Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Juan Emilio Ameri. Por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal efectuada.
En la ciudad de Buenos Aires, al primer día del mes de julio del año 2024, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 2079/2022/1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada “AMERI, Juan Emilio s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. El 21 de marzo del corriente año, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de esta ciudad sentenció:
“I. CONDENAR a JUAN EMILIO AMERI de las demás condiciones obrantes en autos, como AUTOR penalmente responsable del delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas a la pena de un (1) MES de prisión en suspenso, con costas (artículos 29, 40, 41, 45 y 241 inc 1° del Código Penal y 530 y sgtes. del Código Procesal Penal de la Nación)
II. IMPONER al nombrado, por el plazo de dos años, la obligación de fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires (art. 27 bis inciso 1° del Código Penal)”.
II. Contra ese pronunciamiento, interpuso recurso de casación la defensa de Juan Emilio Ameri, el cual fue concedido por el a quo el 10 de abril de 2024 y mantenido en la instancia. 1 REGISTRO N° 727/24.4
III. Tras destacar la admisibilidad formal de la vía interpuesta, el recurrente aseveró que la sentencia cuestionada inobservó la ley sustantiva, en tanto “el tipo penal escogido no resulta aplicable al caso”.
Al respecto, criticó que se haya considerado la faz subjetiva del tipo penal en cuestión como un supuesto de dolo eventual, al menos en los términos que lo hizo el a quo al afirmar que se encuentra legalmente previsto ya que “el legislador no la excluyó”. Expresó que el dolo eventual es una construcción jurisprudencial que no aplica al caso.
En tal sentido, afirmó que no existe precedente en el que se haya condenado por este delito bajo dolo eventual. Sumado a que, en este caso, el a quo se basó en meras abstracciones para justificar el tipo subjetivo.
A la vez, aseveró que a su defendido se le reprochó una omisión consistente en no haberse comunicado con el sector de informática para sortear las dificultades de la desconexión. Pero, a su juicio, los actos de perturbación a los que alude la norma no pueden ser ejecutados por omisión.
Por último en lo relativo a la calificación legal, dijo que “la ampliación del lapso de tiempo entre el hecho endilgado a mi defendido y la interrupción de Sergio Massa impidió a esta defensa alegar sobre la inmediatez de los actos de perturbación para que estos cumplan su objetivo, teniendo en cuenta que el tipo previsto en el artículo 241 inciso 1 es de resultado”.
Por dicha falta de fundamentación de la sentencia, la reputó como arbitraria.
Como segundo agravio, consideró que se violentó el principio de congruencia. En concreto, afirmó que “se alegó recién al momento de dictar sentencia que la desconexión alegada por mi defendido no existió; y que mi defendido realizó el hecho a sabiendas de que estaba conectado.
Afirmación no contenida en la acusación”.
Sobre el punto, estipuló que dicha diferencia afectó el ejercicio del derecho de defensa, puesto que “modificó la base fáctica al referir en sus considerandos que al no haber existido la alegada desconexión, concluyó sin más que mi defendido cometió el hecho a sabiendas de que estaba conectado y que podían verlo. Extremo que la defensa no tuvo ocasión de pronunciarse, ya que esta nueva versión, que trae encubierta la figura del dolo directo se incorporó recién al momento de dictar sentencia, provocando una sorpresa en la defensa”. Aseveró que la figura de dolo directo no formó parte de la acusación.
Luego, en lo relativo a la valoración probatoria, dijo que “el hecho de que no consten registros de que mi defendido no haya requerido soporte técnico a causa de la desconexión y/o problemas de conectividad alegada, no hace presumir la presencia del dolo. Si no requirió la asistencia es porque al fallar la conexión, se distrajo; no estaba atento, pero esta distracción en el ejercicio de la función pública e independientemente de que el acto haya afectado e insultado el pudor, la moral y buenas costumbres de VE en su calidad de ciudadano, en manera alguna puede habilitar el reproche penal porque no constituye una conducta relevante para el derecho penal”.
Adicionó, finalmente, que a la par que se afirma que la mentada desconexión por parte de su defendido no existió, se le reprocha el no haber requerido asistencia técnica para sortear los problemas de conexión existentes. En sus palabras, “por un lado el a quo refiere que la desconexión no existió y que mi defendido sabía que estaba siendo filmado al momento del hecho; para luego afirmar que no dio aviso al servicio técnico para comunicar y eventualmente resolver las cuestiones atinentes a los problemas de conexión”.
Por lo expuesto, tildó nuevamente de arbitraria a la sentencia impugnada en este aspecto. En consecuencia, solicitó que se haga lugar al recurso, se revoque la sentencia objeto de recurso y se absuelva a su asistido. Hizo reserva del caso federal.
IV. Puestos los autos en el término de oficina previsto por los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, el representante fiscal efectuó presentaciones.
En tal ocasión, manifestó que la resolución cuestionada se encuentra debidamente fundada. Reputó como correctamente acreditada la faz subjetiva del tipo penal. Valoró debidamente la prueba producida al respecto y, a partir de allí, tuvo por acreditada la hipótesis acusatoria. Aseveró que “en la resolución recurrida, se afirmó el dolo exigido por la figura penal bajo trato dado que Ameri se representó la probabilidad de que su accionar causara la perturbación de la sesión legislativa y se conformó con esa posibilidad de ocurrencia del resultado, que efectivamente se produjo en tanto se alteró el normal desarrollo del acto al interrumpirse el debate parlamentario”. Ratificó que, cuanto menos, el acusado se conformó con la posibilidad de perturbar la sesión y la aceptó al llevar igualmente a cabo su conducta que terminó por interrumpir el debate legislativo.
Por ende, afirmó que la alegada arbitrariedad no constituye más que un desacuerdo con las conclusiones del tribunal.
Finalmente, sostuvo que no existió vulneración al principio de congruencia. Que del relato efectuado por el a quo, surge que “cuando el sentenciante sostuvo que Ameri ‘sabía que estaba siendo filmado’ en modo alguno pretendió fundar una atribución a título de dolo directo apartándose de la propiciada por el acusador, sino que se estaba refiriendo a una constatación negativa en materia de la teoría del error, por lo que el presupuesto del que parte la defensa para sustentar su reclamo resulta a todas luces erróneo y desligado de las constancias de la causa.
Por lo demás, cabe aclarar aquí que el hecho de que se haya tenido por probada la ausencia de complicaciones en torno a la conexión de Ameri al menos al momento del suceso y, por tanto, su conocimiento en punto a que estaba siendo filmado, no resulta incompatible con la exigencia que se le dirige relativa a que debió haber requerido asistencia técnica frente a los presuntos problemas invocados, pues ello ha sido en respuesta a su versión y para refutar la eximición de responsabilidad pretendida a partir de dicha circunstancia, por lo que también corresponde descartar la contradicción de la sentencia postulada por la defensa”.
En definitiva, afirmó que de ningún modo tal detalle temporal que realiza el juez importó una alteración de la plataforma fáctica, ni significó un cambio irrazonable o sorpresivo para la defensa que permitan sustentar que no se le ha garantizado su derecho en forma cierta, plena y eficaz, cuando los sucesos que le fueran enrostrados a Ameri en la sentencia son los mismos que los contenidos en el requerimiento fiscal de elevación a juicio y en el alegato posterior al juicio.
Por lo expuesto, solicitó que se rechace el recurso interpuesto por la defensa de Ameri.
V. En la etapa prevista por los artículos 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., la defensa de Ameri presentó breves notas. Sostuvo los agravios planteados en el recurso de casación. Adicionó finalmente que la pena “tampoco resulta proporcional, puesto que no se tuvo en cuenta su actitud posterior, ya que mi defendido renunció a la hora de ocurrido el hecho encontrándose en un estado de profunda conmoción y nervios a raíz de la viralización (para la que nadie está preparado psicológicamente) y conforme surge del material probatorio, a los meses subsiguientes fue diagnosticado con cáncer, motivo por el cual estuvo sometido a varias sesiones de quimioterapia para superponerse a su cuadro clínico, situación que impacta negativamente en la búsqueda de empleo, la cual se agravaría con una condena a sus 50 años y con tres niñas en edad escolar”.
Superada esa instancia, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.
Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces se expidan, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky. El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la defensa de Ameri resulta formalmente admisible, toda vez que del estudio de las cuestiones presentadas a esta Cámara surge que los agravios planteados encuadran en los motivos previstos en el segundo inciso del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación y la sentencia impugnada es de aquellas previstas en el art. 457 del mismo cuerpo normativo.
La parte recurrente se encuentra legitimada para impugnar (art. 459) y su presentación cumple con los requisitos formales de temporaneidad y fundamentación previstos en el art. 463 del digesto formal citado, todo de conformidad a la vez con el estándar marcado por nuestro Máximo Tribunal en el precedente “Giroldi” (Fallos: 318:514).
II. Con relación a los antecedentes del caso y según las constancias de la causa, “el día 24 de septiembre de 2020, alrededor de las 17.20 horas, mientras se lleva adelante una sesión de asistencia presencial y remota de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el entonces diputado Juan Emilio Ameri perturbó el orden de la mencionada sesión al bajarle la ropa a una mujer que se encontraba sentada en su regazo y besarle el pecho delante de la cámara del dispositivo desde el cual se encontraba conectado. Las imágenes fueron viralizadas rápidamente por los medios de comunicación y redes sociales, lo que condujo a que a las 18.19 horas de ese mismo día Sergio Tomás Massa interrumpiera la sesión para poner la situación a consideración del cuerpo legislativo. Posteriormente se realizó una votación para determinar si correspondía la suspensión del entonces diputado Ameri y la constitución de una comisión para establecer si su conducta merecía la expulsión, la que arrojó un resultado positivo”.
III. La defensa de Ameri encauzó sus pretensiones en torno a tres agravios: primero, una afectación al principio de congruencia por una supuesta alteración de la plataforma fáctica. En segundo lugar, cuestionó la valoración probatoria y la ulterior calificación legal atribuida, con especial énfasis en la ausencia del elemento subjetivo de dicha figura penal. En ese orden serán analizados. Luego, en las breves notas presentadas, adicionó un cuestionamiento sobre el monto de pena impuesto, el cual consideró desproporcionado. a) Sobre el primer punto cabe recordar que, respecto del principio invocado, se ha entendido que la calificación jurídica de los hechos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el órgano juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación (C.I.D.H., “Fermín Ramírez v. Guatemala”, sent. del 20 de junio de 2005, párr. 67).
En el ámbito local, nuestro Máximo Tribunal también ha receptado tal inteligencia al afirmar que “si bien en orden a la justicia represiva, el deber de los magistrados, cualesquiera que fueren las peticiones de la acusación y la defensa, o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, consiste en precisar las figuras delictivas que juzguen con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, ese deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyen la materia del juicio” (Fallos: 314:333 – con cita de Fallos: 186:297; 242:227; 246:357; 284:54; 298:104; 302:328, entre otros-).
En tal sentido, he señalado oportunamente que la congruencia exigida entre la acusación y la sentencia por el art. 399 del Código Procesal Penal de la Nación, impone que en resguardo de la defensa en juicio del imputado -art. 18 de la C.N.- la base fáctica descripta en el libelo acusatorio sea mudada sin variaciones sustanciales a la sentencia (cfr., en lo atinente y aplicable, a los votos del suscripto en causa CCC 46616/2016/TO1/7/CFC8, “ANDANESE, Walter Leonardo y otro s/rec. de casación”, reg. N°2590/19, rta. el 17/12/19; y en causa FSA 4072/2017/TO1/CFC1, “RUIZ, Marcelo Alberto s/recurso de casación, reg.
N°897/18, rta. el 13/7/18, ambos de esta Sala IV de la C.F.C.P.).
La vigencia del principio de congruencia, entonces, se refleja cuando no se produce una modificación del escenario fáctico que sea objeto de imputación. Son los hechos aquello inalterable a los fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio del acusado.
Sentado ello, resulta razonable entender que el hecho que resulta objeto de la acusación fue descripto y sostenido de manera uniforme a lo largo del proceso penal en contra del imputado. De igual modo y contrariamente a lo pretendido por el recurrente, la calificación jurídica no resultó sorprendente para el imputado y su defensa técnica, dado que fue acusado como autor por el delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas y resultó condenado por el mismo grado de participación y calificación legal, basándose en la plataforma fáctica descripta a lo largo de todo el proceso en su contra.
En otras palabras, los hechos por los cuales fue juzgado Ameri no se alteraron a lo largo del proceso penal: fue indagado, requerida su elevación a juicio y juzgado en el debate oral por los mismos hechos. Más bien se produjeron diversas pruebas que permitieron acreditar todos los elementos típicos propios del delito endilgado – perturbación al ejercicio de funciones públicas-, pero siempre con basamento en la plataforma fáctica inicial, centrada en que, durante una sesión de la Cámara de Diputados, éste –como integrante del cuerpo y en plena sesión virtual- le bajó la ropa a una mujer que se encontraba sentada en su regazo y le besó el pecho delante de la cámara del dispositivo desde el cual se encontraba conectado. Todo lo cual quedó registrado tanto por los canales oficiales como por otros medios audiovisuales, a la vez que se viralizó inmediatamente.
Entonces, la alegada vulneración no tiene sustento en el desarrollo del proceso penal en cuestión. Por tales razones, estimo que este agravio debe ser rechazado.
b) Con relación a las críticas relativas a la valoración probatoria y la calificación legal, el tribunal de origen destacó los hechos del caso a la vez que concatenó las evidencias que, a su criterio, lo acreditaron.
Según el a quo, “con motivo de la emergencia sanitaria generada por la propagación de la enfermedad asociada al virus SARS-Cov-2, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 297/20 mediante el cual dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En este contexto y en el marco de un plan para garantizar la continuidad operativa del Poder Legislativo, el 13 de mayo de 2020 la Honorable Cámara de Diputados de la Nación estableció el ‘Protocolo de funcionamiento parlamentario remoto -Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio- Coronavirus Covid-19’ ( ). El órgano también aprobó el ‘ver prueba II.7. Manual de uso para el funcionamiento parlamentario remoto por Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - Coronavirus - Covid-19’, el cual fue puesto a disposición de cada uno de los diputados (ver prueba II.9.).
En segundo término, en el marco del presente debate ha quedado demostrado que el día 24 de septiembre de 2020 la Honorable Cámara de Diputados de la Nación celebró una sesión de asistencia presencial y remota (ver pruebas II.4.;
II.10.; II.14.).
A su vez, se encuentra acreditado que el ex diputado nacional Juan Emilio Ameri participó de dicha sesión. Pues no solo se advierte su presencia en el video aportado por la Subdirección General de Contenidos Audiovisuales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sino que también existen registros que indican que ese día I) se conectó al sistema de Recinto Remoto a las 15.03 horas; II) ingresó al sistema de videoconferencia WebEx a las 15:15:12 horas; III) se desconectó del sistema a las 15:29 :18 horas; IV) se conectó por segunda vez a las 15:43:16 horas; V) se desconectó por segunda vez a las 17:05:48 horas; VI) se conectó por tercera vez a las 17:14:39 horas; VII) se desconectó por tercera vez a las 17:21:25 horas. La última desconexión ocurrió inmediatamente después del hecho objeto de debate (ver prueba II.11; II.14).
Sumado a ello, se ha corroborado que durante la sesión parlamentaria, mientras exponía el diputado nacional Heller, el ex diputado nacional Juan Emilio Ameri se encontraba junto a una mujer, a quien sentó en su regazo y besó su pecho desnudo. Concretamente, el dispositivo de filmación que registró la sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2020 captó el momento en el cual Ameri bajó la remera que vestía dicha mujer y besó su seno derecho (ver prueba II.14.)”.
Con relación a la valoración de las demás evidencias, afirmó que “a las 18.19 horas de ese día el entonces presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación -Sergio Tomás Massa- interrumpió el debate respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio y refinanciación de las deudas de la provincia con la ANSES para poner a consideración del cuerpo deliberativo la suspensión del entonces diputado nacional Juan Emilio Ameri”.
Se ponderó también la siguiente declaración del presidente de la Cámara, Sergio Massa: “quiero interrumpir el debate de esta ley, desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esa ley para plantear que, frente a una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa, quiero plantearles con mucha claridad que, a lo largo de estos meses en el marco de la pandemia y del funcionamiento de manera remota, hemos convivido con situaciones que a lo mejor se quedaba dormido o que se tapaba mientras estaba en su casa, pero que hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa, y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del Reglamento: disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri, disponer la conformación de una comisión de 5 miembros de esta casa para que determinen la sanción, tal como lo prevé el Reglamento, e invitar a los distintos bloques a que aporten los nombres para la conformación de esa comisión. Esta es la casa del pueblo, vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir, como cuerpo de representantes en democracia, que se den este tipo de situaciones. Por lo tanto, les pido que en el marco del artículo 188, procedamos a la suspensión inmediata del diputado Ameri y procedamos a la conformación de la comisión de 5 miembros para determinar si corresponde la expulsión”.
También se valoraron los dichos de la diputada Cecilia Moreau, quien expresó que “se trata de una situación íntima del diputado Ameri con su pareja, que fue expuesta en el sistema. La vimos casi todos y ya está en las redes y en la televisión. Estábamos acá en la Cámara y, mientras estábamos sesionando, el diputado Ameri estaba en una situación muy íntima con su pareja”.
Finalmente, el tribunal también sopesó que no existieron registros ni evidencias que acrediten que Ameri se haya contactado con personal técnico para requerir asistencia respecto de su conexión a la sesión en cuestión.
En definitiva, el a quo sopesó el plan de contingencia para el funcionamiento parlamentario remoto por la pandemia, la Orden del día de las Sesiones Ordinarias de la HCDN, el Manual para el funcionamiento parlamentario remoto, la versión taquigráfica del momento en que se suspendió la sesión por lo ocurrido, el informe elaborado por el área de informática que ratifica la ausencia de presentaciones del acusado y, esencialmente, el video aportado por la Subdirección General de Contenidos Audiovisuales que refleja –en su totalidad- lo denunciado.
Fue a partir del análisis conglobado e integral de ese plexo probatorio, que el tribunal pudo tener por acreditada la hipótesis acusatoria. Sobre la calificación legal, destacó que el bien jurídico protegido procura el correcto desenvolvimiento de la administración pública, el normal ejercicio de la función pública, y el regular y eficaz desenvolvimiento práctico de las actividades públicas.
Destacó que el tipo penal es de delicta comunia a la vez que la acción típica demanda trastornar el orden y el concierto en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales. Se trata, explayó, de un delito de resultado que exige la alteración de la actividad del cuerpo legislativo.
Sobre el tipo subjetivo, destacó que la doctrina se encuentra dividida, donde un sector considera que sólo se admite dolo directo y el otro estipula que puede concurrir bajo dolo eventual. Citó doctrina y jurisprudencia para sostener que resulta razonable que este tipo delictivo abarque el dolo eventual. Especificó luego que “ni de la letra de la norma ni del análisis del bien jurídico protegido surgen motivos para presumir que el legislador haya excluido la posibilidad de dolo eventual. Este argumento encuentra aún más fundamento cuando quien ejecuta la acción es un miembro del propio cuerpo u órgano y no un tercero ajeno. Entiendo que resulta lógica y atendible la exigencia que se le puede requerir a un legislador, quien pese a representarse la posibilidad del resultado -perturbación del normal desarrollo del ámbito por la el cual debe velar-, decide llevar a cabo igualmente su conducta”.
Por ello, estimó que “si el legislador previó la sanción de actividades que perturbaren el orden de un cuerpo deliberativo nacional, es lógico que resulten alcanzadas aquellas conductas cuyo autor haya considerado como resultado posible la efectiva perturbación de la sesión”.
En el caso concreto, afirmó que Ameri tenía conocimiento de las implicancias de las sesiones ordinarias, sean presenciales o remotas. Conocía que se transmiten en vivo, se graban, y que su actividad en ellas queda registrada. Por tales razones, estimó que “el acusado se representó la posibilidad de que su conducta de contenido sexual causara la perturbación de la sesión deliberativa, y sin perjuicio de ello desarrolló la acción que en este juicio se le reprocha, la cual efectivamente concluyó en la interrupción del debate. Es por ello que considero satisfechos los requisitos del tipo subjetivo de la figura penal en cuestión”.
Todo lo expresado fue ratificado con la circunstancia acreditada de que no existieron problemas de conexión del acusado. Por lo que el tribunal de origen ratificó que Ameri sabía que estaba en sesión ordinaria remota y que, en consecuencia, estaba siendo filmado.
Por lo dicho, tuvo por acreditada la hipótesis acusatoria y resolvió condenar al encausado por el ilícito penal atribuido.
De lo expuesto hasta aquí se puede advertir, con meridiana claridad, que la decisión jurisdiccional cuenta con los fundamentos necesarios para ser considerado un acto jurisdiccional válido (arts. 123 y 404 del CPPN). Por lo que, en definitiva, las alocuciones de arbitrariedad esbozadas por la defensa no representan más que una discrepancia con la sentencia cuestionada, lo que no alcanza para su tacha por arbitrariedad.
En efecto, el tribunal de origen valoró adecuadamente todas las evidencias producidas en el debate oral y público y, como consecuencia de ello, estimó que la pretensión fiscal logró ser acreditada.
No cabe duda alguna que el diputado puede ser uno de los sujetos activos de la figura penal atribuida. Incluso, reposaba sobre él un mayor deber al respecto, dado que era un miembro de la Cámara de Diputados y era uno de los que, como representante de la ciudadanía, debía velar por el normal y adecuado funcionamiento de dicha Cámara cuando sesiona.
En tal sentido, no cabe duda alguna de que su accionar perturbó y alteró el normal funcionamiento de la sesión. El extremo acreditado de que dicha sesión fue interrumpida por su obrar ha quedado demostrado a partir de las declaraciones de su presidente en tal ocasión, Sergio Massa, y de la diputada Cecilia Moreau, quien también se expresó sobre lo acontecido.
Finalmente, la conformación de una Comisión para evaluar su expulsión también refleja que el resultado típico se presentó en el caso, pues evidencia que efectivamente se alteró la sesión ordinaria de ese día.
Por último y respecto del plano subjetivo, el tribunal de origen ha efectuado un pormenorizado análisis doctrinario y jurisprudencial para luego aplicarlo en la resolución del caso bajo estudio.
En tal dirección, expresó que el delito en sí puede ser cometido bajo dolo eventual, pues Ameri –en su calidad de diputado nacional- sabía que estaba siendo grabado, que las sesiones se transmiten en vivo y que su accionar podía lesionar el bien jurídico protegido. Y, a pesar de todas esas circunstancias, decidió seguir adelante con su accionar, a punto tal que cristalizó el resultado típico.
Bajo ese razonamiento, no existe subterfugio alguno que permita justificar su accionar por posibles desperfectos tecnológicos. Muy por el contrario, como miembro de la Cámara de Diputados y representante del pueblo argentino, debió obrar conforme a tamaña responsabilidad y ejercer su rol como tal sin perturbar la actividad legislativa para la cual fue designado. Y, sin embargo, optó por realizar actividades propias de su esfera de intimidad en plena sesión, lo que evidencia su desapego, tanto por el correcto ejercicio de la función pública, como del propio funcionamiento legislativo por el cual fue elegido por la ciudadanía.
Al respecto, ya he tenido oportunidad de sostener que la ley 25.188 obliga a los funcionarios públicos a: “a) cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello […]” (art. 2, ley 25.188).
En resumen, a partir de la reforma constitucional y de la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción mediante la ley 24.759, el Estado argentino se comprometió a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promoviendo la probidad y la transparencia, así como también buscando erradicar cualquier atisbo de corrupción del ámbito público (cfr. voto del suscripto en causa FPA 961/2016/TO2/CFC13, “VARISCO, Sergio Fausto y otros s/rec. de casación”, reg. N°2612/20, rta. el 22/12/20 por la Sala IV de esta CFCP).
De modo tal que, en el caso bajo estudio, el accionar desplegado por Ameri evidencia su desapego a un adecuado ejercicio de la función pública, pues, precisamente, en lugar de ejercer debidamente su rol como diputado nacional, fue quien alteró y logró que se interrumpa una sesión ordinaria con su accionar, que fue grabada en vivo. c) Con relación al monto de pena cuestionado por la defensa, he señalado de manera constante que le compete a esta Cámara Federal de Casación Penal la intervención en cuestiones como la aquí planteada, toda vez que la posibilidad del juicio de revisión sobre la fijación de la pena impuesta, no sólo corresponde en caso de arbitrariedad, como supuesto en que lo controlable es la falta de motivación o su contrariedad, sino también en relación a la corrección de la aplicación de las pautas fijadas por el derecho de fondo –arts. 40 y 41 del C.P.- (cfr. en lo atinente y aplicable, causa N°847, “WOWE, Carlos s/recurso de casación, rta. el 30/10/98, reg. N°1535.; causa n°1735, “DEL VALLE, Mariano s/recurso de casación”, rta. el 19/11/99, reg. N°2221.4; causa n°1646, “BORNIA DE MERLO, Walter s/recurso de casación”, rta. el 22/02/00, reg. 2427.4; entre varias otras, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P.).
Por ende, resulta claro que la individualización de la pena es revisable, según cuál sea el vicio atribuido en tal sentido al fallo, ya sea desde el aspecto de la fundamentación, como en relación a la aplicación de las disposiciones de carácter sustantivo que la regulan, aunque varias de esas pautas dependan de las características del hecho juzgado, caso en el cual deberá recurrirse al examen del factum que el tribunal consideró acreditado (conforme, en lo atinente y aplicable, causa n°1735, “DEL VALLE, Mariano s/recurso de casación”, rta. el 19/11/99, reg. N°2221.4, de esta Sala IV de la C.F.C.P.).
En concreto, el delito atribuido (art. 241, primer párrafo, del CP) prevé una escala penal que oscila entre los quince días y los seis meses de prisión. El fiscal, en su alegato de clausura, solicitó la imposición de cuatro meses de pena de prisión en suspenso.
El a quo, al momento de valorar lo previsto en los arts. 40 y 41 del CP, sopesó “la modalidad, características y circunstancias relativas al hecho que se tiene por probado, así como también el grado de culpabilidad de Ameri, sus condiciones personales, edad, nivel de instrucción y demás datos que emanan de los informes socio ambientales realizados”.
Luego, ponderó como agravante su calidad de diputado nacional. En el plano de los atenuantes, valoró su falta de antecedentes criminales, su actitud arrepentida inmediatamente luego del hecho y durante el debate y las constancias que muestran contención familiar.
En tal sentido y bajo el prisma los objetivos preventivos de la pena, consideró razonable imponer una pena de un mes de prisión en suspenso.
A partir de lo expuesto es posible aseverar que el tribunal de origen meritó adecuadamente los extremos propios del caso y, a partir de allí, estableció una pena que se acerca más al mínimo de la pena que a su máximo.
En definitiva, sopesó la particular calidad de diputado nacional que ostentaba el acusado al momento de los hechos, lo cual, a la luz de las obligaciones propias de tan elevada función pública, se reflejan en el grado de reproche a imponer. Así como también valoró extremos incluso promovidos por la defensa en las breves notas presentadas ante esta alzada, relativas a su arrepentimiento y su núcleo familiar.
En tal contexto, no se advierte yerro alguno del tribunal a quo al momento de fijar la pena impuesta en el caso bajo estudio ni desproporcionalidad en el monto finalmente atribuido, por lo que se advierte que las formulaciones promovidas por la defensa de Ameri no son más que meras discrepancias con el decisorio cuestionado.
Por tales razones, los agravios planteados por el recurrente deben ser rechazados. d) En virtud de ello, estimo que las conclusiones a las que se arriba en el fallo constituyen una derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa y la aplicación del derecho vigente al caso concreto, contando con el grado de certeza necesario exigido a todo veredicto de condena, sin que las críticas que formuló la defensa logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido (arts. 123, 398, 404, inc. 2º del CPPN).
IV. En consecuencia, propongo al Acuerdo: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Juan Emilio Ameri, sin costas en la instancia (arts. 530 y ss. del CPPN). Y TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada. El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones formuladas por el colega que abre el Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, adhiero a su voto y a la solución que en él propone, con costas en la instancia (arts. 530 y cctes. del C.P.P.N.). Tal es mi voto.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Comparto los argumentos y las conclusiones exteriorizadas por el colega que lidera el Acuerdo, Dr. Gustavo M. Hornos -que cuentan con la adhesión del Dr. Javier Carbajo-.
Así igual, efectuaré algunas consideraciones.
En primer lugar, recordaré que en fecha 11 de agosto de 2022, actuando de forma unipersonal en el marco de un conflicto negativo de competencia -suscitado entre la justicia federal de la provincia de Salta y la de esta Ciudad de Buenos Aires- y teniendo en cuenta tanto los principios de economía procesal, celeridad e inmediatez como las posiciones exteriorizadas por las partes, declaré competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de esta Ciudad; decisión que favorecía a una mejor, más expedita y uniforme administración de justicia (cfr. Reg. n° 46/2022 de la Oficina Judicial de esta Cámara Federal de Casación Penal). En lo que concierne al agravio vinculado a la supuesta vulneración del principio de congruencia, he sostenido en distintas oportunidades que, para que tenga lugar una afectación a dicho principio, es menester la concurrencia de una situación fáctica que ha sufrido modificaciones de entidad tal durante el debate que su admisión en esas nuevas condiciones en la sentencia vendría a importar mengua al derecho de defensa del perseguido, por ser el hecho por el que se lo habría de juzgar continente, ahora, de ingredientes históricos substanciales no abarcados por la requisitoria o auto de elevación, consecuentemente tampoco por la intimación, y a cuyo respecto, en definitiva, no se respetaron las reglas del debido proceso, por haber sido ajenos al mismo el contradictorio y la defensa verificados durante la audiencia (cfr. en igual sentido, C.F.C.P., Sala IV: causa nº 15129, “Méndez, Mariano s/recurso de casación”, reg. nº 233/13, rta. 12/3/13; causa FCR 94000160/2010/TO1/CFC1, "Ceballos, Néstor Conrado y Castro, Juan Carlos s/ recurso de casación", reg. nº 643/16.4, rta. 24/05/16; causa FCR 22000029/2011/TO1/CFC5, “Monsalves, Diego Matías y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 1129/18, rta. 31/8/2018, y causa FMZ 42809/2015/TO1/CFC2, “Vidaurre Felipe y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 2028/18.4, rta. 17/12/2018; Sala III: causa nº 17.051 “Carranza, José Antonio s/ recurso de casación”, reg. nº 2639/14, rta. 28/11/2014; Sala I: causa FSM 44531/2014/TO1/3/CFC1, “López, Miguel Ricardo s/ recurso de casación”, reg. n° 1242/19, rta. 16/7/2019 y causa FSM 18/2019/TO1/CFC4, “Sandalie, Roberto Alejandro y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 725/2022, rta. 7/6/2022 -Sala IV-).
Este principio procura evitar dejar desamparado al imputado y a su defensor respecto a sus posibilidades concretas de refutar o inhibir la imputación que pesa sobre aquél, a cuyo tenor deberá disponer de todas las herramientas necesarias para poder probar y alegar contra la acusación que se le formula. La violación a esta regla solo se verifica ante la ausencia de identidad fáctica entre el suceso por el que el imputado resulta condenado y el enunciado en la acusación intimada –ne est iudec ultra petita–; circunstancia que, tal como sostuvo el distinguido colega que lidera el acuerdo, no se evidencia en el caso de autos.
Lo que aquí interesa es que la sentencia condenatoria recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación, y que tanto el imputado como su defensor pudieron considerar; pues si no sucediera de ese modo se estaría privando al imputado del derecho de probar, contradecir y alegar sobre el suceso que se le atribuye, vulnerándose así la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.). Como contrapartida, no existirá violación a dicha garantía si el imputado contó a lo largo de todo el proceso y durante la audiencia de debate con la posibilidad de ejercer su defensa material y técnica de las imputaciones que pesaban en su contra. En este sentido, mientras la plataforma fáctica no sufra alteraciones de sustancial importancia durante el proceso penal y en la sentencia condenatoria se tengan por acreditados los mismos hechos descriptos en la acusación, no existirá violación alguna al principio bajo análisis.
Es decir, no habrá lugar para sostener la vulneración al principio de congruencia en aquellos casos en los que del análisis de las actuaciones se desprende que los sucesos que le fueran enrostrados al imputado desde el inicio de estas actuaciones son los mismos que los contenidos en el alegato posterior al debate oral, de manera tal que la plataforma fáctica se mantenga inalterada; tal como, vale aclarar, se verifica en el sub lite (cfr. en igual sentido, causas FCR 22000809/2010/TO1/CFC1, “Solari, Fabio Enrique s/ recurso de casación”, Reg. nro. 872/16, rta. 7/7/16; FCB 48115/2017/TO1/CFC1, “Fernández, Gerardo Fabián s/ recurso de casación”, Reg. nro. 107/19, rta. 19/02/19; FCR 7043/2016/TO2/CFC1, “Naino, Mario Gustavo y otra s/ recurso de casación”, Reg. nro. 1195/19, rta. 12/06/19; FSA 25810/2018/TO1/CFC1, “Velasco Navia, Pamela s/recurso de casación”, Reg. nro. 82/20, rta. el 18/02/20; FCB 13194/2017/TO1/CFC6, “Torres, Oscar Javier y otros s/recurso de casación”, reg. n° 1206/20, rta. 29/7/2020; causa FPA 961/2016/TO2/CFC13 “Varisco, Sergio Fausto y otros s/recurso de casación”, Reg. n° 2612/20.4, rta. el 22/12/2020 y en causa FRE 15909/2018/TO1/CFC1, “Orue, Roberto Favio s/ recurso de casación”, Reg. n° 1366/21, rta. el 2/9/2021, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P.).
A tenor de tales lineamientos, la defensa no demuestra -ni se advierte- que su asistido se haya visto impedido de conocer o de defenderse de una acusación que, desde siempre y en esencia, consistió -y se mantuvo a lo largo de los distintos actos procesales- en haber perturbado el 24 de septiembre de 2020 la sesión de asistencia presencial y remota de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al bajarle la ropa a una mujer que se encontraba sentada en su regazo y besarle el pecho delante de la cámara del dispositivo desde el cual se encontraba conectado. La parte recurrente tampoco ha brindado motivos con aptitud suficiente para acreditar que los parámetros esbozados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la violación al principio de congruencia (Fallos 242:234; 314:333; 315:2969, 319:2959 y 329:4634 -entre otros-), se presenten en el caso de autos; lo que tampoco se advierte.
A ello cabe agregar que la impugnante, en su presentación recursiva, ha omitido exponer ante esta Alzada cuáles fueron las concretas defensas que se habría visto impedida de ejercer, lo que pone en evidencia la ausencia tanto de un perjuicio concreto como de una real situación de indefensión; circunstancia que, en definitiva, es la que resulta relevante y define la suerte negativa del presente agravio (cfr. en igual sentido, causas FCR 16445/2017/CFC1, “Aguiar, Werther Augusto s/ recurso de casación”, Reg. n° 1857/20.4, rta. 24/09/2020, y FMZ 2786/2019/TO1/28/CFC9, “Di Lorenzo Jorquera, Roberto Luis y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 1214/22, rta. 12/9/2022, ambas de esta Sala IV de la C.F.C.P.).
Por otro lado, coincido con el juez Hornos en que el cuadro probatorio recabado en autos también permite avalar la calificación jurídica escogida en la sentencia impugnada, sin que la defensa haya logrado evidenciar, ni se advierte, la errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva que alega.
En definitiva, el pronunciamiento puesto en crisis por medio de la cual el juez a quo condenó al ex diputado nacional Juan Emilio Ameri como autor penalmente responsable del delito de perturbación del orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales (art. 241, inc. 1, del Código Penal) a la pena de 1 mes de prisión en suspenso, constituye un acto jurisdiccional válido que cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes (CSJN, Fallos 302:284; 323:629 y 325:924, entre otros), a la vez que está exento de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana crítica y resulta una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias comprobadas de autos; por lo que no merece la descalificación como acto jurisdiccional válido que se pretende.
Como contrapartida, las discrepancias valorativas expuestas por la defensa carecen de aptitud para demostrar la arbitrariedad por falta de fundamentación que alega.
Cabe aquí recordar que la doctrina sobre la arbitrariedad de sentencia posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 295:140, 329:2206, 330:133 y sus citas, entre otros); defectos que, vale aclarar, no han sido evidenciados por la defensa y tampoco se advierten.
Coincido también con el Dr. Hornos en que el agravio formulado contra el juicio de mensuración punitiva por la defensa particular de Ameri en sus breves notas presentadas en la etapa prevista en los artículos 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., debe ser desestimado.
Al respecto, el tribunal previo efectuó y consecuentemente fundamentó, en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, un correcto análisis sobre las circunstancias objetivas y subjetivas, tanto atenuantes como agravantes, que se verifican en el caso.
Por su lado, si se tienen en cuenta las circunstancias agravantes valoradas y la escala penal prevista para el delito por el cual fuera condenado (art. 241, inc. 1, del Código Penal; 15 días de prisión de mínimo a 6 meses de prisión de máximo), la asistencia técnica de Juan Emilio Ameri no demuestra ni se advierte que la pena de 1 mes de prisión en suspenso impuesta a su defendido sea desproporcionada o excesiva; sanción que, vale agregar, resulta sensiblemente inferior a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal (4 meses de prisión en suspenso) al concretar su pretensión punitiva durante su alegato.
En función de lo expuesto y de conformidad con lo solicitado durante el término de oficina ante esta instancia por el Fiscal General de Casación Dr. Raúl Omar Pleé, adhiero a la solución que viene propuesta de rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Juan Emilio Ameri, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.
En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Juan Emilio Ameri. Por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital –quien deberá notificar personalmente al encausado-, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia