Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez; sin costas en la instancia (artículos 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.).
II. Tener PRESENTES las reservas del caso federal efectuadas.
//la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky, como presidente, y los doctores Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en la causa CFP 5048/2016/TO1/39/2/CFC21 del registro de esta Sala, de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2, en fecha 1 de septiembre de 2025, resolvió, en lo que aquí concierne “I. RECHAZAR los planteos de incompetencia promovidos por Cristina Fernández de Kirchner con el patrocinio letrado de sus defensores, Dres. Beraldi y Llernovoy, como así también aquél instado por los Dres. Villanueva y Liniado, defensores particulares de Lázaro Antonio Báez, con costas (arts. 30, 491 y 530, Código Procesal Penal)(…) III.- DELEGAR la tramitación de las incidencias respectivas bajo la responsabilidad de los Sres. Fiscales Generales intervinientes, en los términos y con el alcance definido en el considerando III de la presente resolución”.
II. Que contra dicha resolución, la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro REGISTRO N° 1227/25.4 Antonio Báez, interpusieron recursos de casación los que fueron concedidos el día 17 de septiembre de 2025.
III. a. En primer término la defensa de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la decisión impugnada encuadra en lo establecido por el artículo 457 del CPPN. Sostuvo que, si bien la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva sobre el fondo, debe considerarse equiparable a tal, en tanto resuelve cuestiones de competencia que afectan directamente la garantía del juez natural y cuya revisión inmediata es necesaria para evitar perjuicios irreparables y un dispendio jurisdiccional. Asimismo, invocó la existencia de litispendencia, dado que tramitan en paralelo causas con pretensiones patrimoniales superpuestas, lo que vulnera la prohibición de doble persecución.
Fundó su escrito en los incisos 1° y 2° del art. 456 CPPN, alegando tanto una errónea interpretación de la ley sustantiva como la violación de formas esenciales del debido proceso, configurando un caso de arbitrariedad. Comenzó su presentación señalando que la declinatoria presentada en la causa se vinculó estrictamente con la prosecución del proceso de ejecución de sentencia en los términos impulsados por los fiscales. Según expuso, los fiscales de juicio no procuran aplicar el decomiso en su naturaleza legal, es decir, sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito conforme al art. 23 del Código Penal, sino llevar adelante una acción de carácter resarcitorio y restitutorio orientada a reparar daños sociales atribuidos a los hechos juzgados. Para la defensa, esta postura implica sustituir el decomiso legal por un mecanismo resarcitorio ajeno al proceso penal, que afecta de modo directo las garantías constitucionales y convencionales de legalidad, culpabilidad, trascendencia de la pena y derecho de propiedad.
Argumentó que la resolución recurrida contiene fundamentos contradictorios ya que, si bien reconoce diferencias esenciales entre el decomiso y la reparación de perjuicios, al mismo tiempo habilita parcialmente la ejecución en los términos planteados por los fiscales, consolidando así la litispendencia y afectando la garantía del juez natural.
Señaló que el fallo deviene arbitrario al sostener criterios opuestos entre sí y carecer de una derivación razonada del derecho vigente. Entre los aspectos positivos que la propia sentencia reconoce, enumeró que el decomiso es una sanción penal accesoria distinta de las acciones civiles, que no puede equipararse a la satisfacción de créditos, que la intimación de pago no genera novación y que el análisis debe restringirse a bienes incorporados al patrimonio de los condenados en simultáneo con la maniobra delictiva. No obstante, señaló que en lugar de remitir la cuestión al fuero civil y comercial federal, el tribunal insistió en mantener su competencia, justificando su postura en argumentos que la defensa considera erróneos.
Cuestionó que se le atribuya al decomiso un carácter resarcitorio o restaurativo, cuando su naturaleza estrictamente penal está regulada en el Título de las penas y no en el de la reparación de daños. También rechaza la mención a supuestos deberes de solidaridad, recordando que el art. 31 del Código Penal los prevé exclusivamente en materia de reparación de perjuicios, no en relación con el decomiso.
Criticó el marco temporal fijado por el tribunal -mayo de 2003 a diciembre de 2015- y sostiene que, respecto de Cristina Fernández de Kirchner, el único parámetro válido debió ser el 29 de enero de 2009, fecha del decreto por el que fue condenada como autora, de modo que extender la pretensión patrimonial más allá de esa fecha vulnera los principios de culpabilidad y trascendencia de la pena. La defensa concluyó que la resolución impugnada debe ser casada por su arbitrariedad y por lesionar principios y garantías constitucionales y convencionales. Subrayó la existencia de litispendencia entre la pretensión patrimonial aquí discutida y la causa Nº 4485/2018, lo que impone declinar la competencia en favor del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº2. Agregó que esta solución resulta indispensable para evitar decisiones contradictorias y preservar el orden de prelación del art. 30 del Código Penal, que otorga prioridad a la indemnización de daños por sobre el decomiso.
Por todo ello, solicitó que se case la resolución recurrida declarando la incompetencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 para resolver la pretensión fiscal, o bien se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
Hizo reserva del caso federal.
b. La defensa particular de Lázaro Antonio Báez comenzó su presentación señalando los arts. 491 y 493 del CPPN autorizan expresamente la interposición del recurso de casación contra decisiones adoptadas en incidentes de ejecución penal. Recordó que, en este caso, la resolución impugnada habilita la ejecución de un decomiso que ya había sido contemplado en la sentencia de unificación de condenas dictada por el TOF N°4, lo que evidencia una indebida duplicidad sancionatoria.
Alegó que la resolución cuestionada es equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 457 CPPN, ya que produce un agravio de imposible reparación ulterior al proyectar efectos patrimoniales irreversibles sobre el imputado y desconocer el principio de preclusión. Denunció que la resolución vulnera el debido proceso legal, el principio de legalidad, el principio preclusivo; el principio de juez natural, la seguridad jurídica, el principio de humanidad de la pena, el derecho a una sentencia debidamente motivada, y la prohibición de doble castigo o doble cómputo. Además, sostuvo que lo resuelto por el “a quo” configura una resolución arbitraria, que no satisface el estándar constitucional de motivación suficiente ni analiza debidamente los planteos formulados.
La defensa cuestionó que el “a quo” haya rechazado la declinatoria de competencia bajo el argumento de que la unificación de condenas dispuesta el 11 de julio sólo se circunscribió a las penas privativas de libertad y no al decomiso. Según esa postura, el decomiso no sería una pena unificable y, por lo tanto, su ejecución correspondería al tribunal que lo dictó originalmente. Frente a ello, alegó que el razonamiento es jurídicamente errado porque desconoce el verdadero alcance del art. 58 del Código Penal, que, a su entender, no se limita a sumar años de prisión, sino que impone dictar una nueva sentencia única que sustituya integralmente a las anteriores, absorbiendo tanto las penas principales como las accesorias. En consecuencia, afirmó que los decomisos también quedan comprendidos dentro de la condena unificada y que, pretender lo contrario, equivale a reactivar pronunciamientos ya superados, en contradicción con la propia sentencia de unificación del TOF N°4.
Sostuvo que la resolución del TOF N°2 desconoce lo resuelto por otro tribunal del mismo fuero, generando una fragmentación ilegítima de la condena. Alegó que, al aplicar el art. 490 CPPN, el “a quo” parte de la premisa equivocada de que cada sentencia conserva su autonomía, cuando en realidad han perdido vigencia al ser reemplazadas por la condena única.
Refirió que la interpretación adoptada vulnera el principio de legalidad, al distorsionar el alcance del art. 58 CP en perjuicio del imputado; afecta el derecho al juez natural, al atribuir competencia a un tribunal que ya no conserva jurisdicción; y resiente la seguridad jurídica, pues somete a su asistido a resoluciones parciales y contradictorias. Insistió en que mientras el TOF N°4 reconoce que el decomiso forma parte de la condena única, el TOF N°2 pretende ejecutarlo autónomamente, provocando superposición de decisiones.
Además, advirtió que la propia sentencia de unificación aún no se encuentra firme porque fue recurrida por la defensa, lo que vuelve más arbitraria la anticipación de su ejecución, en abierta violación al principio de seguridad jurídica.
La defensa criticó que el Tribunal rechazara la declinatoria de competencia argumentando que, aunque en ambas causas (CFP 3017/2013/TO02 y CFP 5048/2016/TO01) se hubiesen identificado los mismos bienes como objeto de decomiso, ello no significaba una acumulación automática, sino que debía resolverse conforme a las normas procesales pertinentes. Frente a ello, sostuvo que el Tribunal desnaturalizó el planteo, ya que nunca se pidió una acumulación automática, sino que se señaló que la integración de las medidas patrimoniales es la consecuencia necesaria e inevitable de la sentencia de unificación dictada en los términos del art. 58 del CP.
Recordó que la unificación supone la absorción de todos los efectos principales y accesorios en una única condena. En tal sentido, refirió que la resolución cuestionada es arbitraria porque asume competencia sobre la base de argumentos falsos atribuidos a la defensa y desconoce la doctrina pacífica que interpreta el art. 58 CP como comprensivo de todas las consecuencias jurídicas de las condenas anteriores.
Alegó que, aun cuando el “a quo” sostuvo que no existía duplicidad sancionatoria por cuanto cada decomiso respondería a delitos diferentes y produciría consecuencias patrimoniales autónomas, en realidad no se trata de una duplicidad meramente aparente sino efectiva, ya que en ambas causas se está discutiendo sobre el mismo caudal de dinero: en una, considerado fruto de la administración fraudulenta, y en la otra, tenido por objeto de maniobras de lavado de activos orientadas a reinsertar esos fondos en el circuito legal. En tal sentido, enfatizó que todos los órganos judiciales y fiscales intervinientes en los dos procesos coincidieron desde un inicio en que se trataba del mismo “botín”, que atravesó las distintas etapas de sustracción y posterior blanqueo.
La defensa advirtió que aceptar la postura del “a quo” llevaría a una contradicción insalvable en tanto si se afirmara que los fondos son distintos, se eliminaría el ilícito precedente necesario para sostener la condena por lavado, lo que incluso habilitaría un juicio de revisión. Recalcó, además, que la cuestión de la duplicidad ya fue planteada ante el TOF N°4 y actualmente se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que el TOF N° 2 carece de jurisdicción para pronunciarse.
Por todo ello solicitó que se case la resolución aquí impugnada, que se disponga la suspensión de toda medida orientada a la ejecución del decomiso originalmente ordenado en estas actuaciones y posteriormente incorporado a la condena única dictada por el TOF N°4, y se reafirme la competencia de dicho Tribunal para entender en la etapa de ejecución.
IV. Que en la oportunidad prevista en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N., la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Antonio Báez, y el señor Fiscal General ante esta instancia, Mario A. Villar, presentaron breves notas. En su presentación, la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, planteó que el Tribunal Oral Federal Nº 2 es incompetente para ejecutar el decomiso dispuesto en la sentencia de la causa CFP 5048/2016/TO1, pues, a su entender, la pretensión fiscal no persigue la aplicación de una sanción penal, sino una reparación civil improcedente en esta sede.
La defensa argumenta que la acusación, bajo la apariencia del decomiso, impulsan una acción resarcitoria tendiente a obtener una restitución patrimonial y no la ejecución de una pena accesoria. Subrayó que ello vulneraría los principios de legalidad, culpabilidad, juez natural, “ne bis in ídem” y el derecho de propiedad, toda vez que el decomiso sólo puede recaer sobre bienes que sean instrumento, producto o provecho del delito, no sobre el patrimonio general del condenado. Además, advierte que ya existe una causa civil (expte. 4485/2018) en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 2, donde deben ventilarse las cuestiones de reparación, configurándose así litispendencia.
Además, criticó que el “a quo” haya sostenido su competencia y, al mismo tiempo, atribuido al decomiso una función resarcitoria o solidaria, lo que consideran contradictorio e ilegítimo. Señalan que la solidaridad sólo puede derivar de la ley o del título constitutivo de la obligación (art. 828 CCyC), y que el art. 31 del Código Penal se refiere a la reparación del daño, no al decomiso. Asimismo, objetó el marco temporal adoptado por el Tribunal (2003-2015), pues insiste que respecto de su asistida sólo podría abarcar desde la firma del decreto 54/2009. En conclusión, solicitó que la resolución impugnada sea casada por arbitraria, se declare la incompetencia del Tribunal Oral para ejecutar la pretensión patrimonial y se remitan las actuaciones al fuero civil y comercial federal, o subsidiariamente se ordene dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Por su parte la defensa particular de Lázaro Antonio Báez sostuvo que, tras haberse dictado dos condenas firmes en las causas CFP 5048/2016/TO1 y CFP 3017/2013/TO2, el tribunal competente para unificarlas fue TOF N°4, que impuso una única pena de quince años de prisión y multa. Sostuvo que dicha unificación abarcó integralmente todas las consecuencias jurídicas de ambas condenas, incluidas las accesorias como el decomiso, por lo que cualquier intervención posterior del TOF N°2 resulta improcedente. En esa línea, la defensa denunció que el TOF N°2, al ordenar el pago de más de seiscientos ochenta mil millones de pesos en concepto de decomiso, vulneró el principio del juez natural (art. 18 CN y art. 8.1 CADH), al arrogarse una competencia que ya no le correspondía. Alegó que su jurisdicción cesó automáticamente con la sentencia de unificación dictada por el TOF N° 4 y que toda actuación posterior de aquel tribunal carece de validez, afectando el debido proceso y los derechos de defensa en juicio. Finalmente, advirtió que permitir que dos tribunales distintos ejecuten decomisos sobre un mismo patrimonio contradice la unidad que impone el art. 58 del Código Penal, genera riesgo de duplicidad sancionatoria y vulnera los principios de legalidad y de coherencia punitiva. Por todo ello, solicitó que se case la resolución recurrida sin reenvío.
El Fiscal General solicitó que se rechacen los recursos de casación interpuestos por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez y se confirme la resolución del Tribunal Oral Federal n.º 2 que rechazó los planteos de incompetencia.
Sostuvo que la decisión impugnada se encuentra debidamente fundada, no incurre en arbitrariedad ni en apartamiento del derecho vigente, y que los agravios defensistas sólo expresan una disconformidad valorativa con el razonamiento del tribunal.
Subrayó que el decomiso no es una pena ni una medida de seguridad, sino una consecuencia jurídica autónoma destinada a eliminar los beneficios patrimoniales obtenidos ilícitamente y que no depende de la culpabilidad individual ni del principio de intrascendencia de la pena, sino que busca impedir que el delito resulte rentable. Descartó que exista duplicidad sancionatoria o violación del principio “ne bis in ídem”, pues refirió que los decomisos dispuestos en distintas causas responden a hechos y objetos procesales diferentes, con consecuencias patrimoniales independientes. Rechazó, asimismo, que el decomiso deba remitirse al Tribunal Oral Federal nº 4, ya que no se trata de una pena susceptible de unificación bajo el art. 58 del Código Penal.
También rechazó que exista confusión entre decomiso y reparación civil, y afirmó que el tribunal es competente para ejecutar la sanción penal de decomiso, conforme al art. 490 del CPPN, sin depender de la suerte del proceso civil. Añadió que el expediente invocado por la defensa -la causa civil “Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández”- fue declarado caduco a pedido de la propia imputada, por lo que no puede servir de fundamento para la declinatoria pretendida.
Finalmente, resaltó que el cumplimiento de la sentencia y la ejecución del decomiso constituyen una obligación internacional del Estado argentino en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que imponen la recuperación de activos ilícitos y su utilización en beneficio de la sociedad.
Por todo ello, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó confirmar el fallo y rechazar los recursos de las defensas.
Así quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Admisibilidad.
He sostenido con insistencia -y originalmente en soledad-, que el control judicial amplio y eficiente resulta ineludible a la luz de la ley vigente, y además un factor altamente positivo para el logro de los fines que procuran las normas de ejecución de las penas (cfr.: de esta Sala IV, causa Nro. 699, "MIANI, Cristian Fabián s/recurso de casación", reg. Nro. 992, rta. el 4/11/97; causa Nro. 691, "MIGUEL, Eduardo Jorge s/recurso de casación", reg. Nro. 984; causa Nro. 742, "FUENTES, Juan Carlos s/recurso de casación", reg. Nro. 1136, rta. el 26/2/98; causa Nro. 1367, "QUISPE RAMÍREZ, Inocencio s/recurso de casación", reg. Nro. 1897, rta. el 18/6/99; entre muchas otras). Ese criterio fue con posterioridad avalado y adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ejecución” (Fallos 327:388, rta. el 9/3/04).
Estas consideraciones resultan plenamente trasladables al caso de autos, donde las defensas cuestionan aspectos del decomiso dispuesto en la sentencia condenatoria firme, alegando arbitrariedad en la tramitación seguida. Se trata, en definitiva, de asegurar el control judicial de las decisiones adoptadas en el marco de la ejecución de la pena.
Consecuentemente, corresponde declarar admisibles los recursos interpuestos.
II. Contingencias del caso.
En primer término, corresponde efectuar una breve reseña del derrotero del presente incidente antes de ingresar en el fondo de la cuestión traída a estudio con el objeto de otorgar una mayor claridad al análisis.
El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja presentada por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner y, en consecuencia, adquirió firmeza la condena impuesta a la pena de seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (cfr. legajo CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85).
En ese mismo pronunciamiento -específicamente en el punto XI- también se dispuso el decomiso de los efectos del delito. Este se fijó en la suma de $84.835.227.378,04, monto que debía ser actualizado mediante la intervención de organismos técnicos al momento de adquirir firmeza la sentencia. Además, se estableció que el resultado de esa actualización debía ser depositado dentro de los diez días hábiles contados desde la ejecutabilidad de la decisión, conforme lo previsto por el Código Penal y por las convenciones internacionales en materia de corrupción. Posteriormente, una vez firme la sentencia, se inició su ejecución. En lo relativo al decomiso, mediante decreto del 12 de junio se ordenó proceder a la actualización del monto indicado. Para ello se dio intervención al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 10 de julio presentó el informe técnico requerido, suscripto además por los peritos de parte designados por el Ministerio Público Fiscal. Por su parte, al día siguiente, el perito Gaincerain, a propuesta de la defensa de Fernández de Kirchner presentó un dictamen alternativo.
Finalmente, el 15 de julio de 2025, el “a quo”
resolvió adoptar la metodología de actualización propuesta en el informe conjunto de los peritos oficiales y fiscales. En consecuencia, intimó a las personas condenadas a abonar la suma actualizada de $684.990.350.139,86 bajo apercibimiento de proceder a la ejecución sobre los bienes afectados. Dicha decisión fue confirmada por esta Sala IV en fecha 17 de septiembre de 2025 (cfr. reg. 1028/25.4). En ese contexto, la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner planteó la declinatoria de competencia del “a quo”, sosteniendo que lo decidido implicaba una indebida asunción de atribuciones en materia de reparación civil que excedían la competencia penal, y que correspondía remitir el incidente al Juzgado Civil y Comercial Federal N°2, donde tramitaba un proceso conexo. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó la incompetencia del tribunal en lo relativo a la ejecución del decomiso, en razón de que, al haberse dictado por el Tribunal Oral Federal N°4 una sentencia de unificación de condenas el 11 de julio de 2025, correspondía a ese órgano asumir la ejecución integral de la condena, incluido el decomiso.
El Ministerio Público Fiscal postuló el rechazo de los planteos defensitas. En relación con Fernández de Kirchner, sostuvo que lo decidido encontraba sustento en una sentencia firme, que el decomiso constituye una sanción penal autónoma y no una acción resarcitoria civil, y que no se configuraba litispendencia ni “ne bis in idem”, ya que la causa civil y la penal no comparten identidad de objeto ni de pretensión. Respecto de Báez, los fiscales destacaron que la sentencia de unificación del TOF N° 4 se limitó a las penas privativas de libertad, sin comprender al decomiso, y que este no integra el catálogo de penas enumeradas en el art. 5 del Código Penal, razón por la cual su ejecución debía permanecer en cabeza del tribunal que lo dictó. También enfatizó que no existía duplicidad, pues cada decomiso respondía a hechos ilícitos distintos, y que el planteo defensivo carecía de sustento normativo y jurisprudencial.
El 1° de septiembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 resolvió rechazar ambas declinatorias, mantener su competencia para ejecutar el decomiso y delegar en los fiscales intervinientes las medidas tendientes al recupero de activos. En lo sustancial, el “a quo” entendió que el decomiso ordenado en la sentencia de 2022, hoy firme, constituía una accesoria a la pena de carácter autónomo, que no se hallaba comprendida en la unificación dispuesta por el TOF N°4, y que, por disposición del art. 490 del CPPN, su ejecución correspondía al tribunal que lo dictó. Asimismo, sostuvo que el decomiso, en tanto sanción penal, no podía ser confundido con una acción civil resarcitoria, y que su función reparadora se vinculaba directamente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción. Contra esa resolución, las defensas interpusieron recursos de casación. La defensa de Lázaro Báez planteó, en lo sustancial, la errónea interpretación de los arts. 58 del CP y 490 del CPPN, afirmando que la unificación de condenas dictada por el TOF N° 4 absorbía no solo las penas principales, sino también las accesorias, incluido el decomiso. Alegó que el TOF N°2, al desconocer esta consecuencia, asumió competencia de manera indebida y arbitraria, generando resoluciones contradictorias y vulnerando los principios de legalidad, juez natural y seguridad jurídica. Finalmente, destacó que se configuraba una duplicidad sancionatoria inadmisible, pues el decomiso recaía dos veces sobre un mismo caudal de dinero, primero como producto de la administración fraudulenta y luego como objeto de lavado de activos, lo cual lesionaba la prohibición de doble punición.
Por su parte, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner alegó que la resolución recurrida confundió la naturaleza penal del decomiso con la reparación civil regulada en los arts. 29 y 30 del Código Penal, proyectando efectos propios de la acción resarcitoria. Señaló que existía litispendencia con el proceso en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, lo cual generaba el riesgo de pronunciamientos contradictorios y vulneraba el principio “ne bis in idem”. También objetó que el decomiso hubiera sido concebido bajo la noción de responsabilidad solidaria, figura propia de la reparación civil pero ajena al instituto penal. Además, sostuvo que el parámetro temporal del decomiso fue fijado de manera arbitraria, al extenderse a todo el período 2003–2015 pese a que la conducta que se le atribuyó se circunscribía a hechos del año 2009.
III. Consideraciones iniciales.
Expuestos los antecedentes relevantes y los diferentes cuestionamientos sustanciales relacionados con el decomiso dispuesto en autos, habré de efectuar algunas consideraciones en torno a dicho instituto.
Ante todo, cabe mencionar que el deber de realizar acciones concretas para lograr la identificación, localización, embargo y decomiso de bienes y el recupero de activos de origen ilícito, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico (en lo pertinente al caso conf. art. 23 del Código Penal; ley 20.785; art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; art. XV de la Convención Interamericana contra la Corrupción; y Acordada 2/18 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Bajo el amparo de la normativa mencionada y a partir de los argumentos expuestos por los recurrentes, corresponde recordar que las reglas establecidas para el decomiso integran un cuerpo de normas sustantivas, cuya aplicación resulta imperativa en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 del C.P. En efecto, la citada norma ordena que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado o de terceros […]”.
De manera que el decomiso es accesorio a una pena principal, que constituye un efecto de la sentencia condenatoria cuando se configuran aquellas condiciones legalmente previstas y que, por encontrarse dispuesto en la parte general del Código Penal, resulta aplicable de manera obligatoria a todos los delitos previstos en dicho cuerpo normativo y en las leyes especiales -a menos que éstas dispongan lo contrario- (cfr. mi voto en causa FCB 32022134/2011/TO1/2/CFC1, “Córdoba, Eldo Damián y otros s/recurso de casación”, reg. N°849/17.4, rta. el 3/7/17, de esta Sala IV de la C.F.C.P.; entre varias otras).
Llegado a este punto, corresponde subrayar que investigaciones como la presente deben poner un acento especial en la persecución de los hechos de corrupción, dirigidos a desarticular la estructura saqueadora que, enquistada en el aparato estatal, se apropió ilegítimamente de bienes del erario público en beneficio personal. El decomiso de tales activos se erige como una herramienta indispensable para recuperar lo sustraído, neutralizar las ventajas económicas obtenidas a partir de estas prácticas, evitar la impunidad y desalentar la reiteración de hechos de similar naturaleza (cfr. en lo pertinente mi voto en causa “Estrada González, Marco Antonio y otros s/ recurso de casación”, reg. nro. 1134/22, rta. el 29/08/22, y “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/recurso de casación” reg. Nº 1373/24.4 rta. el 13/11/24 entre otros). En este punto, considero pertinente recordar que el recupero de activos es una de las trascendentales herramientas de política criminal diseñadas en los últimos tiempos para erradicar los delitos relacionados a la criminalidad económica compleja –en este caso, una estructura integrada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional junto a otros funcionarios y un empresario privado, que cometieron hechos delictivos entre los años 2003 y 2015-.
Dicha estrategia complementa la atribución de responsabilidad penal con un sistema de persecución de las ganancias producidas por el injusto, buscando evitar su futura utilización para financiar nuevas maniobras delictivas o ser incorporadas a la economía formal. Entonces, considero que el decomiso del producto de un hecho delictivo se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal, situación que obliga a los distintos operadores judiciales a efectuar responsables, precisas e incisivas investigaciones patrimoniales a tal fin.
En otras palabras, se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito (conforme mi voto en la causa FMZ 39137/2016/TO1/5/CFC2, “Collahua Romucho, Luis Antonio y otro s/recurso de casación”, reg. N°2130/19.4, rta. el 23/10/19, de esta Sala IV de la C.F.C.P).
He resaltado que en los delitos en donde se juzgan actos de corrupción, como el de autos, debe ponerse el acento precisamente en la función reparatoria del decomiso. Por ello no puede ignorarse que la medida aquí cuestionada resulta trascendental, a los eventuales fines de restauración de la justicia y restablecimiento del equilibrio perdido. Es que esta medida también apunta a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos, socialmente dañosos (Cfr. en este sentido mis votos en causas de la Sala IV: nº 4787 “Alsogaray, María Julia” -en el que se cita de manera primaria sobre el punto el art. 36 de la C.N.- Reg. 6674.4. Rta. 9/05/2005 y CFP 2160/2009/37/CFC3, “Vázquez, Manuel y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 512/16, rta. el 29/04/2016, y en lo pertinente causa “Beraja, Rubén Ezra s/recurso de casación” reg. nº 1255/20, rta. el 31 de julio de 2020, y “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/recurso de casación” reg. nº 1373/24.4 rta. el 13/11/24 entre otros).
Es que, para combatir y efectivamente erradicar la criminalidad económica compleja -en este caso bajo la modalidad corrupción- es indispensable, más allá del juzgamiento de los autores y partícipes de las maniobras ilícitas, avanzar en investigaciones patrimoniales de cada uno de los imputados con el objeto de decomisar los activos que continúan en su poder.
En ese sentido, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha afirmado, en lo pertinente, que “La comunidad internacional reconoce el grave problema que representa la delincuencia organizada y que se deben mejorar los mecanismos de lucha contra ese tipo de delincuencia y facilitar la recuperación de lo producido por ella, para lo cual es necesario el decomiso” (Manual de cooperación internacional en el decomiso del producto del delito, año 2013, p. 8).
Todo lo expuesto deberá ser ponderado en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.
IV. Naturaleza jurídica del decomiso y “Ne bis in idem”.
Sentado cuanto precede, corresponde dejar en claro que el decomiso dispuesto en la sentencia condenatoria ya ha sido objeto de análisis y confirmación en instancias anteriores, encontrándose firme desde la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de junio de 2025. En consecuencia, lo que se debate en esta oportunidad no es la procedencia ni la extensión de dicha sanción patrimonial, sino aspectos vinculados a su ejecución y tramitación concreta, tales como la competencia del tribunal de origen para llevarla adelante, el alcance de su proyección temporal y la coordinación con otros procesos en curso.
Señalados los cimientos sobre los que se estructuran los aspectos sustanciales traídos a estudio a esta instancia corresponde ingresar al concreto tratamiento de los agravios de las partes.
1. En primer término, corresponde ingresar al agravio de la defensa particular de Báez referido a la interpretación de los arts. 58 del Código Penal y 490 del Código Procesal Penal de la Nación.
El instituto de la unificación de penas regulado por el art. 58 del Código Penal tiene como objeto exclusivo evitar la imposición de múltiples sanciones privativas de libertad cuando concurren diversas condenas. De allí que el legislador dispuso que, en esos supuestos, corresponda dictar una pena única que sustituya a las anteriores (cfr. causa nº2081,"GUERRA ZALAZAR, Enrique Daniel s/recurso de casación", reg. nº2960, rta. el 6/11/00; causa nº2155, “NIEVAS, Jorge Raúl s/recurso de queja”, reg. nº3251.4, rta. el 23/3/01; causa nº2735, “VERA, Fabián Eduardo s/recurso de casación”, reg. nº 3549.4, rta. el 15/8/01; y causa nº2991, “RODRÍGUEZ, Eduardo Adalberto s/recurso de queja”, reg. nº3785, rta. el 30/11/01; causa nº 3532, “RAGNI, Marcelo Alejandro s/recurso de queja”, reg. nº4651.4, rta. el 24/02/03; causa nº4052, “SOSA, Luis Ernesto s/recurso de queja”, reg. nº5069.4, rta. el 18/07/03; causa nº4826, “DE DIOS, Diego Ezequiel s/recurso de queja”, reg. nº6188.4, rta. el 27/10/04).
Tal solución, sin embargo, se limita al catálogo de sanciones principales taxativamente previsto en el art. 5 del Código Penal -reclusión, prisión, multa e inhabilitación-, sin que el decomiso se encuentre comprendido en esa enumeración.
De esta manera, la circunstancia de que el Tribunal Oral Federal N°4 haya dictado una pena única de quince años de prisión para Báez -de momento no firme- no habilita a concluir que también haya asumido competencia respecto del decomiso aquí dispuesto. La propia sentencia dictada por ese órgano así lo precisó expresamente, al circunscribir su pronunciamiento a las penas privativas de libertad y multas, y dejar a salvo las consecuencias patrimoniales de las condenas precedentes (cfr. Lex100 del TOF4 parte resolutoria en causa CFP3017/2013/TO2 registro interno nº 2627 de fecha 11 de julio de 2025).
En cuanto al art. 490 CPPN, su texto es inequívoco al disponer que las resoluciones judiciales serán ejecutadas por el tribunal que las dictó. En ese marco, y siendo el decomiso una sanción accesoria de carácter patrimonial con los alcances detallados en el acápite III del presente voto, corresponde que su ejecución permanezca bajo la órbita del tribunal que lo impuso originalmente. Pretender, como lo hace la defensa, que la unificación absorba todas las consecuencias patrimoniales derivadas de las sentencias previas, desnaturaliza el instituto.
Este criterio ha sido recientemente reafirmado por esta Sala en autos (cfr. reg. 1028/25 rta. el 17 de septiembre de 2025). En aquella oportunidad, en mi voto puntualicé que si bien el art. 58 del Código Penal establece que corresponde al tribunal que impone la pena mayor fijar la pena única, de ello no se sigue que ese mismo tribunal absorba todas las cuestiones atinentes al decomiso. Precisamente señalé que el decomiso no constituye una pena principal a ser unificada, sino una consecuencia patrimonial autónoma prevista en el art. 23 del Código Penal, vinculada directamente al producto, provecho o instrumento del delito enjuiciado en cada proceso (cfr. en lo pertinente mis votos en causas “Córdoba, Eldo Damián y otros s/recurso de casación”; “Collahua Romucho, Luis Antonio y otro s/recurso de casación”; “Alsogaray, María Julia s/recurso de casación”; “Vázquez, Manuel y otros s/ recurso de casación” ya citados; entre otros).
En este sentido, destaqué que cada tribunal conserva competencia natural para pronunciarse sobre el decomiso derivado de los hechos que juzgó, sin que la unificación de penas implique la pérdida de esa potestad. Lo contrario conduciría a la consecuencia disfuncional de que un tribunal distinto al que dictó la condena asuma la definición de consecuencias patrimoniales que se desprenden de los hechos juzgados. La determinación del decomiso, en cuanto accesoria vinculada directamente al delito acreditado, es potestad propia del tribunal de la sentencia y no se ve desplazada por la unificación de penas. Lo que sí resulta cierto es que la coexistencia de condenas en las que exista algún tipo de vinculación debe asegurarse un esfuerzo de coordinación entre los tribunales intervinientes. Ello implica atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de evitar duplicaciones indebidas o montos irrazonables, pero no autoriza a negar de plano la competencia del tribunal que dictó la sentencia condenatoria para actualizar y ejecutar el decomiso que de ella deriva.
Además, como destaqué oportunamente en el caso esta interpretación no es contraria a la letra de la norma. Ello así, porque el art. 58 del Código Penal se limita a establecer que el tribunal que impone la pena más grave es quien debe proceder a la unificación de las penas y de las accesorias legales. Ninguna disposición normativa extiende esa competencia al decomiso, instituto regulado en el art. 23 del Código Penal, que expresamente dispone que en los casos de condena debe resolverse la pérdida de los bienes que constituyan el producto, instrumento o provecho del delito. En consecuencia, la atribución para disponerlo corresponde naturalmente al tribunal que dictó la sentencia sobre ese hecho.
Lo descripto hasta aquí permite esclarecer la diferencia sustancial entre ambos institutos. Mientras la unificación de penas busca consolidar, en una sola, las sanciones privativas de libertad impuestas en procesos distintos, el decomiso constituye una consecuencia patrimonial directamente ligada al hecho delictivo acreditado en cada proceso, cuya imposición corresponde al tribunal que lo juzgó. La lógica de la unificación no puede trasladarse mecánicamente al decomiso, pues este se encuentra regulado en una disposición distinta (art. 23 del CP), con finalidades específicas y, en el caso concreto, también vinculadas al recupero de activos y al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de corrupción y criminalidad organizada.
En este último sentido, cabe recordar que el decomiso, además de su carácter sancionatorio, cumple una función reparatoria esencial frente al daño social ocasionado por delitos de corrupción. Tal como lo he sostenido reiteradamente, esa finalidad se vincula con el mandato constitucional de proteger el sistema democrático (art. 36 CN) y con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En definitiva, la unificación de penas en cabeza del TOF N°4 no desplaza la atribución del TOF N°2 para ejecutar el decomiso dispuesto en esta causa CFP 5048/2016/TO01. Antes bien, ambos institutos responden a lógicas diversas y complementarias. Mientras la unificación procura evitar la multiplicidad de penas privativas de libertad, el decomiso se enlaza de manera directa con el resultado económico del delito y constituye una sanción autónoma cuya ejecución corresponde, naturalmente, al tribunal que dictó la condena.
Por lo demás, cabe aclarar que lo expuesto hasta aquí también permite descartar el agravio de arbitrariedad e indebida asunción de competencia.
El pronunciamiento recurrido se encuentra debidamente motivado y no presenta los vicios de fundamentación que la parte denuncia. Por el contrario, el tribunal “a quo” explicó de modo claro que la unificación de penas dictada por el TOF N°4 no comprendió al decomiso dispuesto en esta causa, cuya ejecución debía continuar bajo la órbita del órgano que lo había impuesto. Esa interpretación resulta ajustada a derecho y es plenamente compatible con la normativa aplicable.
Lejos de configurarse una indebida asunción de competencia, el TOF N°2 actuó dentro del marco que le fija el art. 490 del CPPN, conforme al cual corresponde a cada tribunal ejecutar las resoluciones que dicta. Ello asegura la coherencia entre la atribución jurisdiccional y la responsabilidad sobre los efectos patrimoniales de los delitos juzgados, evitando que otro tribunal —ajeno a la condena— defina aspectos directamente vinculados al hecho ilícito y sus consecuencias de carácter patrimonial. Tampoco puede prosperar el planteo según el cual existirían resoluciones contradictorias o superpuestas. Como ya he tenido oportunidad de señalar en autos, cada tribunal conserva competencia natural para pronunciarse sobre el decomiso derivado de los hechos que juzgó, sin que la unificación de penas implique la pérdida de esa potestad (cf. mi voto en reg. 1028/25, rta. 17/9/2025). La eventual coexistencia de condenas que refieren a un mismo patrimonio exige, ciertamente, coordinación entre los órganos intervinientes, pero ello no autoriza a desplazar la competencia natural que corresponde al tribunal de la condena.
De esta manera, la solución adoptada no vulnera ni el principio de legalidad ni el de juez natural. Antes bien, garantiza la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las reglas de competencia, evitando que se desdibuje el vínculo directo entre el delito juzgado y las consecuencias patrimoniales que de él se derivan.
En consecuencia, la tacha de arbitrariedad invocada por la defensa carece de sustento. La doctrina de la Corte Suprema ha sido clara al precisar que la arbitrariedad sólo se configura cuando la sentencia carece de fundamentación suficiente, prescinde de prueba decisiva o exhibe razonamientos meramente aparentes (Fallos: 301:978; 311:948 y 2547; 313:559; 315:28; 321:1909). En cambio, lo que aquí se observa es una decisión que expone fundamentos jurídicos claros, examina los planteos de las defensas y explica razonadamente por qué correspondía mantener la competencia del TOF N°2 en lo que al tratamiento del decomiso implica.
Finalmente, cabe descartar el argumento de la defensa según el cual la ejecución del decomiso resultaría arbitraria porque la sentencia de unificación dictada por el TOF N° 4 aún no se encuentra firme. Como ya se indicó, la unificación se limita a las penas principales y accesorias legales de carácter general, sin comprender al decomiso. Por consiguiente, la firmeza o no de esa decisión carece de incidencia en la ejecución de la sanción patrimonial aquí dispuesta, que conserva plena autonomía y ejecutoriedad desde que adquirió firmeza la condena dictada en estas actuaciones. Admitir la tesis defensiva supondría condicionar la eficacia de la sanción de carácter accesorio y patrimonial firme a la eventual revisión de la sentencia de unificación que no la abarca, en abierta contradicción con el principio de seguridad jurídica y con el deber del Estado de asegurar la pronta recuperación de activos de origen ilícitos en los términos expuestos en el acápite III del presente voto.
En esa línea, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resaltado de manera reiterada el valor del principio de cosa juzgada (cfr. de CSJN Fallos: 224:657; 250:435; 252:370; 340:251) y de preclusión -que impide realizar nuevos planteos sobre cuestiones ya decididas en forma expresa o implícita- (cfr. Fallos: 296:643; 305:774; 320:1670) como forma de garantizar la estabilidad y seguridad jurídica (cfr. CSJN Fallos: 319:2527; 341:774). Tales consideraciones resultan plenamente trasladables al caso de autos, en el que la defensa pretende cuestionar nuevamente un aspecto de la condena que ya fue objeto de amplio debate y resolución en todas las instancias sometiéndola al desenlace de una causa cuya pertinencia es ajena al tratamiento del decomiso en la presente.
2. En cuanto a los agravios de las defensas que, bajo distintos enfoques, denuncian una duplicación sancionatoria prohibida por el principio “ne bis in ídem” - ya sea al alegar, como lo hace la defensa de Báez, que se habrían dispuesto dos decomisos sobre un mismo caudal de dinero, o bien, como lo postula la defensa de Fernández de Kirchner, que existiría superposición entre el decomiso penal y las acciones civiles en trámite-, corresponde señalar que tales planteos no habrán de prosperar por las razones que seguidamente se expondrán.
Ya ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “la garantía que prohíbe la doble persecución penal por el mismo hecho tiene base constitucional” (Fallos: 258:220; 292:202; 299:221; 308:84; 314:377 y 315:2680). Su fundamento es proteger a los ciudadanos de las molestias y restricciones que implica un nuevo proceso penal cuando otro sobre el mismo objeto está en trámite o ha sido ya agotado; y se extiende, al menos, a toda nueva “persecución penal”, es decir, que ampara al imputado desde que existe algún acto del juez —o de quienes bajo su control efectivo o eventual tienen a su cargo la instrucción— que atribuye de alguna manera a una persona la calidad de autora de una infracción penal y que tiende a someterlo a proceso.
Asimismo, se resolvió que la segunda persecución penal debía referirse “al mismo hecho” que el perseguido en el primer proceso, es decir, que debe haber una identidad total entre el acontecimiento del mundo externo que se imputa -sea real o no- o tratarse de la misma conducta material, sin que se tenga en cuenta para ello su calificación legal (Fallos: 299:221; 308:1678; 314:377; 315:2680 y 321:1848). Como consecuencia, la Corte concluyó que tal garantía no es aplicable cuando las conductas imputadas en ambos procesos no son idénticas por versar sobre un acontecimiento histórico distinto al que originó el otro proceso concluido o en trámite, aun si los encausados hubiesen realizado los hechos de modo simultáneo (Fallos: 248:232; 250:724; 302:210 y 321:1848).
La identidad objetiva impone, entonces, que la imputación sea idéntica, lo que sucede cuando tiene por objeto el mismo comportamiento atribuido a la misma persona; y para cuya determinación se debe prescindir de toda valoración jurídica del hecho. Se trata de impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento históricamente determinado, se repita, cualquiera que sea el significado jurídico que se le haya otorgado en una u otra ocasión, o el “nomen iuris” empleado para calificar la imputación o designar el hecho. Lo que se examina es el hecho como acontecimiento real, que sucede en un lugar y en un momento o período determinados.
Teniendo en cuenta ello, cabe señalar en primer término que, en lo atinente al agravio de la defensa particular de Báez que denuncia una duplicidad sancionatoria en materia de decomiso, entiendo que su planteo no puede prosperar. El planteo de la defensa parte de una premisa equivocada, al sostener que se trata de un mismo caudal de dinero sobre el que se aplican dos decomisos autónomos y, en consecuencia, se vulneraría el principio “ne bis in ídem”. Lo cierto es que, como lo señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal en sus respectivos dictámenes y ratificó el tribunal “a quo”, los decomisos aquí cuestionados derivan de ilícitos diferentes, con objetos procesales y alcances jurídicopenales propios, que no se superponen.
Así, mientras en la presente causa CFP 5048/2016/TO01 se condenó a Báez por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la causa CFP 3017/2013/TO02 se lo responsabilizó por maniobras de lavado de activos orientadas a reinsertar en el circuito legal fondos ilícitamente obtenidos. Cada una de esas conductas configura un injusto autónomo, y cada sentencia dispuso, como consecuencia propia, el decomiso de los bienes que fueron producto o provecho de esos delitos. La circunstancia alegada por la parte de que habría una aparente vinculación fáctica entre ambos caudales no convierte en ilegítima la medida, ni habilita a afirmar la existencia de una duplicidad sancionatoria. Por el contrario, refleja la necesidad de que el sistema de justicia aborde de manera integral las distintas fases de un fenómeno criminal complejo, asegurando que ninguna etapa del “iter criminis” quede desprovista de respuesta sancionatoria y de recuperación patrimonial.
La eventual conexión fáctica alegada por la defensa no convierte en ilegítima la respuesta patrimonial ni autoriza a afirmar una duplicación sancionatoria. Antes bien, en fenómenos complejos corresponde que cada decisión se adopte con su norma aplicable y su finalidad particular, evitando que alguna dimensión del caso quede sin respuesta ni obstaculice la recuperación de activos. Aun si parte del caudal coincidiera como alega la parte, ello no impone que las consecuencias patrimoniales sean idénticas. Es que, es posible admitir respuestas patrimoniales distintas sobre un mismo trasfondo fáctico cuando varían la base jurídica y la función de la medida (cfr. en lo pertinente de Sala IV mi voto en causa “SANDLER Iliana Mónica s/recurso de casación”, reg. 3826/4, rta. el 20/12/2001).
En este sentido, corresponde reiterar que el decomiso no es una pena principal, sino una consecuencia legal que se proyecta sobre los bienes ilícitos detectados en cada proceso. Como he señalado “ut supra”, la determinación del decomiso, en cuanto accesoria vinculada directamente al delito acreditado, es potestad propia del tribunal de la sentencia (cf. mi voto en reg. 1028/25, rta. 13/8/2025). Cada tribunal conserva así la competencia natural para disponer y ejecutar el decomiso de los efectos del delito que juzgó, sin que ello importe un doble castigo sino la aplicación de la consecuencia prevista por el art. 23 del CP en cada causa.
Cabe recordar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 31) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (art. XV) imponen a los Estados Parte la obligación de adoptar medidas eficaces para la identificación, embargo, decomiso y recuperación de los productos del delito, cualquiera sea la forma en que estos se manifiesten. Tales mandatos internacionales, con jerarquía supralegal, refuerzan la necesidad de aplicar el decomiso como instrumento autónomo en cada sentencia condenatoria, evitando que los efectos económicos del delito permanezcan en manos de los responsables.
En consecuencia, no corresponde tener por configurada la duplicidad sancionatoria alegada por la defensa de Báez. Los decomisos en cuestión derivan de delitos autónomos, poseen objeto propio y responden a la lógica de garantizar la recuperación de activos ilícitos conforme a lo previsto en el art. 23 del Código Penal y en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en la materia.
Por su parte, en cuanto al agravio de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner referido también a la supuesta vulneración del principio “ne bis in ídem” por la alegada superposición entre el decomiso penal y las acciones civiles en trámite, tampoco puede prosperar. En el caso bajo análisis no se verifica la circunstancia de identidad objetiva exigida por la doctrina de la Corte. El decomiso dispuesto en la sentencia firme - dictada por el TOF N° 2, confirmada por esta Sala IV (reg. nº 1373/24.4 rta. el 13/11/24) y que adquirió firmeza por el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- constituye una sanción accesoria, prevista por el art. 23 del Código Penal, que se proyecta sobre los bienes vinculados causalmente con el delito juzgado en esta causa. No se trata de una sanción que se superponga con otra de la misma naturaleza, sino de una consecuencia imperativa de la condena penal (cfr. de Sala IV mi voto en causa “VAZQUEZ, Manuel s/recurso de casación”, reg. Nro. 512/16, rta. el 29/04/16 y causa “Fredes, Marcos Ariel s/recurso de casación”, reg. 677/16.4, rta. el 30/05/2016, entre varias otras).
Como bien señaló el “a quo”, el decomiso no se confunde con la reparación civil regulada en los arts. 29 y 30 del Código Penal, pues esta última persigue la satisfacción patrimonial de la víctima, mientras que el primero constituye un instrumento de política criminal orientado a privar a los responsables de los efectos económicos del delito. La eventual coexistencia de ambos institutos no importa duplicación sancionatoria, sino el despliegue paralelo de consecuencias jurídicas distintas que responden a finalidades complementarias.
En el mismo sentido se expresó el Ministerio Público Fiscal al dictaminar en estas actuaciones, destacando que el decomiso constituye una consecuencia directa de la condena penal y que no puede ser confundido con una acción de resarcimiento civil. Precisó que el planteo defensivo carece de sustento normativo y jurisprudencial, pues el decomiso ya fue ordenado en sentencia firme y su naturaleza penal descarta cualquier riesgo de litispendencia con eventuales procesos civiles. Señaló, además, que el planteo persigue únicamente dilatar la ejecución de la medida, contrariando el deber del Estado de recuperar los activos derivados del delito.
A ello cabe agregar que el deber de identificar, localizar, embargar y decomisar bienes de origen ilícito forma parte del propio ordenamiento jurídico argentino, en virtud de lo dispuesto en el art. 23 del Código Penal, la ley 20.785, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 31), la Convención Interamericana contra la Corrupción (art. XV) y la Acordada 2/18 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bajo ese marco normativo, el decomiso se erige como una accesoria de carácter patrimonial que acompaña necesariamente a la pena principal cuando se configuran las condiciones legalmente previstas, y que —por encontrarse en la parte general del Código Penal — resulta aplicable de manera obligatoria a todos los delitos tipificados en el Código y en las leyes especiales, salvo disposición en contrario.
He señalado en otras oportunidades que la eficacia de este instituto exige investigaciones patrimoniales responsables, precisas e incisivas, orientadas no solo a individualizar a los partícipes de las maniobras criminales sino también a desarticular las organizaciones y privarlas de los activos ilícitamente obtenidos. El recupero de activos constituye, en este sentido, una de las herramientas más trascendentes de la política criminal contemporánea frente a la criminalidad económica compleja, pues no basta con sancionar a los responsables: es indispensable evitar que los beneficios obtenidos alimenten nuevas maniobras delictivas o se incorporen a la economía formal.
En particular, en delitos de corrupción como los aquí juzgados, el decomiso cumple una función reparatoria insoslayable, dirigida a restituir el equilibrio social vulnerado y a recuperar para la comunidad los activos indebidamente apropiados (cfr. en lo pertinente de Sala IV mis votos en causas “Alsogaray, María Julia s/recurso de casación” reg. 6674.4, rta. 9/5/2005; “Vázquez, Manuel s/recurso de casación” reg. 512/16, rta. 29/4/2016; “Córdoba, Eldo Damián s/recurso de casación” reg. 849/17.4, rta. 3/7/17; “Estrada González s/recurso de casación” reg. 2130/19.4, rta. 23/10/19, y “Beraja, Rubén Ezra s/recurso de casación” reg. 1255/20, rta. 31/7/2020, entre otros). El decomiso no sólo priva a los condenados del beneficio ilícito, sino que también apunta a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos, cumpliendo una finalidad de restauración de la justicia y de restablecimiento del equilibrio perdido.
Esta orientación encuentra respaldo en la doctrina internacional. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha enfatizado que “la comunidad internacional reconoce el grave problema que representa la delincuencia organizada y que se deben mejorar los mecanismos de lucha contra ese tipo de delincuencia y facilitar la recuperación de lo producido por ella, para lo cual es necesario el decomiso” (Manual de cooperación internacional en el decomiso del producto del delito, 2013, p. 8).
No puede desconocerse que el decomiso del producto de un hecho delictivo se ha transformado en un eslabón central de la investigación penal moderna y en un instrumento indispensable para la persecución eficaz de la corrupción y el crimen organizado.
En este sentido, corresponde precisar que el agravio de la defensa parte de la existencia de un proceso civil en trámite —la causa N° 4485/2018 en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°2, promovida por la Dirección Nacional de Vialidad— y pretende derivar de ello la litispendencia y el riesgo de pronunciamientos contradictorios. Tal objeción carece de asidero, pues como bien señaló el “a quo”, se trata de procesos con objeto, sujetos y causa diferentes: mientras la acción civil persigue la reparación patrimonial de los daños ocasionados al Estado en su carácter de víctima, el decomiso constituye una accesoria de carácter patrimonial y de naturaleza penal, es decir que es de aplicación imperativa y de naturaleza distinta, destinada a privar a los condenados de los efectos económicos del delito. La eventual coexistencia de que pudiera llegar a existir entre ambos trámites no importa superposición ni contradicción alguna, sino el despliegue paralelo de institutos que cumplen finalidades complementarias.
Además, como bien recuerda la acusación, la excepción de litispendencia, de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exige la concurrencia de una triple identidad de sujetos, objeto y causa (Fallos: 345:440, entre otros). Sin embargo, ninguno de esos extremos se verifica en el caso.
Los sujetos procesales no son idénticos, puesto que en la acción civil intervienen la Dirección Nacional de Vialidad como actora y los condenados como demandados, mientras que en el decomiso penal la medida se adopta de oficio a favor del Estado, en el marco del proceso penal. El objeto de los procesos también es distinto: en sede civil se persigue la reparación patrimonial de los daños concretos ocasionados a la administración pública en su carácter de víctima; en el decomiso penal se dispone la privación definitiva de los instrumentos, efectos o provechos del delito, como consecuencia patrimonial accesoria de la condena. La causa, finalmente, difiere en su naturaleza, pues la acción civil se apoya en el derecho común de daños, en tanto que el decomiso responde a una previsión autónoma del derecho penal contenida en el art. 23 del Código Penal.
Cabe aclarar, además, como bien destacó el “a quo”, que el antecedente de incompetencia civil de 2018 invocado por la defensa no resulta aplicable al presente caso. En aquella oportunidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 se declaró incompetente para entender en una acción de carácter resarcitorio iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad, fundada en el art. 29 del Código Penal y en normas de derecho común, cuyo objeto era la reparación patrimonial de los daños derivados de los hechos juzgados, incluso con reclamo de daños punitivos. Esa decisión motivó la remisión del planteo al fuero civil y comercial federal (expte. N° 4485/2018). Lo que allí se discutía, entonces, era una pretensión indemnizatoria propia del régimen civil, ajena al marco del decomiso penal.
En cambio, en esta causa se debate la ejecución de una sanción patrimonial accesoria prevista en el art. 23 CP, de aplicación imperativa y cuya competencia para su ejecución corresponde al tribunal que dictó la condena (art. 490 CPPN). No existe, por tanto, identidad de objeto ni de causa entre ambos procesos que habilite a sostener la litispendencia alegada, ni puede válidamente trasladarse aquel antecedente para enervar la validez del decomiso aquí dispuesto.
Aun si se admitiera hipotéticamente alguna superposición parcial entre las pretensiones, la solución no sería negar la ejecución del decomiso sino coordinar en la etapa de cumplimiento la satisfacción de las distintas pretensiones, tal como impone el principio de razonabilidad condensado en el artículo 28 de la Constitución Nacional y cuya finalidad es la de preservar el valor justicia en el contenido de todo acto de poder (cfr.: Bidart Campos, Germán “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, T. I, pág. 228/229, ed. Ediar, Buenos Aires, 1995).
En definitiva, tal como lo señaló el Ministerio Público Fiscal en esta instancia, la pretensión de la defensa de remitir el expediente al fuero civil carece de sustento, ya que no existe confusión entre el decomiso penal y la reparación civil, por tratarse de institutos de distinta naturaleza y finalidad, y que el tribunal resulta plenamente competente para ejecutar la sanción penal de decomiso, conforme lo dispone el art. 490 del CPPN, sin depender de la suerte de un proceso civil ajeno al marco penal. A ello cabe agregar que el expediente invocado por la defensa (la causa civil “Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández”) fue declarado caduco a pedido de la propia imputada, por lo que no puede servir de fundamento para la declinatoria pretendida ni acreditar riesgo alguno de superposición jurisdiccional.
En cuanto a la mención al carácter “solidario”
del decomiso cuestionado por la defensa de Fernández de Kirchner, corresponde indicar que contrario a lo afirmado por la parte, no constituye una indebida importación de categorías civiles, sino la forma de expresar que la sanción patrimonial se proyecta unitariamente sobre el caudal ilícito juzgado, comprometiendo a todos los condenados como efecto directo de la sentencia penal. Como ya he señalado en mi voto al confirmar la condena de la encausada por su responsabilidad como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado (reg. 1373/24, rta. 13/11/24), el monto global del decomiso fue fijado en atención al perjuicio patrimonial acreditado en el proceso, de manera tal que representara el caudal ilícito total a recuperar por el Estado. Ese monto, en tanto objeto indivisible del decomiso, debía proyectarse sobre todos los condenados, cualquiera sea la medida de su intervención en la maniobra, pues se trataba de los activos generados por un mismo ilícito.
Desde esa perspectiva, la utilización de la expresión “solidario” por el tribunal “a quo” no supuso confundir el decomiso con una obligación civil prevista en el art. 31 CP, sino subrayar que la sanción patrimonial recae de manera indivisible sobre un caudal ilícito común, de modo que ninguno de los partícipes pueda conservar un beneficio derivado del delito. Se trata de una consecuencia natural de la condena penal conjunta, y no de un régimen de coobligados propio del derecho privado.
Así lo explicó correctamente el “a quo”, al puntualizar que el decomiso, como sanción penal accesoria prevista en el art. 23 CP, se aplica de modo integral respecto de todos los responsables condenados por un mismo hecho ilícito. Esa indivisibilidad también responde a la finalidad propia del instituto de neutralizar los efectos económicos del delito e impedir que cualquiera de los partícipes se beneficie de ellos.
A lo expuesto cabe aunar que tampoco puede prosperar el argumento defensivo que invoca el orden de prelación del art. 30 del Código Penal para sostener que la indemnización de daños debería prevalecer sobre el decomiso. Esa norma regula la concurrencia material de efectos patrimoniales en la ejecución práctica de las sentencias, pero no altera la naturaleza jurídica del decomiso ni desplaza la competencia del tribunal penal para disponerlo y ejecutarlo.
El decomiso se impone de pleno derecho con la condena y responde a finalidades propias del derecho penal como neutralizar los efectos económicos del ilícito y recuperar activos de origen delictivo (art. 23 del CP). La prelación prevista en el art. 30 podrá tener incidencia, en su caso, en la etapa de cumplimiento material cuando se trate de armonizar la satisfacción de la reparación civil con la ejecución del decomiso, pero en ningún supuesto habilita a negar o diferir la imposición de este último ni a trasladar su conocimiento al fuero civil.
En consecuencia, la medida impuesta no puede ser interpretada como una condena civil encubierta ni como una obligación resarcitoria de carácter patrimonial en los términos del derecho privado. Se trata de un instituto propio del derecho penal, de naturaleza sancionatoria y finalidades preventivo-reparatorias específicas, cuya coexistencia con eventuales reclamos civiles no genera superposición ni riesgo de contradicción, sino que responde a la pluralidad de mecanismos que el ordenamiento prevé para dar una respuesta integral a los efectos del delito. En todo caso, será en la etapa de ejecución donde, mediante la coordinación interjurisdiccional pertinente, se deberán armonizar los efectos de ambos procesos a fin de evitar cualquier superposición material en la afectación de bienes.
En definitiva, el agravio carece de fundamento en tanto no se verifica en el caso una duplicación prohibida por el principio “ne bis in ídem”, sino la tramitación de procedimientos, y sus diversas consecuencias, de naturaleza bien diferenciada —penales y civiles, principales y accesorias—. La garantía constitucional invocada no resulta vulnerada por la decisión recurrida, la cual se ajusta a nuestra normativa.
A partir de lo desarrollado hasta aquí tampoco se advierten la alegada contradicción en los fundamentos de la resolución recurrida.
Por el contrario, se ha distinguido de modo claro la naturaleza penal del decomiso respecto de la reparación civil prevista en los arts. 29 y 30 del CP, y luego se ha explicado que la ejecución de la medida encontraba sustento en el art. 23 del mismo cuerpo normativo y en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de recuperación de activos.
El hecho de que se reconozca que el decomiso no persigue la satisfacción de créditos civiles no es incompatible con señalar que, en su faz preventiva y reparatoria, cumple también la función de privar a los condenados de los beneficios económicos del delito en resguardo del interés público. De tal modo, lejos de configurarse fundamentos contradictorios, lo que se observa es una motivación razonada y coherente, que descarta cualquier asimilación del decomiso a una acción resarcitoria ajena al proceso penal Por lo demás, a partir de lo expuesto hasta aquí corresponde señalar también, respecto de la referencia genérica de las defensas al derecho de propiedad, que el decomiso aquí dispuesto respeta los límites materiales previstos por el art. 23 del Código Penal. La medida se circunscribe al valor económico del perjuicio causado al erario público por la maniobra defraudatoria acreditada en la sentencia condenatoria firme, monto que refleja el beneficio ilícito obtenido por los responsables y cuya actualización fue determinada por peritos expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y confirmada por esta Sala IV (reg. 1028/25.4). No se trata, pues, de una afectación indiscriminada del patrimonio, sino de la ejecución de una consecuencia penal patrimonial de naturaleza equivalente, fijada por el tribunal sentenciante con base en parámetros objetivos.
De este modo, el decomiso también mantiene su carácter de consecuencia patrimonial accesoria a la pena, de aplicación imperativa, que no desborda los límites constitucionales de razonabilidad y propiedad (arts. 17 y 28 CN), ni vulnera las garantías del debido proceso.
3. Alcance temporal del caso.
Por último, entiendo que en lo que respecta al agravio de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner relativo al parámetro temporal fijado para el decomiso, corresponde rechazar los argumentos expuestos por la parte. El tribunal “a quo” resolvió que la medida debía proyectarse sobre el período 2003–2015, que fue el marco temporal dentro del cual se acreditó la maniobra criminal juzgada. Esa delimitación no surge de una apreciación arbitraria, sino de la propia sentencia condenatoria que fijó como objeto procesal un entramado de hechos desarrollados durante ese lapso, en el que se verificó la sustracción de fondos públicos y su posterior canalización en beneficio de los imputados.
La defensa sostiene que el decomiso debería circunscribirse a partir de 2009, en razón de que ese habría sido el único acto ejecutivo atribuido a su asistida. Tal razonamiento desconoce la naturaleza objetiva del instituto. El decomiso no se vincula con la fecha exacta de intervención de cada partícipe en la maniobra, sino con la relación causal entre los bienes objeto de la medida y el conjunto delictivo acreditado en la sentencia. Una vez determinado que un caudal patrimonial ilícito constituye el producto del delito, el decomiso debe recaer sobre ese caudal en su integridad, sin fraccionamientos artificiales según los momentos de participación de cada interviniente.
Así lo explicó con claridad el tribunal “a quo”, al destacar que la sanción patrimonial no se individualiza conforme al grado de intervención temporal de cada responsable, sino en función del resultado económico del delito en su conjunto. La extensión del decomiso al período completo responde, por tanto, a la necesidad de privar de manera efectiva a los condenados de los beneficios patrimoniales obtenidos mediante la maniobra, cualquiera haya sido la oportunidad de su intervención.
El Ministerio Público Fiscal coincidió en que el decomiso debe recaer sobre la totalidad del producto ilícito generado en el período 2003–2015, en tanto fue ese el marco temporal de los hechos objeto de condena. Señaló, además, que admitir la tesis defensiva implicaría una segmentación incompatible con la finalidad del art. 23 CP, que exige una respuesta patrimonial integral frente al delito.
En esa misma línea, cabe recordar que al confirmar la condena este Tribunal ya delimitó expresamente el marco temporal de los hechos objeto de decomiso (cfr. de Sala IV reg. 1373.24, rta. el 13/11/24). Así he destacado que lo juzgado en autos se trataba de una estructura conformada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional junto a otros funcionarios y un empresario privado, que cometieron hechos delictivos entre los años 2003 y 2015. Esa caracterización deja en claro que no estamos frente a episodios aislados ni compartimentados, sino ante un entramado delictivo cuyo período de despliegue fue precisamente ese.
De allí que la extensión del decomiso al lapso 2003–2015 no constituya una decisión discrecional del tribunal “a quo”, sino la consecuencia directa de la delimitación efectuada en la sentencia condenatoria, que acreditó la existencia de una estructura criminal dedicada a la sustracción sistemática de fondos públicos y a su canalización en beneficio de sus integrantes. Pretender recortar artificialmente ese marco temporal —como postula la defensa— no sólo desnaturalizaría la finalidad del decomiso prevista en el art. 23 CP, sino que además implicaría desconocer la magnitud y continuidad del fenómeno criminal juzgado.
De tal forma, el decomiso, en cuanto accesoria directamente vinculada al delito acreditado, recae sobre los bienes ilícitos identificados en el proceso en forma íntegra, sin que proceda dividirlo en fracciones que frustren su finalidad. Lo contrario equivaldría a permitir que una porción del producto ilícito permanezca en poder de los condenados, en abierta contradicción con la letra y el espíritu del art. 23 del Código Penal.
Además, los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina a los que he hecho mención a lo largo del presente voto, refuerzan la interpretación conforme a la cual el decomiso debe proyectarse sobre el caudal ilícito en su conjunto, teniendo especial atención el alcance temporal de la maniobra criminal en su integridad.
En definitiva, la fijación del período 2003–2015 como marco temporal del decomiso no resulta arbitraria ni desproporcionada. Surge del objeto procesal definido en la sentencia, responde a la finalidad del instituto y se ajusta a la obligación internacional del Estado de privar a los responsables de todos los beneficios derivados del delito. El agravio de la defensa, por tanto, carece de fundamento.
4. Solución del caso.
En suma, ninguno de los agravios introducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner logra conmover la validez de lo resuelto por el a quo. La resolución recurrida distinguió correctamente la naturaleza penal del decomiso respecto de las acciones resarcitorias civiles, descartando la alegada confusión entre institutos y afirmando que la medida encuentra fundamento en el art. 23 del Código Penal y en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de recuperación de activos.
A su vez, se señaló que no existe litispendencia ni riesgo de contradicciones con procesos civiles paralelos, puesto que se trata de procedimientos con distinto objeto, finalidad y alcance. Tampoco se configura una vulneración del principio “ne bis in ídem”, ya que no hay duplicación sustancial de sanciones, sino consecuencias jurídicas diferentes y complementarias derivadas del mismo hecho. Del mismo modo, la referencia a la solidaridad no implicó asimilar el decomiso a una obligación civil, sino destacar que, por recaer sobre un mismo caudal ilícito, su ejecución compromete a todos los condenados como consecuencia natural de la sentencia penal.
Finalmente, el agravio referido al parámetro temporal carece de sustento, pues la extensión del decomiso al período 2003–2015 responde al objeto procesal definido en la sentencia y a la necesidad de privar íntegramente a los responsables de los beneficios ilícitos obtenidos. Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por su defensa.
Tampoco ninguno de los agravios introducidos por la defensa de Lázaro Antonio Báez logra conmover la validez de lo resuelto por el “a quo”.
La resolución recurrida se ajusta a la normativa aplicable, se encuentra debidamente fundada y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias de la causa. La interpretación pretendida por la defensa en torno al art. 58 del Código Penal desnaturaliza el alcance del instituto de la unificación de penas; la alegada indebida asunción de competencia carece de sustento a la luz del art. 490 del CPPN y de la jurisprudencia consolidada de esta Sala; y la supuesta duplicidad sancionatoria no encuentra asidero, pues los decomisos provienen de delitos autónomos y responden a compromisos internacionales que obligan al Estado a asegurar la privación de los beneficios económicos del crimen. En consecuencia, corresponde rechazar también el recurso de casación deducido por la defensa particular de Báez.
En mérito de lo expuesto, corresponde concluir que los recursos de casación interpuestos por las defensas de Lázaro Antonio Báez y de Cristina Fernández de Kirchner no logran conmover la validez de lo resuelto por el tribunal “a quo”. Sus planteos se sustentan en una interpretación errada del alcance del art. 58 del Código Penal, en una indebida equiparación del decomiso con la reparación civil, y en agravios que, en rigor, desconocen la naturaleza y finalidad del instituto regulado en el art. 23 del Código Penal.
Por el contrario, la decisión recurrida se ajusta a la normativa vigente, se encuentra debidamente motivada, así como a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de recuperación de activos derivados de la corrupción y la criminalidad económica compleja. El decomiso, en tanto consecuencia accesoria a la pena de carácter imperativo, debe ser ejecutado por el tribunal que lo impuso, conserva autonomía frente a la unificación de penas y se proyecta íntegramente sobre el caudal ilícito acreditado, sin que ello configure duplicidad punitiva ni vulnere los principios de legalidad, juez natural, seguridad jurídica, propiedad, o “ne bis in ídem”.
Por todo lo expuesto, la resolución recurrida resulta fundada y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento por lo que tampoco han resultado vulneradas las garantías esbozadas por las defensas.
Es que, las conclusiones a las que se arriba en el fallo constituyen la derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa, y la aplicación del derecho vigente al caso.
V. En virtud de todo lo expuesto propicio que se rechacen los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Antonio Báez. Sin costas, en virtud de haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). Téngase presente las reservas del caso federal efectuadas.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 resolvió, el 1º de septiembre de 2025: “I.- RECHAZAR los planteos de incompetencia promovidos por Cristina Fernández de Kirchner con el patrocinio letrado de sus defensores, Dres. Beraldi y Llernovoy, como así también aquél instado por los Dres. Villanueva y Liniado, defensores particulares de Lázaro Antonio Báez, con costas (arts. 30, 491 y 530, Código Procesal Penal)[…] III.- DELEGAR la tramitación de las incidencias respectivas bajo la responsabilidad de los Sres. Fiscales Generales intervinientes, en los términos y con el alcance definido en el considerando III de la presente resolución” (se prescinde del destacado). Contra el pronunciamiento precedentemente reseñado las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Antonio Báez articularon los recursos de casación que motivaron la nueva intervención de esta Alzada. Corresponde, en primer lugar, realizar una reseña de las circunstancias relevantes del caso, a fin de dar tratamiento a las cuestiones planteadas en las impugnaciones deducidas.
Mediante el pronunciamiento condenatorio dictado en fecha 06/12/2022 –cuyos fundamentos brindó el 09/03/2023- el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 (TOCF Nº 2) resolvió: “XI.- DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción)” (resaltado original).
Dicho decisorio fue confirmado por este Tribunal el 13/11/2024 (cfr. causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13, “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación”, Reg. nro. 1373/24.4), el que a su vez adquirió firmeza a raíz de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 10/06/2025 (cfr. CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85, “Recurso de hecho deducido por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en la causa Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ incidente de recurso extraordinario”).
A partir de la firmeza de sentencia condenatoria el TOCF Nº2 actualizó el monto del decomiso e intimó a los condenados su pago. Así, mediante el punto II de la providencia de fecha 15 de julio de 2025, el colegiado, dispuso: “…proceder de conformidad con lo resuelto en el punto XI de la sentencia dictada en autos el 6 de diciembre de 2022 y en tal sentido intímase a las personas condenadas al pago de la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos ($684.990.350.139,86), la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente. Ello, de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines (arts. 23 y 31 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y arts. 501 mutatis mutandi y 522 del Código Procesal Penal de la Nación). Al efecto, líbrese oficio electrónico al Banco de la Nación Argentina para que proceda a la apertura de una cuenta judicial a cuenta y orden de esta sede, con motivo del trámite de este incidente CFP 5048/2016/TO1/39, la que se encontrará a disposición de las personas condenadas para materializar el pago en cuestión” (el destacado obra en el original).
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner interpuso recursos de casación en contra del método de actualización del monto de decomiso (decreto del 15/7/25), del rechazo in limine de los planteos que el tribunal recondujo como planteos de nulidad (resolución del 14/8/25, punto II) y del efecto suspensivo impreso a la concesión del recurso (resolución del 14/8/25, punto II). Las defensas de Lázaro Antonio Báez, José Francisco López y Mauricio Collareda adhirieron a los planteos recursivos aludidos.
Esta Cámara Federal de Casación Penal resolvió el 17/9/25: “RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner –y sus adhesiones- en cuanto a la actualización del monto genérico a decomisar en autos dispuesta mediante decreto de fecha 15/07/2025; y, por mayoría, DECLARAR ABSTRACTO, el tratamiento del recurso de casación interpuesto contra los puntos I y II “in fine” de la resolución recurrida de fecha 14/08/2025, con el alcance aquí precisado; sin costas en la instancia (artículos 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.)” (cfr. CFCP, Sala IV, causa CFP 5048/2016/TO1/39/2/CFC18 “FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina y otros s/recurso de casación”, Reg. Nº 1028/25.4, rta. 17/9/25).
Paralelamente, también en contra de la providencia de fecha 15/07/2025, Cristina Fernández de Kirchner se opuso a la intimación al pago que el tribunal de ejecución le cursó. Solicitó la suspensión de la ejecución del decomiso de sus bienes y planteó la incompetencia del tribunal a quo, al que pidió que se inhiba de entender y remita el presente legajo al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 2 de esta ciudad a sus efectos.
La nombrada adujo en su presentación la imposibilidad de llevar a cabo el decomiso sobre sus bienes en los términos precisados en el decreto aludido de fecha 15/07/2025, por cuanto expresó que no posee en su patrimonio "…cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo ‘bienes que sirvan a esos fines’ y que consecuentemente puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo. Lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima. Esta afirmación no es una elucubración defensista, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada".
Cristina Fernández de Kirchner aseguró que, al ser intimada en los términos precisados, el tribunal de ejecución realizó una aplicación analógica prohibida de la ley penal, al pretender prescindir de las exigencias legales previstas por el artículo 23 del Código Penal. En este sentido, expresó que: “[l]a intimación cursada por el Tribunal encierra una clara confusión entre dos institutos legales diferentes: el decomiso y la reparación de perjuicios, reglamentados en los arts. 23 y 29 del Código Penal, respectivamente”. Denunció una aplicación extensiva e in malam partem de consecuencias propias de la reparación civil y, al respecto, recordó que el propio tribunal de grado se declaró incompetente para entender en la acción civil otrora incoada por la Dirección Nacional de Vialidad y que la cuestión ha sido definitivamente resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puntualizó que el 06/12/2022, el Máximo Tribunal resolvió la competencia del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 2 de esta ciudad, para entender al respecto. Por ello, esgrimió violación al principio de legalidad, al derecho de defensa en juicio y al principio ne bis in idem pues, mediante la intimación referida, el tribunal de grado habría resuelto por fuera de sus atribuciones jurisdiccionales, al tratar encubiertamente una cuestión de naturaleza civil.
En su contestación a la intimación que le fuera cursada, la mencionada detalló las causas judiciales seguidas en su contra durante años que, con la autoridad de la cosa juzgada que invocó, impedirían la concreción del decomiso en su contra en autos. Agregó que el a quo en ninguna ocasión efectuó una investigación patrimonial pertinente que demostrara el origen ilegal de sus bienes, tanto en la sentencia del tribunal oral por la que fue –a su criterio– indebidamente condenada como en la providencia de fecha 15/07/2025. Adunó que una parte de los bienes cautelados en autos no serían de su propiedad sino de sus hijos, en razón de cesiones otrora realizadas y por adquisición hereditaria, por lo que peticionó que se les otorgue previa y debida intervención procesal.
Por otro lado, subrayó que el decomiso no posee carácter solidario entre coimputados, motivo por el cual, estimó que lo decidido vulneró los principios constitucionales de legalidad y culpabilidad.
En definitiva, contra la intimación al pago del monto dinerario que el tribunal en su función de ejecución penal dispuso en fecha 15/07/2025, Cristina Fernández de Kirchner denunció que el decreto impugnado vulneraría sus derechos de defensa en juicio y de propiedad, la garantía del juez natural y los principios de imparcialidad judicial e igualdad ante la ley. Por su parte, la defensa de Lázaro Antonio Báez solicitó al TOCF Nº2 que decline su competencia para continuar entendiendo en el expediente CFP 5048/2016/TO1 (“Vialidad”), exclusivamente respecto del decomiso dispuesto al nombrado, en favor del TOCF Nº 4 en el expediente CFP 3017/2013/TO2 (“Ruta del Dinero K”), atento a que en la segunda causa mencionada se dictó la sentencia unificada comprensiva de la primera. Los letrados sostuvieron que, de continuar el decomiso en este expediente, el Estado terminaría decomisando dos veces la misma suma de dinero, lo que configuraría un enriquecimiento ilícito y vulneraría los principios de legalidad, proporcionalidad y ne bis in idem, ya que esa misma masa dineraria también había sido objeto de decomiso en la sentencia dictada en la causa CFP 3017/2013/TO2. Conferida la vista sobre los planteos de incompetencia, los Fiscales Generales intervinientes dictaminaron que correspondía el rechazo de los mismos. Respecto de la presentación de Cristina Fernández de Kirchner, los representantes del Ministerio Público Fiscal alegaron que su planteo no podía prosperar, pues la sentencia condenatoria y el decomiso allí dispuesto pasaron en autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, al no haberse depositado el monto de $684.990.350.139,86 transcurridos los diez (10) días hábiles de la intimación al pago “no cabe más que proceder ahora a hacer efectivo el expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”. De esa forma, alegaron que, mediante el planteo de incompetencia, la peticionante intenta eludir la ejecución de los bienes que se encuentran cautelados.
Los acusadores expresaron que “el ‘producto del delito’ en este caso, está compuesto por el monto dinerario que fue claramente definido en la sentencia. Es decir, al tratarse lisa y llanamente de dinero, el fallo se refiere a un bien fungible. Por ende, al no haberse cumplimentado su depósito en el plazo establecido, es ahora una deuda en cabeza de las personas condenadas, que, como tal, bien puede ser ejecutada bajo la premisa legal de que el patrimonio de todo deudor es la garantía de cobro de sus deudas (conf. art. 743 CCC)” (se prescinde del resaltado). En otros términos, adujeron que: “la sentencia firme dejó certeramente precisado que los ‘efectos del delito’ que se le reclaman, están compuestos en este caso por un monto dinerario identificado por el tribunal de juicio (y por todas las instancias revisoras que intervinieron en autos), como ‘beneficio ilegítimo’ proveniente del gravísimo hecho de corrupción comprobado. Es decir: ese es el producto del ilícito que se le exige en los términos del art. 23 del Código Penal de la Nación”. Por tales motivos, concluyeron que es inconducente analizar si el patrimonio de la encausada tiene, o no, una directa vinculación con el hecho delictivo comprobado.
En base a dichas consideraciones, los representantes del Ministerio Público Fiscal propiciaron el rechazo de la declinación de competencia a favor del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº2. Ello, por considerar que no hay riesgo de que se produzcan sentencias contradictorias, por cuanto la ejecución del decomiso que en este expediente se tramita, dista del objeto de una acción civil. A su vez rechazaron la alegación en torno a la afectación de la garantía de ne bis in idem, pues la misma “desde ningún punto de vista puede vincularse a la relación entre una causa penal y una no penal, sino que, por el contrario, lo que impone es la prohibición de reeditar una misma pretensión punitiva contra un mismo sujeto” (se prescinde del resaltado).
En lo atiente a la solicitud de la defensa de Lázaro Antonio Báez de que el TOCF Nº2 decline su competencia (en torno a la ejecución del decomiso impuesto sobre el nombrado) en favor del TOCF Nº4, los Fiscales Generales también solicitaron su rechazo. Entendieron que el decomiso dictado en la presente causa CFP 5048/2016 no fue incluido en el fallo que unificó las sentencias (respecto de las causas CFP 5048/2016 y CFP 3017/2013); que el carácter solidario en que se estableció el decomiso en estas actuaciones no admite fragmentaciones; y, que carece motivación suficiente lo indicado por los peticionantes en cuanto a que es el TOCF Nº4 el que se encuentra en mejores condiciones para llevar adelante la ejecución de la sentencia. Ello, pues “no se avizora ningún tipo de perjuicio en caso de que cada tribunal oral ejecute su propia orden de decomiso”. Por último, manifestaron que corresponde desestimar un posible “enriquecimiento ilícito” del Estado como consecuencia del decomiso de bienes en ambos expedientes, dado que el delito previsto en el art. 268, inc. 2 del CP admite como sujetos activos a personas humanas que revistan la calidad especial de desempeñar una función pública.
Ahora bien, como se adelantó, el pronunciamiento que aquí viene recurrido es la decisión del 01/09/2025 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 de esta ciudad, de rechazar los planteos de incompetencia impetrados por las defensas particulares de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Antonio Báez, y la consecuente delegación en el Ministerio Público Fiscal de la tramitación de las incidencias para la identificación de los bienes decomisables.
Para así resolver, el a quo rechazó que el decomiso -como pena accesoria- sea equiparable a una obligación de indemnizar o a una pretensión resarcitoria civil. De esa forma aclaró que, en este caso, la suma de dinero objeto de decomiso fue determinada en función de la manipulación de los procesos licitatorios y sobre la base de los sobreprecios en las adjudicaciones de los contratos de obra pública; recordando que aquéllos hechos fueron objeto de investigación, juzgamiento, decisión y revisión hasta alcanzar autoridad de cosa juzgada. A ello añadió que la imposición del decomiso junto a la sentencia condenatoria respondió tanto a la exigencia legal derivada de la verificación de las condiciones previstas en el artículo 23 del Código Penal, como a las obligaciones convencionales asumidas por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción.
En base a lo expuesto, sostuvo que la suma a decomisar (recientemente actualizada) constituye una pena accesoria de carácter pecuniario, vinculada a la responsabilidad por el delito cometido. Se distingue así de la obligación de indemnizar el daño material y moral (art. 29, inc. 2, del CP), como también de las “restituciones y demás medidas necesarias” (art. 29, inc. 1, del mismo cuerpo normativo).
Al ahondar en las características del instituto bajo análisis, el tribunal previo recordó que “el decomiso habilita la aprehensión de las cosas que sirvieron para cometer el hecho -instrumentos-, o de las cosas o ganancias producto del delito -efectos, como el caso que nos ocupa-, y dado que siempre procede en favor del Estado, es que el artículo 23 del código de fondo dispone que el decomiso corresponde ‘salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros’”.
A la luz de las distinciones antes expuestas entre el decomiso y la reparación e indemnización de daños, el colegiado previo descartó la alegada “confusión entre dos institutos legales diferentes” y rechazó la pretendida conexidad entre el objeto procesal de este legajo y la causa CCF 4485/2018 del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 2.
De esa forma, el a quo señaló que la competencia para llevar adelante la ejecución del decomiso impuesto en las presentes actuaciones (y que se encuentra firme) tiene fundamento en el art. 490 del CPPN y que la misma no puede supeditarse al ejercicio ni al resultado de una pretensión civil resarcitoria o de una acción civil restitutoria. Asimismo, añadió que “no debe soslayarse que la acumulación pretendida implicaría, además de desconocer la firmeza adquirida por la sentencia condenatoria que dispuso el decomiso, pasar por alto que la acumulación de procesos resulta improcedente cuando genera un grave retardo en la tramitación de alguno de ellos (art. 43, Código Procesal Penal); tanto más si se trata de un proceso caduco por inactividad del demandante (temperamento adoptado, por cierto, a instancias de la persona que ahora reclama su tramitación conjunta)”.
Por los argumentos reseñados, el pronunciamiento impugnado concluyó que corresponde mantener la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad para ejecutar la pena de decomiso firme dispuesta en estos actuados.
En otro orden de ideas, la resolución en crisis también desestimó el planteo de incompetencia de Lázaro Antonio Báez. La asistencia técnica del nombrado había solicitado al TOCF Nº 2 que decline su competencia para entender en la ejecución del decomiso dispuesto con relación a su asistido en favor del TOCF Nº 4, por haber sido este último el que unificó las condenas firmes impuestas a Báez en las causas CFP 5048/2016/TO1 y CFP 3017/2013/TO2. El peticionante había sustentado su posición en la accesoriedad de la pena del decomiso con relación a la pena privativa de libertad. Sin embargo, el tribunal rebatió dicha interpretación al explicar que la relación de accesoriedad no tiene el alcance que la defensa pretende asignarle.
Al respecto, el a quo memoró que, el 11 de julio de 2025, el TOCF Nº4 condenó a Lázaro Antonio Báez a la pena única de quince (15) años de prisión, comprensiva, por un lado, de la pena de diez (10) años de prisión, multa de seis (6) veces el monto de la operación y accesorias legales (condena impuesta en la causa CFP 3017/2013/TO2) y, por el otro, de la pena de seis (6) años de prisión y accesorias legales impuesta en la presente causa (pronunciamiento que aún no ha adquirido firmeza y se halla a estudio de este Tribunal); señalando que dicho tribunal no contempló el decomiso dentro de las penas a unificar. El tribunal oral a cargo de la ejecución penal manifestó que la accesoriedad de la pena de decomiso se explica exclusivamente en orden a la existencia necesaria de una pena principal y concluyó que la efectivización de una y otra sanción “debe regirse por el principio general establecido en el código de rito que explica que las resoluciones judiciales serán ejecutadas por el tribunal que las dictó, el que tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución (art. 490, Código Procesal Penal)”. Al respecto, enfatizó la posibilidad de escindir ambas penas, su disímil naturaleza y carácter y el hecho de que las sanciones se encuentran sometidas a distintos regímenes normativos de ejecución -en alusión a la ley 24.660 y el artículo 23 del Código Penal-.
Luego de la exteriorización de los motivos para rechazar los planteos de incompetencia de Cristina Fernández de Kirchner y la defensa de Lázaro Antonio Báez, el a quo realizó una serie de precisiones a los fines de “dejar asentado de antemano el alcance que tendrá la actividad destinada al recupero de los bienes que resulten decomisables”.
En primer término, el tribunal rechazó la interpretación expresada en el dictamen del Ministerio Público Fiscal del 20/08/2025 sobre el instituto en trato. Allí los acusadores públicos habían indicado que “el ‘producto del delito’ en este caso, está compuesto por el monto dinerario que fue claramente definido en la sentencia. Es decir, al tratarse lisa y llanamente de dinero, el fallo se refiere a un bien fungible. Por ende, al no haberse cumplimentado su depósito en el plazo establecido, es ahora una deuda en cabeza de las personas condenadas, que, como tal, bien puede ser ejecutada bajo la premisa legal de que el patrimonio de todo deudor es la garantía de cobro de sus deudas (conf. art. 743 CCC)”. Ese razonamiento postulado por los acusadores públicos fue refutado por el tribunal de grado, por enfrentarse a la naturaleza cualitativamente diversa del decomiso -sanción penal accesoria- respecto de las obligaciones en general y de las acciones civiles en particular. El a quo sostuvo que el instituto bajo análisis no puede equipararse a la satisfacción coactiva de un crédito en sede civil, por cuanto responde a finalidades punitivas, resarcitorias y preventivas propias del derecho penal. Agregó que la pretensión acusatoria “conlleva un innegable riesgo de subvertir la jurisdicción propia de este fuero penal federal, puesto que desplaza el análisis a un terreno ajeno -el de la ejecución civil de deudas pecuniarias-, en el cual las notas esenciales del decomiso se verían diluidas, vaciadas de contenido y reducidas a una concepción meramente patrimonialista. Ello no solo desnaturaliza el instituto, sino que lo coloca en abierta contradicción con su ratio legis, configurando una interpretación abiertamente contra legem, con un efecto perjudicial para los condenados y sin sostén alguno en fuentes normativas, dogmáticas ni jurisprudenciales de relevancia”.
Por lo expuesto, el tribunal de ejecución consideró pertinente avanzar desde la intimación de pago del dinero a decomisar (dispuesta en el decreto del 15/7/25) hacia la ejecución del decomiso sobre ese dinero o, en su defecto, sobre bienes sustitutos.
Para ello, en la resolución recurrida se precisaron las bases para delimitar el alcance del proceso de recupero de la suma dineraria sujeta a decomiso y de los bienes que, por sustitución, se erijan como equivalentes patrimoniales de aquélla. Así detallaron que dicho procedimiento “no puede ser entendido de manera indeterminada o expansiva, sino que debe quedar estrictamente condicionado por el análisis cronológico de la fecha de adquisición, incorporación o ingreso de los bienes al patrimonio de los condenados […] En este sentido, el parámetro temporal adquiere una gravitación decisiva, pues sólo resulta jurídicamente legítimo vincular al decomiso aquellas incorporaciones patrimoniales que se revelen concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal cuya ocurrencia ha sido objeto de juzgamiento en estas actuaciones, esto es, en el período comprendido entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015, y así preservar la racionalidad y proporcionalidad del instituto” (se prescinde del resaltado).
Como consecuencia de ello, el a quo consideró necesario que sean identificados los bienes que cumplan con aquéllos parámetros, de modo tal que puedan ser alcanzados por las acciones de recupero. De esa forma, delegó en el Ministerio Público Fiscal la tarea de precisar, delimitar y traer al proceso “las circunstancias fácticas y jurídicas concernientes tanto a las sumas dinerarias que se reputan como derivadas del ilícito objeto del presente enjuiciamiento, cuanto a los bienes muebles o inmuebles, registrables o no, en los cuales tales valores hubieren sido ulteriormente incorporados, reconvertidos, transformados o disimulados”. Y culminó aclarando que, de los requerimientos que formulen los acusadores se les dará participación a las respectivas defensas y terceros interesados, a los fines de salvaguardar sus respectivos derechos.
Contra el pronunciamiento precedentemente reseñado, las asistencias técnicas de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Antonio Báez articularon los recursos de casación que motivaron la nueva intervención de esta Alzada.
Corresponde el rechazo de los agravios articulados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
La defensa interpretó que el tribunal oral, en virtud de la petición de los fiscales, desnaturalizó el decomiso, transformándolo en una sanción civil encubierta. Sin embargo, la resolución impugnada no habilitó la ejecución del decomiso en los términos pretendidos por el Ministerio Público Fiscal, sino que estableció los parámetros que habrán de regir la investigación patrimonial tendiente a verificar la existencia de activos vinculados con el provecho del delito de corrupción objeto de condena firme. En consecuencia, corresponde rechazar la alegación referida de la asistencia técnica de Cristina Fernández de Kirchner, por la que sustentó su pretensión declinatoria de la competencia a la justicia federal en lo civil.
El tribunal de origen, no amplió indebidamente su jurisdicción, por el contrario, precisó el alcance del proceso de recupero, destacando que la actuación deberá circunscribirse a bienes cuya incorporación al patrimonio de los condenados sea coetánea con la maniobra criminal juzgada y cuya relación causal con las ganancias producto del delito pueda demostrarse con rigor técnico y fundado en circunstancias fácticas y jurídicas (conf. resolutorio recurrido).
En ese marco, la competencia del a quo para dirigir y controlar la ejecución del decomiso deriva expresamente de los arts. 23 del Código Penal y 490 del Código Procesal Penal de la Nación, y no se confunde con la potestad del juez civil para conocer pretensiones resarcitorias. La resolución recurrida no persigue una indemnización en términos del derecho civil, sino la efectivización de una pena accesoria de carácter pecuniario, cuyo cumplimiento compete al mismo órgano sentenciante.
Por lo demás, el Ministerio Público Fiscal acompañó un dictamen en la instancia anterior el que se identificaron una serie de bienes que, a criterio de esa parte, corresponde ejecutar (invocando los parámetros temporales establecidos en la resolución aquí analizada - cfr. Lex 100-), circunstancia que refuta el presupuesto indemnizatorio en el marco de las presentes actuaciones en el que la defensa apoya su agravio.
En cuanto a la objeción relativa a la delimitación temporal adoptada por el tribunal, cabe destacar que el agravio es, de momento, conjetural, ya que el tribunal a quo todavía no se ha pronunciado acerca de la identificación de bienes realizada por el Ministerio Público Fiscal.
En suma, la resolución impugnada no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias.
Por ello, los agravios deducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no pueden prosperar. Tampoco tendrán recepción favorable los cuestionamientos de la asistencia técnica de Lázaro Antonio Báez. En efecto, tal como se expuso en el voto que abre el acuerdo, los agravios introducidos en el recurso de casación son una reedición de los argumentos planteados en la solicitud de incompetencia. Ello, sin aportar una motivación que supere la respuesta brindada por el tribunal previo al rechazar la pretensión declinatoria.
Concuerdo en este punto con lo expresado en el voto del juez Gustavo M. Hornos, en cuanto a que la unificación de condenas en cabeza del TOCF Nº 4 no desplazaría la atribución del TOCF Nº 2 para entender en el decomiso correspondiente a los hechos de la presente causa CFP 5048/2016/TO1. En este sentido, comparto en lo sustancial su fundamentación en cuanto a que la naturaleza y la particular regulación de la sanción patrimonial en trato permitiría, en principio, concluir que el tribunal que dictó la sentencia debe entender en las cuestiones relativas a la ejecución de la pena de decomiso.
El colegiado previo explicó que la posibilidad de que ambos tribunales orales entiendan respectivamente en la ejecución de los decomisos decididos no afecta la garantía de ne bis in idem, pues: “…no se está frente a una reiteración punitiva indebida, sino ante la coexistencia de decisiones judiciales que, al emanar de delitos diversos, generan consecuencias patrimoniales independientes, aunque eventualmente proyectadas sobre bienes con algún grado de identidad fáctica". La parte recurrente no exhibe en su recurso de casación argumentos que permitan menoscabar el razonamiento del tribunal oral en este punto.
En consecuencia, corresponde rechazar las críticas manifestadas por la defensa de Lázaro Antonio Báez.
Debe recordarse que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes o que no sean decisivos, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes o conducentes para la correcta resolución del caso (Fallos: 310:267; 314:303; 325:1922; 327:3157; 331:2077; 345:1086, entre muchos otros).
Cabe advertir que si bien los motivos expuestos por los recurrentes resultan inhábiles para conmover el razonamiento seguido por el tribunal de ejecución penal en cuanto rechazó los respectivos pedidos de declaración de incompetencia y delegó en el Ministerio Público Fiscal la debida sustanciación de los legajos en los que, en su caso, se determine la relación de los bienes cautelados con el producto del delito en autos y el alcance que concretamente corresponda otorgar a los eventuales decomisos, debe memorarse que se encuentra abarcada por los efectos de la cosa juzgada material que la consecuencia accesoria del decomiso de bienes en autos, se ciñe a la hipótesis de provecho del delito –efectos provenientes del mismo (producta sceleris)-. Al respecto, existe una larga tradición legislativa, a su vez reforzada por el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en materia de corrupción, en cuanto a la necesidad de acreditar debidamente la vinculación entre el bien a decomisar con el provecho del hecho ilícito.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez; sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Tener presentes las reservas del caso federal. El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
Que por compartir, en lo sustancial, las consideraciones del voto del magistrado Gustavo M. Hornos que inaugura el Acuerdo que cuenta, a su vez, con la conformidad del magistrado Mariano Hernán Borinsky, a fin de no reiterar innecesariamente cuestiones ya desarrolladas en profundidad por los colegas, en la ocasión, habremos de adherir a la solución por ellos propuesta, y expedimos nuestro sufragio en igual sentido, en cuanto a que corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Antonio Báez, en esta oportunidad, sin costas. Y tener presentes las reservas del caso federal efectuadas.
Es nuestro voto.
Por ello y en mérito del acuerdo que antecede este tribunal, RESUELVE:
I. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez; sin costas en la instancia (artículos 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTES las reservas del caso federal efectuadas.
Regístrese, notifíquese y comuníquese. Remítase al Tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M.
Hornos y Diego G. Barroetaveña.
Ante mí: Mariano González. Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia