Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Paula Fernanda Aguirre, sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
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//la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio del año 2022, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky, como Presidente, el doctor Javier Carbajo y el doctor Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, se reúne para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa FPO 10537/2019/TO1/42/1/CFC3, caratulada “AGUIRRE, Paula Fernanda s/recurso de casación", de la que RESULTA:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, provincia de Misiones, el 25 de marzo de 2022, resolvió: “1º) NO HACER LUGAR, al pedido de prisión domiciliaria de la encartada PAULA FERNANDA AGUIRRE, titular del DNI Nº. 24. 994.373 (art. 10 del CP y art. 11, 32, 33 y concordantes de la ley 24.660; art. 210 inc. “j” del C.P.P.F y Acordada Nº, 9/20 y cctes de la C.F.C.P)…”.
II. Contra dicha decisión, la defensa pública oficial de Aguirre interpuso el recurso de casación en estudio, que fue concedido por el a quo –en cuanto a su admisibilidad formal- el 19 de abril del año en curso.
Postuló que la resolución resultaba equiparable a sentencia definitiva por ocasionar un gravamen de imposible reparación ulterior.
Alegó que el tribunal de la anterior instancia aplicó erróneamente tanto la ley sustantiva como adjetiva y que conculcó, de esa 1 REGISTRO N° 702/22 manera, el interés superior de los hijos y de la nieta de la imputada, menores de edad.
Discurrió sobre que estos últimos se encontraban en una situación de vulnerabilidad que sólo podía ser revertida con el retorno de su asistida al hogar, destacando que tenía una propuesta laboral por parte de su sobrino Walter Esteban Quiñones, quien fue ofrecido como tutor para el caso de concederse el pedido incoado.
Sobre esto último, explicó que el trabajo prometido sería en un local de comidas rápidas que Quiñones poseía dentro del predio de la residencia y que, además, le ofrecía una casa para vivir con su familia.
La defensa sostuvo que el tribunal realizó una valoración aparente de los informes socio ambientales agregados al incidente, implicando esto, a su juicio, la nulidad del fallo atacado.
Junto con ello, estimó que tales informes resultaban inidóneos por no haber sido confeccionados por un especialista en la materia. Por otro lado, adujo que el a quo incurría en un error al sopesar la dificultad en la obtención de dispositivos electrónicos de control de la prisión domiciliaria, puesto que no se trataba de un requisito formal que pudiera condicionar la decisión jurisdiccional.
Finalmente, destacó que la morigeración de la prisión preventiva era lo que mejor se adecuaba a las disposiciones del C.P.P.F.
Hizo reserva del caso federal.
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III. En la etapa prevista por el art. 465 bis -en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N., según ley 26.374-, realizaron presentaciones la defensa pública oficial de Aguirre y el representante de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores, Dr. Marcelo Carlos Helfrich. La asistencia técnica se remitió a los argumentos desarrollados en el recurso de casación interpuesto.
Por su parte, el Asesor de Menores informó que mantuvo comunicación telefónica con las hijas de Aguirre - Leonela Ludmila Fernández, de 22 años, y M.A.F., de 15 años-.
La primera de ellas refirió estar a cargo de los niños desde la detención de su madre y que “… debido a ello tuvo que reformular la vida cotidiana del grupo familiar, abandonando ella sus quehaceres para comenzar a trabajar”. Por otro lado, puso en conocimiento que M.A.F. le hizo saber que “…dejó el colegio para cuidar al hermanito, ayuda en las tareas del hogar y no ve a la mama hace 4 meses sino solo mantiene comunicaciones por teléfono hace 4 meses, y quiere que su mama vuelva a su casa porque la necesita. Por último me hizo saber que su hermano más pequeño Enzo no sabe que su mama está detenida para evitarle una angustia mayor”.
En razón de ello, el representante de los menores consideró que debía disponerse el arresto domiciliario de Aguirre, a los fines de garantizar los derechos y garantías de sus representados. 3
IV. Superada dicha etapa procesal, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.
Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces se expidan, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos. El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. El recurso de casación interpuesto es formalmente admisible habida cuenta de que se encuentran involucradas cuestiones de naturaleza federal que imponen su tratamiento en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 328:1108, que ha erigido a esta Cámara Federal de Casación como tribunal intermedio y la ha declarado facultada para conocer previamente en todas aquellas cuestiones de tal naturaleza y que pretendan someterse a su revisión final, con prescindencia de obstáculos formales (cfr. “Di Nunzio”, considerando 11°), constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la justicia federal en materia penal.
En consecuencia, en cuestiones como las aquí planteadas, en donde se recurre un fallo que no hace lugar a la prisión domiciliaria alegando violación a prerrogativas contempladas por la Constitución Nacional y por Tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, le compete la intervención a esta instancia, teniendo además en consideración que la decisión, por sus efectos, 4 resulta susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior.
De esta manera, advirtiendo que en el caso se encuentran satisfechos los recaudos mínimos de fundamentación y las demás exigencias formales que demanda la vía recursiva intentada, estimo que el remedio interpuesto es admisible.
II. Conforme surge del requerimiento de elevación a juicio obrante en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100, se le atribuyó a Paula Fernanda Aguirre “…haber tomado parte en una organización criminal, dedicada primordialmente al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes –cocaína y marihuana- en sus diferentes etapas, desde su obtención a través de la República del Paraguay e ingreso al país, transporte y almacenamiento, hasta su comercialización a otros grupos delictivos para continuar la cadena de distribución… [d]el mismo modo, parte de la droga traficada también era destinada para su comercio a otros grupos delictivos asentados en la República Federativa de Brasil, que estarían emparentados con las organizaciones narcocriminales denominadas Primer Comando de la Capital -PCC-, Comando Vermelho y Bala Na Cara”. Concretamente, se le atribuyó en esa pieza procesal haber intervenido en la maniobra de transporte de 12,089 kilogramos de cocaína, arbitrando los medios necesarios para la recepción – en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires- del estupefaciente proveniente de la provincia de Misiones, que tenía como objetivo ser puesto a 5 disposición de la organización para su comercialización y distribución a otras estructuras delictivas abocadas a esas finalidades.
De acuerdo con los hechos descriptos, se le imputó a la justiciable el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas, en calidad de coautora (arts. 5, inc. “c”, y 11, incs. “b” y “c”, de la ley 23.737). Ahora bien, en el marco de esta incidencia, la defensa de Aguirre, luego de tomar conocimiento de la presentación in pauperis realizada por la nombrada, solicitó su prisión domiciliaria, de conformidad con el art. 32 de la ley 24.660 y art. 10 del C.P.
Indicó que su grupo familiar estaba compuesto por sus hijos Leonela Ludmila Fernández, Marcos Daniel Fernández, M.A.F., E.L.P.F. y su nieta A.N.B. –de 22, 21, 15, 11 y 5 años, respectivamente-.
Para el caso de concederse el instituto, se ofreció como tutor al sobrino de Aguirre, Walter Esteban Quiñones, quien reside en el domicilio de la calle Paraíso N° 10, entre calles Ramallo y Zárate, de la localidad del Palomar, provincia de Bueno Aires.
Destacó que su hija mayor, Leonela, estaba al cuidado de los restantes miembros del grupo familiar, mientras que su hijo Marcos se encargaba de laborar para conseguir el sustento de la familia. 6 Agregó que este último tenía un trabajo informal –hacía "changas”-, y que la primera no podía salir a desempeñar ninguna labor por encontrarse a cargo de la atención de sus hermanos y de su propia hija, poniendo de resalto la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la familia desde la detención de Aguirre.
En ese escenario, señaló que Quiñones, ofrecido como referente del instituto peticionado, le pondría a disposición “…una casa para vivir con su familia y una oportunidad laboral (dentro del predio de la residencia) en un local de comidas rápidas que el mismo posee…”.
Lo anterior le daría a la imputada la posibilidad de obtener recursos para fortalecer la economía de su grupo familiar, y a su vez, cumplir con la detención domiciliaria.
A lo anterior, la defensa agregó que “… [b]ien sabido es que aunque haya otros mayores de edad que habiten la vivienda y que puedan colaborar en la educación y cuidado de los niños, nunca podrán suplir la contención que significan los padres para sus hijos”.
Finalmente, aseveró que, en su opinión, la prisión domiciliaria -para ocuparse del cuidado, educación y salud de sus hijos- se adecuaba a las disposiciones del C.P.P.F.
El tribunal ordenó la producción de los pertinentes informes socio ambientales y, una vez agregados, se le dio intervención al Ministerio Pupilar en representación de los menores 7 involucrados, que se pronunció favorablemente a la pretensión defensista.
La Asesora de Menores sostuvo que la ayuda social recibida por la familia no resultaba suficiente para solventar los gastos básicos y que debía valorarse la grave situación en que se encontraban los niños, que “[n]o obstante tener una buena relación con sus hermanos, estos no están en condiciones adecuadas para contenerlos, en todos los planos, económico, de salud y afectivo, por no ser su madre. Sin dejar de lado que Marcos tuvo que dejar los estudios para realizar trabajos en los que no está en blanco. Lo que significa que no tiene un ingreso fijo, ni seguro”.
Corrida la vista a la representante del Ministerio Público Fiscal, señaló que del informe socio ambiental realizado, a pesar de no estar elaborado por personal idóneo y técnico en servicios sociales, no surgían elementos fehacientes y concluyentes que apoyen la tesitura de realizar en la presente incidencia una excepción a las normas de la prisión preventiva a cumplir en la Unidad de detención.
Analizadas las constancias de la causa, se expidió por su oposición al pedido de detención domiciliaria de Aguirre pues, sin perjuicio de la necesidad de contar con la madre en el hogar, existe un interés legítimo en la sociedad de que las sentencias judiciales sean efectivamente cumplidas, sobre todo frente a la presunta comisión de un delito grave, como es el caso.
8 Llegado el momento de decidir, los magistrados de la anterior instancia memoraron los antecedentes del caso y analizaron, en particular, la documental agregada al incidente.
Valoraron que de allí se desprendía que el inmueble donde habitaba la familia integrada por los niños cuya asistencia y vulnerabilidad se denuncia, contaba con todos los servicios básicos y que el ingreso en el hogar sería de aproximadamente $80.000.
Se precisó, al respecto, que del Estado se recibía la siguiente ayuda para paliar, en parte, las necesidades alimentarias y económicas:
• Asignación Universal por Hijo • Tarjeta Alimentar • Programa Envión (percibido por Marcos)
• Mercadería que reciben de la escuela a la que concurren los menores.
Ponderaron también que ningún miembro del grupo familiar presentaba problemas de salud y que “…respecto de los menores de edad referidos en la presentación, no se ha acreditado que presenten alguna problemática, tampoco se constató que se encuentren en estado de abandono, indicándose que se encuentran escolarizados y tienen una vida social normal”.
Seguidamente, advirtieron que, de las constancias del legajo, surgía que el grupo familiar también contaba con la ayuda de un hermano mayor –Gabriel Tejerina, de 28 años de edad- que no había 9 sido mencionado en la presentación inicial por la imputada, pero sí lo fue por su hija Leonela y su sobrino Quiñones, al momento de ser entrevistados. Sobre el punto, pusieron particular atención en que éste residía en el mismo inmueble que sus hermanos, en una pieza aparte -junto a su esposa e hijo- y colaboraba con la manutención de sus hermanos.
A lo anterior, sumaron que la encartada tenía otros siete hermanos, mayores de edad, “…que podrían colaborar con sus sobrinos, para el caso de resultar necesario”.
En ese escenario, refirieron que el trabajo ofrecido a Aguirre por Quiñones –que, destacaron, no residiría en el mismo inmueble sugerido- podía, asimismo, ser facilitado a cualquiera de los hijos mayores de edad de ésta, para que, en vez de hacer changas, pudiesen colaborar al sustento familiar, con un trabajo más estable en cercanías de su domicilio.
Por otra parte, recordaron la imputación recaída sobre la encausada y destacaron que, del requerimiento de elevación a juicio, surgía que la organización delictiva a la que habría pertenecido Aguirre -compuesta por 10 integrantes aproximadamente- sería, conforme sostiene la parte acusatoria, una de las más peligrosas a nivel nacional e internacional.
Seguidamente, destacaron que recientemente fueron ordenadas medidas de instrucción suplementarias requeridas por las partes, por lo que 10 estarían próximos a proveer las pruebas ofrecidas y fijar fecha de debate oral.
Así las cosas, por esas y otras consideraciones, entendieron que correspondía rechazar la prisión domiciliaria solicitada en favor de Paula Fernanda Aguirre.
III. Reseñados los antecedentes del caso, es pertinente repasar el marco normativo que regulan los institutos invocados en supuestos como los aquí en tratamiento.
He recordado, en reiteradas oportunidades, que la regla general establecida por el art. 280 del Código Procesal Penal de la Nación señala que “…la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley…”; se receptan de este modo los principios instituidos por los arts. 18, 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 7 y 8 de la C.A.D.H. y 9 y 14 del P.I.D.C.yP.
Así, toda decisión jurisdiccional tendiente a privar provisionalmente de la libertad al imputado deberá indicar fundadamente las razones objetivas que permitan sostener que aquel obstruirá los fines del proceso o intentará eludir el accionar de la justicia.
También he tenido oportunidad de destacar que el 13 de noviembre de 2019 la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, con el fin de evitar que el sistema de progresividad territorial establecido por esa 11 comisión genere y consolide interpretaciones disímiles y/o contradictorias que provoquen situaciones de desigualdad ante la ley en relación con el goce de las garantías constitucionales, ha puesto en vigencia, para los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional, un conjunto de artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal (cfr. B.O. del 19/11/2019).
Entre ellos se encuentran el art. 210, el art. 221, que establece una serie de pautas relevantes para identificar la existencia de peligro de fuga, y el art. 222 reglamenta supuestos de entorpecimiento de la investigación (cfr., en lo pertinente y aplicable, FSM 13877/2017/CA1 (7788), caratulada “ARIAS, Jorge Adrián s/recurso de casación”, Reg. 2508/19.4, del 5/12/19 por esta Sala IV).
Por otra parte, en lo que respecta estrictamente a la prisión domiciliaria –y, en el caso particular, por invocarse una presunta afectación al interés superior de sus hijos M.A.F., E.L.P.F. y su nieta A.N.B., menores de edad-, debe recordarse que el artículo 10 del Código Penal legal prevé que: “Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: (…) f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo”.
Asimismo, y desde una hermenéutica sistemática el art. 32 de la ley 24.660 prescribe 12 que: “…El juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: (…) f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo”.
Conforme el marco descripto, para la concesión de la prisión domiciliaria debe hacerse un análisis integral de las peculiaridades que rodean al pedido pues, como se advierte, el texto del art. 32 de la ley 24.660 establece que el juez “podrá” disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria (cfr. “ACOSTA, Jorge Exequiel s/recurso de casación”, FCB 8439/2014/38/CFC4, Reg. 313/19, del 13/3/2019; “VIDAL CAMPOS, Yesenia Estefany s/recurso de casación”, CFP 14514/2015/TO1/12/CFC9, Reg. 616/20, del 21/5/20, “LORIO, Mario Aníbal s/recurso de casación”, FRO 22664/2017/41/CFC1, Reg. 2049/20, del 19/10/20, entre otras de esta Sala IV).
Tal conclusión se impone a partir de la existencia de ese verbo -“podrá”- empleado por el legislador y guarda coherencia con la conocida pauta de interpretación según la cual la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820 y 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149 y 327:769) y que este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser 13 superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937 y 312:1484). Por tanto, resulta claro que se trata de una facultad encomendada por el legislador al juez, quien deberá evaluar, luego del análisis global de las constancias del expediente, si resulta razonable conceder el instituto peticionado.
IV. En esta inteligencia, adelanto que la decisión recurrida luce ajustada a derecho y a las constancias de la causa.
a) En principio, corresponde señalar que la situación de privación de libertad de la progenitora y abuela de los niños cuya vulnerabilidad se denuncia, genera, de modo indefectible, consecuencias en el núcleo familiar. Sin embargo, debe repararse en ciertos aspectos centrales, objetivos y determinantes para la resolución del caso.
Tal como fue valorado por mis colegas de grado, en el presente no se logra demostrar, al menos de momento, que los hijos de Aguirre -M.A.F. y E.L.P.F.- y su nieta -A.N.B.-, menores de edad, se encuentren en una situación de desamparo u abandono que torne estrictamente necesaria la presencia de la justiciable en el hogar familiar.
De las constancias obrantes en el legajo, luce agregada la entrevista efectuada por personal de Gendarmería Nacional a Walter Esteban Quiñones – sobrino de la imputada-, en la que expuso que el 14 grupo familiar estaba conformado por Leonela, Marcos, los tres menores previamente referidos y el hijo mayor de Aguirre, Gabriel Tejerina, de 28 años de edad, junto su esposa e hijo –cuya presencia en el seno familiar, habitando un inmueble lindante al principal, fue soslayada en la presentación original-.
Aditó que la vida social del grupo era “normal” y que no tenía conocimiento de ninguna afectación grave de salud de la familia.
Refirió también que Paula Fernanda Aguirre cuenta con siete hermanos, todos mayores de edad. En línea con los dichos de Quiñones, la hija de Aguirre –Leonela- relató, al tiempo de ser entrevistada, que tenía 22 años, era soltera, ama de casa y que residía en el hogar junto a Gabriel Tejerina, Marcos Fernández, M.A.F. y E.L.P.F, todos hijos de Aguirre y, A.N.B. de 4 años, hija propia y, por ende, nieta de la nombrada.
Adunó que los menores se encontraban en edad escolar, que tenían una vida social normal y se relacionaban adecuadamente con la familia, habitando el hogar familiar en “…una zona tranquila y humilde con calle asfaltada, acceso de iluminación y servicios esenciales básicos”.
Para más, la entrevistada señaló que “… satisfacen sus necesidades básicas día a día [y que] el inmueble está compuesto por tres habitaciones, baño, cocina, comedor, patio trasero y frontal. En este último se encuentra una habitación con baño donde reside el hermano mayor con su familia… y [que 15 ella y] Marcos… realizan trabajos esporádicos (changas). Los menores solo estudian y reciben ayuda del hermano mayor quien realiza servicio de mensajería, pero aún no se encuentra en blanco… Que percibe Asignación Universal por Hijo y [tiene la] tarjeta Alimentar y Marcos recibe ayuda del Programa Envión, como así también cuentan con mercadería que les entregan a los menores en las escuelas…”. Sobre sus ingresos mensuales, indicó la dicente que percibía $ 10.000 y en cuanto al de su grupo familiar, “…sería un aproximado de 80 mil pesos”.
Lo anterior, a mi modo de ver, permite concluir, sin ambages, que luce acertado el razonamiento efectuado por mis colegas de la instancia anterior respecto a que, de las constancias incorporadas al legajo, no se advierte, al menos de momento, la alegada afectación en los derechos de los niños.
En esta línea, debe ponderarse que no puede colegirse de modo automático que la ausencia de la madre de los menores -al estar privada de su libertad preventivamente, por haber, presuntamente, cometido un delito-, por sí sola, implique una situación de vulnerabilidad.
En ese marco, corresponde resaltar que el desarrollo de la infancia y adolescencia de los niños debe compatibilizarse con la circunstancia de privación de la libertad que se le impuso a Aguirre en el marco de este proceso penal. Ello resulta una consecuencia ineludible de la restricción de sus 16 derechos, por lo que la dificultad que se deriva naturalmente de tal situación no podría sustentar sin más la aplicación del excepcional instituto solicitado (cfr., en lo pertinente y aplicable, mis votos y sus recomendaciones -puntos resolutivos II en ambos casos- en FRO 39410/2016/9/CFC2 “CORREALE, Solange s/rec. de casación”, Reg. 1702/19, del 29/8/2019 y CFP 3002/2017/TO1/CFC17, “AQUINO, Aída H s/rec. de casación”, Reg. 1752/19, del 4/9/2019, de esta Sala IV).
Por lo demás, respecto al cuestionamiento basado en que los informes ambientales fueron realizados por una entidad oficial sin la debida experticia en servicios sociales, debe destacarse que la parte no ha desarrollado el perjuicio concreto que tal circunstancia le ha ocasionado, motivo por el cual su reclamo en este sentido tampoco tendrá favorable acogida.
Adviértase, además, que, al resolver, el tribunal se ha valido de otros elementos probatorios obrantes en el legajo, ha oído a las partes y ha corrido vista al Ministerio Pupilar en representación de los menores, otorgándole el debido peso y el justo valor objetivo que debía atribuírsele a este informe de Gendarmería Nacional en consonancia con las restantes pruebas, lo que echa por tierra el agravio planteado.
Sobre esta base, advierto que el tribunal de origen ha puesto de resalto una serie de circunstancias que impiden evidenciar, al menos de momento, una potencial afectación de los derechos de 17 los niños como fundamento válido de la concesión del arresto domiciliario.
Por lo demás, en el decisorio impugnado también se ha justipreciado la gravedad de la imputación formulada contra la acusada destacándose que, en efecto, del requerimiento de elevación a juicio se obtiene que Aguirre habría formado parte en la organización delictiva investigada -la que caracterizaron como “una de las más peligrosas a nivel nacional e internacional”- dedicada primordialmente a actividades de narcotráfico, con conexiones en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil, integrada en la Argentina. Cabe recordar, en este contexto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido como un elemento de ponderación posible en materia de restricción de la libertad como medida cautelar procesal “…la particular naturaleza y modo comisivo de los hechos bajo juzgamiento” (Fallos: 340:1756), extremos que en el caso fueron válidamente atendidos.
En este marco, cobra especial relevancia el compromiso internacional asumido por nuestro país al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (ley 24.072) que impone la obligación del Estado Argentino de investigar, enjuiciar y eventualmente sancionar los hechos relativos al narcotráfico, lo que conlleva a valorar detenidamente en estos casos los indicadores que de 18 algún modo permitan sospechar la posible injerencia de los acusados en el esclarecimiento de los hechos. En suma, el razonamiento importa una correcta interpretación del derecho vigente, razón por la cual considero que la resolución impugnada se encuentra adecuadamente sustentada y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos 302:284; 304:415); decisión que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779).
b) En razón de lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Paula Fernanda Aguirre, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.), y tener presente la reserva del caso federal.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
En primer lugar, cabe recordar que el juicio sobre la admisibilidad formal del recurso en examen que efectuara el tribunal a quo es de carácter provisorio, ya que el juicio definitivo sobre dicho extremo corresponde a esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (ad aquem) y puede ser emitido por esta Alzada sin pronunciarse sobre el fondo, tanto antes como después de la audiencia para informar o en el mismo momento de dictar sentencia (cfr., en lo pertinente y aplicable, lo 19 resuelto por esta Sala IV, por unanimidad, en la causa nro. 1178/2013, “Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación”, reg. nro. 641/14, rta. el 23/04/2014; causa CFP 1738/2000/TO1/2/CFC1, “Bignoli, Santiago María; Bignoli, Arturo Juan y Oficina Anticorrupción s/incidente de prescripción de acción penal”, reg. nro. 1312/14, rta. el 27/06/2014; causa FSA 74000069/2007/TO1/CFC1, “Ojeda Villanueva, Néstor Alfredo s/recurso de casación”, reg. nro. 1111/15., rta. el 09/06/2015; causa FSA 74000032/2012/TO1/12/1/CFC3 “Amante, Martín Esteban s/recurso de casación”, reg. nro. 1128/16, rta. el 12/09/16; causa CFP 5772/2013/TO1/7/CFC10, “Masine, Daniel Heriberto s/recurso de casación”, reg. nro. 700/17, rta. el 13/06/17; causa FTU 400696/2006/TO1/2/CFC3, “Peluffo, Silvio José s/recurso de casación”, reg. nro. 1498/18, rta. el 24/10/18; causa FLP 24271/2016/CFC1, “Rodríguez, Omar Claudio y otra s/recurso de casación”, reg. nro. 951/19.4, rta. el 16/05/19; causa FLP 14695/2016/CFC1, “NN Gate Gourmet s/recurso de casación”, reg. nro. 1792/21, rta. el 20/10/21 y causa FGR 14985/2017/TO1/21/1/CFC7, “Sánchez, Sergio Baldomero s/recurso de casación”, reg. nro. 180/22, rta. el 8/03/22, entre muchas otras).
Aclarado ello, corresponde mencionar que en el marco de la deliberación mantenida luego de la audiencia celebrada en autos (cfr. arts. 398 y 465 bis del C.P.P.N.), he conocido el criterio compartido por mis distinguidos colegas de la actual integración de esta Sala IV con relación a la 20 admisibilidad formal del recurso. Sobre dicho extremo habré de señalar que, a mi juicio, la impugnación articulada por la parte no resulta admisible.
No debe soslayarse que la representante del Ministerio Público Fiscal ante el a quo, Dra. Viviana Andrea Barbosa, postuló el rechazo de la detención domiciliaria solicitada por la defensa de Paula Fernanda Aguirre.
Al momento de dictaminar, la fiscal federal valoró el informe socio ambiental realizado, donde se relevó la situación de los menores e integrantes de la familia. Destacó que el grupo familiar se encuentra conformado por dos hijos mayores -22 y 20 años de edad- y que, además, la señora Aguirre tiene siete hermanos mayores de edad. Refirió que los menores que se encuentran en edad escolar mantienen una vida social “normal” y agregó que el grupo familiar recibiría un ingreso aproximado de 80.000 pesos.
Así, entendió que “…no surgen elementos fehacientes y concluyentes que apoyen la tesitura de realizar en la presente incidencia una excepción a las normas de la prisión preventiva”.
En ese sentido, la fiscal de la instancia previa tuvo en cuenta que Aguirre se halla privada de su libertad acusada y procesada por la comisión de un delito grave. Recordó que fue requerida a juicio como coautora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres 21 personas (artículos 5, inciso “c”, y 11, incisos “b” y “c”, de la ley 23.737).
En esa línea advirtió sobre “…la relevancia que cobra el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado en cuanto a la efectiva lucha contra las sustancias estupefacientes [en especial] la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aprobada en Viena, el 19 de diciembre 1988, e incorporada a nuestro derecho Interno por ley 24.072 (B.O.
14/04/1992 - ADLA 1992 - B, 1557)…”.
De tal manera, la fiscal concluyó que la situación analizada no encuadra en las previsiones del artículo 32 de la Ley 24.660 (cfr. dictamen fiscal de fecha 17/03/22, Sistema informático “Lex- 100”).
Sentado ello, considero que los cuestionamientos formulados a la resolución objeto de revisión se sustentan en discrepancias valorativas que evidencian la existencia de una fundamentación que la recurrente no comparte pero que no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328;
322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108).
Por lo demás, cabe señalar que la defensa no ha logrado demostrar, mediante la alusión al Programa de Vigilancia Electrónica, que dicha 22 circunstancia justifique la aplicación de tal forma morigerada de prisión en el caso concreto de autos. En función de lo expuesto, corresponde: I.
DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial de Paula Fernanda Aguirre, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.) y II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
Por coincidir sustancialmente con las consideraciones expuestas por el colega que lidera el presente Acuerdo, Dr. Javier Carbajo, frente a las particulares circunstancias del caso que han sido reseñadas en su pormenorizado voto, adhiero a la solución que allí se propone.
Cabe agregar que cuando la impugnación deducida se dirige a cuestionar la concreta aplicación de los preceptos contenidos en los artículos 32, inc. “f” y 33 de la Ley 24.660 -ambos modificados por la Ley 26.472-; la evaluación de los planteos de la defensa deberá efectuarse a la luz del principio de Interés Superior del Niño expuesto en el recurso de casación y de los preceptos con jerarquía constitucional incorporados a nuestra Carta Magna por el art. 75 inc. 22 -específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño-.
En este sentido, ya he tenido oportunidad de resolver (cfr. mi voto en causa Nro. 11.384 “PAEZ, Natalia s/recurso de casación”, entre muchas otras) que en el análisis reclamado a esta instancia 23 en donde se invoca “el Interés Superior del Niño” en los términos del artículo 3.1 del C.D.N., resulta primordial que el caso sea suficientemente sustanciado a los fines de dotar a los jueces de la información pertinente y suficiente para decidir si la morigeración del régimen de cumplimiento de pena que se solicita en función de los intereses del niño sería necesaria e idónea para asegurarlos en los términos de la normativa citada.
En función de ello, sostuve que resulta ineludible la sustanciación del caso mediante la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, en el adecuado resguardo del derecho a ser oído del niño en tanto la cuestionada intervención estatal lo ha separado –en el caso- de su madre y el pedido de prisión domiciliaria es efectuado principalmente en su nombre (artículo 12 de la C.D.N.), pues es aquél el órgano que se encuentra en condiciones de alegar, objetivamente y de un modo no condicionado, sobre el punto, en tanto debe intervenir en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces y puede entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes -art. 54 de la ley 24.946- (cfr. in re “Paez”).
En el presente caso, se le ha dado intervención al representante del Ministerio Pupilar –quien se pronunció en sentido favorable sobre el reclamo efectuado- y, ante esta instancia, al Asesor de Menores, Dr. Marcelo Carlos Helfrich –conforme Sistema Lex 100- en representación de los intereses 24 de A.N.B. (4 años), F.E.L.P. (10 años) y F.M.A. (15 años), quien se pronunció a favor de la concesión del instituto solicitado, garantizando así a los niños el derecho a ser criados por su madre. Así las cosas, se advierte que a fin de sustentar su decisión denegatoria, el tribunal a quo concreta y fundadamente ha sostenido que la situación de Aguirre no encuentra sustento en lo previsto en el art. 10, inc. “f”, del Código Penal y 32, inc. “f”, de la ley 24.660.
Para así decidir, evaluó que no ha sido evidenciada en el caso ninguna situación de desamparo, abandono o vulnerabilidad sufrida por los menores –más allá de las lógicas consecuencias que implica y genera la privación de libertad de la progenitora-, dado que se encuentran al cuidado de sus hermanos -mayores de edad- a la vez que cuentan con otros familiares que podrían asistirlos en caso de resultar necesario; por lo que no se advierte un escenario que justifique, en aras de la protección del Interés Superior del Niño, la concesión de una medida de tal excepcionalidad como la solicitada. En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría,
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Paula Fernanda Aguirre, sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
25 Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia