Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el representante de la querella – Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)-, sin costas (arts. 530 y ccds. del CPPN).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo del año 2025, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Diego G. Barroetaveña, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 1725/2010/6/CFC4, caratulada “IZE, Alberto s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. Que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, con fecha 9 de mayo de 2024, resolvió “(C)ONFIRMAR la resolución adoptada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso. -artículo 336, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación-.”.
De ese modo, confirmó la resolución del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 9 que, con fecha 7 de febrero de 2024, dispuso: “I. (H)ACER LUGAR al planteo de prescripción formulado por el Dr. Gustavo E. Kollmann, en su carácter de defensor de ALBERTO IZE y, en consecuencia, disponer su SOBRESEIMIENTO en el marco de la presente causa (arts. 59, inc. 3, 62, inc. 2, 63 y 67 del CP, y 336, inc. 1, del CPPN).”. (Los destacados obran en los originales).
II. Que, contra esa decisión, el representante de la querella – Administración Reg. Nro.: 444/25.4 Nacional de la Seguridad Social (ANSES) interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el a quo.
III. La parte impugnante encauzó su pretensión en los términos previstos en ambos incisos del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
En su presentación, postuló la arbitrariedad por defecto de fundamentación de la decisión cuestionada.
En tal dirección, afirmó que los hechos imputados a Ize concurren materialmente y que “(D)e allí que el término de prescripción necesariamente deba acomodarse a la suma aritmética de los máximos de la escala penal prevista para cada uno de esos casos, contrario a los sostenido por la Sala II de la Excma. Cámara Federal penal que sostiene jurisprudencialmente que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente por cada delito.”.
A su vez, recordó que el encartado al momento de la comisión de los hechos era funcionario público, y sostuvo que los hechos investigados se encuentran enmarcados en las previsiones del art. 36 de la Constitución Nacional, por lo que postuló la imprescriptibilidad de la acción o la suspensión de los plazos de prescripción por aplicación de lo dispuesto en el art. 67, segundo párrafo, del CP. Citó jurisprudencia de ésta CFCP.
Por último, sostuvo que “(l)os [h]echos respecto de los cuales se dictó el sobreseimiento aquí recurrido no pueden analizarse aisladamente de la [a]sociación ilícita, respecto de la cual la [a]cción [p]enal aún continua vigente.”, y concluyó que “(L)a aparente razón de apartarse de estos criterios en el fallo cuestionado es la confusa interpretación del supuesto de la asociación ilícita, omitiendo el concurso real de delitos.”. Por tales motivos, solicitó, en concreto, que esta Cámara haga lugar al recurso de casación deducido y declare la nulidad de la resolución recurrida.
Finalmente, formuló reserva del caso federal.
IV. En la oportunidad prevista por los arts. 465 cuarto párrafo y 466 del CPPN las partes no hicieron presentaciones.
V. En la instancia procesal prevista por los arts. 465, último párrafo y 468 del CPPN, presentó breves notas el representante de la querella – Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Superada dicha etapa, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.
Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: doctores Diego G. Barroetaveña, Gustavo M. Hornos, y Javier Carbajo.
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
I. Que, vencido en cuanto a la admisibilidad del recurso interpuesto en función del criterio coincidente de los colegas sobre ese punto, corresponde que ingresemos en el fondo del planteo incoado.
II. Que, como punto de partida, y con el objeto de imprimir un adecuado tratamiento a los planteos traídos a estudio por la querella, habremos de efectuar una reseña de los hechos atribuidos al imputado.
Conforme surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX100), “(C)onforme acta indagatoria de fecha 14 de diciembre de 2016 se le imputa a ALBERTO IZE “haber incumplido las obligaciones propias de su rol como Juez subrogante del Juzgado Federal de la Seguridad Social n° 3 en el marco del trámite otorgado a los expedientes[…], al adoptar decisiones contrarias a las leyes de fondo y procesales que resultaban de aplicación en el marco de los mismos, al decidir la implementación de notificaciones “ministerio ley” en lugar del libramiento de cédulas a tal efecto, priorizando el despacho de determinados expedientes para de esa forma otorgarles celeridad en su trámite y convalidar la sustitución de letrados patrocinantes de la parte actora los cuales eran reemplazados por profesionales cercanos a los funcionarios que prestaban funciones en el Juzgado que el imputado subrogaba y cuyos honorarios eran regulados en sumas mayores a las del resto de los Tribunales, omitiendo a su vez el control que debía cumplir sobre la labora y las decisiones adoptadas por los Secretarios que se desempeñaban en el Juzgado a su cargo, generando dicho accionar una afectación patrimonial a los intereses de la Administración Nacional de Seguridad Social[…]”.
En fecha 27 de agosto de 2021 el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 9 de esta ciudad dictó el sobreseimiento de Ize, y en fecha 9 de diciembre de 2021 la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones revocó la resolución adoptada.
III. Ahora bien, en la resolución aquí recurrida, el a quo, luego de advertir que resulta aplicable el criterio adoptado en similar planteo efectuado respecto de un coimputado en el marco del incidente CFP 1725/2010/5/CA4, señaló que “(S)e sostuvo entonces que no existía discusión en punto a que los hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2010; que el cómputo de los plazos no comenzó hasta el 1 de agosto de 2013 -momento en que el último funcionario público involucrado ejerció el cargo- y que el único acto con capacidad para interrumpir el curso de la acción se produjo el 11 de noviembre de 2016, fecha en que los imputados –entre los que se encuentra Ize- fueron convocados a prestar declaración indagatoria en estos actuados.”, y que “(t)ampoco está controvertido que, aún cuando no existió un auto de mérito que lo definiera -siquiera con la provisoriedad que caracteriza la etapa- los hechos investigados encontrarían adecuación en las previsiones de los artículos 174, inciso 5°, 248, 249 y 260 del Código Penal, siendo que a algunos imputados se los consideró también abarcados por el delito previsto por el artículo 210 del citado ordenamiento.”.
En ese sentido, sostuvo que “(M)ás allá de lo indicado en aquella oportunidad en torno al modo en que debe computarse el plazo a la luz de las previsiones contenidas en el último párrafo del artículo 67 del Código Penal, el hecho de que Ize no fuera indagado en orden a su eventual participación en una asociación ilícita torna estéril el debate propuesto sobre el punto.”.
IV. Sentado lo expuesto, corresponde delimitar el núcleo de la discusión que genera la intervención de esta Cámara. Como se dijo en la resolución a estudio, no se encontraban discutidas las fechas ni las causales de suspensión e interrupción del curso de la prescripción y tampoco se cuestionaron en el recurso presentado. En esa dirección la parte impugnadora afirma que el último acto con virtualidad para interrumpir la prescripción es el llamado a prestar declaración indagatoria de Emmanuel Catardo de fecha 11 de noviembre de 2016.
Tampoco hay controversia en cuanto a que media un concurso real entre los hechos atribuidos al imputado, en palabras de la parte recurrente, “los hechos que le fueran imputados al procesado, concurren materialmente entre sí”.
La discusión finca en las consecuencias para la vigencia de la acción que pretende asignarle la querellante al concurso material de delitos, pretendiendo la suma aritmética de los máximos de la escala penal prevista para cada uno de ellos, en forma contraria a lo resuelto por la Cámara a quo y en definitiva, a lo que dispone la ley penal. El art. 67, último párrafo del Código Penal dispone claramente que “(l)a prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito…”.
Por su parte, La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas oportunidades explicando que “(l)a prescripción de la acción penal tiene carácter de orden público, motivo por el cual debe ser declarada de oficio puesto que se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente (Fallos: 275:241; 305:1236), y corre separadamente en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos” (Fallos: 201:63; 202:168; 212:324 y 327:4633, entre otros). Las discusiones en torno a la teoría del paralelismo o de la acumulación se suscitaban con anterioridad a la reforma del art. 67, CP (Ley 25990) que introdujo el último párrafo al que estamos haciendo alusión.
En ese sentido, se explica que “(E)xistió una profunda discusión en torno a cómo debe considerarse el plazo de prescripción cuando se trata de hechos independientes que concurren en forma real. Hubo dos posiciones en pugna que discutieron si la prescripción se rige por la sanción penal que resulta de la acumulación de las respectivas penas correspondientes a cada hecho en particular, de acuerdo a lo que señala el art. 55 (teoría de la suma o acumulación), o si el plazo de extinción transcurre en forma individual y separada respecto de cada hecho, de acuerdo a la pena que se prevé para la figura en que resulta encuadrado (teoría del paralelismo […]” (D’Alessio, Andrés J. Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, segunda edición actualizada, Buenos Aires, 2009, Editorial La Ley).
Finalmente, la postura del paralelismo culminó siendo la dominante y ha sido incluida en forma expresa en el párrafo analizado del art. 67 CP al mencionar que la prescripción corre en forma independiente para cada delito, por lo que no existe ya controversia alguna en los casos de concurso real como el de autos (conforme al criterio ya adoptado al respecto en el precedente CFP 5545/2012/TO2/14/CFC6, “RODRÍGUEZ PERALTA, Diego Maximiliano s/recurso de casación”, Reg. 1425/24.4, rta. 22/11/24).
Por otra parte, entendemos que las reglas concursales y las de la prescripción poseen naturaleza y fines diferentes por cuanto no es posible identificar la regla del art. 55 CP (en cuanto establece que cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma clase de pena, la pena aplicable tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos) con las disposiciones relativas a la prescripción que regulan la vigencia de la acción penal (art. 67, último párrafo, CP).
Así las cosas, resulta acertada la decisión de la cámara de previa intervención en cuanto dispuso la prescripción de los hechos que fueron provisoriamente calificados como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ello por cuanto se corroboró a su respecto que desde el último acto con capacidad interruptiva de la prescripción no se verificó tampoco la causal prevista en el art 67 inc. a del CP.
Finalmente, deviene improcedente el tratamiento del agravio vinculado con la vigencia de la acción penal sobre el delito de asociación ilícita y su incidencia sobre el cómputo de los plazos de prescripción de los restantes delitos endilgados, ya que tal como señaló el tribunal de previa instancia, Ize no fue indagado en orden a la comisión de aquel delito.
V. Por último, la intervención de funcionarios públicos en los hechos y particularmente la calidad de funcionario público del imputado Ize a la que se refiere la parte motivó precisamente la suspensión del plazo de prescripción hasta la fecha en que el último de aquellos prestó funciones, como bien lo afirmó la Cámara a quo, por lo que recién a partir del 1 de agosto de 2013 se reanudó el plazo de la prescripción, pero en modo alguno resulta argumento suficiente para derivar de aquella única circunstancia que el caso de autos se encuentre abarcado por las previsiones del art. 36 de la Constitución Nacional, ni las consecuencias sobre la imprescriptibilidad de la acción que pretende la parte en función de la interpretación que efectúa de aquella norma constitucional.
VI. Por lo expuesto en párrafos precedentes, proponemos al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por el representante de la querella – Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con costas (arts. 456, 470, 471 a contrario sensu, 530 y 531 del CPPN) y tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la Ley 48).
Es nuestro voto.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. En primer término considero que la impugnación interpuesta resulta admisible a tenor de lo normado por los arts. 438, 456 y 457 del C.P.P.N., toda vez que la cuestionada se trata de una resolución que pone fin a la acción y el recurso ha sido incoado por la parte querellante, que se encuentra legitimada para presentarlo (art. 460 del C.P.P.N.), con fundamentos suficientes y que lo tornan procedente en virtud de lo dispuesto por el art. 463 del C.P.P.N.
II. En cuanto al fondo de las cuestiones planteadas corresponde señalar que la parte recurrente ha señalado, entre otros argumentos, que los hechos por los cuales se dictó el sobreseimiento impugnado ahora no pueden analizarse aisladamente del delito de asociación ilícita también imputado a algunos de los encausados, por lo cual la acción penal incoada en este proceso no puede considerarse prescripta en orden a lo dispuesto en el inciso 2. del artículo 62 del C.P.
Sobre el punto, ya tuve oportunidad de sostener que cierto es que el delito de asociación ilícita requiere la existencia de un acuerdo de voluntades, estable y con caracteres de cohesión y organización, entre tres o más personas imputables, con la finalidad de cometer delitos en forma general e indeterminada, aun cuando se refieran a una misma modalidad delictiva; y que, entonces, es esta pluralidad de planes delictivos para la comisión de delitos indeterminados, lo que en este aspecto integra el tipo penal, por lo que los concretos delitos cometidos por la asociación ilícita no pertenecen al tipo.
Pero que, sin embargo, resulta innegable que este último dato, puede resultar de sustancial importancia -sumado a la prueba de los aludidos requisitos- como demostrativo de la existencia misma de la asociación ilícita.
Ello, pues aun cuando su configuración no requiera de la existencia de otros delitos consumados y ni siquiera del principio de ejecución de éstos, es necesario distinguir, más allá de la forma en que concurren dichos delitos con el de asociación ilícita, la cuestión relativa a las dificultades probatorias que puede irrogar en el caso el sobreseimiento respecto a los hechos que conformaron aquellos delitos concretos cometidos por el grupo, en orden al transcurso del plazo de prescripción.
Y cuando se trata -como en el casotambién de la imputación de maniobras delictivas que habrían sido ya concretamente realizadas y que podrían resultar de sumo valor -aunque no suficientes- a los fines de acreditar la finalidad de ejecutar una pluralidad de planes delictivos por parte de un grupo de las personas encausadas (cfr.: mi voto en las causas: Nro. 12.740 del Registro de esta Sala IV, caratulada: “AVOGADRO, Marcelo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 15.215.4; causa Nro. 12.737 del Registro de esta Sala, caratulada: “SUAREZ ANZORENA, Martín s/recurso de casación”, Reg. Nro. 15.217.4; causa Nro. 12.742 del registro de esta Sala, caratulada: “CAMPBELL, Guillermo Jorge s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 15.219.4; rtas. el 7 de julio de 2011; y causa FMP 21675/2014/271/1/CFC12, caratulada “Irigoin, Gerardo y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 566/2022, rta. el 13 de mayo de 2022; entre otras).
Tampoco puede ignorarse que la investigación se encuentra en pleno trámite y que aún no existió un auto de mérito que definiera - siquiera con la provisoriedad que caracteriza la etapa- la adecuación típica de las conductas materia de imputación.
En este estadio del análisis efectuado, considero pertinente insistir en que la postura expuesta es, también, la que mejor se armoniza con la interpretación que otorga mayor operatividad a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados parte por la “gravedad para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley” que plantea la corrupción.
En efecto, no puede desconocerse que el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción impone a los Estados la responsabilidad de erradicar la impunidad y prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Así, sostuve reiteradamente la tesis de que en el procedimiento penal el concepto de ley vigente no se limita al Código Procesal Penal sino que abarca a la Constitución Nacional y a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (C.N.C.P. Sala IV: causa Nro. 335: “Santillán, Francisco”, Reg. Nro. 585.4, del 15/5/96; causa Nro. 1619: “Galván, Sergio Daniel s/recusación”, Reg. Nro. 2031.4, del 31/8/99 y Causa Nro. 2509: “Medina, Daniel Jorge s/recusación”, Reg. 3456.4, rta. el 20/6/01; y mi voto en el Plenario Nro. 11 de esta Cámara: “Zichy Thyssen”, rto. el 23/6/06; entre varias otras).
De manera que una interpretación desde la Constitución exige del órgano jurisdiccional la toma de recaudos para asegurar el debido respeto de dicha normativa.
En este escenario, la solución que corresponde adoptar como consecuencia de la interpretación armónica de la normativa vigente desde la Constitución Nacional, a la luz de la normativa internacional de rango constitucional que se encuentra vigente, es la que se corresponde con el adecuado compromiso asumido por nuestra Nación Argentina en pos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas (cfr.: mi voto en el precedente “Bobbio” y “Curien”; entre otros).
No puede olvidarse que es criterio de la Corte que la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan (Fallos: 329:2876 y 330:4454, entre otros), regla que impone no solo armonizar sus preceptos sino también conectarlos con las demás normas que integran el orden jurídico, del modo que mejor concuerden con su objetivo y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 258:75; 329:2890; 330:4713 y 4936). Las consideraciones realizadas conducen a concluir que un estudio conglobado y razonable de la normativa vigente autoriza a descartar la procedencia, en la instancia de investigación en la que se encuentra el presente proceso, de la prescripción de la acción penal incoada.
Por lo expuesto, y en base a estas breves consideraciones en atención a que se encuentra sellada la suerte del recurso de casación interpuesto en orden a la solución que por mayoría de votos propician mis colegas, propicio que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, que se revoque la resolución impugnada y su antecedentes necesario y se remitan las actuaciones a fin de que se continúe con la sustanciación del proceso; sin costas en esta instancia (arts. 470 y 530 y cc del C.P.P.N.).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. El recurso de casación interpuesto resulta formalmente admisible, toda vez que la resolución recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la parte se encuentra habilitada para impugnarla (art. 460 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.
II.a. Conforme surge de la causa principal CFP 1725/2010 -visible por Sistema Lex 100-, Alberto Ize fue indagado el 14/12/16, por presuntamente “… haber incumplido las obligaciones propias de su rol como Juez subrogante del Juzgado Federal de la Seguridad Social n° 3 en el marco del trámite otorgado a los expedientes n° (…) al adoptar decisiones contrarias a la leyes de fondo y procesales que resultaban de aplicación en el marco de los mismos, al decidir la implementación de notificaciones ‘ministerio ley’ en lugar del libramiento de cédulas a tal efecto, priorizando el despacho de determinados expedientes para de esa forma otorgarles celeridad en su trámite y convalidar la sustitución de letrados patrocinantes de la parte actora los cuales eran reemplazados por profesionales cercanos a los funcionarios que prestaban funciones en el Juzgado que el imputado subrogaba y cuyos honorarios eran regulados en sumas mayores a las del resto de los Tribunales, omitiendo a su vez el control que debía cumplir sobre la labor y las decisiones adoptadas por los Secretarios que se desempeñaban en el Juzgado a su cargo, generando dicho accionar una afectación patrimonial a los intereses de la Administración Nacional de la Seguridad Social (organismo estatal que intervenía en el marco de los referidos expedientes en carácter de parte demandada) cuantificada -en función de los informes de daño patrimonial obrantes en las presentes actuaciones- en al menos DOCE MILLONES QUIINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($12.572.924,98)”.
b) La defensa instó la declaración de prescripción de la acción penal, alegando que lo decidido por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal el 14/9/23 en la causa CFP 1725/2010/5, respecto del consorte Emmanuel Catardo, había adquirido firmeza y que las consideraciones allí expuestas debían hacerse extensivas al caso de Ize.
Habiéndose corroborado la ausencia de la causal interruptiva de la prescripción del art. 67 inc. “a” del Código Penal, se corrió vista a las partes acusadoras.
Al responder, la representante del Ministerio Público Fiscal precisó que los hechos imputados a Ize ocurrieron entre los años 2008, 2009 y 2010; que encuadraban jurídicamente en los delitos de defraudación contra la administración pública, en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor; que la acción penal estuvo suspendida hasta el 1/8/13, momento en que el imputado renunció al cargo público que ejercía; y que el único acto con aptitud interruptiva de la prescripción fue el llamado a brindar declaración indagatoria del 11/11/16.
Sobre tal base, indicó que había transcurrido en exceso el plazo máximo de pena previsto según la imputación y que por ello la acción penal se había extinguido.
A su turno, el representante de la querellante ANSES también solicitó que se rechazara el planteo de la defensa. Destacó que la decisión adoptada en el caso de Emmanuel Catardo no estaba firme, sino impugnada ante esta instancia.
Entendió que, el hecho de que Ize, Maiztegui y Catardo hubieran sido funcionarios públicos al momento de las acciones, conllevaba la improcedencia de la prescripción, extrayendo tal pauta del conjunto normativo conformado por el art. 36 de la Constitución Nacional -en lo que postuló como una exégesis “adecuada y amplia” de la cláusula- y de las convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción.
Al resolver, la jueza de grado meritó que el Ministerio Público Fiscal había subsumido los hechos endilgados a Ize como defraudación contra la administración pública, en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sobre dicha base, detallando que estaba verificado que Ize no cometió nuevos delitos y que desde el llamado a indagatoria del 11/11/16 transcurrió el plazo máximo de pena previsto por el art. 174 inc. 5 del C.P., resolvió hacer lugar al requerimiento de prescripción y sobreseyó al nombrado.
Impugnada esa decisión mediante recurso de apelación por la querella, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal emitió el fallo en estudio.
En lo sustancial, los jueces del a quo sopesaron la ausencia de controversia en torno a la fecha de ocurrencia de los hechos, al momento en el que cesó la causal de suspensión de la prescripción prevista en el art. 67 párr. 2° del C.P.; a la adecuación jurídica que los hechos atribuidos a Ize tendrían en los tipos penales de los arts. 174 inc. 5°, 248 y 249 del C.P. y a que el único acto con capacidad interruptiva de la prescripción se produjo el 11/11/16 con los llamados a los imputados a prestar declaraciones indagatorias.
Explicaron que el nombrado no había sido indagado en orden a su intervención en una asociación ilícita -enfatizando el magistrado que emitió su voto en tercer orden, en que tampoco se advertía ninguna clase de señalamiento en tal sentido por las partes acusadoras-, por lo que concluyeron que había transcurrido el plazo máximo de pena previsto para las figuras por las que fue efectivamente acusado.
III. Reseñados los antecedentes, considero que los agravios de la recurrente no pueden ser de recibo.
En efecto, de igual modo a lo ocurrido en la instancia precedente, aquí tampoco se han controvertido las fechas reputadas como de comisión de los hechos, ni la fecha en que se reanudó el cómputo de la prescripción al haber dejado Ize el cargo público que ejercía (1/8/13); ni la circunstancia de que el único acto idóneo para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal ha sido el llamado a brindar declaración indagatoria, el 11/11/2016.
En tales condiciones, habiéndose además corroborado que no concurre el motivo interruptivo del art. 67 inc. “a” del C.P. -cfr. informes del Registro Nacional de Reincidencia y de la Policía Federal Argentina, obrantes en Sistema Lex 100-, estimo que la argumentación dada por el tribunal de procedencia es ajustada a derecho.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación lleva dicho, de manera reiterada, que “…la prescripción de la acción penal tiene carácter de orden público, motivo por el cual debe ser declarada de oficio puesto que se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente (Fallos: 275:241; 305:1236), y corre separadamente en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos” (Fallos: 201:63; 202:168; 212:324 y 327:4633, entre otros). Por otra parte, en atención a los restantes motivos de impugnación desarrollados por la querellante, debo decir que lejos estoy de admitir que los procesos penales en los que se juzgan actos de corrupción pública o privada no puedan resolverse en plazos normales y prescriban por el transcurso del tiempo.
Sin embargo, como lo he expresado en precedentes de esta Sala IV (cfr. CFP 9233/1999/TO1/37/CFC5, “BOFILL, Alejandro Arturo y otros s/ recurso de casación”, Reg. 145/20; CFP 10247/1998/TO1/CFC7, “BERAJA, Rubén Ezra y otros s/ recurso de casación”, Reg. 1255/20; FSA 71003293/2010/TO1/CFC1, “POLETTI, Alejandro Oscar y otros s/recurso de casación”, Reg. 2043/20, entre otros), considero que la previsión constitucional del art. 36 no acarrea la consagración de la imprescriptibilidad de las acciones penales ante la comisión de graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento.
Ello de ningún modo presupone infravalorar esta clase de ilícitos pues, claro está, la disposición constitucional citada no deja de resultar una valiosa pauta o directriz de acción, mas no permite dejar de lado la vigencia imperativa que posee el instituto de la prescripción.
IV. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la querellante (ANSES), sin costas y teniendo presente la reserva del caso federal (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).
Tal es mi voto.
En mérito del acuerdo que antecede, por mayoría, el Tribunal RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el representante de la querella – Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)-, sin costas (arts. 530 y ccds. del CPPN).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Diego G. Barroetaveña.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo. Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia