Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar COMPETENTE al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires para que continúe con la tramitación de las presentes actuaciones, de conformidad con lo aquí establecido.
///nos Aires, 9 de mayo de 2023.
Para resolver en la presente causa CFP 4114/2019/TO1/6/CFC1 del registro de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada de manera unipersonal –conforme el sorteo practicado en autos— por el señor juez Gustavo M. Hornos, acerca del conflicto negativo de competencia suscitado el Tribunales Orales en lo Criminal Federal N°6 de la ciudad de Buenos Aires y el Tribunal Oral en lo Crimina Federal N° 1 de San Martín.
I. Con fecha 10 de agosto de 2022 resultó desinsaculado por sorteo para intervenir en estos actuados el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la ciudad de Buenos Aires –cfr. Lex 100 expte. CFP 4114/2019/TO1 - (en adelante TOCF 6 CABA).
El TOCF 6 CABA, el 15 de noviembre de 2022, dispuso: “DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este Tribunal Oral -en razón del territorio- para intervenir en estas actuaciones y REMITIRLAS a la Cámara Federal de Casación Penal para que desinsacule el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín, Provincia de Buenos Aires, que habrá de continuar interviniendo en el juzgamiento de los hechos por los que fuera elevada esta causa a juicio (art. 118 de la Constitución Nacional y arts. 37 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación)”.
En primer lugar, describió la acusación fiscal de fecha 15 de julio de 2022 -a la cual me remite en homenaje a la brevedad- y destacó que la representante del Ministerio Público Fiscal -Gabriela B. Baigún-, con fecha 7 de septiembre de 2022, solicitó a ese tribunal que declara la incompetencia en razón del territorio para entender en los presentes actuados, y la remisión de las actuaciones a esta REGISTRO NRO. 570/23.4 Cámara Federal de Casación Penal a fin de que allí se desinsacule el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que deberá continuar interviniendo, conforme lo normado por los arts. 39, 46 y 358 del CPPN.
Luego de detallar los fundamentos brindados por la citada fiscal compartió dichos argumentos y sostuvo que “…de acuerdo con lo establecido en el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Sr. Agente Fiscal, los hechos que conforman el objeto procesal tuvieron como escenario principal el territorio de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente la localidad de San Miguel, habiéndose atribuido a los imputados la presunta comisión de los delitos calificados como trata de personas con fines de explotación laboral agravado, reiterado en dos oportunidades que concurren en forma real (art. 55, 145 bis y 145 ter, incisos 1°, 4°, 5°, 6°, y ante último y último párrafos del CP); una de ellas, a su vez, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravado por haber mediado circunstancias de engaño, violencia, amenaza, y abuso de autoridad (arts. 45, 54, y 125, párrafo tercero, del CP)”. Remarcó que “si bien la presente investigación tuvo su inicio a raíz de la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito de esta ciudad, las pruebas recabadas a lo largo de la pesquisa han demostrado que tanto los encausados como sus presuntas víctimas residen en la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires; domicilio en el cual los menores damnificados, así como R.C., se domiciliaron y desde donde presuntamente fueron enviados diariamente a mendigar y ejercer la venta ambulante en distintos puntos del conurbano y de esta ciudad, en condiciones de precariedad, para luego retornar allí con el dinero obtenido como producto de la explotación”.
Señaló que “conforme se detallara en el requerimiento de elevación de la causa a juicio ‘El 17 de mayo del año 2019, en la calle Florida, entre las avenidas Córdoba y Corrientes de esta ciudad, fueron intervenidos 7 niñas y niños y 3 adolescentes, que se encontraban en mal estado de higiene, sin ropas adecuadas al clima, y deambulando solos sin la supervisión de adultos. Se advirtió, asimismo, que los niños y niñas eran dirigidos en forma organizada y/o controlada por adolescentes, para pedir dinero y alimentos en la calle, a los diferentes transeúntes…. Luego de esta intervención, las niñas, niños y adolescentes (en adelante NNyA) fueron alojados en dos hogares de tránsito para su evaluación integral. Una vez allí, los diversos organismos pupilares intervinientes mantuvieron entrevistas con ellos y su grupo familiar, pudiéndose constatar que todos eran obligados a mendigar o a pedir dinero en la calle por parte de su grupo familiar conviviente, que eran privados de sus derechos a recibir educación, salud, a conocer su identidad, de acceso a condiciones de seguridad social, y medio ambiente adecuados. En la mayor parte de los casos, además, estaban desprovistos de documentación que acredite sus identidades, sin vacunas, ni controles periódicos de salud, ni educación escolar (Ley 26.061, Título II, Principios, Derechos y Garantías). Se estableció también que las víctimas, además de ser familiares entre sí - hermanos y primos-, formaban parte de distintos núcleos de un mismo grupo familiar, perteneciente a la comunidad gitana, y que se encontraban liderados por Rolando Marco, María Patricia Cristo, Carlos Marco, Sofía Costichi y Gustavo Gabriel Marco. En efecto, los NNyA de diferentes edades –desde los 2 hasta los 17 años– eran explotados laboralmente, pues debían acudir diariamente a pedir dinero a la calle Florida -peatonal comercial- de esta ciudad, y a otras cercanas a su domicilio, por largas y extensas jornadas -desde la mañana/mediodía hasta la noche-, sin alimentos, desprovistos de mínimas condiciones de higiene, y sin la ropa acorde a la época del año. Todo ello, con el propósito de obtener dinero que, al finalizar la jornada, debían entregar a sus padres […]’”.
Valoró que “fue en el allanamiento llevado a cabo en el domicilio de El Zonda 3545, localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron los volantes que las presuntas víctimas habrían sido obligadas a utilizar para pedir limosna a los transeúntes, así como las ilustraciones que se suelen repartir en los transportes públicos con el fin de recaudar dinero” y que “surge del relato brindado oportunamente por la damnificada R.C., en cuanto al lugar donde se desarrollaron los presuntos ilícitos de los que fuera víctima, desde la imposición de su unión con el imputado Rolando Marco hasta que finalizara su sometimiento, también tuvieron lugar en el domicilio donde se situaba la comunidad gitana a la que aquél pertenece, en la localidad de San Miguel”.
Se remitió nuevamente al requerimiento de elevación a juicio y describió que de allí surge que “’…La captación [de la víctima R.C.] se produjo en el año 2006 o 2007, cuando R.C. tenía 12 o 13 años de edad, en una plaza del barrio de Constitución de esta ciudad, por parte de Sofía “Topacio” Costichi, María Patricia Cristo y otras mujeres, de momento no identificadas. En dichas circunstancias, estas últimas la encontraron perdida, lejos de su familia, y la engañaron haciéndole creer que la ayudarían a volver a su casa. Así, lograron trasladarla al predio localizado en la calle El Zonda 3545 de la localidad de San Miguel. Una vez allí, la obligaron a residir junto a su grupo familiar y le negaron contactos con su familia de origen. Rápidamente, fue forzada a unirse en pareja de hecho con Rolando Marco, quien en ese entonces tenía 20 o 21 años de edad, y a mantener relaciones sexuales con él’”.
Enfatizó numerosas citas del requerimiento de elevación a juicio que, a su entender, sitúan las presuntas conductas ilícitas aquí ventiladas, principalmente en el ámbito provincial.
Así transcribió que “’… En Santa Ana, Misiones, conoció a una mujer a quien identificó como “Chela”, que al saber de su situación contactó a la policía, y gracias a esa intervención, las fuerzas de seguridad la trasladaron a la ciudad de Posadas, donde se reencontró con sus padres. Estos dieron cuenta de haberla hallado entonces, sucia y golpeada. […] Tiempo después, cuando la víctima tenía alrededor de 15 años -condicionada aún por los profundos sometimientos que sufrió- buscó a Rolando Marco y se instaló nuevamente con él y su familia en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Según su propio relato de la situación, Rolando Marco “la aceptó de vuelta’. En esa oportunidad, R.C. fue acogida nuevamente por el nombrado y su grupo familiar. Del vínculo con Rolando Marco, nacieron 3 hijos más, dos de los cuales nacieron cuando la víctima aún era menor de edad -tenía 15 y 16 años, respectivamente-. A lo largo de todos estos años, es decir, presumiblemente desde el 2006 hasta el 2019, R.C. fue obligada a ejercer la mendicidad y ventas ambulantes, para recaudar dinero que debía ser entregado a diferentes adultos convivientes y referentes de la comunidad. Esta actividad debía realizarla junto a sus hijos y en grupo con sus cuñadas y sobrinos. Asimismo, fue víctima de violencia de género intrafamiliar, ejercida por Rolando Marco (sexual, física, psicológica, económica y simbólica) y otros miembros del grupo familiar (física y psicológica), como parte de la explotación y sometimiento que sufrió desde el momento en el que fue captada, al ser una niña de 12 años, con las finalidades de forzarla a unirse en pareja de hecho, a mantener relaciones sexuales con un hombre mayor de edad y reducirla a la servidumbre […]’.” Mención como hecho relevante que “… actualmente la protección de los derechos de la totalidad de los menores involucrados en autos se encuentra a cargo del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de San Miguel, por cuanto aquellos residen en esa localidad y es allí donde concurrirían para tener sus atenciones médicas y avanzar en su formación educativa”.
Luego de remarcar la jurisprudencia de la C.S.J.N que entiende aplicable al caso y de reiterar los argumentos dados por la fiscal de juicio, estimó que “la asignación de competencia a un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín asegura -con mayor eficacia- el derecho al efectivo acceso al servicio de justicia de todas sus partes y a preservar la debida inmediación judicial (que se podría ver afectada ante los obstáculos fácticos y jurídicos que podrían derivarse de los traslados de la mayoría de las víctimas, imputados y testigos a esta metrópoli); así como también garantiza el más amplio ejercicio del derecho de defensa de los imputados y la que, en definitiva, asegura la mejor y más eficaz administración de justicia”.
Agregó que ”el estado procesal alcanzado en esta causa no veda de manera alguna su remisión a la jurisdicción federal de San Martín, Provincia de Buenos Aires, debido a que no se advierte riesgo procesal en torno a las medidas de prueba cumplidas. Nótese, en tal sentido, que las presuntas víctimas –a excepción de R.C.- a la fecha no han declarado en sede judicial”.
II. El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, (en adelante TOCF 1SM) resultó desinsaculado para intervenir.
En consecuencia, a ello, con fecha 27 de febrero de 2023 resolvió, “RECHAZAR LA COMPETENCIA –en razón del territorio atribuida a este Tribunal y devolver las presentes actuaciones, con carácter de muy urgente, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando al magistrado declinante a que, en caso de no compartir el criterio sustentado, trabe la cuestión ante la Excma. Cámara Federal de Casación Penal”. Indicó que el fiscal ante esa instancia dictaminó que el tribunal no debía aceptar la competencia atribuida y detalló sus conclusiones. Posteriormente, hizo una breve reseña de la normativa aplicable en materia de competencia y postuló el marco referencial de los hechos imputados, compartiendo su postura con el representante del Ministerio Público Fiscal Para así decidir, argumentó que “…según lo establecido en el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Agente Fiscal, los hechos que conforman el objeto procesal tuvieron lugar en varias jurisdicciones, entre ellas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires, pero como escenario principal, a diferencia en mi criterio, con lo argumentado por el magistrado declinante, la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Relató que “…desde los albores de la investigación y hasta su conclusión, tramitó exclusivamente en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto fue así, porque sin perjuicio de que la multiplicidad de hechos denunciados ocurrieron en diversas jurisdicciones, lo cierto es que tanto la captación, como la situación de mendacidad y vulnerabilidad de los menores, ocurrió en territorio capitalino”.
Advirtió “que no ha existido una variación en cuanto a los hechos y circunstancias investigados por el Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consolidados en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, que amerite a esta altura un cambio sorpresivo en la competencia territorial”. Consideró que “…de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, surge palmariamente en cuanto al hecho identificado como n° 1, que la captación de R.C., sucedió en entre los años 2006 y 2007 en una plaza del barrio de Constitución, es decir en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Vislumbró que “que a lo largo de todos esos años, es decir, presumiblemente desde el 2006 hasta el 2019, R.C. fue obligada a ejercer la mendicidad y ventas ambulantes, para recaudar dinero que debía ser entregado a diferentes adultos convivientes y referentes de la comunidad. Esta actividad debía realizarla junto a sus hijos y en grupo con sus cuñadas y sobrinos, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En cuanto al segundo hecho, expuso que “… tuvo lugar el 17 de mayo del año 2019, en la calle Florida, entre las avenidas Córdoba y Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando fueron intervenidos 7 niñas y niños y 3 adolescentes que se encontraban en mal estado de higiene, sin ropas adecuadas al clima y deambulando solos sin la supervisión de adultos. Se advirtió, asimismo, que los niños y niñas eran dirigidos en forma organizada y controlada por adolescentes, para pedir dinero y alimentos en la calle, a los diferentes transeúntes”. Valoró que dicho hecho aconteció “…a raíz de una medida cautelar dispuesta en los términos del artículo 232 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundada en observaciones previas, en tres oportunidades el 25 de abril y el 7 y el 10 de mayo del año 2019”.
Es así que el magistrado señaló que la instrucción fue llevada adelante por la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos de prevención con asiento a esa jurisdicción y de ese modo, fueron legitimados y ejercieron sus defensas los imputados durante todo el desarrollo de la instrucción y en la etapa de debate. Fundamentó que es aplicable “el artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación [que] establece que será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito”.
Sostuvo que “…la declinatoria de competencia dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires afecta los principios de economía y conveniencia procesal, elementos también dirimentes para resolver la competencia. Nótese que los hechos investigados que se pretenden juzgar son del año 2006, habiendo transcurrido un plazo por demás excesivo para echar luz sobre la situación procesal de los imputados, máxime si tengo en cuenta que las presentes actuaciones ya tuvieron una traba de competencia ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón de la contienda suscitada por la justicia federal y nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que un nuevo litigio de competencia, indudablemente acarrearía mayor demora en el proceso, atentando contra la más eficaz y pronta administración de justicia.” y que en relación a la cercanía territorial, “comparto lo argumentado por el Fiscal General, en cuanto a que la distancia entre la localidad de San Miguel y este Tribunal es similar a la que la separa de los tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no pueden tener incidencia en la resolución del caso”.
III. El 27 de marzo 2023 el TOCF 6 CABA resolvió “I. INSISTIR en lo dispuesto en la resolución de fecha 15 de noviembre de 2022 y TRABAR LA CONTIENDA NEGATIVA DE COMPETENCIA para intervenir en las presentes actuaciones, entre este Tribunal y el Tribunal Oral Federal nro. 1 de San Martín.
II. REMITIR el incidente a la Cámara Federal de Casación Penal a efectos de que dirima el conflicto aquí planteado (confr. art. 30 bis, inc. 1°, del C.P.P.N.).”.
Radicada la causa en la Sala IV se corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal ante está Cámara Federal de Casación Penal, doctor Raúl Omar Pleé, quien dictaminó que corresponde declarar competente al TOCF 6 CABA.
En su dictamen fundamentó que en “…la incidencia suscitada los órganos jurisdiccionales han coincidido en que las maniobras materia de juzgamiento fueron realizadas en una multiplicidad de jurisdicciones, entre ellas, esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Miguel (provincia de Buenos Aires), Nogoyá (Entre Ríos) y Santa Ana (Misiones).
Tal circunstancia no está disputada por los tribunales que intervienen en este conflicto negativo de competencia, aún en los términos en que fue decretada la declinatoria (vgr.: “incompetencia en razón del territorio”), pues en rigor no existe en el caso excepción de incompetencia territorial por parte de ninguno de los órganos jurisdiccionales.
Al efecto, debe recordarse que “ante la multiplicidad de lugares de perpetración de un delito, corresponde determinar la jurisdicción competente de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados” (Fallos: 305:610; 314: 160; 316:820, 315:625 y 319:909, entre muchos otros).
De acuerdo a ello, si bien no hay dudas que al caso resulta aplicable la citada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la cuestión debatida, es indudable que coexisten circunstancias que gravitan en mayor medida para determinar la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta Ciudad.
En efecto, no puede soslayarse que los hechos de autos tuvieron su inicio en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, fue en esta jurisdicción donde se captó a la víctima de identidad reservada, R.C. para luego explotarla sexual y laboralmente. A su vez, los niños, niñas y adolescentes acogidos por los aquí imputados, eran forzados a ejercer la mendicidad en esta ciudad, al igual que en San Miguel. De este modo, fue en la calle peatonal Florida, entre las Avenidas Córdoba y Corrientes, de esta ciudad, donde se advirtió la situación de los menores y comenzó a intervenir la justicia, culminando la explotación.
No es de recibo entonces el argumento de mejor administración de justicia en relación a que la mayor parte de los imputados y las victimas residen en la localidad de San Miguel. Es así que, le asiste razón al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin en cuanto a que los traslados alegados por el Tribunal Oral Federal de CABA, de ninguna manera justifican la declinación de competencia.
Lo cierto es que el Tribunal Oral de San Martín encuentra su sede en la localidad de Olivos, por lo que los obstáculos fácticos y jurídicos alegados, que podrían derivarse de los traslados, no se verían apaciguados. El traslado de las victimas e imputados debe darse de igual forma, cualquiera sea el tribunal interviniente. Más aún, los accesos y el transporte público desde San Miguel hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultan ser más directos, siendo más fácil desplazarse hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hasta la localidad de Olivos. Por otra parte, no puede soslayarse que esta jurisdicción previno en los hechos denunciados, sustanció toda la etapa penal preparatoria (conf. 317:1345 y 329:4484) e, incluso, es en esta jurisdicción donde se procesó a los imputados y se elevaron las actuaciones a juicio.
De ese modo, fue a raíz de una medida cautelar del Juzgado Nacional en lo Civil N° 23, de esta ciudad, que se logró descubrir el acogimiento y explotación laboral de los 7 niños y niñas y 3 adolescentes que eran trasladados a Capital Federal a dichos fines, lo que dio inicio a la presente causa. A todo ello se suma que el Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de esta ciudad intervino desde un comienzo en la situación de los menores, que se encontraban sin ropas adecuadas al clima y deambulando solos sin la supervisión de adultos.
En ese sentido, no se evidencian circunstancias imperantes con suficiente entidad como para justificar el desplazamiento de la competencia de la jurisdicción de origen; como tampoco se advierte en la declaración de incompetencia motivos que incidan a asegurar mayor celeridad y pronta administración de justicia. Por el contrario, tales circunstancias imponen que siga interviniendo en autos el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de esta Ciudad.
IV. Analizadas las constancias del caso, los fundamentos expuestos por los órganos jurisdiccionales intervinientes y la posición del representante del Ministerio Público Fiscal se advierte que nos encontramos ante un caso en el que varios de los actos procesales obrantes en el presente legajo han sido llevados a cabo, en los diferentes pasos del iter criminis, en lugares de diversa competencia territorial.
En estos supuestos, el delito se estima cometido en todas las jurisdicciones a través de las cuales se ha desarrollado la acción, y también en el lugar de verificación del resultado (cfr., CSJN, entre muchos otros, Fallos: 288:219; 292:530; 294:257; 313:823; 317:485). Así, es territorialmente competente para entender en el caso tanto la justicia federal de esta ciudad Autónoma de Buenos Aires como la de San Martin, y es por criterios de economía procesal, inmediatez y celeridad que debe resolverse el conflicto aquí planteado (cfr. Fallos 340:891). En este orden de ideas, se observa que es la justicia federal de CABA, es la que ha llevado adelante la investigación de las presentes actuaciones, ordenando a la sazón diversas medidas en ese sentido, y que no se observan, en lo concreto, fundamentos que den cuenta de que el cambio de competencia pudiera generar, en el caso, una mejor y más pronta administración de justicia.
Por lo tanto, al no avizorarse ni haber sido demostradas razones que ameriten un cambio de competencia, debe mantenerse la intervención de los tribunales de la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que vienen conociendo en este proceso.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, RESUELVO:
DECLARAR COMPETENTE al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires para que continúe con la tramitación de las presentes actuaciones, de conformidad con lo aquí establecido. Regístrese, notifíquese al señor Fiscal General, comuníquese (Acordada Nº 5/19 CSJN), hágase saber al TOCF 1SM y a la Oficina de Sorteo de esta Cámara y remítanse las actuaciones al órgano declarado competente, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
FDO: Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo. Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia