Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Clara Emilse Luisa Yebra de Jorge y Norberto Genaro Demonte; sin costas en la instancia (artículos 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Buenos Aires, 5 de junio de 2024.
Integrada la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por los doctores Gustavo M. Hornos -como Presidente-, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en la presente causa FRO 61000572/2011/TO1/2/CFC1, caratulada: “DEMONTE, Norberto Genaro s/recurso de casación”.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia homónima, el 21 de marzo de 2024, resolvió: “I.- RECHAZAR el planteo de excepción de falta de acción y el consecuente pedido de sobreseimiento de Clara Emilse Luisa Yebra y Norberto Genaro Demonte, formulados por las defensas técnicas.”.
II. Contra dicha decisión Clara Emilse Luisa Yebra de Jorge y Norberto Genaro Demonte interpusieron in forma pauperis el recurso de casación, que fue fundado por la señora Defensora Pública Oficial Mariana Rivero y Hornos, y concedido en la anterior instancia.
III. En sustento de la impugnación presentada, la señora defensora encausó los planteos efectuados por la vía de lo dispuesto en ambos incisos previstos en el artículo 456 del C.P.P.N., tras considerar que la causa se encuentra prescripta en razón de que desde el último acto interruptivo de la 1 REGISTRO N° 604/24.4 prescripción (esto es la citación de las partes de juicio del 18 de marzo del año 2015) transcurrió el plazo dispuesto por el artículo 62, inciso 2), del código de fondo, por lo cual la defensa planteó la extinción de la acción penal incoada en este proceso.
Sostuvo que para rechazar esa petición el tribunal interpretó erróneamente los alcances de la figura del funcionario público (art. 77 y 67 del CP), dado que el sujeto que lleva a cabo una función pública, para ser considerado tal, debe hallarse inserto en una relación estable dentro de alguna de las estructuras de la administración pública, cualquiera sea esta, en el plano nacional, provincial y/o local. Y que, en cambio, la tarea desarrollada por los escribanos lejos está de hallarse inserta dentro de la administración pública; sin desconocer que pueden cumplir ciertas funciones por concesión del Estado, como por ejemplo la de dar fe de los actos jurídicos que se lleven a cabo ante su registro.
Memoró que la Corte Suprema de Justicia de Justicia de la Nación in re “Badaro” fue contundente al señalar que el escribano público “…es un profesional del derecho afectado a una actividad privada, con atributos que en parte lo equiparan a la gestión pública, en tanto sus actos, vinculados al comercio jurídico privado dan fe de esas relaciones privadas, pero no expresan la voluntad de Estado como éste normalmente la exterioriza a través de sus órganos. Esto es, no se presentan las notas características de la relación de empleo público que permiten demandarla por las consecuencias de su desempeño, ya que no existe dependencia orgánica respecto de los poderes estatales cuyas plantas funcionales no integra, no está sometido al régimen de subordinación jerárquica que le es propio ni se dan a su respecto otras características de un vínculo permanente con la administración” (cfr. Fallos: 328:1421, con remisión al dictamen de Procurador General de la Nación).
Finalmente, solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, que se revoque la resolución impugnada y en consecuencia se disponga la prescripción y el sobreseimiento de los encausados.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Corresponde señalar en primer término que la decisión recurrida no es, en principio, susceptible de ser revisada en esta instancia, en tanto no es la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco aquellas que el art. 457 del C.P.P.N. define como equiparables a tal, en tanto no pone fin a la acción, ni a la pena, ni hace imposible la continuación de las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena.
Ha sido constante la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido al proceso no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva (Fallos 308:1667, 311:1781, 312:573, 312:575, 312:577, entre muchos otros).
Como excepción a ese principio general del digesto formal se ha reconocido aptitud para provocar la intervención de esta Cámara a aquellas resoluciones que, sin constituir per se sentencias definitivas, pueden causar al recurrente un agravio irreparable o de insuficiente reparación ulterior, y siempre que se invoque fundadamente una cuestión de naturaleza federal, lo que impone su tratamiento en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema en Fallos: 328:1108 (“Di Nunzio, Beatriz Herminia”) que ha erigido a esta Cámara como tribunal intermedio y la ha declarado “facultada para conocer previamente en todas las cuestiones de naturaleza federal que intenten someterse a su revisión final, con prescindencia de obstáculos formales” (consid. 11).
En tal sentido, ha dicho el Alto Tribunal que las decisiones que rechazan la extinción de la acción penal pueden ser equiparadas a definitivas en sus efectos, en la medida en que “cabe presumir que hasta la sentencia final puede transcurrir un lapso tan prolongado que, por sí solo, irrogue al procesado un perjuicio que no podrá ser ulteriormente reparado” (Fallos 327:327 y 4815; 330:3640).
En el caso, la impugnante no ha demostrado la aludida situación dado que el proceso se encuentra en plena etapa de juicio y próximo a la celebración del debate oral y público; ni que la resolución pronunciada haya sido arbitrariamente fundada, toda vez que sustenta el recurso de casación interpuesto en una interpretación de la ley de fondo que no comparte pero que no evidencia como infundada, defecto que tampoco se advierte en esta instancia.
En efecto, he sostenido en reiteradas oportunidades que el escribano público es funcionario público en el marco de las disposiciones legales en cuestión en tanto ejecuta una función pública asignada por el Estado, y siendo que en este caso ha actuado en el ejercicio de su función fedataria (cfr.: mi voto en la causa Nro. 11.037: “Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación”, Reg. 12.443, rta. el 9/10/2009; causa Nro. 11.223: “Feijoo, Ariel y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4/11/2009; causa Nro. 11.444: “De Aparici, Josefina s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.868, rta. el 30/12/99; causa nº 16.591 caratulada “Badino Gustavo s/ recurso de casación”, reg. 1213/13, rta. 5/07/2013; causa FMZ 93002950/2011/TO1/CFC1, Reg. nº 1948/18.4, rta. el 12/12/2018; FCB 12003418/2008/CFC1, caratulada: “Levy, Carlos Santiago; CCC 5402/2011/5/CFC2, caratulada: “Salem, Gabriel s/ recurso de casación", reg. nº 985.18/4, rta. el 15/08/2018; FMZ 12056814/2008/TO1/CFC1 caratulada: "Winckler Catapano, Alicia Sonia s/recurso de casación", Reg. 336/19.4, rta. el 14/03/19; entre muchas otras de esta Sala IV).
Expliqué que el Código Penal no equiparó en el artículo 77 la noción de funcionario público al significado propio de la esfera administrativa, en cuanto no se encuentra restringida a quienes ocupan un nivel jerárquico en la estructura de la Administración en la cual se desempeña, que le otorga una competencia y atribuciones en la dirección de gestión en la dependencia para la que actúa, sino que es más amplio.
Que esta concepción que permite establecer un concepto de funcionario público específico para el ámbito de aplicación del derecho penal, más abarcativo que el propio de la órbita administrativa, fue reforzada por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N 25.188.) y la Convención Interamericana Contra la Corrupción incorporada por la Ley N 24.759.
Ello, por cuanto el artículo 1º de la Ley 25.188 dispone que “Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada y honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Mientras que el artículo I del Anexo I de la Convención Interamericana Contra la Corrupción dispone que “Para los fines de la presente Convención, se entiende por: a) ‘FUNCIÓN PÚBLICA’: toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. b) ‘FUNCIONARIO PÚBLICO’, ‘OFICIAL GUBERNAMENTAL’ O ‘SERVIDOR PÚBLICO’: cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.
Es decir que, integrando la normativa citada, debe concluirse que a los efectos del derecho penal, el concepto de funcionario público se encuentra determinado por el ejercicio de funciones o tareas de carácter público, circunstancia esta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente.
Agregué que la ley nacional Nro. 12.990 expresamente establece que “El escribano de registro es el funcionario público instituido para recibir, redactar y dar autenticidad, conforme a las leyes y en los casos que ellas autorizan, los actos y contratos que le fueran encomendados”, cuya designación le compete al Poder Ejecutivo (art. 17). Y que, en consecuencia, en función de dicha doctrina es que resulta de aplicación la causal de suspensión de la prescripción establecida en el segundo párrafo del artículo 67 del C.P. cuando el autor del delito sea un escribano público en el ejercicio de esas funciones de carácter público.
V. Por todo lo expuesto propicio que se declare inadmisible el recurso de casación interpuesto; sin costas en la instancia (artículos 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Y que se tenga presente la reserva del caso federal.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones efectuadas por el colega que lidera el Acuerdo, doctor Gustavo Hornos, adhiero a la solución allí propuesta.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Convocado a emitir mi voto en tercer orden, coincido en lo sustancial con el voto de mi distinguido colega, doctor Gustavo M. Hornos, que a su vez cuenta con la adhesión del doctor Javier Carbajo.
En dicho contexto, resulta pertinente recordar que si bien la impugnación de la defensa fue concedida por la instancia anterior, el juicio sobre la admisibilidad formal del recurso de casación en examen efectuado por el “a quo” es de carácter provisorio, ya que el juicio definitivo sobre dicho extremo corresponde a esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y puede ser emitido por esta Alzada sin pronunciarse sobre el fondo (cfr., en lo pertinente y aplicable, lo resuelto por esta Sala IV -con distinta integración- en la causa nro. 1178/2013, “Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación”, reg. nro. 641/14, rta. el 23/04/2014; causa CFP 1738/2000/TO1/2/CFC1, “Bignoli, Santiago María; Bignoli, Arturo Juan y Oficina Anticorrupción s/incidente de prescripción de acción penal”, reg. nro. 1312/14, rta. el 27/06/2014; causa FSA 74000069/2007/TO1/CFC1, “Ojeda Villanueva, Néstor Alfredo s/recurso de casación”, reg. nro. 1111/15., rta. el 09/06/2015; causa FSA 74000032/2012/TO1/12/1/CFC3 “Amante, Martín Esteban s/recurso de casación”, reg. nro. 1128/16, rta. el 12/09/2016; causa CFP 5772/2013/TO1/7/CFC10, “Masine, Daniel Heriberto s/recurso de casación”, reg. nro. 700/17, rta. el 13/06/2017; causa FTU 400696/2006/TO1/2/CFC3, “Peluffo, Silvio José s/recurso de casación”, reg. nro. 1498/18, rta. el 24/10/2018 y causa FLP 24271/2016/CFC1, “Rodríguez, Omar Claudio y otra s/recurso de casación”, reg. nro. 951/19.4, rta. el 16/05/2019; FLP 14695/2016/CFC1, “NN Gate Gourmet s/recurso de casación”, reg. nro. 1792/21, rta. el 20/10/2021 y FGR 14985/2017/TO1/21/1/CFC7, “Sánchez, Sergio Baldomero s/recurso de casación”, reg. nro. 180/22, rta. el 8/03/2022, entre muchas otras).
En ese marco, se aprecia que la decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena (cfr. esta Sala IV, causas: CFP 6529/2010/7/RH1, “Vidal, Carlos Juvenal s/ queja”, Reg. Nº 1627/15.4, rta. el 28/8/2015; FSM 44392/2014/2/RH1 “Pérez, Mario s/ queja”; Reg. Nro. 318/18.4 rta. el 11/4/2018; FSM 1244/2017/6/RH2 “Acevedo Mesanza Juan José s/queja”; Reg. 870/18.4 rta. el 12/7/2018; CFP 6522/2011/247/RH7 “Sala, Viviana s/ queja”, Reg. 1571/18.4 rta. el 25/10/2018; CCC 19888/2009/60/RH8 “Mónaco, Daniel Omar s/ queja”; Reg. 1748/18.4, rta. el 14/11/2018; FLP 62011454/2012/10/RH4 ”Azar Guillermo Ángel y otro s/ queja”, Reg. 625/19.4, rta. el 12/4/19; FSM 75001638/2011/TO1/CFC1 “Torresi, Juan Raúl s/casación”, Reg. 1561/19.4, rta. el 8/8/19 y CFP 11882/2010/202/CFC13, “Briones Rojas, Luis Alberto s/ recurso de casación”, Reg. nro. 286/20, rta. el 6/03/2020, entre muchas otras).
Al respecto, corresponde recordar la repetida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido al proceso no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva (Fallos 308:1667, 311:1781, 312:573, 312:575, 312:577, entre muchos otros).
Habré de señalar que he tenido oportunidad de sostener que el escribano público reviste calidad de funcionario público (cfr. mi voto en las causas nº CCC 32253/2012/TO1/CFC1 caratulada “LUJÁN, Luis Martín s/ recurso de casación”, reg. nº 1732/16.1, rta. 23/09/2016, de la Sala I; nº 16.591 caratulada “BADINO Gustavo s/ recurso de casación”, reg. 1213/13, rta. 5/07/2013; FCB 12003418/2008/CFC1, caratulada: “LEVY, Carlos Santiago; ZAKAUSKAS, Eduardo José s/recurso de casación”, reg. nº 1831/16.4, rta. el 30/12/2017; CCC 5402/2011/5/CFC2, caratulada: “SALEM, Gabriel s/ recurso de casación", reg. nº 985.18/4, rta. el 15/08/2018, FMZ 12056814/2008/TO1/CFC1 caratulada: "WINCKLER CATAPANO, Alicia Sonia s/recurso de casación", Reg. 336/19.4, rta. el 14/03/19, FLP 31010773/2011/2/CFC1 caratulada: “GONZALEZ LANDA, Raúl Alberto s/ recurso de casación”, Reg. 1594/19.4, rta. el 8/8/2019 de la Sala IV; entre otras), razón por la cual resulta de aplicación al sub examine la causal de suspensión de la prescripción de la acción penal establecida en el segundo párrafo del art. 67 del CP.
En el caso en estudio, tal como ha señalado el distinguido colega que abre el Acuerdo –a cuyos argumentos me remito por cuestiones de brevedad-, se observa que el recurrente no ha brindado fundamentos suficientes para sustentar la alegada existencia de un agravio actual de naturaleza federal de imposible o tardía reparación ulterior que permita la equiparación del decisorio objeto de crítica - por sus efectos- a una sentencia definitiva, a fin de habilitar la intervención de esta Cámara (cfr. C.S.J.N. in re “Di Nunzio”, Fallos: 328:1108).
Por ello, adhiero a la solución que viene propuesta de declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, sin costas (Arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Clara Emilse Luisa Yebra de Jorge y Norberto Genaro Demonte; sin costas en la instancia (artículos 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia