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal adujo en su presentación que, tras la concesión de la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, la nombrada no quebrantó las condiciones impuestas al mencionado régimen, por lo que, de acuerdo a la doctrina según la cual los recursos deben resolverse de conformidad a las circunstancias existentes “no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”. En virtud de la fundamentación precedente (art. 443 del CPPN), corresponde tener por desistido parcialmente el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en cuanto fue interpuesto contra el punto dispositivo I de la resolución impugnada que fue dictada el 17 de junio de 2025, que resolvió que la pena privativa de la libertad impuesta a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria; sin costas (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.)(cfr. al respecto voto del suscripto, en lo pertinente y aplicable, CFCP, Sala III, causa FSM 4368/2020/TO1/12/1/CFC4, caratulada “Saucedo, Cristian s/legajo de casación”, reg. 1401/22, rta. 12/10/22; y Sala IV, FRE 15909/2018/TO1/14/1/CFC4, caratulada “NÚÑEZ, Eduardo Ariel s/recurso de casación”, reg. nro. 1513/2023, rta. 30/10/23).
En consecuencia, se ha tornado abstracto el tratamiento de la presentación efectuada por Guillermo Jesús Fanego, en carácter de presidente de la Asociación Civil Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica (Fallos: 285:353; 313:584; 339:488, entre otros). En dicho escrito aquél había reiterado su petición formulada ante el tribunal de ejecución de ser tenido en calidad de amicus curiae e indicó que en el caso bajo examen no corresponde la aplicación de la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner. Así, corresponde declarar inoficioso un pronunciamiento a su respecto, por parte de este Tribunal (cfr. CSJN, expte. CCC 833/2006/2/1/RH1 “Márquez, Guillermo Alejandro s/ robo” rta. 11/2/2020).
En cuanto al agravio subsistente del Ministerio Público Fiscal, los acusadores de las distintas instancias invocan que la permanencia de Cristina Fernández de Kirchner en el inmueble propuesto por su defensa para cumplir la prisión domiciliaria (San José 1111, 2 piso, departamento “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA-) representa un peligro para la seguridad de la nombrada y que a su vez genera una serie de perjuicios para los vecinos de las inmediaciones, por lo que postulan un cambio del domicilio fijado para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Por su parte, durante la audiencia de informes y mediante la presentación de breves notas, la defensa particular solicitó la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal, en cuanto al cuestionamiento subsidiariamente formulado contra el punto II de la resolución recurrida (“ESTABLECER que la prisión domiciliaria sea cumplida en la vivienda ubicada en la calle San José 1111, piso segundo, departamento ‘d’ de esta ciudad”).
Al respecto, señaló que si bien el señor Fiscal General ante esta instancia considera que en las actuales condiciones, la decisión que otorgó la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner es ajustada a derecho pues la nombrada cumplimentó con todas las pautas impuestas, no podría al propio tiempo sostener que el domicilio en el cual viene cumpliendo pena resulta inapropiado para satisfacer los objetivos de la ejecución penal, en virtud de supuestas alteraciones a la convivencia pacífica del vecindario. Consideró que el acusador público carecería de agravio y que la resolución recurrida no tendría carácter de definitiva ni equiparable a tal. Agregó que, si existiera una problemática de seguridad en el barrio, ésta debería ser resuelta por los organismos ejecutivos competentes; sin embargo, nunca podría derivar en un perjuicio contra su asistida y que la pretensión fiscal también deviene improcedente en virtud de que se funda en supuestas problemáticas acaecidas hace varias semanas atrás, pero que ahora han perdido toda virtualidad.
Enfatizó que el domicilio propuesto por su asistida para el cumplimiento domiciliario de la pena de prisión, no resultó antojadizo, sino que es el mismo en el que reside desde hace tres (3) años. Estimó que no puede soslayarse que la pretensión genérica de que Cristina Fernández de Kirchner cambie su domicilio carece de toda seriedad. Consideró que los fiscales no han individualizado en qué consistiría ese cambio; concretamente, si debe ser efectuado dentro del ámbito de esta misma ciudad o bien lo que se propone es que fije su domicilio en alguna otra provincia. Añadió que tampoco se especificó qué relación tendría un eventual cambio de domicilio con el debido cumplimiento de la pena, ni se analizó el impacto negativo que tendría en sus relaciones familiares y sociales, y aseguró que afectaría severamente el ejercicio de su derecho de defensa atento que los letrados de confianza residen también en esta ciudad.
Cabe señalar que el recurso de casación impetrado por el Ministerio Público Fiscal ha sido oportunamente concedido y el desistimiento parcial del recurso fiscal contra el punto I del fallo recurrido (cumplimiento de la detención de Cristina Fernández de Kirchner bajo la modalidad de prisión domiciliaria) fue realizado durante la audiencia de informes, de modo que, en lo que respecta al agravio subsistente (punto II de la resolución recurrida sobre cuál es el domicilio para cumplir con la detención), el remedio procesal es formalmente admisible pues el impugnante se encuentra legitimado a tal fin (art. 491 del C.P.P.N.), la presentación efectuada satisface los requisitos formales previstos en el art. 463 del código ritual y ha alegado fundadamente la existencia de agravios basados en los motivos previstos por el ordenamiento de forma (art. 456 idem). No obstante, los argumentos esgrimidos por la defensa particular reseñados en el párrafo precedente, se examinan al evaluarse el fondo de la cuestión.
Al respecto, debe memorarse que si bien la obligación de fijar domicilio pesa sobre quienes soliciten la ejecución penal bajo modalidad domiciliaria, la elección del lugar en particular es a propuesta del justiciable que, en todo caso, estará sujeto a que reúna las condiciones legales requeridas. Aquí debe ponerse de resalto que, como medida previa a la resolución en trato, el tribunal oral requirió a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) que realice un amplio estudio socio ambiental sobre Cristina Fernández de Kirchner y sobre el domicilio mencionado (en la calle San José 1111, piso segundo, departamento “d” de CABA), a fin de evaluar la procedencia del cumplimiento de la pena de prisión en ese lugar. En función del agravio fiscal, no cabe soslayar que, entre otras consideraciones del informe socio-ambiental practicado, que fuera referenciado por el a quo, se destacó que (la nombrada) “reside sola en el departamento en cuestión ubicado en el barrio de Constitución de esta ciudad desde el año 2022, luego de haberse mudado por haber sufrido un atentado en la puerta de su anterior domicilio…”.
En el pronunciamiento se dejó constancia de que “el informe concluye que la vivienda es apta para el cumplimiento de una eventual detención domiciliaria, sin observaciones negativas en cuanto al entorno, condiciones habitacionales ni aspectos personales o familiares”.
Cabe tener en cuenta que el informe socio-ambiental referenciado por el párrafo precedente fue reputado válido por el a quo y no fue controvertido por los fiscales recurrentes ni por el Fiscal General ante esta instancia. Los representantes del Ministerio Público Fiscal, en su recurso (ratificado por el Fiscal General de Casación), intentaron fundar su postura de cambio de domicilio en base a presuntas “expresiones violentas” alrededor del mismo. Durante la audiencia de informes (art. 465 bis en función de los artículos 454 y 455 del C.P.P.N. -según ley 26.374-), el Fiscal General aludió a alteraciones en el barrio, perturbaciones a los vecinos y afectaciones a los servicios públicos en la zona.
Al respecto, la defensa replicó que los mencionados acontecimientos referían a desplazamientos -no fomentados por Cristina Fernández de Kirchner- en momentos posteriores a que la condena adquirió firmeza, pero que actualmente no se mantienen las circunstancias fácticas de ese entonces. Por el contrario, dicha parte contestó que incluso mejoró la seguridad del barrio, pues, habida cuenta del incremento de la presencia de personal policial, mermó en la zona la actividad delictiva.
Una parte sustancial del desarrollo de los recurrentes gira en torno a una cronología de situaciones puntuales descriptas por los fiscales en las inmediaciones del domicilio y la afectación de la cotidianidad del barrio a partir del 11 de junio pasado. Al respecto, cuadra aclarar que, en principio, el juez de ejecución penal tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control judicial sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas por una condena que ha quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.
El art. 493, del C.P.P.N. dispone: “El juez de ejecución tendrá competencia para: […] 1°) Controlar que se respeten todas las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la República Argentina, en el trato otorgado a los condenados, presos y personas sometidas a medidas de seguridad. […] 3°) Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictadas por el Poder Judicial de la Nación”.
A su vez, el art. 3º de la ley 24.660 prevé: “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley”.
Sobre dichas normas se ha expresado: “El control de las garantías constitucionales y de los tratados internacionales ratificados por la Nación en trato a los ‘condenados, presos y personas sometidas a medidas de seguridad’, que la norma adjudica al juez de ejecución ha sido ratificado por el art. 3º de la ley 24.660, que lo tiene como su órgano de aplicación y contralor […] El control del efectivo cumplimiento de las sentencias impuestas por el Poder Judicial de la Nación es también atribución del juez de ejecución, según lo establece el inciso tercero [del art. 493 del CPPN]…” (cfr. Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, “Código Procesal Penal de la Nación Análisis Doctrinal y Jurisprudencial”, Tomo 3, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2018, págs. 495/496; cfr. también, voto del suscripto en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causa FTU 40066/2013/TO1/37/CFC9, caratulada: “FRÍAS, Aníbal Iván s/recurso de casación”, reg. nro. 750/23, rta.13/6/23 causa FRO 14907/2016/TO1/56/1/CFC15, caratulada: “MEDINA, Olga Beatriz s/recurso de casación”, reg. nro. 371/2024, rta. 12/4/24, entre otras).
Por lo demás, lo concerniente a la regulación del espacio público de la ciudad no se trata, en principio, de una atribución jurisdiccional específica de los órganos federales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó: “…cabe recordar que el artículo 129 de la Constitución Nacional establece que ‘la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción’. El texto citado fue incorporado en la reforma constitucional del año 1994, reconociendo a la Ciudad de Buenos Aires el status de ‘ciudad constitucional federada’” y “…en cumplimiento de la norma constitucional referida se sancionó en el año 1996 la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo declarado en su Preámbulo de ‘afirmar su autonomía’ y ‘organizar sus instituciones’. Respecto de su Poder Judicial, el artículo 106 de su texto previó que le corresponde ‘el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales’” (cfr., en lo pertinente y aplicable, C.S.J.N., “Bazán”, Fallos: 342:509, en particular Considerandos 3º y 4º del voto mayoritario).
El Ministerio Público Fiscal no demuestra ni se advierte, por el momento, como eventos aislados que, como tales, no acreditan vocación de permanencia, impacten actualmente en la prisión domiciliaria concedida y resulten de atribución de las autoridades federales; ello así porque no se trata de una atribución específica de aquéllas, sino más bien de las autoridades nacionales y/o del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin perjuicio de ello, se observa que no ha sido materia de impugnación la regla de conducta fijada a Cristina Fernández de Kirchner en el punto III.b) de la parte dispositiva del resolutorio bajo examen, en cuanto indica que la nombrada “Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
En función de ello y de las particulares circunstancias del caso, si se verificaran eventuales y futuros planteos sobre hipotéticos incumplimientos por parte de la nombrada de las condiciones impuestas, se podrían evaluar opciones y/o alternativas al inmueble establecido para el cumplimiento de la pena, a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social.
No obstante, hasta aquí, las objeciones de los acusadores fiscales sobre el mencionado punto no se encuentran debidamente acreditadas en circunstancias actuales para justificar el cambio de domicilio, que fue consolidado por el propio organismo especializado, cuyo informe no fue controvertido. Tampoco especificó el Fiscal General de la instancia cuál sería el supuesto nuevo domicilio para cumplir con la prisión domiciliaria otorgada por el tribunal de ejecución penal; por lo tanto, la petición fiscal -en forma subsidiaria- de que se disponga otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, de momento, no puede tener una recepción favorable.
A la luz de lo considerado precedentemente, concluyo que la decisión adoptada, en cuanto dispone la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en la vivienda ubicada en la calle San José 1111, piso segundo, departamento “D” de CABA resulta suficientemente fundada (art. 123 del C.P.P.N.), motivo por el cual, no puede ser descalificada como acto jurisdiccional válido.
Sentado cuanto antecede, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios impetrados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, en el orden en que han sido articulados.
En cuanto al cuestionamiento contra lo resuelto por el tribunal de ejecución sobre las restricciones impuestas a las visitas que Cristina Fernández de Kirchner podría recibir, tal como ha sido anteriormente precisado, debe memorarse que la defensa impugnó lo dispuesto en el punto III. c) de la resolución recurrida, que estableció: “III. IMPONER a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión:...c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.
Contra este punto, la asistencia técnica dedujo recurso de reposición con casación en subsidio; el a quo decretó el rechazo del primero (art. 446 del C.P.P.N.) el día 23 de junio de 2025 y concedió el segundo con fecha 24 de junio de 2025.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner impugnó este punto de la resolución, entre otros motivos, mediante la alegación de la falta de fundamentación, supuesto que corresponde tratar en primer lugar pues, en el caso de existir arbitrariedad, en rigor, no habría una sentencia propiamente dicha (Fallos: 318:189; 322:904; 323:35; 330:1903; 342:884, entre otros).
Con base en reiterados precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consolidado como regla que la sentencia debe entenderse como una unidad lógicojurídica en la que su parte dispositiva es la conclusión necesaria de las premisas fácticas y normativas efectuadas en sus fundamentos (Fallos: 344:1266; 344:545; 321:1642; 320:985 disidencia de los señores jueces Ministros Fayt y Boggiano; Fallos: 316:609, entre muchos otros). Dicha enunciación se ha visto reafirmada por la aseveración de que la sentencia constituye un todo indivisible (Fallos: 347:596; 346:1234; 344:3585; 330:4040; 330:1366; 329:5074 voto del juez Fayt; 328:412; 315:2291). Por lo que no cabe admitir antagonismos entre la parte dispositiva y los fundamentos que la sustentan (Fallos: 324:1584), ya que hay una recíproca integración (Fallos: 327:3660 disidencia del juez Petracchi; 311:2120; 311:509).
Existe reiterada jurisprudencia en función de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación resaltó que es la parte dispositiva de la sentencia lo que constituye el fallo y no sus considerandos o la apreciación de los elementos de prueba (Fallos: 118:243; 113:64; 111:339 y 28:129). Pero también señaló que si bien para establecer el alcance y los límites de la decisión que emana de un fallo ha de atenderse a su parte dispositiva, no lo es menos que no debe prescindirse de sus fundamentos, pues toda sentencia constituye una unidad, en la que aquella parte no es sino la conclusión final y necesaria de los análisis de los presupuestos de hecho y legales tenidos en cuenta en su fundamentación (Fallos: 308:732; 314:1633; 324:132; 324:547; 324:2210; 345:1101 -voto de los señores jueces Ministros Rosatti y Lorenzetti-). En definitiva, la unidad lógica exigible en las decisiones judiciales, debe resultar no sólo de la parte dispositiva, sino también de las motivaciones que le sirven de base (Fallos: 314:1846, 315:1861; 316:609, 1761; 330:1903).
En virtud de la precitada doctrina judicial emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo resuelto en el punto dispositivo III. c) de la resolución recurrida carece de todo apoyo según surge de la lectura de los fundamentos tenidos en miras a tal efecto. Así, solamente se advierte que en el considerando III del fallo cuestionado, se pretendió brindar una justificación genérica a la adopción de reglas de conducta, empero, con prescindencia de algún contenido específico en torno al aspecto medular de lo impugnado por el recurrente, esto es, las posibles restricciones a las visitas que pueda recibir Cristina Fernández de Kirchner.
Con el alcance precisado, lo expuesto en la parte dispositiva (punto III. c) no se condice de modo alguno con los considerandos del fallo, en los cuales directamente no se brinda explicación alguna sobre las restricciones a las visitas. Entonces, las limitaciones a las visitas mencionadas surgen solo en el dispositivo sin que se advierta alguna alusión previa, porque -reitero- en los considerandos se alude genéricamente a reglas de conducta.
En estas condiciones, la falencia antes expuesta permite concluir que el pronunciamiento sometido a esta instancia de casación contiene una motivación sólo aparente, lo que equivale a la ausencia de fundamentación suficiente y acarrea su descalificación como acto jurisdiccional válido (cfr. arts. 123 y 493, inc. 1°, del C.P.P.N.). La doctrina de Corte con respecto a que la fundamentación aparente descalifica un pronunciamiento como acto procesal válido surge de Fallos 303:386; 306:1395; 307: 1875; 311: 512 y 326: 3734; entre otros.
Si bien lo apuntado resulta suficiente para dejar sin efecto lo dispuesto en cuanto a las restricciones impuestas a las visitas que eventualmente reciba la interesada, además cabe poner de resalto que el temperamento adoptado en este punto carece de sustento normativo válido; y que los artículos del código sustantivo invocados a tal efecto no resultan aplicables, pues se encuentran establecidos para fines diversos al tema en cuestión. La normativa indicada por el a quo refiere a las reglas de conducta que un tribunal puede imponer en concreto a un procesado que accede al instituto de la suspensión del juicio a prueba (arts. 76 bis y ter del C.P.) o a quien se condena condicionalmente (arts. 26 y 27 bis, idem). Dichos institutos se hallan previstos precisamente para evitar el juzgamiento o el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad, bajo la condición resolutoria de que el imputado cumpla con las pautas impuestas, y en ambos casos, que el justiciable se encuentre en libertad. Así, el fundamento a dichas restricciones es que precisamente el probado o el que se encuentra condicionalmente condenado goza de su libertad ambulatoria, que no es el caso de autos. De modo que las reglas de conducta previstas para la suspensión del juicio a prueba o la condenación condicional, teleológicamente están diseñadas para otras finalidades y que resultan incompatibles en las particulares circunstancias del caso, en atención al cumplimiento actual de la pena de prisión, aunque bajo modalidad domiciliaria. En este sentido, no pueden confundirse las funciones de juzgamiento con las de ejecución pues, tanto el código sustantivo como el adjetivo prevén normas precisas para deslindar la atribución para imponer reglas de conducta (arts. 27 bis y 76 ter del Código Penal -C.P.-) y la competencia para su control (arts. 493, inc. 2°, 503, 515 y cc. del Código Procesal Penal de la Nación -C.P.P.N.-). A su vez, no debe asimilarse el control judicial con el del cumplimiento propiamente dicho de la pena, el que recae en el Servicio Penitenciario Federal o, como en el presente caso, atento la modalidad domiciliaria, su control administrativo corresponde al organismo técnico respectivo – la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, denominada DCAEP-.
En cuanto aquí concierne, va de suyo que dicha dependencia sólo puede vigilar periódicamente mediante su comparecencia al domicilio fijado, que la persona se encuentre en el lugar y no lo relacionado con un régimen de visitas. Si el órgano establecido para controlar el debido cumplimiento de la prisión domiciliaria de una persona condenada no puede controlar las visitas, es porque éstas no forman parte inherente y esencial de la ejecución de la pena.
Por ello, las restricciones a las visitas, más allá del nomen iuris atribuido como regla de conducta, no pueden constituir un plus a la pena. Por el contrario, las visitas forman parte del derecho de comunicación del justiciable que posee bajo cualquier forma de cumplimiento de la pena. Debe recordarse que luego de una sentencia condenatoria firme, solamente pueden restringirse los derechos de la persona que autoriza el respectivo acto jurisdiccional, esto es, la sentencia – para el caso de autos, a través de las penas de prisión e inhabilitación especial y el decomiso de bienes-. Existe una limitación a que ello trascienda a otras esferas personales que no forman parte inseparable de la privación de derechos autorizada.
El panorama descripto demuestra la dificultad de trazar una simple comparación entre las formas de cumplimiento de las penas aludidas, para así indebidamente trasladar exigencias propias de cada régimen de ejecución. De manera que no se explicita ni tampoco se advierte en el caso, cuál fue la relación que el tribunal de ejecución concretamente consideró existente entre la necesidad de imposición de restricciones al derecho a recibir visitas, con las condiciones materiales de cumplimiento de la prisión domiciliaria otorgada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente ha establecido, mediante jurisprudencia que ya es inveterada (in re “Soto”, Fallos: 347:2324), que toda situación de privación de la libertad impone al juez o funcionario que la autorice el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos del detenido no afectados por la medida de que se trate (Fallos: 327:5658; 347:1770, entre otros).
Allí se agregó que el principio de legalidad que surge de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de precisión y previsibilidad posible, a fin de que cumplan con el estándar de claridad que es requerido para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas (Fallos: 344:3209 y sus citas). Para que una norma respete el principio de legalidad en materia penal (arts. 18 y 75, inc. 22 CN; 9 CADH; 11.2 DUDH; XXV DADDH y 15 PIDCyP) es necesario que, además de describir la conducta reprochable, establezca la naturaleza y límites de la pena de modo tal que, al momento de cometer la infracción, su eventual autor esté en condiciones de representarse en términos concretos la sanción con la que se lo amenaza (Fallos: 315:2101; 310:1909).
El respeto al principio de legalidad abarca la exigencia de precisión sobre el alcance de la sanción y, en el sub examine, la imposición de reglas de conducta que no responden directamente al cumplimiento de la pena privativa de la libertad en la modalidad de prisión domiciliaria en las particulares circunstancias del caso, conllevaría una porción o aditamento a la sanción por fuera de lo establecido por el legislador (art. 18 C.N.).
Dicho principio (el de legalidad) impone a los ciudadanos y las autoridades la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas en la ley (Fallos: 330:4234; 331:699; 331:1312; 331:1679; 331:2784; 334:1143; 334:1754; 338:793) y exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal (Fallos: 331:858; 340:549 voto de la señora jueza Ministra Highton de Nolasco y señor juez Ministro Rosenkrantz; 342:2344; 344:3156). Consecuentemente, existe la obligación estatal de respetar los límites constitucionalmente establecidos dentro de la órbita legislativa, en orden a los alcances de una sanción y, por lo tanto, el deber jurisdiccional de aplicarla conforme lo autoriza el ordenamiento vigente.
La Corte tiene dicho que, conforme surge del artículo 19 de la Constitución Nacional, nuestra organización política y civil reposa en la ley; los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca (Fallos: 178:355; 191:245; 229:368; 311:2553; 327:388; 347:2324).
Por lo tanto, no corresponde convalidar el temperamento seguido por el tribunal de ejecución en este punto, por cuanto lo resuelto no constituye fiel reflejo de lo previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. No existe norma específica que imponga restricciones en el domicilio particular como el decidido (en el caso, para las visitas) pues, la normativa de las cárceles es para las cárceles. Según lo expuesto, el a quo trazó una línea divisoria entre posibles visitantes, de los cuales a su criterio un grupo reducido podía acceder sin previa autorización judicial y otro no, es decir, con exigencia de autorización judicial previa. Por lo tanto, salvo los casos que excepcionó, estableció que por regla nadie podía visitar a Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio que escogió para cumplir con su sanción privativa de libertad, sin su anterior permisión judicial.
Sin embargo, la regla de conducta invocada - erróneamente- por el tribunal de ejecución en este punto, es distinta a la impuesta, pues aquélla en su caso refiere a la abstención de relacionarse “con determinadas personas” (arts. 27 bis, inc. 2°, segundo supuesto y 76 ter, segundo párr., ambos del Código Penal). Dicho temperamento significó entonces, una interpretación analógica in malam partem, lo que está prohibido.
Al mismo tiempo, de confirmarse el criterio adoptado por el tribunal de ejecución en cuanto decidió supeditar, por regla, la recepción de visitas a una previa autorización judicial de su parte, paradójicamente pondría a Cristina Fernández de Kirchner en peor situación a la que se encontraría si hubiera tenido que cumplir su pena de prisión bajo la órbita penitenciaria. La exigencia de previo requerimiento motivado, no se encuentra -así establecidopara aquellos penados que cumplen su pena en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (cfr. Capítulo XI “Relaciones familiares y sociales” de la ley 24.660 –y sus modificatorias- y el Decreto Reglamentario N° 1136/97). Por su parte, el Máximo Tribunal ha reconocido que el derecho a la privacidad —que incluye a la intimidad— encuentra su fundamento constitucional en el art. 19 de la Constitución Nacional. Este comprende no solo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen. Nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello, y solo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos: 306:1892; 336:1324; 343:2211; 347:1648, entre otros).
Otorgada la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la detención, la persona no pierde su derecho a la intimidad inherente a su domicilio sino solamente en cuanto a las restricciones propias al control de la ejecución penal legalmente autorizadas. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia o en su domicilio, constituyendo esta premisa una garantía de índole constitucional y convencional (arts. 75, inc. 22 de la C.N. y 11.2 de la C.A.D.H.).
La protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o injerencias abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar; el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública (cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrs. 193 y 194; Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentencia de 18 de octubre de 2022, párr. 147; jurisprudencia que debe ser guía para la interpretación de los preceptos convencionales y cuyas consideraciones han sido receptadas por la C.S.J.N. en reiterados precedentes, Fallos: 336:1024; 337:1081; 338:284, 601, 121; 341:898; 343:440, entre otros).
En virtud de las razones aludidas, de forma contraria a lo planteado por el Fiscal General ante esta instancia en la audiencia de informes, se advierte la actualidad del agravio de la defensa y su legitimación al respecto. Ello toda vez que la medida restrictiva impuesta en el punto III. c) -como ya se expresó, dictada sin debido sustento normativo- resulta operativa, sin perjuicio de las autorizaciones brindadas hasta el momento.
Por lo demás, tampoco se brindaron mínimas precisiones sobre la manera en que se diligenciaría el procedimiento establecido por el a quo, lo que podría significar un desbaratamiento de su derecho a recibir visitas. Del estudio de las constancias digitales surge la existencia de pedidos de visitas por más de mil personas que, en su caso, resultaría no sólo difícil de controlar, sino también de procesar con adecuada fluidez. Además, ante la ausencia de normativa expresa que prevea la situación y su consecuente sanción por incumplimiento, se correría el riesgo de introducir una causal de revocación de la prisión domiciliaria que no se encuentre prevista en la legislación criminal, lo que conllevaría una aplicación analógica prohibida, nuevamente, in malam partem.
Resulta contrario a las normas constitucionales que rigen la situación en trato que, bajo el pretexto de la imposición de condiciones a la concesión de la prisión domiciliaria, se creen judicialmente preceptos prohibitivos, sin sustento normativo que lo habilite, como sucedió en la resolución aquí analizada. Es decir, en cuanto a las visitas, no pueden ser restringidas como pauta de conducta, pues sencillamente no hay delito de agenda. Debe recordarse que solo el Congreso Nacional está investido de la facultad para declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal y establecer el alcance de esa protección mediante la determinación abstracta de la pena que se ha considerado adecuada (Fallos: 312:1920; 314:424). En este sentido, resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros y establecer escalas penales conforme lo estime pertinente (Fallos: 11:405; 191:245; 275:89 y 314:424).
El cuestionamiento formulado por la defensa contra las actuales restricciones impuestas en el punto III.c) del decisorio impugnado, deben además analizarse a la luz de las particulares circunstancias de su asistida quien, como tal, constituye una destacada figura de un espacio político. Así, el mantenimiento de tales limitaciones, en su caso, podrían eventualmente afectar el ejercicio de derechos políticos que no han sido puntualmente restringidos mediante el pronunciamiento condenatorio que ha adquirido firmeza. Por otra parte, el tribunal previo fundó la necesidad de colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en lo establecido en el art. 33 in fine de la ley 24.660, indicando que la regla es la instalación de éste y su dispensa, la excepción.
De esa forma, el a quo no hizo lugar a la petición de la defensa de eximir a Cristina Fernández de Kirchner de la tobillera electrónica, al considerar que sus argumentos no permitían apartarse del régimen general. A tal fin, rechazó el argumento defensista, según el cual el control electrónico sería innecesario atento a que la nombrada dio pruebas de estar sometida a la acción de la justicia y que, además, cuenta con custodia permanente, a cargo de la Policía Federal Argentina (P.F.A.).
El tribunal señaló que la ley no supedita la colocación del dispositivo a la existencia, o no, de riesgos procesales. En segundo lugar, adujo que la función y misión de la División Custodia de ex Mandatarios no es la de fiscalizar el cumplimiento de una prisión domiciliaria. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner interpuso recurso de casación contra la decisión reseñada, el cual fue concedido por el tribunal previo.
En el marco del trámite procesal ante esta instancia de Casación, el representante del Ministerio Público Fiscal invocó la inadmisibilidad de la impugnación incoada por la defensa. Ello, con motivo de considerar que el agravio defensista resultaba hipotético y prematuro, pues la decisión de aplicar la denominada “tobillera electrónica” había sido dispuesta por el a quo de forma previa al informe del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, el cual podía derivar en la dispensa de la medida.
El planteo tendiente a cuestionar la admisibilidad del recurso de casación de la defensa no puede tener recepción favorable. En efecto, cabe reiterar que mediante la resolución impugnada el tribunal previo ordenó la colocación del dispositivo de vigilancia electrónico, lo cual se hizo efectivo el día 19 del corriente mes y año, lo que determina la existencia de un agravio actual y concreto.
Sumado a ello no puede perderse de vista que corresponde a esta Cámara Federal de Casación Penal resolver las cuestiones como las que en esta oportunidad vienen recurridas, conforme lo previsto por el art. 491 del C.P.P.N. y al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ejecución” (R.230. XXXIV, rto. el 9/3/04), en tanto afirmó la vigencia del principio de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena. Por lo demás, la parte se encuentra legitimada para recurrir (art. 459 del C.P.P.N.), y se han cumplido los requisitos de interposición previstos por el art. 463 del C.P.P.N.
Por lo demás, en el presente legajo se recibió el Informe de Intervención del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal (fechado el 8 de julio de 2025; cfr. Sistema Lex 100). Por lo tanto, el argumento en base al cual el Fiscal General efectuó su planteo de inadmisibilidad ha perdido actualidad.
Superada la cuestión de admisibilidad, corresponde adentrarse a los agravios de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Dicha parte, indicó que la finalidad de la colocación de una tobillera electrónica reside en emitir una alerta en caso de que el condenado se sustraiga del lugar informado y que dicha medida no es obligatoria, sino que puede quedar exenta ante la ausencia de riesgo de fuga. Enfatizó la voluntad de su asistida de permanecer a derecho durante el proceso, destacó que el conocimiento público de la nombrada impide que aquélla pueda sustraerse del domicilio y, por último, que cuenta con custodia permanente de integrantes de la Policía Federal Argentina (P.F.A.).
El monitoreo electrónico resulta un instituto establecido para coadyuvar al control judicial sobre la restricción ambulatoria que pesa sobre quienes cumplen una pena privativa de la libertad en los términos del art. 33 de la ley 24.660 y sus modificatorias.
En las particulares circunstancias del caso, no corresponde la imposición de una tobillera electrónica de vigilancia a Cristina Fernández de Kirchner, en atención a tratarse de una persona de público conocimiento (cualquier salida seguramente sería inmediatamente detectada y probablemente mediatizada), que estuvo a derecho y que posee custodia policial las veinticuatro horas.
En este contexto, tal como lo manifiestan el tribunal previo y la defensa, Cristina Fernández de Kirchner cuenta con un servicio de seguridad específico, a cargo de la División Custodia de ex Mandatarios de la Policía Federal Argentina (cfr. Decretos PEN Nros. 648/2004, 50/2019, 735/2023 y 299/2024).
Cabe recordar que, en los considerandos del Decreto PEN nro. 299/2024, se indicó que "por el Decreto N° 5/24 se aprobó el organigrama de aplicación de la citada Secretaría, dentro de la que se encuentra la CASA MILITAR, estableciéndose dentro de los objetivos de esta última ‘Proveer la seguridad del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos…’”. Asimismo, establece que “en materia de recursos necesarios para asumir las competencias asignadas, corresponde encomendar al MINISTERIO DE SEGURIDAD que brinde la asistencia y colaboración que exija la implementación de la medida allí prevista, en especial en lo que se refiere a los aspectos materiales, presupuestarios y de gestión, en lo que respecta a los efectivos de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA”.
Además de la específica función de los agentes que cumplen con la custodia, lo cierto es que dicha fuerza de seguridad policial se encontraría, eventualmente, también comprendido dentro del alcance del artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación: “Los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aún sin orden judicial: […] 2) Al que fugare, estando legalmente detenido”. A su vez, el artículo 281 del Código Penal dispone una pena de prisión de un mes a cuatro años “el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado. Y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo”. Asimismo, se conmina con multa “Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público”.
En este contexto, la función de agentes policiales de custodia es a la vez un factor que evita el peligro de fuga y lo neutraliza, tornando innecesario y superfluo la tobillera electrónica en este caso. Es en función de la situación expuesta que, eventualmente, el tribunal podría evaluar si corresponde, o no, incrementar el número de agentes asignados.
Por lo tanto, la presencia permanente de miembros de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) en el domicilio sito en San José 1111, piso 2do, departamento “d”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria -sitio puntualmente ofrecido por la defensa, aceptado por el tribunal y convalidado, de momento, por esta instancia superior-, resulta una circunstancia dirimente para el análisis del caso bajo examen. Sin embargo, la dispensa de tobillera electrónica en el caso a quien, además de lo expuesto sobre la custodia permanente de la PFA, reviste las condiciones personales ya apuntadas y estuvo a derecho, fue desestimada por el a quo sin una fundamentación suficiente.
Por otra parte, si bien el a quo motivó su decisión en que en el contexto de prisión domiciliaria “la regla es la instalación del dispositivo y su dispensa la excepción”, lo cierto es que aquella aseveración no se condice con los datos recabados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP -organismo dependiente de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-). En su último "Relevamiento Nacional sobre Personas Detenidas con Prisión Domiciliaria y Vigilancia Electrónica", publicado en el año 2023 y accesible en la página web del Ministerio de Justicia (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/11/inf orme_prision_domiciliaria_y_vigilancia_electronica_2023.pdf) se advierte que, del universo de personas que se encontraban bajo el régimen de prisión domiciliaria, el 44,4% no contaba con un dispositivo de vigilancia electrónico; mientras que el porcentaje de mujeres condenadas con tobillera constituye el % 5 de la población total.
El instituto de vigilancia electrónica depende de un insumo escaso y éste es el supuesto de los dispositivos necesarios para llevarlo a cabo. Muestra de ello es el Anexo de la Resolución 808 E/2016 (B.O. 16/9/2016) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en virtud del cual se estableció un protocolo que dispone “un orden preferencial y no excluyente de asignación de dispositivos que asegure la incorporación al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica de colectivos de personas que se encuentren en particulares condiciones de vulnerabilidad”.
Por lo tanto, un análisis empírico de la aplicación del instituto refleja una limitada implementación real, a contrario de lo afirmado por la resolución en crisis. Ello, evaluado conjuntamente con las demás circunstancias del caso demuestran que la utilización en el sub examine del dispositivo de vigilancia electrónico es innecesario. El doctor Villar intenta sostener su postura (a favor del monitoreo electrónico) invocando como antecedente el caso del ex Presidente francés Nicolás Sarkozy, quien fue condenado y debió cumplir prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Sin embargo, el Fiscal General no explica de qué manera dicho precedente extranjero se vincula concretamente con el caso bajo análisis, ni en qué medida respalda su pretensión.
Si bien puede advertirse una coincidencia formal — la existencia de una condena firme contra un ex Presidente—, lo cierto es que no se ha demostrado, ni siquiera insinuado, que el supuesto citado sea sustancialmente análogo al que aquí se examina. A modo ilustrativo, el acusador no explicó en qué medida las disposiciones legales francesas sobre prisión domiciliaria o dispositivos de vigilancia electrónica resultan pertinentes o aplicables a nuestro marco normativo. Tampoco identificó elementos fácticos del caso Sarkozy que permitan establecer una conexión relevante con la situación analizada.
La total ausencia de argumentación sobre la relación entre el precedente invocado y la resolución recurrida impide considerar aquel caso como un parámetro válido de comparación, frustrando así cualquier intento de mostrar una analogía sustancial con la controversia planteada.
Como ya se explicó, la función esencial de la vigilancia electrónica se encuentra satisfecha por las particulares circunstancias del caso reseñadas en el presente (persona de público conocimiento, que estuvo siempre a derecho, que -por sus condiciones personales- cuenta con custodia de una fuerza de seguridad federal permanente); motivo por el cual, la decisión cuestionada se aprecia como adoptada sin una fundamentación suficiente, lo cual la descalifica como un acto jurisdiccional válido.
Al respecto, resulta entonces aplicable la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, desde sus primeras decisiones, ha interpretado que la garantía de la igualdad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no se trata de la igualdad absoluta o rígida sino de la igualdad para todos los casos idénticos, lo que importa la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de los que se concede a otros en las mismas circunstancias; pero no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto aquéllas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, sino a una objetiva razón de discriminación; impone un principio genérico -igualdad ante la ley de todos los habitantes- que no impide la existencia de diferencias legítimas; la verdadera igualdad consiste en aplicar en las causas ocurrentes la ley según las diferencias constitutivas de ellas; el elevado fin que domina este principio es el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos: 16:118; 101:401; 123:106; 126:280; 153:67 y 130; 180:149; 301:381; 304:390; 329:2986; 340:1154 y 1480; 345:1342, entre muchos otros).
En este sentido, la necesidad de fundar la imposición de un dispositivo electrónico de vigilancia sobre Cristina Fernández de Kirchner, debe evaluarse a la luz de quien siempre estuvo a derecho y es a la vez una figura públicamente conocida, que además cuenta con custodia policial permanente.
En el actual escenario, puede dispensarse la aplicación de la vigilancia electrónica prevista por el art. 33 in fine de la ley 24.660 -y sus modif.- (llamada “tobillera electrónica”) a Cristina Fernández de Kirchner a los fines de controlar el cumplimiento de la pena de prisión impuesta en la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, en función de las condiciones personales de la nombrada, tenidas en cuenta por el a quo, entre otros factores, para el otorgamiento de la modalidad domiciliaria, implican que se trata de una persona de público conocimiento, que en el sub examine estuvo siempre a derecho y que el ordenamiento legal establece la provisión de custodia policial permanente en los términos anteriormente precisados; situación objetiva que debe ponderarse en el caso (arts. 16 y 19 de la C.N).
A ello cabe agregar que, en el contexto de la base empírica y real actual de la escasez de dispositivos electrónicos antes apuntada, no hay un impedimento médico para su uso y en el día de la fecha se recibió en este expediente un informe confeccionado en los términos del último párrafo del art. 33 de la ley 24.660. En dicha norma se establece que “Al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario”. En la presentación aludida, el organismo de control concluyó que: “En relación a la solicitud de informes a los que alude el último párrafo del art. 33 de la Ley 24660, es que se remite el presente.
Con respecto a la necesidad o pertinencia de la aplicación de pulsera electrónica, este equipo profesional, puede informar desde el punto de vista social, conforme nuestra particular experti[se] y marco de intervención. Así las cosas, en el proceso de supervisión de la detención domiciliaria y luego de las entrevistas sostenidas -al día de la fecha inclusiveen el domicilio fijado, se puede informar que se observa por parte de quien nos ocupa una actitud orientada al cumplimiento. La Sra. Fernández reside en un barrio urbano de fácil accesibilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con múltiples medios de transporte público, cercana a nuestra sede principal, de manera que no se observan obstáculos para el seguimiento de la medida por nuestra parte.
Como fuera informado, la nombrada, evidencia buena predisposición y colaboración con esta supervisión.” (cfr. Lex 100, los resaltados pertenecen al presente).
La ausencia de tratamiento de cuestiones conducentes para la correcta solución del caso y el apartamiento apuntado de las constancias de la causa impiden reputar (o inscribir) a la resolución impugnada como una sentencia fundada en ley (Fallos: 327:5717; 339:499, 337:659, 345:730, entre otros). Ello teniendo en cuenta la doctrina según la cual los fallos deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta -aunque aquéllas sean sobrevinientes a la interposición del recurso- (Fallos: 285:353; 313:584; 339:488, entre otros).
El a quo ha omitido analizar ciertas cuestiones sustanciales y ponderar otros elementos probatorios que resultaban conducentes para la dilucidación del pleito, extremos que configuran supuestos de arbitrariedad de sentencia (Fallos 311:1438; 313:343; 322:2880; 326:3734; 330:4983; 331:2285, entre muchos otros); doctrina con la cual se procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa (Fallos: 301:978; 311:948 y 2547; 313:559; 315:28 y 321:1909).
Cabe puntualizar que ni la exigencia de modificación del domicilio escogido para cumplir la pena privativa de la libertad, ni las restricciones al régimen de visitas sujeto a previa autorización judicial, ni la imposición de un dispositivo electrónico de vigilancia resultan, por el momento, adecuados para la ejecución penal de la pena privativa de la libertad de Cristina Fernández de Kirchner en el presente caso, lo que no obsta a su futura consideración para el hipotético supuesto de verificarse eventuales vicisitudes, como es propio de la dinámica en el control de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Por todo lo expuesto, corresponde:
I. TENER POR DESISTIDO parcialmente el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en cuanto fue interpuesto contra el punto dispositivo I de la resolución impugnada que fue dictada el 17 de junio de 2025, que resolvió que la pena privativa de la libertad impuesta a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria; sin costas (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.).
II. RECHAZAR el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal del agravio subsistente en cuanto fue interpuesto contra del punto dispositivo II de la resolución impugnada de referencia que estableció que la prisión domiciliaria otorgada a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida en la vivienda sita en San José 1111, piso 2o “d” de la CABA; sin costas (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.);
III. DECLARAR INOFICIOSO el pedido de Amicus Curiae efectuado por Guillermo Jesús Fanego, en carácter de presidente de la Asociación Civil Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica;
IV. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, CASAR y REVOCAR la resolución impugnada en cuanto fue materia de recurso y dejar sin efecto los puntos III. c) (autorización judicial previa para visitas) y V (dispositivo electrónico de vigilancia) de la resolución del 17 de junio de 2025; sin costas (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
V. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas.
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
I. Que, de manera liminar, en cuanto a la admisibilidad de los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica de Cristina Fernández de Kirchner, es primordial decir que todos resultan formalmente admisibles como consecuencia de lo prescripto por el art. 491 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), toda vez que la decisión cuestionada fue dictada en el marco de un incidente de ejecución, las partes recurrentes se encuentran legitimadas para impugnarla, la cuestión sometida a inspección jurisdiccional encuadra en los motivos previstos por el art. 456 del citado código ritual, y se han cumplido los requisitos de tiempo y fundamentación enunciados en el art. 463 de igual cuerpo normativo.
II. Que en relación con los agravios expuestos en cada una de las presentaciones y el trámite de la incidencia, nos remitiremos a la reseña efectuada en el voto que lidera el Acuerdo a fin de evitar reiteraciones innecesarias, no obstante lo cual entendemos útil el tratamiento en forma conjunta de algunos planteos habida cuenta de que, como señalaremos a renglón seguido, ambas contrapartes (Ministerio Público Fiscal y la defensa de la condenada) realizaron interpretaciones opuestas de las normas que regulan la prisión domiciliaria, circunstancia que amerita, cuanto menos, precisar el adecuado alcance que, a nuestro modo de ver, corresponde otorgarle a la modalidad de ejecución sometida a estudio.
III. Que el señor Fiscal General Mario Alberto Villar en la presentación de las breves notas ante esta Cámara Federal de Casación de Penal, así como durante la audiencia oral celebrada el 7 de julio próximo pasado, desistió parcialmente del recurso de casación deducido por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en cuanto al agravio invocado oportunamente por aquéllos respecto de la detención de Fernández de Kirchner bajo la modalidad de arresto domiciliario y mantuvo exclusivamente los vinculados al domicilio donde cumple la pena impuesta.
En función de aquel desistimiento se ha acotado el ámbito de revisión de esta Cámara limitándose, por ende, a la cuestión relativa a la aptitud del domicilio de la condenada para cumplir la pena impuesta, por lo que corresponde tener por desistido parcialmente el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en cuanto fue interpuesto contra el punto dispositivo I de la resolución impugnada que resolvió que la pena privativa de la libertad impuesta a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, sin costas (arts. 530 y 532 del CPPN).
IV. Que en relación con la presentación de la Asociación Civil Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, quien solicitó intervenir como amicus curiae, es menester recordar nuestra posición relativa a las exigencias para ser considerado como amigo del Tribunal (Reg. 297/22 y 455/22, ambas de la Sala I de esta Cámara Federal). Ahora bien, en función del tenor de los votos que nos preceden, y sellada como se encuentra la suerte del planteo en cuanto a que deviene inoficioso su tratamiento habida cuenta de que su pretensión se orientó a respaldar exclusivamente el punto del recurso fiscal que luego fue desistido por el Fiscal General ante esta Cámara -revocación de la prisión domiciliaria-, adherimos a la propuesta de los colegas preopinantes y expedimos nuestro sufragio en igual sentido.
V. Sobre el carácter de condenada de Cristina Fernández de Kirchner y la detención domiciliaria como modo de cumplimiento de la pena impuesta 1. Si bien, como ya dijimos, el señor Fiscal General Mario Alberto Villar desistió parcialmente del recurso de casación deducido por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en cuanto al agravio invocado oportunamente por aquéllos respecto de la detención de Fernández de Kirchner bajo la modalidad de arresto domiciliario y mantuvo exclusivamente los vinculados al domicilio donde cumple la pena impuesta, no resulta ocioso resaltar que este legajo de ejecución se inicia habida cuenta de que adquirió firmeza, como consecuencia de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del legajo CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85, la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal -CP-; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Por lo tanto, en función de lo normado por el art. 375 del Código Procesal Penal Federal -CPPF- (aplicable al caso por vía de la resolución 1/2021 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF) el tribunal a quo ordenó la ejecución de la condena firme y, por ende, dispuso la detención de Fernández de Kirchner bajo la modalidad de prisión domiciliaria a los fines de cumplir la condena dictada a su respecto.
2. Previo a expedirnos sobre el agravio relativo al domicilio en que debe cumplirse la detención nos permitiremos efectuar unas breves consideraciones en tanto útiles para contextualizar los agravios a los que quedó ceñida la discusión, atendiendo además a las observaciones de la defensa no obstante haber perdido actualidad el pedido de revocación domiciliaria por el desistimiento expreso del representante de la acusación ante esta instancia revisora.
3. Comenzaremos por memorar, aunque sin ánimo de teorizar en vano ni escribir un tratado sobre el tema, que la detención domiciliaria es una modalidad alternativa de cumplimiento de la pena impuesta para situaciones especiales, como lo indica el título que encabeza el Capítulo II, Sección Tercera de la Ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad (art. 32) y como se trata, reiteramos, del cumplimiento de una pena, mantiene la finalidad primordial de reinserción social declarada en los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (arts. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -CADH- y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -PIDCyP-) y en el art. 1 de la referida Ley 24660 que prescribe: “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto”.
De otra parte, si se repara en las causales enumeradas en el art. 32 de la aludida norma, se advierte que el instituto de la detención domiciliaria se funda en razones humanitarias y en la ponderación de derechos tutelados constitucionalmente como la salud de la persona condenada, su dignidad, los derechos de las personas con discapacidad, de los niños y niñas y de los adultos mayores.
Es decir, frente al imperativo legal del cumplimiento de la pena impuesta por sentencia firme en los establecimientos del servicio penitenciario, que opera como regla, se contraponen situaciones diversas que, en forma excepcional y debidamente examinadas, pueden modificar cualitativamente el encierro bajo la modalidad de la detención domiciliaria. De tal modo, se dota de contenido al principio de humanidad de las penas y, paralelamente, a la prohibición de aplicación de penas crueles previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional.
En este sentido, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia “(q)ue ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana, aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad (Fallos: 318:1894, voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano). En esta línea, el principio de humanidad de las penas se integra con la prohibición de penas crueles y con el mandato de resocialización. Por lo tanto, el imperativo de reinserción social (artículo 10.3 PIDCP, 5.6 CADH y artículo 1° de la ley 24.660), definido por esta Corte como el ‘objetivo superior del sistema’ (Fallos: 318:2002; 328:1146 y 334:1216, 347:1770, entre otros) implica, necesariamente, la prohibición de penas que aparejen como consecuencia jurídica la ‘exclusión absoluta del delincuente’ (doctrina de Fallos: 329:3680, considerando 18 del voto de los jueces Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni y considerando 43 del voto del juez Petracchi y Fallos 347:1770)” (Fallos: (347:2324).
La previsión legislativa a la que nos venimos refiriendo no constituye en sí misma prerrogativa ni privilegio alguno siempre que, sobra decir, no se convierta en un instrumento que desnaturalice en forma absoluta el efectivo cumplimiento de la ley penal.
Es sobre esa base que el tribunal de la instancia previa fundó su decisión primordialmente en la necesidad de preservar de una manera más efectiva la seguridad personal de la condenada, y no porque deba otorgársele una prerrogativa especial por su calidad de ex mandataria, sino, antes bien, por el deber de velar por la seguridad personal de todas las personas privadas de la libertad, cuyo cumplimiento y aseguramiento incumbe al servicio penitenciario y su contralor al juez con funciones de ejecución.
Así, se señaló que “(E)l Estado no puede exigir el cumplimiento carcelario de una pena si ello conlleva la exposición del interno a potenciales situaciones de violencia intrapenitenciaria (art. 18, CN; art. 5.2, CADH; arts. 7 y 10.1, PIDCP). Y, paralelamente, la alternativa de un aislamiento indefinido o prolongado no resulta -en principio y en general- compatible con los fines que orientan la ejecución de la pena de prisión (arts. 1 y 82, ley 24.660; art. 10.3, PIDCP; regla nro. 4.1, Reglas de Mandela), además de su carácter excepcional (regla nro. 45, Reglas de Mandela). Por lo tanto, la combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional -aislamiento-, nos conducen a la decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona y los fines resocializadores de la pena”.
Y agregó que “(E)n este estado de cosas, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente así como el hecho de que la peticionante supera los setenta años de edad, su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales por las razones ya señaladas, sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra. Ello es así en virtud de lo dispuesto por el artículo 10, inciso “d” del Código Penal y el artículo 32, inciso “d” de la ley 24.660, que contemplan la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria a quienes superen esa edad”.
4. Debemos recordar como pauta rectora que las condiciones en que se cumplen las condenas a penas privativas de la libertad deben ser sometidas a control judicial permanente, ya sea para asegurar los derechos que no hayan sido afectados por la condena o por la ley -art. 3 de la Ley 24660 que concreta el principio de judicialización en materia de ejecución reconocido por el más alto Tribunal en el caso “Romero Cacharane” (Fallos: 327:388)-, como así también para asegurar el cumplimiento estricto y adecuado de la ejecución de la pena, máxime tomando en cuenta la modalidad de ejecución elegida para el caso.
5. En función de los agravios mantenidos en esta instancia por el Fiscal General, corresponde examinar si debe reverse el lugar de cumplimiento de la pena a los efectos de preservar la tranquilidad pública; y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones. En cuanto a este punto, las consideraciones volcadas en el informe que fue remitido por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -a las que se remite el Ministerio Público Fiscal- entre las que se destacan que el barrio de Constitución donde se encuentra emplazada la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner no tiene capacidad para un operativo de custodia permanente, la eventual perturbación de la circulación y servicios esenciales, la posibilidad de concentraciones masivas y la cantidad de personal policial que demandó la implementación de la medida los primeros días en que se cumplió la detención, si bien son atendibles, se vinculan con cuestiones que no son propias de la incumbencia del tribunal, el que se basó en los informes técnicos del equipo interdisciplinario de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, referidos concretamente a las condiciones del domicilio para el cumplimiento de la medida morigerada.
En ese sentido, no podemos soslayar aquellos datos con los que se cuenta en el legajo -ratificados por el abogado Beraldi durante la audiencia- en cuanto a que es el domicilio en el que reside la condenada desde hace tres años y en el cual mantiene comunicación y vínculos con su núcleo familiar, principalmente hijos y nietos.
Lo expuesto, en modo alguno puede entenderse como indiferencia de nuestra parte a las molestias o interferencias que genera a los vecinos del barrio la situación excepcional que involuntariamente les toca vivir y que afecta su tranquilidad, situación que contemplamos y a la que nos referiremos en el acápite siguiente.
Por último, en relación con el riesgo o peligro en que podría encontrarse la propia condenada según las imágenes que a título ilustrativo acompañaron los fiscales en su recurso, y más allá de su genuina preocupación, no podemos perder de vista que, en virtud de su calidad de ex presidenta, cuenta con la custodia de la División Custodia de ex Mandatarios de la Policía Federal Argentina prevista por los decretos 648/2004, 50/2019, 735/2023 y 299/2024 que, en caso de advertir situaciones riesgosas para la integridad de la persona custodiada, deberán informar a sus superiores por las vías que correspondan para que se adopten las medidas que estimen pertinentes.
Todas las circunstancias mencionadas, de momento, nos impiden considerar favorablemente el agravio deducido y nos indican el acierto de su rechazo.
Por las razones expuestas, entendemos que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal relativo al cambio de domicilio para el cumplimiento de la detención de Fernández de Kirchner.
VI. Sobre las denominadas reglas de conducta impuestas relativas a la autorización para recibir visitas Corresponde en este apartado decidir acerca de los agravios de la defensa contra el punto dispositivo III.c en cuanto argumentó que “(l)a normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”.
En ese sentido destacó que “(q)uienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley, tal como se deriva del principio de reserva que consagra el art. 19 de la Constitución Nacional”, además de agregar interrogantes acerca del trámite para gestionar la autorización de las visitas que no se encuentren en la nómina de personas a las que se dispensa de tal permiso.
Sobre el particular, queremos ser claros desde el principio en cuanto a que el juez de ejecución se encuentra facultado para imponer pautas o reglas en torno al cumplimiento morigerado de la pena, como sucede en el caso de autos, en tanto se encuentra obligado a velar por el cumplimiento efectivo de la sanción con la supervisión que encomiende al organismo técnico pertinente. Ello es así en función de una interpretación sistemática de las normas en juego y de la finalidad de la ley. No existe prohibición alguna para que el juez imponga reglas, limitaciones o condiciones en el cumplimiento de la pena en la modalidad de prisión domiciliaria, sino antes bien es de su propia incumbencia, en tanto aquéllas resulten pertinentes y vinculadas a las particulares condiciones o circunstancias de la persona condenada (arts. 1, 2, 3, 5, 8, 32, 33, 34, 158, 160 y 162 de la Ley 24660). Quizás sea la nomenclatura elegida por el tribunal para nominarlas lo que ha llevado al equívoco al abogado Beraldi, pues insistimos, no se trata aquí de las reglas previstas en los arts. 27 bis ni 76 bis del CP, sino, como ya expusimos, de las que son propias o inherentes al control del cumplimiento de la prisión domiciliaria. Quién otro que el juez de ejecución para establecerlas.
Las alusiones del tribunal a las referidas normas del Código Penal, aunque quizás innecesarias, fueron empleadas como pauta hermenéutica en tanto los jueces afirmaron que “(n)o cabe duda de la intención legislativa de otorgar al órgano jurisdiccional las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de las penas impuestas en todas sus modalidades; tanto más si dichas sanciones son consecuencia de delitos graves que no admiten suspender condicionalmente su ejecución (art. 26, a contrario sensu, del CP)”.
Y ello es así toda vez que las disposiciones de la Ley 24660 contienen no sólo el reconocimiento de derechos inviolables de los internos sino además las restricciones a su ejercicio inherentes a su condición de condenados, como también la necesidad de que cumplan determinadas reglas de convivencia y actuación, cuya regulación surge de los reglamentos respectivos y las que imponga el juez de ejecución en tanto resulta la autoridad competente para garantizar el real cumplimiento de la sanción.
No está de más decir que es indiscutible que todas las personas condenadas -no sólo quienes cumplen la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria- mantienen todos los derechos que no se derivan necesariamente de la pena impuesta y de la privación de la libertad ambulatoria (art. 2, Ley 24660, Fallos: 318:1894 y 334:1216), pero no es menos cierto que el ejercicio de los derechos en ningún caso es absoluto (Fallos 342:1777; 326:3615; 325:645; 324:3345 y 319:1165, entre otros) sea que la persona se encuentre o no alojada en un establecimiento penitenciario ; y el hecho de cumplir la detención en el domicilio, por las razones humanitarias ya referidas, si bien modifica sustancialmente la ejecución de la pena en su aspecto cualitativo por razones obvias, no puede desnaturalizar completamente el cumplimiento de la pena según los diversos fines que prescribe tanto el art 18, CN, como los instrumentos internacionales a los que nos referimos anteriormente.
Repárese en que el capítulo XI de la Ley 24660 referido a las relaciones familiares y sociales (art. 158 y subsiguientes) establece los derechos de las personas detenidas a mantener comunicación y vínculo con su familia, con las restricciones que determinen los reglamentos, los que no pueden desvirtuarlos.
En los supuestos de personas detenidas en establecimientos carcelarios, ese derecho se entiende garantizado con la concurrencia periódica en días preestablecidos de una cantidad acotada de familiares. En cambio, en el caso de la prisión domiciliaria –podríamos decir, coloquialmente, “la cárcel en la propia casa”-, por su naturaleza -fuera de un establecimiento penitenciario-, el derecho de la persona condenada a recibir visitas y mantener la comunicación familiar resulta mucho más amplio, y en el caso de Fernández de Kirchner, el tribunal incluso dejó a criterio de la propia condenada aportar “una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial”.
Esta circunstancia que trae aparejada la prisión domiciliaria es aceptable debido a la innecesariedad de mantener el orden y la disciplina inherente a un establecimiento cerrado que debe coordinar y gestionar las visitas familiares y a la vez la seguridad del universo de internos alojados, aunque no puede dejar de advertirse que se trata de un provecho que apareja una mejora cualitativa en el cumplimiento de la pena en comparación con aquellos otros individuos que se encuentran internos en los establecimientos carcelarios.
Ahora bien, el recaudo impuesto por el tribunal para que se solicite y motive el acceso de toda otra persona no incluida en el listado, que agravia a la parte, no es más que una mínima restricción -si es posible entenderse como tal que la defensa deba presentar un escrito con el pedido-; una precaución relativa a la propia seguridad de la ex presidenta que se encuentra en detención domiciliaria sólo por tal motivo; y una atribución del juez de ejecución en su obligación de velar por el efectivo cumplimiento de la pena - en todas sus modalidades- sin que se desnaturalice su naturaleza sancionatoria y su finalidad retributiva y resocializadora.
En ese orden de cosas, advertimos que el planteo de la defensa es conjetural y no tiene la entidad suficiente para considerarse agraviada en forma actual de modo que pueda alegarse que se ha restringido arbitrariamente el derecho a visitas de la condenada, en tanto el juez de ejecución no ha dictado resolución alguna en la que se rechace una visita, sino que, contrariamente, hasta el momento no han habido óbices al respecto. Incluso recientemente, el 2 de julio próximo pasado, autorizó la visita del presidente de la República Federativa de Brasil según surge del legajo CFP 5048/2016/TO1/59.
De otro lado, el argumento vinculado a la incertidumbre que le produce a la parte desconocer de antemano los criterios con los que el juez resolverá fue respondido por el propio tribunal oportunamente y la preocupación alegada por el eventual desgaste del tribunal -y de esa propia defensa- por la presentación de autorizaciones, más allá de que pueda eventualmente ser una cuestión laboriosa, resulta un argumento baladí.
Por otra parte, no puede perderse de vista que la razón por la que el tribunal resolvió la prisión domiciliaria fue esencialmente por entender que resultaba dificultoso compatibilizar la garantía de preservar la seguridad de la condenada en un establecimiento penitenciario (deber del Estado y del juez de ejecución en su función de contralor) sin afectar de manera intolerable otros derechos constitucionalmente reconocidos, por lo que, con ese mismo norte, aparece como un deber del juez y una limitación razonable al ejercicio de los derechos de Cristina Fernández el recaudo de someter a contralor judicial el ingreso al domicilio de visitas que no constituyen su círculo más cercano.
A la par, este temperamento respeta un criterio de adecuación con la regla impuesta en el punto III.b de la resolución y conjuga los derechos de la condenada y los de la vecindad.
En este sentido no puede obviarse que, tal como lo expuso el Fiscal General Villar en la audiencia, la pena de prisión domiciliaria es un “equivalente funcional” de la pena de cumplimiento efectivo en una dependencia carcelaria, por lo que si bien en su aspecto cualitativo es diferente, no pierde ni su función ni las limitaciones inherentes a su naturaleza sancionatoria, por lo que no puede convertirse en una modalidad que la desnaturalice por completo.
No obstante lo expuesto precedentemente, no puede perderse de vista que recién comienza la ejecución de la pena y, por su propio dinamismo, podrán suscitarse en el futuro circunstancias que modifiquen el escenario tomado en cuenta al resolver y ameriten soluciones diferentes, las que, en su caso, deberán ser examinadas por la judicatura, en función de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen la ejecución de la pena. Así también la parte agraviada tiene a disposición las vías recursivas previstas en el ordenamiento procesal.
Por último, a nuestro modo de ver, la resolución cuestionada prevé una regulación ordenada y de momento razonable de acceso al domicilio, por lo que no se advierte un agravio concreto y actual, razón por la cual corresponde rechazar la pretensión de la defensa.
VII. Sobre el uso del dispositivo electrónico de control En su segunda presentación, los abogados de Fernández de Kirchner se agraviaron del punto V de la resolución del tribunal a quo que ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico, respecto de la mencionada, en el domicilio indicado en el punto dispositivo I, en los términos establecidos en el último párrafo del considerando IV. La defensa cuestionó aquella medida por entender que era arbitraria ya que la implementación de la denominada comúnmente tobillera electrónica era, a su entender, facultativa y no obligatoria. Agregaron los abogados que lo resuelto vulneró el principio de igualdad, la consideraron estigmatizante, desproporcionada y le asignaron un significado de castigo adicional.
Para resolver el alcance del precepto invocado por el tribunal de previa intervención, es menester memorar que el art. 33, último párrafo de la ley de ejecución prevé que “(a)l implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución”.
Como en forma acertada interpretaron los jueces de la instancia previa, la regla es la colocación del dispositivo y su dispensa la excepción, sometida a ciertos requisitos (dictámenes positivos de los organismos competentes).
Al interpretar la concesión de la prisión domiciliaria somos de la opinión de que se trata de una potestad del tribunal por cuanto la norma expresa que el juez “podrá” concederla, en cambio, en este caso, refiere “se exigirá” un dispositivo electrónico de control, verbo que no admite equívocos, tanto por su significado como por el modo imperativo de su conjugación, a lo que se agrega que su dispensa se prevé de manera excepcional.
Y no se trata sólo de la interpretación literal de la norma (primera regla de hermenéutica) sino que si se atiende a sus fines, el dispositivo electrónico aparece como el método más eficaz para el control del efectivo cumplimiento de la detención en el domicilio asignado. En ese sentido, si se repara en los considerandos de la resolución del otrora Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 86/2016 que amplió el ámbito de aplicación del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica creado por Resolución N° 1379 de esa cartera el 26 de junio de 2015, se puede leer que el referido programa de vigilancia “(s)e ha constituido como una herramienta fundamental para mejorar la vida de las personas que cumplen una medida restrictiva de la libertad bajo vigilancia electrónica, mitigando el impacto negativo de la privación de la libertad y promoviendo una mayor integración de las personas afectadas con su núcleo familiar y la comunidad. Que, en tal sentido, la implementación del referido Programa, al velar por el mantenimiento de los lazos sociales y familiares de las personas privadas de libertad, contribuye a generar las condiciones para su reinserción en el tejido social”.
En esa dirección, entendemos que, contrariamente a lo que los abogados defensores Beraldi y Llernovoy consideran una mortificación o estigmatización, la implementación del dispositivo permite que las personas que se encuentran detenidas en establecimientos penitenciarios puedan cumplir su condena bajo una modalidad cualitativamente mejor, es decir, es una herramienta que permite la materialización de las prisiones domiciliarias concedidas por las razones humanitarias ya señaladas párrafos más arriba, ello con una menor injerencia en la vida del condenado.
Lo expuesto en los párrafos precedentes descarta la afirmación de la defensa en cuanto a la aplicación facultativa del dispositivo electrónico de control, por no encontrar fundamento normativo alguno.
Sentado lo anterior en cuanto a que es obligatoria la colocación del mecanismo electrónico de vigilancia en los supuestos en los que se concede la prisión domiciliaria, advertimos que, en el caso, tampoco operan los requisitos necesarios para su dispensa y, en tal sentido, el 8 de julio próximo pasado fue presentado en el legajo el informe de intervención del equipo interdisciplinario de ejecución penal requerido por el juez de ejecución en los términos del art. 33, último párrafo de la Ley 24660, suscrito por la médica María Silvina Rodríguez Aparicio en el que se concluye que Cristina Fernández de Kirchner “no presenta impedimentos de índole médico para el uso del dispositivo electrónico, al momento presente”.
Del informe señalado surge con meridiana claridad que no hay, de momento, razón legal alguna que autorice la dispensa solicitada por los defensores.
Por otro lado, la existencia de situaciones disímiles en cuanto a la aplicación de los dispositivos electrónicos de control en todo el país, alegado por la parte, no resulta un argumento válido para justificar una dispensa que no encuentra sustento en informes favorables de los equipos técnicos (art. 33, último párrafo, Ley 24660) ya que aquello implicaría asumir la imposición de los hechos por sobre el derecho, cuando la lógica jurídica es esencialmente inversa.
Tampoco es función de los suscritos actuar como tribunal de revisión en abstracto y en general de todos los casos en los que, según la defensa, no se cumpliría con la exigencia del art. 33 de la ley de ejecución, ya que, si de teorizar se trata, la aplicación estricta de la norma conllevaría posiblemente a la colocación de tobilleras a todos aquéllos y no a exceptuar a Cristina Fernández. De otra parte, en relación con la afectación del principio de igualdad ante la ley, la defensa sólo afirma, pero no explica ni funda adecuadamente por qué entiende que existe un trato desigual respecto de su asistida y cuáles son “las mismas circunstancias” de otros casos que recibieron un trato diferente.
Sobre el punto, resulta útil recordar la fórmula simplificada de la doctrina desarrollada por la Corte Suprema en cuanto el principio de igualdad en el sentido de “igualdad de los iguales en las mismas circunstancias”. Nuestro máximo Tribunal desde 1875 ha interpretado en numerosas oportunidades que la igualdad de trato ante la ley implica la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentran en igualdad de circunstancias (Fallos: 16:118). Con independencia de lo expuesto, no escapa a los suscriptos y es un dato de la realidad que no todas las prisiones domiciliarias son monitoreadas con un dispositivo electrónico por las razones más diversas, en algunos casos porque algunas provincias no tienen previsto el mecanismo en sus legislaciones procesales y en otros por la falta de insumos suficientes dado su alto costo económico, pero ello no convierte en ilegítima su implementación en el caso de autos y menos aún lo torna un instrumento punitivo, estigmatizante, desproporcionado ni innecesario.
Por último, no resulta ocioso recordar la doctrina de la Corte Suprema en cuanto a que “(L)as leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas o conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso no resultan compatibles con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial” (Fallos: 344:2868). Todo lo expuesto, claro está, se encuentra sujeto al dinamismo propio de la ejecución y a las circunstancias que puedan eventualmente presentarse o que surjan del relevamiento y supervisión periódica a cargo de la DCAEP. Por las consideraciones expuestas precedentemente proponemos rechazar el agravio de la defensa contra el punto V de la resolución a estudio.
En definitiva, examinados todos los agravios sometidos a estudio de esta sala, proponemos al acuerdo:
I. TENER POR DESISTIDO parcialmente el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en cuanto fue interpuesto contra el punto dispositivo I de la resolución impugnada, que resolvió que la pena privativa de la libertad impuesta a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria; sin costas (arts. 530 y 532 del CPPN).
II. RECHAZAR, parcialmente, el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en relación con el agravio subsistente en cuanto fue interpuesto contra el punto dispositivo II de la resolución impugnada que estableció que la prisión domiciliaria otorgada a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida en la vivienda emplazada en San José 1111, piso 2º “d” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin costas (arts. 530 y 532 del CPPN);
III. DECLARAR INOFICIOSO el pedido de Amicus Curiae efectuado por Guillermo Jesús Fanego, en carácter de presidente de la Asociación Civil Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica;
IV. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).
V. TENER PRESENTE las reservas del caso federal.
Es nuestro voto.
Por ello, en mérito al Acuerdo que antecede, este Tribunal,
I. TENER POR DESISTIDO PARCIALMENTE el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en cuanto fue interpuesto contra el punto dispositivo I de la resolución impugnada, que resolvió que la pena privativa de la libertad impuesta a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria; sin costas (arts. 530 y 532 del CPPN).
II. RECHAZAR, por mayoría, el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal en relación con el agravio subsistente en cuanto fue interpuesto contra el punto dispositivo II de la resolución impugnada que estableció que la prisión domiciliaria otorgada a Cristina Fernández de Kirchner sea cumplida en la vivienda emplazada en San José 1111, piso 2o “d” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin costas (arts. 530 y 532 del CPPN).
III. DECLARAR INOFICIOSO el pedido de Amicus Curiae efectuado por Guillermo Jesús Fanego, en carácter de presidente de la Asociación Civil Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica.
IV. RECHAZAR, por mayoría, los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, sin costas (arts. 530 y 531 in fine del CPPN).
V. TENER PRESENTE las reservas del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos, Diego G. Barroetaveña.
Ante mí: Mariano González, Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia