Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, anular la decisión impugnada y remitir las presentes actuaciones a su origen a fin de que se dicte una nueva conforme a derecho. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
// la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de mayo del año dos mil veintiséis, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Javier Carbajo como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, con la asistencia del secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 11072/2007/TO2/5/CFC3, caratulada ”RUCKAUF, Edmundo y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de esta ciudad, mediante sentencia del 14 de agosto de 2025, en cuanto aquí concierne, resolvió:
“1. DECLARAR EXTINGUIDA, POR PRESCRIPCIÓN, LA
ACCIÓN PENAL en la presente causa respecto de EDMUNDO RUCKAUF, MARCELO EDUARDO VALSECCHI y MARIO JORGE ÁLVAREZ y, en consecuencia, SOBRESEERLOS por los hechos por los que fuera requerida la elevación a juicio (arts. 59, inc. 3, 62, inc. 2, y 67, CP; 336, inc. 1, y 361, CPPN)”.
2. Que contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el representante del Ministerio Público Fiscal, el cual fue concedido por el “a quo” y mantenido, oportunamente, en esta instancia.
3. Que la impugnante articuló la vía casatoria con invocación de los dos supuestos previstos en el art. 456 del C.P.P.N.
En ese marco, en lo sustancial, alegó la errónea interpretación de normas del derecho común vinculadas al 1 CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL – SALA 4 CFP 11072/2007/TO2/5/CFC3 Registro Nº 431/26.4 instituto de la prescripción de la acción penal, puntualmente de la norma del art. 67 del Código Penal, que regula la suspensión del curso de la prescripción en los casos de delitos cometidos en ejercicio de la función pública, para todos los que hubieren participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
También el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que, a su entender, el “a quo” otorgó un alcance excesivo al fallo dictado por esta Sala IV el 8 de mayo de 2024 en este mismo incidente, modificando de tal modo una decisión “adoptada en la misma incidencia que había adquirido firmeza”. Acotó que ello se realizó, además, invocándose una decisión de otro órgano jurisdiccional, de una instancia previa y, por ende, ajeno al sustrato fáctico de la decisión. En ese orden de ideas, consideró que en el caso se presenta un supuesto de arbitrariedad.
Asimismo, postuló que la interpretación efectuada por el sentenciante de mérito del art. 67 del C.P. colisiona con deberes asumidos ante la comunidad internacional por la República Argentina y con el contenido de la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por ley 24.759) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por lay 26.097). Por tal motivo, sostuvo que la decisión cuestionada, contraria a la posición asumida por esa parte, motiva la existencia de una cuestión federal que, por sí misma, habilita la vía casatoria (cfr. C.S.J.N., in re “Di Nunzio”, “Strada”, entre otros).
En ese orden de ideas, la recurrente adujo que el decisorio objeto de crítica no abordó la totalidad de las circunstancias que en el reenvío le habían sido impuestas por el fallo oportuno de esta Sala IV (08/05/2024). Señaló que tampoco se indicó en aquel pronunciamiento que la decisión del juez de instrucción respecto de otros imputados a la que se hizo referencia, comportara la adopción de idéntico temperamento por el “a quo”, sino que este debía ponderarla. Al respecto, manifestó: “La admisión de que tal decisión, aunque no fuera recurrida por el representante del Ministerio Público Fiscal en esta instancia, pueda incidir en otro tramo del proceso, más avanzado, por hechos individuales distintos, vulnera el principio de preclusión, la autonomía funcional de los fiscales, la independencia judicial, y el debido proceso, cuanto menos.
Ni siquiera en el sub examine, el principio de equidad podría alegarse para justificar adoptar la misma decisión, porque la interpretación de la norma por parte del juez es un acto individual, y sólo puede imponerse cuando es fruto de la revisión por parte de un órgano jurisdiccional con función revisor, lo que no ocurre en el caso, en el cual, reiteramos el juez del recurso no indica un resultado a adoptar, sino un procedimiento a seguir”. Acotó que, en el voto liderante que conformó la mayoría de la decisión de esta Sala IV ya referida, se señaló que, en la resolución que en tal oportunidad fue anulada, el “a quo” había soslayado analizar la existencia de otros imputados funcionarios y su incidencia en el asunto a decidir.
Sobre ese extremo, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que dicho análisis debió haber incluido los casos de los funcionarios otrora investigados en el tramo residual, ahora sobreseídos, y no sólo, como lo hizo el tribunal, con relación a los consortes en este tramo de la investigación (Valsecchi y Álvarez), quienes nunca ejercieron la función pública. Agregó, la recurrente que, a su juicio, la cuestión sobre la suspensión de la prescripción de la acción penal por la función pública de Ruckauf hasta al menos julio de 2018 ya había sido discutida, resuelta, revisada y confirmada, hallándose precluida la discusión, al menos hasta después de que se realizara el juicio oral y público.
Explicó que la decisión de esta Sala IV de la C.F.C.P. (una declaración de nulidad) habilitaba la toma de una nueva decisión que tuviera en cuenta todas las circunstancias señaladas por el superior y que, según la parte, no debía ser la extinción de la acción penal, sino consecuente con las decisiones previas y permisivas con el avance del proceso hacia su resolución en el juicio oral y público, dada la naturaleza de los hechos investigados y los compromisos internacionales consecuentes.
En cuanto al alcance de la previsión normativa del art. 67 del C.P. que prevé que “La prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”, precisó que, a su criterio, la norma no distingue cargo o función. Tampoco exige influencia alguna comprobada sino tan solo que sea posible. Desde dicha óptica, postuló que la función pública, cualquiera que fuere, motiva la aplicación de la suspensión del curso de la prescripción prevista en el art. 67 del C.P. Ya sea por la función de Ruckauf en la A.F.I.P. (notificador en el ámbito de la sección sumarios de la Dirección Regional Norte desde noviembre de 2006 hasta el 1º diciembre de 2019, fecha de jubilación), o por la función de Chiappara en el Ministerio de Seguridad, el plazo que corre desde el requerimiento de elevación a juicio (17/02/2014) se hallaba suspendido, renovándose a partir de la citación a juicio de diciembre de 2020. De modo que, según la parte no ha operado la extinción de la acción penal.
Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se casara y revocara la resolución impugnada, ordenándose la continuidad inmediata del proceso, e hizo reserva del caso federal (cfr. art. 14 de la Ley 48).
4. Que, durante el término de oficina previsto por los arts. 465 -4to párr.- y 466 del C.P.P.N., se presentó la defensa de Edmundo Ruckauf.
Concretamente, en respuesta a los planteos de la recurrente, señaló que en la presente causa, el treinta por ciento (30%) de los legajos de reintegros por la Administración de Programas Especiales (APE) fueron elevados al Tribunal Oral y el setenta por ciento (70%) continuaron su trámite en el Juzgado actuante.
Manifestó que, atento al tiempo transcurrido, el magistrado de primera instancia, el 6 de julio y el 3 de octubre del 2022, declaró prescripta la acción penal, luego de analizar que desde la función pública que cumplía Ruckauf no podía afirmarse “que le haya permitido ejercer influencia susceptible de retrasar, obstaculizar o impedir su persecución penal, no configurándose por lo tanto en sus casos la causal de suspensión en cuestión”. Agregó que la decisión fue expresamente consentida por el Sr. Fiscal de esa instancia.
Adujo que, ante el “a quo”, donde tramitaba el expediente por el treinta por ciento de los legajos elevados, transcurrió nuevamente igual período de tiempo, generando otro planteo de prescripción, que dio finalmente lugar a la decisión recurrida por el Sr. Fiscal.
Expresó que, de prosperar el recurso interpuesto, se llegaría a la incongruencia de que, la causa, se encuentre prescripta con sentencia firme, en autoridad de cosa juzgada, mientras en el Tribunal Oral recibiría un tratamiento diverso.
Calificó la situación antes descripta como un escándalo jurídico, ante la existencia de dos resoluciones contradictorias por un mismo hecho, en una misma causa, en una cuestión de orden público. Acotó que ello daría lugar a un caso atípico de apartamiento de la garantía del “non bis in idem”.
Mencionó que esta Sala IV, en su decisorio del 8 de mayo de 2024, dispuso anular la resolución recurrida por falta de motivación, por no haberse examinado la entidad de la función de mi defendido hasta el año 2019, extremo que resulta particularmente relevante en el presente caso y que no había sido abordado en el pronunciamiento recurrido. Expuso que, en el marco del consecuente reenvío, el “quo”, en el decisorio del 14 de agosto de 2025 hoy recurrido por el Ministerio Público Fiscal, reparó en la inexistencia de posibilidad de influencia de un notificador dentro de un organismo como A.F.I.P. Postuló que sin jerarquía funcional, capacidad de decisión, ni personal a cargo, ni de asesoramiento en instancias superiores, la influencia sería equivalente a la de un ascensorista. Afirmó que la posición exegética literal del Fiscal, en el sentido de que la norma no distingue cargo o función y no exige influencia alguna comprobada, llevaría a una interpretación, al menos, contradictoria con el art. 18 de la Constitución Nacional y con el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese orden de ideas, adujo que se ha superado con creces, el denominado criterio de la proporcionalidad, con lógica repercusión negativa en el aspecto psicológico, laboral y social de su defendido. Destacó que en el inusual lapso de 19 años sólo se ha tramitado la etapa instructoria y la intermedia, consistente en los actos preliminares al debate. De modo que, sostuvo, queda por delante la realización de las audiencias del debate y luego del dictado de la sentencia las consecuentes y diversas etapas recursivas de las partes que resulten disconformes con aquélla, hasta que se arribe a una sentencia definitiva. Por otra parte, la defensa explicó que la agrupación gremial a la que pertenecía su pupilo, resultó ganadora de las elecciones y con ello, pasó a revistar con licencia gremial como integrante de la Mesa Directiva Nacional en calidad de Secretario de Actas en la de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (en adelante, “A.E.F.I.P.”, entre noviembre del 2006 a diciembre del 2011.
Puntualizó que O.S.M.E. es una obra social, sindical, que luego de ser intervenida y posteriormente concursada por el Ministerio de Economía, fue reintegrada a los sindicatos de A.E.F.I.P. y Aduana. Afirmó que carecía de toda dependencia con A.F.I.P., ni con el Ministerio de Economía.
Acotó que, luego de otra gestión gremial, sus pares de la Mesa Directiva Nacional de la A.E.F.I.P. eligieron a su asistido para presidir la Obra Social sindical. Y que, en el año 2011, Ruckauf volvió a la planta para revistar como notificador.
Como corolario, la defensa de Ruckauf solicitó que se rechazara el recurso casatorio interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y se confirmase el pronunciamiento del “a quo” del 14 de agosto del 2025, que dispuso la extinción de la acción y el consecuente sobreseimiento por prescripción de la causa. Asimismo, solicitó el oportuno rechazo de la cuestión federal alegada por la impugnante, por entender que carecía de fundamentación suficiente a tenor de lo normado por el art. 14 de la ley 48.
5. Que, en la oportunidad prevista por los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., la asistencia técnica de Ruckauf presentó breves notas con similar tenor a lo argumentado durante el término de oficina.
Superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
El señor Juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Con carácter liminar, cabe señalar que el recurso en examen resulta formalmente admisible. Pues, conforme surge de los resultandos de la presente, se dirige contra una decisión que pone fin a la acción, el Ministerio Público Fiscal se encuentra facultado para promover su revisión por esta Cámara y los planteos esgrimidos se adecuan a los supuestos casatorios invocados. Además, la vía impugnaticia fue articulada en tiempo oportuno (cfr. arts. 456, 457, 458 y 463, todos del C.P.P.N.).
En lo sustancial, la recurrente postuló que el “a quo” asignó una interpretación errónea al alcance de la causal suspensiva del curso de la prescripción prevista en el art. 67, inc. 2º, del C.P. (exigiendo una posibilidad real de obstaculización de la investigación). Sostuvo que, desde dicha perspectiva, al hacer aplicación de la norma en referencia, el sentenciante de mérito no asignó relevancia a la función desempeñada por Ruckauf en la A.F.I.P. (“notificador”). Y, además, que omitió incluir en el examen a consortes de causa (respecto de quienes no se había elevado la causa a juicio), quienes también habían ocupado cargos públicos durante la tramitación del proceso. En particular, hizo alusión a “Chiappara” y señaló que se había desempeñado en el Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese orden de ideas, alegó que el “a quo” no agotó el examen de las circunstancias relevantes indicadas por esta Sala IV en su anterior intervención del 24 de agosto de 2024. Finalmente, postuló que la acción penal se encuentra vigente en autos respecto de los tres requeridos a juicio: Edmundo Ruckauf, Mario Jorge Álvarez y Marcelo Eduardo Valsecchi. Por ello, solicitó la revocación del sobreseimiento por prescripción de la acción penal dictado respecto de los tres nombrados en la decisión hoy cuestionada.
II. Previo a ingresar al examen de la crítica impugnaticia, es pertinente recordar que Edmundo Ruckauf, Mario Jorge Álvarez y Marcelo Eduardo Valsecchi fueron requeridos a juicio por el Ministerio Público Fiscal con relación a la hipótesis imputativa fáctico-jurídica plasmada en el dictamen del 17 de febrero de 2014 (cfr. fs. 4154/4159, cuerpo 21 del expte. ppal. digitalizado en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100).
De allí surge que: “Se les atribuye a Edmundo Ruckauf, en su carácter de Presidente, a Mario Jorge Álvarez, en su carácter de Gerente General, ambos de la Obra Social para el personal del Ministerio de Economía - OSME-, y a Eduardo Valsecchi, en su carácter de Presidente del directorio de Vita Pharma SA, la participación en la maniobra, desarrollada a lo largo del año 2007, que consistió en la solicitud por parte de la OSME a la Administración de Programas Especiales de la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación -APE- del otorgamiento de subsidies para el pago de tratamientos médicos específicos de sus afiliados, quienes, en rigor de verdad, no poseían ninguna enfermedad, lo que genero un perjuicio patrimonial tanto a la OSME como al Estado Nacional por la suma total de trescientos sesenta y siete mil setecientos dieciséis mil pesos ($367,716).
En efecto, para llevar a cabo la operación, la citada obra social mediante la confección de expedientes que, a la postre, se verificó que presentaban numerosas irregularidades, solicitud la asignación de subsidies a la Administración de Programas Especiales -APE- para costear los supuestos tratamientos de sus afiliados. Dichos expedientes se conformaban con un formulario de solicitud, un certificado de afiliación del beneficiario expedido por la OSME, el monto, el carácter del apoyo financiero solicitado (subsidio o reintegro), el diagnóstico y el tratamiento que debía llevar a cabo el paciente con la evaluación de la auditoria medica del agente de salud solicitante que avalaba la necesidad -fundada en la historia clínica del paciente por su médico clínico-, y un presupuesto realizado por la empresa proveedora de los medicamentos. En los casos bajo análisis se trató de Vita Pharma SA.
En esa instancia, cumplidos los requisitos por la OSME y verificados por la APE, esta última autorizaba el pago del subsidio que era cobrado por la misma obra social en algunos casos, y en otros por la prestadora de medicamentos -Vita Pharma SA-, tras existir un contrato de cesión de derechos y acciones que le otorgaba la obra social a la prestadora para percibir los montos directamente de la APE. Cabe destacar que dicho contrato fue suscripto entre Edmundo Ruckauf y el apoderado de Vita Pharma SA, quien obtuvo tal facultad derivada de Marcelo Eduardo Valsecchi en su carácter de Presidente.
Así las cosas, no puede perderse de vista que según el procedimiento reglado por la Administración de Programas Especiales -a través de los decretos 53/98 y 213/04, y las resoluciones n° 500/04 y 7800/03-, una vez depositado el dinero en la cuenta correspondiente (OSME o Vita Pharma SA), la obra social debía rendir cuentas del dinero invertido en un plazo de 45 días hábiles, luego de lo cual, en caso de no recibir la rendición la APE tenía la obligación de intimar fehacientemente a la OSME a presentar en el plazo de 60 días hábiles la pertinente documentación. En caso de no ser presentada, el APE debía revocar el subsidio y la obra social reintegrar el dinero. De no suceder la devolución monetaria, dicha cuestión era comunicada por el APE a la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- para que el organismo debitara automáticamente a la OSME los montos que ingresaban por recaudación de la seguridad social correspondientes al agente de salud.
En particular, en esta oportunidad, la maniobra imputada a los nombrados alcanza la confección irregular de los siguientes expedientes: n° 163.761/06 y 192.648/07 -a nombre de Jesús María Betancour-, n°173.943 y 200.320/07 -a nombre de Carlos Agustín Gómez-, n°173.945/07 y 200.315/07 -a nombre de Susana Horlacher-, n°174.142/07 y 201.236/07 - a nombre de Héctor Rubén Rodríguez-, n°174.131/07 y 200.319/07 -a nombre de Guadalupe Román-, n°174.134 -a nombre de Tito Aguedo Soraide- y n°174.138/07 -a nombre de José Miguel Sorucco-. Por una cuestión de orden, en el apartado siguiente vamos a narrar con precisión los puntos relevantes de los expedientes que hacen al hecho.
En los doce (12) casos específicos, en los que se detectaron irregularidades dado que los afiliados no poseían las enfermedades que se les atribuía ni tampoco tenían la necesidad de acceder a un tratamiento médico, la Administración de Programas Especiales -APE- del Ministerio de Salud deposito, en diez (10) de esos casos y en las cuentas corrientes de la OSME y de Vita Pharma SA, los montos correspondientes a los subsidies, los cuales no fueron utilizados dado que en rigor de verdad los afiliados no padecían las enfermedades que se le asignaban, motive por el cual el perjuicio ocasionado a la OSME y al Estado Nacional que se corroboro, ascendió a la suma de trescientos sesenta y siete mil setecientos dieciséis pesos ($367,716)”.
En el dictamen en referencia, se destacó que en los doce expedientes allí individualizados se solicitaron los subsidios pero que en dos de ellos no se efectivizó el pago.
“Con relación al significado jurídico de los hechos relatados, y respecto a los cuales hemos expuesto su sustento probatorio en el apartado anterior, nos centremos a la calificación otorgada por la Cámara Federal, sin perjuicio de que será el Tribunal Oral Federal correspondiente quien determine el significado jurídico final de los hechos, en caso de considerar verificada la hipótesis acusatoria. Entonces, más allá de la calificación aquí esgrimida, la cuestión será definida a partir de las conclusiones a las que se llegue en el marco del juicio oral y público que por este medio habilitamos.
Efectuada la aclaración, se entendió que Edmundo Ruckauf deberá responder como coautor penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en doce oportunidades (dos de ellas, en grado de tentativa) que concurren materialmente entre sí, el que a su vez, concursa idealmente con el delito de defraudación por administración infiel por el cual deberá responder en su carácter de autor (arts. 45, 54, 55, 174 inciso 5° en función del articulo 172 y artículo 173 inciso 7° del Código Penal de la Nación).
Por su parte, en cuanto a la subsunción legal que encuentra la conducta desplegada por Marcelo Eduardo Valsecchi, se entendió que se corresponde con el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en doce oportunidades (dos de ellas, en grado de tentativa) que concurren materialmente entre sí, por el que deberá responder en carácter de coautor, el que a su vez, concursa idealmente con el delito de defraudación por administración infiel por el que deberá responder como participe necesario (arts. 45, 54, 55, 174 inciso 5° en función del articulo 172 y artículo 173 inciso 7° del Código Penal de la Nación).
Por último, Mario Jorge Álvarez deberá responder en orden al delito de fraude en perjuicio de la administración pública reiterado en doce oportunidades (dos de ellas, en grado de tentativa) que concurren materialmente entre sí, por el que deberá responder en carácter de coautor, el que a su vez, concursa idealmente con el delito de defraudación por administración infiel, por el que también deberá responder en carácter de coautor (arts. 45, 54, 55, 174 inciso 5° en función del articulo 172 y artículo 173 inciso 7° del Código Penal de la Nación)”.
Conforme lo afirma la recurrente, esta es la tercera oportunidad en la cual esta Sala IV se pronuncia en estas actuaciones con relación a la vigencia de la acción penal respecto de los tres imputados antes nombrados. Sin embargo, es pertinente formular algunas precisiones y aclaraciones al respecto.
El 20 de septiembre de 2022, esta Sala IV declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por las defensas de Edmundo Ruckauf y Eduardo Marcelo Valsecchi contra la resolución del “a quo” del 19 de mayo de 2022, por la que se había rechazado el planteo prescripción de la acción penal (C.F.C.P., Sala IV, Reg. 1274/2022 del 20/09/2022).
Tal como lo recuerda la resolución hoy recurrida, en aquella oportunidad del año 2022 el “a quo” había rechazado el planteo de las defensas con fundamento en que “[…] de las constancias de la causa [surge que], Edmundo Ruckauf se desempeñó como ‘notificador’ en el ámbito de la Sección Sumarios de la Dirección Regional Norte de la Administración Federal de Ingresos Públicos desde noviembre de 2006 hasta el 1 de diciembre de 2019, oportunidad en la que se acogió a los beneficios jubilatorios y, particularmente, desde noviembre de 2006 hasta el mes de diciembre de 2011 usufrutuó licencia gremial (cfr. informe IF-2021-00442131-AFIPSEOEDVADDO#SDGRHH, agregado al presente el 22/5/2025).
En detalle, tal como fue desarrollado en la resolución dictada por este Tribunal el 19 de mayo de 2022, Ruckauf al momento de los hechos se desempeñó como presidente de la Obra Social del Personal del Ministerio de Economía de la Nación (OSME), en su calidad de personal permanente de la AFIP. Se indicó que, para ocupar el cargo presidencial, el nombrado solicitó una licencia gremial en la referida institución pública y fue designado por la mesa directiva de la Asociación de Empleados de ese organismo. También, se indicó que el encartado entre los años 2008 y 2011 se desempeñó como secretario de actas de la ya aludida asociación gremial y en el año 2011 volvió a prestar funciones en la AFIP como agente notificador. Por lo expuesto, en aquella oportunidad este Tribunal sostuvo que el nombrado al momento de los hechos - pese a encontrarse de licencia- se desempeñaba en la función pública y que continuó en ella, por lo menos, hasta el año 2018.
Para arribar a tal conclusión, se señaló que el artículo 2, inciso “a”, de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada por ley 26.097, establece que “por ‘funcionario público’ se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como ‘funcionario público’ en el derecho interno de un Estado Parte”. También, se indicó que el artículo 1° de la ley 25.188 –Ley de Ética de la Función Pública- determina que ‘se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos’. A su vez, se remarcó el artículo 77, párrafo 4°, del Código Penal indica que “por los términos ‘funcionario público’ y ‘empleado público’, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.
En definitiva, en virtud de la calidad de funcionario público del nombrado, en aquella oportunidad el Tribunal concluyó que el plazo de la prescripción se había suspendido en las presentes actuaciones, por lo menos, hasta el año 2018, conforme lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal y, por tal motivo, la acción penal se encontraba vigente”.
Cabe precisar que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, al declarar inadmisibles los recursos de casación articulados por las defensas contra dicho pronunciamiento, esta Sala IV, en modo alguno convalidó el criterio interpretativo asumido por el “a quo” en torno a la causal suspensiva en examen para arribar al rechazo del planteo prescriptivo.
Nótese que la inadmisibilidad estuvo motivada en el déficit de fundamentación del planteo recursivo de las defensas. Pues habían centrado su argumentación en controvertir tanto que Ruckauf hubiera cometido los sucesos investigados “en ejercicio de la función pública” (en su calidad de presidente de O.S.M.E.) como que se hubiera mantenido en un cargo público (en su calidad de “notificador” de la A.F.I.P.) con aptitud para hacer aplicable al caso la causal suspensiva del curso de la prescripción penal a tenor de lo normado del art. 67, segundo párrafo, del C.P.
Sin embargo, el análisis aislado respecto de Ruckauf, que proponía la defensa (tanto en lo atiente a si había cometido el hecho imputado “en ejercicio de la función pública”, como si el cargo de notificador de A.F.I.P. que había mantenido hasta el año 2019) no resultaba suficiente para definir, en el caso concreto, la aplicabilidad o inaplicabilidad de la causal suspensiva prevista en el art. 67, segundo párrafo, del C.P., en tanto, esta prescribe expresamente: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. (texto según versión vigente al momento de los hechos, cfr. ley 25.188 – B.O.: 01/11/1999, que se mantiene vigente a la fecha). En efecto, en función del alcance de la norma en juego y de las características particulares del caso, esta Sala IV entonces advirtió una circunstancia relevante para la solución del caso no abordada por la defensa en su recurso: la existencia de otros imputados que, según la hipótesis imputativa, habrían intervenido, en su calidad de integrantes Administración de Programas Especiales de la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación (denominada A.P.E.), en el otorgamiento de los subsidios a la O.S.M.E. supuestamente destinados a la compra de medicamentos para los afiliados.
Atento ese marco de imputación, esos integrantes de la A.P.E. no sólo eran funcionarios públicos al momento de comisión de los hechos (cfr. art. 77 del C.P.) sino que además habrían cometido el delito objeto de investigación “en el ejercicio de la función pública” (cfr. art. 67, segundo párrafo, del C.P.) y habrían dado satisfacción a la primera condición que exige la aplicación de la causal suspensiva del curso de la prescripción en estudio respecto de “todos los intervinientes” (incluido Ruckauf); dejando abierto el interrogante sobre una cuestión complementaria y relevante para la solución del caso, que abarcaba a la totalidad de los imputados: si, con posterioridad a la fecha de comisión de los sucesos atribuidos, habían desempeñado un cargo público, de qué naturaleza, en qué ámbito y durante qué período. Pues, dichos extremos resultaban necesarios para dilucidar si correspondía, o no y por qué períodos mantener suspendido el curso de la prescripción de la acción penal.
De ahí, el déficit de fundamentación del planteo defensivo que llevó a esta Sala IV a convalidar “el rechazo” del planteo extintivo, mas no el “enfoque analítico” del “a quo” que lo sustentó.
En tal sentido, concretamente, esta Sala IV, con el voto liderante del suscripto (Reg. 1274/22.4 del 20/09/2022), en la aludida ocasión señaló: “se observa que las defensas no han brindado fundamentos suficientes para sustentar la no aplicación al caso de autos de la causal suspensiva de la prescripción contemplada en el segundo párrafo del art. 67 del C.P. antes aludida y, correlativamente, tampoco, para sostener que el término de la prescripción de la acción penal computable (6 años) comenzó a correr y se encuentra cumplido entre los dos actos con aptitud interruptiva que invocan: el requerimiento de elevación a juicio (17/02/2014) y la citación de las partes a juicio (10/12/2020).
En efecto, los recurrentes postulan la prescripción de la acción penal obviando en su argumentación circunstancias relevantes del caso (la existencia de otros imputados en autos y el alcance y carácter de su intervención en los hechos), con impacto en la determinación del extremo central de su cuestionamiento (‘comisión del delito en ejercicio de la función pública’) teniendo en cuenta el ámbito de aplicación subjetivo de la causal suspensiva en juego. Ello, como primera cuestión. Pues, en tal caso, luego correspondería analizar si la suspensión cesó y, en su caso, cuándo, en tanto rige ‘para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público’. Por consiguiente, sus respectivas impugnaciones casatorias no pueden considerarse suficientemente fundadas para habilitar el tratamiento de la cuestión de fondo por esta Cámara (cfr. art. 463 del C.P.P.N., a contrario sensu)”.
Ante un nuevo planteo prescriptivo de la defensa, alineado con el enfoque analítico que sustentó la decisión de esta Sala IV de 2022 antes reseñada, el “a quo” lo sustanció y volvió a rechazarlo el 12 de diciembre de 2023 por análogas razones a las expresadas en su anterior pronunciamiento (cfr. lo afirma el propio “a quo” en la resolución hoy recurrida).
El 8 de mayo de 2024, esta Sala IV intervino nuevamente en autos con relación a la causal suspensiva del curso de la prescripción de la acción penal. Esta vez, con motivo de la impugnación casatoria de la defensa de Valsecchi. En esa ocasión, por mayoría y con el voto liderante del suscripto, hizo lugar al recurso, anuló la decisión recurrida y reenvió las actuaciones al “a quo” para el dictado de un nuevo pronunciamiento (cfr. C.F.C.P., Sala IV, Reg. 444/24.4 del 08/05/2024).
Cabe señalar que, en esa segunda intervención del “a quo”, a pesar de lo manifestado por esta Sala IV en su decisorio anterior del año 2022 con relación a la necesidad de incluir a los restantes imputados en el examen de la cuestión objeto de controversia, la resolución fruto del reenvío venida en revisión casatoria nada decía al respecto y la defensa realizaba su crítica recursiva en torno a dicho aspecto.
En ese marco, esta Sala IV destacó que “[…] el art. 67 -segundo párrafo- del C.P. indica: “La prescripción también se suspende en los casos de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público” (Art. 67 -párrafo segundo- del Código Penal, texto según Ley 25.188, B.O. [01/11/1999]).
Al respecto, he de señalar que como juez de esta Cámara he tenido ocasión de pronunciarme en cuanto a que la causal suspensiva del término de la prescripción en estudio (art. 67, segundo párrafo, del C.P.) tiene la finalidad de evitar que las facultades o influencias funcionales de todos los que hubiesen participado en el delito, cometido en el ejercicio de la función pública, puedan obstaculizar o impedir el ejercicio de la acción penal, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público (cfr., en lo pertinente y aplicable, causas 15.052, caratulada “López Alfonsín, Marcelo Alberto y Lombardi, Hernán Santiago s/recurso de casación”, Reg. Nro. 651 rta. 06/05/2013; FRO 74028646/2006/1/CFC1, “Ferreyra, Antonio s/recurso de casación”, Reg. Nro. 242/16.4 rta. 14/03/2016 y FTU 18571/2012/TO1/CFC3, caratulada “Pons, Miguel Martín s/recurso de casación”, Reg. Nro. 706/2023, rta. 3/06/2022, entre otras).
Ahora bien, en el escenario descripto, se observa que el tribunal previo concentró su análisis en el carácter y alcance de la licencia gremial de Edmundo Ruckauf y soslayó analizar la entidad de la función que cumplió́ el nombrado hasta el año 2019 en los términos expuestos en el párrafo precedente.
Asimismo, se advierte que el a quo ha omitido analizar la posibilidad de la vigencia de la acción penal a la luz de los restantes imputados funcionarios públicos en la causa.
Recuérdese que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado por arbitrariedad las sentencias que omiten el examen de alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del impugnante y lo silenciado pudiere resultar conducente para la adecuada solución de la causa (Fallos: 326:4541).
En atención a lo manifestado, cabe concluir que la resolución cuestionada que analizó la vigencia de la acción penal en el marco de los presentes actuados (en el que se investigan hechos de hace casi 20 años -2007-), carece de motivación suficiente, dado que no resulta la derivación de la razonada aplicación del derecho vigente a las circunstancias relevantes del caso y no puede ser considerada un acto jurisdiccional valido (cfr. arts. 123 del C.P.P.N.)”.
En el fallo entonces recurrido en casación por la defensa, el “a quo” había omitido analizar el caso conforme la perspectiva explicitada por esta Sala IV en la preintervención del año 2022 (teniendo en cuenta a los restantes imputados, según lo antes expuesto en este voto). Y, de tal forma, además, tampoco había dado respuesta al planteo de la defensa relativo a que en primera instancia se había arribado a una solución extintiva de la acción penal respecto del mismo Valsecchi (06/07/2022) y de otros imputados (en el denominado tramo 2), precisamente, a partir de un enfoque analítico coincidente del juez y los agentes fiscales intervinientes en cuanto a la necesidad de analizar el desempeño de cargos públicos por otros imputados en autos y su aptitud para influir u obstaculizar el avance de la investigación durante el tiempo que se mantuvieron en ellos.
De la citada decisión del magistrado instructor del 6 de julio de 2022 (firme), que la defensa del antes nombrado había presentado ante esta Sala IV en el trámite del recurso casatorio, surgía que, previo a resolver, el juez federal el 16 de abril de 2021 había “requ[erido] a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Administración Federal de Ingresos Públicos que informen si alguno de los imputados (respecto de los cuales se dictó auto de procesamiento el día 15 de marzo de 2021), desempeñó cargos públicos a partir del mes de noviembre de 2006 (ver fs. 5393).
Al respecto, la Directora a cargo de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Carolina Soledad MAIDANA, remitió la información producida por la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial de esa repartición, conforme los datos obrantes en la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), en relación con Edmundo RUCKAUF, Hugo Daniel SOLA, Natalia Renata WETZLER de BUACAR y Fernando Jorge CHIAPPARA.
Asimismo, hizo saber que no se encontraron registros vinculados a Marcelo Eduardo VALSECCHI, Mario Jorge ÁLVAREZ y Ulises Ángel Rogelio SENN.
En cuanto a los nombrados en primer término, específicamente, se puso en conocimiento que:
a) CHIAPPARA en diciembre de 2015 se desempeñó en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), entre enero y mayo de 2016 y entre noviembre de 2018 y abril de 2019 cumplió funciones en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y desde agosto de 2020 a enero de 2021 estuvo empleado en el Ministerio de Seguridad.
b) RUCKAUF entre junio y noviembre de 2019 se desempeñó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
c) SOLA entre mayo y octubre de 2009 cumplió funciones en la Administración de Programas Especiales. d) WETZLER DE BUACAR entre mayo y octubre de 2014 prestó servicios en la Superintendencia de Servicios de Salud.
Además, se precisó, en todos los casos, que la modalidad de sus contrataciones fue permanente y que percibieron haberes fijos y, en algunas ocasiones, también, haberes variables.
Finalmente, se aclaró que no se pudo hacer la consulta en la base del Registro Central del Personal Contratado (RCPC) (ver fs. 5402/5407).
Por su parte, el Jefe de Departamento Oficios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Gustavo Gabriel OLIVA FAJRELDINES, acompañó en su presentación el archivo IF-2021-00442131-AFIPSEOEDVADDO#SDGRHH producido por la Sección Oficios y Embargos de ese organismo, mediante el cual se informó que, de acuerdo a los registros obrantes en el Sistema de Administración de Recursos Humanos de la A.F.I.P. (SARHA), Edmundo RUCKAUF se desempeñó como “Notificador” en el ámbito de la Sección Sumarios de la Dirección Regional Norte, desde noviembre de 2006 hasta el 1 de diciembre de 2019, momento en que se acogió a los beneficios jubilatorios.
Además, que de acuerdo a los registros obrantes en el Sistema SARHA, el nombrado desde noviembre de 2006 y hasta el mes de diciembre de 2011 usufrutuó licencia gremial.
Asimismo, puso en conocimiento que, de acuerdo a lo informado por la Sección Ingresos y Egresos de la Dirección de Personal y los registros del Sistema SARHA, VALSECCHI, ÁLVAREZ, SOLA, WETZLER de BUACAR, CHIAPPARA y SENN no se desempeñaron como agentes de esa Administración Federal, motivo por el cual adjuntó, respecto de ellos, impresiones de pantalla con sus respectivos historiales previsionales y constancias de altas y bajas proporcionadas por los sistemas Aportes en Línea y Mi Simplificación (ver fs. 5409/5460).
De dichos documentos, y completando la información suministrada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de acuerdo a lo que a los fines de la presente pudiese resultar relevante, surge que CHIAPPARA desde mayo de 2013 hasta -al menos- abril de 2021 cumplió funciones en el Ministerio de Seguridad y De dichos documentos, y completando la información suministrada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de acuerdo a lo que a los fines de la presente pudiese resultar relevante, surge que CHIAPPARA desde mayo de 2013 hasta -al menos- abril de 2021 cumplió funciones en el Ministerio de Seguridad y que WETZLER de BUACAR percibió remuneraciones por parte de la A.P.E. entre los años 2006 a 2012 y, luego, desde enero de 2013 a octubre de 2014 por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud”.
Asimismo, procede puntualizar que, en esa segunda intervención, esta Sala IV no convalidó ni que Ruckuauf hubiera cometido los sucesos investigados “en ejercicio de la función pública” (en su calidad de presidente de O.S.M.E.) ni que se hubiera mantenido en un cargo público (en su calidad de “notificador” de la A.F.I.P.) con aptitud para suspender el curso de la prescripción de la acción penal a tenor de lo normado del art. 67, segundo párrafo, del C.P.
En la oportunidad actual, esta Sala IV debe ejercer su jurisdicción casatoria en orden a la misma cuestión (aplicación del art. 67, segundo párrafo, del C.P.), pero esta vez con motivo del recurso fiscal articulado contra el sobreseimiento por prescripción de la acción penal dispuesto por el “a quo” respecto de los nombrados Ruckauf, Valsecchi y Álvarez.
En la resolución hoy recurrida, los jueces que conformaron la mayoría expresaron que “[…] amén del criterio sostenido por este Tribunal en los resolutorios mencionados, brevemente expuesto en el acápite precedente, entiendo que, en virtud de lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, corresponde analizar la vigencia de la acción penal con base en los lineamientos fijados por el tribunal del recurso. Para ello, se impone analizar la función de Ruckauf bajo los parámetros expuestos por el tribunal superior.
Así, cabe dilucidar si Ruckauf, en su carácter de funcionario público, pudo ejercer una influencia susceptible de obstaculizar o impedir el ejercicio de la acción penal. En este punto, cabe destacar que los hechos descriptos se atribuyen a Ruckauf en su carácter de presidente de la Obra Social del Ministerio de Economía y que el nombrado permaneció dentro del ámbito en el que tuvieron lugar los mismos mientras usufructuó la licencia gremial indicada, esto es, desde noviembre de 2006 hasta el mes de diciembre de 2011, tanto en el rol indicado como en el cargo de secretario de actas de la mesa directiva de la Asociación de Empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Por lo tanto, su permanencia en el área donde el delito investigado se habría desarrollado permite concluir que hasta ese entonces contaba con cierta influencia para obstaculizar la investigación.
Por el contrario, no es posible determinar que Ruckauf, en su rol de agente notificador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, desempeñado a partir de diciembre de 2011, ya alejado de la función de presidente – en cuyo marco habría tenido lugar la conducta perseguida- y fuera del ámbito de la asociación gremial antes mencionada, contaba la capacidad para influir en el desarrollo del proceso ni la posibilidad de frustrar la investigación penal.
Cabe mencionar que, de acuerdo a lo que surge de los informes remitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos –actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero-, solo Ruckauf se desempeñó en esa oficina. Por otro lado, de lo informado por la Jefatura de Gabinete de Ministros (cfr. Deo incorporado el 22/5/2025), de los aquí imputados, quien prestó funciones públicas fue el nombrado. Por lo tanto, más allá de las conclusiones arribadas por este Tribunal el 19 de mayo de 2022 y reiteradas el 12 de diciembre de 2023, de conformidad con los lineamientos trazados por la alzada con relación a la interpretación del artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal, corresponde concluir que en diciembre de 2011 cesó la causal de suspensión de la prescripción allí determinada, con relación a Ruckauf en virtud de que retomó su función como notificador.
Así, toda vez que entre el requerimiento de elevación a juicio -17 de febrero de 2014-, hasta la citación a juicio en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación -10 de diciembre de 2020- transcurrió el término exigido en el artículo 62, inciso 2°, del Código Penal, sin que se haya verificado que, en ese plazo, Edmundo Ruckauf, Marcelo Eduardo Valsecchi y Mario Jorge Álvarez hayan cometido un nuevo delito (cfr. certificados actuariales del 10/02/21 del presente incidente y del incidente CFP 11072/2007/15 y 18/02/21 del incidente CFP 11072/2007/TO2/6), corresponde declarar extinguida, por prescripción, la acción penal en autos a su respecto y, en consecuencia, sobreseerlos en orden a los hechos por los cuales se requirió la elevación a juicio (arts. 59, inc. 3, 62, inc. 2, y 67 CP; 336, inc. 1, y 361 CPPN)”.
Precisado cuanto antecede con relación a las intervenciones previas de esta Sala IV concernientes a la aplicabilidad de la causal suspensiva del curso de la prescripción de la acción penal en autos -originadas en recursos de las defensas- (cfr. art. 67, segundo párrafo, del C.P.), corresponde hoy abordar los planteos que el Ministerio Público Fiscal formuló contra la resolución del “a quo” del 14 de agosto de 2025 que consideró que la norma en cuestión no era aplicable al caso con el alance pretendido por la parte aquí recurrente y, en consecuencia, declaró extinguida la acción penal a su respecto dictó su sobreseimiento (cfr. art. 336, inc. 1º, del C.P.P.N.). En primer lugar, corresponde mencionar que el “a quo” consideró que el imputado Ruckauf cometió el delito que se le atribuye “en ejercicio de la función pública”. Dicho extremo ha sido controvertido por su asistencia técnica a lo largo del derrotero jurisdiccional que se remonta a su planteo prescriptivo inicial del 2 de diciembre de 2020 y, en particular, durante el trámite del recurso aquí en examen (presentaciones en término de oficina y breves notas). Sin embargo, cabe aclarar que la dilucidación de esa controversia no resulta dirimente para definir la solución del caso en torno a la vigencia de la acción penal.
Ello es así, en función del alcance de la norma en juego y de la hipótesis imputativa fiscal.
En efecto, según lo ya anticipado en este voto, la causal suspensiva prevista en el art. 67, segundo párrafo, del C.P., en tanto, esta prescribe expresamente: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. (texto según versión vigente al momento de los hechos, cfr. ley 25.188 –B.O.: 01/11/1999, que se mantiene vigente a la fecha).
Y, según la hipótesis imputativa fiscal, personas integrantes de la Administración de Programas Especiales de la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación (denominada A.P.E.), que también fueron imputadas en el expediente principal, habrían intervenido en los sucesos investigados mediante el otorgamiento de los subsidios a la O.S.M.E. supuestamente destinados a la compra de medicamentos para los afiliados.
Atento ese marco de imputación, los integrantes de la A.P.E. no sólo eran funcionarios públicos al momento de comisión de los hechos (cfr. art. 77 del C.P.) sino que además habrían cometido el delito objeto de investigación “en el ejercicio de la función pública” (cfr. art. 67, segundo párrafo, del C.P.), dando satisfacción a la primera condición para la aplicación de la causal suspensiva del curso de la prescripción en estudio respecto de “todos los intervinientes” (incluido Ruckauf). Pero ahí no se agota el análisis, puesto que el tiempo efectivo de suspensión del curso de la prescripción dependerá de la constatación de una segunda condición: que “cualquiera de los intervinientes” hubiera desempeñado un cargo público con posibilidad real de obstaculizar el inicio o avance de la investigación, conforme lo anticipado en este voto, que será retomado infra.
En tales circunstancias y sin perjuicio de que el curso de la prescripción de la acción penal se interrumpe solo una vez que hubiera comenzado a correr, teniendo en cuenta las fechas de los actos procesales con aptitud interruptiva cumplidos en autos respecto de los tres imputados que nos ocupan (cfr. art. 67, cuarto párr., del C.P. -texto según ley 25.990 vigente al momento de los hechos), el punto relevante de la controversia actual gira en torno a si el término de la prescripción de la acción penal computable (6 años) estuvo suspendido y, en su caso, durante cuánto tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio (17/02/2014) y la citación de las partes a juicio (10/12/2020).
Al abordar dicha cuestión, el “a quo” analizó la situación de Ruckauf, Valsecchi y Álvarez (los tres imputados requeridos a juicio). Con relación a los dos últimos, constató que no habían desempeñado cargo público alguno. Extremo que no fue controvertido por la aquí impugnante.
En cuanto a Ruckauf, el “a quo” sostuvo que el cargo de “notificador”, que retomó en la A.F.I.P. en diciembre de 2011 y que mantuvo hasta su jubilación en el año 2019, carecía de aptitud a la luz de la causal suspensiva en estudio para mantener la vigencia de la acción penal en autos, en concordancia con el criterio sustentado por el suscripto como juez de esta Cámara Federal de Casación Penal, tanto en los precedentes de la Sala IV citados en la intervención anterior (cfr., en lo pertinente y aplicable, causas 15.052, “López Alfonsín, Marcelo Alberto y Lombardi, Hernán Santiago s/recurso de casación”, Reg. 651 del 06/05/2013; FRO 74028646/2006/1/CFC1, “Ferreyra, Antonio s/recurso de casación”, Reg. 242/16.4 del 14/03/2016 y FTU 18571/2012/TO1/CFC3, “Pons, Miguel Martín s/recurso de casación”, Reg. 706/2023 del 03/06/2022), como en otros posteriores como integrante de otras Salas (cfr., en lo pertinente y aplicable, de la Sala I: causa CFP 4943/2016/TO1/31/1/RH60, “López, Cristóbal y otros s/incidente de recurso extraordinario”, Reg. 34/25.1 del 18/02/2025 -caso en el cual el suscripto intervino en el marco del reenvío dispuesto por la C.S.J.N.- y de la Sala III: causa FCR 5023/2016/CA1/CFC1 esta Sala, “Vandenberghe, Andrés Rene y otro s/recurso de casación”, Reg. 1286/25.3 del 20/11/2025; entre otras).
En efecto, en dichos precedentes, en lo sustancial, sostuve que la causal suspensiva en examen se encuentra intrínsecamente vinculada a su fundamento material, el cual radica en la especial vinculación del sujeto que ejerce un cargo público con el Estado y en la posibilidad real que dicho agente tiene para ejercer influencias o realizar actos que pudieran implicar un obstáculo o impedimento al ejercicio de la acción penal. En ese orden de ideas, las particularidades vinculadas con la capacidad, o no, de influencia sobre el ejercicio de la acción penal de quien ejerce un cargo público deben examinarse minuciosamente en cada caso.
En el sub examine, el Ministerio Público fiscal, titular de la acción pública y única parte que ejerce la pretensión punitiva (dado que la Oficina Anticorrupción desistió de su rol de querellante el 05/10/2018, según constancias del expte. ppal. digitalizado en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100), ha mantenido el apego a su postura de que el desempeño en cualquier cargo público satisface la aplicación de la causal suspensiva en estudio y, por consiguiente, no ha no ha logrado demostrar -y tampoco se advierte- de qué modo, dada la naturaleza del cargo público que desempeñó Ruckauf en el período en cuestión (“notificador”) y el ámbito en el cual ejerció dicha función (sección sumarios de la Dirección Regional Norte de la A.F.I.P.), la posición funcional que concretamente ocupó pudo haberle otorgado la posibilidad real de influir negativamente o de obstaculizar el avance de la investigación de los hechos de autos.
En cuanto a los restantes imputados en la causa, que no integraron el tramo que se encuentra elevado ante el “a quo”, más allá de que el decisorio objeto de impugnación no trató los eventuales cargos públicos que pudrían haber desempeñado, lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal tampoco precisó respecto de quiénes puntualmente debió haberse pronunciado.
En la impugnación casatoria, señaló genéricamente que el análisis de la anterior instancia debió haber incluido “los casos de los funcionarios otrora investigados en el tramo residual, ahora sobreseídos”. Y mencionó “ejemplificativamente” al imputado “Chiappara” y a su desempeño en el Ministerio de Seguridad de la Nación, sin indicación alguna sobre qué función específica desempeñó ni durante qué período. Al respecto, no es posible soslayar que del decisorio de primera instancia por el que descartó la aplicación de la causal suspensiva y se dispuso el sobreseimiento de Valsecchi por prescripción de la acción penal por hechos del tramo 2 (resolución del 06/07/2022, antes reseñada en este voto), sólo surge que el nombrado Chiappara “desde agosto de 2020 a enero de 2021 estuvo empleado en el Ministerio de Seguridad”.
Respecto de los restantes “funcionarios otrora investigados”, el Ministerio Público Fiscal tampoco precisó, siquiera de modo subsidiario a su postura, quiénes habrían desempeñado un cargo público, de qué naturaleza, en qué ámbito y durante qué período, a fin de poder analizar el caso a la luz de los lineamientos expresados por esta Sala IV en su anterior intervención (08/05/2024). No lo hizo ante el “a quo” tras el reenvío ordenado por este Superior y tampoco lo especificó en el trámite del recurso actualmente en estudio. Asimismo, no afirmó -ni se observaque hubiera propiciado ante el “a quo” la indagación sobre dichos extremos y que le hubiera sido denegada.
Los déficits de la impugnación casatoria fiscal antes apuntados se refieren a un objeto de controversia que, según lo dicho, se enmarca en una incidencia cuyo origen se remonta a diciembre de 2020 (presentación de la defensa de Ruckauf del 02/12/2020), en la cual esta Sala IV es la tercera vez que se pronuncia -habiendo esbozado lineamientos para el abordaje de la causal suspensiva en juego en las dos intervenciones previas-, en una causa en la que se investigan hechos ocurridos en 2007 y en la que, además, no se ha celebrado el debate oral.
En dicho escenario, tal como ha sido planteado, el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal no puede tener favorable acogida en esta instancia (cfr. C.F.C.P., Sala IV, en lo pertinente y aplicable, causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13 “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación”, Reg. 1373/24.4 del 13/11/2024 –caso que, en lo concerniente a la cuestión de la prescripción de la acción penal seguida contra Carlos Santiago Kirchner, fue resuelto por unanimidad y ese aspecto del fallo adquirió firmeza, en tanto fue consentido por el Ministerio Público Fiscal al no haberlo impugnado en su recurso extraordinario federal).
Por lo argumentado, propicio al acuerdo: I.
RECHAZAR el recurso de casación articulado por el Ministerio Público Fiscal, sin costas (cfr. arts. 530 y 532 del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Que invalidada una sentencia por falta de fundamentación no se sigue de ello que el nuevo pronunciamiento deba llegar a distinta conclusión, sino que lo que se impone es que la decisión sea sostenida por una argumentación exenta de arbitrariedad.
Y desde esa óptica es que considero que, como señala el representante del Ministerio Público Fiscal en su impugnación, el fallo cuestionado le otorgó un alcance excesivo al temperamento adoptado por esta Sala IV en su anterior intervención (Reg. 444/24).
En esa oportunidad, cabe recordar, adherí al voto del juez Mariano Hernán Borinsky en cuanto sostuvo que aquella decisión que ordenaba continuar con el proceso penal no se encontraba precedida de una argumentación suficiente, en los términos del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, esencialmente por omitir el examen de cuestiones oportunamente propuestas afectando, de ese modo, el derecho del impugnante.
De tal modo, al advertirse ese déficit de fundamentación, se anuló por arbitrario el pronunciamiento y, en los términos del art. 471 del CPPN, se reenviaron las actuaciones al tribunal de procedencia para el dictado de un nuevo decisorio.
Al resolver de esta manera en nuestra pretérita intervención, no se estableció cuál debía ser la correcta interpretación de las normas aplicables al caso, tal como afirmó el voto que conformó la mayoría en el pronunciamiento ahora en examen.
Dicho esto, observo que el pronunciamiento adoptado por el voto mayoritario de los colegas de la instancia anterior no puede ser convalidado, por los fundamentos que a continuación desarrollaré.
El artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal -con la modificación introducida por la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública- establece que “la prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
Del texto de la norma evocada no surge la exigencia de que el sujeto permanezca en un cargo público en el que pueda tener una influencia sobre el proceso. Una interpretación semejante restringe la aplicación de la causal de suspensión y colisiona con la referencia, intencionalmente genérica, al desempeño de “un cargo público” que se efectúa al final de la disposición (cfr. mi voto en CCC 51009151/2008/TO1/5/CFC1, Senoff, Alfredo Javier s/recurso de casación, Reg. 1304/24 del 31/10/24). Lleva dicho esta Sala IV, con distinta integración a la actual -sin mi intervención- y en posición que comparto, que “la causal de suspensión de la acción penal procede en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para cualquier persona que hubiera participado en el delito [mientras] se encuentre en el ejercicio de la función pública. La norma no hace distinciones relativas a la jerarquía o función que un agente posea en la estructura estatal, ni remite a las mayores o menores posibilidades que se funcionario pudiese tener para entorpecer el avance del proceso” (cfr. FMZ 32019438/2010/1/CFC1, “ALBIOL, Darío; TORO, Walter Antonio; LAUGERO, Marcos s/recurso de casación, Reg. 328/18 del 16 de abril del 2018).
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que, para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos:
304:1820;314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149;327:769). A ello debe agregarse que no cabe suponer la inconsecuencia o la falta de previsión en el legislador (Fallos 322:2189; 323:585). En conclusión, entiendo que no corresponde establecer una excepción que no surge de la letra de la ley ni una interpretación plausible de sus fines, por lo que propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, anular la decisión impugnada y remitir las presentes actuaciones a su origen a fin de que se dicte una nueva conforme a derecho. Tal es mi voto.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
Comparto en lo sustancial las consideraciones efectuadas en el voto precedente y que se corresponden con la aplicación de la normativa en cuestión en diversos precedentes de esta cámara.
Así, y tal como lo recuerda el colega preopinante, en torno a la interpretación del artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal, se encuentra prevista la suspensión del curso de la prescripción respecto de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública mientras cualquiera de los partícipes continúe desempeñando un cargo público. La literalidad de la disposición no exige que el funcionario conserve un cargo con incidencia concreta sobre el trámite del proceso ni que mantenga posibilidades efectivas de entorpecer la investigación. Antes bien, el legislador empleó deliberadamente una fórmula amplia al referirse al desempeño de “un cargo público”, sin introducir distinciones vinculadas con la jerarquía, funciones específicas o capacidad de influencia del agente estatal (cfr. mis votos en los precedentes “Albiol” y “Senoff”, citados en la ponencia anterior; y, en igual sentido, en la causa nro. 11.037, caratulada “Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación”, reg. nro. 12.443, rta. el 9/10/2009; causa nro. 15.071 de esta Sala, caratulada “Esquivel, Ángel s/recurso de casación”, reg. nro. 879/12, rta. el 24/5/2012 y Causa nº 1415/2013, caratulada “Alsogaray, María Julia y otros s/rec. de casación”, registro nº 1802.14.4, rta. 9/09/14; entre muchas otras).
En esa línea, ya he sostenido que la causal de suspensión opera respecto de cualquier interviniente en el hecho mientras alguno de ellos continúe ejerciendo funciones públicas, sin que corresponda efectuar diferenciaciones que la norma no contempla.
Asimismo, es pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la primera fuente de interpretación de la ley es su texto, el cual debe ser armonizado de manera integral, evitando asignarle un alcance que torne inocuas o contradictorias sus previsiones. Bajo tales pautas hermenéuticas, no resulta admisible incorporar por vía interpretativa requisitos restrictivos que el legislador no previó expresamente.
En consecuencia, coincido en que no corresponde introducir excepciones ajenas al tenor de la norma ni adoptar una exégesis que reduzca indebidamente el alcance de la causal de suspensión del curso de la prescripción de la acción penal establecida por el legislador.
No puede olvidarse, insisto, que, como también lo recordé en la anterior intervención que me correspondió en este proceso, el fundamento de la normativa en análisis también parte de la conculcación del mayor compromiso del funcionario o empleado público que el ejercicio de sus facultades conlleva, y, como contracara, un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas, toda vez que existe una expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos - Convención Interamericana contra la Corrupción –arts. VI, VIII, IX y XI, aprobada por ley Nº 24.759; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por ley Nº 26.097; y Ley de Ética Pública, Nº 25.188- (cfr. mis votos en las causas: FRO 74028646/2006/1/CFC1, “Ferreyra, Antonio s/recurso de casación”, Reg. Nro. 242/16.4, rta. el 14/03/2016; CFP 12037/2009/16/CFC2, “Ferreira Pinho, Juan Antonio s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 2082/20.4, rta. el 21/10/2020; FTU 18571/2012/TO1/CFC3, “Pons, Miguel Martín s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 706/2022, rta. 3/06/2022; y CFP 4077/2022/2/CFC1, “Eijo, Jorge Alejandro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1302/23.4., rta. el 26/09/2023; entre varias otras).
Esta posición es la que otorga, asimismo, mayor operatividad a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de Las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados Parte “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”; que “para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva”; y la necesidad de “hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” (Cfr. mi voto en el precedente de esta Sala IV, causa CFP 12438/2008/CFC2, “De Vido, Julio Miguel y otra s/recurso de casación, Reg. 1122.15/4, Rta. el 12/6/15; entre muchas otras).
Adhiero, en consecuencia, a la propuesta propiciada de hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, anular la decisión impugnada y remitir las presentes actuaciones a su origen a fin de que, a la brevedad, se dicte una nueva conforme a derecho. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría,
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, ANULAR la decisión impugnada y REMITIR las presentes actuaciones a su origen a fin de que se dicte una nueva conforme a derecho. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Mariano González. Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia