Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las partes querellantes Tandanor y Ministerio de Defensa-Estado Nacional y –por mayoría- anular los puntos resolutivos “II” y “XVIII” de la decisión recurrida -con el alcance indicado- y devolver las actuaciones a la instancia anterior para que se dicte una nueva resolución de acuerdo a los criterios aquí establecidos, sin costas (arts. 471, 530 y 531 del CPPN).
II. Declarar INOFICIOSO un pronunciamiento del Tribunal respecto al planteo dirigido a cuestionar la imposición de costas en el orden causado en el proceso civil.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio del año 2025, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos, como Presidente, y los doctores Diego G. Barroetaveña y Guillermo J. Yacobucci, asistidos por el secretario actuante, para decidir acerca de los recursos de casación interpuestos en la presente causa CFP 9233/1999/TO1/37/CFC8 del registro de esta Sala, caratulada: “LEGAJO N° 37 - QUERELLANTE: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS PROCESADO: BOFILL, ALEJANDRO ARTURO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACIÓN”, de la que RESULTA:
I. Que, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de esta Ciudad, en la causa CFP 9233/1999/TO1 de su registro interno, con fecha 7 de septiembre de 2018 y fundamentos leídos el 27 de noviembre de 2018 -y en lo que aquí interesa-, resolvió:
“a. Respecto de la acción civil:
(…)
II. HACER LUGAR a la excepción de prescripción de la acción civil interpuesta por los demandados Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Juan Andrés Vlastó, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato, Miguel María de Larminat, The Royal Bank of Scotland ABN Amro Bank, Omar Calculli y Puerto Retiro SA, con costas por su orden (arts. 4037 CC, 3982 bis, 3986 CC, y artículo 77, CPCCN).
(…)
b. Respecto de la acción penal:
1 Registro: 658/25.4
XVIII. ORDENAR el DECOMISO del inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor SACIyN) ubicado en la zona norte de esta Ciudad, con frente a las Avenidas Antártida Argentina N° 555 e Ingeniero José N. Quartino, el que conforme al Plano de Mensura y División que cita su título, registrado en la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Buenos Aires bajo la característica M28177 con una superficie de ochenta y dos mil cincuenta y un metros con veinte decímetros cuadrados (82.051,20), nomenclatura catastral: Circunscripción 21; Sección 97, Manzana 17, Fracción A., que fuera escriturado a favor de Puerto Retiro SA, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 1993 ante el Escribano autorizante, Daniel Allievi mediante Escritura Nro. 68 y DISPONER su inmediata RESTITUCIÓN al Estado Nacional Argentino (artículo 23, 1° párrafo, CP y artículos 403, 522 y 523, último párrafo, CPPN)”.
II. Que, contra esa decisión –y en lo que aquí resulta pertinente-, interpusieron sendos recursos de casación el representante del querellante “Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera” (en adelante, Tandanor) y los representantes del querellante Ministerio de Defensa-Estado Nacional.
Asimismo -y con respecto a lo que aquí es de interés-, impugnaron el punto “II” de la referida resolución, en cuanto impuso las costas por su orden, los demandados civiles Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato y Puerto Retiro S.A.
III.a. Recurso de casación deducido en representación del querellante Tandanor.
El impugnante encauzó su recurso en ambos supuestos del art. 456 del C.P.P.N.
Al respecto -y en cuanto aquí interesa- se agravió por la declaración de prescripción de la acción civil dispuesta por el tribunal a quo.
Con relación a ello, el recurrente cuestionó la afirmación del tribunal de previa intervención relativa al supuesto conocimiento que la empresa Tandanor –durante su privatización- tuvo respecto de la sustanciación de la causa penal, y en vinculación con ello sostuvo que la declaración de prescripción de la acción civil se basó en afirmaciones meramente dogmáticas y criticó que se tomara como punto de partida del plazo de prescripción a la contestación por parte de su representada de un oficio remitido en el año 2000 por el entonces juez a cargo de la instrucción. En ese sentido, el impugnante remarcó que Tandanor tomó cabal conocimiento de los ilícitos perpetrados por los acusados recién el 12 de abril de 2007, fecha en la que asumieron los nuevos integrantes de los órganos de gobierno, administración y fiscalización, y que la presentación de la empresa Tandanor como parte querellante el 11 de octubre de 2007 significó, a su juicio, la suspensión de los plazos de prescripción de la acción civil.
Destacó por otra parte que el 21/11/2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que el proceso licitatorio de Tandanor constituyó un acto irregular que conlleva un vicio que determina su nulidad absoluta. Señaló además que en el marco de la acción civil se reclamó la nulidad absoluta y total de la escritura de venta del terreno donde se asentaba la denominada Planta I – perteneciente a Tandanor-, documento que fue confeccionado en favor de Puerto Retiro S.A., así como la inmediata restitución de ese predio a Tandanor, retrotrayendo la situación de dominio del inmueble al estado anterior al 24 de junio de 1993.
Seguidamente, se quejó de la decisión del tribunal de la instancia previa de entregar la referida Planta I al Estado Nacional como consecuencia del decomiso dispuesto sobre el citado inmueble –punto dispositivo XVIII-. En tal dirección, remarcó que antes de su “ilícita venta”, el inmueble en el que se ubica la Planta I se encontraba inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble a nombre de Tandanor; empresa que, a su criterio, fue en todo momento damnificada por la maniobra delictiva bajo estudio, siendo la única parte que reclamó la restitución del mencionado inmueble –donde funcionaba el taller naval de la empresa y la escuela de aprendices- y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Cuestionó que el tribunal a quo procediera a la restitución de la Planta I al Estado Nacional sin brindar razones o fundamentos suficientes, y refirió en tal sentido que Tandanor “(n)o es el Estado Nacional”, sino una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, cuyo 10% de acciones pertenecen al Programa de Propiedad Participada - ley 23.693-.
En función de ello, el recurrente solicitó que se revoque la restitución ordenada respecto de la Planta I en favor del Estado Nacional y se ordene que ese inmueble sea repuesto a Tandanor.
Hizo reserva del caso federal.
III.b. Recurso de casación interpuesto en representación del Ministerio de Defensa–Estado Nacional. El recurrente encarriló sus planteos en ambos supuestos del art. 456 del CPPN, y -con respecto a lo que aquí resulta de interés- se agravió por la declaración de prescripción de la acción civil dispuesta por el tribunal de la anterior instancia.
Sobre el punto, sostuvo que la mayoría de los civilmente demandados mantenían una relación contractual con el Estado Nacional –empleo público-, mientras que con otros existía un contrato administrativo, al celebrarse la adjudicación como consecuencia de la licitación pública objeto de la privatización de Tandanor.
Agregó que el ilícito penal se cometió valiéndose de una relación contractual preexistente, y que la responsabilidad civil se originó con el no pago y las modificaciones en las condiciones de cancelación del precio de la licitación.
En definitiva, concluyó que la responsabilidad resulta “(d)e tipo contractual, solidaria e ilimitada […]” y refirió que, por ello -y de acuerdo a las normas pertinentes del derogado Código Civil, aplicable al caso- el plazo de prescripción es de diez años.
Agregó que la parte que representa no pudo ejercer acción alguna en su nombre ni como accionista perjudicado de la referida sociedad hasta que el Estado Nacional volvió a tomar posesión de Tandanor, hecho que tuvo lugar con posterioridad al decreto 315/07.
Adunó a ello que entre los años 1999 y 2000 (cuando se produjeron la denuncia penal y su ampliación) y la constitución como parte querellante, que tuvo lugar en 2006, hubo “(u)n sinfín de medios de prueba que se produjeron en la instrucción y que permitieron ahora sí conocer la existencia y magnitud del daño civil provocado, sin lo cual es imposible demandar”.
Luego, el recurrente criticó la afirmación del tribunal de juicio relativa a que el Estado Nacional conocía el delito y el perjuicio civil desde el año 2000 por el hecho de haber tenido una participación minoritaria en Tandanor, y en ese sentido sostuvo que los representantes del Estado Nacional por el porcentaje menor reservado hasta la instrumentación del programa de propiedad participativa y las autoridades ministeriales durante varios períodos fueron acusados por haber llevado a cabo conductas en perjuicio del Estado Nacional. En virtud de ello, el recurrente señaló que “(m)al puede achacarse a quien fue víctima del daño, conocer el mismo, a través de quienes lo cometieron, utilizando justamente su representación legal para operar ilícitamente y obviamente ocultar su accionar a la vista de su víctima para sustraerse de su obligación de responder”.
Sobre el punto, agregó que la participación minoritaria en Tandanor no le daba al Estado Nacional la posibilidad de decidir sobre ningún aspecto medular ni accesorio de la empresa, ni tampoco conocimiento sobre el daño generado que sus funcionarios le ocultaban.
El impugnante señaló que a medida que avanzó la investigación penal, se recogieron distintos elementos de prueba que confirmaron la existencia de un delito penal y la producción de un perjuicio patrimonial estatal resarcible civilmente, siendo a partir de allí cuando se tomó la decisión de constituirse como parte querellante y, transcurridos unos meses, dictar el decreto nº 315/07. Señaló que debía tomarse el momento en que se conoció el perjuicio patrimonial como punto de inicio del cómputo del plazo liberatorio para los deudores civiles, y que el Estado Nacional recién estuvo en condiciones jurídicamente exigibles de conocer el daño civil luego de la toma efectiva y el desapoderamiento de los entonces propietarios de Tandanor (tras la sanción del decreto nº 315/2007).
Agregó que “(e)n la demanda y en los alegatos se dejó claro que lo que se solicita como daño, entre otros, es el dinero que el ESTADO NACIONAL debió afrontar para el mantenimiento y funcionamiento de TANDANOR desde el año 2.007, para volver nuevamente operativa la empresa [daños que, según entiende] nunca pueden estar [prescriptos], porque son posteriores incluso a la constitución como querellante, y concomitante a la demanda […]”.
Formuló reserva del caso federal.
III.c. Que, los demandados civiles Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato, y Puerto Retiro S.A. -en cuanto aquí interesa- cuestionaron la imposición de las costas en el orden causado por parte del tribunal de mérito en el marco de la acción civil entablada por Tandanor, decisión que calificaron como arbitraria y contraria a las reglas procesales previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en el Código Procesal Penal de la Nación.
IV. Que, superado el término de oficina (arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del CPPN.), y la instancia prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del CPPN, este tribunal, con una integración parcialmente distinta a la actual, y por mayoría, resolvió –en cuanto aquí resulta de interés- rechazar los recursos de casación interpuestos por las partes querellantes Tandanor y Ministerio de Defensa-Estado Nacional, sin costas en la instancia -arts. 530, 531 in fine y 532 del C.P.P.N.-. Asimismo, y también por mayoría, resolvió rechazar los recursos de casación interpuestos por Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato, y Puerto Retiro S.A., en lo que respecta al agravio dirigido contra la imposición de las costas en el orden causado en el proceso civil (causa CFP 9233/1999/TO1/37/CFC5 “Bofill Alejandro Arturo y otros s/ recurso de casación”; rta. el 21/2/2020, reg. n° 145/20.4).
V. Contra dicha resolución, las querellas antes mencionadas interpusieron sendos recursos extraordinarios y esta Sala -con integración parcialmente distinta y por mayoría- declaró inadmisibles las vías recursivas intentadas (causa CFP 9223/1999/TO1/37, res. el 12/6/20, reg. nro. 800/20.4).
Ello motivó que las partes querellantes dedujeran los respectivos recursos de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También interpusieron recurso extraordinario federal -y las quejas respectivas ante la inadmisibilidad declarada en esta instancia-, en lo atinente a la imposición de costas en el orden causado en el proceso civil, Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato, y Puerto Retiro S.A.
A su turno, el máximo Tribunal, en lo atinente al recurso interpuesto por Tandanor, decidió hacer lugar parcialmente a la queja y, con igual alcance, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada “(e)n lo concerniente a la prescripción de la acción civil y a la restitución del inmueble conocido como ‘Planta I’”.
Por otra parte, la Corte Suprema resolvió hacer lugar parcialmente a la queja deducida por el Ministerio de Defensa-Estado Nacional y declarar procedente el recurso extraordinario con igual alcance, y dejar sin efecto la sentencia apelada “(e)n lo concerniente a la prescripción de la acción civil […]”, y dispuso que los autos vuelvan a esta instancia para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido (CSJN, CFP 9233/1999/TO1/37/4/RH23 "Recurso de hecho deducido por Talleres Navales Dársena Norte SACI y N Tandanor SACI y N en la causa Bofill, Alejandro Arturo y otros s/ legajo de casación”, y CFP 9233/1999/TO1/37/5/RH24 "Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Defensa en la causa Bofill, Alejandro Arturo y otros s/ legajo de casación”, rtas. el 26/11/2024).
Para así resolver, el Alto Tribunal entendió que en la sentencia anterior dictada por esta Sala se había omitido el examen de cuestiones conducentes para la adecuada solución de la causa, lo que se traducía en una afectación de la garantía del debido proceso y en un menoscabo de la integridad del patrimonio de las partes recurrentes (CFP 9233/1999/TO1/37/4/RH23, considerando 4°; CFP 9233/1999/TO1/37/5/RH24, considerando 5°).
En tal sentido –y en lo atinente a la prescripción de la acción civil- afirmó que el rechazo del agravio por parte de la Sala resultaba infundado, en tanto, al confirmar la decisión del tribunal oral actuante, había circunscripto su análisis “(a) la contestación de un oficio al juez instructor de la causa en el año 2000 por parte de los órganos de la sociedad, extremo a partir del cual concluyó en que se evidenciaba el conocimiento societario jurídicamente relevante de los daños padecidos por parte de la recurrente y que, por tanto, debía considerarse como dies a quo de la prescripción de su acción civil” (CFP 9233/1999/TO1/37/4/RH23).
También afirmó que “(n)o recibió respuesta alguna del a quo el agravio del Estado Nacional ante el tribunal de casación referido a que recién estuvo en condiciones jurídicamente exigibles de conocer el daño civil cuya reparación reclama por derecho propio, consistente en el dinero con el que debió afrontar el mantenimiento y funcionamiento de Tandanor desde el año 2007 por los perjuicios generados a partir de esa fecha –posteriores incluso a su constitución como querellante– luego de la toma efectiva del control de la empresa tras la sanción del decreto 315/2007” (CFP 9233/1999/TO1/37/5/RH24).
Por otra parte, y en cuanto a la decisión de restituir “(e)l decomisado inmueble denominado ‘Planta I’ al Estado Nacional […]”, la Corte Suprema indicó que “(n)o se ha brindado razón o fundamento alguno de tal determinación, ni se efectuó consideración respecto de los planteos de la recurrente referidos a que, antes de su ‘ilícita venta’, dicho inmueble se encontraba inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de Tandanor, y a que, por tanto, ella resulta ser la persona jurídica damnificada a quien correspondía restituir el referido predio” (CFP 9233/1999/TO1/37/4/RH23).
Asimismo, al tratar los recursos de los demandados civiles, el Alto Tribunal señaló que, en atención a lo que había resuelto en la causa CFP 9233/1999/TO1/37/4/RH23, la cuestión sometida a estudio se había tornado abstracta, por lo que resolvió “(d)eclarar inoficioso un pronunciamiento del Tribunal respecto al planteo dirigido a cuestionar la imposición de costas en el orden causado en el proceso civil [...]” (cfr, CFP 9233/1999/TO1/37/2/RH21; CFP 9233/1999/TO1/37/3/RH22; CFP 9233/1999/TO1/37/6/RH25; CFP 9233/1999/TO1/37/7/RH26; CFP 9233/1999/TO1/37/9/RH28).
VI. Devueltos los autos, esta sede celebró en fecha 26 de mayo de 2025 nueva audiencia en los términos de los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., en cuyo marco expusieron oralmente Cristián E. Fabris, apoderado de la querella y actor civil, TANDANOR S.A.C.I.y N con el patrocinio Letrado de José Luis Fabris; Martín Ruiz Moreno abogado en representación de Nachat Samman y Alejando Arturo Bofill; Gerardo Donato -quien compareció acompañado por su abogado Juan Manuel Noetinger-; Enrique Cristián Fox, apoderado de "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND SUC. ARGENTINA" con el patrocinio de Pablo J. Lanusse; y Rodrigo S. Bustingorry, apoderado de "PUERTO RETIRO S.A.".
Superada esta etapa procesal, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo resultó el siguiente orden de votación: Diego G. Barroetaveña, Gustavo M. Hornos y Guillermo J. Yacobucci. El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
I. Que, de manera liminar, es menester señalar que las impugnaciones articuladas por las querellas Tandanor y Ministerio de Defensa-Estado Nacional resultan formalmente admisibles de conformidad con lo prescripto por los arts. 456, 457, 458, 460 y 463 del Código Procesal Penal de la Nación.
II. Que, sentado cuanto precede, y a fin de dar adecuado tratamiento a los recursos interpuestos, es dable recordar que en esta causa se investigó y juzgó la maniobra fraudulenta que tuvo lugar “(e)n el marco de la licitación pública nacional e internacional llevada a cabo partir del dictado del decreto PEN 1957/90, por la venta del 90 % de las acciones que el Estado Nacional poseía en TANDANOR[…]”. Al respecto, el tribunal a quo tuvo por probado que “(q)uien en vida fuera Antonio Erman GONZÁLEZ, en su carácter de Ministro de Defensa de la Nación, y Eduardo Andrés TESORIERE, funcionario contratado por el Ministerio de Defensa de la Nación como Asesor de la Intervención, Delegado y representante del Estado Nacional en el 10% de la acciones de la empresa TALLERES NAVALES DÁRSENA NORTE SACIyN –en adelante TANDANOR SA-, teniendo a su cargo la administración de los bienes del Estado Nacional que componían dicha empresa, y el cuidado de los fondos públicos que resultarían de la venta del 90% de las acciones de TANDANOR SA, incumpliendo los deberes que se hallaban a su cargo, produjeron un perjuicio patrimonial perjudicial a las arcas públicas que alcanzó, por lo menos, la suma de U$S 45.260.094,65, más los intereses correspondientes a los tres primeros años de gracia del contrato, por la suma de U$S 7.982.550.
Ese perjuicio patrimonial se derivó de la irregular disposición efectuada por los mencionados en la venta de acciones que componían la aludida empresa y el fraudulento desapoderamiento de sus bienes, en beneficio patrimonial de empresas integradas por sus consortes de causa: Alejandro Arturo BOFILL [y] Juan Andrés VLASTÓ [...] quienes además colaboraron con aquellos en la maniobra desplegada.
La maniobra se perpetró en el marco de la licitación pública nacional e internacional llevada a cabo a partir del dictado del decreto PEN 1957/90, por la venta del 90 % de las acciones que el Estado Nacional poseía en TANDANOR, efectuada por contrato de transferencia accionaria […] se trató de una licitación, que en apariencia cumplía con los requisitos formales, pero en rigor de verdad, estaba dirigida a adjudicar ilegalmente al Consorcio integrado por Compañía Argentina de Transportes Marítimos SA, Banco Holandés Unido y Sud Marine Enterprises –luego Brisard Sud Marine-, soslayando la existencia de serias irregularidades en torno a su conformación, su garantía y su capacidad operativa, todo en desmedro del resto de los oferentes. […] con el contrato ya adjudicado, se modificaron, ex post, las pautas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones […] respecto del precio y la forma de pago, con posterioridad a la celebración del contrato, lo cual importó un beneficio indebido para el Consorcio adjudicado. [que constituía en realidad] una integración simulada de empresas.
Ello quedó corroborado por […] la agrupación de los integrantes del Consorcio –tras la adjudicación- dentro de otra sociedad insolvente –concebida por los imputados- denominada Inversora Dársena Norte SA –INDARSA-, cuya premeditada función fue la de interponerse entre los consorcistas y el Estado Nacional, como la obligada a responder ante el erario público por la millonaria deuda asumida ($52.560.000 más intereses), pese a que nada se le había adjudicado a INDARSA, que sólo contaba con un capital mínimo ($12.000), a todas luces inconsistente con la magnitud del negocio por el cual se la hizo interceder. […] De modo irregular, al tiempo que se había otorgado la prórroga excepcional para la presentación del aval bancario, se firmó el contrato de transferencia de Tandanor, se tomó posesión de la empresa.
Se aprobó la venta simulada de la Planta I, y los representantes del Estado no ejercieron la facultad rescisoria que les otorgaba el contrato. […] Tras tomar posesión del astillero y vender la Planta I, el Consorcio no cumplió con la obligación contraída con el Estado Nacional, es decir, el pago del saldo del precio adeudado por la suma de U$s 52.560.000 más intereses, correspondiente al 90% del paquete accionario de Tandanor. La última obligación documentada tenía vencimiento el 2 de enero de 2001, momento en el cual, se configuró la consolidación del perjuicio y la consumación de la defraudación”.
Por su intervención en los hechos descriptos, el tribunal de juicio condenó a Eduardo Andrés Tesoriere, Alejandro Arturo Bofill y Juan Andrés Vlastó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por su autoría o participación, según el caso, del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública -art. 174 inciso 5° en función del art. 173 inciso 7° del CP- (condenas que fueron confirmadas por esta Sala, con integración parcialmente diversa -CFP 9233/1999/TO1/37/CFC5, “Bofill Alejandro Arturo y otros s/ recurso de casación”, reg. n° 145/20.4, res. el 21/2/2020-, y adquirieron firmeza el 26/11/2024; cfr. CSJN CFP 9233/1999/TO1/37/9/RH28, CFP 9233/1999/TO1/37/8/RH27).
III. Que, por otra parte -y centrándonos en lo que aquí atañe resolver-, el tribunal oral dispuso el decomiso “(d)el inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor SACIyN) […]”, y ordenó su inmediata restitución al Estado Nacional.
Además, y con respecto a “(l)a demanda de acción civil por daños y perjuicios [que] tiene como actor a Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera –TANDANOR SACIyN-, [y] como tercero citado al Ministerio de Defensa de la Nación […]”, el tribunal a quo resolvió hacer lugar a “(l)a excepción de prescripción de la acción civil interpuesta por los demandados Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Juan … Andrés Vlastó, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato, Miguel María de Larminat, The Royal Bank of Scotland ABN Amro Bank, Omar Calculli y Puerto Retiro SA”.
Al resolver esta última cuestión, el tribunal oral actuante señaló que, con respecto a la conducta de Tandanor en el proceso, “(e)s decir, su actividad con relación al derecho que intenta hacer valer, de las constancias de la causa surge que el 11 de octubre de 2007 solicitó ser tenido como parte querellante […] y el 3 de noviembre de 2008, como actor civil […]”.
Seguidamente, citó el artículo 3982 bis del Código Civil derogado -que entendió aplicable al presente caso- y sostuvo que cuando esa norma se refiere a la deducción de una “querella criminal”, no hace alusión a la realización de una denuncia penal sino a la constitución como parte querellante en el proceso.
A partir de ello, entendió que en autos el término de la prescripción de la acción civil se suspendió “(e)l 11 de octubre de 2007, con la solicitud de ser tenido como parte querellante […]”.
Luego de establecer lo precedente, refirió que correspondía determinar “(a) a partir de cuándo el actor civil podía ejercer su derecho de reclamo y, b) hasta cuándo”. En cuanto al segundo punto, indicó que “(d)ebe enmarcarse en un caso de responsabilidad civil extracontractual […] puesto que, en el presente caso se interpuso una acción civil para reclamar los daños y perjuicios causados por el o los hechos ilícitos comprobados en este juicio [y expresó que al momento en que se planteó la excepción de prescripción] regía el art. 4037 CC con la siguiente redacción: ‘prescribe a los dos años la acción por responsabilidad civil extracontractual’ [con relación a lo cual recordó que] de acuerdo a lo que establece el art. 2537 del Código Civil y Comercial: ‘Los plazos de prescripción al momento de entrada en vigencia de una nueva ley, se rigen por la ley anterior’”.
Por ello, concluyó que “(r)ige para el caso el plazo de prescripción liberatoria por responsabilidad civil extracontractual de dos años regulado por el art. 4037 CC antes de la reforma de 2016”.
Sostuvo luego que el plazo de prescripción de la acción civil comienza a correr a partir de que el damnificado toma conocimiento de los hechos generadores del daño, y en esa línea agregó que “(c)uando hay distancia temporal entre la producción del perjuicio y su conocimiento por el damnificado, la gran mayoría de los jueces aplica el criterio de la toma de conocimiento[…]”, conocimiento que – dijo- debe ser “real y efectivo”, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que invocó. En atención a ello, el tribunal de juicio sostuvo que debía determinarse a partir de cuándo Tandanor estuvo en condiciones de ejercer su derecho a demandar por daños y perjuicios.
Al respecto, recordó que la presente causa se inició con la denuncia penal realizada por el Ministerio de Defensa de la Nación ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 el 3 de agosto de 1999, denuncia que fue ampliada el 14 de julio de 2000, ocasión en la que se extendió la atribución de responsabilidad por la maniobra ilícita a funcionarios públicos.
Rememoró además que mientras se encontraba en trámite la denuncia penal, el juez instructor requirió a Tandanor que informara la composición de la representación minoritaria que el Estado Nacional había tenido entre 1991 y 1998, y remitiera los libros de actas de asamblea y directorio de 1990 a 1993, lo que fue cumplido el 31 de julio del año 2000, es decir –según señaló-, “(c)uando el veedor judicial Bonesi estaba en funciones y ninguno de los coimputados ocupaba ya cargos directivos en Tandanor”. Concluyó que tales circunstancias daban cuenta de que “(l)a persona jurídica Tandanor –actora civil- no sólo conocía la existencia del proceso penal incoado y su contenido ya en el año 2000, sino que hasta se presentó en el mismo para suministrar información al magistrado interviniente a poco de promovido el proceso penal por los funcionarios del Ministerio de Defensa”.
En base a dichas consideraciones, el tribunal de juicio desechó la hipótesis del querellante Tandanor relativa a que hasta el año 2007 la voluntad social estuvo controlada por aquellos que formaron parte de la maniobra delictiva que ocasionó los daños reclamados, y que recién con la asunción de las nuevas autoridades durante ese año estuvieron en condiciones de ejercer su derecho.
Además, destacó que “(e)l Ministerio de Defensa mantuvo siempre la calidad de accionista de Tandanor, y conservó hasta el dictado del decreto PEN 315/07 el 10% de las acciones de la empresa, y en tal carácter, participó de todas las asambleas del Directorio [y sostuvo entonces que] los hechos delictivos que motivaron esta causa y sus consecuencias patrimoniales se conocían o debían conocerse aplicando la debida diligencia antes de la fecha invocada como punto de partida por parte del actor civil […]”. En definitiva, el a quo concluyó que el Ministerio de Defensa de la Nación se presentó en el proceso como parte querellante el 8 de marzo de 2006, y Tandanor el 11 de octubre de 2007; con lo cual, desde el momento en que –según entendió- se encontraban en condiciones de ejercer su derecho (año 1999 con la realización de la denuncia penal, o en el 2000 con su ampliación), hasta que efectivamente la empresa accionó civilmente, transcurrió el plazo que establece el art. 4.037 del derogado Código Civil.
Por ello, el tribunal oral actuante resolvió en este punto “(h)acer lugar al planteo de prescripción de la acción civil y así declararla prescripta respecto de: 1) Alejandro Arturo Bofill […] 2) Juan Andrés Vlastó […) 3) Eduardo Andrés Tesoriere […] 4) Gerardo Norberto Donato […] 5) Delia Antonia Lanfranco […] 6) Miguel María de Larminat […] 7) Nachat Samman […] 8) Omar Calculli […] 9) The Royal Bank of Scotland ABN Amro Bank […] 10) Daniel Allievi […] 11) Puerto Retiro SA […]”.
Que, de otro lado, y en lo atinente al decomiso del inmueble denominado Planta I de Tandanor y su restitución al Estado Nacional Argentino, el tribunal a quo señaló que resultaba aplicable el artículo 23 del CP vigente a la época de consumación de los hechos (texto según Ley 25188), en cuanto establece que la condena “(i)mporta la pérdida a favor del Estado Nacional… de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito […]” (conforme cita de la resolución recurrida). Invocó además jurisprudencia de la CSJN y de esta CFCP y doctrina, que consideró pertinentes.
Seguidamente, afirmó que “(r)esulta plenamente aplicable lo dispuesto por el art. 23 del CP, que establece que cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el decomiso se pronunciará contra éstos [y refirió que] la noción de que nadie debe beneficiarse de sus acciones ilícitas es un principio reconocido por todas las tradiciones jurídicas. Es que no tendría sentido la existencia de esa regla, o más bien, la misma se tornaría estéril si los operadores judiciales permitimos que los imputados evadan la norma transfiriendo el producto del delito a sociedades que estos controlan, directa o indirectamente, o a sociedades respecto de las cuales los imputados son sus beneficiarios finales [y señaló seguidamente que en el debate había quedado demostrado] que tanto Indarsa como Puerto Retiro fueron constituidas por los imputados para llevar adelante la maniobra defraudatoria, esto es, para frustrar el cobro del precio pactado en la privatización”.
Con base en tales consideraciones, el tribunal oral interviniente concluyó que correspondía ordenar “(e)l decomiso del inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor SACIyN) ubicado en la zona norte de esta Ciudad, con frente a las Avenidas Antártida Argentina N° 555 e Ingeniero José N. Quartino, el que conforme al Plano de Mensura y División que cita su título, registrado en la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Buenos Aires bajo la característica M28177 con una superficie de ochenta y dos mil cincuenta y un metros con veinte decímetros cuadrados (82.051,20), nomenclatura catastral: Circunscripción 21; Sección 97, Manzana 17, Fracción A., que fuera escriturado a favor de Puerto Retiro SA, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 1993 ante el Escribano autorizante, Daniel Allievi mediante Escritura Nro. 68 y disponer su inmediata restitución al Estado Nacional Argentino (artículo 23, 1° párrafo, CP y artículos 403, 522 y 523, último párrafo, CPPN)”.
IV. Que, atento lo afirmado precedentemente, hemos de señalar que el marco de análisis del reenvío dispuesto por el Alto Tribunal en los presentes autos se circunscribe únicamente a la declaración de prescripción de la acción civil y la restitución del inmueble conocido como Planta I al Estado Nacional, y en lo que respecta a la primera de las cuestiones, “(e)n cuanto se refiere concretamente al término inicial del cómputo de su plazo […]” (cfr., CSJN CFP 9233/1999/TO1/37/5/RH24, considerando 6°).
Que, en lo relativo a la prescripción de la acción civil, cabe señalar que el tribunal a quo, puesto a determinar a partir de qué momento Tandanor, en su carácter de actor civil, estuvo en condiciones de ejercer su derecho a demandar por daños y perjuicios, destacó la “(d)enuncia penal realizada por el Ministerio de Defensa […] el día 3 de agosto de 1999”, y su ampliación del “(d)ía 14 de julio de 2000 […]”, y se explayó acerca del contenido de esas presentaciones. Seguidamente, señaló que durante el trámite de la causa penal motivada por aquella denuncia, el juez de instrucción “(r)equirió a TANDANOR que informara la composición de la representación minoritaria que el Estado Nacional había tenido en el Astillero entre 1991 y 1998, y remitiera los libros de Actas de Asamblea y Directorio de 1990 a 1993 [lo que fue cumplido por quien era entonces presidente de Tandanor] el 31 de julio del año 2000”. Con base en tales premisas, el tribunal de juicio entendió acreditado que “(l)a persona jurídica Tandanor […] no sólo conocía la existencia del proceso penal incoado y su contenido ya en el año 2000, sino que, hasta se presentó en el mismo para suministrar informaciones al magistrado interviniente a poco de promovido el proceso penal por los funcionarios del Ministerio de Defensa”.
Que, al respecto, se advierte que esta conclusión del tribunal de instancia previa no encuentra debido sustento en las constancias de la causa y resulta una afirmación meramente dogmática carente de fundamento suficiente. Ello, pues la única actividad relevante a los fines aquí analizados que se puede afirmar con respecto a Tandanor en la época referida (años 1999-2000) es la presentación del oficio antes citado, que la empresa llevó a cabo para cumplir con un requerimiento judicial, circunstancia única y aislada de la que no puede derivarse – sin incurrir en un salto lógico inadmisible- que ya en aquél momento la firma de mención conocía no sólo la existencia de la causa penal, sino además su contenido y –especialmenteel perjuicio patrimonial que los comportamientos presuntamente delictivos que se estaban investigando en ese momento habrían ocasionado a sus intereses.
Que, además, no puede tomarse como elemento que sustente el supuesto conocimiento por parte de Tandanor a la denuncia penal formulada por el Ministerio de Defensa, pues dicho criterio soslaya considerar que normativamente el Estado Nacional y Tandanor son sujetos de derecho distintos, conforme lo afirmó el Alto Tribunal al fallar en estas actuaciones, en cuanto señaló que “(l)a sociedad Tandanor es un sujeto de derecho distinto al Estado Nacional. Esto supone que son titulares de derechos diferentes y pueden haber sido víctimas de daños y perjuicios diversos, aun cuando el Estado Nacional tuviera una participación en la sociedad”.
Que, por otra parte, resulta de particular relevancia considerar que en la época de la pretendida “toma de conocimiento” que afirma el tribunal a quo Tandanor era “(u)na sociedad anónima en la que varios de los sujetos denunciados eran directa o indirectamente titulares del 90% de su capital […]”, a lo que el Alto Tribunal agregó -con referencia al voto disidente del doctor Hornos en la sentencia anterior de esta Sala- que “(s)u propia conformación constituía parte del procedimiento fraudulento en perjuicio de la recurrente, que fue la víctima de los daños y perjuicios aquí reclamados”.
Dicha situación fáctico-jurídica tuvo inicio con la venta del 90% del paquete accionario de Tandanor al consorcio adjudicatario, “(m)aterializada el 30 de diciembre de 1991 mediante la suscripción del respectivo contrato, y hasta el decreto 315/2007 (B.O. del 3 de abril de 2007), que declaró nula de nulidad absoluta su privatización […]”, decreto cuya validez fue ratificada por la CSJN en la sentencia publicada en Fallos: 341:1679, y a partir del cual Tandanor “(s)e constituyó como Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM)” (CSJN, CFP 9233/1999/TO1/37/4/RH23, considerandos 5° y 6°).
Que, de otro lado, tampoco obtuvo respuesta por parte del tribunal a quo la alegación de los representantes de Tandanor en cuanto a que, al momento de contestar el oficio ya referido, el proceso era secreto para esa parte, en tanto la sociedad fue reconocida como querellante recién en el año 2007, extremo que da aún más sustento a la posición de la recurrente.
Que, por otra parte, y en lo que respecta al recurso interpuesto por el Estado Nacional (Ministerio de Defensa), cabe recordar lo afirmado por el Alto Tribunal en cuanto a que debe darse respuesta al agravio que esa parte planteara en cuanto a que “(r)ecién estuvo en condiciones jurídicamente exigibles de conocer el daño civil cuya reparación reclama por derecho propio, consistente en el dinero con el que debió afrontar el mantenimiento y funcionamiento de Tandanor desde el año 2007 por los perjuicios generados a partir de esa fecha –posteriores incluso a su constitución como querellante– luego de la toma efectiva del control de la empresa tras la sanción del decreto 315/2007” (CFP 9233/1999/TO1/37/5/RH24, considerando 7°).
Que, en resumen, la decisión del tribunal a quo con respecto a esta cuestión no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido, en tanto –como se dijo- pretende sostener la toma de conocimiento por parte de Tandanor de los daños producidos por los ilícitos juzgados en autos en el mero acto de la contestación de un oficio a requerimiento del juez de instrucción, sin considerar la situación de la empresa en dicho momento ni su ajenidad al proceso que se estaba tramitando, y omitiendo además examinar y distinguir entre la actividad de la sociedad y aquella que resulta propia del Estado Nacional, análisis que, sin embargo, el tribunal oral tomó en cuenta como presupuesto necesario para rechazar las excepciones de falta de personería y falta de legitimación activa interpuestas por las partes demandadas, cuestión decidida en la misma sentencia que aquí se recurre. En razón de tales consideraciones, cabe concluir que este aspecto del fallo recurrido se apoya en afirmaciones dogmáticas que le dan un fundamento sólo aparente, a la vez que omite el debido análisis de constancias agregadas al expediente que resultan determinantes para la correcta resolución de la cuestión, derivando ello en la falta de fundamentación idónea o suficiente para sostener la prescripción de la acción civil (Fallos: 343:2255; 344:1915; 347:1944, entre muchos otros).
Por ello, habida cuenta que la posición del tribunal oral por la cual se sostuvo la prescripción de la acción civil fue descalificada como acto jurisdiccional válido, corresponde anular el punto dispositivo “II” de la sentencia recurrida, en cuanto resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción civil interpuesta por los demandados, y devolver las actuaciones a la instancia anterior para que se dicte una nueva decisión con arreglo a los criterios aquí establecidos.
V. Que, de otro lado, asiste también razón a la parte recurrente con relación a la invocada arbitrariedad de la decisión del tribunal de la instancia anterior en cuanto dispuso restituir la Planta I de Tandanor al Estado Nacional Argentino.
Que, en efecto, la lectura de este punto de la sentencia recurrida (reseñado más arriba) permite advertir que la resolución de restitución cuestionada carece de argumentos mínimos y suficientes que la sostengan como acto jurisdiccional válido.
En tal sentido, corresponde señalar que al momento de decidir acerca del decomiso de la Planta I y – en cuanto a lo que aquí importa- el destino que habría de darse a dicho inmueble, el tribunal a quo citó de modo parcial el artículo 23 del CP, conforme el texto de la Ley 25188, que entendió vigente a la época de consumación de los hechos juzgados. Ahora bien, dicha cita parcial no resultó inocua, pues se omitió el texto de la norma que prevé que, al momento de resolver el decomiso, los tribunales deben tener en cuenta “(l)os derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros […]”, extremo que en el presente caso correspondía analizar antes de resolver la cesión al Estado Nacional del inmueble en cuestión.
Sin embargo, el tribunal oral nada dijo respecto de ello, omitiendo así el tratamiento de una cuestión conducente para la solución del caso que había sido planteada por las querellas al momento de alegar.
En efecto, cabe destacar en lo atinente a ello que -conforme surge de la sentencia recurrida-, al momento de alegar en el debate, el letrado representante de la querellante Tandanor solicitó que se condene a los imputados, junto con “(T)he Royal Bank of Scotland NV, (antes ABN Amro Bank NV, en Argentina: BHU) y a Puerto Retiro S.A. a restituir la ex Planta I de Tandanor [por lo que –según solicitó- el tribunal a quo debía declarar] la nulidad absoluta y total de la escritura de venta del terreno donde se asentaba la Planta I a favor de PUERTO RETIRO S.A. […] y disponer su inmediata restitución a Tandanor, retrotrayendo la situación de dominio del inmueble al estado anterior al 24 de junio de 1993 […]”.
De otro lado, y en la misma oportunidad procesal, los representantes de la querella Estado Nacional-Ministerio de Defensa expresaron, en cuanto aquí resulta de interés, que “(e)l Estado Nacional se adhiere a la acusación que ha realizado TANDANOR [y] solicita se condene a los nombrados y que el Tribunal ordene la inmediata restitución de la ex planta I de TANDANOR al Estado Nacional, para ello Vuestra Excelencia deberá declarar la nulidad absoluta y total de la escritura de venta del terreno donde se asentaba la planta I a favor de Puerto Retiro S.A. […] y su inmediata restitución a TANDANOR, retrotrayendo la situación de dominio del inmueble al estado anterior al 24 de junio de 1993 […]”. En ese aspecto, el pedido del Ministerio de Defensa resulta concordante con el de Tandanor, pues lo que el Estado Nacional solicitó, en definitiva, es la restitución de la Planta I a la mencionada empresa, sumado a que requirió que la situación de dominio del inmueble se retrotraiga a su estado anterior.
Que, por ello, en lo relativo a esta cuestión, asiste razón a Tandanor en cuanto a que el tribunal a quo nuevamente confunde a dicha empresa con el Estado Nacional. Cabe destacar además que la mentada querellante aclaró en el debate y posteriormente ante esta instancia de revisión que con respecto al inmueble en el que funcionaba la Planta I “(e)l dominio estaba inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, a nombre de TANDANOR, antes de su ilícita venta [y que] TANDANOR, a su vez, en todo momento fue el damnificado por el delito comprobado: la falsa venta de la Planta I. Y, TANDANOR es la única parte de este juicio que reclamó, en la Acción Civil y en el proceso penal, la restitución de la Planta I y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, pues en ese terreno funcionaba parte importante del taller naval de la empresa y la Escuela de Aprendices” (argumentación en la que reparó la CSJN al resolver en la causa CFP 9233/1999/TO1/37/4/RH23).
Que, atento las consideraciones precedentes, se advierte que este aspecto de la sentencia ha sido resuelto por el a quo de modo dogmático y con notoria ausencia de fundamentación (Fallos: 312:608, 317:1144, 329:335, 344:2026, entre otros), en tanto no ha expuesto argumentos suficientes que justifiquen su decisión de entregar la Planta I al Estado nacional, a la vez que no brindó ninguna respuesta al concreto pedido de restitución efectuado por Tandanor.
De este modo -y tal como ya se indicó- el colegiado anterior no sopesó los argumentos expuestos por la parte interesada en sustento de su pretensión ni fundó su decisión de entregar el predio en cuestión al Estado nacional, descartando –si fuera el caso- eventuales “derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros” (cfr. art. 23 del CP), así como tampoco ha analizado a quien pertenecía el bien inmueble en cuestión previo al decreto nº 1957/1990 que dispuso la venta en licitación pública nacional e internacional de la totalidad de las acciones que el Estado Nacional poseía en la empresa Tandanor.
Por ello, corresponde anular el punto dispositivo “XVIII” de la sentencia recurrida, en cuanto resolvió “restituir” –en los términos de la sentencia- la Planta I de Tandanor al Estado Nacional, y devolver las actuaciones a la instancia anterior para que también en este aspecto se dicte una nueva decisión de acuerdo a los lineamientos aquí determinados.
VI. Finalmente, y en lo que respecta a los recursos de casación deducidos por Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato, y Puerto Retiro S.A., en lo que respecta al agravio dirigido contra la imposición de las costas en el orden causado en el proceso civil, corresponde señalar que es ineludible el principio en la teoría de los recursos que ordena que sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición (confrontar su aplicación en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 285:353; 310:819; 315:584, entre muchos otros).
En la misma línea, es criterio de esta Cámara que sus decisiones deben atender a las circunstancias existentes al momento de su pronunciamiento, aunque sean distintas a las verificables en oportunidad de la interposición del recurso respectivo (cfr. de esta Sala, causas FRO 9272/2020/2/CFC2, caratulada “De María, Guillermo s/recurso de casación”, rta. el 2/09/21, reg. 1506/21; FMZ 14282/2016/47/CFC9, caratulada “Cantoni, Gabriela Cristian s/incidente de excarcelación”, rta. 22/11/19, reg. 2067/19; FCT 10809/2018/1/CFC1, caratulada “Ramírez Ramos, Carlos Germán s/ recurso de casación”, rta. 22/11/19, reg. 2068/19; FRO 009491/2013/TO01/7/CFC004, caratulada “Tabares, Darío Héctor Oscar s/ legajo de casación”, rta. 5/11/19, reg. 1981/19; CPE 16/2016/TO2/42/CFC25, caratulada “Tolos, Matías Sebastián s/ recurso de casación”, rta. 1/11/19, reg. 1968/19; entre muchas otras).
En este sentido, en atención a lo aquí resuelto con respecto a la prescripción de la acción civil, la cuestión vinculada con la imposición de costas en el proceso civil ha devenido abstracta.
VII. Por todo lo expuesto, propiciamos al acuerdo:
1. hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las partes querellantes Tandanor y Ministerio de Defensa-Estado Nacional, anular los puntos resolutivos “II” y “XVIII” de la decisión recurrida -con el alcance indicado- y devolver las actuaciones a la instancia anterior para que se dicte una nueva resolución de acuerdo a los lineamientos aquí establecidos, sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN); 2) Declarar inoficioso un pronunciamiento del Tribunal respecto al planteo dirigido a cuestionar la imposición de costas en el orden causado en el proceso civil.
Es nuestro voto.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. El caso a resolver a la luz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
Corresponde en primer término recordar que en lo ahora pertinente, y en orden a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vuelve a esta instancia casatoria la revisión parcial de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de esta Ciudad de Buenos Aires, en la causa CFP 9233/1999/TO1 de su registro interno, con fecha 7 de septiembre de 2018 -y fundamentos leídos el 27 de noviembre de 2018-, en cuanto dispuso: a) “II. HACER LUGAR a la excepción de prescripción de la acción civil interpuesta por los demandados Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Juan Andrés Vlastó, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato, Miguel María De Larminat, The Royal Bank of Scotland -ABN Amro Bank-, Omar Calculli y Puerto Retiro SA, con costas por su orden (arts. 4037 CC, 3982 bis, 3986 CC, y artículo 77, CPCCN).”; b) “XVIII. ORDENAR el DECOMISO del inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera(Tandanor SACIyN) ubicado en la zona norte de esta Ciudad, con frente a las Avenidas Antártida Argentina N° 555 e Ingeniero José N. Quartino, el que conforme al Plano de Mensura y División que cita su título, registrado en la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Buenos Aires bajo la característica M-281-77 con una superficie de ochenta y dos mil cincuenta y un metros con veinte decímetros cuadrados (82.051,20), nomenclatura catastral: Circunscripción 21; Sección 97, Manzana 17, Fracción A., que fuera escriturado a favor de Puerto Retiro SA, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 1993 ante el Escribano autorizante, Daniel Allievi mediante Escritura Nro. 68 y DISPONER su inmediata RESTITUCIÓN al Estado Nacional Argentino (artículo 23, 1° párrafo, CP y artículos 403, 522 y 523, último párrafo, CPPN).”.
En efecto, por un lado, el Más Alto Tribunal consideró en su Fallo del 26 de noviembre de 2024, en los autos CFP 9233/1999/TO1/37/5/RH24, que la sentencia dictada por la mayoría de votos de mis colegas -y con la disidencia del suscripto- en esta Sala IV (cfr. Reg. 145.20.4), se apoyó en fundamentos que no constituyen derivación razonada del derecho vigente a la par que omitió toda consideración sobre agravios conducentes para la correcta resolución del asunto, por lo que descalificó por arbitrario dicho pronunciamiento (con cita de Fallos: 324:3612; 326:3734, entre muchos otros).
Específicamente y en cuanto al punto de partida del plazo de prescripción de la acción civil incoada, valoró la Corte Suprema que esta Cámara no dio respuesta alguna al agravio referido a que la parte impugnante recién estuvo en condiciones jurídicamente exigibles de conocer el daño civil cuya reparación reclama por derecho propio, consistente en el dinero con el que debió afrontar el mantenimiento y funcionamiento de Tandanor desde el año 2007 por los perjuicios generados a partir de esa fecha –posteriores incluso a su constitución como querellante–, luego de la toma efectiva del control de la empresa tras la sanción del decreto 315/2007.
Las señaladas falencias de fundamentación fueron también expuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 26 de noviembre de 2024, con relación a los agravios vinculados con la declaración de prescripción de la acción civil y la restitución del inmueble conocido como “Planta I” al Estado Nacional, al resolver in re CFP 9233/1999/TO1/37/4/RH23.
En esa oportunidad, con meridiana claridad, el Alto Tribunal recordó en primer lugar que “…tal como se tuvo en cuenta en las instancias anteriores al momento de rechazar las excepciones que pretendían excluirla del proceso, la sociedad Tandanor es un sujeto de derecho distinto al Estado Nacional. Esto supone que son titulares de derechos diferentes y pueden haber sido víctimas de daños y perjuicios diversos, aun cuando el Estado Nacional tuviera una participación en la sociedad. En ese sentido, es importante tener en cuenta que los derechos, obligaciones, funciones y poderes que un socio –público o privado– tiene en una sociedad son distintos de aquellos de los que es titular esa misma sociedad en cuanto a sus bienes y frente a terceros”.
Agregó que: “En el caso, Tandanor, desde la venta del 90% de su paquete accionario al consorcio adjudicatario (el 10% restante del capital social puesto en venta se había reservado para ser destinado a un Programa de Propiedad Participada), materializada el 30 de diciembre de 1991 mediante la suscripción del respectivo contrato, y hasta el decreto 315/2007 (B.O. del 3 de abril de 2007), que declaró nula de nulidad absoluta su privatización –respecto del cual esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia publicada en Fallos: 341:1679, rechazó el planteo de invalidez–, fue una sociedad anónima en la que varios de los sujetos denunciados eran directa o indirectamente titulares del 90% de su capital y, según se sostuvo en el voto disidente (considerando 2°, párrafos 15 y 16), su propia conformación constituía parte del procedimiento fraudulento en perjuicio de la recurrente, que fue la víctima de los daños y perjuicios aquí reclamados. Estas circunstancias, así como sus implicancias en relación con los planteos efectuados por la empresa recurrente, como se expondrá a continuación, no han sido abordadas debidamente en los votos que conforman la mayoría de la decisión recurrida.”. La Corte Suprema fue precisa al considerar cuáles fueron las falencias del pronunciamiento otrora dictado por esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (por decisión de los entonces votantes que conformaron la mayoría -jueces Borinsky y Carbajo- y con la disidencia del suscripto).
Así señaló “Que, para rechazar el cuestionamiento de la recurrente contra la declaración de prescripción de su acción civil, el a quo enunció situaciones de hecho que demostrarían, a su entender, que la persona jurídica Tandanor pudo como tal ejercer la acción de responsabilidad desde el año 2000 –y que la misma acción estaba disponible individualmente para los socios o accionistas minoritarios, entendiendo que el Estado revestía tal carácter–, pero que el plazo de la prescripción había transcurrido antes de que lo hiciera. Con referencia al contexto descripto en el considerando precedente, la recurrente sostiene que, hasta el dictado del citado decreto 315/2007, a partir del cual se constituyó como Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), no se encontraba en condiciones reales de conocer las maniobras perpetradas en su perjuicio ni las dimensiones de los daños sufridos; ni tampoco en condiciones societarias de actuar en consecuencia, dado que su estructura y voluntad social, en virtud de lo expuesto, no estaban legítimamente conformadas.”.
Y concluyó que “Frente a tales agravios, resulta infundada la sentencia que concluyó del modo señalado en lo que se refiere al comportamiento de la empresa Tandanor, circunscribiendo su análisis a la contestación de un oficio al juez instructor de la causa en el año 2000 por parte de los órganos de la sociedad, extremo a partir del cual concluyó en que se evidenciaba el conocimiento societario jurídicamente relevante de los daños padecidos por parte de la recurrente y que, por tanto, debía considerarse como dies a quo de la prescripción de su acción civil.
Ello en tanto la sentencia, por un lado y en este punto, resuelve las cuestiones sin efectuar ningún análisis distintivo entre las conductas atribuidas a la sociedad y al Estado Nacional y, por el otro, efectúa un tratamiento parcial de las cuestiones conducentes formuladas por la recurrente para la correcta resolución del asunto referido al plazo de prescripción de la acción civil.
Esto es así porque omitió abordar en forma adecuada el planteo de la recurrente fundado en la disposición procesal que determina quiénes pueden acceder al sumario de una causa penal y que, según ella, le impedía tomar conocimiento del contenido del sumario y, por ende, de la situación generadora de la responsabilidad civil. También fue dogmáticamente rechazado el cuestionamiento referido a la invalidez de otorgarle esta consecuencia jurídica a un oficio contestado por la sociedad anónima privatizada en el marco de un proceso licitatorio que, como se señaló reiteradamente, resultó fraudulento y fue declarado nulo con efectos ex tunc.
Es claro que el complejo planteo de la parte, referido a cuestiones jurídicas y fácticas de trascendencia, requería de un abordaje acorde. Sin embargo, el tratamiento de tan delicada cuestión resultó indebidamente sustituido por una afirmación dogmática.”.
Asimismo, y para otorgar mayor claridad expositiva respecto al modo en que ha sido llamada a resolver esta Cámara Federal de Casación Penal, también sobre la impugnación relativa al punto XVIII del resolutorio de la sentencia cuestionada, es pertinente memorar cuáles fueron los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema.
En el considerando 7°) sostuvo que “…igual déficit de fundamentación se advierte en forma clara con relación a la decisión del Tribunal Oral Federal n° 5 de restituir el decomisado inmueble denominado “Planta I” al Estado Nacional, a la cual la posición mayoritaria de la sentencia apelada consideró suficientemente fundada por el mero hecho de que fue acompañada de la cita del artículo 23, 1° párrafo, del Código Penal y de los artículos 403, 522 y 523, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.”. Sobre el punto dijo la Corte Suprema que “Sin embargo, no se ha brindado razón o fundamento alguno de tal determinación, ni se efectuó consideración respecto de los planteos de la recurrente referidos a que, antes de su “ilícita venta”, dicho inmueble se encontraba inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de Tandanor, y a que, por tanto, ella resulta ser la persona jurídica damnificada a quien correspondía restituir el referido predio.”.
A la luz de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a esta Cámara Federal de Casación Penal que, en el ejercicio de su función revisora de la sentencia pronunciada por el tribunal oral federal, resuelva nuevamente sobre las concretas cuestiones señaladas, subsanando aquellos defectos constitutivos de la arbitrariedad definida por el Más Alto Tribunal y con arreglo a los lineamientos expuestos en los fallos de cita.
II. Análisis de las cuestiones presentadas:
Efectuadas las precedentes consideraciones, corresponde entonces ingresar al fondo de las cuestiones presentadas:
1. De la prescripción de la acción civil:
Sobre ese específico tema me pronuncié al emitir mi voto en el precedente citado (Registro Nro. 145.20.4, rto. el 21 de febrero de 2020) con argumentos que resultaron adecuados a los lineamientos luego trazados por la Corte Suprema de Justicia en los respectivos Fallos pronunciados en autos, por lo que retomaré ahora el análisis que entonces efectué.
Los impugnantes plantearon a esta instancia que el tribunal oral a quo yerra en la sentencia pronunciada en tomar como punto de partida del cómputo de la prescripción de la acción civil el momento en el que se efectuó la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones (año 1999), o a su ampliación en sede instructora (año 2000), al señalar que dicha parte recién tomó conocimiento de los hechos delictivos en el año 2007 con motivo del cambio de las autoridades del directorio de la empresa Tandanor. Que ello derivó en su constitución como parte querellante en la causa y en la posterior sanción del Decreto nº 315/2007 que dispuso la reestatización de la empresa.
A su vez, entendieron que cuando el artículo 3.982 bis del derogado Código Civil de la Nación establecía que el plazo liberatorio se suspende con la deducción de una “querella criminal”, el legislador en realidad se refería a la realización de una denuncia penal y no a la constitución como parte querellante en el proceso penal.
Evaluaron que durante los hechos bajo juzgamiento los civilmente demandados se encontraban ligados al Estado Nacional mediante contratos de empleo público, contrataciones administrativas, o bien por haber sido socios, accionistas o testaferros de aquellas personas jurídicas que resultaron adjudicatarias en la licitación; razón por la cual entienden que en el caso de autos prima una responsabilidad de tipo contractual (plazo de prescripción de 10 años) y no extracontractual (plazo de prescripción de 2 años), como el tribunal oral consideró en la resolución recurrida.
Asimismo, consideraron contradictorio que pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó la constitucionalidad del Decreto nº 315/2007 y declaró nulos de nulidad absoluta tanto el llamado a licitación como todos los actos subsiguientes, el “a quo” resolviera que la acción civil se encuentra prescripta. Finalmente, postularon la imprescriptibilidad de la acción civil citando el precedente “Cossio” de esta Sala IV en sustento de su pretensión.
Ahora bien, como lo recordé, la “prescripción” se entiende como “un medio legal de extinción de los derechos por la inacción de su titular o no ejercicio de su derecho durante el tiempo establecido por el derecho objetivo” (cfr.: Spota, Alberto G., “Prescripción y caducidad”, 2º, ed. -actualizada por Luis F.P. Leiva Fernández-, Buenos Aires, La Ley, 2009, T. I, pág. 1).
Al efecto, no puede perderse de vista que la solución a adoptar respecto del momento en el que inicia el curso de la prescripción de la acción civil debe contemplar la naturaleza de las conductas juzgadas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el tiempo de la prescripción debe ser un tiempo útil para el ejercicio de la acción (cfr.: Fallos: (Fallos: 318:879), de modo que no podría reprocharse inacción a la actora durante el tiempo en el que, por razón del delito cometido por los imputados, ignoraba la realidad de lo acontecido (cfr. mi voto en la causa FSM 62590/2015/TO1, caratulada: “MARZIALETTI, Liliana Adela y otros s/recurso de casación”, Reg. 1501.4.19, rta. el 17 de julio de 2019); o se encontraba imposibilitada de proceder (cfr. asimismo en lo pertinente y aplicable mi voto en la causa FTU 81810099/2012/TO1/CFC1 del Registro de esta Sala, caratulada “MENÉNDEZ, Luciano Benjamín s/recurso de casación”; Reg. Nro. 436/16; rta. el 18 de abril de 2016).
Como memoré en el fallo recién citado, el artículo 3980 del Código Civil anterior a la reforma, por ejemplo, contemplaba la imposibilidad de ejercer una acción, estableciendo que ese tiempo no sea computado en la prescripción respectiva, y disponía que “Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses”. Es ilustrativo memorar que el actual Código Civil y Comercial de la Nación prevé también dicha dispensa si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente, al titular de la acción, el ejercicio de la acción (artículo 2550).
Cabe tener en cuenta además que Nuestro Más Alto Tribunal ha dicho que la solución que procede en el caso importa ponderar “… que frente a divergencias interpretativas sobre la operatividad de un determinado plazo de prescripción liberatoria, los jueces deben inclinarse por aquel que mantenga subsistente la acción, o sea por el que garantice con mayor amplitud y eficacia de la defensa en juicio del litigante que reclama ante la jurisdicción por un derecho que le ha sido conculcado, pues a los fines de una correcta hermenéutica debe tenerse presente que el instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva y que en caso de duda debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho.” (cfr. considerando 18°) del Fallo: C. 177. XLIII. RECURSO DE HECHO “Carniel, Leandro Atilio s/ sucesión s/ nulidad de acto jurídico e inclusión de bienes”; rta. el 20/12/2011). Estudiada la sentencia dictada, resulta que la interpretación del a quo acerca del comienzo del cómputo de la prescripción de la acción civil iniciada en este proceso, contiene un serio defecto en su fundamentación, pues una cosa es cuando los derechos nacen y otra cuando caen bajo el dominio de la prescripción (cfr. Fallo:318:879). Distinción que no puede ser soslayada.
En efecto, corresponde analizar cuándo puede concluirse que, en relación a las particulares circunstancias que reúne el caso juzgado, la accionante TANDANOR SACIyN estuvo en condiciones de conocer acabadamente los contornos de su pretensión resarcitoria - particularmente en relación a la identidad de los demandados y a la extensión del daño que se le provocara- y, esto es lo sustancial, con la posibilidad efectiva de ejercer el pertinente reclamo.
En ese sentido resultan de particular pertinencia los argumentos invocados por la parte querellante y actor civil cuando considera infundada la conclusión del tribunal en cuanto tomó como punto de partida para el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil a la contestación por parte de TANDANOR privatizada de un oficio librado por el juez instructor en el año 2000.
Es que, como también lo consideré al votar en la anterior oportunidad sobre esta cuestión, cierto es que dicha afirmación implica la consideración de que TANDANOR ya en aquél momento como a partir de que el Estado Nacional la recupera a través del Decreto PEN 315/2007 -tomando posesión del 90 % de las acciones y reconociendo que el 10 % corresponden al Programa de Propiedad Participada (y cuya constitucionalidad fue sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación)-, es la misma sociedad en cuanto a su conformación y a su voluntad social. Y que, en tanto en uno como en otro caso el Estado Nacional era accionista, TANDANOR (presentada como actor civil) conoció la compleja maniobra perpetrada, la identidad de las personas (físicas y jurídicas) que debía demandar y la extensión del daño provocado, al menos, cuando suministró información al magistrado instructor pertinente.
Los argumentos así expuestos por los sentenciantes lucen incorrectos a los fines de considerar válidamente fundado el pronunciamiento que ahora se cuestiona ante esta instancia, en tanto asiste razón al recurrente en cuanto a que la sociedad TANDANOR, desde su venta al consorcio adjudicatario hasta que en el año 2007 se dicta el Decreto Nacional 315/07, estaba dirigida y fiscalizada por órganos designados y controlados por las sociedades demandadas y los acusados.
En definitiva, era aquella TANDANOR “privatizada”, justamente, la sociedad conformada como directo tramo del procedimiento fraudulento juzgado.
De manera que resulta razonable concluir que no sólo la participación estatal era sustancialmente distinta, sino también que antes del Decreto 315/07 la voluntad social y la fiscalización de TANDANOR estaba en manos del consorcio conformado a resultas –como parte de la maniobra ejecutadadel despojo fraudulento cometido en perjuicio de la sociedad TANDANOR (anterior al delito), a la que le ocasionaron los daños y perjuicios reclamados.
Por lo expuesto, fue con posterioridad al dictado de ese decreto que la querellante (Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima Comercial Industrial y Naviera), sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, se encontró no sólo en real posibilidad de conocer, como persona jurídica, las verdaderas dimensiones de las maniobras fraudulentas perpetradas y los daños ocasionados por los demandados; sino, también, en condiciones societarias de actuar en consecuencia, con una estructura y consecuente voluntad social ya legítimamente conformada. De este modo, reitero ahora también que, simplemente no se explica -por la ilogicidad del razonamiento empleado- cómo la contestación de TANDANOR privatizada (mediante un proceso licitatorio irregular fraudulento, y declarado nulo –cfr. el Fallo de la C.S.J.N. “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, del 21/11/2018-) a un oficio librado por el juez instructor, pueda evidenciar las concretas posibilidades de conocimiento societario jurídicamente trascendente por parte de la persona de existencia ideal que se presentó como querellante y actor civil en este proceso; inopia argumental en la que se sustenta el fallo dictado para resolver que la acción civil se encuentra prescripta. A todo lo expuesto corresponde adunar que el propio tribunal evaluó que TANDANOR SACIyN –no Tandanor “privatizada”-, es damnificada directa como titular de la relación jurídica sustancial que se sustenta en una pretensión referente a la responsabilidad civil por actos calificados de ilícitos y productores de consecuencias dañosas respecto de su patrimonio. Y concluyó que “es indudable que la sociedad comercial que demanda –Tandanor SACIyN- se encuentra legitimada sustancialmente, a través de los órganos societarios determinados por la normativa mercantil para representarla, a los fines de promover la presente demanda de acción civil por daños y perjuicios originados en las maniobras defraudatorias de los cuales fue destinataria.”.
También al momento de rechazar la excepciones de falta de personería y de legitimación activa interpuesta respecto de Tandanor, el tribunal tuvo en cuenta que, justamente, Tandanor es un sujeto de derecho distinto al Estado Nacional, con plena capacidad jurídica, que titulariza derechos y obligaciones, y que como víctima damnificada de los delitos investigados, sufrió daños y perjuicios (que se reclaman en este juicio, entre ellos, el desapoderamiento de la Planta I y los demás reclamados, en base en la cita de los arts. 1077, 1081 y concordantes del Código Civil entonces vigente).
Además, en la misma sentencia, los señores jueces sostuvieron -al momento de rechazar la excepción de falta de personería- que “el poder especial a favor de los letrados que asisten en la presente acción civil ha sido otorgado por el Presidente del Directorio de Tandanor SACIyN en su carácter de tal, en uso de sus facultades de representación de la misma para otorgar poder para estar en juicio (arts. 58 y 268 de la Ley 19.550) y en cumplimiento de lo resuelto por el Directorio en el acta del 27 de junio de 2012 (fojas 218 del libro de Actas de Directorio)”.
En consecuencia, reconocida la personería y legitimación para actuar como actor civil y querellante en este proceso por parte de TANDANOR SACIyN, como persona jurídica distinta del Estado Nacional (conformada a partir de lo dispuesto por Decreto Nacional 315/07) y diferente, también, de la sociedad TANDANOR “privatizada” como consecuencia de la maniobra delictiva que se consideró acreditada en la sentencia pronunciada, resulta arbitrario, por contradictorio y jurídicamente absurdo, concluir que TANDANOR SACIyN estuvo en condiciones de actuar como tal a partir de la conducta adoptada en autos por un organismo diferente y por una persona jurídica con distinta conformación: el Ministerio de Defensa al denunciar, o, en su caso, por la respuesta dada por TANDANOR privatizada, a un oficio librado en la etapa preliminar del proceso. Resuelta la cuestión precedente, y en relación al plazo de prescripción de la acción civil que resulta aplicable al “sub examine”, cabe memorar que he sostenido que la circunstancia de que un contrato rija la relación dentro de la cual se cometa el hecho ilícito al que se atribuye el daño no excluye el carácter extracontractual de la fuente obligacional, por más que pueda asimismo calificarse como incumplimiento de aquel “a fortiori” (cfr. mi voto en la causa 2697: “SANDLER, Ileana Mónica s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 3826.4, rta. el 20/12/2001).
En cuanto al momento a partir del cual se suspende el curso de la prescripción de la acción civil corresponde señalar que a la luz del Código Civil anterior a la reforma, la presentación como particular damnificado suspende el transcurso de la prescripción y no la sola denuncia penal o la intervención del damnificado como simple víctima, dado que el papel que asume aquél en el proceso penal exterioriza un interés activo en el resguardo de sus derechos resarcitorios, en virtud de la incidencia que aquél eventualmente tendrá sobre la acción civil, y que evidencian la intención de mantener vivo el derecho a ejercitar su pretensión resarcitoria.
La presentación de la víctima como particular damnificado no es sólo una diferencia formal, sino que en atención al cúmulo de facultades que el ordenamiento ritual le confiere, el rol asumido por la víctima revela ab initio un modo de estar frente al proceso y la defensa de sus derechos, diferente al de la simple víctima, siendo precisamente esta circunstancia la que la doctrina ha tenido en consideración para equiparar esta presentación a la figura de la querella criminal como causa de suspensión del decurso de la prescripción de las acciones civiles a la luz del Código Civil anterior a la reforma.
A su vez, procede memorar que el Código de Vélez establecía que la demanda judicial producía la interrupción de la prescripción (artículos 3986 y 3987 del C.C.). La doctrina y la jurisprudencia interpretaban de manera pacífica que el término "demanda" comprendía cualquier actuación judicial que denotara la intención del acreedor o del titular del derecho de ejercer su derecho y no perderlo, excluyendo reclamos extrajudiciales (así se consideraba que tenían efecto interruptivo, entre otros actos judiciales: el pedido de diligencias preliminares, el pedido de beneficio de litigar sin gastos, medidas cautelares, medidas de prueba anticipada, la constitución en actor civil, el pedido de verificación de crédito, la preparación de vía ejecutiva). Es pertinente considerar, a modo ilustrativo, que el actual Código Civil y Comercial de la Nación mejora la redacción del artículo 3986 del Código de Vélez, el que se refiere sólo a la demanda, lo que -como se dijo- generó la necesidad de interpretar extensivamente la locución, y dispone en el artículo 2546 que: “El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa”, de manera que abarca a la actuación judicial que denote la intención del acreedor o del titular del derecho de ejercer su derecho y no perderlo, como en el caso lo sería, también, ya la constitución en actor civil.
En autos, Tandanor solicitó ser tenido por parte querellante el 11 de octubre de 2007 y el 3 de noviembre de 2008 se constituyó como actor civil (cfr. fs. 8241/8242 y 4169 -expediente ppal. digitalizado-).
A su vez, es clarificador contemplar que el actual código reconoce, ahora expresamente, el principio de que el efecto interruptivo se mantiene mientras dure el litigio, al disponer, en el artículo 2547, que “Los efectos interruptivos del curso de la prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión, con autoridad de cosa juzgada formal.”.
A la luz de todo lo expuesto, debe concluirse que la acción civil incoada en este proceso no se encuentra prescripta, en tanto el accionante recién estuvo en condiciones jurídicamente exigibles de conocer el daño civil cuya reparación reclama por derecho propio, consistente en el dinero con el que debía afrontar el mantenimiento y funcionamiento de Tandanor desde el año 2007 (por los perjuicios generados), con posterioridad a la toma efectiva del control de la empresa tras la sanción del decreto 315/2007. Incluso desde el momento en que, conformada TANDANOR SACIyN e interpuesta la querella criminal que suspendió el curso de extinción de la acción civil a la luz del entonces vigente Código Civil, y aun desde que se constituyó en actor civil, por ejemplo, no transcurrió el plazo legal pertinente, lo que resulta suficiente para revocar la sentencia dictada por el tribunal oral, y resolver desde aquí rechazo de la excepción de prescripción de la acción civil interpuesta por los demandados.
En este escenario, y sin perjuicio de que las propias reglas de derecho civil interno que regulan y limitan el ejercicio de la acción civil determinan que en el caso no se encuentra prescripta; dejaré solo señalada, por lo demás, mi postura en cuanto a que, en su defecto, resultarían aplicables, en lo pertinente, las consideraciones que efectuara (en el acápite II. 2). b.) en mi voto en el registro Nro. 145.20.4 de esta Sala IV) respecto de la imprescriptibilidad de la acción penal, a la respuesta relativa a la acción de carácter civil, pues así lo establece la Constitución Nacional al establecer que las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Finalmente, en cuanto a la cuestión tratada en este acápite, propicio: HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por TANDANOR S.A.C.I y N., actor civil y querellante, y por el Ministerio de Defensa, como querellante, con el alcance indicado y REVOCAR el fallo pronunciado en cuanto en el punto II. del resolutorio se resuelve hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción civil interpuesta, con costas por su orden; RECHAZAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL interpuesta por los demandados Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Juan Andrés Vlastó, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato, Miguel María De Larminat, The Royal Bank of Scotland ABN Amro Bank, Omar Calculli y Puerto Retiro SA, con costas a las partes vencidas (arts. 4037 CC, 3982 bis, 3986 CC, y artículos 68 y 77, CPCCN); y REMITIR la causa al tribunal de origen a los fines de que, a la mayor brevedad posible, se expida respecto de la condena civil reclamada.
2. De la restitución del bien inmueble decomisado:
Corresponde memorar que la parte querellante y actor civil, representada por Cristian E. Fabris, con el patrocinio letrado del doctor José Luis Fabris, planteó ante esta instancia que resultó arbitraria la sentencia dictada en cuanto en el punto XVIII. dispuso restituir al Estado Nacional Argentino el inmueble denominado Planta I de TANDANOR SACIyN (ubicado en la zona norte de esta ciudad, con frente a las Avenidas Antártida Argentina Nª 555 e Ingeniero N. Quartino) que fuera escriturado en favor de Puerto Retiro S.A., y cuyo decomiso también se ordenó. En sustento de su impugnación sostuvo que nuevamente se confunde al Estado Nacional con TANDANOR SACIyN.
Reiteró que TANDANOR es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (art. 304 de la Ley General de Sociedades), cuyo 10% de acciones pertenecen al Programa de Propiedad Participada, Ley 23.693. Y que no es, con toda evidencia, el Estado Nacional.
Que TANDANOR es una empresa que el Estado Nacional recupera a través del Decreto PEN 315/2007, tomando posesión del 90% de las acciones y reconociendo que el 10% corresponden al Programa de Propiedad Participada; y cuya constitucionalidad fue reafirmada por la Corte Suprema de Justicia, en los autos: CSJ 304/2010 (46-T)/CS1-ROR, y CSJ 461/2012 (48T)/CS1-RHE, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I y N. s/ concurso preventivo” (fallo de fecha 21 de noviembre de 2018).
Que TANDANOR SACIyN integra, desde aquél momento, el Sector Público Nacional, equiparando su situación a la de las de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (conforme la Ley General de Sociedades: art. 308 y sgtes.), contempladas en el inciso b, del artículo 8º de la ley 24.156, y que se encuentra sujeto a la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, revistiendo el carácter público estatal (doctrina de Fallos: 338: 1263, considerandos 12,13 y 14).
Resaltó el recurrente que no pueden confundirse estas cuestiones: la participación estatal en la sociedad, para concluir inválidamente que Tandanor es el Estado Nacional, dado que nunca lo fue, sea antes de la privatización que tuvo lugar en la maniobra de fraude que aquí se concluyó acreditada, ni a posteriori del Decreto 315/07.
Recordó que fue precisamente en ese entendimiento que el tribunal reconoció que la citada TANDANOR SACIyN es una sociedad comercial y tiene legitimidad individual, sustancial y procesal, para demandar por daños y perjuicios (art. 23 del Cód. Penal), al evaluar en la sentencia que “es indudable que la sociedad comercial que demanda –Tandanor SACIyN- se encuentra legitimada sustancialmente, a través de los órganos societarios determinados por la normativa mercantil para representarla, a los fines de promover la presente demanda de acción civil por daños y perjuicios originados en las maniobras defraudatorias de los cuales fue destinataria” (fs. 7789, último párrafo).
Precisó asimismo el actor civil que, por otro lado, se encuentra probado por la escritura nº 68 del Escribano Allievi (fs. 1888/92 de la causa) que antes de su ilícita venta el dominio del inmueble en donde se ubicaba la Planta I estaba inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble a nombre de TANDANOR.
Que TANDANOR, a su vez, en todo momento fue el damnificado por el delito comprobado: la falsa venta de la Planta I; y que tal es así que justamente por eso TANDANOR SACIyN es la única parte de este juicio que reclamó, en la acción civil y en el proceso penal, la restitución de la Planta I y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, pues, asimismo, no sólo era la titular del inmueble sino que en ese terreno funcionaba una parte importante del taller naval de la empresa y la Escuela de Aprendices.
Hizo hincapié en que el mismo tribunal evaluó que:
“El valor de la Planta I de Tandanor residía en que se trataba de un taller naval modelo y el corazón industrial de Tandanor. Los peritos navales –incluidos los propuestos por los imputados-, afirmaron que las Plantas I y II se complementaban y que, en conjunto, engrandecían a Tandanor. La Planta I: podía reparar determinados buques que por sus dimensiones y calado, no podían ser receptados en el Syncrolift de la Planta II, sus diques de carena no sufrían la progresiva pérdida de calado que sí afectaba al complejo Syncrolift de la Planta II, y, además, aglutinaba a todos los talleres de oficios, formaba a sus propios operarios en la Escuela de Aprendices” (fs. 7869 último párrafo y 7870). Y que, entonces, el propio tribunal oral expresa con claridad la lesión al derecho o el interés de TANDANOR en recuperar el inmueble y todo lo demás ahí construido e instalado en la Planta I.
Lo expuesto muestra que el sustento fáctico y jurídico de la solicitud de restitución e indemnización de los daños y perjuicios que le fueron irrogados en razón del delito juzgado, fue bastamente motivada por el actor civil y querellante.
No obstante, el tribunal oral a quo ordenó en la sentencia que ahora se impugna la restitución al Estado Nacional del terreno donde se ubicaba la Planta I, sin concretar razón o fundamento eficiente para sostener esa decisión, pese a que TANDANOR SACIyN, por todo lo dicho, es el damnificado y el titular de la acción restitutoria (art. 23 del Código Penal y 403 del C.P.P.N.).
Por ese motivo es que concluyó su agravio el actor civil y querellante, solicitando que, probadas las maniobras ilícitas perpetradas por los imputados, la apropiación indebida de la Planta I y que el titular dominial antes de esa ilícita venta era TANDANOR, empresa a su vez damnificada y demandante de ese terreno (dos calidades obviadas por el tribunal oral), se revoque la restitución ordenada del inmueble denominado Planta I a favor del Estado Nacional y que se ordene que dicho inmueble se restituya a TANDANOR SACIyN. Conforme la parte final del primer párrafo del art. 23 del Código Penal.
Concretó además que, para eso, el tribunal debió declarar: (I) nula, de nulidad absoluta total, la escritura pública nº 68, del 24 de junio de 1993, pasada ante el Escribano Allievi, que instrumenta la venta a Puerto Retiro S.A. del inmueble denominado Planta I; y (II) disponer su inmediata restitución a TANDANOR, retrotrayendo la situación de dominio del inmueble al estado anterior al 24 de junio de 1993 (arts. 386 y sgtes. del Código Civil y Comercial, y arts. 23 1º párrafo última parte, y 29 del Código Penal). Con costas a los demandados y acusados.
Ahora bien, como se adelantó, en este punto materia de agravio corresponde señalar que asiste razón al recurrente en cuanto a que, por las razones que expone y que no se encuentran discutidas en el caso, se encuentra acreditada la individualidad de la sociedad TANDANOR SACIyN como persona jurídica distinta del Estado Nacional, a tal punto que, en coherencia con las aristas fácticas y jurídicas del caso, el tribunal consideró “indudable” que se encontraba legitimada, sustancialmente, para presentarse en este proceso como actor civil y como parte querellante, diferente del Estado Nacional.
Y es en este sentido que, por todo lo dicho, debe concluirse que TANDANOR SACIyN es la víctima directa del despojo fraudulento perpetrado. De manera que la cita abstracta de la primera parte del párrafo primero del artículo 23 del C.P., en la que el tribunal apoyó el decisorio en este aspecto, transformó a la sentencia en un pronunciamiento arbitrario por resultar erróneamente fundado, y por haber omitido dar tratamiento a cuestiones pertinentes presentadas por la parte sobre el punto. En efecto, el análisis armónico de las disposiciones de fondo contenidas en el Código Penal (artículos 23, 29 y 30), permite ver que dicha normativa se encuentra orientada en el sentido de la política legislativa más actual que tiene como objetivo principal la satisfacción de los intereses de quien ha resultado víctima del delito; en tanto da prioridad al aseguramiento de los derechos de restitución e indemnización de los daños y perjuicios irrogados por la comisión del delito, junto con el resarcimiento de los gastos del juicio.
Es, entonces, en armónica interpretación, que debe ser aplicada la normativa reseñada por el tribunal a quo en cuanto dispone el destino que deberá dársele a los bienes decomisados.
Así, el artículo 23, primer párrafo, in fine, del C.P., dispone (también en la redacción anterior)que el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o provecho del delito, será en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios “salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”. Y, coherentemente, el artículo 29 del código de fondo, establece que la sentencia condenatoria podrá ordenar: “1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.”; mientras que el inciso 2. –respecto del caso- contempla la indemnización del daño material y moral causado a la víctima.
El artículo 30 del C.P. es claro en cuanto establece que “La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades precuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente:
1. La indemnización de los daños y perjuicios.
2. El resarcimiento de los gastos del juicio.
3. El decomiso del producto o provecho del delito.
4. El pago de la multa.”.
En consonancia, el artículo 403 del C.P.P.N., ordena que la sentencia condenatoria disponga, cuando la acción civil hubiere sido ejercida, la restitución del objeto material del delito, la indemnización del daño causado, y la forma en la que deberán ser atendidas las respectivas obligaciones; al igual que lo contempla el artículo 523 del C.P.P.N.
Cierto es entonces que la restitución del bien inmueble del que fuera despojada la víctima mediante la maniobra fraudulenta juzgada, debe ser contemplada de modo prioritario al disponer el decomiso y, en lo pertinente a la cuestión en estudio, el destino que corresponde otorgarle a esos bienes.
De manera que la solución que procede adoptar es la que mejor se adecue a la función reparatoria del decomiso (cfr.: causa CFP 12099/1998/TO1/5/CFC2 de Sala IV, caratulada: “OFICINA ANTICORRUPCION s/recurso de casación”; Reg. Nro. 216/2015, rta. el 27/2/2015).
En este contexto, concretamente, la normativa parcialmente citada en sustento del fallo en lo relativo a que el artículo 23 del C.P. dispone que “En los casos en que recayese condena por delitos previstos en este código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios”, aislada de la interpretación armónica de las reglas que regulan la cuestión tratada, sin ir más lejos: que el mismo párrafo de la norma citada ordena que esa disposición se aplica “salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”, resulta desajustada a la solución que la misma normativa de fondo prevé con prístina contundencia.
En definitiva, el tribunal prescinde en el fallo dictado de la aplicación de la clara letra de la ley, alterando los principios allí contenidos, que establecen como regla, en cuanto al destino de los bienes decomisados, la prioritaria atención de los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros. En el caso, de la empresa que ha sido directamente perjudicada por la maniobra fraudulenta que es objeto de condena: la empresa TANDANOR SACIyN; persona jurídica a la que se le debe restituir el inmueble, que, se reitera, se encontraba inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a su nombre, y del que fue despojada por el fraude cometido. A la luz de lo expuesto, parece necesario reiterar que el recupero de los bienes que, en este caso, resultaron fraudulentamente sacados del patrimonio de la sociedad TANDANOR es la finalidad que debe direccionar el decomiso del inmueble en cuestión, y la resolución pertinente de su destino; que debe ser en devolución a la persona jurídica a la que registralmente correspondía en el momento anterior al delito.
Resulta útil destacar que incluso el Ministerio de Defensa, en su alegato, solicita respecto del inmueble en cuestión: “su inmediata restitución a TANDANOR, retrotrayendo la situación de dominio del inmueble al estado anterior al 24 de junio de 1993 y por último solicito a vuestra excelencia que declare la nulidad absoluta y total del noventa por ciento de las acciones de TANDANOR inscriptas a nombre de Inversora Dársena Norte S.A. y en consecuencia ordene que esas acciones se inscriban a nombre del Estado Nacional, Ministerio de Defensa en el registro de acciones de TANDANOR.”.
Sin embargo, esta específica cuestión que fuera concreta y fundadamente expuesta y peticionada por el actor civil y querellante TANDANOR SACIyN y también, como se dijo, solicitada por el Ministerio de Defensa como parte querellante, no mereció un análisis concreto por el tribunal sentenciante que se limitó a disponer, directamente, su inmediata restitución al Estado Nacional Argentino (cfr. acápite XVIII de la sentencia). Sin apoyar su decisión en argumentación alguna que, a la luz de la normativa de fondo y de forma aplicable, permitiera considerar justificado el destino concreto dado a este bien decomisado.
En virtud de todo lo expuesto y atento a lo expresamente requerido por los recurrentes, corresponde declarar la nulidad absoluta de la escritura pública nº 68, del 24 de junio de 1993, pasada ante el Escribano Allievi, que instrumenta la venta a Puerto Retiro S.A. del inmueble denominado Planta I; y disponer su inmediata restitución a TANDANOR SACIyN, retrotrayendo la situación de dominio del inmueble al estado anterior al 24 de junio de 1993 (arts. 1037 y ss. del C.C., y 386 y sgtes. del C.C.C.N., y arts. 23 1º párrafo última parte, y 29 del Código Penal). Con costas a los demandados y acusados.
En efecto, la restitución tiene como objetivo hacer cesar los efectos del delito, reponiendo las cosas al estado anterior al ilícito, y la declaración de nulidad de la escritura celebrada como motivo de la maniobra reputada de fraudulenta es un paso fundamental para la restitución. (art. 1050 del C.C.). Al declarar nula la escritura que transfirió el dominio del bien, se invalida la base legal de la desposesión o privación del derecho de propiedad de la víctima.
En este contexto, recordaré nuevamente que un análisis normativo sistemático y coherente con la indudable gravedad de las maniobras delictivas investigadas en la presente causa, es el que define como ineludible la conclusión de que el juzgamiento eficaz de los hechos imputados debe ser asegurado. Ello, a los efectos de restaurar la justicia y de restablecer el equilibrio perdido (Cfr. en este sentido mis votos en causas de esta Sala IV: 4787, “ALSOGARAY, María Julia”, Reg. 6674.4. Rta. 9/05/2005 y CFP 2160/2009/37/CFC3, “VÁZQUEZ, Manuel y otros”, Reg. Nro. 512/16, Rta. 29/04/2016; entre varias otras).
Dado que la cuestión ha quedado sellada por la mayoría conformada por los votos precedentes en los que se propicia anular la sentencia pronunciada en relación al punto resolutivo XVIII me exime de un mayor desarrollo argumental, propicio: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor civil y querellante, Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N (Tandanor); CASAR parcialmente la sentencia pronunciada en cuanto en el punto XVIII, dispone la inmediata restitución al Estado Nacional Argentino del inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera, REVOCARLA y DISPONER la nulidad absoluta de la escritura pública nº 68, del 24 de junio de 1993, pasada ante el Escribano Allievi, que instrumenta la venta a Puerto Retiro S.A. de ese inmueble denominado Planta I -escritura Nro. 68-; y la inmediata RESTITUCIÓN a la sociedad Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (TANDANOR SACIyN), del inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor SACIyN) ubicado en la zona norte de esta Ciudad, con frente a las Avenidas Antártida Argentina N° 555 e Ingeniero José N. Quartino, el que conforme al Plano de Mensura y División que cita su título, registrado en la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Buenos Aires bajo la característica M-281-77 con una superficie de ochenta y dos mil cincuenta y un metros con veinte decímetros cuadrados (82.051,20), nomenclatura catastral: Circunscripción 21; Sección 97, Manzana 17, Fracción A. -que fuera escriturado a favor de Puerto Retiro SA, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 1993 ante el Escribano autorizante, Daniel Allievi mediante Escritura Nro. 68- (arts. 23, primer párrafo, y 29 del C.P., 403, párrafo segundo, 522 y 523 del C.P.P.N. y 1037 y ss. C.C.). Sin costas al recurrente (artículos 530 y 531 del C.P.P.N.).
III. Planteos sobre imposición de costas en el proceso civil:
En este sentido, sobre los planteos vinculados con la imposición de costas en el proceso civil efectuados en los recursos de casación deducidos por Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato y Puerto Retiro S.A., en atención a lo aquí resuelto con respecto al rechazo del planteo de prescripción de la acción civil (acápite II. 1) de este voto), resulta inoficioso expedirme ahora sobre el punto.
IV. Propuesta:
Por todo lo expuesto propicio:
I. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por TANDANOR S.A.C.I y N., actor civil y querellante, y por el Ministerio de Defensa, con el alcance indicado y REVOCAR el fallo pronunciado en cuanto en el punto II. del resolutorio se resuelve hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción civil interpuesta, con costas por su orden; RECHAZAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL interpuesta por los demandados Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Juan Andrés Vlastó, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato, Miguel María De Larminat, The Royal Bank of Scotland ABN Amro Bank, Omar Calculli y Puerto Retiro SA, con costas a las partes vencidas (arts. 3982 bis, 3986 y 4037 C.C., y artículos 68 y 69 C.P.C.C.N.); y REMITIR la causa al tribunal de origen a los fines de que, a la mayor brevedad posible, se expida respecto de la condena civil reclamada. Sin costas al recurrente en esta instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor civil y querellante, Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N (Tandanor); CASAR parcialmente la sentencia pronunciada en cuanto en el punto XVIII, dispone la inmediata restitución al Estado Nacional Argentino del inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera; REVOCARLA, DECLARAR la nulidad absoluta de la escritura pública nº 68, del 24 de junio de 1993, pasada ante el Escribano Allievi, que instrumenta la venta a Puerto Retiro S.A. de ese inmueble denominado Planta I -escritura Nro. 68-; y DISPONER la inmediata RESTITUCIÓN a la sociedad Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (TANDANOR SACIyN), del inmueble denominado Planta I de Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor SACIyN) ubicado en la zona norte de esta Ciudad, con frente a las Avenidas Antártida Argentina N° 555 e Ingeniero José N. Quartino, el que conforme al Plano de Mensura y División que cita su título, registrado en la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Buenos Aires bajo la característica M-281-77 con una superficie de ochenta y dos mil cincuenta y un metros con veinte decímetros cuadrados (82.051,20), nomenclatura catastral: Circunscripción 21; Sección 97, Manzana 17, Fracción A., que fuera escriturado a favor de Puerto Retiro SA, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 1993 ante el Escribano autorizante, Daniel Allievi mediante Escritura Nro. 68 (arts. 23, primer párrafo, del C.P.; 403, párrafo segundo, 522 y 523 del C.P.P.N. y 1037 y ss del C.C.). Sin costas al recurrente (artículos 530 y 531 del C.P.P.N.).
III. DECLARAR INOFICIOSO el tratamiento de los planteos dirigidos a cuestionar la imposición de costas en el orden causado en el proceso civil efectuado en los recursos de casación deducidos por Alejandro Arturo Bofill, Nachat Samman, Eduardo Andrés Tesoriere, Gerardo Norberto Donato y Puerto Retiro S.A., en orden a lo propuesto en el punto I.
El señor juez Guillermo J. Yacobucci dijo:
1. De conformidad con la constitución de esta Sala para resolver en la presente causa, corresponde que me pronuncie en esta instancia con apego a la doctrina del leal acatamiento y en estricta relación con las remisiones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de los incidentes CFP 9233/1999/TO1/37/4/RH23 y CFP 9233/1999/TO1/37/5/RH24 (“Recurso de hecho deducido por Talleres Navales Dársena Norte SACI y N Tandanor SACI y N en la causa Bofill, Alejandro Arturo y otros s/ legajo de casación”, así como “Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Defensa en la causa Bofill, Alejandro Arturo y otros s/ legajo de casación”, rtas. ambas el 26/11/2024). En lo pertinente, y asumiendo expresamente las pormenorizadas reseñas formuladas por mis colegas en los votos que anteceden -a fin de no sobreabundar- sólo recordaré que el máximo tribunal hizo lugar parcialmente a los recursos de hecho articulados por las partes querellantes Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. (en adelante, Tandanor) y Ministerio de Defensa del Estado Nacional. De ese modo, anuló la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de esta Ciudad, de fecha 27/11/2018 -así como la confirmación dispuesta por mayoría por esta Sala, con integración parcialmente distinta (Reg. 145/20.4 del 21/02/2020)-, en lo concerniente a la prescripción de la acción civil (punto II) y a la restitución del inmueble conocido como “Planta I” (punto XVIII) -aunque esto último sólo en el marco de la RH23 ya citada en función de la impugnación de Tandanor-.
Por tanto, a fin de contextualizar el marco al que se ciñe mi intervención sobre esos dos puntos de agravio, cabe señalar que la Corte Suprema sostuvo que “se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la contienda de acuerdo a los términos en que fue planteada, el derecho aplicable y a la prueba rendida, no configurando el pronunciamiento, en tal supuesto, un acto judicial válido…”, puesto que allí “se omite el examen de cuestiones conducentes para la adecuada solución de la causa, lo que se traduce en una afectación a la garantía del debido proceso… y en un menoscabo de la integridad del patrimonio…” (cfr. RH23, consid. 4° y RH24, consid. 5°).
a. En ese escenario normativo que impuso la resolución, deben analizarse entonces los agravios presentados oportunamente, asumiendo, por un lado, que el máximo tribunal precisó que “…la sociedad Tandanor es un sujeto de derecho distinto al Estado Nacional. Esto supone que son titulares de derechos diferentes y pueden haber sido víctimas de daños y perjuicios diversos, aun cuando el Estado Nacional tuviera una participación en la sociedad”, así como que “…los derechos, obligaciones, funciones y poderes que un socio –público o privado– tiene en una sociedad son distintos de aquellos de los que es titular esa misma sociedad en cuanto a sus bienes frente a terceros”. En la misma línea, se especificó que “…Tandanor, desde la venta del 90% de su paquete accionario al consorcio adjudicatario (el 10% restante del capital social puesto en venta se había reservado para ser destinado a un Programa de Propiedad Participada), materializada el 30 de diciembre de 1991 mediante la suscripción del respectivo contrato, y hasta el decreto 315/2007 (B.O. del 3 de abril de 2007), que declaró nula de nulidad absoluta su privatización —respecto de la cual esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia publicada en Fallos: 341:1679, rechazó el planteo de invalidez—, fue una sociedad anónima en la que varios de los sujetos denunciados eran directamente titulares del 90% de su capital y, según se sostuvo en el voto disidente (considerando 2°, párrafos 15 y 16), su propia conformación constituía parte del procedimiento fraudulento en perjuicio de la recurrente, que fue la víctima de los daños y perjuicios aquí reclamados” (RH23, consid. 5°).
b. Por otro lado, y ya en relación con la prescripción de la acción civil, la Corte sostuvo que no se dio adecuada respuesta al agravio referido a que tanto Tandanor como el Estado Nacional sólo estuvieron en condiciones fácticas y jurídicas de conocer el alcance del perjuicio irrogado con posterioridad al dictado del Decreto 315/2007, momento en el que se recuperó el control accionario de manos de quienes habían sido condenados por las maniobras defraudatorias, así como la conducción societaria de la empresa.
Puntualmente, en la RH24 deducida por el Ministerio de Defensa, se señaló que “el punto de partida del plazo de prescripción debe computarse a partir del momento en el que el damnificado tomó conocimiento real y efectivo de los daños cuya reparación reclama, sin que obste a ello la circunstancia de que los perjuicios pudieran presentar un proceso de duración prolongada o indefinida, pues el curso del plazo de la prescripción comienza cuando sea cierto y susceptible de apreciación el daño futuro (Fallos: 325:491; 326:1420 y 338:161, entre muchos otros).
En esa perspectiva, se estableció que no tuvo respuesta el planteo del Estado vinculado a que “…recién estuvo en condiciones jurídicamente exigibles de conocer el daño civil cuya reparación reclama por derecho propio, consistente en el dinero con el que debió afrontar el mantenimiento y funcionamiento de Tandanor desde el año 2007 por los perjuicios generados a partir de esa fecha — posteriores incluso a su constitución como querellante— luego de la toma efectiva del control de la empresa tras la sanción del decreto 315/2007”.
Por su parte, en relación con la crítica postulada por Tandanor en la RH23, la Corte hizo hincapié en que se circunscribió el análisis “…a la contestación de un oficio al juez instructor de la causa en el año 2000 por parte de los órganos de la sociedad, extremo a partir del cual concluyó en que se evidenciaba el conocimiento societario jurídicamente relevante de los daños padecidos por parte de la recurrente y que, por tanto, debía considerarse como dies a quo de la prescripción de su acción civil”. Sin embargo, se profundizó en que la sentencia cuestionada omitió “… abordar en forma adecuada el planteo de la recurrente fundado en la disposición procesal que determina quiénes pueden acceder al sumario de una causa penal y que, según ella, le impedía tomar conocimiento del contenido del sumario y, por ende, de la situación generadora de la responsabilidad civil. También fue dogmáticamente rechazado el cuestionamiento referido a la invalidez de otorgarle esta consecuencia jurídica a un oficio contestado por la sociedad anónima privatizada en el marco de un proceso licitatorio que, como se señaló reiteradamente, resultó fraudulento y fue declarado nulo con efectos ex tunc” (consid. 6°). c. Ya en relación con la restitución del inmueble “Planta I”, la Corte estableció que no se fundamentó debidamente la decisión de disponer su entrega al Estado Nacional, sin considerar la titularidad registral previa a su desapoderamiento, ni el reclamo formulado por Tandanor, quien se presentó como víctima directa de la maniobra investigada. Ello, por fuera de atender a que fue el propio Estado quien solicitó en el debate que el bien sea restituido a la empresa de mención.
De manera específica, en la RH23, la Corte consideró que “…no se ha brindado razón o fundamento alguno de tal determinación, ni se efectuó consideración respecto de los planteos de la recurrente referidos a que, antes de su ílícita venta´, dicho inmueble se encontraba inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de Tandanor, y a que, por tanto, ella resulta ser la persona jurídica damnificada a quien correspondía restituir el referido predio” (consid. 7°).
2. A partir de esos presupuestos que constituyen los límites demarcados por el máximo tribunal, adelanto que corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos por ambas partes querellantes -Tandanor y Ministerio de Defensa- y anular el punto dispositivo II de la resolución emanada por el a quo.
En efecto, de la simple lectura de la resolución atacada se advierte que el tribunal oral, sin fundamentos adecuados, tomó como punto de partida del cómputo del plazo liberatorio el año 2000. Ello, en base a la contestación de un oficio por parte de representantes de la empresa citada. Sin embargo, tal como ha sido argumentado por los recurrentes y recogido por la Corte, tal razonamiento soslayó que en esa época la empresa estaba bajo control de los propios partícipes de la maniobra defraudatoria y que su conformación social era parte del propio mecanismo de desapoderamiento que fue juzgado en el marco de este mismo proceso.
Es en tales condiciones que el ejercicio de la acción civil por parte de Tandanor, a la luz de las circunstancias acreditadas en la presente, no podía juzgarse como jurídicamente viable sino hasta que aconteció la reconfiguración de la sociedad, circunstancia que sólo ocurrió luego del dictado del decreto 315/2007 y no antes. Fue a partir de ese entonces que puede inferirse la posibilidad de restituir su efectiva voluntad social y designar autoridades legítimas. De hecho, fue recién a partir de ese momento que Tandanor pudo constituirse como parte querellante y, posteriormente, actor civil, exteriorizando con ello la intención de ejercer su legítima pretensión resarcitoria.
Es por eso que, en los términos impuestos por la propia Corte, el razonamiento del a quo resulta dogmático y fragmentario. Se observa, en esa línea, que no se ofreció ningún examen contextual, ni se distinguió entre la empresa en manos del consorcio adjudicatario y la conformación posterior de Tandanor S.A.C.I. y N., sociedad con participación estatal mayoritaria reconstituida a partir del decreto 315/2007. No resulta ocioso volver a insistir en que, durante el período comprendido entre la privatización y su reestatización, la voluntad social de Tandanor, en definitiva, estuvo controlada por los mismos sujetos que - según se acreditó en esta causa- ejecutaron el desapoderamiento espurio.
Así las cosas, resulta inaceptable suponer que aquella empresa, en el marco de la trama ya reseñada, haya tenido posibilidad jurídica real de demandar por los perjuicios sufridos. Ello, ya que no sólo se encontraba desprovista de órganos autónomos en el marco de su configuración societaria, sino que su composición era parte estructural y constitutiva de la maniobra que a la postre se investigó y condenó. En consecuencia, se impone considerar que, recién a partir de la recuperación del control de la empresa y de una adecuada recomposición de sus órganos de dirección, pudo exteriorizarse una voluntad societaria legítima con capacidad de actuar en juicio. Este fue, en definitiva, el punto de inflexión y aconteció recién a partir del año 2007.
Se advierte entonces, con la remisión en este punto a cuanto sostuvo en el voto que antecede el juez Gustavo M. Hornos, que desde aquel momento y hasta la resolución de la excepción de prescripción no ha transcurrido el plazo legal suficiente como para considerar extinguida la acción civil. En la misma aproximación y más allá de lo ya expuesto, advierto que el tribunal oral en su resolución no se hizo cargo de analizar adecuadamente el planteo del Estado Nacional vinculado con que una parte del perjuicio civil reclamado -aquello relacionado con el sostenimiento económico de la empresa desde el dictado del decreto 315/2007- se generó incluso con posterioridad a la constitución como parte querellante. Este elemento, por sí sólo, excluye el razonamiento formulado en la sentencia atacada por razones elementales de temporalidad.
Tal sostenimiento operativo de Tandanor por parte del Estado Nacional acaeció a partir del año 2007 y ello resulta elocuente para concluir que tales perjuicios de modo alguno podrían haber sido conocidos o valorados antes de que ocurrieran. Es de toda lógica que el derecho a reclamar por un daño presupone tanto el conocimiento de su existencia como que -en efecto- aquél haya de hecho ocurrido. Eso es lo que habilita la capacidad de accionar y peticionar y es desde ese momento -y no antes- cuando nace el plazo de prescripción del derecho a reclamarlo.
Al no haberse satisfecho las exigencias mínimas de fundamentación, no cabe más que anular la resolución en este punto y disponer que la nueva resolución a adoptar examine de manera diferenciada el rol de Tandanor antes y después de su reconfiguración societaria, así como aquello vinculado con el Estado Nacional. De igual modo, corresponderá que se valore -con estricto arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa- el momento efectivo en que ambas partes estuvieron en condiciones de conocer el alcance del daño y de ejercer sus derechos y las implicancias -en relación con la suspensión del plazo- que tuvo la constitución como parte querellante y, luego, como actor civil.
3. Ahora bien, considero que igual temperamento corresponderá adoptar en relación con el decomiso y restitución del inmueble denominado “Planta I”. Ello, pues del mero análisis del fallo impugnado se advierte que carece de justificación suficiente la decisión de su entrega al Estado Nacional.
Del mismo modo, tal déficit de fundamentación se observa al advertir que no fueron abordados siquiera los planteos de la parte querellante que representa a la empresa en punto a su carácter de titular registral del bien con anterioridad al desapoderamiento fraudulento que aquí se juzga; y, en definitiva, su carácter de víctima directa de las maniobras juzgadas.
Según se desprende de las presentes actuaciones, el dominio del inmueble se encontraba inscripto a nombre de Tandanor antes de la maniobra ilícita que concluyó con su transferencia a Puerto Retiro S.A. En efecto, en esta causa, fue la propia empresa la única parte que reclamó su restitución, así como la nulidad de la escritura por la que se materializó la desposesión que aquí se cuestiona. En la sentencia, al omitirse una cuestión esencial para la procedencia de aquello que disponía, en su integridad, el propio art. 23 del CP, según ley vigente al momento de los hechos, obvió considerar los “derechos de restitución” o de “indemnización” al damnificado -derechos que resultan ser prioritarios- al decidir infundadamente sobre el destino de aquel bien decomisado.
Por tanto, el nuevo pronunciamiento que deberá emitir el a quo, en respeto a los principios de reparación de la víctima y de restitución al estado anterior al delito, deberá considerar expresamente que la titularidad registral del inmueble correspondía a Tandanor al tiempo de su desapoderamiento, que la maniobra defraudatoria tuvo por efecto directo la quita de ese bien -acto de transferencia en favor de Puerto Retiro S.A. que fue, finalmente, declarado nulo- y que cabrá, en definitiva, su restitución a la sociedad damnificada en los términos del art. 23 y 30 del CP.
Efectivamente, de la lectura de la resolución atacada no se advierte solamente una omisión formal, sino un déficit sustancial que inhabilita a considerarla como un acto jurisdiccionalmente válido en los términos del art. 123 del CPPN. El a quo, al resolver del modo en que lo hizo, además no distinguió entre los sujetos involucrados -Estado y una empresa distinta a aquél, por fuera de la integración del primero en un porcentaje- así como tampoco ponderó las funciones esenciales que la “Planta I” cumplía dentro de la estructura operativa de la empresa.
Por tanto, la nueva resolución deberá definir especialmente quién sufrió el perjuicio patrimonial directo y quién efectivamente debería ser resarcido con la devolución del bien. La confusión entre Tandanor y el Estado Nacional, como se dijo, llevó a dar una respuesta al asunto que desatendió el principio de reparación integral.
4. En lo que se refiere a los demandados civiles en relación con la imposición de costas en el orden causado, comparto lo dicho en los votos que anteceden en punto a que, en razón de lo que aquí se decide, esa cuestión devino abstracta y su tratamiento resulta inoficioso.
5. Por lo expuesto, comparto con el juez que lidera el acuerdo que corresponde: 1) hacer lugar parcialmente, y con el alcance indicado, a los recursos de casación interpuestos por las partes querellantes Tandanor y Ministerio de Defensa-Estado Nacional, anular los puntos dispositivos “II” y “XVIII” de la decisión recurrida y devolver las actuaciones a la instancia de origen para que se dicte una nueva resolución de acuerdo a los lineamientos aquí establecidos, sin costas (arts. 471, 530 y 531 del CPPN); 2) declarar inoficioso un pronunciamiento del tribunal vinculado con el planteo dirigido a cuestionar la imposición de costas en el orden causado en el proceso civil.
Así voto.
Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal,
I. HACER LUGAR parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las partes querellantes Tandanor y Ministerio de Defensa-Estado Nacional y –por mayoría- ANULAR los puntos resolutivos “II” y “XVIII” de la decisión recurrida -con el alcance indicado- y DEVOLVER las actuaciones a la instancia anterior para que se dicte una nueva resolución de acuerdo a los criterios aquí establecidos, sin costas (arts. 471, 530 y 531 del CPPN).
II. DECLARAR INOFICIOSO un pronunciamiento del Tribunal respecto al planteo dirigido a cuestionar la imposición de costas en el orden causado en el proceso civil.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (CSJN, Ac. N°10/2025) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Gustavo M. Hornos, Diego G. Barroetaveña y Guillermo J. Yacobucci.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia