Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto en favor de Carola Garione y de Manuel Garione, dejar sin efecto la resolución impugnada sólo en cuanto fijó la obligación de los imputados de presentarse cada 30 días ante la comisaría que corresponda a la jurisdicción respectiva y MANTENER la obligación de fijar domicilio en el radio del tribunal que fuera establecida por el juez de primera instancia. Sin costas en la instancia (arts. 441, primera parte; 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. Rechazar el recurso de casación deducido en favor de Carola Garione y de Manuel Garione en todo cuanto respecta a los restantes motivos de agravio, sin costas en la instancia (art. 530 y siguientes del C.P.P.N.).
III. Tener presente la reserva de caso federal efectuada.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio de 2025, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por la secretaria actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 20513/2017/25/CFC2 del registro de esta Sala, caratulada “GARIONE, Carola y otro s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, con fecha 26 de diciembre de 2024 y en lo que aquí interesa, resolvió confirmar la decisión del juzgado de primera instancia de fecha 9 de agosto de 2024 que había dictado el procesamiento sin prisión preventiva de Carola Garione y de Manuel Garione, modificando la calificación legal por considerarlos “prima facie” partícipes necesarios penalmente responsables del delito previsto y reprimido por el art. 268 - 2- del Código Penal.
Conjuntamente, confirmó parcialmente las medidas cautelares de carácter personal establecidas por el referido juzgado de conformidad con la decisión de sustituir la obligación de los justiciables de fijar domicilio en el radio del tribunal por la de presentarse cada treinta (30) días ante la comisaría que corresponda a la jurisdicción respectiva. Además, revocó parcialmente la fijación de los embargos, manteniendo dichas cautelares y disponiendo que el 1 REGISTRO Nº: 561/25.4 juez de primer grado adecuara los montos comprometidos de conformidad con lo allí indicado.
II. Contra dicha resolución, el doctor Guido Bastus, defensor particular de los recién nombrados, interpuso recurso de casación que fue denegado por el tribunal a quo. Tal temperamento motivó que la parte interesada dedujera la queja respectiva. Esta Sala IV –por decisión mayoritaria- hizo lugar parcialmente a la impugnación en lo que respecta a Carola Garione y a Manuel Garione, declaró erróneamente denegado el recurso de casación con relación a ese punto y, en consecuencia, lo concedió (C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 20513/2017/25/RH2, “Garione, Ricardo y otros s/ recurso de queja, rta. el 19/03/25, reg. nro. 183/25).
III. La defensa invocó el supuesto previsto en el art. 456, inciso 2, del C.P.P.N. y alegó –en lo medular- que el pronunciamiento atacado resulta arbitrario por carecer de la debida fundamentación.
En esta dirección, adujo que el colegiado previo omitió tratar –o lo hizo de modo defectuoso- diferentes argumentos que fueron invocados en respaldo de su impugnación. Concretamente, indicó que esa sede judicial desoyó su reclamo sobre la producción de prueba pericial contable que, pese a ser solicitada, nunca fue ordenada, lo que condujo a que el juzgado actuante tomara por ciertas las conclusiones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (en adelante PIA), sin contar con la intervención de un profesional imparcial que dictaminara sobre los bienes generados e ingresados al patrimonio de sus defendidos antes y durante el tiempo en que los hechos atribuidos habrían tenido lugar.
En su opinión, la realización de esa prueba hubiera permitido una discusión -en los términos del art. 253 y siguientes del C.P.P.N.- entre los peritos de parte y un perito oficial sobre diversos extremos que son motivo de controversia y la consiguiente confección de un informe final para que el juez de grado pudiera considerar todas las alegaciones formuladas y adoptar la decisión correspondiente. Según el impugnante, la circunstancia de no haber acudido a este mecanismo procesal afectó el derecho de defensa en juicio de sus representados porque la judicatura interviniente, sin contar con el auxilio de un profesional imparcial, aplicó automáticamente los criterios sostenidos por la acusación que –en su opinión- resultan erróneos a la hora de valorar la justificación de los bienes presentes en el patrimonio de Carola y de Manuel Garione.
Desde este prisma, expuso que sus asistidos brindaron explicaciones sobre el origen de los bienes que fueron desechadas con el argumento de que los hermanos Garione carecían de ingresos formales.
De otro lado, el recurrente sostuvo que el dolo en cabeza de sus defendidos no se encuentra debidamente acreditado. En particular, alegó que no se brindó ninguna prueba que permita fundar el conocimiento de los elementos del tipo objetivo por parte de sus ahijados procesales. Sobre el particular, expresó que se atribuye conocimiento y voluntad a Manual Garione, cuando éste sólo tenía 18 años de edad al momento del hecho achacado y recién había egresado de la escuela secundaria; a su vez, puso de relieve que Carola Garione tenía 19 años a ese entonces y que se encontraba iniciando sus estudios universitarios. Cuestionó que el auto de procesamiento afirmara que los imputados “[debieron] sospechar de la ilicitud de ese capital”, ya que ello constituye una conjetura hipotética que contraría al “principio de culpabilidad” y que afecta al principio de inocencia al poner en cabeza del justiciable la carga de “probar que no pudo haber sospechado”.
Esto es así, sin perjuicio de agregar que tampoco se dio cuenta de algún argumento o prueba que avalara aquel juicio de valor.
Por último, dijo que el tribunal anterior no respondió las críticas desarrolladas con relación a los embargos y las prohibiciones de salida del país. Señaló que, en oportunidad de presentar el memorial de agravios, esa defensa había explicado la ausencia de riesgo que permitiera fundar la necesidad de aquella cautela personal.
Además, se quejó de que la resolución atacada impusiera a sus asistidos la obligación de comparecer cada 30 días a una comisaría, sin explicitar razón alguna que motivara tal temperamento.
Para finalizar, solicitó a este tribunal que revoque el pronunciamiento puesto en crisis y que dicte el sobreseimiento de Carola Garione y de Manuel Garione. Hizo reserva de caso federal.
IV. En la oportunidad prevista en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N., el doctor Guido Bastus, por la defensa particular de Carola y Manuel Garione presentó breves notas. Superada esta etapa procesal, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas. Practicado el sorteo de estilo, resultó el siguiente orden de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Esta Sala examinó la admisibilidad formal del recurso de casación al resolver la vía directa articulada por la defensa (C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 20513/2017/25/RH2, “Garione, Ricardo y otros s/recurso de queja, rta. el 19/03/25, reg. nro. 183/25), por lo que corresponde estar a las consideraciones allí efectuadas.
II. Establecido cuanto precede, resulta conveniente reseñar los antecedentes relevantes del presente caso para su mejor comprensión.
El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7 de esta ciudad, por decisión del 9 de agosto de 2024, resolvió -en lo que aquí interesa- procesar a Carola Garione y a Manuel Garione como partícipes necesarios del delito previsto en el art. 303 del C.P. (texto según ley 26.683), cuya autoría fue atribuida en ese mismo a pronunciamiento a su padre, Ricardo Oreste Garione.
En autos se investiga el presunto incremento patrimonial apreciable e injustificado del recién nombrado en el período comprendido entre febrero de 2008 y febrero de 2018, mientras se desempeñó como Subgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad -cargo que ocupó desde el 30 de enero de 2008 hasta el 26 de febrero de 2016-.
El juzgado de cita sostuvo que ese incremento patrimonial tuvo lugar mediante la adquisición de bienes que no habrían sido objeto de mejora o inversión y que fueron puestos a nombre propio y/o de interpósitas personas; bienes que habrían sido objeto de mejoras y bienes que habrían sido objeto de inversión y que implicaron un desarrollo inmobiliario más complejo.
Entre ellos y en lo que aquí concierne, el magistrado a cargo de la instrucción examinó los bienes a nombre de Carola Garione:
a) Inmueble sito en la calle Sánchez de Bustamante 1183/5, piso 2 “C”, de C.A.B.A.
Sobre el particular, dicha judicatura sostuvo que la “…compra de esta propiedad fue escriturada el 18/8/2016 ante el escribano Gustavo G. Martinelli, cuando Carola Garione tenía 19 años, por un valor documentado de $1.200.000, al 100% de titularidad y sin declarar ante el fisco. De la escritura no surge la forma de pago (solo que se abonó con anterioridad al acto) ni que revestía la calidad de PEP (cuando debió hacerlo bajo las previsiones del artículo 1, inciso ‘i’ de la resolución UIF Nro. 11/1). Lo que sí se consignó fue que los fondos eran lícitos y provenían de ahorros familiares, además de que el inmueble se usaría para vivienda propia y de uso familiar.
Luego, el departamento fue vendido el 1/8/2019 a Nicolás Ariel Niebieski por un valor documentado de USD 80.000 en efectivo. La escritura, también suscripta por Martinelli, revela que el 18/8/2016 (el mismo día que se adquirió el inmueble en cuestión), Carola Garione había constituido un usufructo vitalicio y gratuito a favor de su madre, Silvana Andrea Calderón, sobre esta propiedad, que fue dejado sin efecto. A la hora de explicar la adquisición de este bien, la defensa alegó que Carola Garione la había hecho con fondos originados de la venta que su madre realizó del inmueble ubicado en la Avenida Lemos 2443, Malvinas Argentinas, PBA. Sobre esto, la PIA señaló que, si bien en la escritura acompañada por la defensa surgía que esa venta se había realizado el 24 de febrero de 2016, conforme el Régimen de Información CITI Escribanos remitido por AFIP, la escribana Diana M. Cappelletto informó que esta última operación fue realizada en esa misma fecha, pero del año 2017 (es decir, de manera posterior a la adquisición del departamento en Sánchez de Bustamante 1183). A ello, la PIA agregó que en la quinta página de la escritura surgía que se habían agregado informes del registro de la propiedad expedidos el 8 de febrero de 2017, lo que revela que efectivamente tuvo lugar ese año”. Sobre esta base, el instructor afirmó que la defensa de la nombrada “…no logró rebatir lo expuesto por la PIA; en particular, que la venta de la propiedad de Calderón se habría efectuado un año después de la operación de compra de este departamento, lo que torna poco creíble la versión de la defensa sobre el origen de los fondos. La falta de ingresos demostrables de Carola Garione y Silvana Calderón, sumado al reconocimiento del crédito que Garione otorgó a esta última de $850.000 para efectuar parte de esta compra, son fuertes indicios de que los fondos habrían provenido del exfuncionario”.
b) Automóvil marca Peugeot 208, modelo Allure, dominio PNV 200 El juez señaló que este vehículo “…fue adquirido a nombre de Carola Garione el 2/3/2016 por un valor documentado de $257.600, al 100% de titularidad. Tal como explicó la PIA, para esa época, la nombrada no registraba ingresos en relación de dependencia, alta en impuestos nacionales, acreditaciones bancarias, préstamos o donaciones. Por lo tanto, no contaba con los fondos para realizar esta operación…”.
c) Consumos en cuenta bancaria Al respecto, el órgano judicial indicó que “…Carola Garione registró en la cuenta nro. 3534922 (suc. 475) del Banco Santander Río, acreditaciones por $1.707.327,91 entre enero de 2017 y febrero de 2018, sin haber declarado ningún ingreso formal que lo sustentara”.
Del mismo modo, también fueron materia de análisis los bienes existentes a nombre de Manuel Garione:
a) Inmueble sito en avenida Del Libertador 7766, UF 208, C.A.B.A.
El juzgado refirió que el nombrado “[a]dquirió la unidad funcional 208, ubicada en la Avenida Del Libertador 7766 de esta ciudad, escriturada el 8/8/2016 ante el escribano Gutman, por un valor documentado de $550.882, al 100% de titularidad y sin declarar ante el fisco. En su descargo, Manuel Garione asumió que había adquirido esta propiedad por una donación de su padre, Ricardo Garione. Al igual que en el caso de Carola Garione, no había consignado que revestía la calidad de PEP, aun cuando le cabían las previsiones del artículo 1, inciso “i” de la resolución UIF Nro. 11/11. La PIA puso de resalto que el valor por el que se compró el bien estaría subvaluado, pues el anterior dueño habría pagado en 2012 un total de USD 119.183 (tipo de cambio vendedor B.N.A. del 20/12/12 $4,900), mientras que en 2016, Garione lo habría comprado por USD 37.3551 dólares (tipo de cambio vendedor B.N.A. del 8/8/16 $14,670). Si se toma como referencia el precio anterior, se habría pagado al menos cuatro veces menos del valor real de ese departamento. A esto cabe agregar que la DIGRAD indicó que, de una búsqueda en fuentes abiertas de Internet, surgía que los precios de las unidades funcionales del edificio en cuestión estaban ofertadas entre USD 200.000 y USD 400.000 (dependiendo de la superficie).
Por su parte, según surge de los informes de NOSIS y la UIF (del 20/10/2022 y el 23/10/2019 -a fs. 232-, respectivamente), la unidad funcional en cuestión está registrada como el domicilio fiscal de Master Suite SRL, una sociedad que no estará inscripta en AFIP para el pago de impuestos y que se dedicaría al alquiler temporario de alojamientos. Hasta el día de la fecha, se encuentran anuncios en Internet con ofertas para alquilar temporariamente la propiedad (…) La sociedad en cuestión la habrían constituido Tomás Garione, Carola Garione y Manuel Garione el 21/3/2019 y tendría como gerente, es decir, encargado de la representación y administración societaria, al propio Ricardo Garione. Esto da cuenta de su grado de involucramiento en la adquisición de la propiedad, así como en su explotación comercial en el marco del negocio familiar”
b) Consumos en cuenta bancaria Al respecto, el magistrado actuante expuso que “… Manuel Garione registró en la cuenta nro. 1746772 (suc. 727) del Banco Santander Río, ingresos de $770.293 entre enero de 2017 y febrero de 2018, sin haber declarado ningún ingreso formal que lo sustentara. La corta edad que tenía Manuel Garione, así como Carola Garione, al momento que adquirieron los respectivos inmuebles y rodados, revela que los fondos para solventar esas compras no le pertenecían.”.
En breve, tras examinar toda la masa de bienes involucrados en el incremento patrimonial atribuido, el juzgado de primera instancia aseveró que “…mientras fue funcionario público en la Dirección Nacional de Vialidad y en los dos años posteriores, Garione se enriqueció de modo exorbitante. Conjuntamente con empresarios de obra pública a los que debía controlar y con otro funcionario de la DNV, construyó tres casas en Santa Fe y Córdoba; cuatro edificios en Córdoba y Provincia de Buenos Aires -como fiduciante y beneficiario final de los fideicomisos inmobiliarios armados para esos negocios-; desarrolló un barrio privado de 26 lotes en Córdoba y una reserva natural privada en uno de los límites del Bañado La Estrella, Formosa. Además, a título propio, compró dos terrenos en Santa Cruz y Santa Fe (este último, a través de Correl Company SA); tres chacras en Formosa; tres departamentos en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Córdoba; tres automóviles; una moto Harley Davidson de colección y las acciones de una empresa constructora, Tecta SA, que licita obra pública y de la cual hoy es dueño. También en ese periodo compró propiedades a nombre de su grupo familiar; un inmueble en un barrio privado de Tigre y dos autos a nombre de su actual esposa; dos inmuebles en barrios privados de Don Torcuato y otro auto a nombre de su ex esposa; y un departamento a cada uno de dos de sus hijos, ambos en las zonas más caras de Capital Federal, así como un auto para su hija mayor”.
Según dicha magistratura, “[e]ntre 2008 y 2016, Garione ocupó un cargo de jerarquía en la DNV que le exigía obrar con altos criterios de objetividad y rectitud en resguardo del correcto funcionamiento de la administración pública. Sin embargo, su desempeño estuvo atravesado por una relación simultánea y promiscua con un grupo de personas que dependían de sus decisiones en la esfera pública y eran, a su vez, sus socios en la esfera privada. Ese contexto de corrupción, que atraviesa su desempeño como funcionario de un área destinada justamente a gestionar el enorme gasto estatal en obra pública vial, explica el origen de la riqueza que acumuló durante esos años y que carece de toda otra posible explicación legal (…) Para que el nombrado acumulara, año tras año, mayor cantidad de bienes de distinta naturaleza, precisó del aporte que realizaron terceras personas (…) el de los integrantes de su grupo familiar (Cecilia Ortiz, Silvana A. Calderón, Carola Garione y Manuel Garione), quienes prestaron sus nombres y se beneficiaron con la adquisición de bienes adquiridos con dinero del funcionario. Ninguno de ellos presentó declaraciones juradas ante el fisco ni rindió cuentas formales acerca de sus ingresos durante el período investigado, de modo que esas inversiones no encuentran otro sustento…”.
En orden a la participación de Carola y Manuel Garione, esa sede judicial sostuvo que ellos “…efectuaron su aporte esencial al poner bajo su nombre una serie de bienes que no podían ser justificados con sus ingresos. Detrás de sus respectivas adquisiciones se encontraba Ricardo Garione y con esta maniobra buscaban canalizar las ganancias ilícitas para darles apariencia de legitimidad frente a terceros. En cuanto a su grado de conocimiento acerca de la procedencia de los fondos ilícitos con los cuales tuvieron contacto, se ha sostenido lo siguiente: ‘…la figura penal no exige que quien lleva a cabo la acción tendiente a legitimar el activo tenga conocimiento preciso del delito previo, ni tampoco que se proponga ocultar o disimular la procedencia ilícita de los bienes, sino que su conducta sea potencialmente apta para ello, y que el autor lo sepa’…”.
En base a esto, fue dictado el auto de procesamiento de Carola y de Manuel Garione en los términos ya señalados, además de disponerse a su respecto la prohibición de salida del país, la obligación de fijar domicilio en el radio del tribunal y la de no ausentarse de su jurisdicción por más de veinticuatro horas sin dar aviso (ver puntos dispositivos III y XII de la resolución del 09/08/24).
Conjuntamente, se fijaron montos de embargo sobre los bienes y el dinero de Carola por la suma de $1.150.000.000 y sobre los de Manuel por la suma de $470.000.000 (art. 518 del C.P.P.N.) – (ver puntos dispositivos VI y VII de la resolución del 09/08/24).
Contra este temperamento, la defensa de Carola y Manuel Garione dedujo recurso de apelación que no recibió favorable recepción toda vez que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, por resolución del 26 de diciembre de 2024, confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los nombrados, modificando la calificación legal por considerarlos “prima facie” partícipes necesarios penalmente responsables del delito previsto y reprimido por el art. 268 -2- del Código Penal.
En lo que aquí importa, el tribunal previo, en ocasión de establecer los elementos del tipo penal aplicable al sub lite, apuntó que la “…absoluta desproporción entre los ingresos y el patrimonio del encartado [Ricardo Oreste Garione] -y por ende, cabe concluir también, del nivel de vida y gastos que son su consecuencia directa- no pudo pasar desapercibido para su núcleo familiar primario, cuyos integrantes tuvieron un relevante rol al contribuir para que Gairone pueda enriquecerse de forma oculta o encubierta”. En esta dirección, expresó que “…sus hijos Carola y Manuel efectuaron un aporte esencial a la maniobra desplegada por el funcionario, al poner bajo su nombre una serie de bienes que no podían ser justificados con sus ingresos. Al respecto, corresponde señalar que la encuesta arrojó que ninguno de ellos tenía registrados ingresos propios como consecuencia de actividad alguna dentro del período señalado, pese a lo cual ingresaron a su patrimonio bienes muebles e inmuebles de ostensible valor durante el período investigado, prestando de tal modo una colaboración necesaria para que no fuera apreciable el incremento patrimonial de su verdadero titular, Garione.
Recuérdese que su hija Carola resulta propietaria del inmueble de la calle Sánchez de Bustamante 183/5, piso 2, de esta ciudad, de un automóvil modelo Peugeot Allure 208 y a su vez recibió dinero en sus cuentas bancarias provenientes de los alquileres correspondientes a dicha propiedad. A su vez, su hijo Manuel participó en la recepción de una donación de su padre y en la adquisición del departamento de Av. Del Libertador 7766, cuyo alquiler le generó los ingresos registrados en sus cuentas bancarias”.
Asimismo, el colegiado anterior brindó puntual tratamiento al agravio de la defensa sobre la falta de análisis de la tipicidad subjetiva y la insuficiente acreditación del dolo de Carola y de Manuel Garione. Concretamente, esa sede entendió satisfecho el elemento subjetivo de la figura “…en el caso de los partícipes, pues de lo señalado precedentemente es dable concluir que todos tenían conocimiento de que la acción por ellos desplegada serviría para disimular el apreciable e injustificado enriquecimiento de Garione, y decidieron obrar voluntariamente en ese sentido.
Estimamos que tales aseveraciones alcanzan también a los hijos del encartado, puesto que teniendo en cuenta el nivel sociocultural de Garione y su núcleo familiar (…) y la confianza inherente a los lazos entre ellos, propia del vínculo que los unía, es dable inferir el conocimiento que tendrían acerca de que el vasto patrimonio de su progenitor, paralelamente al ejercicio de funciones públicas, no tenía origen legítimo.
A ello cabe agregar que los nombrados no contaban con un historial laboral que les permitiera costear los bienes de los cuales eran titulares. Tampoco encuentran sustento probatorio alguno las circunstancias alegadas por ambos -en el sentido de referir que los bienes muebles e inmuebles y los ingresos provenientes de alquileres fueron adquiridos por su madre. Esta circunstancia siquiera fue demostrada por la encartada Calderón, quien además refirió que parte de los fondos le fueron donados por su ex suegro más de siete años después de finalizado el vínculo con Garione.
En suma, entendemos que los agravios expresados por la defensa técnica de los hermanos Garione no alcanza a desvirtuar el cuadro cargoso conformado hasta el momento…”. Con respecto a las medidas cautelares, el a quo estimó que, como consecuencia de la modificación de la figura penal aplicable, correspondía “…reevaluar los montos a ser cautelados a los fines de lo dispuesto en los arts. 23 del C.P. y 518 del C.P.P.N., temperamento que deberá adoptar el juez de grado, a fin de no privar de instancia”.
Así, revocó parcialmente la fijación de los embargos, manteniendo dichas cautelares y disponiendo que el juez de primera instancia adecuara los montos comprometidos de conformidad con lo allí indicado.
Además, con relación a las cautelas personales fijadas en el punto XII del fallo apelado, consideró de momento “…adecuada la prohibición de salida del país decretada por el juez de grado y la obligación de no ausentarse del domicilio por más de 24 horas sin dar aviso al Tribunal (…) En relación al domicilio real de los encartados entendemos que cabe sustituir la medida decretada por el a quo por la obligación de presentarse cada 30 días ante la comisaría que corresponda a la jurisdicción respectiva (arts. 310 del C.P.P.N. y 210 del C.P.P.F.)” (ver punto VI del pronunciamiento recurrido).
Sobre esta base, confirmó parcialmente las cautelas personales establecidas en el punto XII del pronunciamiento recurrido de conformidad con lo recién reseñado.
III. En cuanto al fondo, la defensa alegó que el a quo desatendió su agravio sobre la producción de prueba pericial contable que había solicitado oportunamente. Al respecto, cabe precisar que, según surge de la compulsa de las constancias obrante en Lex 100, Ricardo Oreste Garione fue quien solicitó la realización de una pericia contable en el escrito de descargo que acompañó en el marco de su declaración indagatoria (cfr. presentación del 18/04/24); requerimiento que su letrado defensor -asistente técnico común de Carola y Manuel Garione- reiteró tiempo después (cfr. presentación del 26/05/24).
De lo expuesto se advierte que el aludido peritaje contable fue pedido en favor de Ricardo Oreste Garione, cuya situación procesal no es materia de examen en el sub examine toda vez que este cuerpo resolvió no hacer lugar a la queja por casación denegada que había sido deducida en relación a dicho imputado (ver reg. nro. 183/25, rta. el 19/03/25). En la medida que la jurisdicción de esta Sala IV ha quedado habilitada sólo en relación a Carola Garione y a Manuel Garione, lo relevante radica en que su asistencia técnica no se ha hecho cargo de explicar qué pertinencia tendría la realización de dicha medida probatoria para modificar la situación procesal de los hermanos Garione atenta la concreta imputación que pesa sobre ellos y en torno a la cual gira el procesamiento recaído en su contra, esto es, una supuesta colaboración prestada en el enriquecimiento ilícito atribuido a su padre, Ricardo Oreste Garione, en calidad de autor.
La parte recurrente adujo también que el órgano jurisdiccional actuante aplicó automáticamente los criterios sostenidos por la PIA que, en su opinión, resultan erróneos a la hora de valorar la justificación de los bienes presentes en el patrimonio de Carla y Manuel Garione, cuyas explicaciones fueron descartadas por la ausencia de ingresos formales y sin confrontar los elementos aportados en su respaldo.
Tal cuestionamiento será desestimado en la medida que solo evidencia una disconformidad con el temperamento asumido (procesamiento), pero sin desarrollar una crítica eficaz dirigida a rebatir los fundamentos por los que se consideró acreditada -con el grado de probabilidad propio de la etapa procesal de la causa- la presunta intervención penalmente responsable de los imputados en el hecho ilícito investigado. De los antecedentes del caso reseñados líneas más arriba se desprende que las versiones expuestas por los justiciables fueron atendidas y desechadas a partir de su ponderación conjunta con el plexo probatorio recabado hasta el momento. La defensa no refuta el análisis efectuado en la especie y sólo expone un particular punto de vista sobre la cuestión.
Similar defecto se advierte en relación a la falta de acreditación del dolo en cabeza de Carola Garione y de Manuel Garione.
Esto es así ni bien se repara en que las críticas plasmadas en el recurso de casación constituyen -en gran medida- la reiteración de argumentos que fueron expuestos previamente en el recurso de apelación y en el escrito de memorial que la defensa sometió a consideración de la cámara de apelaciones.
El tribunal anterior brindó puntual tratamiento al análisis de la tipicidad subjetiva en relación a los hermanos Garione, a cuyo respecto el impugnante se ciñó a sostener que dicho órgano sustentó su razonamiento en una especulación hipotética, sin brindar ninguna prueba que permitiera fundarlo.
Frente a ello, cabe oponer que la defensa sólo manifiesta un mero disenso con lo decidido, ya que no desarrolla una contra argumentación tendiente a rebatir las razones que el a quo expuso para tener por reunidos los elementos cognitivo y volitivo del dolo en cabeza de los hermanos Garione.
Nótese que la asistencia técnica tampoco formuló algún planteamiento alternativo al análisis que el a quo empleó para inferir el conocimiento de los imputados sobre el origen espurio del patrimonio de su progenitor, Ricardo Oreste Garione.
En estas condiciones, no se ha demostrado que en autos esté ausente el grado de conocimiento sobre la imputación atribuida a los justiciables (probabilidad positiva) que resulta necesario para permitir el tránsito del caso hacia el debate en el que los extremos invocados por la defensa podrán ser discutidos con amplitud y sujeción a las formas sustanciales del proceso penal.
De otro lado, el recurrente también denunció que el colegiado previo omitió responder las críticas desarrolladas contra los embargos de sus pupilos. Del recurso de apelación y del memorial surge que la parte se agravió de los montos fijados para esas cautelas reales por considerarlos excesivos. Este embate será desestimado toda vez que la cámara de apelaciones no incurrió en ninguna omisión de tratamiento sobre la cuestión.
El examen de la resolución puesta en crisis permite advertir que el a quo, como consecuencia de la modificación de la figura penal aplicable, entendió que correspondía reevaluar los montos a ser cautelados a los fines de lo dispuesto en los arts. 23 del C.P. y 518 del C.P.P.N. y que la decisión sobre el punto debía ser adoptada por el juez instructor para no privar de instancia a la parte.
En consecuencia, revocó parcialmente -en lo que aquí interesa- los puntos dispositivos del fallo de primer grado que fijaban los montos de los embargos recaídos sobre Carola y Manuel Garione, manteniendo esas cautelas reales a su respecto, pero ordenando al magistrado de primer grado adecuar los montos conforme a lo allí indicado.
Dados los términos de lo resuelto por el tribunal previo se advierte que el tratamiento de los agravios que la defensa había formulado en torno a los montos de los embargos había perdido actualidad justamente en razón de la revocación de tales cuantías y de la consiguiente orden de determinar unas nuevas en atención al cambio de calificación legal decidido.
La asistencia técnica de los hermanos Garione también adujo que el a quo omitió responder las críticas expuestas contra la prohibición de salida del país impuesta a sus defendidos.
Reiteró ante esta Sala IV la ausencia elementos de riesgo que funden la necesidad de esa medida y señaló que sus representados siempre se encontraron a derecho, presentándose con letrado defensor, constituyendo domicilio y efectuando cada presentación o comparecencia que fuera requerida. Este agravio tampoco habrá de prosperar porque el colegiado anterior convalidó la medida objetada por considerarla adecuada; juicio de valor que, aunque escueto, no se ha demostrado que resulte arbitrario.
En esta dirección, la parte no ha puesto en evidencia que la prohibición de salida del país dictada por el juez de instrucción resulte una medida de coerción innecesaria, inidónea o irrazonable a los fines de asegurar los fines del proceso. Tampoco que su cumplimiento resulte violatorio de garantías fundamentales que asisten a los encausados. Para finalizar, el impugnante alegó, a título de mayor agravamiento, que la resolución atacada impuso a sus asistidos la obligación de comparecer cada treinta (30) días a una comisaría sin exponer razón alguna que motive dicho temperamento, lo que revela su arbitrariedad y consecuente nulidad.
Este último agravio tendrá favorable recepción. En efecto, el tribunal de la instancia previa afirmó que “[e]n relación al domicilio real de los encartados entendemos que cabe sustituir la medida decretada por el a quo [obligación de fijar domicilio en el radio del tribunal, cfr. punto dispositivo XII del fallo del 09/08/24] por la obligación de presentarse cada 30 días ante la comisaría que corresponda a la jurisdicción respectiva (arts. 310 del C.P.P.N. y 210 del C.P.P.F.)”.
La lectura del pronunciamiento aquí recurrido permite advertir que la jurisdicción de la cámara de apelaciones se hallaba habilitada exclusivamente por los recursos de las defensas y que sus integrantes se pronunciaron sobre una cuestión que no había sido sometida a su conocimiento (sustitución de la obligación de fijar residencia por la de comparecer mensualmente a una comisaría), debiendo recordar que el agravio constituye la medida de la apelación (tantum devolutum quantun appellatum) y delimita, por principio, el ámbito de la competencia decisoria del tribunal de alzada. En razón de este proceder, el a quo modificó oficiosamente un aspecto del pronunciamiento de primera instancia (obligación de los imputados de fijar domicilio en el radio del juzgado instructor) y sin que mediara recurso acusatorio a su respecto.
En consecuencia, el colegiado previo incurrió así en un exceso jurisdiccional con afectación al derecho de defensa en juicio y al debido proceso que amparan a los imputados, lo que acarrea que la decisión impugnada ante esta sede -en el aspecto examinado- resulte descalificable como acto jurisdiccional válido.
Con este alcance, entiendo que corresponde dejar sin efecto este punto del resolutorio puesto en crisis y mantener la medida ordenada por el juez de instrucción. Además, esta solución deberá hacerse extensiva a los demás encartados que resultaron abarcados por la decisión del a quo a tenor de lo prescripto en el art. 441, primera parte, del C.P.P.N.
IV. En virtud de los fundamentos que anteceden, propicio al acuerdo: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto en favor de Carola Garione y de Manuel Garione, dejar sin efecto la resolución impugnada sólo en cuanto fijó la obligación de los imputados de presentarse cada 30 días ante la comisaría que corresponda a la jurisdicción respectiva y mantener la obligación de fijar domicilio en el radio del tribunal que fuera establecida por el juez de primera instancia. Sin costas en la instancia (arts. 441, primera parte; 470, 530 y 531 del C.P.P.N.); II) Rechazar el recurso de casación deducido en favor de Carola Garione y de Manuel Garione en todo cuanto respecta a los restantes motivos de agravio, sin costas en la instancia (art. 530 y siguientes del C.P.P.N.); III) Tener presente la reserva de caso federal efectuada.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Que habré de adherir, por coincidir en lo sustancial con las consideraciones expuestas en el voto que lidera el acuerdo, a la solución propuesta.
Conforme surge de autos, Carola y Manuel Garione fueron procesados como partícipes necesarios del delito de enriquecimiento ilícito de su padre, Ricardo Oreste Garione, quien se desempeñó como Subgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2008 y 2016. La investigación determinó que durante ese período Ricardo Garione acumuló bienes sin justificación patrimonial, algunos de los cuales fueron registrados a nombre de sus hijos. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 resolvió el 9 de agosto de 2024 dictar el procesamiento de Carola y Manuel Garione al considerar que los nombrados habrían puesto bienes a su nombre sin contar con ingresos que justificaran esas adquisiciones, contribuyendo así a encubrir el origen ilícito del patrimonio de su padre.
En contra de dicha resolución, la defensa interpuso recurso de apelación argumentando la falta de prueba del dolo y solicitando la realización de una pericia contable. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento pero recalificó la figura penal de lavado de activos (art. 303 dl C.P.) a enriquecimiento ilícito (art. 268, inc. 2, del C.P.). El análisis integral de las particulares circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían desarrollado las conductas imputadas, a la luz del plexo probatorio incorporado a este proceso, permite concluir que el procesamiento dictado ha encontrado razonable sustento. El "a quo" reseñó una serie de elementos probatorios que dan cuenta fundada de la posible intervención de Carola y Manuel Garione en el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público (art. 268, inc. 2, del C.P.), con el grado de sospecha necesario en esta etapa procesal.
En lo sustancial, el “a quo” concluyó que los hermanos Garione efectuaron un aporte esencial en la maniobra delictiva al poner bienes a su nombre sin poder justificarlos con ingresos propios.
Para llegar a tal conclusión, se verificó que, en el caso de Carola Garione, habría adquirido un departamento en Sánchez de Bustamante 1183/5 y un automóvil Peugeot 208 sin contar con ingresos demostrables. Además, habría registrado acreditaciones bancarias por más de $1.700.000 sin justificar su origen.
Por su parte, Manuel habría adquirido un departamento en Av. Del Libertador 7766 a un precio notoriamente inferior al de mercado y sin declarar la operación ante el fisco. Además, la propiedad habría sido utilizada para la explotación comercial de alquileres temporarios a través de una sociedad familiar. También habría registrado acreditaciones bancarias por más de $770.000 sin justificar su origen.
Además se destacó que “…en el caso de los partícipes, pues de lo señalado precedentemente es dable concluir que todos tenían conocimiento de que la acción por ellos desplegada serviría para disimular el apreciable e injustificado enriquecimiento de Garione, y decidieron obrar voluntariamente en ese sentido (…) tales aseveraciones alcanzan también a los hijos del encartado, puesto que teniendo en cuenta el nivel sociocultural de Garione y su núcleo familiar (…) y la confianza inherente a los lazos entre ellos, propia del vínculo que los unía, es dable inferir el conocimiento que tendrían acerca de que el vasto patrimonio de su progenitor, paralelamente al ejercicio de funciones públicas, no tenía origen legítimo”.
Finalmente se concluyó que “los nombrados no contaban con un historial laboral que les permitirá costear los bienes de los cuales eran titulares. Tampoco encuentran sustento probatorio alguno las circunstancias alegadas por ambos -en el sentido de referir que los bienes muebles e inmuebles y los ingresos provenientes de alquileres fueron adquiridos por su madre. Esta circunstancia siquiera fue demostrada por la encartada Calderón, quien además refirió que parte de los fondos le fueron donados por su exsuegro más de siete años después de finalizado el vínculo con Garione.
Por las razones expuestas, y habiendo realizado el “a quo” un pormenorizado análisis del sustrato fáctico que se le imputa a Carola y Manuel Garione, no se desprende con la claridad meridiana que arguye el quejoso que el iter de la valoración probatoria llevada adelante por los magistrados de la anterior instancia se presente arbitrario. Apareciendo éste sustentado en los criterios de razonabilidad y logicidad exigidos por los cánones procesales y constitucionales. Amén de que el esforzado defensor afirma que se ha dictado el auto de procesamiento como resultado de la ponderación arbitraria del plexo probatorio acollarado en autos, lo cierto es que el embate que dirige contra la decisión del “a quo” se funda, en definitiva, en su mera discrepancia con la valoración probatoria y de los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de enriquecimiento ilícito en el grado de responsabiliidad asignado por los magistrados anteriores, no alcanzando dicho disenso a conmover garantía constitucional alguna que amerite su cuestionamiento. En definitiva, las críticas efectuadas en la impugnación interpuesta resultan a todas luces inhábiles para fundar la pretendida arbitrariedad de dicha resolución y no logran demostrar, en consecuencia, una palmaria violación a las garantías invocadas. Tampoco se advierte en esta instancia la pertinencia del pedido de pericia contable, en los términos planteados, para modificar la situación procesal de los encausados, conforme lo desarrollado en el voto que lidera el acuerdo.
En consecuencia, y toda vez que para el dictado de un procesamiento basta la probabilidad relativa a la comisión de un delito por parte del imputado y su culpabilidad, con sustento en semiplena prueba, sin que sea imprescindible su comprobación exhaustiva, corresponde confirmar el procesamiento dispuesto y que fuera oportunamente solicitado por la acusación.
Respecto de las medidas cautelares, cabe recordar que el “a quo” revocó parcialmente la fijación de embargos para que el juez de primera instancia reevalúe los montos, se mantuvo la prohibición de salida del país y dispuso la obligación de presentarse en la comisaría cada 30 días. En este punto, es importante destacar que, al encontrarse en investigación actos de corrupción —entendida la maniobra de forma amplia y como un todo, en el que se examina el exorbitante enriquecimiento de un funcionario público a cargo de un área responsable de gestionar el elevado gasto estatal en obra pública vial—, estas medidas cautelares cumplen una función reparatoria esencial. No puede ignorarse que resultan trascendentales no solo para asegurar el proceso penal, sino también para restaurar la justicia y el equilibrio perdido. La recuperación de activos obtenidos ilícitamente es un objetivo prioritario en casos de corrupción, en línea con compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino mediante la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley n° 26.097) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley n° 24.759).
Además, la gravedad de los hechos aquí investigados impacta directamente en el orden democrático e institucional, afectando severamente los intereses públicos. La adecuada investigación y sanción de estos delitos es esencial para evitar la impunidad y proteger la integridad del sistema republicano de gobierno (cfr. en este sentido mis votos en causas “Daneri, Gustavo Víctor” Reg. Nro. 611/17.4, Rta. el 1/6/17; “Salvatore, Carla Yanina y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 106/18.4, rta. el 12/3/18; “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/recurso de casación” reg. nº 1373/24.4 rta. el 13/11/24 entre otros).
Sobre la fijación de embargos, la Cámara de Apelaciones razonablemente evaluó los montos inicialmente dispuestos y consideró que debían ajustarse conforme al cambio de calificación legal decidido. En consecuencia, delegó tal determinación en el juez de instrucción, garantizando así que la defensa no fuera privada de una instancia de revisión sobre la cuantía de las cautelas reales. No se advierte, entonces, omisión alguna en el tratamiento de los agravios en este aspecto.
En cuanto a la prohibición de salida del país, la defensa no ha expresado razones concretas y fundadas que permitan conmover los fundamentos expuestos por el "a quo" para disponer tal medida. Analizadas las constancias de autos y los argumentos de la parte, se advierte que la decisión se presenta razonable, necesaria y prudente de acuerdo al estado en el que se encuentran las presentes actuaciones, la importancia de resguardar la sujeción de los imputados al proceso y el aseguramiento de la efectiva realización de la ley penal, de conformidad con lo pedido oportunamente por el representante del Ministerio Público Fiscal.
La mínima restricción de la libertad que dicha medida comporta cumple con los principios de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad que deben guiar el análisis de las medidas cautelares (en el mismo sentido, confr. esta Sala in re "Spangenberg, Hugo Alfredo s/prohibición de salida del país", causa nro. 13.235, registro nro. 1625.12.4 del 13 de septiembre de 2012).
Sin perjuicio de lo expuesto, respecto de la obligación de comparecencia periódica, adhiero, por coincidir en lo sustancial con las consideraciones allí expuestas, a la solución propuesta en el voto que lidera el acuerdo.
II. En virtud de lo expuesto adhiero a la solución propuesta en el voto que lidera el Acuerdo; sin costas en esta instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso previsto en el artículo 8.2.h) de la CADH (arts. 530 y 531, in fine del C.P.P.N.). Téngase presente la reserva del caso federal efectuada.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
En las particulares circunstancias de la causa comparto en lo sustancial las consideraciones y la solución propuesta por el juez doctor Mariano H. Borinsky cuyo voto lleva la adhesión en lo esencial del colega juez Gustavo M. Hornos.
En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto en favor de Carola Garione y de Manuel Garione, DEJAR SIN EFECTO la resolución impugnada sólo en cuanto fijó la obligación de los imputados de presentarse cada 30 días ante la comisaría que corresponda a la jurisdicción respectiva y MANTENER la obligación de fijar domicilio en el radio del tribunal que fuera establecida por el juez de primera instancia. Sin costas en la instancia (arts. 441, primera parte; 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. RECHAZAR el recurso de casación deducido en favor de Carola Garione y de Manuel Garione en todo cuanto respecta a los restantes motivos de agravio, sin costas en la instancia (art. 530 y siguientes del C.P.P.N.).
III. TENER PRESENTE la reserva de caso federal efectuada.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital a sus efectos. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Eliana Tali Mikiej. Prosecretaria de Cámara.
Fin de la sentencia