Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
I. No hacer lugar a la queja interpuesta por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, querellante en autos; sin costas en la instancia (arts. 477, 478, 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
///nos Aires, 15 de noviembre de 2022.
Se integra esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces Mariano Hernán Borinsky –Presidente-, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, con el objeto de resolver en la presente causa FSM 36447/2016/187/RH23.
Los señores jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo dijeron:
I. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en el marco de estas actuaciones resolvió, “CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución recurrida, en cuanto decreta el procesamiento de Claudio Scapolán, en los términos y con el alcance indicado en el punto IV, apartado i.
iii. (CASO “ANACONA”) y DECRETAR la FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer respecto del delito de asociación ilícita y en los hechos descriptos como CASO “BUSTAMANTE” y CASO “SANTELLÁN” (Art. 309 del C.P.P.N.), REDUCIENDO el embargo impuesto en la suma de un millón de pesos ($1.000.000)”.
Contra dicha decisión, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, querellante en autos, representada por Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, interpuso recurso de casación, el que denegado, motivó la queja aquí a REGISTRO NRO. 1564 /22.4 estudio.
II. El pronunciamiento contra el cual se interpone la presente vía de hecho –falta de méritono se encuentra contemplada entre aquellas resoluciones previstas en el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, ni de un auto que pone fin a la acción, a la pena o hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena (C.S.J.N., “Piccione, Guillermo Aníbal s/ causa 1291”, rta. el 17/5/2016 y “Hoffman, Roberto y otro s/incidente de recurso extraordinario”, FSA 13188/2015/3/1/1/RH2, rta. el 5/11/2020 y de esta Sala IV CFCP: FMZ 27641/2017/4/RH1 “Torino Cabrera, Huego Leonardo s/queja” Reg. 1949/19.4, rta. 25/9/19, FMP 21675/2014/99/2/CFC9, “Fares Sergio s/recurso de casación”, reg. 2504/19.4, rta. el 5/12/2019 CFP 15486/2017/7/RH1, “Machado, Brenda Noemí y otro s/queja” Reg. 956/20.4 rta. 30/6/20; FMP 20115/2016/3/RH1 “Matas, Carlos Alberto y otros s/ queja”, Reg. 1507/21.4 rta. 21/9/21; FLP 14149/2020/13, “Fernandez de Kirchner, Cristina s/queja” Reg. 889/22.4 rta. 4/7/22; FRE 5238/2022/9/RH1 “Narciande, Milagros María Celeste s/queja”, Reg. 991/22.4, rta. 11/8/22)
Incluso, así lo ha resuelto esta Sala IV -con una integración parcialmente distinta a la actual- en estas mismas actuaciones frente a una situación procesal sustancialmente análoga a la aquí recurrida (Cfr. FSM 36447/2016/140/RH5 “Jarisch, Maximiliano Iván y Sanvitale, Gustavo s/queja”, Reg. 152/21.4, rta. 2/3/21); decisorio que, al no haber sido recurrido, adquirió firmeza.
Esta es a su vez la jurisprudencia emanada de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que “…las resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a proceso penal no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a tal, salvo que se verifique un perjuicio que no admita reparación ulterior; siendo que, por una aplicación consistente de tal doctrina, se han desestimado también por esta causal los recursos extraordinarios interpuestos por el Ministerio Público Fiscal en casos en los que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó –con este mismo fundamento– habilitar su instancia para revisar decisiones de falta de mérito dispuestas o confirmadas por las Cámaras de Apelaciones…” (cfr., en lo pertinente y aplicable, Fallos 344:1716). A su vez, en el caso la parte recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión no definitiva dictada por el a quo o la existencia de alguna cuestión federal que permita equipararla a una sentencia definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara en lo términos de la doctrina “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108).
Por lo demás y en cuanto a la solicitud del Fiscal General ante esta Cámara, cobra virtualidad la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que guarda conformidad con la inveterada posición de esta Sala (cfr. Fallos: 344:2015 y de Sala IV, causas nro. 723/2013, “Otero, Martha Elsa s/recurso de casación”, reg. nro. 1301/13.4, rta. el 12/7/2013; nro. 1116/13, “Caccano, Diego Ezequiel y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 127/2013.4, rta. el 19/2/2014; FLP 91003090/2010/TO1/1/CFC1, “Vázquez, Marcela Elizabeth s/recurso de casación”, reg. nro. 27/16.4, rta. el 11/2/2016; CFP 2404/1999/79/CFC5, “Lucini, Benito Jaime s/recurso de casación”, reg. nro. 269/17, rta. el 31/3/2017; FSM 75028/2014/1/CFC1, “Zegen, Jorge Eduardo s/recurso de casación”, reg. nro. 1895/18, rta. el 4/12/2018; FRO 29727/2017/2/CFC1, “Zamparutto, Fabián Horacio y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 236/19, rta. el 28/2/2019; FRO 20047/2016/3/CFC1, “Astegiano, Julián Ricardo s/recurso de casación”, reg. nro. 1858/19, rta. el 12/09/2019; FLP 1406/2011/TO1/CFC2, caratulada: “Conte, Leandro José y otro s/recurso de casación”, reg. nº 1873/19.4, rta. 16/9/2019; CFP 9233/1999/TO1/37/CFC5 caratulada: “Bofill Alejandro Arturo y otros s/recurso de casación”, reg. n° 145/20, rta. 21/02/20; FRO 20535/2021/1/CFC1 caratulada “Soto, Pablo Alejandro s/recurso de casación”, reg. nº 696/22, rta. 2/6/22; entre muchas otras).
Por ello corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, querellante en autos; sin costas en la instancia (arts. 477, 478, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)-, representada por Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, en su carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, y en calidad de querellantes en autos, interpusieron recurso de queja contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín del día 8 de julio del 2022, que resolvió: “I. NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido contra el decisorio de fecha 15 de junio del corriente año (Reg. N° 10.331)”.
Cabe aclarar que la decisión recurrida no es la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco aquellas que el art. 457 del C.P.P.N. define como equiparables a tal, en tanto no pone fin a la acción, ni a la pena, ni hace imposible la continuación de las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Ha sido constante la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido al proceso no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva (Fallos 308:1667, 311:1781, 312:573, 312:575, 312:577, entre muchos otros).
Como excepción a ese principio general del digesto formal, se ha reconocido aptitud para provocar la intervención de esta Cámara a aquellas resoluciones que, sin constituir per se sentencias definitivas, pueden causar al recurrente un agravio irreparable o de insuficiente reparación ulterior, y siempre que se invoque fundadamente una cuestión de naturaleza federal, lo que impone su tratamiento en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema en Fallos: 328:1108 (“Di Nunzio, Beatriz Herminia”), que ha erigido a esta Cámara como tribunal intermedio y la ha declarado “facultada para conocer previamente en todas las cuestiones de naturaleza federal que intenten someterse a su revisión final, con prescindencia de obstáculos formales” (consid. 11).
Asimismo, en el caso “Giroldi” la Corte Suprema le ha otorgado a esta Cámara Federal de Casación Penal el carácter de tribunal intermedio entre ese Alto Tribunal y las Cámaras Nacionales o Federales de Apelación, para conocer por vía de los recursos de casación e inconstitucionalidad…de las sentencias que dicten, sobre los puntos que hacen a su competencia, tanto los tribunales orales en lo criminal como los juzgados en lo correccional…” (Fallos 318:514); y que en este supuesto existen agravios de naturaleza federal que habilitan la intervención de esta Cámara, conforme a lo sostenido en el Fallo “Juri” y “Di Nunzio” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si bien, cómo ha sido expuesto, la jurisprudencia de esta Sala tradicionalmente ha sostenido que el auto de falta de mérito no forma parte de las decisiones especialmente previstas por la ley como recurribles en la presente instancia en los términos del art. 457 del C.P.P.N., la naturaleza federal del agravio planteado por el recurrente –compromiso institucional y arbitrariedad- luce, en principio, razonablemente fundado -art. 15 de la ley 48-, como así también la demostración del agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, permite equiparar la resolución atacada a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así esta instancia de acuerdo a los precedentes de Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ya citados.
Es preciso memorar que la Comisión Provincial por la Memoria, configura un organismo público autonomo y autarquico que, en el ́ ́ ámbito de la Provincia de Buenos Aires, promueve e implementa politicas publicas de memoria y derechos humanos, ́ ́ cuyos objetivos se vinculan con la promocion y ́ defensa de los derechos humanos -tal como se lo considera en resolucion 1/2019 del Consejo Federal ́ de Mecanismos Locales de fecha 13/11/2019- (cfr. asimismo la Ley provincial 12.483/2000, modificatoria 12.611/2000 y la Ley 26.827). Asimismo, la Ley Nro. 26.827 le otorga expresamente a estos “mecanismos locales” la facultad de presentarse como querellante -art. 36, inciso d)-. En este escenario, es pertinente observar que si bien la Comisión Provincial por la Memoria constituye un ente autonomo y autarquico, en ́ ́ definitiva pertenece e integra el esquema del Estado de la Provincia de Buenos Aires, por lo que le concierne la intervención en la investigación sobre la existencia de organizaciones delictivas en el ambito territorial y de funcionamiento de esa ́ Comision.
́ A los fines de considerar el agravio expuesto por la parte, no puede soslayarse que en autos se investiga la existencia de una organizacion ́ delictiva inserta en el propio seno del Estado provincial con posible alcance nacional e internacional, vinculada a las redes de narcotráfico que operan en nuestro país, corrupción de funcionarios públicos y violencia institucional, que habrían sido ejecutados por funcionarios de altísima jerarquía encargados, precisamente, de ejercer la persecucion penal estatal.
́ Así, el caso concreto presenta suficiente relevancia colectiva para reconocerle a la Comisión Provincial por la Memoria, un amplio acceso al sistema de justicia –específicamente el acceso a una revisión amplia de la sentencia impugnada, en particular la falta de mérito dictada respecto al imputado Scapolan- para velar por los intereses que representan y que derivan de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país sobre las tematicas abordadas.
́ En tal sentido, cabe señalar que he considerado de manera constante que los graves hechos de corrupción tienen un alto impacto en el sistema democrático y en el orden institucional (cfr. en este sentido mi voto en causas “Daneri, Gustavo Víctor” –Reg. Nro. 611/17.4, Rta. el 1/6/17- “Salvatore, Carla Yanina” –ya citada-, de esta Sala IV; entre muchos otros). Que son atentados contra el orden constitucional aquellas maniobras delictivas que por su complejidad, su dano o extension puedan ̃ ́ socavar las instituciones o los valores de la democracia; y que, entonces, los graves casos de corrupcion constituyen un delito de caracter ́ ́ constitucional (en relación al análisis del artículo 36, quinto párrafo, de la C.N., me remito a mi voto en la causa “Cossio”, reg. 1075/18.4, rta. el 29 de agosto de 2018; entre otras).
A su vez en esta linea también he resuelto ́ que no puede desconocerse la trascendencia institucional de las investigaciones judiciales que versan directamente sobre la presunta comision de ́ las maniobras delictivas que forman parte de una clase gravisima, cuyas consecuencias producen ́ efectos insidiosos que trascienden a la sociedad en su conjunto y socavan los cimientos mismos del Estado de Derecho (cfr. causa “Daneri” y “Cossio”, ya citadas, entre varias otras).
Es por ello que se presenta sustancial garantizar la efectividad de su tratamiento judicial, consolidando los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, este tipo de delitos; contribuyendo a afianzar el orden publico ́ interno que favorece la convivencia pacifica entre ́ los argentinos y el fortalecimiento del Estado de Derecho (cfr. mi voto en “Salvatore” ya citada); la paz social en un contexto que permita el desarrollo humano en condiciones de igualdad.
Así, en autos, encontrándose sujetos a investigación y a juzgamiento la existencia de graves hechos de corrupción que importarían, a criterio de la parte, casos que comprometerían el orden institucional por la magnitud de los hechos que se juzgan, y por la eventual responsabilidad del Estado Argentino ante instancias internacionales; se encuentran constituidos las circunstancias que demuestran la comprobación de una cuestión federal suficiente que permite habilitar la instancia. Es que, el objeto del litigio excede el mero interés individual de las partes y afecta a toda la comunidad y a las instituciones del Estado, teniendo en cuenta que se encuentra comprometido el sistema democrático y el orden institucional, y la responsabilidad del país ante la comunidad jurídica internacional (cfr. en lo pertinente mi voto en causas FSA 2699/2013/CFC1 caratulada: “LAMAS, Marina del Valle y TERAGUI, Héctor Nazareno s/ recurso de casación”, Registro 939/2015.4 rta. 21/5/15; CFP 2471/2012/TO1/CFC1, caratulada: "CRUZ NINA, Julio César; HUARINA CHAMBI, Silva s/ Trata de Personas", del registro de la Sala I, Registro nº 2662/16.1, rta. 30/12/2016 y Causa nº CFP 7614/2008/TO1/CFC1 "SALAZAR NINA, Juan Carlos y otros s/recurso de casación", registro 2020/16.1, rta. 28/10/2016, de la Sala I de la CFCP; FARES, Sergio s/recurso de casación”, reg. 2504/19.4, rta. el 5/12/2019). En función de la doctrina expuesta y toda vez que en autos el recurrente ha alegado suficiente y fundadamente con ese alcance la arbitrariedad de la sentencia pronunciada –en concreto la falta de mérito dictada-, considero que corresponde a la Cámara Federal de Casación Penal la intervención en cuestiones como la aquí planteada, y por cuanto, como se dijo, es el órgano judicial “intermedio” a quien ha sido confiada la reparación de los perjuicios irrogados a las partes en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema, o bien porque su intervención aseguraría que el objeto a revisar por el Más Alto Tribunal “sería un producto seguramente más elaborado” (cfr: C.S.J.N.: “Giroldi” y “Di Nunzio”, ya citados). En consecuencia, sin que ello implique emitir juicio sobre el fondo de la cuestión, corresponde hacer lugar a la queja e ingresar al estudio del recurso de casación interpuesto.
Por ello, el tribunal, por mayoría,
I. NO HACER LUGAR a la queja interpuesta por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, querellante en autos; sin costas en la instancia (arts. 477, 478, 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese al recurrente, comuníquese (Acordada 5/19 de la C.S.J.N.) y remítase mediante pase digital al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo.
Fin de la sentencia