Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), sin costas, revocar la resolución recurrida y la que resulta su antecedente inmediato y remitir las actuaciones al “a quo” a sus efectos (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
//la ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes julio del año dos mil veinticuatro, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa FMP 19694/2016/28/CFC2 del registro de esta Sala, caratulada: “FERRO, Jorge s/recurso de casación"; de la que RESULTA:
I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, con fecha 15 de noviembre de 2023, resolvió: “CONFIRMAR mediante la que se resolvió declarar extinguida por prescripción la acción penal en la presente causa respecto de Jorge Ferro, en orden a los hechos que le fueron atribuidos como constitutivos del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido en el art. 248 del CP, en cuanto hubiera sido estricto motivo de agravio”.
II. Que, contra dicha resolución, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, doctor Daniel E. Adler, junto al Fiscal titular a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), doctor Diego Velasco, presentaron recurso de casación, el cual fue rechazado por la instancia anterior y luego concedido por esta Sala IV (reg. 180.24.4, 1 REGISTRO N° 762/24.4 rta. el 6/03/2024).
III. Los recurrentes motivaron la impugnación por vía de lo previsto en el primer inciso del art. 456 del C.P.P.N.
Postularon la arbitrariedad de la decisión recurrida porque, a su entender, en la setencia incurre en violación de los artículos 54, 59 inc. 3, 65 inc. 3 y 67 del CP, en virtud de que se omitió valorar la imputación conglobada realizada por el Ministerio Público Fiscal y que indica que la actividad ilícita final de Jorge Ferro, mientras ejercía el cargo de juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, resultó en una multiplicidad de conductas tipificadas bajo la figura legal de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 CP) que lo podrían haber llevado a enriquererse ilícitamente (art. 268 CP).
Explicaron que los incumplimientos de deberes en ejercicio de la magistratura por parte de Ferro resultan ser parte de los actos que permitieron llevar a cabo su enriquecimiento ilícito.
Que, a su entender, desde el comienzo de la causa el objeto procesal se conformó por hechos vinculados a la presunta ilícita evolución de la situación patrimonial de Ferro basada en los mismos eventos delictivos. Añadió que la investigación patrimonial estuvo, desde sus orígenes, motivada en el posible vínculo de naturaleza económica que Jorge Ferro y Alejandro Ferrarello podrían tener o habrían tenido.
Que, en otras palabras, claro está que el objeto procesal del caso siempre integró todas las conductas ilícitas que el nombrado –y los otros coimputados- habrían cometido dentro del período investigado, aprovechando y valiéndose de su función de Magistrado, componiéndose además de los beneficios económicos que ello importaba. En definitiva, lo que debe ser alcanzado por la calificación penal más gravosa a los fines de la prescripción es el sustrato fáctico, aspecto que, como se ha señalado, se verifica en el presente caso.
Sin embargo, indicaron que el fallo criticado arbitrariamente fragmenta el estudio a partir de un análisis bajo distintas figuras penales y decide la prematura desvinculación del imputado por el término de la prescripción, cuando nos encontramos en la etapa de instrucción en la que los tipos penales resultan provisorios.
Destacaron que la acción penal se encuentra vigente ya que no corresponde la prescripción de la acción penal por calificaciones sino por hechos. Que para analizar si la acción se encuentra extinguida por prescripción, debe estarse a la pena concreta mayor con la que se reprime ese tipo de conductas.
Señalaron que en el caso concreto, no puede perderse de vista que el objeto procesal comprende la investigación patrimonial iniciada desde los albores de la pesquisa y que supone una pena más gravosa que aquella postulada por el art. 248 del CP. Que a los fines de profundizar sobre los ribetes económicos de la relación que mantenían los imputados –entre ellos Ferro- y que fue debidamente indicada al momento del requerimiento de su convocatoria al proceso, se llevaron a cabo una serie de medidas para profundizar esa línea de investigación, los cuales se encuentran en curso con el objeto de determinar si la evolución patrimonial de Jorge Ferro podría subsumirse o no en la figura prevista en el art. 268 del CP, la cual prevé una pena máxima de 6 años y su comisión puede extenderse hasta pasados 2 años desde el momento del cese en el desempeño del cargo.
Que teniendo en consideración dicha escala prevista para el delito en cuestión, que el hecho data desde el año 2002 hasta el 1° de mayo de 2018, a lo que se agrega como acto interruptivo la convocatoria a prestar declaración indagatoria de fecha 20 de abril de 2020, la acción se encuentra plenamente vigente.
Remarcaron que el fallo del tribunal de la instancia anterior cercena el fenómeno criminal que se investiga permitiendo la aplicación de calificaciones legales aisladas que terminarían desproveyendo de contenido a los hechos imputados y, en definitiva, desmembrando el objeto procesal de las actuaciones.
Señalaron que el magistrado realizó una interpretación errónea de la reforma introducida por la ley 25.990 al art. 67 CP respecto de que la prescripción se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito ya que esa previsión no está dirigida a esta instancia procesal ni para casos con una unidad fáctica como la que aquí se presenta.
Concluyeron que la resolución apelada, no solo fragmenta arbitrariamente la imputación, sino que coarta el ejercicio de la acción penal pública y la ventilación íntegra y conglobada del caso en futuras etapas procesal. Que eventualmente, de quedar firme la resolución apelada el sobreseimiento dispuesto podría generar dificultades en materia probatoria, dado que se encontrarían frente a una misma unidad fáctica; o, incluso, los jueces designados para intervenir en la etapa final podrían verse impedidos de subsumir los episodios ventilados en un tipo penal más gravoso que pueda ser probado. Sostener la teoría del paralelismo en esta instancia, como lo realiza la Cámara, con independencia del concurso aplicable al caso ignora que la prescripción abarcaría toda la unidad de acción que subyace, en vez de proyectarse únicamente sobre una de las calificaciones legales.
Reiteraron que las maniobras que constituyen el objeto de la presente investigación involucran el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268 del CP que tiene previsto una pena máxima de seis (6) años y cuya comisión puede extenderse hasta dos (2) años después del cese en el cargo de quien fuera funcionario público. En efecto, teniendo en cuenta la penalidad de aquellas calificaciones más gravosas aplicable a los hechos por los que se persigue a Jorge Ferro, advirtieron que en modo alguno ha operado el plazo máximo de la pena establecida para las conductas investigadas, por lo que la resolución que se ataca resulta arbitraria.
Por todo ello, solicitaron que se revoque la sentencia del tribunal de la instancia anterior, dictándose un nuevo pronunciamiento que mantenga vigente la acción penal.
Hicieron reserva del caso federal.
IV. Que en la etapa prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., las partes no efectuaron presentaciones.
V. Que en la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., la defensa particular de Jorge Ferro presentó breves notas.
Superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas, y conforme el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Admisibilidad.
La decisión impugnada resulta recurrible ante esta instancia, en tanto es de aquéllas que el art. 457 del C.P.P.N. define como equiparables a sentencia definitiva en cuanto pone fin a la acción haciendo imposible la continuación de las actuaciones; la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla –art. 458 del C.P.P.N.-, el planteo en el que se sustentó el recurso de casación encuadra en los motivos previstos por el artículo 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y fundamentación requeridos por el artículo 463 del citado código de rito.
II. Antecedentes.
Llegado a este punto y con el objeto de aportarle la mayor claridad expositiva al presente voto, habré de mencionar los antecedentes del caso, los cuales ya tuve oportunidad de referir en mi anterior intervención (cfr. reg. nro. 1627/22, rta. el 29/11/22).
a. Allí expuse que, conforme se desprende de la resolución de fecha 30 de marzo de 2022 de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, “El hecho que constituye el objeto procesal de esta causa y por el que los imputados resultaron investigados consistió en que Jorge Ferro, Alejandro Ferrarello, María de las Mercedes Morahin y Federico Ariel Gil de Muro, en forma organizada premeditada y habitual, al menos desde el año 2002 hasta el 1 de mayo de 2018, habrían desplegado conductas enderezadas a obtener decisiones jurisdiccionales favorables por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. (…) Alejandro Ferrarello en connivencia con la Dra. María de las Mercedes Hernández Morahín y Ariel Gil de Muro, habrían aprovechado esta relación de amistad y familiaridad con el ex camarista, y harían valer sus influencias a fin de que éste adoptara, demorara u omitiera dictar resoluciones en los casos judiciales en los que debía intervenir, siendo que la finalidad sería la obtención de beneficios económicos para con dicho estudio jurídico. (…) Como consecuencia de lo narrado precedentemente, Jorge Ferro habría infringido deberes institucionales establecidos en las normas relativas al correcto desarrollo de la función judicial, y priorizaría la defensa de intereses particulares en detrimento de la buena administración de justicia, afectando la imparcialidad, la independencia y objetividad que debió ser respetada por su condición de funcionario público. Así, con el devenir de la investigación el hecho imputado se circunscribió al modo de actuar de los encartados con relación a nueve hechos –según como se comprendió en la resolución de grado–.”.
b. El juez a cargo del Juzgado Federal de Mar del Plata Nro. 1, doctor Santiago José Martín, con fecha 25 de agosto de 2021, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Jorge Ferro por resultar autor del delito de violación de los deberes de funcionario público, en nueve hechos que concurren en forma real (art. 55 y 248 del C.P.); el procesamiento sin prisión preventiva de Alejandro Héctor Ferrarello por resultar autor del delito de tráfico de influencias agravado (art, 256 bis, segundo párrafo, del C.P.); el procesamiento sin prisión preventiva de María de las Mercedes Hernández Morahín por resultar autora de la conducta de tráfico de influencias activo agravado (art. 258 del C.P.); el sobreseimiento de Federico Gil de Muro; y los sobreseimientos parciales de Jorge Ferro, Alejandro Ferrarello y María de las Mercedes Hernández Morahín. Que a los fines de comprender cómo sucedieron los hechos, corresponde mencionar las circunstancias en torno al inicio de la presente investigación.
Así, el magistrado destacó que “el inicio de esta causa se debe a la información contenida en los peritajes realizados a dos teléfonos celulares y una notebook secuestrados en el allanamiento realizado en las oficinas de Av. Colón 3445 2do piso, el día 21 de abril de 2015 en el marco de la investigación por entonces en trámite por el delito de trata de personas, causa FMP 5257/2013 del registro del Juzgado Federal N° 3, Secretaría Penal N° 8 de esta ciudad (ver fs. 33/36). En este orden, los peritajes mencionados determinaron que el poseedor y usuario de dichos dispositivos, Alejandro Ferrarello, tenía agendado entre sus contactos a (Jorge) Ferro con cuatro números telefónicos distintos, constatando la existencia de comunicaciones entre ellos ya sea telefónicamente y/o a través de las aplicaciones Veber o Whatsapp (fs. 56, 86, 89, 265/319, 390/398) y/o a través de otras líneas de la empresa Movistar cuya titularidad poseía Ferrarello (fs. 263).
En esta línea, acorde a lo explicitado en el apartado acreditación de los hechos, los horarios de las llamadas telefónicas constatadas varían entre las 10,00 y 19,00 hs. y son por espacio de pocos segundos algunas y varios minutos otras. La comunicación entre Jorge Ferro y Alejandro Ferrarello verificada a través de distintos medios (mail, Whatsapp, telefónica) se ha desarrollado mucho antes del allanamiento realizado el 19 de septiembre de 2014 en el marco de la referida causa FMP 5257/2013 en el local denominado “Madaho’s” y también con posterioridad al mismo”.
c. Recurrido el pronunciamiento dictado por el juzgado de mención, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió, con fecha 30 de marzo de 2022, confirmar el sobreseimiento total de Federico Gil de Muro en orden al delito previsto y reprimido por el art. 258 del C.P., y de Alejandro Ferrarello y María de las Mercedes Hernández Morahín en orden al delito previsto en el art. 256 bis y de Jorge Ferro en orden al delito descripto en el art. 248 del C.P.; revocar el procesamiento de Jorge Ferro en orden al delito de violación a los deberes de funcionario público en nueve hechos que concurren en forma real; revocar el procesamiento de Alejandro Héctor Ferrarello en orden al delito tráfico de influencias agravado; y revocar el procesamiento de María Mercedes Hernández Morahín en orden al delito previsto en el art. 258 del C.P.
Allí los magistrados mencionaron cada uno de los sucesos investigados, conforme fueran descriptos en la sentencia por el Tribunal de la previa instancia: “Hecho uno: ofrecer asesoramiento jurídico ante la solicitud de Alejandro Ferrarello, lo que incluyó anticipar los proyectos de sus votos (“Cobo”, “Anderi” y “De Narváez”), con el agravante de que lo hizo en una causa penal en pleno trámite (“De Narváez”). Por este hecho resultó procesado Ferro, por la omisión abusiva en cumplir con los deberes de imparcialidad e independencia (ley 25.188, 27.146, decreto ley 1285/58 y Ac. CSJN del 17/12/1952).
Hecho dos: dictado de resoluciones favorables a los intereses de María de las Mercedes Hernández Morahin, para quien Alejandro Ferrarello ejercía sus influencias indebidas sobre Jorge Ferro y la influencia en la toma de decisiones administrativas de puro trámite inherentes a sus funciones como vocal (“Pesquera Costa Brava”). Respecto de este hecho, en la resolución se sostiene que Hernández Morahín dio u ofreció a Ferrarello una dádiva en procura de que este hiciera valer su influencia ante el entonces magistrado Ferro, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Por este hecho resultaron procesados Ferro, por la omisión abusiva en cumplir con los deberes de imparcialidad e independencia (ley 25.188, 27.146, decreto ley 1285/58 y Ac. CSJN del 17/12/1952), Ferrarello por tráfico de influencias (art. 256 bis, segundo párrafo, CP) y Hernández Morahín por cohecho activo (art. 258, CP). Hecho tres: derivar clientela, ofrecer asesoramiento jurídico y planear la estrategia del juicio de divorcio en trámite en la provincia de Tucumán (“Claypole”). Por este hecho resultó procesado Ferro por la omisión abusiva en cumplir con los deberes de imparcialidad e independencia (ley 25.188, 27.146, decreto ley 1285/58 y Ac. CSJN del 17/12/1952)
Hecho cuatro: omitir dar cumplimiento a las leyes que delimitan la labor institucional y le exigen su inhibición fundada en la relación de amistad o familiaridad en lo personal, profesional y económico que mantenía con Alejandro Ferrarello, al actuar como juez de Cámara en la causa “Rolafa”. En el marco de dicha causa intervino en cinco resoluciones judiciales de fechas 2/7/2015, 10/7/2018, 5/11/2015, 4/4/2016 y 3/8/2016, cada una de ellas constituyeron cinco hechos escindibles unos de otros. Por estos hechos resultó procesado Ferro por la omisión abusiva en cumplir con los deberes institucionales que le son impuestos en su calidad de magistrado federal en el art. 55 inc. 11 del CPPN, en el art. 2 inc. i, ley 25.188 , 17 y 30 del CPCCN que le exigían cumplir con la obligación de inhibirse en virtud de la estrecha vinculación y los vínculos económicos que tenía con el entonces imputado Ferrarello.
Hecho cinco (por el que resultaron sobreseídos Hernández Morahín, Ferrarello y Ferro): aplazar deliberadamente el trámite del expediente “Agrupar” en el que intervenía como parte actora María de las Mercedes Hernández Morahín, al ocultarlo Jorge Ferro en su caja de seguridad durante seis años hasta que fue solicitado en estas actuaciones “ad effectum videndi et probando” por el Ministerio Público Fiscal.
Hecho seis (por el que resultó sobreseído Gil de Muro): previo a describirlo, se señala que si bien este hecho no fue relatado en el apartado de la resolución dedicado a los hechos, es así como fue tratado en el apartado sobre “Aspectos fácticos vinculados a Federico Gil de Muro” y como fue luego refutado por el MPF en su recurso. Aquí, Gil de Muro contacta a Ferrarello solicitándole, entre otras cosas, que interceda con Ferro para que concedan un recurso extraordinario en la causa “Cancio” que luego, mediante una resolución con integración colegiada, se concedió.” (el resaltado me pertenece).
d. Efectuada dicha consideración y ante la presentación de un recurso de casación por parte de los representantes del Ministerio Público Fiscal junto a los titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), esta Sala resolvió, con fecha 29 de noviembre de 2022, hacer lugar a dicha impugnación, anular la resolución recurrida y reenviar las actuaciones al tribunal de la instancia anterior para que, de acuerdo a los lineamientos fijados en dicha sentencia (cfr. registro nro. 1627/22 de esta Sala IV), resuelva conforme a derecho. En aquella oportunidad, resalté, entre varias cuestiones, que las diversas pruebas incorporadas permitían descartar que los distintos actos realizados entre los imputados pudieron haber tenido como fin la obtención de diversos beneficios en virtud de la función pública que Jorge Ferro ejercía en ese entonces, los cuales indefectiblemente generarían réditos profesionales y económicos para el estudio jurídico.
En ese sentido, mencioné que no debía soslayarse que se habían dispuesto otras medidas de prueba tendientes a investigar la posible comisión de delitos de índole económico por parte de Ferro y los demás encausados. Destaqué que sucesos como los aquí investigados podrían encuadrar en las previsiones típicas que tornan operativa la Convención Interamericana contra la Corrupción y, por ende, que la tarea jurisdiccional debe llevarse adelante con particularidad minuciosidad y responsabilidad, toda vez que en dicha labor se encuentra comprometida la responsabilidad penal del Estado.
Por último, ratifiqué la importancia que la administración de justicia maximice sus esfuerzos en cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en materia de persecución, investigación y sanción a las personas que siendo funcionarios públicos habrían intervenido en hechos de corrupción.
e. Que de la compulsa del sistema Lex100 surge que, hasta el día de la fecha –8 de julio de 2024-, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata no dictó un nuevo pronunciamiento conforme fuera oportunamente dispuesto, y que, recién el 11 de marzo de 2024, dispuso que, en base a la habilitación del tratamiento del recurso de casación interpuesto en el presente legajo, “y siendo que la resolución que recaiga podría tener repercusiones en este legajo, deberá estarse a la espera de lo que se resuelva en el Tribunal Casatorio para poder resolver en el presente”.
f. En otro orden de ideas, el 6 de junio de 2022 el Juzgado Federal de Mar del Plata Nro. 1 resolvió, a raíz del planteo impetrado por la defensa particular de Jorge Ferro, declarar extinguida por prescripción la acción penal respecto del nombrado en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en consecuencia, sobreseerlo parcialmente en relación a ese delito. Para ello, ponderó que el nombrado fue citado a prestar declaración indagatoria en fecha 29 de abril de 2020 a raíz de encontrar su accionar “prima facie” incursó en el delito de violación de los deberes de funcionario público –nueve hechos-, los que concursan en forma real entre sí.
Sostuvo que el 11 de junio de 2021 se amplió el objeto procesal con el propósito de discernir si la evolución patrimonial del nombrado habría sufrido un incremento ilícito e injustificado de manera apreciable con relevancia jurídico penal en términos del art. 268 CP. Frente a ello, afirmó que la tipificación legal en la cual encuadran las maniobras involucradas, se subsume en las figuras previstas en el art. 248 y 268 inc. 2 del CP.
Que en relación al primer delito mencionado en el párrafo que antecede, el 29 de abril de 2020 se produjo el único acto interruptor –declaración indagatoria-, por lo que desde la fecha en que sucedieron los hechos –cuanto menos, desde el año 2002 hasta el 1 de mayo de 2018- había transcurrido el término necesario para que opere la extinción de la acción penal respecto de esos sucesos. Frente a dicha decisión, los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la PROCELAC presentaron un recurso de apelación que provocó la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, quienes, con fecha 15 de noviembre de 2023, confirmaron la resolución mediante la que se resolvió declarar extinguida por prescripción la acción penal en la presente causa respecto de Jorge Ferro, en orden a los hechos que le fueron atribuidos como constitutivos del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido en el art. 248 del CP, en cuanto hubiera sido estricto motivo de agravio.
Para así resolver, ponderaron que la figura prevista en el art. 248 del CP –violación de los deberes de funcionario público–, tiene prevista una pena que va de un mes a dos años, de manera tal que del cotejo del máximo de duración de la pena señalada para el delito (cf. art. 62 inc. 2 del CP) con el término en que los sucesos endilgados fueron cometidos, sin dudas no queda más que razonar que la acción penal se encuentra prescripta, tal como señaló el Juez de primera instancia.
Añadieron que resulta incorrecto sostener que en este legajo se ha sobreseído por calificaciones en lugar de por hechos, pues técnicamente es todo lo contrario. Que el sobreseimiento esta dado respecto de aquella plataforma de acusación originaria (que incluye hechos y calificación legal) que incluso el propio Ministerio Fiscal ha sostenido.
Por último, destacaron que existe una investigación en curso en principio en los términos del art. 268 del CP, sobre la cual el Juez de grado no se ha expedido –correctamente porque no ha sido imputado suceso vinculado a la misma–, y que esto no significa partir el hecho en dos, sino todo lo contrario, simplemente se están clarificando los mismos y dando cuenta que pueden ser claramente escindibles. Ello por cuanto el devenir de aquella denuncia originaria (sobre una plataforma fáctica determinada), fue el puntapié inicial de una investigación que abrió el camino a otros probables sucesos materiales que merecen ser despejados.
Por todo ello, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la decisión del tribunal de origen.
Corresponde mencionar que, más allá de la resolución aquí recurrida, la investigación en orden a determinar si Jorge Ferro incrementó su patrimonio continúa en trámite conforme lo previsto por el art. 196 del C.P.P.N. y, además, es pertinente señalar que ese estado procesal sigue incólume a pesar del nuevo pedido de prescripción de la acción penal presentado por la defensa en las actuaciones principales, el cual fue mencionado en las presentaciones realizadas en el marco de esta incidencia (cfr. surge del Sistema Lex 100) y aún no fue resuelto en el tribunal de primera instancia.
III. a. Ingresando al fondo del asunto, debo señalar que la primera cuestión que corresponde analizar se vincula con la calificación del hecho objeto de juicio que debe tomarse en cuenta a los fines de computar el plazo de prescripción de la acción penal, en función de lo dispuesto en el artículo 62, inciso 2°, del C.P., que establece dichos lapsos en relación con el monto de pena máxima de prisión o reclusión con que estén reprimidos los delitos de que se trate.
Cierto es que durante las etapas preliminares del proceso la calificación jurídica del objeto procesal puede variar, pues la instrucción tiende a decidir y precisar la imputación, que durante su desenvolvimiento es fluida y puede experimentar modificaciones y precisiones; mientras que con el requerimiento de elevación a juicio adquiere una configuración precisa, y determinada. Sobre dicha hipótesis fáctica sometida al órgano jurisdiccional como base del juicio, incidirá todo el examen ulterior: la defensa del imputado, la prueba, la discusión y la decisión definitiva del tribunal.
Es así que el artículo 401 del C.P.P.N., autoriza al tribunal a dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre, claro está, que se mantenga la identidad fáctica, es decir, que se observe el principio de congruencia.
Por otra parte, el artículo 381, faculta al fiscal de juicio a ampliar la acusación cuando de las declaraciones del imputado o del debate surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o auto de elevación.
De manera que, en principio, si la acción imputada puede configurar prima facie un delito u otro, debe estarse al de mayor gravedad en el incidente de prescripción, sin perjuicio de que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en el principal, se concluya en una significación jurídica más benigna, declarándose entonces la prescripción (cfr.: esta Sala: “Clevanier, Felipe Armando s/ recurso de casación”, causa Nro. 1856, Reg. Nro. 3133, rta. el 19/2/2001; causa Nro. 3530: “Cardenas, Ricardo César s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 4751, rto. el 24 de marzo de 2003; y Causa Nro. 4521: “Bassi, Eduardo Gabriel s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 6054; entre otros; y Sala II: causa Nro.: 1097: “D’Ortona, Francisco N. y otros s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 1517, rta. el 10/7/97). Esto, claro está, siempre que se respete la plataforma fáctica que resulte objeto de proceso. No debe olvidarse que el sobreseimiento, incluso cuando se dicta en virtud de la extinción de la acción penal, se resuelve en relación al hecho que ha resultado objeto de imputación en el proceso. De manera entonces que es ese sustrato fáctico mantenido con respeto del principio de congruencia, el que debe poder ser alcanzado por la calificación legal más gravosa.
En efecto, más allá que inicialmente al recibirle declaración indagatoria a Jorge Ferro se le imputó la comisión del delito previsto y reprimido por el art. 248 del CP, no debe olvidarse que la maniobra investigada, tal como lo sostuve en mi anterior intervención, incluye según la acusación pública, la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios, ya que su configuración sería la consecuencia inmediata del accionar perpetrado por el nombrado.
Dicho esto, entiendo, al igual que lo plantean los recurrentes, que nos hallamos frente a una única plataforma fáctica que hasta el momento y dada la etapa procesal de las actuaciones, aún no ha quedado completamente circunscrita.
Es más, de la compulsa del sistema Lex100 se desprende que recientemente los representantes del Ministerio Público Fiscal y la PROCELAC solicitaron al titular del Juzgado Federal de Mar del Plata Nro. 1 la declaración indagatoria de Jorge Ferro en los términos de la figura mencionada en los párrafos que anteceden; requerimiento que fue rechazado por prematuro con fecha 30 de abril de 2024 y se devolvieron las actuaciones a la sede fiscal para que continúe su trámite.
Tales circunstancias avalan lo expuesto en cuanto a que la presente causa se encuentra en pleno proceso de recolección probatoria para realmente esclarecer e identificar la maniobra aquí investigada y, en su caso, determinar cuál o cuáles injustos penales configuran y el modo en que estos habrían de concursar.
En otras palabras, es notorio el estado incipiente de la investigación y una efectiva muestra de ello es que, según el juez instructor, todavía los acusadores públicos no cuentan con los elementos probatorios que ameriten un grado de sospecha tal como para recibirle nuevamente declaración indagatoria a Jorge Ferro. No obstante, ello no significa que la maniobra investigada tenga que quedar circunscripta a la imputación oportunamente efectuada al recibirle la declaración prevista por el art. 294 del CPPN.
Como he sostenido, en esta etapa preliminar en la que se encuentran estas actuaciones, tanto la plataforma fáctica como su adecuación jurídica puede verse modificada a raíz de nuevas y diversas pruebas que se incorporen al proceso. Justamente, esa situación es una característica propia del actual trámite de la causa en la etapa de instrucción.
La incorporación de distintas medidas de prueba – algunas podrán resultar relevantes y otras no- para acreditar la comisión de un hecho delictivo y la responsabilidad de sus autores es la esencia de ese incipiente estadio procesal.
En ese sentido, los representantes del Ministerio Público de la Nación y de la PROCELAC destacaron en su impugnación que “el objeto procesal del caso siempre integró todas las conductas ilícitas que Ferro –y los otros coimputados- habrían cometido dentro del período investigado, aprovechando y valiéndose de su función de Magistrado, componiéndose además de los beneficios económicos que ello importaba. En definitiva, lo que debe ser alcanzado por la calificación penal más gravosa a los fines de la prescripción es el sustrato fáctico, aspecto que, como se ha señalado, se verifica en el presente caso”. Es decir que la calificación más gravosa que la anteriormente sostenida por ese Ministerio Público Fiscal, fue sustentada en la evaluación jurídica de las distintas constancias incorporadas a la causa que, repito, se halla en los albores de la investigación. No obstante, la plataforma fáctica sigue siendo la misma maniobra inicial, más allá de que en la actualidad se está determinando si su inmediato resultado fue un rédito económico indebido para el aquí imputado, lo cual podría traer aparejada la configuración de la figura prevista por el art. 268 del CP. De manera que, en caso de comprobarse tal hipótesis delictiva, la calificación de los hechos sería más gravosa que aquella por la cual originariamente se le recibió declaración indagatoria. Entonces el plazo que debe tenerse en cuenta a los efectos de estudiar si ha operado en el caso la prescripción de la acción penal (artículo 62, inciso 2°, del C.P.), es el de 6 años, tal como lo sostiene el recurrente (art. 268 del CP).
Ahora bien, a fin de determinar si ha transcurrido el plazo previsto para que proceda la extinción de la acción penal por prescripción, corresponde recordar que en virtud de la reforma del art. 67 del Código Penal, introducida en virtud de la sanción de la ley 25.990 (B.O. del día 11 de enero de 2005) la prescripción se interrumpe solamente por: a) la comisión de otro delito; b) el primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme...”. Sentado lo expuesto, cabe señalar que hasta el momento no ha transcurrido el plazo de seis años previsto en el artículo 62, inciso 2°, del Código Penal (art. 268 del C.P.). Ello, más allá del acto interruptivo del primer llamado a prestar declaración indagatoria, donde no se le imputó el posible enriquecimiento ilícito mientras era funcionario público, sin perjuicio de otra hipotética ampliación a futuro.
En este escenario, habré de concluir que el plazo de prescripción de la acción penal que corresponde adoptar en el caso es el pertinente al máximo de la pena prevista para el delito más grave -6 años en este caso- y, por ende, debe concluirse que ese lapso no operó en el caso concreto. b. Para concluir y a modo de cierre del presente voto, estimo oportuno resaltar el fuerte compromiso que debe existir por parte del Estado Nacional a los efectos de enfrentar a este tipo de criminalidad -hechos de corrupción- en la que habría participado un ex juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, entre otros.
He de mencionar que se debe poner especial énfasis en este tipo de investigaciones con el objeto de esclarecer lo realmente acontecido y así brindar una respuesta jurisdiccional a la sociedad toda.
Una mera inspección jurisdiccional del caso de autos, permite advertir con claridad que en el trámite de las presentes actuaciones ha existido una demora comprobada por parte de los jueces del tribunal de la instancia anterior, la cual luce palmaria al advertirse que desde el 29 de noviembre de 2022 todavía no han efectuado un nuevo pronunciamiento conforme fuera ordenado por esta Cámara Federal de Casación Penal, más allá que recién un año y cuatro meses después de esa fecha han dictado el proveído mencionado en el presente voto.
Como indiqué en mi anterior intervención en la presente causa (cfr. reg. nro. 1627/22, rta. el 29/11/22), ninguna duda puede caber que la tarea jurisdiccional en este tipo de casos debe llevarse adelante con particular minuciosidad, toda vez que en dicha empresa se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado; más aún cuando nos encontramos frente a un caso que involucraría a un ex funcionario de la Justicia Federal de Mar del Plata, como es el caso de Jorge Ferro.
En dicha oportunidad, contextualicé el marco normativo bajo el cual deberá ser analizado el presente caso, destacando los compromisos asumidos por el Estado en dicho ámbito, al que me remito en honor a la brevedad. No puede perderse de vista que si bien a veces tarde, el Derecho debe prevalecer siempre, que consigue imponerse, y que puede contarse con que lo hará también en el futuro.
Repito, la tarea jurisdiccional debe llevarse adelante con particularidad esmero y responsabilidad. En consecuencia, corresponde instar al tribunal de la instancia anterior a que, con la premura que amerita el caso y dado que la mencionada dilación podría provocar responsabilidad internacional al Estado argentino, dicte un pronunciamiento conforme a derecho.
IV. En virtud de todo lo expuesto, propicio que HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la PROCELAC, sin costas, REVOCAR la resolución recurrida y la que resulta su antecedente inmediato y REMITIR las actuaciones al “a quo” a sus efectos (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
En el caso de autos el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación contra la resolución dictada en el presente incidente de prescripción por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata con relación Jorge Ferro (sentencia del 15/11/2023), el cual fue concedido por esta Sala IV en el marco de la queja oportunamente articulada por la parte (Reg. nro. 180/24.4 del 06/03/2024).
Para una mejor comprensión del supuesto en estudio, cabe realizar algunas precisiones sobre los antecedentes relevantes del caso.
La defensa de Jorge Ferro planteó una excepción de falta de acción por prescripción de la acción en orden a los hechos por los que el nombrado fue indagado, y en consecuencia, el dictado de su sobreseimiento en los términos del artículo 336, inc. 1°, del C.P.P.N.
Destacó que “…desde el llamado a indagatoria de Jorge Ferro (acaecido el 29 de abril de 2020) hasta el día de la fecha (3 de mayo de 2022) han transcurrido más de dos años vista (pena máxima prevista en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público art. 248 C.P) es que corresponde decretar la extinción de la acción en orden a los hechos por los que Jorge Ferro fue indagado y su consecuente sobreseimiento en los términos del art. 336 inciso 1 del CPPN…”.
El 6 de junio de 2022 el juez federal interviniente dispuso: “I-DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCION la acción penal en la presente causa respecto de Jorge Ferro, en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal (art. 59 inc3 y art. 62 inc. 2 del Código Penal).
II-SOBRESEER PARCIALMENTE en la presente causa a Jorge Ferro, ello en relación al delito indicado en el párrafo que antecede (Art. 336 inc1 del CPPN).”
El 15 de noviembre de 2023, con motivo del recurso de apelación deducido por los representantes del Ministerio Público Fiscal contra dicho pronunciamiento, la Cámara “a quo” resolvió (en la decisión actualmente recurrida por la vía casatoria): “CONFIRMAR la decisión de fecha 6 de junio del 2022 mediante la que se resolvió declarar extinguida por prescripción la acción penal en la presente causa respecto de Jorge Ferro, en orden a los hechos que le fueron atribuidos como constitutivos del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido en el art. 248 del CP, en cuanto hubiera sido estricto motivo de agravio”.
En ese contexto procesal, con relación a la anulación (de los sobreseimientos por atipicidad del aquí imputado y sus consortes de causa dispuestos por el “a quo” el 30 de marzo de 2022 –sea por confirmación sea por revocación de los procesamientos dictados en primera instancia-) y al consecuente reenvío resueltos oportunamente por esta Sala IV (cfr. Reg. nro. 1627/22.4 del 29/11/2022), el 11 de marzo de 2024, la Cámara “a quo” dispuso que, en función de la habilitación del tratamiento del recurso de casación interpuesto en el presente legajo (cfr. Sala IV, reg. nro. 180/24.3 del 06/03/2024 ya citado –queja-), “y siendo que la resolución que recaiga podría tener repercusiones en este legajo, deberá estarse a la espera de lo que se resuelva en el Tribunal Casatorio para poder resolver en el presente”.
Por otra parte, el 26 de abril de 2024 el Ministerio Público Fiscal solicitó al juez de primera instancia que “Convoque a prestar declaración indagatoria a Jorge Ferro en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito (art. 268, inciso 2 del CP) (art. 294 del CPPN)”. El magistrado actuante, entendió que “de los elementos de prueba aportados por el Ministerio Publico fiscal no se advierten elementos de hecho y prueba que conduzcan a conformar la convicción del suscripto en el sentido de presumir la comisión del delito de enriquecimiento ilícito tal como lo prevé el código de rito para llamar al imputado a prestar declaración indagatoria ante esta sede”. Y resolvió: “No hacer lugar al pedido de indagatoria en relación a Jorge Ferro, por el delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el art. 268 del CP, por resultar prematuro, debiendo volver las actuaciones a la sede de la Fiscalía Federal N° 1 a fin de continuar su instrucción” (resolución del 30/04/2024, obrante en el Sistema Lex 100).
Conforme se desprende de la precedente reseña, la Cámara “a quo” se pronunció en sucesivas oportunidades por la procedencia del sobreseimiento de Jorge Ferro (aquí incidentista). Primero por “atipicidad” (30/03/2022) y luego por “extinción de la acción penal por prescripción” (15/11/2023). En ambos casos, tomó como referencia para su examen el tipo penal previsto en el art. 248 del C.P. En el supuesto actualmente a estudio de esta Sala IV, para la determinación del término prescriptivo computable (2 años, cfr. art. 62, inc. 2º, del C.P.).
En la decisión aquí recurrida por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el “a quo” – en sustancia- sostuvo:
“III.- […] Jorge Ferro ha sido llamado a prestar declaración indagatoria en fecha 29 de abril del 2020 por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del CP; llamado que viene a funcionar como acto interruptor de la prescripción”. “IV.- […]tenemos que la figura prevista en el art. 248 del CP –violación de los deberes de funcionario público–, tiene prevista una pena que va de un mes a dos años, de manera tal que del cotejo del máximo de duración de la pena señalada para el delito (cf. art. 62 inc. 2 del CP) con el término en que los sucesos endilgados fueron cometidos –cuanto menos, desde el año 2002 hasta el 1 de mayo de 2018–, cuyo primer llamado a indagatoria fue realizado en fecha 29/04/2020, y con la fecha del pedido de prescripción –03/05/2022–, sin dudas no podemos más que razonar que la acción penal se encuentra prescripta, tal como señaló el Juez de primera instancia.
Por ende, advertimos que la resolución apelada resulta ajustada a derecho, pues además de encontrarse fundada en las distintas normas que rodean al caso (cf. arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y 248 del CP), también es respetuosa del debido proceso.
VI. No queremos culminar, sin aclarar una cuestión que resulta fundamental. El apelante sostuvo, que se ha sobreseído por una calificación legal (en el caso según aquel por la que tiene menor pena –art. 248 del CP–) y no por hechos. Razonamos que para realizar tal afirmación ha perdido de vista la instrucción del expediente. Así, basta con observar que la acusación formal en autos (art. 294 del CPPN), siempre ha sido circunscripta al tipo penal previsto en el art. 248 del CP. De hecho, en el pedido cursado por el Ministerio Público Fiscal en fecha del 16 de marzo del 2020 (presentación bastante extensa en cuanto al análisis del suceso), aquel solicitó que Jorge Ferro sea llamado a indagatoria en calidad de autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, por diez hechos.
Esto nos lleva a reafirmar nuestra idea de que resulta incorrecto sostener que en este legajo se ha sobreseído por calificaciones en lugar de por hechos, pues técnicamente es todo lo contrario. El sobreseimiento esta dado respecto de aquella plataforma de acusación originaria (que incluye hechos y calificación legal) que incluso el propio Ministerio Fiscal ha sostenido. De ahí, que siendo que el suceso ilícito investigado que diera origen al presente fue encuadrado en los términos del tipo penal mencionado, y no bajo otra figura, algo que no ha sido objeto de crítica por parte del Ministerio Público Fiscal en la instancia de grado (independientemente de lo apuntado en el párrafo anterior), tenemos que discrepar con la afirmación del recurrente.
Hacer lugar a ello sin dudas implicaría acudir a otra figura penal –no atribuida formalmente– exclusivamente los fines de rechazar la prescripción de la acción penal, algo que además no ha podido ser confrontado por la defensa y que sin dudas no respetaría el debido proceso y el derecho de defensa de todo imputado”. “[…] resaltamos que más allá de la prescripción decretada en autos, existe una investigación en curso en principio en los términos del art. 268 del CP, sobre la cual el Juez de grado no se ha expedido –correctamente porque no ha sido imputado suceso vinculado a la misma–, y esto, según entendemos no significa partir el hecho en dos, sino todo lo contrario, simplemente se están clarificando los mismos y dando cuenta que pueden ser claramente escindibles. Ello por cuanto el devenir de aquella denuncia originaria (sobre una plataforma fáctica determinada), fue el puntapié inicial de una investigación que abrió el camino a otros probables sucesos materiales que merecen ser despejados.
Esto mismo fue apuntado de manera implícita por el a quo en los últimos párrafos, en cuanto le recomienda al Ministerio Público, en relación a la continuidad de esta instrucción en aras de determinar la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito (art. 268 del CP) y considerando el tiempo transcurrido desde la apertura de este proceso judicial, que adopte aquellas medidas que resulten imprescindibles para dar impulso a la instrucción y cumplir con su finalidad, evitando dilaciones indebidas; recomendación al Ministerio Público Fiscal que compartimos, haciendo extensivas dichas palabras al mencionado en último término.
Por consiguiente, cabe aclarar que la decisión que se adopta en este legajo no resulta contradictoria con lo resuelto en el incidente FMP 19694/2016/19 /CA11. En definitiva, conforme los fundamentos esbozados, corresponde rechazar el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la Sra. Fiscal Federal, Dra. Laura Mazzaferri”.
En la vía casatoria que motiva la actual intervención de esta Sala IV, el impugnante postula que el fallo del “a quo” del 06/02/2024 es arbitrario y solicita su revocación y que este Tribunal resuelva el mantenimiento de la vigencia de la acción penal en autos.
Ingresando al examen del caso, corresponde señalar que, según da cuenta el Ministerio Público Fiscal en su presentación recursiva, desde el inicio de la investigación, esa parte realizó una “imputación conglobada … que indica que la actividad ilícita final de Ferro, mientras ejercía el cargo de Juez de la Cámara Federal de Mar del Plata, resultó en una multiplicidad de conductas tipificadas bajo la figura legal de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 CP) que lo podrían haber llevado a enriquecerse ilícitamente (art. 268 CP). Es decir, los incumplimientos de deberes en ejercicio de la magistratura por parte de Ferro resultan ser parte de los actos que permitieron llevar a cabo su enriquecimiento ilícito […]”.
Si bien es cierto que al tiempo de pedir la declaración indagatoria de Ferro el 16 de marzo de 2020, el Ministerio Público Fiscal calificó provisoriamente los hechos imputados a tenor del tipo penal del art. 248 del C.P., no menos cierto es que, conforme lo apuntado por esa parte (primero al cuestionar el sobreseimiento por atipicidad y ahora el dispuesto por prescripción de la acción penal), explicó que “El contenido patrimonial de la investigación fue conocido desde el mismo momento de la denuncia que dio origen al caso. Ya los Fiscales denunciantes exponían ‘se trata entonces de un caso de criminalidad organizada, que va demostrando en concreto todas y cada una de las características que lo definen: organización, permanencia en el tiempo, ganancia económica, intento de obstrucción de justicia y corrupción o connivencia pública’ (ver denuncia de fecha 16/09/16). Para más, la investigación patrimonial estuvo, desde sus orígenes, motivada en el posible vínculo de naturaleza económica que Jorge Ferro y Alejandro Ferrarello [también imputado en las actuaciones principales] podrían tener o habrían tenido, tal como se expuso en el dictamen de fecha 3 de abril de 2017. Y en esa línea, la Fiscalía de instrucción, para el 11/06/21 reiteraba que ‘El accionar ilícito que se les reprocha, es decir el delito de tráfico de influencias activo agravado y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, podría haber generado ganancias ilícitas que podrían haber modificado el conjunto de bienes de los propios imputados…’”.
En ese orden de ideas, en el pronunciamiento del 29 de noviembre de 2022 de esta Sala IV (ya citado), sostuve que los sobreseimientos por atipicidad dispuestos en autos resultaban prematuros “[…] teniendo en cuenta que las maniobras delictivas que se le atribuyen a los imputados se vincularían a otras de contenido económico (supuesto aumento injustificado del patrimonio de Jorge Ferro y su núcleo familiar -art. 268 del C.P.-) que están siendo investigadas en primera instancia mediante la adopción de diversas medidas de prueba -extremo por el cual, de momento, la pesquisa no se encuentra agotada-. Por ejemplo, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del núcleo familiar del nombrado Ferro y de una allegada a él (cfr. decreto de fecha 23 de junio de 2021 en el expediente FMP 19694/2016 en el Sistema Informático “Lex 100” -entre otras medidas adoptadas en el marco de dicha línea investigativa-)”.
A la fecha, conforme se desprende del pronunciamiento del “a quo” aquí recurrido (15/11/2023) y de la resolución del juez de primera instancia del 30 de abril de 2024 (antes referenciada), la investigación en orden a determinar si Jorge Ferro incrementó su patrimonio (cfr. art. 268.2 del C.P.) continúa en trámite en el marco de la delegación de facultadas oportunamente dispuesta por el juez actuante (cfr. art. 196 del C.P.P.N.). Ese estado procesal no se ve, de momento, conmovido por el nuevo pedido de prescripción de la acción penal presentado por la defensa en las actuaciones principales, al cual alude en las presentaciones efectuadas ante esta instancia –antes de la audiencia de informes y en sustitución de esta (cfr. constancias agregadas al Sistema Lex 100), respecto del cual -a la fecha- no ha dictaminado el representante de Ministerio Público Fiscal (cfr. Sistema Lex 100, Incidente FMP 19694/2016/29 formado al efecto).
En dicho contexto, teniendo en cuenta la base fáctica de la imputación conglobada realizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el devenir de la investigación y la etapa que atraviesa el proceso, asiste razón al recurrente en cuanto a que el examen de la vigencia de la acción penal en autos debe ser efectuada en función del término prescriptivo correspondiente al tipo penal más gravoso de los hasta ahora propuestos por la parte acusadora.
Ello es así porque toda investigación penal se refiere a hechos con presunta relevancia jurídico penal (en función de uno o varios tipos penales).
La base fáctica objeto de investigación e imputación se va precisando a lo largo de la instrucción, hasta quedar delimitada en el requerimiento de elevación a juicio (cfr. art. 347 del C.P.P.N.), que constituye la pieza procesal que fija el objeto del debate oral y público, con relación al cual las partes ofrecen y producen la prueba (cfr. C.F.C.P., Sala IV, en lo pertinente y aplicable: causa nro. 1605/2013, “Reyes, Facundo s/recurso de casación"; reg. nro. 2574/14 del 18/11/2014; causa CCC51130/2003/TOC1/CFC1, “Chmea, Alberto y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 324/15 del 12/03/2015, causa CCC 66792/2007/TO1/CFC1 “Turchiardo, Diego Oscar s/recurso de casación”, reg. nro. 1460/15 del 17/07/2015 y causa CFP 12127/2013/TO1/CFC4, “Viollaz, Miguel Alcides y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 1780/17.4 del 15/12/2017. Sala III: causa nro. 491/2013 “Cozzi, Alejandro y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 463/14, rta. el 27/03/2014, entre otras ).
La calificación jurídica de los hechos objeto de investigación durante la instrucción reviste carácter provisorio, aun cuando la base fáctica de imputación debe mantenerse sustancialmente o ser debidamente ampliada a lo largo del proceso, a fin de asegurar el principio de congruencia derivado del derecho de defensa y el debido proceso legal (art. 18 de la C.N., cfr. lo expuesto por la Sala IV, en lo pertinente y aplicable: causa nro. 15.148 “Palombo, Rodolfo Oscar y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 191/14 del 26/02/2014; causa nro. 34/2014 “Ramírez, César Gabriel Higinio s/recurso de casación”, reg. nro. 5/15 del 4/02/2015; causa CCC 29349/2013/TO1/CFC1, “E.L.G. s/recurso de casación”, reg. nro. 1703/15 del 10/09/2015, causa nro. 1336/13 “Vázquez, Vicente Ignacio s/recurso de casación”, reg. nro. 767/15 del 27/04/2015 y “Viollaz y otro” -ya citada-, entre tantas otras).
Asimismo, en tanto el objeto del proceso se asienta en supuestos fácticos, no resulta adecuado el sobreseimiento por calificaciones legales sino por hechos (cfr., en lo pertinente y aplicable, de C.S.J.N., Fallos: 327:4916 y 330:3248. Y de esta Sala IV de la C.F.C.P., causa nº 13.942, “Monrroy, Aparicio Hidalgo s/ recurso de casación”, Reg. nº 2514/12 del 20/12/2012, causa FCR 8232/2017/12/CFC1, “Echazú, Emmanuel s/recurso de casación”, Reg. n° 2566/19.4 del 12/12/2019 y causa CFP 5542/2017/17/CFC2, “Coto, Alfredo y otros s/ recurso de casación”, Reg. nº 441/23.4 del 14/04/2023).
Por otra parte, es pertinente destacar que el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. Procede cuando al tribunal no le quede duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena (cfr. en lo pertinente y aplicable, causas FCR 52019408/2013/1/CFC1, “Mieres Martín y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 1212/18.4, rta. 14/09/2018; CPE 768/2010/6/1/CFC1, “Bladimirsquy, José Fernando y otros s/recurso de casación”, reg. nº 1782/18, rta. 15/11/2018; FSM 66669/2014/1/CFC1, “Logística Victoria y otro s/ recurso de casación”, reg. nº 1944/18.4, rta. 12/12/18; CFP 7216/2016/ CFC1, “Katunin, Alexander Yacovlevich y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 105/19.4, rta. el 19/02/2019; FSA 7791/2013/CFC1, caratulada: “Vera Cucchiaro, Javier s/recurso de casación”, reg.
Nro. 1973/20.4, rta. el 7/10/2020; CFP 5542/2017/11/CFC1, caratulada: “Bonatti, Sebastián Santiago y otros s/recurso de casación”, reg. 2390/20.4, rta. el 26/11/20.4; causa CFP 5092/2017/5/CFC1, caratulada: “Achata Iquize, Remberto s/recurso de casación”, reg. 358/21.4, rta. el 6/04/21; causa FMP 32005408/2008/4/1/CFC1, “Cano, Edgardo Fabián s/ recurso de casación”, Reg. n° 741/22.4, rta. 10/6/2022; causa FTU 35426/2018/CFC1, “Daura, Miguel Ángel y otro s/recurso de casación”, Reg. n° 875/22, rta. 1/7/2022 y causa CFP 5097/2021/2/CFC1, “Rodríguez Eguavil, Melqui Manolo s/ recurso de casación”, Reg. n° 1357/22, rta. 6/10/2022 - todas de esta Sala IV de la C.F.C.P., entre otras-). En el concreto marco procesal descripto en el supuesto en estudio, sobreseer por atipicidad (cfr. art. 248 del C.P.) o disponer la prescripción de la acción penal por prescripción computando como plazo el máximo de la pena prevista para dicha figura (2 años, cfr. arts. 59 -inc. 3º-, y 62 -inc. 2º-, ambos del C.P.), resulta contrario a los principios antes esbozados y, a la vez, autocontradictorio con el temperamento adoptado por el “a quo” en resolución aquí en estudio, en cuanto a la continuidad de la investigación por el presunto incremento patrimonial del ex camarista Ferro (cfr. art. 268.2 del C.P. -(continuidad que fue recientemente reafirmada por el juez de primera instancia el 30/04/2024 –vid supra-).
Pues, según la hipótesis global fiscal, este se encontraría vinculado en su origen a las conductas atribuidas al nombrado como incumplimiento de sus deberes en el ejercicio de su función jurisdiccional en la indagatoria prestada con motivo de la solicitud del 16/03/2020 (cfr. art. 248 del C.P.).
En otras palabras, el sobreseimiento por atipicidad y la declaración de extinción de la acción por prescripción resueltas por el “a quo” (cfr. resoluciones del 30/03/2022 y 15/11/2023, respectivamente), aunque refieran en su examen al tipo penal del art. 248 del C.P. (y aun cuando la segunda no haya confirmado expresamente el punto dispositivo II de la resolución de primera instancia que ordenó el sobreseimiento de Jorge Ferro), comportan el mismo efecto jurídico desvinculante definitivo para el nombrado respecto de los hechos que conforman el sustrato material de la hipótesis investigativa global. Y consecuentemente, en caso de adquirir firmeza (cfr. art. 335 del C.P.P.N.), tales hechos quedarían al amparo de la garantía de la prohibición de la persecución penal múltiple (“non bis in ídem”, cfr. arts. 33 y 75 –inc. 22- de la C.N.: art. 8.4 de la C.A.D.H. y art. 14.7 del P.I.D.C.yP.). En ese marco, corresponde señalar que la tipicidad del art. 268.2 del C.P. contempla el enriquecimiento patrimonial “ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño”, que Jorge Ferro se desempeñó como juez de cámara hasta el 1° de mayo de 2018 y que la investigación vinculada al respecto se encuentra en curso. Por consiguiente, el término prescriptivo computable (6 años, cfr. art. 62 –inc. 2°- del C.P.), no se encuentra cumplido a la fecha.
Por lo expuesto, en concordancia sustancial con lo argumentado por el distinguido colega que lidera el presente acuerdo, considero que corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas, REVOCAR la resolución recurrida y la que resulta su antecedente inmediato y REMITIR las actuaciones al “a quo” a sus efectos (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Que por coincidir en lo sustancial con las consideraciones vertidas por el colega que lleva la voz de este Acuerdo, juez Gustavo M. Hornos, y que cuenta con la adhesión del doctor Mariano Hernán Borinsky, habré de adherir a la solución propuesta.
Por ello, en orden al Acuerdo que antecede, el Tribunal
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), sin costas, REVOCAR la resolución recurrida y la que resulta su antecedente inmediato y REMITIR las actuaciones al “a quo” a sus efectos (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.). Regístrese, notifíquese, comuníquese (acordada 5/19 C.S.J.N.) y remítase al Tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo. Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia