Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner –y sus adhesiones- en cuanto a la actualización del monto genérico a decomisar en autos dispuesta mediante decreto de fecha 15/07/2025; y, por mayoría, declarar abstracto, el tratamiento del recurso de casación interpuesto contra los puntos I y II “in fine” de la resolución recurrida de fecha 14/08/2025, con el alcance aquí precisado; sin costas en la instancia (artículos 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.).
II. Tener PRESENTES las reservas del caso federal efectuadas.
//la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky, como presidente, y los doctores Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en la causa CFP 5048/2016/TO1/39/2/CFC18 del registro de esta Sala, caratulada: “FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina y otros s/ recurso de casación"; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2, en fecha 15 de julio de 2025, resolvió, en lo que aquí concierne, actualizar el monto del decomiso fijado en el punto XI de la sentencia condenatoria en la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos ($684.990.350.139,86). En fecha 14 de agosto de 2025 el mismo tribunal resolvió “RECHAZAR IN LIMINE las nulidades interpuestas por la defensa técnica de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, de acuerdo a lo expuesto en el considerando III de este resolutorio”.
II. Que contra dichas resoluciones, la defensa REGISTRO N° 1028/25.4 particular de Cristina Fernández de Kirchner, interpuso sendos recursos de casación los que fueron concedidos los días 14 y 25 de agosto de 2025 respectivamente. Solicitó que se le diera tratamiento y resolución conjunta. Tanto la defensa particular de Lázaro Antonio Báez como la Defensa Pública Oficial de José Francisco López y de Mauricio Collareda adhirieron a los recursos de casación interpuestos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
III. a. En primer término el recurrente sostuvo que la decisión impugnada de fecha 15 de julio de 2025 encuadra en lo establecido por el artículo 457 del CPPN, que contempla la impugnabilidad de los pronunciamientos con efectos definitivos e irrevisables en etapas posteriores. Asimismo, la defensa sustentó su presentación en los incisos 1 y 2 del artículo 456 del CPPN. Argumentó que el “a quo” incurrió en una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva, desnaturalizando el instituto del decomiso y vulnerando principios básicos como la legalidad, la proporcionalidad y la defensa en juicio. Por otro lado, denunció que se han quebrantado las formas esenciales del debido proceso, ya que la resolución carece de fundamentación suficiente y se presenta como un caso paradigmático de arbitrariedad. En tales condiciones indicó que el fallo impugnado es insanablemente nulo y debe ser revisado por la instancia casatoria.
Señaló que, dado que el decomiso implica una afectación directa al derecho de propiedad dentro de un proceso penal, su definición debe realizarse con pleno respeto de las garantías constitucionales, especialmente el derecho de defensa y la imparcialidad judicial. En consecuencia, afirmó que los imputados deben poder debatir no sólo la procedencia del decomiso, sino también su cuantía y los bienes a los que pueda alcanzar, con la debida notificación a todas las personas cuyos patrimonios pudieran verse comprometidos.
Recordó que en la sentencia condenatoria se fijó un monto decomisable de $831.499.900,14, compuesto por dos rubros diferenciados: el producto de la colusión en licitaciones ($646.123.145,75) y los sobreprecios en determinadas obras ($185.376.754), y que esa suma debía ser actualizada a través de organismos técnicos una vez firme la sentencia. Afirmó que el “a quo”, de oficio, efectuó una actualización provisoria y alcanzó la cifra de $84.835.227.378,04, utilizando índices oficiales del INDEC y del IPC, pero que el fallo dejó expresamente asentado el carácter provisorio de ese cálculo y la necesidad de un informe técnico para arribar al monto definitivo.
La defensa subrayó que el valor provisorio fijado carecía de sustento técnico suficiente, pues no se explicaron las razones del método empleado ni se expusieron cálculos aritméticos que lo avalaran, y que la propia remisión a un cuerpo pericial confirmaba que no podía ser el tribunal quien actualizara el decomiso de oficio. No obstante, refirió que en la resolución recurrida, lo que se había presentado como estimación provisoria pasó a ser considerado un monto definitivo, inmodificable y no susceptible de controversia por las partes, limitándose la actualización a proyectarlo desde diciembre de 2022 en adelante.
Manifestó que esta decisión importa una grave afectación al derecho de defensa en juicio. En tal sentido enfatizó que el carácter provisorio de la cifra inicial impedía formular agravios en ese momento procesal, ya que se esperaba un debate posterior con intervención pericial y que al modificar ese presupuesto, el tribunal privó a las partes de la posibilidad de discutir y cuestionar la metodología aplicada.
Subrayó que debe garantizarse a las partes la oportunidad de discutir cómo corresponde actualizar el monto fijado en la sentencia ($831.499.900,14) hasta la fecha. Refirió que, de lo contrario, se consagraría una afectación directa al derecho de defensa y al principio del juez natural, pues la actualización quedaría en manos de los mismos jueces de oficio, contrariando el sistema acusatorio que rige en esta etapa del proceso.
La defensa también planteó la nulidad de la resolución impugnada por resultar arbitraria y carente de fundamentos mínimos.
Señaló que, pese a las observaciones de los peritos de parte sobre las dudas metodológicas, el “a quo” no explicó por qué decidió actualizar el monto desde diciembre de 2022 tomando como base la suma provisoria fijada de oficio. En tal sentido indicó que se limitó a rechazar el cálculo del perito Gaincerain por apartarse de los lineamientos dados, sin mayor sustento.
Advirtió que los métodos de actualización ofrecidos por los peritos arrojaron resultados extremadamente dispares: mientras el IPC elevó la suma a casi $685.000 millones, la tasa pasiva del Banco Nación arrojó aproximadamente $230.000 millones y el cálculo del perito de la defensa, con tasas pasivas desde la adjudicación de las obras, redujo la cifra a aproximadamente $42.000 millones. Frente a estas diferencias, afirmó que el “a quo” estaba obligado a justificar detalladamente por qué elegía un criterio y no otro, máxime en un contexto penal regido por el principio “in dubio pro reo”.
Indicó que el “a quo” optó por el IPC únicamente porque fue la metodología propuesta por la perito oficial, alegando que como auxiliar de la justicia estaba dotada de independencia e imparcialidad. Para la defensa, este razonamiento es insuficiente, ya que lo determinante no es quién designa al perito, sino la solidez técnica de su informe. Además, recordó que los peritos de parte también son auxiliares de la justicia y cumplen idénticos deberes de objetividad y responsabilidad, por lo que no corresponde otorgar preeminencia automática al dictamen oficial. Subrayó que el perito Gaincerain cuestionó expresamente el método del IPC, señalando que produce rentabilidades artificiales al no reflejar la verdadera evolución del dinero. En consecuencia, expresó que la resolución no satisface el recaudo de motivación exigido por el art. 123 del CPPN y debe ser considerada insanablemente nula. Asimismo, la defensa agregó que el método adoptado no solo carece de fundamentos, sino que es arbitrario y conduce a resultados inaceptables. Advirtió que el IPC mide el poder adquisitivo del dinero en base a canastas de consumo, pero no refleja su valor financiero ni su rentabilidad, y que, aplicado al decomiso, genera incrementos artificiales y distorsivos, e incluso superpone consecuencias propias de la acción civil de reparación con la sanción penal, lo que produce una indebida duplicación compensatoria. Indicó que esto contradice la naturaleza estrictamente sancionatoria del decomiso, distinta de la finalidad resarcitoria regulada en el art. 29 del Código Penal. La defensa recordó que el mismo tribunal se declaró incompetente para resolver sobre reclamos civiles derivados de la causa, los cuales tramitan en la justicia comercial, lo que hace aún más impropio importar al decomiso criterios ajenos a su ámbito.
Manifestó que, en contraste, el uso de tasas pasivas, propuesto por la defensa y validado en otras causas conexas como “Hotesur” y “Los Sauces”, se presenta como un método más homogéneo y técnicamente adecuado. La defensa enfatizó que este método fue incluso considerado razonable por el Ministerio Público Fiscal en esas causas. El recurrente también sostuvo que la adopción del IPC genera resultados desproporcionados e ilógicos, lo que demuestra, según la defensa, la absoluta falta de rigor técnico y seriedad con que fue abordada la cuestión, e impide convalidar el fallo.
Por otro lado, la defensa invocó la nulidad de la resolución recurrida por considerarla violatoria del principio de igualdad ante la ley. Señaló que el “a quo” actuó en abierta contradicción con sus propios precedentes y con lo expresamente dispuesto en la sentencia condenatoria.
Sostuvo que en la causa en análisis se utilizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como pauta de actualización del decomiso, mientras que en otras causas conexas e incluso tramitadas ante el mismo Tribunal Oral Federal N° 2 se habían rechazado expresamente los intentos de aplicar dicho índice. Citó como ejemplos las causas CFP 17335/2007/TO1/2 (resolución del 28/5/2024) y CFP 9096/2017/TO1/5 (sentencia del 7/9/2023), en las cuales los jueces Gorini y Giménez Uriburu, en disidencia con el juez Costabel, se inclinaron por la tasa activa del Banco Nación como pauta de cálculo, destacando su carácter objetivo, verificable y fácilmente aplicable.
Agregó que cuatro días antes de la resolución aquí cuestionada, el mismo Tribunal dictó sentencia en la causa N.° 3387, disponiendo por unanimidad la aplicación de la tasa activa del Banco Nación para la actualización de la reparación integral a la víctima. De este modo, la defensa remarcó que el cambio de criterio aplicado en perjuicio de Cristina Fernández de Kirchner carece de toda justificación objetiva y refleja un tratamiento desigual respecto de otros casos semejantes.
A su vez, enfatizó la desproporción que genera el criterio adoptado ya que mientras que la aplicación de la tasa activa arrojaría un monto cercano a los 6.400 millones de pesos, el uso del IPC eleva la suma a más de 100 veces ese valor, una diferencia que resulta, a su entender, manifiestamente irracional y que revela la existencia de una “doble vara” en los procesos seguidos contra la imputada.
Por todo ello, solicitó que se declare la nulidad de la resolución y se ordene una nueva determinación conforme a derecho, con observancia de los precedentes y las garantías constitucionales. Asimismo, pide que se otorgue efecto suspensivo al recurso a fin de evitar perjuicios irreparables en tanto no existe aún una sentencia firme sobre el monto definitivo del decomiso y formula reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y organismos internacionales de derechos humanos en caso de resultar necesario.
b. Respecto a la decisión impugnada de fecha 14 de agosto de 2025 la defensa también sostuvo que se encuadra en lo establecido por el artículo 457 del CPPN. Además, encausó el recurso en el art. 456 inc. 2° del ordenamiento de rito.
La defensa sostuvo que la resolución impugnada es nula por haber incurrido el Tribunal Oral en una extralimitación de su competencia, vulnerando el debido proceso y el sistema acusatorio. Señaló que el derecho procesal penal regula con precisión los actos de las partes y de los jueces, delimitando qué pueden hacer, cómo y cuándo. De allí que los magistrados no pueden apartarse de las pretensiones concretas sometidas por las partes ni reinterpretarlas en contra de su voluntad, pues ello implica una violación estructural del modelo acusatorio. En esa línea, destacó que cuando una parte interpone un recurso de casación, el tribunal de origen solo tiene la potestad de concederlo o denegarlo, conforme a lo dispuesto en los arts. 463 y 464 del CPPN. Manifestó que, el “a quo”, no está habilitado para reconvertir de oficio un recurso en otro tipo de planteo, como un incidente de nulidad, ni responder agravios que deben ser examinados exclusivamente por el órgano revisor. Sin embargo, refirió que eso fue lo que hizo el Tribunal, configurando un exceso jurisdiccional que determina la nulidad de lo actuado (art. 167 inc. 2 CPPN).
Además, subrayó que la actuación del Tribunal presenta una doble contradicción. Invocó que durante más de siete años la defensa interpuso múltiples recursos de casación invocando causales de nulidad (art. 456 inc. 2 CPPN), incluso contra la sentencia definitiva, y en ningún caso esos recursos fueron reconvertidos en planteos de nulidad autónomos ni respondidos en cuanto al fondo. A ello agregó que, en la resolución ahora impugnada, el propio Tribunal reconoció que el recurso presentado contenía “tres pilares argumentales extensamente desarrollados”, pero aun así lo rechazó “in limine”, sin sustanciación ni contradicción previa, contrariando lo previsto en el art. 170 del CPPN.
Finalmente, la defensa rechazó la afirmación de que se habría intentado “enmascarar” un planteo de nulidad dentro de un recurso de casación. Sostuvo que tal imputación carece de sustento, pues, de haber sido esa su intención, hubiera deducido directamente un incidente de nulidad o una reposición, como lo ha hecho en otras oportunidades.
Por otro lado, la defensa sostuvo que el recurso interpuesto contra la resolución que fijó la cuantía del decomiso debe ser concedido con efecto suspensivo, ya que aún no existe una sentencia firme sobre el monto definitivo de la sanción accesoria.
Manifestó que el art. 442 del CPPN establece como regla general que los recursos tienen efecto suspensivo, salvo disposición expresa en contrario y que esta pauta se vincula con la necesidad de evitar perjuicios irreparables mientras el proceso de revisión se encuentra abierto. En el mismo sentido, refirió que el art. 375 del CPPF dispone que solo pueden ejecutarse las sentencias firmes. Por ello, al no existir norma que lo excluya, el recurso debía otorgarse con dicho efecto.
También subrayó que las resoluciones recurridas integran la sentencia definitiva, pues definen la cuantía del decomiso, lo que descarta que se trate de un incidente de ejecución regido por el art. 491 CPPN. Señaló que tramitan en el incidente específico sobre decomiso, resuelto por el tribunal pleno y no por el juez de ejecución, lo que refuerza esta caracterización.
A su vez advirtió que ejecutar el decomiso antes de que quede firme la sentencia es ilógico e ilegítimo, ya que implica desapoderar bienes de manera definitiva cuando todavía existe la posibilidad de revisión y que ello vaciaría de contenido al recurso de casación, convirtiéndolo en una instancia meramente formal sin capacidad real de protección.
Por último, enfatizó que esta situación implica una violación a los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho de propiedad y de defensa en juicio, al impedir que los recursos puedan cumplir efectivamente su función. En consecuencia, pidió que se declare con carácter prioritario el efecto suspensivo de los recursos deducidos, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto.
En cuanto a los demás agravios, el escrito reitera en lo sustancial las críticas ya formuladas en el recurso interpuesto, primeramente. Se mantiene la denuncia de arbitrariedad en la resolución, tanto por haber convertido en definitivo lo que la sentencia calificó como un monto provisorio, como por la falta de fundamentación suficiente en la elección del método de actualización del decomiso. También reitera que el “a quo” actuó en abierta contradicción con sus propios precedentes, aplicando un criterio (el IPC) que había rechazado en otros casos semejantes, lo cual vulnera el principio de igualdad ante la ley. Por todo ello solicitó que se declare el efecto suspensivo respecto de ambos recursos presentados por su parte. Además, requirió que, cumplidos los procedimientos de rigor, se casen las resoluciones recurridas en todo aquello que fue materia de agravio, disponiendo el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
c. La defensa particular de Lázaro Antonio Báez y la Defensa Pública Oficial de José Francisco López y de Mauricio Collareda adhirieron al recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, contra el decreto dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 el día 15 de julio de 2025.
IV. Que superada la etapa prevista en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N., la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Antonio Báez, la defensa pública oficial de José Francisco López y de Mauricio Collareda, y el representante del Ministerio Público Fiscal en esta instancia presentaron breves notas.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner solicitó que las dos resoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal Nº 2: la del 15 de julio de 2025, que actualizó el monto del decomiso a $684.990.350.139,86, y la del 14 de agosto, sean casadas y declaradas nulas, y que se otorgue efecto suspensivo a los recursos interpuestos para suspender todas las medidas patrimoniales en curso vinculadas al decomiso.
Planteó que el “a quo” se extralimitó al reinterpretar el recurso de casación presentado el 12 de agosto como un planteo de nulidad autónomo, resolviendo cuestiones que correspondían a la alzada y que este proceder vulnera el sistema acusatorio y el debido proceso, y configura nulidad absoluta. Además, señaló la contradicción de que en resoluciones anteriores nunca se reconvirtieron recursos de esa manera, y que, pese a reconocer que el planteo contenía fundamentos desarrollados, se lo rechazó sin trámite.
Alegó que la decisión lesiona el derecho de defensa, el derecho de propiedad y el principio de imparcialidad judicial. Remarcó que el monto de $84.835 millones era expresamente provisorio, calculado de oficio y sin rigor técnico, y que recién con la intervención de peritos debía definirse el monto definitivo. Sostuvo que, sin embargo, el “a quo” lo convirtió en definitivo, privando a las partes de discutirlo en tiempo y forma. Explicó que el “a quo” eligió el IPC sin dar razones técnicas ni refutar las objeciones de los demás peritos. En tal sentido refirió que la motivación fue dogmática y se basó en falacias de autoridad, sosteniendo que debía mantenerse el mismo criterio usado previamente. A la vez, indicó que en la sentencia se desacreditó sin sustento al perito de la defensa, pese a que incluso los peritos de la fiscalía habían propuesto tasas pasivas. Argumentó que el IPC refleja precios de consumo y no el valor financiero del dinero, generando rentabilidades artificiales y duplicando efectos resarcitorios propios de la acción civil, cuando el decomiso es una sanción penal. Señaló también que, si se dolariza el monto base según el criterio de la fiscalía, el resultado ronda los USD 166 millones, mientras que la aplicación del IPC arroja más de USD 500 millones, tres veces más, lo cual resulta absurdo y viola el principio acusatorio al fijar montos extra petita. Invocó la violación al principio de igualdad ante la ley ya que el mismo Tribunal Oral en casos recientes optó por aplicar tasas activas del Banco Nación, descartando el IPC, y que el apartamiento de esa jurisprudencia sin explicación configura un doble estándar en perjuicio de la imputada.
Sostuvo que los recursos debieron concederse con efecto suspensivo ya que argumentó que la regla general en materia recursiva es la suspensión de los efectos, y que ejecutar un decomiso de esta magnitud antes de que exista una sentencia firme lesiona el derecho de defensa y de propiedad, vaciando de contenido la revisión judicial. El escrito concluye solicitando que se anulen las resoluciones del 15 de julio y 14 de agosto, se suspendan las medidas patrimoniales vinculadas al decomiso, y se tengan en cuenta las reservas efectuadas.
En su presentación la defensa de López sostuvo que el decomiso tiene naturaleza de pena y, por lo tanto, debe reunir los requisitos de fundamentación y motivación exigidos a cualquier decisión judicial. Desde esa perspectiva, cuestionó que la resolución recurrida haya dispuesto la actualización del monto decomisado mediante el índice de precios al consumidor (IPC) sin la debida justificación. Señaló que esta elección no se ajusta a la normativa aplicable, carece de motivación suficiente y, en consecuencia, resulta arbitraria. Ello, a su entender, vulnera el derecho de propiedad garantizado en el art. 17 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional (art. 21 CADH y art. 17 DUDH).
Agregó que el “a quo” omitió explicar por qué descartó la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina, y que no brindó argumentos objetivos para preferir una metodología sobre otra, lo cual constituye un vicio de fundamentación que configura arbitrariedad y descalifica al fallo como acto judicial válido. En particular, advirtió que la adopción del IPC implica trasladar criterios propios de la acción civil resarcitoria al decomiso penal, lo que genera un doble efecto punitivo y reparador sobre los mismos hechos, incrementando artificialmente la suma establecida en la condena. En este marco, solicitó la anulación de la resolución impugnada en cuanto a la metodología de actualización utilizada y que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Asimismo, formula reserva del caso federal. Finalmente, peticiona que se haga lugar al recurso de casación interpuesto en favor de José F. López, sin imposición de costas.
La defensa particular de Lázaro Antonio Báez se remitió a lo expuesto en su primer escrito. Sin embargo, también introdujo nuevos aspectos que a su entender deben ser considerados en esta instancia.
Planteó que existen varias incidencias pendientes en las que se discute, por un lado, la falta de jurisdicción del TOF Nº2 para seguir interviniendo en la ejecución de la pena de Báez y, por el otro, la superposición y cuantía de las accesorias dictadas en los distintos expedientes. Indicó que avanzar en la ejecución del decomiso sin atender a estas circunstancias podría generar graves contradicciones jurídicas y resoluciones incompatibles.
Explicó que la causa CFP 5048/2016 fue considerada ilícito precedente de lo juzgado en la causa CFP 3017/2013, lo que genera una ligazón inescindible entre ambos procesos. De acuerdo con lo resuelto, refirió que el mismo “botín” se encuentra involucrado en ambas causas: en la causa CFP 5048/2016 como producto de la administración fraudulenta y en la causa CFP 3017/2013 como el dinero lavado para darle apariencia de legitimidad. Señalan que esto impide jurídicamente un decomiso duplicado, porque el bien en juego es materialmente el mismo.
La defensa resaltó que ya se realizó un juicio de unificación de penas en el TOF Nº 4, con intervención de todas las partes, en el que incluso el propio TOF Nº 2 remitió la cuestión para que se resolviera en esa sede. Indicó que el Tribunal Oral Nº 4 dictó una sentencia unificada que abarca las penas impuestas en ambas causas, incluidas las accesorias como el decomiso. De allí concluyó que el único órgano competente para decidir sobre las accesorias de Báez es actualmente el TOF Nº 4, y que cualquier decisión paralela del TOF Nº 2 resultaría improcedente y contradictoria.
Solicitó que se declare procedente la impugnación, se case la resolución cuestionada dejando sin efecto la metodología de actualización, el monto fijado y las medidas cautelares, y que toda cuestión relativa a las accesorias de la pena unificada sea remitida al TOF Nº 4, único competente para resolverlas. Hizo reserva del caso federal.
Por su parte, la defensa de Collareda señaló que la decisión del “a quo” es nula por violar el debido proceso y la defensa en juicio, ya que carece de fundamentación válida. Adhirió a los argumentos expuestos por la defensa de Fernández de Kirchner, pero agregó fundamentos propios.
Sostuvo que el “a quo” convirtió en definitiva una suma que la sentencia había calificado como provisoria, sin dar intervención real a las partes. Afirmó que no explicó por qué tomó ese monto como base ni por qué eligió el IPC frente a otros métodos propuestos por peritos oficiales, de la fiscalía y de la defensa, que arrojaban resultados muy distintos.
Manifestó que la ausencia de razones impide a las defensas refutar el criterio adoptado y agravia a Collareda porque se aplicó el método más gravoso sin justificación. Argumentó que, aunque se notificó a las partes al encomendar la pericia, luego no se habilitó un debate contradictorio sobre los informes presentados. También cuestionó la cita del precedente Fallos 291:534, por ser desacertada y descontextualizada.
Sostuvo que la resolución del “a quo” del 15 de julio de 2025 es arbitraria por carecer de fundamentos válidos. Alego que los jueces adoptaron la metodología propuesta por la perito oficial sin explicar por qué descartaban los restantes criterios presentados por los peritos del Ministerio Público Fiscal y por la defensa de Fernández de Kirchner. En tal sentido, refirió que incumplieron con el mandato de motivación del art. 123 CPPN y con las reglas de la sana crítica.
Indicó que la decisión no explica por qué el monto fijado en la sentencia condenatoria se tomó como punto de partida definitivo ni por qué se aplicó el IPC como índice de actualización. Para la defensa, la resolución evidencia un razonamiento voluntarista antes que una derivación razonada del derecho vigente, en contradicción incluso con precedentes recientes en los que los mismos jueces habían utilizado la tasa activa del Banco Nación en lugar del IPC. Afirmó que esa inconsistencia, sin fundamentación del cambio de criterio, refuerza la arbitrariedad.
En la presentación también se cuestiona el accionar del “a quo” en la resolución del 14 de agosto de 2025, en la que los magistrados, tras conceder el recurso de casación, se pronunciaron sobre el fondo del planteo defensivo bajo el pretexto de responder a un planteo de nulidad. Según la parte, el “a quo” se extralimitó en sus atribuciones al “fiscalizar” sus propias decisiones, tarea que corresponde a la Cámara Federal de Casación Penal. En conclusión, la defensa afirmó que la resolución impugnada presenta vicios graves de fundamentación y que en los hechos se privó a las partes de un debate previo y contradictorio sobre los criterios de actualización a aplicar, pese a la existencia de alternativas técnicas distintas. Subrayó que al no haberse respetado esas formas sustanciales, el fallo vulnera el debido proceso y la defensa en juicio, por lo que solicitó su revocación y la emisión de un nuevo pronunciamiento. Hizo reserva del caso federal.
El señor Fiscal General ante esta instancia solicitó que se rechazaran los recursos de casación de la defensa de Cristina E. Fernández de Kirchner y las adhesiones de las defensas, y que se confirmen las resoluciones impugnadas.
Respecto de la decisión del 15 de julio de 2025, rebatió el planteo de nulidad por violación de defensa en juicio y propiedad al sostener que el decomiso no es una pena ni una medida de seguridad, sino una consecuencia jurídica autónoma (art. 23 CP) orientada a suprimir ventajas patrimoniales ilícitas. Afirmó que la sentencia condenatoria incluyó y motivó el decomiso, su monto y su método de actualización; y que la mención de “provisoriedad” sólo aludía a la futura reactualización por el paso del tiempo, no a la revisabilidad de la base o del índice fijados. A ello aunó que ese aspecto quedó firme y con autoridad de cosa juzgada tras la intervención de esta Sala IV y la CSJN, de modo que los intentos de reabrir el debate son extemporáneos.
En cuanto a la tacha de arbitrariedad y a la crítica del uso del IPC, sostuvo que el “a quo” brindó fundamentos suficientes al sopesar el peso técnico e imparcialidad del peritaje oficial; la uniformidad con el índice ya usado en la sentencia para favorecer la comparabilidad; y las deficiencias del informe del perito de la defensa. Concluyó que no hay vicio lógico ni falta de motivación y que la decisión es una derivación razonada del derecho y las constancias de la causa.
Frente a la alegada violación del principio de igualdad, el fiscal señaló que los precedentes invocados por las defensas no son equiparables y que, además, la actualización por IPC ya había sido fijada en la sentencia firme. Por ello, refirió que ese agravio debió articularse al recurrir la condena y no puede reeditarse ahora. Respecto de las adhesiones de Báez, López y Collareda, sostuvo que la adhesión no habilita introducir agravios nuevos fuera del marco abierto por el recurso principal y que lo adicional es extemporáneo.
Postuló su rechazo a la nulidad por el trámite del primer recurso. Recordó el criterio restrictivo en materia de nulidades y la necesidad de comprobación de un perjuicio irreparable, lo que a su entender aquí no se verifica. Además, señaló que el tratamiento fue unificado en casación, tornando abstracto el agravio.
Finalmente, descartó el pedido de efecto suspensivo. Explicó que, al estar la sentencia firme, la causa se encuentra en ejecución y rigen las normas del Libro Quinto del CPPN y la Ley 24.660. Destacó que el art. 491 CPPN prevé que el recurso no suspende salvo decisión del tribunal lo que es facultativo y excepcional. Por tanto, afirmó que no son aplicables el art. 442 CPPN ni el art. 375 CPPF invocados por la defensa.
Así quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. He sostenido con insistencia -y originalmente en soledad-, que el control judicial amplio y eficiente resulta ineludible a la luz de la ley vigente, y además un factor altamente positivo para el logro de los fines que procuran las normas de ejecución de las penas (cfr.: de esta Sala IV, causa Nro. 699, "MIANI, Cristian Fabián s/recurso de casación", Reg. Nro. 992, rta. el 4/11/97; causa Nro. 691, "MIGUEL, Eduardo Jorge s/recurso de casación", Reg. Nro. 984; causa Nro. 742, "FUENTES, Juan Carlos s/recurso de casación", Reg. Nro. 1136, rta. el 26/2/98; causa Nro. 1367, "QUISPE RAMÍREZ, Inocencio s/recurso de casación", Reg. Nro. 1897, rta. el 18/6/99; entre muchas otras). Criterio que con posterioridad fue adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "ROMERO CACHARANE, Hugo Alberto s/ejecución" (Fallos 327:388, rta. el 9/3/04). Ese criterio fue con posterioridad avalado y adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ejecución” (Fallos 327:388, rta. el 9/3/04). Estas consideraciones resultan plenamente trasladables al caso de autos, donde la defensa cuestiona la actualización del monto del decomiso dispuesto en la sentencia firme, alegando arbitrariedad en el procedimiento seguido. Se trata, en definitiva, de asegurar el control judicial de las decisiones adoptadas en el marco de la ejecución de la pena.
Consecuentemente, corresponde declarar admisibles los recursos interpuestos.
II. En primer término corresponde efectuar una breve reseña del derrotero del presente incidente antes de ingresar en el fondo de la cuestión traída a estudio con el objeto de otorgar una mayor claridad al análisis.
El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja presentada por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner y, en consecuencia, adquirió firmeza la condena impuesta a la pena de seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (cfr. legajo CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85).
En ese mismo pronunciamiento -específicamente en el punto XI- también se dispuso el decomiso de los efectos del delito. Este se fijó en la suma de $84.835.227.378,04, monto que debía ser actualizado mediante la intervención de organismos técnicos al momento de adquirir firmeza la sentencia. Además, se estableció que el resultado de esa actualización debía ser depositado dentro de los diez días hábiles contados desde la ejecutabilidad de la decisión, conforme lo previsto por el Código Penal y por las convenciones internacionales en materia de corrupción. Posteriormente, una vez firme la sentencia, se inició su ejecución conforme al art. 375 del Código Procesal Penal Federal. En lo relativo al decomiso, mediante decreto del 12 de junio se ordenó proceder a la actualización del monto indicado. Para ello se dio intervención al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 10 de julio presentó el informe técnico requerido, suscripto además por los peritos de parte designados por el Ministerio Público Fiscal. Por su parte, al día siguiente, el perito Gaincerain, a propuesta de la defensa de Fernández de Kirchner presentó un dictamen alternativo.
Finalmente, el 15 de julio de 2025, el “a quo”
resolvió adoptar la metodología de actualización propuesta en el informe conjunto de los peritos oficiales y fiscales. En consecuencia, intimó a las personas condenadas a abonar la suma actualizada de $684.990.350.139,86 en el plazo de diez días hábiles desde la notificación, bajo apercibimiento de ejecución sobre los bienes afectados a ese fin. La decisión se fundó en las disposiciones del Código Penal, las convenciones internacionales contra la corrupción y las normas procesales aplicables (arts. 23 y 31 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y arts. 501 mutatis mutandi y 522 del Código Procesal Penal de la Nación).
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, impugnó dicha decisión. El planteo se dirigió específicamente contra la decisión de actualizar el monto del decomiso fijado en la sentencia condenatoria - establecido en la suma de $684.990.350.139,86-, por entender que dicha cifra era el resultado de un procedimiento contrario a la ley vigente.
En lo sustancial sostuvo que el tribunal transformó en definitiva una estimación que había sido expresamente calificada como provisoria, lo que privó a las partes de la posibilidad de debatir y cuestionar su actualización, vulnerando así el derecho de defensa, la garantía del juez natural y el derecho de propiedad. También alegó que la resolución carecía de fundamentación adecuada, pues no brindaba razones sobre la elección de un método específico de actualización en detrimento de otras alternativas técnicas disponibles. Finalmente, señaló que la decisión impugnada se apartaba del criterio que el propio tribunal había sostenido en casos análogos, configurando un trato desigual y arbitrario hacia su defendida.
En fecha 14 de agosto de 2025 el “a quo” rechazó “in limine” los planteos de nulidad formulados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra la resolución que actualizó el monto del decomiso fijado en la sentencia. En lo sustancial, consideró que la cifra ya había sido establecida en un fallo firme y que su actualización fue realizada conforme a pautas técnicas previamente dispuestas. También se desestimó la alegación de falta de fundamentación y trato desigual, señalando que el método aplicado fue debidamente justificado y no resultó arbitrario. Además, se concedió el recurso de casación, sin efecto suspensivo, para su tratamiento por esta Cámara Federal de Casación Federal.
Contra dicho pronunciamiento la defensa también postuló recurso de casación.
III. En primer lugar, corresponde rechazar la premisa de la defensa según la cual el tribunal de juicio habría “reconvertido” el recurso de casación interpuesto primigeniamente en un planteo de nulidad. Se advierte que lo que hizo el “a quo” fue dar respuesta, en ejercicio de su propia competencia, a los planteos de nulidad que el recurrente introdujo expresamente en el escrito de interposición. Es decir, no se trató de una reinterpretación oficiosa ni de una modificación arbitraria del objeto recursivo, sino de un examen puntual de una vía procesal autónoma que la propia parte articuló.
En efecto, el recurso deducido por la defensa contenía dos planos diferenciados. Por un lado, un pedido de declaración de nulidad de la resolución del 15 de julio de 2025 y, por el otro, la impugnación casatoria de ese mismo pronunciamiento. Ante esa realidad, el “a quo” tenía que pronunciarse sobre la nulidad en la medida en que esta, de ser acogida, habría tornado abstracta cualquier otra consideración. Ello se corresponde con la regla procesal de economía procesal y mejor administración de justicia. Por otra parte, lejos de invadir competencias de este tribunal de Alzada, la decisión del “a quo” respetó el marco normativo de los arts. 463 y 464 del CPPN. Rechazada “in limine” la nulidad, el tribunal cumplió adecuadamente el trámite que le incumbía al evaluar la admisibilidad formal del recurso de casación y concederlo, analizando el estándar de interpretación generado en el precedente “Casal”, en particular con relación a las garantías de la doble instancia y el debido proceso y el deber de entenderlas en el sentido más amplio (art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14.2.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).
En suma, no existe contradicción alguna en que el “a quo” haya descartado las nulidades y, acto seguido, concedido el recurso de casación. La primera decisión respondió a una cuestión de carácter procesal que precisaba -en este particular caso- de inmediata respuesta, mientras que la segunda obedeció al deber de habilitar la instancia superior cuando se encontraban satisfechos los requisitos formales del remedio intentado.
Sin perjuicio de lo ya desarrollado, corresponde destacar que el planteo de la defensa en torno a un supuesto exceso jurisdiccional del “a quo” resulta insustancial. En efecto, el reproche se funda en la afirmación de que el tribunal de juicio habría avanzado más allá del objeto recursivo al tratar los planteos de nulidad como una cuestión autónoma. Esa crítica, no obstante, pierde toda relevancia práctica en tanto el recurso de casación fue efectivamente concedido y se encuentra ahora bajo análisis de esta Alzada, que cuenta con plena jurisdicción para revisar tanto los aspectos sustantivos como los procesales involucrados en el fallo impugnado. En ese contexto, la intervención previa del tribunal de juicio, lejos de constituir un exceso, no clausuró ni restringió el control jurisdiccional posterior. Por el contrario, la habilitación de esta instancia asegura que la parte recurrente pueda obtener una respuesta integral sobre todos los agravios deducidos, lo que torna inoficioso cualquier cuestionamiento residual sobre la actuación del “a quo”.
IV. 1. Sentado cuanto precede, cabe destacar que no es cierto que el “a quo” haya transformado en definitiva una estimación expresamente calificada como provisoria, privando con ello a las partes de la posibilidad de debatir y cuestionar su actualización, en desmedro de las garantías de defensa en juicio, juez natural y propiedad.
Por el contrario, la cuestión fue tratada fundadamente tanto en la sentencia condenatoria como al ser revisada en esta instancia (reg. 1373.24.4), donde se explicó con precisión que el monto fijado en concepto de decomiso constituía una determinación concreta y definitiva de los efectos del delito. La referencia a su ulterior actualización se vinculó únicamente a la necesidad de resguardar el valor real del monto dinerario frente al transcurso del tiempo y las variables económicas, y no a la apertura de un nuevo debate sobre la procedencia ni el alcance de la medida.
En efecto, en autos ya se ha explicado con claridad que el monto fijado en concepto de decomiso - $84.835.227.378,04- constituía una determinación concreta y definitiva de los efectos del delito, en los términos del art. 23 del Código Penal. La referencia a la “provisoriedad” utilizada en los fundamentos no implica que la cifra fuese ilustrativa o revisable, sino que obedece al hecho, más aun teniendo en cuenta lo complejo del presente proceso, de que resultaría necesaria una actualización al momento en que la sentencia alcanzara firmeza, con el objeto de preservar el valor real de lo dispuesto frente al paso del tiempo y a las variaciones económicas.
Con ese fin, en autos se ha detallado que la metodología seguida para arribar al monto indicado, explicando que se habían tomado como base la totalidad de la colusión en los procesos licitatorios y los sobreprecios verificados -cómo hipótesis de mínima- en tres expedientes puntuales. La suma así obtenida fue calculada sobre la base de informes periciales, documentación administrativa y otros elementos de prueba incorporados al debate. La previsión de una actualización posterior se vinculaba exclusivamente a la necesidad de contar, al momento de la ejecución de la sentencia condenatoria, con la intervención de organismos técnicos especializados que, sobre la base de índices oficiales y académicos, determinaran la cifra ajustada a la realidad económica vigente en esa instancia. En este sentido, el “a quo” ha aclarado en su resolución de fecha 14 de agosto de 2025 que de ningún modo se trataba de un cálculo “meramente ilustrativo” o “abierto”, como sostuvo la defensa, sino de una decisión con carácter definitivo que ya integraba el fallo condenatorio que ha adquirido carácter de firmeza por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Precisaron que esa conclusión se desprendía también de la conducta procesal de las partes ya que tanto las defensas como el Ministerio Público Fiscal tuvieron oportunidad fehaciente de formular sus planteos y las reservas puntuales que entendieran corresponder contra el monto fijado en concepto de decomiso, lo que demuestra que todos entendieron que se trataba de una decisión final y susceptible de impugnación.
Cabe recordar que el decomiso es accesorio a una pena principal, que constituye un efecto de la sentencia condenatoria cuando se configuran aquellas condiciones legalmente previstas y que, por encontrarse dispuesto en la parte general del Código Penal, resulta aplicable de manera obligatoria a todos los delitos previstos en dicho cuerpo normativo y en las leyes especiales -a menos que éstas dispongan lo contrario- (cfr. mi voto en causa FCB 32022134/2011/TO1/2/CFC1, “Córdoba, Eldo Damián y otros s/recurso de casación”, reg. N°849/17.4, rta. el 3/7/17, de esta Sala IV de la C.F.C.P.; entre varias otras).
Se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito (Cfr. mi voto en causa “Collahua Romucho, Luis Antonio y otro s/recurso de casación”, reg. N°2130/19.4, rta. el 23/10/19, de esta Sala IV de la C.F.C.P).
También se encuentra dirigido a reparar el equilibrio quebrado y a restituir a la comunidad lo indebidamente detraído (cfr. en este sentido mis votos en causas de la Sala IV: nº 4787 “Alsogaray, María Julia.”. Reg. 6674.4. Rta. 9/05/2005 -en el que se cita de manera primaria sobre el punto el art. 36 de la C.N.- y CFP 2160/2009/37/CFC3, “Vázquez, Manuel y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 512/16, rta. el 29/04/2016, y en lo pertinente causa “Beraja, Rubén Ezra s/recurso de casación” reg. Nº 1255/20, rta. el 31 de julio de 2020, entre otros; y Acordada CSJN 2/18).
En tal medida el decomiso sólo puede adoptarse sobre bases objetivas y precisas, circunstancia que por sí misma descarta cualquier interpretación de carácter meramente orientativo o provisional como señala la defensa. De este modo, el “a quo” rechazó fundadamente los planteos expresamente esbozados por la defensa. Es que, se advierte que la cuestión relativa al “quantum” inicial del decomiso ha quedado definitivamente zanjado y excede el objeto del auto recurrido ya que se dirige contra un aspecto de la condena que ya ha adquirido firmeza. En lo que respecta a la revisión de este aspecto en esta sede, cabe recordar que la Sala IV de esta Cámara Federal de Casación Penal ya se pronunció de manera concluyente (reg. 1373.24.4). En mi voto, destaqué que la decisión del tribunal oral había incurrido en falencias analíticas al descartar ciertos conceptos que, sin embargo, resultaban perfectamente cuantificables. Señalé en particular que, si bien se consideraron los rubros vinculados a la colusión en las licitaciones y a los sobreprecios detectados en tres expedientes, se omitió computar el impacto derivado de las modificaciones de obra y las redeterminaciones de precios, que alcanzaban un porcentaje elevadísimo de los contratos adjudicados (82,4%) y representaban un mayor gasto para el Estado de $1.579.502.297,87.
Remarqué entonces que el propio tribunal de juicio había reconocido la existencia y magnitud de ese perjuicio concreto, y que resultaba arbitrario excluirlo de la cuantificación final. Esa contradicción -entre afirmar la imposibilidad de mensurar el daño y, al mismo tiempo, consignar un monto específico del “mayor gasto”- fue también señalada por el Ministerio Público Fiscal. Por ello, propuse acoger parcialmente la impugnación fiscal y disponer un incremento del decomiso en la suma antes indicada, monto que debía ser objeto de la correspondiente actualización por el “a quo”.
Del mismo modo, destaqué expresamente que los planteos defensivos que pretendían cuestionar el monto de decomiso fijado en la sentencia no podían prosperar. En efecto, entendí que tales objeciones carecían de sustento jurídico y fáctico, pues el “quantum” había sido definido con base en prueba concreta, en aplicación directa del art. 23 del Código Penal y en armonía con la ley 20.785, el art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Acordada 2/18 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De tal suerte, quedó claramente establecido que el decomiso resultaba procedente en su extensión y fundamento, y que lo único pendiente era la mera adecuación de su valor nominal a las variaciones económicas.
Por mayoría, los jueces intervinientes, entendieron que el monto establecido por el “a quo” resultaba adecuado y lo dejaron sujeto al mecanismo de actualización oportunamente previsto.
Se destacó en el fallo, en lo sustancial, que la actualización resultaba indispensable para mantener la eficacia de la condena frente al eventual envilecimiento de la moneda, que no se advertía arbitrariedad en el proceder del tribunal oral y también destacaron que el decomiso fijado debía actualizarse al momento de su ejecución definitiva.
Así, la cuestión relativa al monto del decomiso y a su actualización también ya fue objeto de un análisis exhaustivo por este tribunal. De hecho, mi propia posición fue más rigurosa que la finalmente adoptada, en tanto propicié la inclusión de un monto superior al que se consolidó. No obstante, prevaleció la mayoría que confirmó el criterio del “a quo”.
En consecuencia, no puede sostenerse que los pronunciamientos recurridos hayan introducido una novedad o alterado la decisión ya firme sobre el “quantum” del decomiso. Lo único que se ha dispuesto en esta oportunidad fue la ejecución de la sentencia conforme a lo previsto, es decir, la adecuación del monto establecido a las variables económicas actuales, a través de la metodología técnica correspondiente.
Cabe destacar que la resolución recurrida se dictó en el marco de la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria, una vez adquirida su firmeza por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de junio de 2025. En tal carácter, la intervención del tribunal oral se encuentra prevista en los arts. 490 y 491 del CPPN, que expresamente regulan la ejecución de las sentencias firmes -en este caso el aspecto patrimonial de la sentencia- y facultan al órgano a cargo de la ejecución a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la condena. Desconocer ello equivaldría a ignorar que, una vez firme la condena, el debate sobre la procedencia y extensión del decomiso queda clausurado, y solo resta su ejecución conforme a la normativa procesal aplicable. En esa línea, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resaltado de manera reiterada el valor del principio de cosa juzgada (cfr. de CSJN Fallos: 224:657; 250:435; 252:370; 340:251) y de preclusión -que impide realizar nuevos planteos sobre cuestiones ya decididas en forma expresa o implícita- (cfr. Fallos: 296:643; 305:774; 320:1670) como forma de garantizar la estabilidad y seguridad jurídica (cfr. CSJN Fallos: 319:2527; 341:774). Tales consideraciones resultan plenamente trasladables al caso de autos, en el que la defensa pretende cuestionar nuevamente un aspecto de la condena que ya fue objeto de amplio debate y resolución en todas las instancias.
Sentado que el decomiso se encuentra firme y que la actividad aquí cuestionada se inserta en la etapa de ejecución, corresponde despejar los demás agravios procesales introducidos por la defensa.
En cuanto al agravio por la falta de efecto suspensivo del recurso, corresponde recordar que la regla general en la etapa de ejecución es la de continuidad del trámite, sin que el recurso concedido obste a la prosecución de las medidas ordenadas (art. 491 CPPN). El sistema procesal distingue entre la impugnación de la sentencia de condena, que se concede con efecto suspensivo, y los incidentes de ejecución, donde prima la inmediatez en el cumplimiento de lo decidido.
La defensa sostiene que la actualización del decomiso constituiría una nueva determinación del monto de la sanción y, por ende, integraría la sentencia definitiva. Sin embargo, tal premisa es errónea en tanto el “quantum” ya fue fijado en la sentencia firme, y lo que se ordenó en esta oportunidad fue únicamente su adecuación al contexto económico mediante índices técnicos.
Se trata, entonces, de la ejecución de un pronunciamiento firme. Admitir el efecto suspensivo en este estadio importaría paralizar la efectividad de la condena y frustrar su finalidad reparatoria, en abierta contradicción con los fines del Derecho y de la Pena y compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de recupero de activos. Por lo tanto, resultó acertada la decisión del “a quo” de conceder el recurso sin efecto suspensivo.
Por lo demás, tampoco resulta atendible el agravio vinculado a la distinta integración del tribunal en las resoluciones dictadas en el marco de la ejecución. El planteo defensivo pretende sostener que, por haber intervenido en algunos supuestos el tribunal en pleno y en otros un juez unipersonal de ejecución, no nos encontraríamos en la etapa de ejecución sino ante decisiones que integrarían la sentencia definitiva. Tal conclusión es incorrecta.
La modalidad de intervención colegiada o unipersonal responde a previsiones normativas específicas (arts. 490 y 491 CPPN; art. 72 bis de la ley 24.121; ley 24.660), que distinguen entre cuestiones de índole patrimonial, asignadas al tribunal colegiado, y cuestiones vinculadas a la ejecución de la pena privativa de libertad, a cargo del juez de ejecución.
Esa diferencia funcional no altera el estadio procesal en que se encuentra la causa, que es inequívocamente el de ejecución, una vez agotada la vía recursiva respecto de la sentencia condenatoria pues la sentencia que impuso pena y decomiso fue revisada por esta Sala IV en ejercicio pleno de su competencia, y posteriormente quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que se encuentra en discusión ahora no es la validez de la condena ni de sus efectos principales, sino un acto de ejecución material de un aspecto firme de aquélla.
En consecuencia, el argumento de la defensa no conmueve la regularidad del trámite ni justifica la suspensión pretendida.
En conclusión, todos los agravios procesales introducidos por la defensa relativos a la supuesta provisoriedad del decomiso, a la falta de efecto suspensivo del recurso, a la distinta integración del órgano en la etapa de ejecución, carecen de sustento. La condena se encuentra firme en cuanto al “quantum” del decomiso, y las decisiones posteriores se limitaron a su ejecución mediante la actualización prevista. El “a quo” actuó dentro de sus facultades legales, garantizando la regularidad del trámite y la continuidad de la ejecución, sin que se advierta violación alguna de las garantías constitucionales invocadas por la parte.
2. Tampoco puede prosperar el cuestionamiento que la defensa formula contra los fundamentos de la resolución que dispuso la actualización del monto del decomiso a los que consideró de arbitrarios.
Al contrario de lo que se alega, el auto impugnado contiene una motivación suficiente y clara respecto de la metodología adoptada, de modo que no se verifica el vicio de nulidad que se postula.
En efecto, el tribunal explicó que siguió la metodología de reexpresión monetaria sugerida por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello no fue realizado de manera automática, sino porque concurrían múltiples razones que avalaban esa elección.
En primer término, se tuvo en consideración que la condición de auxiliares de justicia de los peritos oficiales asegura su independencia e imparcialidad, características que los colocan ajenos a la situación de las partes (Fallos: 291:534). El Cuerpo integra el Poder Judicial de la Nación conforme lo prevé el art. 52 del decreto-ley 1285/58 y su informe no es sólo el de un simple experto, sino que conforma el asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales (cfr. en lo análogo y coherente Fallos: 299:265).
A ello se suma la solidez técnica del dictamen de la perito contadora, Dra. María Cecilia Faraci, fundado en normas profesionales pertinentes y en resoluciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.
No menos cierto y relevante resulta que la metodología empleada mantuvo la pauta que ya había sido utilizada en la sentencia condenatoria firme para la primera reexpresión monetaria, lo cual asegura uniformidad y comparabilidad, y evita cuestionamientos de discrecionalidad.
Asimismo, las profesionales que intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, Dra. Gloria R. Acevedo Villalba y Dra. Valeria Arias, suscribieron y respaldaron este método como opción adecuada, tanto en el informe conjunto como en el individual lo que aporta mayor solidez a la actualización realizada.
Por el contrario, el informe del perito de parte aportado por la señora Cristina Fernández de Kirchner, si bien fue tenido en cuenta por el “a quo”, finalmente no fue el criterio admitido; ya que incumplió el mandato expreso del tribunal de fecha 12 de junio de 2025. En efecto, calculó la actualización sobre un valor distinto al fijado en la sentencia definitivo, lo que implicó desconocer su carácter firme y pasado en autoridad de cosa juzgada. Esa falencia metodológica, sumada a la ausencia de un sustento técnico suficiente -limitado a citas de fallos en los que el propio experto había intervenido y a su opinión personal en defensa de los propios intereses de la parte involucrada-, impide conferirle la entidad que postula la parte. La invocación de tales precedentes no logra desvirtuar la solidez y objetividad del dictamen oficial. Finalmente, cabe rechazar la asimilación que la defensa pretende atribuirle a los peritos oficiales y de parte. Como ha sido señalado “ut supra” mientras que los primeros se encuentran sujetos a garantías de objetividad, independencia y al régimen de recusación previsto en el código ritual (art. 63 del CPPN), los segundos ejercen su labor en función de los intereses de quien los propone y, por definición, carecen de aquella exigencia de imparcialidad.
La resolución recurrida expuso de manera expresa y suficiente las razones que condujeron a optar por el informe oficial y desestimar el particular, en línea con lo resuelto en la sentencia firme y con la manda judicial que la ejecuta. Lo que se advierte, entonces, no es un déficit de fundamentación, sino el desacuerdo de la parte con una decisión debidamente fundada y adoptada conforme a los lineamientos legales.
En síntesis, la resolución recurrida se encuentra debidamente motivada y explica con suficiencia las razones por las cuales adoptó la metodología de actualización propuesta por el cuerpo pericial oficial, descartando de manera fundada las alternativas ofrecidas por los peritos de parte. No se advierte, entonces, la arbitrariedad denunciada, sino una decisión razonada que se apoya en informes técnicos independientes y en la uniformidad con el criterio ya empleado en la sentencia firme.
3. Por último, también corresponde rechazar el agravio de la defensa relativo a una supuesta violación del principio de igualdad ante la ley en perjuicio de Cristina Fernández de Kirchner. El planteo parte de una premisa errónea: pretende asimilar la metodología de actualización aplicada en el presente caso con la utilizada en incidentes de naturaleza diversa, lo que conduce a conclusiones equívocas acerca de un trato desigual.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la igualdad ante la ley que la Constitución ampara comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones, lo que implica, sin duda, el reconocimiento de un ámbito posible de discriminaciones razonables por el legislador (Fallos: 318:1256 y 327:5118). Así, la garantía de la igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias.
Teniendo en cuenta ello, se advierte que los precedentes citados por la parte refieren a supuestos procesales claramente distintos. En las causas n° 17335/2007/TO1/2 y 9096/2017/TO1/5 se trataba de la sustitución de medidas cautelares, en las que la necesidad de reexpresar un embargo preventivo se resolvió sobre la base de la conformidad entre las partes y mediante un criterio objetivo y fácilmente aplicable -la tasa activa del Banco de la Nación Argentina-, sin controversia alguna que requiriera un análisis técnico más profundo. En tales contextos, el tribunal se limitó a verificar la razonabilidad de la propuesta, sin inmiscuirse en la determinación técnica de índices ni en debates contradictorios sobre su corrección.
Algo similar ocurrió en la causa n° 3683/2022/TO1, donde se trataba de la fijación de una reparación económica integral en favor de una víctima de trata de personas. Allí, además de la ausencia de disenso entre las partes, existían guías específicas elaboradas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas que sugerían pautas concretas de actualización. El empleo de la tasa activa en ese contexto respondió, entonces, a la singularidad del caso y a la finalidad de brindar una respuesta adecuada a la situación de la víctima, sin que pueda extraerse de ello una regla general aplicable a toda hipótesis de actualización judicial.
De esta reseña se sigue que las resoluciones invocadas no constituyen precedente sustancialmente análogo ni congruente que obligue al tribunal a replicar idéntico criterio en otro supuesto. Se trató, más bien, de soluciones circunstanciales y específicas, adecuadas a la naturaleza de cada incidencia y a la intervención en el caso de las partes.
Por el contrario, en la presente causa el “a quo”
dio plena intervención a los órganos técnicos y habilitó la participación de peritos de todas las partes, en los términos del art. 258 del CPPN. El método de actualización finalmente adoptado se fundó en un dictamen oficial respaldado por profesionales del Ministerio Público Fiscal, tras un proceso contradictorio en el que la defensa ejerció sin restricciones su derecho a impugnar.
Finalmente, no puede soslayarse que el índice cuestionado ya había sido aplicado en el veredicto del 6 de diciembre de 2022, al practicarse la primera reexpresión monetaria del decomiso (cfr. en Lex100 fs. 1604 de la sentencia condenatoria). Al recurrir en casación contra la sentencia condenatoria -y en particular contra la decisión de decomiso-, la defensa omitió toda objeción sobre la pauta de actualización utilizada. La omisión de plantear entonces esa crítica torna extemporáneo el reproche actual, lo que refuerza, además, la improcedencia de la nulidad solicitada.
V. Conforme a lo desarrollado en el presente voto, se advierte también que los planteos desarrollados en las adhesiones ya han sido debidamente respondidos al abordar los agravios introducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
Sin perjuicio de lo expuesto, en lo que respecta al argumento de la defensa particular de Lázaro Antonio Báez según el cual la competencia para fijar el monto definitivo del decomiso correspondería al Tribunal Oral Federal Nº 4, en razón de haber dictado la pena única en el juicio de unificación, cabe -en función de lo estipulado en el art. 439 del CPPF- introducir algunas precisiones. Es cierto que, conforme a lo dispuesto por el art. 58 del Código Penal, corresponde al tribunal que impone la pena mayor fijar la pena única. Sin embargo, de allí no se sigue necesariamente que ese mismo tribunal absorba todas las cuestiones atinentes al decomiso. Ello así porque el decomiso no constituye una pena principal a ser unificada, sino una consecuencia patrimonial autónoma prevista en el art. 23 del Código Penal, vinculada directamente al producto, provecho o instrumento del delito enjuiciado en cada proceso (cfr. en lo pertinente mis votos en causas “Córdoba, Eldo Damián y otros s/recurso de casación”; “Collahua Romucho, Luis Antonio y otro s/recurso de casación”; “Alsogaray, María Julia s/recurso de casación”; “Vázquez, Manuel y otros s/ recurso de casación” y “Beraja, Rubén Ezra s/recurso de casación” ya citadas; entre otros).
En este sentido, cada tribunal conserva competencia natural para pronunciarse sobre el decomiso derivado de los hechos que juzgó, sin que la unificación de penas implique la pérdida de esa potestad. Lo contrario conduciría a la consecuencia disfuncional de que un tribunal distinto al que dictó la condena asuma la definición de consecuencias patrimoniales que se desprenden de los hechos juzgados. La determinación del decomiso, en cuanto accesoria vinculada directamente al delito acreditado, es potestad propia del tribunal de la sentencia y no se ve desplazada por la unificación de penas. Lo que sí resulta cierto es que la coexistencia de condenas en las que exista algún tipo de vinculación debe asegurarse un esfuerzo de coordinación entre los tribunales intervinientes. Ello implica atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de evitar duplicaciones indebidas o montos irrazonables, pero no autoriza a negar de plano la competencia del tribunal que dictó la sentencia condenatoria para actualizar y ejecutar el decomiso que de ella deriva.
En definitiva, la unificación de penas en cabeza del TOF Nº 4 no desplaza la atribución del TOF Nº 2 para fijar el monto del decomiso correspondiente a los hechos de la presente causa CFP 5048/2016/TO01. Antes bien, ambos institutos responden a lógicas distintas: mientras la unificación busca consolidar en una sola las penas privativas de libertad y las accesorias legales de carácter general, el decomiso se enlaza de manera directa con el resultado económico del delito específico, que es evaluado primeramente por el tribunal que lo juzgó.
Además, esta interpretación no es contraria a la letra de la norma. Ello así, porque el art. 58 del Código Penal se limita a establecer que el tribunal que impone la pena más grave es quien debe proceder a la unificación de las penas y de las accesorias legales. Ninguna disposición normativa extiende esa competencia al decomiso, instituto regulado en el art. 23 del Código Penal, que expresamente dispone que en los casos de condena debe resolverse la pérdida de los bienes que constituyan el producto, instrumento o provecho del delito. En consecuencia, la atribución para disponerlo corresponde naturalmente al tribunal que dictó la sentencia sobre ese hecho.
VI. En virtud de lo expuesto, corresponde concluir que los agravios introducidos no logran conmover la validez de la medida dispuesta.
El decomiso, en tanto consecuencia legal e imperativa de la condena prevista por el artículo 23 del Código Penal, constituye un instituto de naturaleza sustantiva cuya aplicación no admite condicionamientos discrecionales, y que se proyecta con plena obligatoriedad sobre todos los delitos comprendidos en dicho cuerpo normativo y en las leyes penales especiales, salvo expresa exclusión normativa. La actualización del monto dispuesto en la sentencia condenatoria no comporta, en consecuencia, una ampliación ilegítima de sus alcances, sino una derivación necesaria para garantizar la efectividad de la medida y evitar su frustración frente al paso del tiempo y a los procesos inflacionarios que degradan su poder real de recomposición.
A la luz de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de persecución de la criminalidad organizada y corrupción (art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; art. XV de la Convención Interamericana contra la Corrupción), y en el mismo sentido, la calificación de atentado contra el sistema democrático que hace el art. 36 de nuestra Constitución Nacional -que frente a los delitos de corrupción no está en silencio-, el recupero de activos se erige como una herramienta central de política criminal a los eventuales fines de restauración de la justicia y restablecimiento del equilibrio perdido.
Es que, esta medida también apunta a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos (cfr. mis votos en causas “Córdoba, Eldo Damián”, reg. 849/17.4, rta. 3/7/17; “Estrada González”, reg. 2130/19.4, rta. 23/10/19; “Alsogaray, María Julia”, reg. 6674.4, rta. 9/5/2005; “Vázquez, Manuel”, reg. 512/16, rta. 29/4/2016; “Beraja, Rubén Ezra”, reg. 1255/20, rta. 31/7/2020, entre otras). En particular, en delitos de corrupción como los aquí juzgados, el decomiso cumple una función reparatoria insoslayable, dirigida a restituir el equilibrio social vulnerado y a recuperar para la comunidad los activos indebidamente apropiados (cfr. en lo pertinente mi voto en causa 24907/2014/TO1/CFC3 de la Sala I C.F.C.P., “O., H. L. s/ recurso de casación, Reg. 2123/16.1, rta. 3/11/16, y en lo pertinente mi voto en causas “Deutsch, Gustavo Andrés”, reg. Nº 14842, rta. el 3 de mayo de 2011, Y en causa “Villareal, Raúl Alcides y otros s/recurso de casación” reg. 1773/2015.4, rta. el 21/09/2015; “ de Sala III mi voto en causa “De Vido, Julio Miguel y otro s/recurso de casación”, reg. 2632/20, rta. el 22/12/2020; y de Sala IV “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/recurso de casación” reg. nº 1373/24.4 rta. el 13/11/24 entre otros). La eficacia de dicha finalidad exige que las sumas confiscadas mantengan su valor real, pues de otro modo la medida se tornaría desprovista de eficacia y vacía de contenido, en abierta contradicción con los principios indicados.
Por todo lo expuesto, las resoluciones recurridas resultan fundadas y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento por lo que tampoco han resultado vulneradas las garantías esbozadas por la parte.
Es que las conclusiones a las que se arriba en los fallos constituyen la derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa, y la aplicación del derecho vigente al caso.
VII. En virtud de todo lo expuesto propicio que se rechacen los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner -y sus adhesiones-. Sin costas, en virtud de haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). Téngase presente las reservas del caso federal efectuadas.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner contra el punto II de la providencia de fecha 15 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad mediante la cual, dispuso: “…proceder de conformidad con lo resuelto en el punto XI de la sentencia dictada en autos el 6 de diciembre de 2022 y en tal sentido intímase a las personas condenadas al pago de la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos ($684.990.350.139,86), la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente. Ello, de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines (arts. 23 y 31 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y arts. 501 mutatis mutandi y 522 del Código Procesal Penal de la Nación). Al efecto, líbrese oficio electrónico al Banco de la Nación Argentina para que proceda a la apertura de una cuenta judicial a cuenta y orden de esta sede, con motivo del trámite de este incidente CFP 5048/2016/TO1/39, la que se encontrará a disposición de las personas condenadas para materializar el pago en cuestión” (el destacado obra en el original). Cabe aclarar que la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, representada por los doctores Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, interpuso recurso de casación contra el punto II del reseñado decreto de fecha 15/07/2025 y, paralelamente, por derecho propio y con el patrocinio letrado de los mencionados abogados de confianza, la nombrada contestó la intimación que le fuera cursada.
Como ha sido reseñado en el voto del distinguido colega preopinante, doctor Gustavo M. Hornos, al que me remito por razones de brevedad, mediante su recurso de casación, la asistencia técnica cuestionó la actualización monetaria que el tribunal de grado hizo mediante decisorio del 15/07/2025, de la cifra de decomiso otrora estimada en su pronunciamiento condenatorio dictado en fecha 06/12/2022 –cuyos fundamentos brindó el 09/03/2023- (cfr. punto XI). En lo que aquí respecta, el tribunal de juicio resolvió: “XI.- DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción)” (subrayado original).
Dicho decisorio fue confirmado por este Tribunal el 13/11/2024 (cfr. causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13, “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación”, Reg. nro. 1373/24.4), el que a su vez adquirió firmeza a raíz de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 10/06/2025 (cfr. CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85, “Recurso de hecho deducido por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en la causa Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ incidente de recurso extraordinario”).
La parte impugnante primeramente aclaró que si bien no consentía la manera en que se pretendía llevar adelante el decomiso en sí –actividad procesal que se dirigió a cuestionar mediante la contestación de la intimación que le fue cursada-, articulaba su recurso de casación contra lo resuelto sobre la manera concreta en que se actualizó el monto definido en la sentencia condenatoria.
En su recurso de casación, se agravió de que el a quo tornara definitiva la estimación que había calificado como provisoria; adujo déficit de fundamentación del decisorio en cuanto a los motivos por los que se optó por el índice de precios al consumidor (IPC), como parámetro de actualización –descartando la aplicación de tasas bancarias- y se quejó por la forma en que se prescindió de lo dictaminado por el perito de parte en cuanto a los parámetros económicos para actualizar el valor en cuestión. Invocó violación al principio de igualdad (art. 16 de la C.N.) por cuanto señaló que el sentenciante adoptó otro criterio para casos que entendió análogos; denunció que lo dispuesto resultaría a su criterio confiscatorio; estimó la existencia de una litispendencia de autos con la acción civil que tramita en el fuero federal de esta ciudad -en los caratulados que precisó- y expresó que -como consecuencia de la elección del IPC- se pretendió trasladar indebidamente criterios propios de la reparación. Concluyó que se vulneraron sus derechos de defensa y de propiedad, y las garantías de imparcialidad del juzgador y del juez natural.
En definitiva, solicitó la concesión de su remedio procesal con efecto suspensivo, la suspensión del decomiso hasta tanto resuelva la jurisdicción civil pertinente lo referido a la acción civil, y la anulación del decisorio impugnado.
El recurso de casación contra el punto II del decreto de fecha 15/07/2025 -actualización monetaria del monto a decomisar-, ha sido parcialmente concedido por el a quo y sin efecto suspensivo en fecha 14/08/2025 (cfr. punto II), formándose tras su elevación el incidente CFP 5048/2016/39/2/CFC18. Sin embargo, en dicha resolución el tribunal resolvió rechazar in limine algunos agravios impetrados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, que recondujo como planteos de nulidad (cfr. punto I). Contra este último punto y contra el efecto suspensivo impreso a la concesión del recurso, la asistencia técnica de la nombrada dedujo un nuevo remedio casatorio, el que ha sido concedido -otra vez sin efecto suspensivo- mediante resolución de fecha 25/08/2025, formándose con posterioridad el incidente CFP 5048/2016/39/2/CFC19. A su vez, mediante decreto de fecha 14/08/2025 paralelamente corrió vista al Ministerio Público Fiscal, respecto al planteo de incompetencia entablado por Cristina Fernández de Kirchner -con el patrocinio letrado de sus defensores-.
El defensor particular de Lázaro Antonio Báez, doctor Juan Martín Villanueva, adhirió al recurso de casación bajo examen. En particular, arguyó que mediante el decreto en cuestión, el tribunal de grado varió la naturaleza de la determinación del valor actualizable -que en la sentencia condenatoria tildó de provisorio y ahora de definitivo, impidiéndole cuestionar la integralidad de la actualización así efectuada-. Asimismo, se agravió por la falta de fundamentación que, a su criterio, tendría el decisorio impugnado en tanto no explicitó las razones por las que se escogió el método de actualización puntualmente adoptado, a la par que adujo que dicho temperamento sería contrario al seguido por el mismo sentenciante en casos análogos.
En el mismo sentido, el señor Defensor Público Oficial ante esta instancia, doctor Ignacio F. Tedesco, en representación de José Francisco López, también adhirió al recurso de casación impetrado. Sucintamente, adujo que el método propuesto por las peritos oficiales que siguiera el a quo, resultaría arbitrario y postuló la invalidez de la decisión, en tanto la utilización de dicho índice (IPC) supondría trasladar criterios propios de la acción civil de reparación al decomiso penal. Agregó que el tribunal oral utilizó otro indicador –tasa activa BNA- para casos que estimó análogos, lo que evidenciaría la vulneración al principio de igualdad (art. 16 C.N.). Destacó la diferencia que arrojaría uno y otro método de cálculo, lo que demostraría la necesidad de fundar la elección del más gravoso y que, por no haberse cumplido a su criterio en el caso, fulminaría de nulidad el decisorio impugnado. Asimismo, la doctora Daniela Villalón, Defensora Pública Coadyuvante en representación de Mauricio Collareda, también formuló adhesión al recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
Por otro lado, como se adelantó, del estudio de las constancias disponibles a través del Sistema Informático de Gestión Judicial (Lex-100) surge que, contra la providencia de fecha 15/07/2025 (cuestionada mediante el recurso de casación en estudio) Cristina Fernández de Kirchner paralelamente se opuso a la intimación al pago que el tribunal de ejecución le cursó -por las diversas razones que allí expresó-, solicitó la suspensión de la ejecución del decomiso de sus bienes y planteó la incompetencia del tribunal a quo, al que pidió que se inhiba de entender y remita el presente legajo al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 2 de esta ciudad a sus efectos.
La nombrada adujo en su presentación, la imposibilidad de llevar a cabo el decomiso sobre sus bienes en los términos precisados en el decreto aludido de fecha 15/07/2025, por cuanto expresó que no posee en su patrimonio "…cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables".
Cristina Fernández de Kirchner aseguró que, al ser intimada en los términos precisados, el tribunal de ejecución realizó una aplicación analógica prohibida de la ley penal, al pretender prescindir de las exigencias legales previstas por el artículo 23 del Código Penal. En este sentido, expresó que: “[l]a intimación cursada por el Tribunal encierra una clara confusión entre dos institutos legales diferentes: el decomiso y la reparación de perjuicios, reglamentados en los arts. 23 y 29 del Código Penal, respectivamente”. Denunció una aplicación extensiva e in malam partem de consecuencias propias de la reparación civil y, al respecto, recordó que el propio tribunal de grado se declaró incompetente para entender en la acción civil otrora incoada por la Dirección Nacional de Vialidad y que la cuestión ha sido definitivamente resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puntualizó que el 06/12/2022, Máximo Tribunal resolvió la competencia del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 2 de esta ciudad, para entender al respecto. Por ello, esgrimió violación al principio de legalidad, al derecho de defensa en juicio y al principio ne bis in idem pues, mediante la intimación referida, el tribunal de grado habría resuelto por fuera de sus atribuciones jurisdiccionales, al tratar encubiertamente una cuestión de naturaleza civil.
En su contestación a la intimación que le fuera cursada, la mencionada agregó que el a quo en ninguna ocasión efectuó una investigación patrimonial pertinente que demostrara el origen ilegal de sus bienes, tanto en la sentencia del tribunal oral por la que fue –a su criterio indebidamente condenada- como en la providencia de fecha 15/07/2025. Adunó que una parte de los bienes cautelados en autos no serían de su propiedad sino de sus hijos, en razón de cesiones otrora realizadas y por adquisición hereditaria, por lo que peticionó que se les otorgue previa y debida intervención procesal.
Por otro lado, subrayó que el decomiso no posee carácter solidario entre coimputados, motivo por el cual, estimó que lo decidido vulneró los principios constitucionales de legalidad y culpabilidad.
Subsidiariamente, indicó la falta de fundamentación que, a su entender, existiría en el decisorio mediante el cual el tribunal de ejecución escogió el índice de actualización más perjudicial a sus intereses. Se explayó sobre las diferencias jurídicas y económicas existentes entre el índice de precios al consumidor (IPC) elegido por el sentenciante y las tasas activas o pasivas disponibles del Banco de la Nación Argentina (BNA) que propició. Explicó que la manera en que el a quo actualizó el monto a decomisarle, sería confiscatorio y por ello contrario a lo constitucionalmente previsto. Trajo a colación, los antecedentes jurisprudenciales del a quo que estimó aplicables por considerarles análogos al presente. Acompañó documentación que estimó pertinente y peticionó la realización de diligencias previas que reputó conducentes para resguardar el debido proceso.
En definitiva, contra la intimación al pago del monto dinerario que el tribunal en su función de ejecución penal dispuso en fecha 15/07/2025, Cristina Fernández de Kirchner denunció que el decreto impugnado vulneraría sus derechos de defensa en juicio y de propiedad, la garantía del juez natural y los principios de imparcialidad judicial e igualdad ante la ley. Mediante decreto fechado el día 14/08/2025, el a quo, ante la contestación de la intimación que efectuó Cristina Fernández de Kirchner, corrió vista al Ministerio Público Fiscal únicamente respecto al planteo de incompetencia efectuado.
En lo que atañe al resto de los planteos de aquella parte (entre los cuales se halla la alegada confusión del tribunal entre el decomiso y otras consecuencias legales de índole patrimonial) en tanto no son materia de agravio específico de la actual controversia ni de un punto decidido por el a quo, serán tenidos presentes para su oportunidad, a fin de preservar la garantía de la doble instancia.
Por su parte, los Fiscales intervinientes dictaminaron que correspondía el rechazo de incompetencia y reiteraron que se proceda a la ejecución inmediata de los bienes de los condenados.
Como se adelantó, mediante resolución del mismo día 14/08/2025, el tribunal de grado con funciones de ejecución resolvió reencauzar los cuestionamientos formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner en su recurso de casación, considerándolos como planteos de nulidad que así los rechazó in limine (punto I) y concedió parcialmente el recurso contra la actualización monetaria decidida en dicha sede en fecha 15/07/2025 (punto II). Contra el punto I de la precitada resolución, la defensa impetró un nuevo recurso de casación, que fue concedido sin efecto suspensivo, por resolución del 25/08/2025.
Mediante resolución de fecha 01/09/2025 el a quo resolvió rechazar los planteos de incompetencia promovidos por Cristina Fernández de Kirchner -con el patrocinio letrado de sus defensores- y la defensa particular de Lázaro Antonio Báez (punto I), y delegó al Ministerio Público Fiscal la tramitación de las incidencias tendientes a individualizar -con el alcance que precisó en sus fundamentos- los bienes a decomisar (punto III).
Finalmente, elevados a esta Cámara Federal de Casación Penal los incidentes (CFP 5048/2016/39/2/CFC18 y CFP 5048/2016/39/2/CFC19), se fijó la audiencia a los fines previstos en el artículo 465 bis del código ritual. Posteriormente, a pedido de la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, ambos fueron acumulados.
II. Del estudio del incidente sujeto a análisis y tal como surge de la reseña brevemente efectuada, se advierte que el thema decidendum versa sobre aspectos relacionados con la ejecución de la pena accesoria de decomiso (art. 23 del C.P.), dispuesta mediante el punto XI de la sentencia condenatoria dictada por el a quo en fecha 06/12/2022, confirmada por este Tribunal el 13/11/2024 y que adquirió firmeza en razón de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 10/06/2025. El primer recurso de casación de la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner –al que adhirieron las defensas de Lázaro Antonio Báez, José Francisco López y Mauricio Collareda-, ha sido interpuesto contra el proveído de fecha 15/07/2025 mediante el cual el tribunal de grado, en su función de ejecución penal, dispuso la actualización del monto dinerario a decomisar a través del índice de precios al consumidor (IPC). Asimismo, solicitó la suspensión de las actividades patrimoniales ejecutivas.
Llevo dicho reiteradamente en orden a que el artículo 23 del Código Penal dispone, que “…en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito…”. Atento a la letra de dicha normativa, el decomiso no constituye una facultad discrecional del juez sino una consecuencia legal accesoria de la pena principal impuesta en la sentencia condenatoria, que consiste en la pérdida en favor del Estado de los instrumentos del delito y de los efectos provenientes de él. Por encontrarse el decomiso dispuesto en la Parte General del Código Penal, resulta aplicable de manera obligatoria a todos los delitos previstos en dicho cuerpo normativo y en las leyes especiales, a menos que éstas dispongan lo contrario, conforme lo dispuesto en el artículo 4 del C.P. (cfr. votos del suscripto en causas FTU 40066/2013/TO1/CFC2, caratulada “Figueroa, Susana Antonia y otros s/ recurso de casación”, reg. nro. 828/17 del 29/06/17; FCB 34139/2015/TO1/CFC1, “Moreno, Cristian Horacio y otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 186/20 del 27/02/20; FBB 11/2018/TO1/CFC1, “Elisei, Flavio Raúl y otros s/recursos de casación”, reg. nro. 488/20, rta. el 4/05/20; FTU 13605/2019/TO1/5/CFC2, “Battaglia Santillán, Leonardo Julián s/recurso de casación”, reg. nro. 1817/21, rta. el 3/11/21 y en causa FCB 7125/2016/TO1/CFC10, caratulada “Andrada, Adrián y otros s/ recurso de casación”, reg. nro. 524/22, rta. 29/4/2022, de esta Sala IV de la C.F.C.P., entre muchas otras).
El objeto de la intervención de esta Alzada se encuentra limitado a analizar la forma en que el tribunal previo actualizó el monto sujeto a decomiso, así como también la petición de que se suspenda la ejecución patrimonial, conforme fue establecida por el decreto del 15 de julio pasado (solicitud a la que apuntan los cuestionamientos a la concesión de los recursos sin efecto suspensivo).
En cuanto a la actualización monetaria del decomiso llevada a cabo por el tribunal de ejecución, se aprecia que los cuestionamientos invocados por los recurrentes no logran rebatir el razonamiento seguido para sustentar dicho temperamento. El parámetro económico seguido por el a quo, en las particulares circunstancias del caso, no luce arbitrario, en tanto constituye la vía idónea para mantener el valor del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria.
De la lectura del decisorio impugnado se advierte que allí se les otorgó debida intervención a las partes, previamente a resolver la actualización del monto debido y, en ese escenario, pudieron presentar peritos de parte para sustentar su visión, de modo que no se aprecia un apartamiento palmario del derecho aplicable conforme las constancias de la causa.
Conforme lo explicitó en su decisión, el a quo escogió el mecanismo de actualización propuesto por la perito contadora oficial perteneciente al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual también fue considerado como un método plausible por las profesionales que participaron de la junta pericial en representación del Ministerio Público Fiscal.
El tribunal a quo empleó la misma técnica de actualización que había utilizado al momento de determinar provisoriamente el monto del decomiso en la sentencia condenatoria, es decir, índices de precios al consumidor (IPC).
En efecto, en los fundamentos de la condena -exteriorizados el 9 de marzo de 2023- los magistrados expresaron que la suma decomisable de pesos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho ($ 84.835.227.378,04) fue el resultado de una actualización provisoria efectuada sobre los montos señalados como beneficio ilegítimo de la maniobra “…a través de herramientas de acceso público que utilizaban índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo para el período posterior al año 2017 y los índices de precios al consumidor para los años anteriores, obtenidos del trabajo ‘Online and official price indexes: Measuring Argentina’s inflation’ publicado en MIT Sloan Research Paper (No. 4975-12, doi:10.2139/ssrn.1906704)”.
Ese aspecto de la sentencia fue impugnado por las partes y confirmado por esta Alzada. En dicha oportunidad expuse que la decisión adoptada por el tribunal de juicio (proceder a la actualización provisoria en la forma en que lo hizo) tuvo por finalidad mantener el valor económico real del monto de dinero a decomisar frente al contexto inflacionario que presenta la República Argentina y que los recurrentes no habían demostrado una arbitrariedad por parte del colegiado previo al adoptar dicha tesitura. La mencionada circunstancia fue contemplada por los magistrados en la instancia previa al dictar el decisorio aquí analizado, pues indicaron que “…la aplicación del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) importa mantener la pauta que ya fue utilizada para la primera reexpresión monetaria oportunamente realizada […] la uniformidad en el índice favorece la comparabilidad y a la vez protege a la decisión de cuestionamientos que aleguen discrecionalidad o falta de justificación”.
Cabe memorar, asimismo, que este Tribunal -con una integración parcialmente distinta- convalidó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, mediante la cual estableció al índice de precios del consumidor del INDEC como pauta de actualización de los montos dinerarios sujetos a decomiso (cfr., en lo pertinente y aplicable CFCP, Sala IV, causa CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, "Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación" reg. nro. 125/23, rta. 28/2/23; convalidado por la CSJN mediante sentencia de fecha 29/5/25).
Comparto los fundamentos del Fiscal General ante esta Alzada, doctor Mario Alberto Villar, en cuanto a que “luego del juicio y en la condena y con expreso tratamiento de lo indicado por las partes, el tribunal analizó expresa y profundamente la cuestión del decomiso, del monto de éste y de la forma de su actualización, con referencia a la postura de las partes, la importancia de la decisión que estaba adoptando, sus efectos y la normativa aplicable […] Además, por un lado, si bien es cierto que, como alegan las defensas, el monto a decomisar tenía un carácter en cierta medida provisorio —y así lo sugirió el tribunal—, es evidente que la provisoriedad a la que se referían los jueces no es la que sostienen las defensas, sino una muy distinta, vinculada a la necesidad de una futura actualización del monto […] Esta última actualización debía realizarse necesariamente a partir del monto y el índice fijados de forma definitiva en la parte resolutiva de la condena”.
Asimismo, coincido con el distinguido colega que me precede en el orden de votación, doctor Gustavo M. Hornos, en cuanto a que corresponde rechazar el planteo referido a una supuesta vulneración al principio de igualdad ante la ley, basado en que el a quo utilizó una metodología para actualizar el decomiso distinta (y más perniciosa a los intereses de los condenados) respecto de otras empleadas en diversos precedentes del mismo tribunal. En dicho sentido adhiero a la conclusión del voto precedente en cuanto a que las citas jurisprudenciales efectuadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no resultan sustancialmente análogas al caso bajo estudio por tratarse de institutos y delitos diversos de los que aquí se encuentran sometidos a estudio, motivo por el cual el cuestionamiento no puede prosperar.
En definitiva, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no brindó en su recurso de casación razones suficientes que posibiliten refutar lo resuelto en la instancia previa, ni aportó algún elemento que permita advertir que lo resuelto por el tribunal a cargo de la ejecución de la pena, resulte una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva. De la lectura de la resolución recurrida tampoco se advierte un déficit de fundamentación que conlleve su descalificación como acto jurisdiccional válido (arts. 123 y 490 del C.P.P.N.). Las discrepancias expuestas por los recurrentes, más allá de evidenciar la existencia de una fundamentación que no comparten, resultan inhábiles para demostrar la arbitrariedad que invocan en su recurso de casación, toda vez que no han brindado argumentos suficientes ni novedosos para demostrar error o desacierto en el temperamento cuestionado respecto de la actualización del monto a decomisarse en autos. Por todo ello, corresponde rechazar los concretos y específicos agravios esgrimidos en torno a esta temática, tanto por la parte que interpuso el recurso de casación, como por aquéllas que adhirieron a dicho remedio procesal.
Con posterioridad a la interposición del recurso de casación en contra del decreto que actualizó el monto sujeto a decomiso e intimó a las partes al pago de la suma resultante, el tribunal a quo dispuso: “III.- DELEGAR la tramitación de las incidencias respectivas bajo la responsabilidad de los Sres. Fiscales Generales intervinientes, en los términos y con el alcance definido en el considerando III de la presente resolución”. Ello, pues, al entender de los magistrados de la instancia previa “las circunstancias fácticas y jurídicas concernientes tanto a las sumas dinerarias que se reputan como derivadas del ilícito objeto del presente enjuiciamiento, cuanto a los bienes muebles o inmuebles, registrables o no, en los cuales tales valores hubieren sido ulteriormente incorporados, reconvertidos, transformados o disimulados, deben ser precisadas, delimitadas y traídas al proceso con el debido rigor técnico por el Ministerio Público Fiscal […] quienes podrán instar la intervención de los suscriptos mediante requerimiento de estilo que -de forma fundadaidentifique los bienes que se pretendan ejecutar”. Este pronunciamiento -en palabras del a quo- delimita “el alcance que tendrá en este proceso la actividad de recupero de la suma dineraria objeto de decomiso” (cfr. resolución del 1/9/25 en el marco del expte. CFP 5048/2016/TO1/39, Sistema Lex 100).
La referida decisión del a quo, de fecha 1/9/25 que no integra el objeto de la presente, es sobreviniente a los agravios de la defensa que pretenden suspender la ejecución patrimonial en la forma en que había sido dispuesta por el pronunciamiento del 15 de julio del corriente año. Dichos planteos, de momento, perdieron virtualidad, atento a la determinación por parte del tribunal previo (en el mencionado pronunciamiento del 1/9/25) de una serie de pautas acerca de la forma en que se llevará adelante el decomiso, las cuales no estaban previstas en el decreto que se encuentra actualmente bajo examen de esta Alzada en el caso.
En definitiva, resulta aplicable la doctrina judicial según la cual la dilucidación de los recursos debe atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta, aunque aquéllas sean sobrevinientes a su interposición (cfr., en lo pertinente y aplicable, Fallos: 285:353; 313:584; 339:488, entre muchos otros), razón por la cual la pretensión de que se suspenda la ejecución del decomiso y la crítica de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en torno a la negación del efecto suspensivo para conceder el recurso de casación (planteo que se efectuó en miras a impedir que se lleve adelante la ejecución del decreto impugnado), son cuestiones que se han tornado abstractas.
Ahora bien, habiendo abordado los dos cuestionamientos incluidos en el primer recurso de casación (aquél interpuesto en contra del decreto de fecha 15/7/25), en concreto: los agravios en torno al método de actualización del monto del decomiso y la petición de suspender la ejecución de la decisión recurrida, concuerdo con el Fiscal General ante esta Alzada en cuanto dictaminó que deviene abstracto el tratamiento de los agravios expresados en el recurso de casación interpuesto por el doctor Carlos Alberto Beraldi en contra de la resolución del 14 de agosto de 2025 (puntos I y II in fine).
Ello, en tanto que se aprecia una coincidencia sustancial entre dichas críticas y los planteos referidos en el recurso de casación previamente analizado. En efecto, los cuestionamientos vertidos en el segundo recurso de casación fueron denominados por el recurrente en los siguientes términos: "carácter meramente provisorio del monto decomisable previsto en la sentencia condenatoria", "falta de fundamentación en la elección del método de actualización", "jurisprudencia contradictora del tribunal y violación del principio de igualdad ante la ley" y "efecto suspensivo de los recursos". Lo reseñado demuestra una identidad entre éstos y los agravios que ya recibieron un tratamiento en el presente, en el marco del análisis de la primera impugnación casatoria interpuesta por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
En otro orden de ideas, en sus breves notas, la defensa de Lázaro Antonio Báez, en su carácter de adherente de la instancia recursiva, recordó que fue el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 el que llevó adelante el juicio de unificación de las condenas determinadas con relación a su asistido en las causas CFP 3017/2013/TO2 ("Ruta del Dinero") y CFP 5048/2016/TO1 ("Vialidad"). En base a ello, peticionó que, en lo que a dicho condenado atañe, sea el tribunal mencionado el que entienda también acerca de la ejecución de la pena de decomiso.
Concuerdo en este punto con lo expresado en el voto del doctor Gustavo M. Hornos, en cuanto a que la unificación de condenas en cabeza del TOF Nº 4 no desplazaría la atribución del TOF Nº 2 para entender en el decomiso correspondiente a los hechos de la presente causa CFP 5048/2016/TO1. En este sentido, comparto en lo sustancial su fundamentación en cuanto a que la naturaleza y la particular regulación de la sanción patrimonial en trato permitiría, en principio, concluir que el tribunal que dictó la sentencia debe entender en las cuestiones relativas a la ejecución de la pena de decomiso. Ello, sin perjuicio de lo cual se trata de una cuestión que excede el marco de la presente incidencia recursiva.
A su vez, debe tenerse presente que la pretensión de la asistencia letrada de Báez resulta análoga a aquélla que sostuvo dicha defensa ante el tribunal previo y que motivó el ya aludido rechazo de incompetencia del 1º de septiembre pasado. Contra aquella decisión la mencionada parte presentó un recurso de casación (cfr. expte CFP 5048/2016/TO1/39; Sistema Lex 100), motivo por el cual, ante la multiplicidad de peticiones en distintas incidencias y en aras de la garantía de doble instancia, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo del planteo, en esta oportunidad.
Por lo demás y, tal como lo manifestó el Fiscal General ante esta Cámara, la adhesión se encuentra limitada a los agravios explicitados por la parte que interpuso el recurso de casación. En consecuencia, no puede prosperar el mencionado cuestionamiento de la defensa de Lázaro Antonio Báez, por exceder los planteos del recurso de casación al que adhirió.
III. Por todo ello, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General ante esta Alzada, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner –y sus adhesiones- en cuanto a la actualización del monto genérico a decomisar en autos dispuesta mediante decreto de fecha 15/07/2025 y declarar abstracto el tratamiento de su recurso de casación contra los puntos I y II in fine de la resolución recurrida de fecha 14/08/2025, con el alcance aquí precisado; sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Tener presentes las reservas del caso federal.
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
I. Que, de manera liminar, en cuanto a la admisibilidad de los dos recursos de casación interpuestos por la defensa técnica de Cristina Fernández de Kirchner y las adhesiones de los abogados defensores de Lázaro Antonio Báez como también los defensores públicos oficiales que asisten a José Francisco López y Mauricio Collareda respecto del primero de los recursos mencionados, es primordial decir que resultan formalmente admisibles como consecuencia de lo prescripto por el art. 491 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), tal como explicó acertadamente el tribunal de previa intervención, toda vez que las decisiones cuestionadas fueron dictadas en el marco de la ejecución de la sentencia firme recaída en el proceso, las partes recurrentes se encuentran legitimadas para impugnarla, la cuestión sometida a inspección jurisdiccional encuadra en los motivos previstos por el art. 456 del citado código ritual, y se han cumplido los requisitos de tiempo y fundamentación enunciados en el art. 463 de igual cuerpo normativo.
II. Que en relación con los agravios expuestos en cada una de las presentaciones y el trámite de la presente incidencia CFP 5048/2016/TO01/39/2/CFC018 -a la que fue acumulada la CFP 5048/2016/TO01/39/3/CFC019, nos remitiremos a la reseña efectuada en el voto que lidera el Acuerdo a fin de evitar reiteraciones innecesarias, no obstante lo cual nos detendremos en algunas cuestiones que consideramos necesarias puntualizar.
III. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad el 15 de julio próximo pasado resolvió que “(A) la vista de los informes contables recibidos en autos -suscriptos por la perito contable del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, los peritos de parte del Ministerio Público Fiscal y el perito de parte Cdor. José L. Gaincerain, según cada caso-, toda vez que de las propuestas allí incluidas surgen diversos procedimientos técnicos como alternativa posible para la actualización de la suma dineraria sujeta a decomiso, primero y principal corresponde dejar establecido que el tribunal observará la metodología de reexpresión monetaria sugerida por el cuerpo de peritos del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación […] a continuación corresponde proceder de conformidad con lo resuelto en el punto XI de la sentencia dictada en autos el 6 de diciembre de 2022 y en tal sentido intímase a las personas condenadas al pago de la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos ($684.990.350.139,86), la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente. Ello, de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines (arts. 23 y 31 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y arts. 501 mutatis mutandi y 522 del Código Procesal Penal de la Nación)” (lo destacado corresponde al original).
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner se agravió de lo resuelto e interpuso un primer recurso de casación por cuanto consideró que el tribunal a quo convirtió en definitiva una estimación meramente provisoria del monto del decomiso, sin sustanciación ni debate previo, circunstancia que redundó en una afectación al derecho de defensa, la garantía de juez natural y el derecho de propiedad.
Afirmó, además, que la decisión impugnada carecía de la más mínima fundamentación ya que había optado por el índice de precios al consumidor para actualizar el monto del decomiso sin explicar por qué se había descartado la utilización de tasas bancarias propuestas por la defensa. Por último, enfatizó que lo decidido importaba un trato desigual y arbitrario respecto de Cristina Fernández de Kirchner y que la actualización tenía un carácter confiscatorio. Por tales razones solicitó la nulidad absoluta de la resolución de fecha 15 de julio próximo pasado.
Expuso, finalmente, que “(d)ada la ausencia de sentencia judicial firme en torno al monto definitivo y actualizado del decomiso ordenado en autos y a fin de evitar perjuicios de imposible reparación ulterior, corresponde y peticionamos que se suspendan todas las actividades patrimoniales ejecutivas vinculadas al instituto (vgr., intimación de depósito, actualización de montos de embargos, etc.) de conformidad con lo establecido en el art. 375 del Código Procesal Penal Federal”. Sobre el punto adelantamos que coincidimos, en lo sustancial, con las consideraciones de los colegas que nos preceden en el orden de votación en cuanto entienden que corresponde rechazar el primer recurso de casación presentado por la defensa, con las salvedades y precisiones que desarrollaremos seguidamente.
IV. De manera previa corresponde ubicar la discusión en la etapa en que se encuentra el proceso por lo que no está demás repetir, como lo hemos hecho en otros legajos de ejecución, que el 10 de junio próximo pasado adquirió firmeza, como consecuencia de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del legajo CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85, la sentencia que, en lo que a este incidente refiere, resolvió en su punto dispositivo XI “DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción)”.
Por lo tanto, en función de lo normado por el art. 375 del Código Procesal Penal Federal -CPPF- (aplicable al caso por vía de la resolución 1/2021 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF) el tribunal a quo ordenó la ejecución de la sentencia y particularmente en el incidente nº 39, del decomiso oportunamente ordenado.
Las discusiones que en esta oportunidad introducen los defensores -más allá de la interpretación que forzadamente intentan- versan sobre una sentencia que por su carácter de firme resulta final y ha pasado en autoridad de cosa juzgada, razón por la cual no es posible interponer recurso ni vía alguna para modificarla. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es inveterada en cuanto a que “(l)a cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello, salvo en los supuestos excepcionales en los que se ha admitido la nulidad de un pronunciamiento judicial firme, no es susceptible de alteración ni aun por vía de la invocación de leyes de orden público toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior” (Fallos 344:1857; 330:4909; 308:84 y 328:374, entre otros). En el mismo sentido, ha señalado que “(l)a autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los casos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquélla supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y fallado libremente por los jueces” (fallos 308:84).
Precisamente, como señala el cimero Tribunal en el último fallo citado, la cosa jugada supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio, y ello es precisamente lo que ha sucedido en el proceso en relación al decomiso dispuesto, circunstancia que los defensores ahora desconocen invocando una supuesta indefensión en cuanto a sus posibilidades de cuestionar la forma de actualización del monto a decomisar, cuando tal tópico fue ampliamente discutido en el debate y en la etapa recursiva ante esta Cámara.
Repárese en que al momento de dictar sentencia, el tribunal de previa intervención explicó que la suma decomisable de pesos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho con cuatro centavos ($ 84.835.227.378,04) fue el resultado de una actualización provisoria efectuada sobre los montos señalados como beneficio ilegítimo de la maniobra “(a) través de herramientas de acceso público que utilizaban índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo para el período posterior al año 2017 y los índices de precios al consumidor para los años anteriores, obtenidos del trabajo ‘Online and official price indexes: Measuring Argentina’s inflation’ publicado en MIT Sloan Research Paper (No. 4975-12, doi:10.2139/ssrn.1906704)”.
Lo decidido fue oportunamente motivo de agravio por todas las partes recurrentes y en tal sentido, alcanza con traer a colación un fragmento de nuestro voto en ocasión de revisar la sentencia dictada (reg. 1373/24.4, rta. el 13 de noviembre de 2024) en donde resumidamente señalamos los planteos de todas las partes impugnadoras vinculados al decomiso: la fiscalía lo hizo en relación al monto y los rubros tomados en cuenta para su determinación, y las defensas, por su parte, argumentaron sobre la arbitrariedad de su imposición, cuestionaron el valor nominal obtenido, la actualización efectuada y la solidaridad de las personas condenadas para afrontar las obligaciones que surgen de la medida ordenada.
Explicamos que “(T)odas las críticas vinculadas al valor del decomiso se relacionan con el monto del perjuicio que el tribunal tuvo por probado en virtud de la amplia fundamentación brindada al respecto, oportunidad en la que minuciosamente explicó el método y la forma mediante las cuales arribó a la cifra finalmente determinada”. Y, particularmente, en cuanto al mecanismo de actualización del decomiso nos referimos a los agravios introducidos oportunamente por la defensa de Lázaro Báez y dijimos que “(L)a defensa de Báez, por su parte, tampoco explicó la arbitrariedad o el yerro del tribunal en la actualización provisoria del monto del dinero a decomisar, lo que va de suyo, deberá ser actualizado nuevamente en la oportunidad en que, en su caso, la sentencia sea ejecutable. Tal temperamento, en un país con un proceso inflacionario frecuente, aunque se encuentra afortunadamente mermado en la actualidad, y en procesos que tardan años en resolverse de manera definitiva, no es más que la aplicación del criterio de la Corte Suprema de Justicia por el cual la actualización nominal no hace la deuda más onerosa en su origen, sino que sólo mantiene su valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda (Fallos: 321:2204; 324:1295; 325:1823 y 345:1184, entre otros)”.
Por último, expusimos, y reiteramos que “(n)o podemos dejar de resaltar lo decidido, puesto que la imposición del decomiso se trata, en esencia, de cumplir con el deber de los jueces de ‘(r)esguardar dentro del marco constitucional estricto la razón de justicia, que exige que el delito comprobado no rinda beneficios’ (Fallos: 254:320; 275:389; 279:54; 279:138; 283:66; 313:1305; 320:277; 321:2947; 323:929 y 325:3118 entre otros)”.
Lo expuesto en párrafos precedentes obedece, como nos hemos expedido en numerosas oportunidades, a la naturaleza jurídica del decomiso habida cuenta de que se trata de una consecuencia accesoria a una pena principal, de carácter retributivo, y que constituye un efecto de la sentencia condenatoria que procede por imperativo legal cuando estén presentes las condiciones previstas en el artículo 23 del CP (ver, en lo pertinente y aplicable, causas CFP 8656/2019/TO1/5/CFC1, “FERNÁNDEZ AGUILAR, Yésica Mariel s/recurso de casación”, Reg. 475/21, rta. el 12/04/21; FSM 61635/2015/TO1/CFC5, “GARAY, Antonio y otros s/recurso de casación”, Reg. 2547/21, rta. el 30/12/21; y CPF 6836/2016/TO1/CFC5 “BENÍTEZ PETROFF, Carlos Raúl y otros s/ recurso de casación”, Reg. 640/23, rta. el 22/06/23, todas de la Sala I; y CFP 9789/2000/TO1/CFC3, “GALEANO, Juan José y otros s/casación”, Reg. nro. 270/24, rta. el 11/04/2024, Sala II, entre otras).
En relación a la normativa aplicable, no debemos olvidar que el art. 23 del Código Penal fue reformado mediante la Ley 25188 (B.O. 26/10/99) que incorporó el decomiso de las ganancias que son el “producto y provecho del delito”, en consonancia con la evolución en la materia que, ampliando el ámbito de injerencia tradicional limitado al “instrumento” del delito, se insertó en la tendencia moderna que lo concibe como una herramienta orientada al recupero de activos provenientes del delito, de modo análogo al regulado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por Ley 26097) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por Ley 24759).
Los antecedentes de la causa señalados más arriba ponen en evidencia el amplio marco de discusión y el pleno ejercicio del derecho de defensa de todas las partes para abordar y atacar todos los aspectos vinculados al decomiso ordenado, inclusive en esta etapa ya que, en forma previa al decreto del 15 de julio pasado tuvieron intervención los peritos de parte que dictaminaron sobre el asunto, lo que nos exime de mayores fundamentos para indicar que no se vio vulnerado derecho constitucional alguno, y si la parte recurrente omitió ejercer alguna defensa debido a un error en su estrategia o por otras razones, corresponde se haga cargo de asumir las consecuencias de su actividad pero no es posible convalidar una tergiversación de los términos de la sentencia que, reiteramos, ya se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada y resulta inmutable.
Va de suyo que la provisoriedad de la actualización a la que alude la parte recurrente era una obviedad, como lo marcamos en oportunidad de fallar con anterioridad, dado que el importe nominal en pesos del decomiso revaluado al momento de dictar la sentencia debía volver a ponerse al día, a fin de mantener actualizado su valor una vez que adquiriera firmeza la sentencia. Esa circunstancia incluso fue señalada por el tribunal de la anterior instancia y por nuestra parte, por lo que resulta cuanto menos sorprendente el tardío reclamo de los recurrentes, quienes intentan otorgarle a la actualización un alcance del que carece.
En efecto, si la sentencia se modificara permanentemente cada vez que debiera actualizarse el valor nominal del decomiso por el tiempo que insumiera su efectiva ejecución, el argumento de los defensores llevaría a sostener que nunca adquiriría firmeza tal dispositivo, a la par de llegar a la contradicción de volver recurrible una sentencia firme sin ninguna base legal, retrotrayendo el proceso a una etapa ya precluida.
Corresponde agregar que el intento de soslayar la existencia de una sentencia firme al introducir una discusión sobre el método de actualización y demás cuestiones sobre conceptos y temas ya resueltos de manera definitiva sólo evidencia una interpretación alambicada de las circunstancias del caso con un intento extemporáneo de plantear un debate ya finalizado.
V. Lo expuesto en el párrafo precedente nos conduce a examinar la alegada arbitrariedad por falta de fundamentación que se le achaca a la decisión del tribunal oral y, una vez más, el planteo carece de sustento en las constancias del proceso y sólo evidencia una opinión discrepante que intenta pasar por alto la autoridad de la cosa juzgada, invocando de manera falaz un supuesto de arbitrariedad que no es tal, ya que surge claramente del decisorio las razones por las que se utilizó el mecanismo de actualización del índice de precios al consumidor (IPC) y, especialmente, por qué se descartó el argumento del perito propuesto por esa parte.
En ese sentido, el tribunal de previa intervención examinó los informes de los peritos intervinientes y expuso que “(A) la vista de los informes contables recibidos en autos -suscriptos por la perito contable del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, los peritos de parte del Ministerio Público Fiscal y el perito de parte Cdor. José L. Gaincerain, según cada caso-, toda vez que de las propuestas allí incluidas surgen diversos procedimientos técnicos como alternativa posible para la actualización de la suma dineraria sujeta a decomiso, primero y principal corresponde dejar establecido que el tribunal observará la metodología de reexpresión monetaria sugerida por el cuerpo de peritos del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello así, primeramente porque los peritos oficiales, en su condición de auxiliares de justicia, se encuentran alcanzados por las garantías de independencia e imparcialidad, común a todos los sujetos que integran el órgano jurisdiccional, y como ha dicho nuestra Corte Suprema ‘el perito como auxiliar de la justicia es ajeno a la situación de las partes’ (Fallos: 291:534). Además, las razones brindadas por la experta contable se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas en base a las cuales ordenó su actuación técnica para la actualización de la cifra que aquí nos ocupa. A tal punto que, más allá de lo dictaminado por los peritos que representaban los intereses de las partes, ninguno de ellos cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial”.
En segundo lugar, particularmente en relación con el índice de actualización aplicado, expuso que “(l)a aplicación del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) importa mantener la pauta que ya fue utilizada para la primera reexpresión monetaria oportunamente realizada (considerando IV de la sentencia firme en cuestión); la uniformidad en el índice favorece la comparabilidad y a la vez protege a la decisión de cuestionamientos que aleguen discrecionalidad o falta de justificación. Asimismo, no menos importante resulta el hecho de que las profesionales contables que participaron de la junta pericial en representación del Ministerio Público Fiscal también consideraron a este método como una de las alternativas posibles y preferibles, no sólo a través de la suscripción del dictamen en forma conjunta, sino en el informe que además les es propio”.
Agregó que “(F)inalmente, abonando las razones en favor de la elección del método aludido, observamos que lo dictaminado por el perito de parte Cdor. Gaincerain no se ajusta con los lineamientos de la manda judicial ordenada el pasado 12 de junio, en tanto que el cálculo de actualización que practicó partió de un valor de referencia distinto al indicado y en base al cual dictaminaron los otros expertos contables; dicha circunstancia nos exime de cualquier otra consideración en torno al método del cálculo en sí mismo”.
La transcripción de los párrafos precedentes da cuenta de una fundamentación suficientemente clara que satisface adecuadamente los recaudos del art. 123 del Código Procesal Penal y que, en cuanto al método de actualización por IPC, mantiene una uniformidad de criterio en sintonía con la anterior reexpresión monetaria efectuada en la sentencia, por lo que lo expuesto alcanza para rechazar el agravio planteado sin necesidad de abundar en el punto.
No obstante lo expuesto precedentemente, y a modo de obiter, no podemos pasar por alto la tergiversación que efectúan los abogados de los conceptos, naturaleza y consecuencias previstas entre el mecanismo de actualización a través de índices (como por ejemplo el IPC) y la actualización por tasas financieras (activas o pasivas), intentando mostrar, de manera absolutamente contraria a la realidad, que la aplicación de índices puede conllevar a producir “rentabilidades artificiosas impropias”, cuando los índices de actualización en nada se relacionan con la renta, definida como el valor por el uso en el tiempo del dinero ajeno, sino que se aplican sólo para permitir el mantenimiento del valor del dinero en función de su gradual envilecimiento producto de procesos inflacionarios. Repárese en que en un decomiso el Estado debe privar a la persona condenada de los beneficios del delito, por lo que si el monto decomisado queda congelado en pesos nominales, la inflación lo licúa y el condenado retiene —de hecho— parte de la ventaja ilícita. Por eso el tribunal a quo, los suscriptos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia se refiere a la reexpresión o actualización monetaria, no para “hacer rendir” el dinero, sino para mantener su poder adquisitivo real hasta el efectivo pago.
Los intereses financieros y los mecanismos de actualización, reiteramos, son conceptos distintos que no pueden ser confundidos; los primeros representan el precio del uso del capital, resultando por ello una contraprestación por el tiempo durante el cual se dispuso del dinero ajeno; en cambio, la actualización monetaria busca mantener el valor real del dinero frente a la inflación para compensar la pérdida del poder adquisitivo a lo largo del tiempo.
VI. En relación con la afectación del principio de igualdad invocado por el recurrente, por cuanto entiende que en otras oportunidades el tribunal utilizó la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para actualizar el monto de embargos en otras causas, advertimos que la parte no se hace cargo de explicar la analogía de los casos que pretende comparar para extraer como conclusión la violación del principio aludido.
Sobre el punto, resulta útil recordar la fórmula simplificada de la doctrina desarrollada por la Corte Suprema en cuanto el principio de igualdad en el sentido de “igualdad de los iguales en las mismas circunstancias”. Nuestro máximo Tribunal desde 1875 ha interpretado en numerosas oportunidades que la igualdad de trato ante la ley implica la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentran en igualdad de circunstancias (Fallos: 16:118).
Por citar sólo algunos precedentes cabe recordar que en el caso “Caille” (resuelto en 1928), ha sostenido que “(l)a igualdad ante la ley establecida en el art. 16 de la Constitución […] no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros; de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes, según las diferencias constitutivas de ellos y que cualquier otra inteligencia o excepción de este derecho es contraria a su propia naturaleza y al interés social” (Fallos: 153:67). En definitiva, la defensa no sólo no funda adecuadamente la alegada violación al principio de igualdad -por lo que se detiene en una mera afirmación dogmáticasino que no argumenta la errónea o arbitraria aplicación del mecanismo en el caso, al igual que no lo hizo en el momento del dictado de la sentencia, lo que sella la suerte del agravio y, en consecuencia, será rechazado.
En razón de las consideraciones precedentes, se advierte que las discrepancias valorativas expuestas por la parte impugnadora solo reflejan que no se comparten los fundamentos brindados por el tribunal interviniente, mas esa circunstancia no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306; 362 y 314; 451, entre muchos otros), en graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328 y 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108) de modo tal que corresponde se rechace el agravio relativo a la nulidad de lo resuelto.
VII. En cuanto a las adhesiones al recurso examinado presentadas por las defensas de Lázaro Antonio Báez, José Francisco López y Mauricio Collareda, corresponde su rechazo por iguales consideraciones a las que fundan el rechazo del recurso al que adhirieron. Sólo corresponde aclarar, con relación al condenado Lázaro Báez, que su defensa señaló que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 llevó adelante el juicio de unificación de las condenas determinadas con relación a su asistido en las causas CFP 3017/2013/TO2 ("Ruta del Dinero") y CFP 5048/2016/TO1 ("Vialidad") y en función de ello peticionó que, en lo que a dicho condenado atañe, sea el tribunal mencionado el que entienda también acerca de la ejecución de la pena de decomiso. En cuanto a este planteo, compartimos las consideraciones expuestas en el voto que nos antecede y coincidimos en cuanto a que no corresponde emitir, en esta oportunidad, un pronunciamiento sobre el fondo del planteo.
VIII. De otra parte, resta examinar el segundo recurso de casación interpuesto contra la resolución del tribunal de previa intervención que el 14 de agosto del corriente año resolvió: “I.- RECHAZAR IN LIMINE las nulidades interpuestas por la defensa técnica de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, de acuerdo a lo expuesto en el considerando III de este resolutorio. II.- CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, contra la resolución dictada el 15 de julio del corriente año -en cuanto dispone actualizar o reexpresar monetariamente el monto del decomiso fijado en el punto dispositivo XI de la sentencia condenatoria dictada en autos en la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos ($684.990.350.139,86)-, sin efecto suspensivo y con los alcances y efectos detallados en el considerando IV de esta resolución. III.- EMPLAZAR a los interesados para que comparezcan ante el Tribunal de alzada a mantener el recurso interpuesto, dentro del término de tres días a contar desde que la incidencia sea allí radicada (cf. artículo 464 -según redacción de la ley 26.374- del Código Procesal Penal de la Nación). IV.- TENER PRESENTE las reservas efectuadas”. En el caso, la parte se agravió por el trámite que se dio a su primer recurso habida cuenta de que el tribunal reconduzco parte de su presentación como un planteo autónomo de nulidad y lo rechazó in limine, sin sustanciación (puntos I y II in fine de la resolución). Al respecto, sólo diremos que la argumentación que motivó el pedido de nulidad ha sido tratada en esta instancia como parte de los agravios planteados en el primer recurso interpuesto y esta sala ha acumulado los legajos formados con ambas presentaciones para ser resueltas de manera conjunta (ver decreto de fecha 1 de septiembre en el trámite de este incidente) por lo que, tal como expuso el fiscal en la oportunidad prevista por el art. 465 bis, CPPN, el agravio hoy carece de sustancia y es, en cualquier caso, abstracto, lo que así corresponde se declare.
IX. Por último, y como señalamos al tratar la admisibilidad de los recursos presentados, por tratarse de un legajo de ejecución originado en la firmeza de la sentencia dictada en el proceso, corresponde la aplicación de las reglas del art. 491 del código procesal en consonancia con lo dispuesto por el art 375 del CPPF referido a la ejecutabilidad de las sentencias firmes, como es el caso de autos.
Ahora bien, coincidimos con el colega que nos precede en el orden de votación en cuanto a que los planteos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para que “se suspendan todas las actividades patrimoniales ejecutivas vinculadas al instituto”, de momento, perdieron virtualidad atento a la determinación por parte del tribunal previo (en el pronunciamiento del 1/9/25 reseñado en el voto del magistrado Borinsky) de una serie de pautas acerca de la forma en que se llevará adelante el decomiso, las cuales no estaban previstas en el decreto que se encuentra actualmente bajo examen de esta Alzada en el caso, razón por la cual aquéllas se han tornado abstractas al momento de dictar la presente resolución.
X. Por las razones expuestas, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General ante esta Alzada, proponemos al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner –y sus adhesiones- en cuanto a la actualización del monto genérico a decomisar en autos dispuesta mediante decreto de fecha 15/07/2025 y declarar abstracto el tratamiento de su recurso de casación contra los puntos I y II in fine de la resolución recurrida de fecha 14/08/2025, con el alcance aquí precisado, en la ocasión, sin costas (arts. 530 y 531 in fine del CPPN). Tener presentes las reservas del caso federal.
Es nuestro voto.
Por ello y en mérito del acuerdo que antecede este tribunal,
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner –y sus adhesiones- en cuanto a la actualización del monto genérico a decomisar en autos dispuesta mediante decreto de fecha 15/07/2025; y, por mayoría, DECLARAR ABSTRACTO, el tratamiento del recurso de casación interpuesto contra los puntos I y II “in fine” de la resolución recurrida de fecha 14/08/2025, con el alcance aquí precisado; sin costas en la instancia (artículos 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTES las reservas del caso federal efectuadas.
Regístrese, notifíquese y comuníquese. Remítase al Tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M.
Hornos y Diego G. Barroetaveña.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia