Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, con costas (arts. 14 y 15 de la ley 48 y arts. 68 y 69 del CPCCN).
II. Por mayoría, declarar inadmisibles los recursos extraordinarios federales interpuestos por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez, y por el letrado apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner -en su carácter de terceros interesados-, con costas (arts. 14 y 15 de la ley 48 y arts. 68 y 69 del CPCCN).
Buenos Aires, 28 de mayo de 2026.
Se integra esta Sala IV por los señores jueces Gustavo M. Hornos -Presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña con el objeto resolver los recursos extraordinarios federales interpuestos en el marco de la presente causa CFP 5048/2016/TO1/39/5/1 de la que RESULTA:
I. Esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 24 de abril de 2026, resolvió, en lo que aquí es objeto de impugnación: “I. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de Cristina Fernández de Kirchner, Raúl Gilberto Pavesi y Nelson Periotti; sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. RECHAZAR, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la asistencia técnica de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner y la adhesión formulada por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.) (…)” (cfr. Reg. 329/26.4).
Esos recursos habían sido presentados contra la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad el 18 de noviembre de 2025, que dispuso el decomiso de un total de ciento once (111) bienes 1 REGISTRO Nº 525/26.4 inmuebles a efectos de satisfacer el decomiso impuesto en autos, consistente en la suma dineraria que al día de aquella resolución ascendía a $684.990.350.139,86.
II. Contra la sentencia dictada por esta Sala IV, las defensas particulares de Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner y el letrado apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner -en su carácter de terceros interesados- interpusieron recursos extraordinarios federales.
III. En el marco del traslado previsto por el art. 257 del CPCCN, se presentó el señor Fiscal General ante esta Cámara Federal de Casación Penal, Mario A. Villar, quien dictaminó que correspondía declarar inadmisibles los recursos extraordinarios federales interpuestos.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
Los recursos extraordinarios federales interpuestos por las defensas particulares de Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner y por el letrado apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner -en su carácter de terceros interesados- no pueden hallar viabilidad formal, por cuanto no demuestran la existencia de una cuestión federal debidamente fundada en los términos exigidos por el art. 14 de la ley 48 y la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es requisito para acceder a la competencia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el recurrente refute todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada, como así también que demuestre que la resolución que impugna es contraria a los derechos federales invocados como fundamento de la pretensión extraordinaria interpuesta (cfr. art. 14 de la ley 48 y Acordada 4/2007, ap. 3, incisos d y e); extremos que en el caso no se verifican.
En primer término, las críticas formuladas por los recurrentes a las consideraciones efectuadas en mi voto en la sentencia cuestionada no resultan atendibles para sustentar la habilitación del remedio extraordinario pretendido. He sostenido en la sentencia aquí cuestionada, y aquí reitero, que el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida.
Confluyen aquí finalidades de privar al autor del provecho económico obtenido y de afirmar la vigencia de la norma vulnerada. Tal axioma adquiere particular relevancia cuando, como ocurre en autos, el ilícito comprobado en la sentencia condenatoria firme ha generado un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público, supuesto en el que la finalidad del instituto -impedir que el delito rinda beneficios- se proyecta no sólo sobre los instrumentos del hecho, sino también sobre el caudal patrimonial que representa su producto o provecho, conforme las pautas que emanan del art. 23 del Código Penal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra la corrupción (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ley 26.097; Convención Interamericana contra la Corrupción, ley 24.759).
Los agravios traídos a esta instancia por las defensas remiten, en lo sustancial, a cuestionar la interpretación y aplicación efectuadas en la sentencia recurrida del art. 23 del Código Penal y de las reglas procesales que rigen la ejecución de la sanción de carácter patrimonial. Ello revela que las críticas se dirigen a temas de derecho común, cuya consideración resulta ajena -como regla- a la vía extraordinaria federal (Fallos: 292:564; 294:331; 301:909; 313:253; 321:3552; 325:316; 314:1687; 323:643 y 324:2509, entre muchos otros).
La sentencia impugnada brindó una respuesta extensa, fundada y razonada a cada uno de los planteos articulados por las defensas, encuadrándolos dentro del marco normativo aplicable. Las críticas que las defensas formulan a las consideraciones allí desarrolladas traducen una mera discrepancia con la interpretación adoptada respecto del alcance del instituto del decomiso y del estándar probatorio aplicable a la identificación de los bienes alcanzados por la medida, lo que no habilita la vía extraordinaria intentada. Tampoco la sola mención de preceptos constitucionales basta para la debida fundamentación de los recursos, máxime cuando los recurrentes se han limitado a invocarlos sin desarrollar una inteligencia específica que demuestre que las normas aplicadas resulten incompatibles con aquéllos (Fallos: 333:2040). En el caso, los planteos relativos al principio de legalidad, al principio acusatorio, al principio de inocencia, al valor de la cosa juzgada, al principio de culpabilidad y a la afectación de bienes de terceros recibieron acabada respuesta en la sentencia recurrida, sin que las objeciones de los recurrentes logren demostrar una relación directa e inmediata entre la materia del pleito y las cuestiones federales invocadas (Fallos: 295:335; 300:443; 302:561; 303:2012).
A su vez, no resulta procedente la habilitación de la jurisdicción extraordinaria del Máximo Tribunal con sustento en la doctrina de la arbitrariedad esgrimida por los impugnantes. Para que prospere esa excepcional vía (Fallos: 112:384; 207:72 y 238:550, entre muchos otros), es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual los recurrentes no han acreditado. La sentencia impugnada constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, contando con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 300:92; 301:449; 303:888).
Por consiguiente, de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara Federal de Casación Penal, los recursos extraordinarios federales interpuestos deben ser declarados inadmisibles, con costas (arts. 14 y 15 de la ley 48 y arts. 68 y 69 del CPCCN).
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Los recursos extraordinarios federales interpuestos han sido presentados en debido tiempo y forma por quienes se encuentran legitimados para hacerlo, contra una sentencia dictada por el superior tribunal de la causa (Fallos: 347:1434; 328:1108 y 318:514). En atención a las particularidades que presenta cada una de las impugnaciones articuladas y a los agravios concretamente planteados, habré de propiciar una solución diferenciada respecto de cada uno de los remedios federales intentados.
En lo que respecta al recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, se destaca que los cuestionamientos formulados remiten al examen de aspectos de derecho común que resultan, por regla, ajenos a la instancia extraordinaria salvo supuesto de arbitrariedad (Fallos 112:384; 207:72 y 238:550; entre muchos otros), cuestión que en el caso no fue demostrado.
Los diversos agravios expresados por la parte frente los fundamentos del fallo impugnado no alcanzan para dar cabal respaldo a la pretensión de obtener por vía de la excepcional doctrina de la arbitrariedad el acceso a la Corte Suprema de Justicia, sino que se limitan a expresar su disconformidad con lo decidido.
En ese sentido, no basta con echar mano de esta doctrina para que prospere la impugnación que se pretende, sino que es menester exponer y fundamentar los errores que se le atribuyen al fallo atacado, refutando cada uno de los razonamientos que le sirvieron de sostén (Fallos: 303:109 y 481;304:1306; 306:503, entre muchos otros) y, en su caso, demostrar acabadamente en dónde reside el yerro lógico que a juicio de quienes impugnan, acarrea la aludida arbitrariedad, habida cuenta del criterio particularmente restrictivo para examinar su procedencia, conforme enseña la jurisprudencia del cimero Tribunal (Fallos: 310:2012).
Se advierte que los agravios presentados en su impugnación extraordinaria como cuestiones federales constituyen una reedición de aquellos planteados en su recurso de casación que motivaron la resolución que ahora impugna, por lo que las cuestiones federales invocadas se traducen en meros juicios discrepantes con el criterio expuesto en la sentencia objetada.
En efecto, no ha cumplido con el requisito de refutar todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales invocadas, como así tampoco han logrado demostrar que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales referidas y lo debatido y resuelto en el caso, ni que la decisión impugnada sea contraria al derecho invocado por los apelantes con fundamento en aquéllas (cfr. Acordada 4/2007, ap. 3, incisos d y e).
Por ello entiendo que el recurso extraordinario federal presentado por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner debe ser declarado inadmisible. Distinta solución corresponde adoptar respecto de los remedios federales interpuestos por la defensa de Lázaro Antonio Báez y por el letrado apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Los planteos articulados por la defensa del primero en lo relativo al decomiso ordenado respecto de los bienes individualizados en los puntos I.D.1 e I.D.3 (inmuebles de titularidad de Kank y Costilla S.A.) y I.E.1 e I.E.2 (inmuebles de titularidad de Loscalzo y Del Curto S.R.L.) de la resolución del “a quo” resultan parcialmente atendibles. Ello así, por cuanto dichos bienes habrían sido adquiridos por las respectivas personas jurídicas con anterioridad al 23 de abril de 2004 -fecha de partida fijada por el propio tribunal para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso-, sin que la sentencia aquí recurrida -en los votos que conformaron la mayoría- brindara debido tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por la parte ni a su impacto sobre la procedencia de la medida.
Una observación análoga corresponde formular respecto del remedio federal articulado por el letrado apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner -terceros interesados-, en lo que atañe al decomiso ordenado sobre los bienes individualizados en los puntos I.F.1 a 10 (los diez departamentos sitos en Mitre 535 de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz) y I.F.15 a 19 (los cinco lotes correspondientes al Complejo Hotel Los Sauces, Departamento III Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz) del fallo del “a quo”.
En tales extremos, los recursos extraordinarios federales se encuentran debidamente fundados con sustento en el principio constitucional de legalidad (art. 18 CN) y en el derecho de propiedad (art. 17 CN; art. 21 CADH). Ello toda vez que el decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes.
El enunciado principio constitucional de legalidad impone a las autoridades la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas en la ley (Fallos: 330:4234; 331:699; 331:1312; 331:1679; 331:2784; 334:1143; 334:1754; 338:793) exigencia que en el caso no se observa frente a la afectación patrimonial dispuesta sobre bienes adquiridos con anterioridad al hito temporal fijado por el propio tribunal. Asimismo, también cabe admitir la impugnación extraordinaria federal con sustento en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 112:384; 207:72; 238:550, entre muchos otros) en lo relativo a la omisión de tratamiento de cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la solución del litigio. Si bien es regla general que no le corresponde a la Corte sustituir a los jueces de la causa en temas de derecho común, no menos cierto es que tal regla debe ceder ante la existencia de defectos de fundamentación o de razonamiento que impidan considerar a la sentencia como el acto jurisdiccional al que toda parte en un proceso tiene un derecho constitucionalmente garantizado (Fallos: 347:993 entre otros).
En orden a las consideraciones expuestas es dable concluir que los recursos extraordinarios federales interpuestos por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez y por el letrado apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner -en su carácter de terceros interesados- identifican las cuestiones de índole federal que pretenden llevar a conocimiento del más alto Tribunal conforme lo requiere la doctrina de Fallos: 338:711 "Remolcoy" y 339:307 "Almonacid" , en lo que respecta a los puntos del decomiso individualizados precedentemente.
En cambio, los restantes agravios articulados tanto por la defensa de Báez como por el letrado apoderado de Máximo y Florencia Kirchner -vinculados con la pretendida desnaturalización del instituto del decomiso, la indebida extensión de la medida a sociedades del grupo empresario, la creación judicial de un criterio temporal autónomo, la alegada inversión de la carga probatoria, la pretendida vulneración del principio de cosa juzgada y la genérica invocación de garantías constitucionales- no superan el examen de admisibilidad exigido por el art. 14 de la ley 48, en tanto remiten a la interpretación del derecho común aplicable -en particular, del art. 23 del Código Penal- y a la valoración de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, materias que como regla resultan ajenas al remedio federal intentado.
Lo propio corresponde señalar respecto del decomiso ordenado en los puntos I.F.11 a 14 de la resolución del tribunal oral, respecto del cual la sentencia recurrida desarrolló razonadamente sus fundamentos, sin que los planteos defensistas logren conmover dicho razonamiento. La sentencia cuestionada, respecto de esos extremos, constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas del caso (Fallos: 300:92; 301:449; 303:888).
Por las consideraciones expuestas, y teniendo en consideración lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal en esta instancia, entiendo que corresponde: I. declarar inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, con costas; y conceder parcialmente el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez, y por el letrado apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner -en su carácter de terceros interesados-, sin costas en la instancia (arts. 14 y 15 de la ley 48 y arts. 68 y 69 del CPCCN).
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
Que compartimos, en lo sustancial, las consideraciones del voto que lidera el Acuerdo por lo que adelantamos que habremos de adherir a la solución propuesta por el magistrado Gustavo M. Hornos.
En ese sentido, como lo sostuvo en jurisprudencia reiterada la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recurso extraordinario federal exige, entre otros requisitos para su procedencia, que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en la especie no ocurre (Fallos: 306:136; 305:1694 y 147:371, entre muchos otros).
En cuanto a los agravios esgrimidos por las defensas y el apoderado, cabe advertir que las partes se han limitado a expresar su discrepancia con lo decidido, más los planteos remiten a la interpretación de temas de derecho común y a su aplicación al caso, aspectos ajenos a la instancia extraordinaria (Fallos: 292:564; 294:331; 301:909; 313:253; 321:3552 y 325:316).
Ello es así, por cuanto los agravios planteados por las defensas no suscitan una controversia acerca de la interpretación o alcance de las normas constitucionales que dicen conculcadas, pues sólo se han limitado a invocarlas sin desarrollar de manera suficiente de qué modo la resolución cuestionada las vulnera. La sola mención de preceptos constitucionales no basta para la debida fundamentación del recurso (Fallos: 333:2040, entre otros).
Tampoco corresponde hacer lugar a la excepción de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia planteada por las partes impugnantes, por cuanto en atención al carácter restrictivo de su admisión, para que prospere la impugnación con ese respaldo es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo que las defensas no consiguieron probar (Fallos: 311:1695).
Las impugnaciones se basaron, antes bien, en la reedición de agravios que tuvieron adecuada respuesta y que consisten en juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo demostrar la relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal invocada (Fallos: 295:335; 300:443; 302:561 y 303:2012, entre otros).
Así, el cimero Tribunal tiene dicho que “(L)a relación directa que la ley 48 exige, existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente de la interpretación del precepto constitucional aducido; de otro modo la jurisdicción de la Corte Suprema sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal” (Fallos: 301:447; 305:2096; 310:2306 y sus citas, entre otros).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal, los recursos extraordinarios federales interpuestos no pueden prosperar y deben ser declarados inadmisibles, con costas (arts. 14 y 15 de la ley 48 y arts. 68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Es nuestro voto.
Por ello, el Tribunal, RESUELVE:
I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, con costas (arts. 14 y 15 de la ley 48 y arts. 68 y 69 del CPCCN).
II. Por mayoría, DECLARAR INADMISIBLES los recursos extraordinarios federales interpuestos por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez, y por el letrado apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner -en su carácter de terceros interesados-, con costas (arts. 14 y 15 de la ley 48 y arts. 68 y 69 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa al Tribunal de origen mediante pase digital.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña.
Ante Mí: Mariano González, Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia